La familia imeldina se congregó en una emotiva peregrinación que combinó tradición, fe y comunidad en busca de la indulgencia plenaria del Año Jubilar.
En una manifestación extraordinaria de fe y unidad, la comunidad educativa del Colegio Beata Imelda realizó una memorable peregrinación al Divino Niño de Ciudad Etén, con el propósito de obtener la indulgencia plenaria en este significativo Año Jubilar.
La jornada espiritual congregó a estudiantes de todos los niveles, padres de familia y el dedicado personal imeldino, quienes se unieron en una sola voz de oración y devoción. Esta iniciativa refleja el compromiso de la institución educativa con la formación integral de sus estudiantes, donde los valores espirituales ocupan un lugar fundamental.
La peregrinación dio inicio con el tradicional rezo del Santo Rosario, momento en el que los participantes elevaron sus intenciones al cielo. La atmósfera de recogimiento y devoción se palpaba en cada Ave María rezada al unísono, creando un ambiente de profunda espiritualidad que marcó el tono de toda la jornada.
"Ver a nuestros estudiantes, padres de familia y docentes unidos en oración es verdaderamente conmovedor. Esta peregrinación no solo busca la gracia espiritual, sino fortalecer los lazos que nos unen como familia imeldina ", expresó la Líder de Apostolado Jannet Paola Tesén Oliva.
El punto culminante de la peregrinación fue la Celebración Eucarística, donde la comunidad imeldina renovó su compromiso de fe y pidió por las bendiciones del Año Jubilar. La misa, cargada de emotividad y recogimiento, sirvió como espacio de encuentro con lo sagrado y fortalecimiento de la identidad espiritual que caracteriza a la institución.
Durante la celebración, se recordó la importancia de la indulgencia plenaria en este tiempo especial, invitando a todos los fieles a vivir con mayor intensidad los valores cristianos y a ser testimonios vivos del amor de Dios en sus comunidades.
Esta peregrinación se enmarca dentro de las actividades de apostolado que el Colegio Beata Imelda promueve a lo largo del año escolar, demostrando su compromiso con la formación espiritual de sus estudiantes. La participación masiva de la comunidad educativa evidencia la importancia que la institución otorga a estos espacios de crecimiento en la fe.
Al finalizar la peregrinación, los participantes regresaron a sus hogares con el corazón lleno de alegría y con la certeza de haber vivido una experiencia espiritual enriquecedora.
El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, identificó una serie de situaciones irregulares en la ejecución de un proceso de contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento eléctrico del sistema de iluminación de vías durante el ejercicio 2025, por lo que recomendó el inicio de acciones administrativas y penales contra los funcionarios y servidores presuntamente responsables. Así lo establece el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 019-2025-2-0205-AC, cuyos resultados fueron oficialmente notificados al rector Enrique Cárpena Velásquez, mediante Oficio N.° 1183-2025-CG/OCI-0205.
La auditoría tuvo como propósito verificar la legalidad y regularidad de las contrataciones efectuadas por la entidad y determinar si las actuaciones de los funcionarios se ajustaron a la normativa vigente en materia de administración pública, contratación estatal y control interno.
El informe revela situaciones adversas que comprometen la transparencia y eficiencia en la gestión institucional, concluyendo que se habrían producido hechos con presunta responsabilidad administrativa y penal. Por esta razón, el documento fue remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción del ámbito de competencia, para que proceda conforme a sus atribuciones y promueva las acciones legales correspondientes.
Los funcionarios mencionados con Alfonso Fiestas Elías, quien se desempeñó como presidente del comité de selección, sobre el que recae responsabilidad penal, y Juan Carlos Luna Piscoya, primer miembro del comité, con responsabilidad penal y administrativa.
Informe con evidencias de irregularidades
De acuerdo con el contenido del oficio suscrito por Víctor Paúl Pinedo García, jefe del Órgano de Control Institucional, el informe de auditoría recoge las evidencias, análisis y conclusiones derivadas de la revisión efectuada. Señala que las situaciones detectadas vulneran disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y en las normas de gestión administrativa interna de la UNPRG.
El OCI sostiene que la auditoría ha determinado que la actuación de determinados funcionarios y servidores públicos no se ajustó a los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad, ocasionando potenciales perjuicios o riesgos al correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, indica que, en función de las conclusiones del informe, se han identificado niveles de responsabilidad administrativa funcional y presunta responsabilidad penal, por lo que se recomienda la adopción de medidas inmediatas.
Hallazgos
La intervención del órgano de control permitió determinar que durante el procedimiento de selección del Concurso Público n.° 0009-2023-UNPRG/CS-1, “Servicio de mantenimiento y acondicionamiento eléctrico del sistema de iluminación de vías de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”, el presidente y el primer miembro del comité de selección, durante la evaluación de la oferta, otorgaron al Consorcio Ejecutores Peruanos, postor ganador de la buena pro, un puntaje que no le correspondía.
Asimismo, que calificaron y otorgaron la buena pro al consorcio el 14 de diciembre de 2023 pese a que este no sustentó documentalmente el aporte de experiencias por parte de uno de sus integrantes: Ikon Perú SAC, para acreditar el requisito de “experiencia del postor en la especialidad”, por lo que se le debió descalificar.
OCI también detectó que no se incorporaron en el expediente técnico de contratación los documentos relacionados con las consultas y/o observaciones formuladas por los participantes ni las absoluciones correspondientes, pese a que durante el procedimiento de selección la custodia de dicho expediente este a cargo del comité de selección.
Del mismo modo, se constató que la absolución de consultas vinculadas a los factores de evaluación fuero absueltas por el área usuaria, pese a que no le correspondía, y dicha absolución era competencia del citado comité, incumpliendo las responsabilidades inherentes a su designación dentro del marco de su competencia. Así también, en el caso del presidente del comité, no informó ni se abstuvo de continuar con el procedimiento de selección, pese al conflicto de intereses con uno de los integrantes del consorcio ganador, vulnerando la transparencia, objetividad e imparcialidad del proceso de contratación.
Control deficiente
OCI señala que el área de Programación, de la Unidad de Abastecimiento, realizó un estudio de mercado para determinar el valor estimado de la contratación, sin basarse en el requerimiento del área usuaria, dado que solicitó cotizaciones sin remitir el requerimiento completo y en otros no se remitió.
Por el contrario, adjuntó el presupuesto y la estructura de costos elaborada por la Unidad de Servicios Generales, lo que condicionó las propuestas económicas recibidas y generó que el valor estimado de la contratación no reflejara el costo real del mercado.
Lo citado – dice el informe – “pone en riesgo la legalidad, transparencia y confiabilidad del proceso de contratación”. “La deficiencia se originó por la falta de controles internos efecticos, supervisión adecuada y lineamientos claros para la realización de la indagación de mercados, lo que incrementa el riesgo de distorsión del valor estimado”.
Se advierte, también que la Unidad de Abastecimiento no realizó de manera oportuna la verificación de la documentación e información presentada por el postor ganador de la buena pro en su oferta y para el perfeccionamiento del contrato, lo que generó limitaciones para detectar posibles documentos inexactos o falsos y, en consecuencia, impidió que la entidad adoptara a tiempo las acciones que establece la normativa de contrataciones.
Por ambas razones, el órgano de control reconoce que hubo deficiencias de su parte en el seguimiento a los procedimientos ejecutados en el desarrollo de la contratación.
Notificación oficial al rector
En cumplimiento del procedimiento establecido, el Oficio N.° 1183-2025-CG/OCI-0205, fechado en septiembre de 2025, fue remitido al rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Enrique Cárpena Velásquez, como máxima autoridad de la entidad.
El oficio precisa que la Contraloría General, a través del OCI, dispone que la autoridad universitaria adopte las medidas necesarias en el ámbito de su competencia para garantizar la implementación de las recomendaciones formuladas. Entre ellas, la ejecución de acciones correctivas y la remisión de informes de avance y cumplimiento al órgano de control, dentro de los plazos establecidos.
La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, identificó una situación adversa en el proceso de adquisición de alimentos destinados al Programa de Complementación Alimentaria - PCA 2025, al verificarse que se otorgó conformidad de recepción al producto “entero de caballa en agua y sal”, elaborado y envasado por una empresa distinta a la acreditada por el contratista que ganó la buena pro.
El hallazgo forma parte del Informe de Visita de Control n.° 012-2025-OCI/0341-SVC, remitido al alcalde Polanski Carmona Cruz y suscrito por el jefe del OCI, Jaime Vidarte Sánchez, con el objetivo de alertar a la entidad sobre posibles riesgos que puedan afectar la correcta ejecución del contrato.
Producto no corresponde al proveedor acreditado
Según el documento, la ganadora de la buena pro, Compañía Vida SCRL, presentó ante la municipalidad la documentación correspondiente al Consorcio Pesquero El Ferrol SAC, como proveedor autorizado de producción y envasado del alimento comprometido en el proceso de contratación. Sin embargo, durante la revisión efectuada por el equipo de control, se constató que el producto entregado —caballa entera en agua y sal— no fue elaborado por la empresa declarada como fabricante ante el comité de compras, sino por la Corporación de Alimentos Marítimo SAC.
“El producto recibido no corresponde al proveedor acreditado por el contratista ganador de la buena pro, situación que no fue advertida por el personal responsable al momento de otorgar la conformidad”, señala el informe de la contraloría.
A pesar de esta diferencia, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe otorgó la conformidad de recepción del bien, permitiendo su registro y aceptación formal, lo que representa un incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y las normas de contratación pública.
La contraloría advierte que esta situación afecta la transparencia del proceso y la garantía de calidad e inocuidad del producto, considerando que no existe evidencia documental que acredite que el alimento proviene de la planta de producción ofrecida por el contratista durante la licitación.
Falta de verificación
El informe precisa que los funcionarios y servidores responsables del área usuaria, en este caso la Unidad Funcional de Programas Sociales de la municipalidad, y del comité de recepción no verificaron la información técnica y sanitaria del producto entregado, antes de aprobar la conformidad.
De acuerdo con el análisis de la contraloría, no se verificaron documentos esenciales como los registros sanitarios, certificados de producción o constancias de control de calidad emitidos por las autoridades competentes, que debían corresponder al proveedor acreditado. Esta omisión impidió confirmar la trazabilidad del alimento destinado a los beneficiarios del PCA 2025.
“El otorgamiento de la conformidad sin comprobar la correspondencia del producto con la oferta adjudicada genera un riesgo alto para el cumplimiento del contrato y la seguridad alimentaria de la población beneficiaria”, advirtió el jefe del OCI, Jaime Vidarte Sánchez, en el informe.
Asimismo, se observó que la información consignada en las etiquetas y envases del producto no coincidía con los datos del proveedor declarado, lo cual impide identificar el origen del alimento y constituye una deficiencia en los mecanismos de control interno de la entidad.
El documento subraya que el área de Logística y el comité de recepción debieron verificar la autenticidad del producto recibido y su correspondencia con la propuesta ganadora, conforme lo establece el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a la obligación de revisar las especificaciones técnicas antes de otorgar la conformidad.
Medidas correctivas
Como parte de sus conclusiones, la contraloría recomendó al alcalde Polanski Carmona Cruz disponer las acciones necesarias para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en la recepción del producto, así como garantizar la adopción de medidas correctivas inmediatas que eviten la repetición de hechos similares.
“El titular de la entidad debe disponer las acciones preventivas y correctivas pertinentes, a fin de asegurar que las adquisiciones públicas cumplan con las especificaciones técnicas y sanitarias establecidas en los contratos”, señala el documento.
El órgano de control también instó a fortalecer los procedimientos internos de supervisión y recepción de bienes, especialmente en las contrataciones vinculadas a programas sociales, debido a que involucran alimentos destinados a población en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el informe, la situación adversa detectada podría generar perjuicios económicos y administrativos si no se adoptan acciones inmediatas, al existir el riesgo de que el contratista entregue productos que no cumplen con los requisitos de calidad comprometidos o provengan de plantas de producción no autorizadas.
La contraloría recordó que la finalidad del control concurrente es advertir oportunamente hechos que podrían afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así como la correcta utilización de los recursos públicos.
“El informe fue remitido al titular de la entidad para que comunique, en un plazo de diez días hábiles, las medidas adoptadas para corregir las situaciones advertidas”, precisó el OCI.
Supervisión del PCA
El Programa de Complementación Alimentaria - PCA, ejecutado por los gobiernos locales con financiamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, tiene como finalidad proveer alimentos de calidad y valor nutricional adecuado a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
En ese contexto, la contraloría enfatizó que cualquier irregularidad en la producción o distribución de los alimentos destinados al programa compromete directamente la atención a los beneficiarios y la transparencia en el uso de fondos públicos.
“El control preventivo busca garantizar que los productos entregados cumplan con los estándares de calidad y procedencia exigidos, salvaguardando los recursos del Estado y la salud de los ciudadanos”, señaló el órgano de control.
Cada año, el 16 de octubre se conmemora el Día de la Persona con Discapacidad, fecha que nos invita a mirar con sensibilidad y compromiso a quienes, pese a las limitaciones que la vida les impone, enseñan con su ejemplo el verdadero significado de la superación. En Lambayeque, este llamado cobra especial fuerza al conocer la realidad del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) San Pedro, una institución que simboliza la lucha diaria por la inclusión y el respeto a la diversidad.
El CEBE San Pedro acoge a 88 estudiantes entre 3 y 20 años de edad, todos con distintos diagnósticos: discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, discapacidad física o multidiscapacidad. Ellos representan un universo de sueños, desafíos y esperanzas que no puede quedar al margen de las políticas públicas ni del interés de la sociedad. Sin embargo, esta noble tarea se sostiene con solo 10 docentes y 2 auxiliares, un equipo pequeño que multiplica su esfuerzo cada día para brindar atención personalizada y afectiva a cada alumno.
Desde marzo de 2024, la directora Marisol Calonge de la Piedra ha asumido con entrega y visión el liderazgo de este plantel. Su gestión no solo se enfoca en lo pedagógico, sino en abrir puertas, tocar instituciones y buscar aliados para que la educación inclusiva no sea un discurso, sino una realidad tangible. Con el apoyo de programas alimentarios que proveen ciertos insumos, se busca garantizar al menos un pequeño alivio nutricional para los niños. Pero aún falta mucho.
El Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la Gerencia Regional de Educación, tiene la oportunidad y la obligación moral de mirar con atención a este centro educativo, único en toda la provincia de Lambayeque. Este CEBE atiende no solo a estudiantes de la ciudad, sino también de Mochumí, Íllimo, Pacora, Jayanca, Túcume, Motupe y Olmos, distritos que envían a sus niños especiales con la esperanza de que allí encuentren aprendizaje, comprensión y cariño.
Pero las carencias son grandes. El plantel necesita una infraestructura adecuada: aulas adaptadas, talleres educativos, una capilla, un comedor digno, servicios higiénicos accesibles y espacios de terapia que respondan a las necesidades reales de sus estudiantes. Cada muro sin pintar, cada puerta sin rampa, cada aula improvisada es un recordatorio de la deuda que tenemos con ellos.
El Centro de Educación Básica Especial - CEBE San Pedro de Lambayeque tiene 43 años al servicio de la niñez de la vecina provincia. La institución, aún con brecha de personal, cuenta con profesionales especializado en las diferentes discapacidades que presentan los estudiantes y con Equipo SAANEE, quienes apoyan y dan asesoramiento a las instituciones educativas inclusivas de la región Lambayeque.
“El Cebe San Pedro es una institución pública de educación básica especial, con una filosofía de vida inclusiva que impulsa la formación integral de las personas con necesidades educativas especiales potenciando el desarrollo de habilidades hacia el proceso de inclusión familiar, escolar, laboral y social, comprometiendo a la familia como protagonista de la formación de sus hijos e hijas”, refiere Marisol Calonge.
La visión del centro es ser, al 2029, una Institución Educativa Especial modelo de la educación integral de personas con necesidades especiales – NEE, dotada de una cultura y práctica inclusiva con una comunidad comprometida al servicio del prójimo.
La inclusión no puede ser un concepto abstracto ni un tema de efemérides. Es una causa permanente que debe reflejarse en presupuestos, obras y voluntad política. Los niños y jóvenes del CEBE San Pedro no piden privilegios; piden oportunidades justas para desarrollarse, aprender y sentirse parte de la sociedad.
Lambayeque tiene una tradición de solidaridad, de fe y de humanidad. Es tiempo de demostrarlo también con hechos. Que este Día de la Discapacidad no pase inadvertido entre ceremonias y discursos. Que sirva, más bien, para renovar nuestro compromiso con una educación inclusiva y con una infraestructura digna para quienes más lo necesitan.
Invertir en ellos no es un gasto: es una inversión en sensibilidad, en justicia y en futuro. Porque cuando una sociedad abraza a sus niños más vulnerables, se vuelve más humana, más fuerte y más grande.
