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El Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, cumple 57 años de vida institucional, tiempo en el que la orden se ha caracterizado por su tenaz defensa de los intereses regionales y ser voz crítica y técnica en la toma de decisiones en el uso de los recursos públicos. Como señala su decano, Carlos Burgos Montenegro, el deber es honrar la representación que la sociedad le ha confiado a nivel profesional.
“Estamos renovando nuestro compromiso con la nación, con los valores patrios y con quienes forjaron nuestra institución, que son los ingenieros vitalicios. Nuestro deber es asumir el rol que nos compete, porque somos creados por ley, para velar por el bienestar y la constante capacitación de nuestros colegas, y ayudar a las autoridades en aras de lograr el desarrollo de nuestra región”, comenta el representante gremial.
Burgos Montenegro refiere que es necesario que el Gobierno Regional de Lambayeque gestione para elevar los indicadores de competitividad, sobre todo para que se incrementen las oportunidades laborales para quienes actualmente se forman a nivel técnico y universitario.
“Debemos procurar que nuestra juventud no se vea en la necesidad de cruzar las fronteras para lograr bienestar. Eso se logra generando las condiciones para que el inversionista llegue y apueste por Lambayeque, se aprovechen las cinco cuencas del departamento y nos consolidemos como la región líder en agroexportación. Si hay buen aprovechamiento del recurso hídrico, se podrá mejorar la producción y así enfrentar la pobreza”, anota.
Lambayeque – sostiene – tiene amplias potencialidades no solo para la producción, sino también para la conectividad terrestre, aérea y marítima, razón por la cual el CIP ha puesto énfasis en impulsar proyectos como la ejecución del Terminal Portuario Regional; la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de Chiclayo ‘José Quiñones Gonzales’ (estimada para el 2025 en su segunda etapa), y la construcción de corredores viales como la nueva vía de evitamiento y la Circunvalación, además de la conclusión de la Autopista El Sol.
“Algunos dirán que con el puerto de Chancay ya no hay oportunidad para más puertos en el Perú, pero no es así. En Lambayeque debemos seguir luchando por nuestro Terminal Portuario, porque nos quedan intactas las ventajas de cercanía a toda la macroregión nororiente y la posibilidad del cabotaje. Desde el Colegio de Ingenieros saludamos todos los esfuerzos que se han hecho recientemente para poner este importante proyecto en vitrina nacional y seguiremos impulsando y apoyando para que se haga realidad”, afirma.
Fenómeno El Niño
Ante El Niño Global, confirmado para el último trimestre de este año, Burgos Montenegro remarca que el Estado, en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), debe poner énfasis en la prevención y reducir al mínimo la posibilidad de pérdidas humanas y materiales, para lo cual es urgente avanzar en trabajos preventivos.
“Se conoce perfectamente cuál es la situación de las cinco cuencas de Lambayeque y los puntos críticos que se necesita reforzar. El Ejecutivo ha entregado partidas al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y sus entidades para descolmatar ríos, pero eso no es suficiente. Hace cinco meses hemos elevado una propuesta técnica para reducir la vulnerabilidad con estrategias aplicadas en otras regiones del país, como el uso de geobolsas, enrocados y otras más”, indica.
Para el decano del CIP Lambayeque, es necesario que quienes toman las decisiones a nivel político tengan la disposición suficiente no solo para escuchar, sino también poner en práctica las recomendaciones de orden técnico que presentan las órdenes profesionales.
“La buena noticia es que se ha asignado recursos al Ejército para que también puedan ayudar en las acciones preventivas. Lo generado por el ciclón Yaku nos debe servir para tener en cuenta cuáles son los puntos críticos en las ciudades, donde hay cuencas ciegas y zonas altamente inundables”, señala.
Con los avances en el estudio para el proyecto del drenaje pluvial de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria se han identificado 158 puntos críticos inundables, ante lo cual la comuna provincial de Chiclayo ha propuesto la instalación de casetas de bombeo ante las eventuales lluvias.
Al respecto, el decano de los ingenieros sostiene que se tiene que intensificar la coordinación con entidades como Electronorte y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, para asegurar que el plan propuesto funcione y, sobre todo, se prevengan hechos lamentables como la muerte de personas por descargas eléctricas, tal como sucedió en marzo pasado.
Basta de improvisación
Burgos Montenegro señala con firmeza que es momento que el Organismo Técnico de Apoyo a los Servicios de Saneamiento – OTASS, deje de improvisar en el manejo de las EPS como EPSEL, teniendo en cuenta que las decisiones tomadas en las últimas semanas no solo han evidenciado que no se evalúa de manera correcta los perfiles de los funcionarios, sino que los cambios permanentes impiden tener una política de gestión institucional.
“Basta de improvisación, basta de ensayos. Tanto el manejo de los alcaldes en EPSEL, como integrantes de la Junta de Accionistas, así como el de la OTASS, no ha dado ningún resultado efectivo para mejorar el funcionamiento de la empresa, siendo la única que ofrece los servicios de agua y saneamiento en Lambayeque. Sin tener competencia sigue en crisis. Debería tener un directorio con alta capacidad técnica y en sus oficinas ejecutivas se coloque a profesionales con experiencia y solvencia profesional. De otra manera no se tendrá una empresa con servicios óptimos y sin pérdidas”, señala.
Gestión institucional
El CIP Lambayeque tiene a la fecha 16 mil colegiados, agrupados en ocho capítulos profesionales: Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Química y Zootecnia.
Además, la orden tiene en funcionamiento 13 comisiones técnicas, a través de las cuales se relaciona con las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil para la presentación de los planteamientos que el cuerpo de ingenieros aporta para la solución de los principales problemas regionales.
“Estamos siempre prestos a todas las instituciones que solicitan nuestra voz y aporte. Estamos, también, trabajando de manera muy articulada con el Gobierno Regional de Lambayeque y municipalidades como Pimentel, Puerto Eten, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Chiclayo, cuyas autoridades han mostrado voluntad de apertura y de permitirse ayudar y recibir el soporte técnico del colegio”, manifiesta.
Carlos Burgos añade que recientemente el colegio ha logrado un acercamiento con la plana directiva de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, a fin de firmar un convenio de cooperación interinstitucional.
De los 16 mil ingenieros colegiados en Lambayeque, 12 mil están habilitados para el ejercicio profesional. El decano precisa que esto evidencia la confianza que tienen los asociados en su orden.
“Esto representa un 67 % de habilitados y tenemos el firme compromiso de seguir trabajando por mejores servicios. Hemos fortalecido el Instituto de Bienestar del Ingeniero – IBI, al igual que el ISS. De los 28 consejos departamentales que hay en el Perú, somos el que tiene mayor acercamiento y beneficios logrados ante el Consejo Nacional, para que nuestros colegas accedan al apoyo cuando lo necesitan”, destaca.
Clínica y condominio
Cumpliendo uno de los compromisos de su gestión, el decano anuncia que el mes próximo debe iniciarse el proceso de construcción de la Clínica del Ingeniero en el terreno adquirido en su primer mandato, donde se espera la inversión de ocho millones de soles en la primera etapa.
Durante este tiempo – informa – se ha avanzado con el expediente, así como con la tramitación de los permisos y certificaciones a nivel municipal y del sector Salud, ya que el proyecto está sujeto a la supervisión del Ministerio de Salud.
En tanto, se ha mejorado el centro médico y este jueves se inaugurará el consultorio dental para beneficio de los asociados y sus familias.
“Por otro lado, es satisfactorio anunciar que este sábado 26 de agosto se colocará la primera piedra del primer Condominio del Ingeniero. Tenemos cuatro urbanizaciones, pero este será el primer condominio, ubicado en la carretera a Reque, donde se construirán 180 viviendas y torres de departamentos”, informa.
Ese mismo día, el CIP Lambayeque ofrecerá una fiesta de gala en su Centro de Esparcimientos ubicado en el distrito de Pimentel.
La familia de Jessica James Lamela vive un drama que parece no tener fin. No solo carga aún con el dolor de su pérdida el 6 de agosto del 2020, víctima de un cáncer que no fue atendido a tiempo en Chile, donde vivía con su segundo esposo, Nicolás Hadwah Bishara, sino también con lo recuerdos del maltrato del que ella y sus hijos fueron víctimas. A ello se suma la incertidumbre por el futuro del hijo menor (único del matrimonio), puesto que el progenitor pretende llevárselo al país del sur, pese a que existe en su contra un mandato judicial de impedimento de salida del Perú por incumplir con su manutención.
La juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, Lizbeth Ramos Rodríguez, emitió el 15 de mayo de este año la Resolución N° 17 en el Expediente 02854-2020-0-1706-JP-FC-02, con la cual ordenó el impedimento de salida del país contra el ciudadano chileno Nicolás Hadwah Bishara, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, al incumplir con el pago de la pensión alimenticia y no garantizar el cumplimiento de la prestación de alimentos.
Hadwah Bishara debía, a junio pasado, una liquidación de 36 mil 436.31 soles, por concepto de pensión alimenticia desde julio del 2021, fecha en la que María del Pilar Lamela de James, abuela materna del menor de iniciales G.S.H., presentó la demanda.
El niño quedó huérfano de madre y su tenencia compartida con el progenitor fue dispuesto por el Poder Judicial, decisión en la que se consideró los antecedentes violentos de Hadwah Bishara.
Sacarlo del Perú
Pese a que el progenitor no ha cumplido con la cancelación de la pensión alimenticia pretende que el menor sea trasladado a Chile.
Ante ello, el 16 de agosto, el juez Luis Sánchez Centurión, suplente en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, remitió el Oficio 2854-2020-0-1706-JP-FC-02/RCA, al jefe de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú, adjuntando la copia certificada de la Resolución 17, en la que se ordena el impedimento de salida del país de Hadwah Bishara.
Sobre este existe también una nueva denuncia de violencia por actos cometidos contra el menor al interior de la sede del Ministerio Público, en Lima.
Inicios del caso
Fue la jueza Carmen Isabel Dávila Lombardi, del Primer Juzgado de Familia Permanente de Chiclayo, quien en el 2021 otorgó la custodia compartida del niño entre sus abuelos maternos y Nicolás Hadwah.
La decisión de la magistrada fue que el menor pase nueve meses del año con su progenitor en Chile y tres con sus abuelos maternos en el Perú, esto pese a que el Duodécimo Juzgado de Familia emitió el 30 de julio del 2020 una sentencia prohibiendo que Nicolás Hadwah se acerque a Jéssica James, en virtud de las múltiples agresiones psicológicas que sufrió antes de morir (enfermó de cáncer en el 2019) y sin considerar que el esposo habría sido paciente psiquiátrico en Chile.
El matrimonio vivió en el país sureño acompañado de los hijos mayores de Jessica, identificados como Gustavo y Gonzalo del Solar James, quienes han dado testimonio preciso de las agresiones que habría sufrido su madre y el menor.
Nicolás Hadwah fue denunciado por violencia en Chile, tras lo cual, viajó al Perú con sus hijos.
En virtud de la resolución de tenencia compartida, el Poder Judicial con Resolución N° 1, en el Expediente N° 02015-2023-0-3202-JR-FC-02, programó para el 10 de agosto pasado la diligencia para que María del Pilar Lamela entregue al niño a su padre, aun cuando esta había solicitado la suspensión de la misma por no existir garantías para la integridad del menor. Dicho requerimiento fue declarado improcedente por el Poder Judicial, estando pendiente la de resolución la apelación interpuesta por su defensa.
Violencia en fiscalía
El 17 de marzo pasado, en las instalaciones del Ministerio Público en Lima, sede La Molina, cuando el menor concluía la evaluación en Cámara Gessell se produjo un hecho condenable, el mismo que ha quedado registrado en material audiovisual que obra en la fiscalía.
Dicha evaluación respondió a la investigación seguida contra Ricardo Lamela Rodríguez y Pilar Lamela Rodríguez, por presuntos actos contra el pudor en agravio del menor, denuncia interpuesta por Nicolás Hadwah en enero pasado.
Es de mencionar que el Certificado Médico Legal N° 001892-IS, del 26 de enero del 2023, determinó que no existía ningún signo de violencia contra el niño.
Cuando el menor se encontraba en el hall de ingreso de la sede fiscal fue tomado a la fuerza por el progenitor, quien pretendía llevarlo a los exteriores del edificio, agrediendo incluso a personal del Ministerio Público, entre ellos la abogada de Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos - UDAVIT y el administrador de la sede fiscal.
Así fue reportado con el Oficio N° 63-2023-FPCEVCMYLIGF-La Molina – 2° Despacho – MP-FN, del 12 de marzo del 2023, dirigido por la fiscal Vilma Torres Bustillos, discal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de La Molina, Segundo Despacho, a la doctora María del Pilar Fernández Huerta, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina – Cieneguilla, Primer Despacho.
En el Certificado Médico Legal N° 0063335-L, del 17 de marzo del 2023, se acredita que la violencia ejercida por el progenitor en la sede fiscal dejó como consecuencia lesiones en el niño.
Durante el hecho de violencia también participó su abogado Juan Roberto Velasco Barahona, defensor de Nicolás Hadwah, así como su esposa.
El 25 de julio, se dispuso la apertura de la investigación preliminar por el delito contra la patria potestad en su figura de sustracción de menor en grado de tentativa por 60 días contra Hadwah Bishara.
Casa de Punta Sal
La conducta de Nicolás Hadwah deja mucho que desear. Actualmente, también es investigado en la Carpeta Fiscal N° 3506024500-2023-59-0, por la Segunda Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Contralmirante Villar de Tumbes, por el delito de falsificación de documentos y uso de documento falso en agravio de la sucesión intestada de Jessica James Lamela y del Estado, la misma que se encuentra en etapa preparatoria.
Jessica James adquirió un inmueble en Canoas de Punta Sal. Sin embargo, se presume que la firma de esta habría sido falsificada para validar la transferencia del 50 % de las acciones y derechos sobre la propiedad a favor de Nicolás Hadwah, tras lo cual habría transferido los mismos a su abogado Juan Roberto Velasco Barahona y su esposa, Rosa Schwarz Yataco.
Se presume la falsificación de la firma a partir del Informe N° 1-23-SCG-PNP/FFPP-TUM/DIVOPUS-COM-CANOAS-SI, del 2 de febrero de este año y la pericia realizada a la documentación. El objetivo sería la apropiación de la propiedad de la que son herederos los hijos mayores de Jessica James y el menor, actualmente en disputa.
El comité de selección encargado de llevar a cabo el proceso convocado por el Gobierno Regional de Lambayeque para adquirir 123 camionetas para mejorar los servicios policiales de las diversas comisarias en la región, no habría advertido los documentos irregulares presentados por la empresa Autoespar S.A., a quien le adjudicó la buena pro, pese a que no habría cumplido con acreditar formalmente la experiencia requerida en la actividad.
De acuerdo al Acta de admisión, evaluación y calificación del proceso de selección convocado por la Sede Central del Gobierno Regional de Lambayeque - GORE, publicada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, se muestra que cuatro postores presentaron sus ofertas, de las cuales una de ellas no fue admitida, en este caso la presentada por Maquinarias S.A., por cuanto no subsanó la observación planteada por el comité de selección, ya que en los Anexos de presentación obligatoria – según reza en el acta - el postor debió consignar la nomenclatura correcta del proceso, en este caso “Adjudicación Simplificada N° 10 -2023-GR. LAMB. Derivada de la Licitación Pública N° 07-2023-GR.LAMB”, obviando la derivación del proceso primigenio el cual no fue subsanado por el referido postor.
Los postores admitidos y su descalificación
Luego de la verificación de los documentos presentados por los tres postores restantes, el comité de selección decidió admitir los mismos; es decir, los presentados por las empresas Autoespar S.A., Grupo Pana S.A. y Mitsui Automotriz S.A., ofertas que pasaron a la etapa de calificación, en la cual el comité de selección decidió descalificar la oferta de Mitsui Automotriz S.A., debido a que al revisar uno de los documentos de acreditación de la experiencia del postor en la especialidad – refiere el acta -, este había sido considerado en moneda extranjera (dólares).
Sin embargo, no anexa algún documento que acredite el tipo de tasa de cambio vigente en la fecha de emisión de la orden de compra, tal como lo requirieron las bases integradas del proceso de selección.
Los calificados y el otorgamiento de la buena pro
Posterior a la descalificación del participante Mitsui Automotriz S.A., el comité de selección procedió a calificar las ofertas de Autoespar S.A. y Grupo Pana S.A., las cuales, aparentemente sí cumplían con los requisitos establecidos para superar esta etapa, como así sucedió.
En razón de ello, decidió adjudicar la buena pro a la empresa Autoespar S.A., que ofertó el precio de 16 millones 119 mil 642 soles, mientras que el Grupo Pana S.A. propuso 18 millones 70 mil 669 soles; es decir, dos millones más del precio propuesto por el ganador, quien incluso rebajó su oferta en tres millones 500 mil soles comparativamente con el valor referencial establecido para la compra de los 123 patrulleros, que en este caso correspondió a 19 millones 764 mil 851.00 soles.
La deficiente documentación del ganador
Las bases integradas del proceso habían requerido que los postores acreditasen experiencia en la venta de bienes similares un monto igual o mayor al valor referencial del proceso (19 millones 764 mil 851.00 soles), para lo cual debían incluir en su oferta tanto el contrato, que permita demostrar las condiciones de la venta y, adicionalmente, la respectiva conformidad de recepción emitida por el área respectiva de cada una de las entidades adquirientes.
Sin embargo, en el caso del adjudicatario de la buena pro no fue así, ya que las constancias de recepción no fueron suscritas por el responsable de rubricarlas de acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de cada uno de los contratos presentados, por lo que bajo ese contexto dichas constancias no debieron ser validadas como conformidad de la venta realizada.
Las constancias irregulares
De acuerdo a la oferta presentada por Autoespar S.A., ganador de la buena pro, publicada en el SEACE, obra el Anexo N° 8 en el cual se muestran en detalle cuatro contrataciones realizadas por el adjudicatario con el mismo número de empresas del sector público, cuyo monto total supera los 30 millones de soles.
El primer contrato detallado en el referido Anexo corresponde al suscrito con la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el 29 de marzo de 2016, por el importe de dos millones un mil soles, cuya constancia de prestación otorgada el 23 de junio de 2016 fue emitida por el Sub Gerente de Control Patrimonial y Servicios Generales, Rubén Cayanchi Ramos, a pesar que, según la Cláusula Novena de dicho contrato, no estaba facultado para suscribirla, por cuanto según la referida cláusula esta debió ser otorgada por la “Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra”. En razón de ello, la constancia de conformidad no resultaría ser válida y, por lo tanto, el importe del contrato no debió ser convalidado.
El segundo contrato detallado en el Anexo N° 8 obrante en la oferta del ganador de la buena pro, corresponde al celebrado entre Autoespar S.A. y la Policía Nacional del Perú por el importe de 10 millones 337 mil soles y una Adenda por el monto de dos millones 584 mil soles, a los cuales – según la oferta – se le adjuntó dos constancias de prestación suscritas por el Mayor PNP Ángel Nicolás Maurtua Lorenzo, jefe de la Sejcom-Depaba-Divlog-PNP, cuando según la Cláusula Undécima del contrato principal y la Adenda referidas a la recepción y conformidad de la prestación, ambas debieron ser otorgadas por el jefe de la DIREICAJ PNP y jefe de OFAD-DIREICAJ, mas no por el que las suscribió, por lo tanto ambos importes acreditados no debieron ser convalidados por el comité de selección.
Respecto al tercer contrato que en detalle se muestra en el anexo prescrito, se puede advertir que este fue suscrito por Autoespar S.A. e INGEMMET por el importe de dos millones 182 mil soles, al cual se le adjuntó la Constancia de Cumplimiento suscrita el 27 de mayo de 2022 por el Jorge Ronald Tafur Arana, jefe encargado de la Unidad de Logística, concordante con lo establecido en la Cláusula Novena del contrato suscrito, por lo que bajo esta condición, dicha contratación sí resulta ser válida.
Asimismo, en la oferta del adjudicatario obra el Contrato N° 002-2022-MP-FN-GG, celebrado por Autoespar S.A. y el Ministerio Público, cuyo importe asciende a 10 millones 708 mil 488 soles y una Adenda por el importe dos millones 549 mil 640 soles, a los cuales el postor adjuntó en su oferta el Formato 7 referido a la Constancia de Cumplimiento de Prestación, Bienes, Servicios en General y Consultoría en General suscrita digitalmente por la Gerente de Abastecimiento, Sandra María Jennifer Diestra Montoya, cuando la Cláusula Decima del contrato respecto a la recepción y conformidad de la prestación estableció que esta debió ser otorgada por la Sub Gerencia de Transportes, lo que en razón de lo previsto el monto acreditado mediante el contrato y la adenda suscrita no debió ser convalidada.
Opinión
Expresión solicitó la opinión de nuestro colaborador especializado en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, quien manifiesta su profunda extrañeza respecto a la forma en la que el comité de selección evaluó la oferta del postor, al que le adjudicó la buena pro.
“Al parecer, el comité de selección habría actuado con una marcada premeditación para favorecer al ganador, en tanto y en cuanto no ha sido diligente en su evaluación respecto a la suscripción de la constancias de conformidad, por cuanto estas han sido otorgadas por funcionarios y áreas que no habían sido considerados en cada uno de los contratos, lo que de haberse tomado en cuenta, el ganador de la buena pro solo habría acreditado un importe de dos millones de soles, no alcanzando el monto mínimo requerido como experiencia en la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria”, señala Chávez Pita.
En un contexto de emergencia, como el que está previsto por el Fenómeno El Niño Global, el acceso al agua segura es fundamental para garantizar el bienestar de la niñez. Sin embargo, en la región Lambayeque existen brechas que pueden contribuir al incremento de enfermedades y otras amenazas para niños, niñas y adolescentes. Según datos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, más de 81 mil personas de zonas rurales en la región no tienen acceso al agua potable y más de 187 mil no acceden a servicios de saneamiento.
La emergencia por lluvias e inundaciones de 2023, según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, dejó en Lambayeque más de cinco mil 330 viviendas destruidas y más de nueve mil 771 en condición inhabitable, además dejó destruidos 32 mil 340 metros de redes de agua y siete mil 357 metros de redes de alcantarillado. Estos datos muestran que la crisis climática puede agravar las brechas y, en consecuencia, perjudicar el presente y el futuro de la niñez más vulnerable.
Acceso al agua segura
En este escenario, gracias al financiamiento de BHA/USAID, Save the Children ha realizado distintas intervenciones para procurar acceso a agua segura y otros implementos a la población afectada. A la fecha, la organización internacional ha distribuido mil 374 kits de ayuda humanitaria en Lambayeque, beneficiando a tres mil 900 personas. Las entregas incluyen kits de higiene y agua segura.
Además, en el distrito de Íllimo se han entregado kits de reparación de viviendas, se instalaron tanques de agua de mil 100 y dos mil 500 litros y se tiene programada la instalación de 80 letrinas. En Túcume, mientras tanto, se entregaron kits de limpieza para zonas inundables y una motobomba.
Resultados de la intervención
“Garantizar el acceso al agua segura es uno de los componentes de nuestra respuesta integral a la emergencia por lluvias e inundaciones, que incluye acciones en salud, protección, seguridad alimentaria, entre otras. En lo que va del año ya hemos atendido a 27 mil 863 personas afectadas en el norte peruano, entre ellas nueve mil 904 niños, niñas y adolescentes. Ahora, de la mano con autoridades y la comunidad, nos estamos preparando para responder ante el Fenómeno El Niño. Nuestra prioridad siempre es la niñez”, dijo Gina Ruiz-Caro, directora de Operaciones de Save the Children.
Lambayeque fue una de las zonas más afectadas por las lluvias en 2023. INDECI reportó 25 mil 919 niños afectados directamente por las lluvias a nivel nacional. De este total, alrededor del 20 % (cinco mil 613) son de la región Lambayeque.
Por su parte, el Ministerio de Educación reportó 978 colegios con daños a nivel nacional.
En el ámbito de la educación, se reportaron 978 colegios con daños confirmados. En salud, más de 234 mil personas enfermaron con dengue, entre ellos más de 69 mil niños, niñas y adolescentes. Esta epidemia también provocó la muerte de 400 personas, entre ellos 35 niños y niñas. Lambayeque acumula más de 32 mil 96 casos de dengue en lo que va del año, es decir, el 13 % del total nacional. Además, registra 123 muertes por esta enfermedad (30 % del total nacional).
En alimentación, OCHA calculó que más de 28 mil 200 familias empezaron a experimentar inseguridad alimentaria severa debido a las lluvias e inundaciones.
“Las regiones que fueron afectadas por El Niño Costero y el Ciclón Yaku aún no terminan de recuperarse y nuevamente están amenazadas por El Niño Global. La necesidad de implementar acciones para mitigar el impacto es urgente. Como organización humanitaria ya estamos actuando de forma anticipada, preparándonos con las comunidades y capacitando a las autoridades para que incluyan las necesidades de la niñez en sus acciones de preparación y respuesta ante este inminente fenómeno”, explicó Melissa Allemant, líder de Respuesta Humanitaria de Save the Children Perú.
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