Sigue creciendo. Según el Informe Nº 029-2019-LAMB/PPR.EPGT, del 11 de octubre del 2019, enviado a la procuradora del Gobierno Regional de Lambayeque, Patricia Huamán Novoa, la deuda social con los maestros activos, cesantes y jubilados por las diversas sentencias en calidad de cosa juzgada asciende a 290 millones tres mil 71.62 soles.
En cuanto a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, el número de demandantes es de seis mil 642, a quienes se les ha pagado a cuenta 25 millones 116 mil 201 soles, quedando por pagar un saldo de 205 millones 824 mil 482.46 soles.
Respecto a la UGEL Lambayeque, la cifra de demandantes es de mil 648, a quienes se les adeuda un saldo de 49 millones 932 mil 559.92 soles, toda vez que solo se les ha pagado a cuenta ocho millones 485 mil 448.96 soles.
En tanto, la UGEL Ferreñafe registra 760 demandantes con un saldo por pagar de 35 millones 246 mil 29.24 soles, cuyo pago a cuenta ha sido de siete millones 756 mil 885.04 soles.
Al respecto, el presidente del Frente de Defensa de los Derechos Pensionarios del Sector Educación en Lambayeque, Miguel Delgado Leyva, refiere que este año a nivel nacional solo se atendió al 8 % de profesores, destinándose para dicho fin 200 millones de soles, de los cuales a Lambayeque se asignaron solo 15 millones.
“Conforme pasa el tiempo los intereses legales también aumentan, pero al Estado parece no interesarle. Solamente en 60 docentes de Lambayeque los intereses legales alcanzan el millón 200 mil soles por concepto de luto, sepelio y el 30 % por preparación de clase”, asevera.
PLANTEAMIENTOS
En ese sentido, alrededor de 40 docentes pensionistas se reunieron con los representantes del gobierno regional para hacerles llegar – una vez más - su pliego de reclamos, toda vez que desde marzo han presentado diversos expedientes a la Gerencia Regional de Educación – GRED Lambayeque y las tres UGEL.
Según explica Delgado Leyva, una de las propuestas es que Anselmo Lozano Centurión, en su calidad de gobernador regional, coordine por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Mesías Guevara Amasifuén, para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, un incremento de 500 millones de soles para el pago de la deuda social en el 2020, pues ya se demostró que con los 200 millones a nivel nacional solo se pudo atender a dos mil docentes en Lambayeque, cuando la cifra total de demandantes son nueve mil 50.
Al respecto, señala que el 27 de septiembre último fue admitida a trámite una solicitud que dirigieron como gremio pensionario al gobernador regional de Cajamarca y presidente de la ANGR, Mesías Guevara, en la que daban cuenta de dicha propuesta.
Asimismo, refiere que otra de sus propuestas es solicitar ante el MEF un crédito suplementario para incrementar el crédito presupuestario que permita cubrir la demanda de la deuda social de los maestros cesantes y jubilados.
No obstante, señala que su intención era presentar todas estas propuestas ante el gobernador regional o, en su defecto, ante la gerente regional, María Castro Grosso, tal como habían acordado en un inicio. Sin embargo, ninguna de las dos autoridades se hizo presente.
“Al final fuimos atendidos por la procuradora regional, Patricia Huamán Novoa; el asesor del gobierno regional, Víctor Díaz Burga; y el administrador de la Gerencia Regional de Educación, Pavel Padilla Mera. En dicha reunión intervino la consejera Gisella Fernández Muro, quien les llamó la atención a los funcionarios por la ausencia de la gerente, quien había aceptado atendernos en ausencia del gobernador”, sostiene.
RECLAMOS
Además del pago de la deuda social, Delgado Leyva señala que solicitan el pago sin judicializarse del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, que incluye a los pensionistas pertenecientes al régimen del Decreto Legislativo Nº 20530 y a los de la Ley Nº 19990.
Afirma que gracias a la presión impuesta por los pensionistas se logró que la GRED declare fundados muchos de estos pedidos, pero al ser derivados a las UGEL, estas los declaran infundados, lo cual genera que solo algunos docentes, principalmente de las UGEL Chiclayo y Lambayeque, reciban este beneficio por vía administrativa.
“Cuando elevamos los expedientes a las UGEL, estas demoran cuatro o cinco meses para denegarlo, por lo cual tenemos que apelar ante la GRED que demora otros cuatro meses más en declararlos fundados, pero al volver a la UGEL este ente se demora alrededor de cuatro meses en hacer el cálculo de los montos, con lo que se termina perdiendo al final un año entero en trámites burocráticos. Lo más lamentable es que muchas veces no hay siquiera presupuesto para atender estos pagos”, sostiene.
Además, menciona que exigen la ejecución de las resoluciones del pago mensualizado por preparación de clase y evaluación que cuenten con sentencias judiciales o resoluciones administrativas de cualquiera de las tres UGEL que beneficien a los docentes que cesaron después del 2013, quienes pertenecen al régimen pensionario del Decreto Legislativo Nº 20530.
Asimismo, solicitan el pago del 10 % del Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI, correspondiente a la Ley Nº 25981 que data de 1992, en la que se dispuso que los trabajadores cuyas remuneraciones estén afectas a la contribución al FONAVI tendrían derecho a percibir un aumento equivalente al 10 % de su haber mensual a partir del 1 de enero de 1993.
LUTO Y SEPELIO
Respecto al abono del subsidio por gastos de luto y sepelio, revela que el 12 de marzo de este año el director de la UGEL Chiclayo, Darío Balcázar Quintana, solicitó a la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial un importe de 11 millones 114 mil 893 soles para atender dicha demanda, pero recién el 12 de agosto, cinco meses después, fue elevado ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, ente que hasta la fecha no ha dado respuesta.
Explica que este monto varía entre mil 500 soles y tres mil para los docentes de la Ley de la Reforma Magisterial, y alcanza a los cónyuges, padres e hijos.
“Este pago se puede hacer por vía administrativa (la UGEL) o por vía judicial (directamente el MEF), pero por ambos lados no recibimos nada. Hay docentes, cuyos padres fallecieron hace 20 años y hasta ahora no reciben su dinero. Estamos pidiendo que por lo menos lo abonen en dos partes, pues somos más de 120 maestros solo en Chiclayo a los que se nos adeuda luto y sepelio. En mi caso, mi madre murió en 1998 y hasta ahora me deben mil 700 soles”, afirma.
SALDOS PRESUPUESTALES
Además, afirma que otro de los puntos de su pliego de reclamos es el concerniente a los saldos presupuestales, los cuales siempre se reparten a fin de año, pero benefician solamente al personal administrativo del sector Educación, más no a los docentes cesantes y jubilados.
No obstante, comenta que en mayo de este año se adelantó un pago de 809 mil soles por concepto de saldos presupuestales que beneficiaron al personal administrativo de la GRED, así como un grupo de docentes y empleados de la UGEL Chiclayo y Lambayeque.
“Ellos son prácticamente juez y parte, lo que estamos pidiendo es que ese reparto sea equitativo, los administrativos tienen derecho a recibir este pago, desde luego, pero no pueden olvidarse de los cesantes y jubilados”, menciona.
MALTRATO
Finalmente, Delgado Leyva cuestiona la actitud del gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, pues menciona que se han reunido hasta en tres oportunidades con él para solucionar sus demandas, pero cuando traslada sus reclamos a las diferentes UGEL, estas no le hacen caso.
Refiere que actualmente a nivel de Chiclayo hay mil 600 cesantes y jubilados, cuya pensión para quienes se encuentran en el régimen del Decreto Legislativo Nº 20530 oscila entre 800 y mil 500 soles (en el caso de haber ostentado un cargo de directivo), mientras que los de la Ley Nº 19990 perciben menos, llegando incluso algunos a ganar 400 soles.
Además, menciona que no existe un personal idóneo en la Oficina de Pensiones de la UGEL Chiclayo, pues muchas veces son tratados de forma irrespetuosa, llegando en ocasiones incluso a gritarles a jubilados que buscan orientación con sus reclamos.
Apunta que son pocas las personas dentro de la UGEL y la GRED que están capacitadas y tienen sobre todo la sensibilidad para tratar con los adultos mayores.
“Somos maltratados desde hace muchos años, creemos que nuestros derechos no solamente han sido desentendidos en forma casual, sino a propósito para beneficio de quienes están en el nivel administrativo, pero nos hemos propuesto que ese trato inhumano para los maestros cesantes y jubilados se termine”, finaliza.
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respuesta de JESSICA RIOJA LOZADA el 2020-02-19.
MI SRA MADRE ES DOCENTE CESANTE DE LA 20530 NOMBRADA EN 1974 CORRESPONDIENTE A UGEL LAMBAYEQUE AGOTE LA VIA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL ME DECLARAN INFUNDADA . ORDENANDO QUE PROCEDA A LA VIA JUDICIAL, PARA ELLO ES REQUISITO CONTAR CON LA RESOLUCION DE CUANTO LE DEBEN POR EL 30% DE PREPARACIÓN DE CLASE . LO QUE HACEN LAS OTRAS UGELES DE OTRAS REGIONES. PORQUE NO LO EMITEN PARA CONTINUAR EL PROCESO.
respuesta de maximo calvay laban el 2020-01-28.
en el año 2019 se pago en junio la deuda social y este año 2020 no se sabe cuando por que las Ugel demoran en hacer las planillas acaso no hay personal preparado o es que a ellos no les conviene. Sabemos que el saldo esta disponible para fagar , pero no se sabe cuando lo realizan.
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