El 26 de enero, en poco más de tres meses, los peruanos acudiremos nuevamente a las urnas para elegir – se espera – a una mejor representación congresal. La labor será compleja no solo para entidades como el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil – RENIEC y la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, que en tiempo récord deberán desarrollar el proceso y garantizar que este se realice con eficacia y transparencia, sino también para los ciudadanos, pues en tan corto tiempo será complicado analizar al milímetro a los postulantes.

La otra parte del complejo asunto sin duda la tienen los partidos políticos, desprestigiados algunos, desorganizados otros, que deberán – se espera también – elegir entre lo mejor que tienen para ayudarnos, si quiera, a mitigar el sabor amargo que dejó un Congreso con personajes como Yesenia Ponce, Moisés Mamani o Edwin Donayre, o sin ir muy lejos, con representantes por Lambayeque como Velásquez, Becerril, Flores, Takayama y Palma.

Sin duda, la oferta electoral para el próximo proceso será mínima. Los elegidos legislarán solo hasta julio del 2021 y desde ya debe quedarnos claro que si nos ofrecen el “oro y el moro” en la corta campaña nos estarán viendo la cara. “Yuca pa’ ti”, como se dice en criollo.

La interrogante en este panorama es qué clase de candidatos nos presentarán las organizaciones y, sobre todo, con qué carta de presentación, que responda realmente a la necesidad de limpiar, mejorar y dignificar a la actividad política, lo harán.

Por ejemplo, ¿con qué cuajo el partido Podemos Por el Progreso del Perú, de José Luna Gálvez, se presentará a la elección congresal? La pregunta es válida si se tiene en consideración que para las votaciones regionales y municipales del año pasado, el responsable de convencer y consolidar candidaturas fue Willy Serrato Puse, quien ha caído detenido dos veces, en menos de un año. La primera vez, en diciembre del 2018, por sus vínculos con los “Temerarios del crimen” y, la segunda, señalado como cabecilla de una organización criminal que operó entre enero y julio de este año en la Municipalidad Distrital de Olmos. Con operadores de esa talla… ¡Dios nos tome confesados!

La misma situación enfrenta Fuerza Popular. Dos de sus representantes elegidos para el Parlamento por Lambayeque están investigados también por vínculos con los “Temerarios del crimen”: Marvin Palma Mendoza y Héctor Becerril Rodríguez. Claro está que las distancias entre ambos son amplísimas, si se tiene en cuenta que a este último se le investiga por otras organizaciones más: “Wachiturros”, “Cuellos blancos” y el propio partido al que pertenece.

En el caso del Partido Aprista Peruano está la eterna candidatura de Javier Velásquez Quesquén, quien – asumo – debe estar muy apenado al no haber concretado su objetivo de llegar a la nada despreciable meta de estar 25 años en el Congreso de la República. Para que no se nos olvide, Velásquez Quesquén, conocido por cercanos y lejanos como ‘Sipán’, también es investigado por los casos “Wachiturros” y “Temerarios del crimen”. Por cierto, aún está la interrogante de a quién le pertenece el ‘codinome’ ‘Sipán’ en el lenguaje de Odebrecht, si a él o a Yehude Simon Munaro, líder de Juntos por el Perú.

De la lista no puede excluirse a Alianza Para el Progreso. Tengamos presente que el partido de la familia Acuña llevó en el 2016 como candidatos al Congreso a Willy Serrato y al hoy proantaurista Virgilio Acuña Peralta.

El severo problema con APP es el papel que sus congresistas tuvieron el lunes 30 de septiembre al votar por la vacancia y suspensión del presidente Martín Vizcarra. Hay que decirlo también con todas sus letras: Alianza Para el Progreso llevó en el 2016 al Congreso a representantes como Marisol Espinoza Cruz (hoy expulsada), investigada por el caso “Wachiturros”, y a César Vásquez Sánchez, investigado por el caso “Temerarios del crimen”.

El partido Contigo, antes Peruanos Por el Kambio, llevó al Parlamento por Lambayeque a Clemente Flores Vílchez, también investigado por el caso “Temerarios”.

En consecuencia, la espina de las duda nos punza respecto a estas organizaciones, aunque claro, las otras que aparecen en la lista de 24 con inscripción vigente y que participarán en la próxima elección congresal no están libres de cuestionamientos, pues el proceder de sus dirigentes, de sus representantes o de sus propietarios dista mucho de lo que como país nos urge: luchar de verdad contra la corrupción.