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La elección de León XIV es quizá la noticia más feliz que ha recibido el pueblo peruano en los últimos años. Es la primera vez en la historia (y posiblemente la última), que alguien identificado y nacionalizado en el Perú llegue a tan alto cargo, no solo como líder de la Iglesia Católica, sino como líder universal.
Pero es Lambayeque la región donde más jubilo existe, pues se trata del obispo emérito de Chiclayo, el pastor con olor a rebaño que durante ocho años caminó junto a su pueblo y no solo lo alimentó con el evangelio, sino también lo cuidó en tres momentos difíciles: el Niño Costero 2017, la pandemia del Covid-19, y el Ciclón Yaku del 2023.
La emoción se puso a flor de piel cuando el jueves 8 de mayo, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el nuevo papa apreció ante más de 40 mil personas reunidas ahí para conocer quién era el sucesor de Francisco. Mayor fue el júbilo cuando, pidiendo permiso, se dirigió al mundo entero en español y se refirió a Chiclayo y al Perú.
“Si me permiten también una palabra, un saludo, a todos aquellos y en modo particular a mi querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo”, dijo entre lágrimas y visiblemente emocionado.
Sus orígenes
Robert Francis Prevost Martínez nació en Chicayo, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. Por línea materna, tiene raíces afrocaribeñas, españolas, francesas e italianas. Sirvió como monaguillo y fue ordenado sacerdote en 1982. Aunque se mudó a Perú tres años después, regresó regularmente a Estados Unidos para servir como párroco y prior en su ciudad natal.
"Nací en Estados Unidos, pero mis abuelos eran todos inmigrantes, franceses, españoles (...) Me crié en una familia muy católica, mis dos padres estaban muy comprometidos con la parroquia", contó Prevost en una entrevista con Radio Televisión Italiana mucho antes de ser elegido papa.
Pasó su infancia y adolescencia como estudiante en el Seminario Menor de los Padres Agustinos en su ciudad natal y después en la Universidad de Villanova, Pennsylvania, en donde estudió licenciatura en Matemáticas. A sus 22 años ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín de Saint Louis y se licenció en Teología.
Luego fue enviado a Roma, donde estudió Derecho Canónico. En 1987, obtuvo su doctorado y ese mismo año fue elegido director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiniana "Madre del Buen Consejo" en Illinois, Estados Unidos.
Un año después de su nombramiento en Illinois, Prevost fue enviado a la misión de Trujillo, en La Libertad, como director del proyecto de formación conjunta para aspirantes agustinos en los Vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac.
Obispo de Chiclayo
A fines del 2014, el papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Chiclayo, cargo al que llegó luego de haberse desempeñado como pior general de la Orden de San Agustín, el cargo más alto a nivel mundial de esta orden religiosa con fuerte presencia en países en vías de desarrollo.
Fue en ese marco que, cumpliendo el Concordato suscrito entre el Vaticano y el Estado Peruano, que Prevost Martínez acogió la nacionalidad peruana, pues de acuerdo al tratado toda autoridad eclesial en el Perú debe tener la nacionalidad. Robert Prevost tramitó su Documento Nacional de Identidad – DNI, en Chiclayo e incluso ejerció la ciudadanía plena participando como elector en las votaciones presidenciales del 2016.
Su labor pastoral en Chiclayo fue sumamente rica. Lideró el proceso de una iglesia que, en sintonía con lo señalado por Francisco, salía a buscar a los pobres. Recorrió todos los distritos de las tres provincias de Lambayeque, además de la provincia de Santa Cruz, de Cajamarca, que pertenece a la Diócesis de Chiclayo.
Tuvo una gran devoción por imágenes como el Divino Niño del Milagro de Eten, el Nazareno Cautivo de Monsefú, cuya festividad comparte con el día de su cumpleaños, por el Señor de los Milagros y la Cruz de Chalpón, siendo uno de los promotores para sea el madero de Motupe el que precisa la misa ofrecida en Huanchaco, cuando el papa Francisco visitó el Perú en el 2018.
Pastor con olor a rebaño
Robert Prevost cree firmemente en la iglesia sinodal, como postuló Francisco durante su pontificado. Una iglesia que camine en unidad y salga a buscar a quienes más necesitan.
Cuando ocurrió El Niño Costero del 2017, el entonces obispo de Chiclayo fue uno de los impulsores de la búsqueda de ayuda humanitaria para atender a los damnificados, esto a través de Cáritas Chiclayo, acción que repitió en el verano del 2023, antes de despedirse de su quería diócesis, cuando ocurrió el ciclón Yaku.
Durante la pandemia del Covid 19, Prevost Martínez puso nuevamente en evidencia su liderazgo, al convocar al empresariado para lograr la implementación de la primera planta de oxígeno que se instaló en Chiclayo y luego otra en Mochumí.
Fue además un líder frontal respecto a temas como la corrupción, la ineficacia política, la defensa del medioambiente, los derechos humanos y la lucha contra los abusos cometidos dentro de la iglesia.
Impulsó la reconstrucción de la Iglesia de Santo Domingo de Olmos, así como de Capilla La Verónica de Chiclayo, aunque no logró mayor avance. También fue un cercano protector de los migrantes, para quienes implementó dos comedores y buscó la manera de organizarlos para que puedan emprender. Ayudó a niños con discapacidad, ancianos y niños y adolescentes en situación de calle.
Al mismo tiempo, a lo largo de cinco años ocupó la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, desde donde defendió una postura de protección a los más necesitados y los derechos humanos, como cuando declaró que tras el indulto dado al exdictador Alberto Fujimori este debía perdón a las víctimas de la violencia de su régimen, o cuando accionó en el caso Sodalicio, siendo uno de los principales aliados de las víctimas que denunciaron los abusos dentro de ese instituto de vida consagrada, cuya disolución fue aprobada por Francisco.
El papa Francisco lo nombró cardenal y en abril del 2023 se despidió de Chiclayo para asumir dos cargos trascendentales: prefecto del Dicasterio para los Obispos, encargado de la designación y también de las medidas de sanción aplicadas a los obispos en todo el mundo, y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, que es el nexo de diálogo entre la Santa Sede y el continente.
También fue un férreo defensor de los anhelos lambayecanos. En la ceremonia de homenaje y despedida que organizaron los colegios profesionales y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque en su honor, dijo que trabajaría desde el Vaticano para que se logre el reconocimiento de Eten como Ciudad Eucarística, por el milagro ocurrido en 1649, pero además que su anhelo era “ver a Lambayeque con su Terminal Portuario”, para lo cual exhortó a todos a trabajar unidos.
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Después de casi 3 años de proceso judicial, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por el abogado y empresario Maxs Ayora Inoñán contra la fiscal Ana Zegarra Azula con relación a la investigación N° 3984-2015, iniciada en su contra por el supuesto delito de lavado de activos.
Mediante sentencia de última instancia expedida en el proceso N° 04911-2022-HC/TC, el máximo intérprete de la constitución determinó que la actuación de la fiscal Ana Zegarra en la investigación seguida contra Maxs Ayora configura un “encauzamiento sin base constitucional”, en detrimento del derecho al plazo razonable del demandante.
Accionar de la fiscal es inadmisible
Tras calificar la actuación de la fiscal Ana Zegarra como un “accionar inadmisible” que vulneró los derechos fundamentales del demandante, el Tribunal Constitucional estableció que debido a la “trascendencia constitucional de la demanda” promovida por Maxs Ayora contra la fiscal Zegarra y a la “magnitud del derecho vulnerado”, correspondía emitir un pronunciamiento sobre el fondo a fin de evitar que en el futuro se vuelvan a cometer similares vulneraciones.
En ese sentido el TC declaró fundada en parte la demanda presentada por Ayora y exhortó enfáticamente a los órganos del Ministerio Público que no vuelvan a incurrir en las conductas cuestionadas mediante la acción de habeas promovida contra la fiscal Ana Zegarra Azula. No obstante, declaró improcedentes otros extremos de la demanda porque a la fecha de la sentencia ya habían sido atendidos por los tribunales inferiores, o corresponden ser resueltos por la justicia ordinaria.
Desacato fiscal
La sentencia constitucional estableció que a la fecha de la demanda, la fiscal Ana Zegarra mantenía abierta la investigación iniciada contra el demandante durante más de 7 años, a pesar de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque le había ordenado que emitiera la respectiva disposición de conclusión de la investigación por su excesiva demora.
Sin embargo, la fiscal demandada lejos de cumplir con el mandato judicial dispuso se reciba un peritaje contable extemporáneo a cargo de los peritos Ricardo Malca Munaico y Jannina Hurtado Cerna, desvirtuando lo ordenado por el Poder Judicial; por lo que ante la renuencia de la fiscal Zegarra se ordenó remitir copias al Órgano de Control del Ministerio Público para los fines pertinentes.
Conducta lesiva
El Tribunal Constitucional enfatizó en que durante la extensa investigación seguida contra Maxs Ayora, que a la fecha tiene casi 10 años en trámite, el investigado nunca mostró algún comportamiento obstruccionista que haya sido advertido por el Ministerio Público o el Poder Judicial, y que justificara la demora excesiva de la fiscal.
Ante esta situación, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse fue más contundente aún al emitir un fundamento de voto adicional calificando la actuación de la fiscal Ana Zegarra como “lesiva”, afirmando que el deber de acumulación probatoria de la fiscalía así como el derecho del investigado a poder articular su defensa quedan diluidos cuando los plazos se alargan por años.
Pérdida de relevancia y contundencia
En ese sentido el magistrado Gutiérrez Ticse enfatizó que en tales condiciones “la acusación ya pierde relevancia y contundencia”, lo que debe observarse a fin de garantizar que la justicia sea implacable con quienes corresponda, pero garantista con quienes sea necesario, imperando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia.
En el caso en mención, la fiscal demandada presentó una improvisada acusación en la que solicitó al Poder Judicial que se impongan más de 16 años de pena privativa de libertad contra Maxs Ayora por una supuesta omisión de pago de tributos; sin embargo, dicho requerimiento acusatorio ha quedado completamente debilitado, tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional.
Acciones legales
Tras conocer el sentido de la decisión del TC, Maxs Ayora dio a conocer que solicitará el apartamiento de la fiscal Ana Zegarra del proceso tramitado en su contra, por haberse demostrado fehacientemente que carece de objetividad para investigarlo, y porque ha incurrido en causales de exclusión previstas en la ley procesal penal.
Asimismo, anticipó que iniciará acciones civiles y penales contra la fiscal Ana Zegarra por lo que considera un evidente abuso en su contra. “Desconozco los intereses que tenga la fiscal Zegarra para acusarme falsamente de delitos que no he cometido, pero no voy a tolerar más abusos”, enfatizó Maxs Ayora, a la vez que anunció que presentará una denuncia por prevaricato y desobediencia a la autoridad, así como una demanda de indemnización por todos los daños y perjuicios -que sostiene- se le han ocasionado.
Reveló que, durante la investigación, la fiscal Ana Zegarra expidió disposiciones y providencias con presunto contenido falso y contradicciones entre sí sobre la realización del peritaje contable que habría sido elaborado extemporáneamente, para que -según su parecer- no se valorara ninguna de sus pruebas de descargo.
Pérdidas millonarias y cierre de cuentas bancarias
Maxs Ayora afirmó que los reiterados requerimientos de levantamiento de su secreto bancario y a la permanente filtración a la prensa de información reservada de la investigación a cargo de la fiscal Ana Zegarra, le han causado graves perjuicios, como el cierre de sus cuentas bancarias y la cancelación de sus líneas de crédito, ocasionándole pérdidas económicas millonarias que considera deben ser indemnizadas por la justicia.
Recordó que debido a la sobreexposición de la investigación en su contra en los medios de prensa y redes sociales, en el año 2016 el Banco Continental cerró unilateralmente su cuenta de pago haberes, por lo que tuvo que iniciar un proceso de amparo que concluyó en el Tribunal Constitucional con la sentencia del Exp. 2124-2017-PA/TC en la que se ordenó la inmediata reapertura de su cuenta y se fijó una línea jurisprudencial que fue destacada en la memoria anual del año 2021 del máximo intérprete de la Constitución como una de sus sentencias más relevantes.
Pago de impuestos
Con documentos en mano Ayora sostuvo que a causa de las presiones ejercidas por la fiscal Zegarra y la SUNAT se vio obligado a pagar más de medio millón de soles de impuestos por el período investigado correspondiente al año 2010, pese a que no le correspondía pagar un importe tan considerable.
“Siempre he cumplido con mis obligaciones tributarias, y en todo momento he colaborado con las investigaciones, por más maliciosas que sean las acusaciones en mi contra, por lo que confío que todo esto se resolverá de acuerdo a ley, y se me resarcirá por todos los daños causados”, enfatizó Maxs Ayora.
Prescripción y archivo
Otro aspecto que destaca Maxs Ayora en su defensa es que el supuesto incumplimiento de pago de tributos que le atribuye la fiscalía corresponde al año 2010. Por lo tanto, la imputación en su contra por supuesto delito tributario habría prescrito y corresponde el archivo definitivo de la investigación.
Esto se debe a que, según la legislación vigente, el plazo para procesarlo venció en el año 2024, al haber transcurrido el plazo de la pena máxima de 8 años, más la mitad y un año adicional. Pese a lo cual, se le mantiene investigado irregularmente hasta la fecha.
