EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN
La década del 80 y 90 estuvieron marcadas por un flagelo político-militar: Sendero Luminoso; así también la década del 90 para adelante está marcada por otro flagelo más terrible: La corrupción.
La corrupción se auto-reproduce y auto-protege e ingresa en las distintas instituciones tutelares del Estado de modo tal que llega a capturar y anular el filo fiscalizador de ellas y de este modo la anula así por ejemplo: El Poder Judicial, el Ministerio Público entre otras.
Se comenta ahora que la corrupción penetró al Poder Legislativo e inclusive se menciona a diez congresistas comprometidos con el narcotráfico. Nos parece que no es ninguna novedad, pues en la legislatura anterior Nancy Obregón legisló a nombre del narcotráfico y por el partido de gobierno de Ollanta Humala.
La corrupción en el Perú, es alma y espíritu del sistema institucional y tiene sus raíces en la colonia y en el Perú republicano sus mejores exponentes fueron los gobiernos de Ramón Castilla, Augusto B. Leguía, Alberto Fujimori y la gestión Aprista (petroaudios y narcoindultos).
No cabe duda que existe una profunda conexión entre la corrupción y el desarrollo frustrado del País. Recordemos cómo se malversaron los recursos del guano y del salitre en contra de la prosperidad del Perú.
La noción de la corruptela es importante a la hora de explicar el subdesarrollo y de ser controladas sus raíces sistémicas o institucionales mejorarían las posibilidades para que se produzca un desarrollo balanceado.
La corrupción como tal se entiende como el mal uso del poder político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones.
La corrupción constituye, un fenómeno amplio y variado, que comprende actividades públicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras trasgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos.
El fenómeno de la corrupción ha mostrado tanto continuidad como variabilidad desde la aparición de los Estados y civilizaciones más tempranas. Las manipulaciones corruptas del poder y la justicia tienen, una larguísima historia y presencia en todas las culturas. Algunas sociedades han tenido más éxito que otras en ponerle freno a las corruptelas, pero ninguna ha logrado eliminar por completo este arraigado aspecto de las relaciones humanas.
Un número creciente de emergentes organismos anticorrupción han enfatizado, cada vez más, la necesidad de ejercer una vigilancia constante en su contención y castigo. Sin embargo, el estudio de la evolución histórica de la corrupción en las sociedades e instituciones en vías de desarrollo aún se encuentra en su infancia.
Los costos de la corrupción pueden ser directos, indirectos e institucionales. Ciertos modos de corrupción en el tiempo tienden a perdurar, puesto que sus redes heredan prácticas generales y específicas, así como la habilidad práctica, de camarillas en sociedades civiles débiles como la nuestra.
En el caso peruano y en muchas otras partes de Latinoamérica, un modo predominante de corrupción ha estado obligado al Poder Ejecutivo. Un segundo modo, lo constituyen las corruptelas de los militares, que están ligadas a los contratos de adquisición de armas y equipos. El manejo irregular de la deuda pública externa e interna en beneficio de unos cuantos, fue una tercera forma de corrupción. Los sobornos en la aprobación de contratos, adquisiciones y obras públicas es otra forma de corrupción, a la que se suman los ministros, congresistas y jueces que los reciben, lo que permite y fomenta la corrupción y minan la eficiencia y el prestigio de las instituciones fiscalizadoras del Estado.
Los costos de corrupción indirectos incluyen a los que se derivan del contrabando, un mecanismo que redujo los ingresos tributarios e incrementó la deshonestidad de los empleados públicos.
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