La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, identificó una situación adversa en el proceso de adquisición de alimentos destinados al Programa de Complementación Alimentaria - PCA 2025, al verificarse que se otorgó conformidad de recepción al producto “entero de caballa en agua y sal”, elaborado y envasado por una empresa distinta a la acreditada por el contratista que ganó la buena pro.

El hallazgo forma parte del Informe de Visita de Control n.° 012-2025-OCI/0341-SVC, remitido al alcalde Polanski Carmona Cruz y suscrito por el jefe del OCI, Jaime Vidarte Sánchez, con el objetivo de alertar a la entidad sobre posibles riesgos que puedan afectar la correcta ejecución del contrato.

Producto no corresponde al proveedor acreditado

Según el documento, la ganadora de la buena pro, Compañía Vida SCRL, presentó ante la municipalidad la documentación correspondiente al Consorcio Pesquero El Ferrol SAC, como proveedor autorizado de producción y envasado del alimento comprometido en el proceso de contratación. Sin embargo, durante la revisión efectuada por el equipo de control, se constató que el producto entregado —caballa entera en agua y sal— no fue elaborado por la empresa declarada como fabricante ante el comité de compras, sino por la Corporación de Alimentos Marítimo SAC.

“El producto recibido no corresponde al proveedor acreditado por el contratista ganador de la buena pro, situación que no fue advertida por el personal responsable al momento de otorgar la conformidad”, señala el informe de la contraloría.

A pesar de esta diferencia, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe otorgó la conformidad de recepción del bien, permitiendo su registro y aceptación formal, lo que representa un incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y las normas de contratación pública.

La contraloría advierte que esta situación afecta la transparencia del proceso y la garantía de calidad e inocuidad del producto, considerando que no existe evidencia documental que acredite que el alimento proviene de la planta de producción ofrecida por el contratista durante la licitación.

Falta de verificación

El informe precisa que los funcionarios y servidores responsables del área usuaria, en este caso la Unidad Funcional de Programas Sociales de la municipalidad, y del comité de recepción no verificaron la información técnica y sanitaria del producto entregado, antes de aprobar la conformidad.

De acuerdo con el análisis de la contraloría, no se verificaron documentos esenciales como los registros sanitarios, certificados de producción o constancias de control de calidad emitidos por las autoridades competentes, que debían corresponder al proveedor acreditado. Esta omisión impidió confirmar la trazabilidad del alimento destinado a los beneficiarios del PCA 2025.

“El otorgamiento de la conformidad sin comprobar la correspondencia del producto con la oferta adjudicada genera un riesgo alto para el cumplimiento del contrato y la seguridad alimentaria de la población beneficiaria”, advirtió el jefe del OCI, Jaime Vidarte Sánchez, en el informe.

Asimismo, se observó que la información consignada en las etiquetas y envases del producto no coincidía con los datos del proveedor declarado, lo cual impide identificar el origen del alimento y constituye una deficiencia en los mecanismos de control interno de la entidad.

El documento subraya que el área de Logística y el comité de recepción debieron verificar la autenticidad del producto recibido y su correspondencia con la propuesta ganadora, conforme lo establece el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a la obligación de revisar las especificaciones técnicas antes de otorgar la conformidad.

Medidas correctivas

Como parte de sus conclusiones, la contraloría recomendó al alcalde Polanski Carmona Cruz disponer las acciones necesarias para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en la recepción del producto, así como garantizar la adopción de medidas correctivas inmediatas que eviten la repetición de hechos similares.

“El titular de la entidad debe disponer las acciones preventivas y correctivas pertinentes, a fin de asegurar que las adquisiciones públicas cumplan con las especificaciones técnicas y sanitarias establecidas en los contratos”, señala el documento.

El órgano de control también instó a fortalecer los procedimientos internos de supervisión y recepción de bienes, especialmente en las contrataciones vinculadas a programas sociales, debido a que involucran alimentos destinados a población en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe, la situación adversa detectada podría generar perjuicios económicos y administrativos si no se adoptan acciones inmediatas, al existir el riesgo de que el contratista entregue productos que no cumplen con los requisitos de calidad comprometidos o provengan de plantas de producción no autorizadas.

La contraloría recordó que la finalidad del control concurrente es advertir oportunamente hechos que podrían afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así como la correcta utilización de los recursos públicos.

“El informe fue remitido al titular de la entidad para que comunique, en un plazo de diez días hábiles, las medidas adoptadas para corregir las situaciones advertidas”, precisó el OCI.

Supervisión del PCA

El Programa de Complementación Alimentaria - PCA, ejecutado por los gobiernos locales con financiamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, tiene como finalidad proveer alimentos de calidad y valor nutricional adecuado a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

En ese contexto, la contraloría enfatizó que cualquier irregularidad en la producción o distribución de los alimentos destinados al programa compromete directamente la atención a los beneficiarios y la transparencia en el uso de fondos públicos.

“El control preventivo busca garantizar que los productos entregados cumplan con los estándares de calidad y procedencia exigidos, salvaguardando los recursos del Estado y la salud de los ciudadanos”, señaló el órgano de control.

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