La Sociedad Nacional de Industrias – SNI, a través del Instituto de Estudios Económicos y Sociales – IEES, detalló en su reciente estudio que ocho de los nueve departamentos del norte del país tuvieron un crecimiento económico inferior al promedio nacional en la última década.
El gremio de industrias detalló que la tasa promedio anual de crecimiento del Producto Bruto Interno – PBI, en el período 2010-2019 fue de 4.5 %. Sin embargo, Cajamarca registró un incremento en su PBI de solo 1.3 %; Áncash, 2 %; Loreto, 2.4 %; Tumbes, 3.2 %; la Libertad, 3.7 %; Piura, 3.9 %; Lambayeque, 4.4 %; y Amazonas, 4.4 %. El único departamento norteño que experimentó un crecimiento superior al promedio en los últimos diez años fue San Martín con 5 %.
Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, durante el 2020 el PBI de la zona norte alcanzó los 148 mil 609 millones de soles, lo que implica una caída de 7.9 % en comparación del 2019. Al respecto, el gremio industrial señaló que la economía nacional se viene recuperando en línea con la reactivación económica por fases, dada en mayo de 2020; sin embargo, se requieren políticas concretas para una recuperación económica sólida del país.
Departamentos
En el caso de Lambayeque, el PBI del 2019 representó 17 mil 281 millones de soles, mientras que el 2020 se redujo a 16 mil 850 millones de soles. La participación del departamento en la zona norte representó en ambos años el 11.3 %.
En tanto, el PBI de Piura, por ejemplo, disminuyó de 32 mil 499 millones de soles a 28 mil 895 millones entre el 2019 y el 2020; mientras que La Libertad pasó de 33 mil 172 millones de soles a 32 mil 947 millones.
El año pasado, la mayor producción de la zona norte la tuvo La Libertad (22.2 %), seguida de Piura (19.4 %), Áncash (16.9 %), Lambayeque (11.3 %), Cajamarca (11.3 %), Loreto (7.1 %), San Martín (6 %), Amazonas (3.3 %) y Tumbes (2.5 %).
Propuestas para el desarrollo regional
Para contrarrestar esto, por séptimo año consecutivo, la SNI realizó foros regionales en el marco de la Semana de la Industria. En esta edición, el mensaje central fue ‘Propuestas para el Desarrollo Regional’, con el objetivo de plantear las principales medidas para la reactivación económica de la zona norte del Perú, propiciando un diálogo entre los principales agentes y emprendedores organizados.
Al respecto, el 17 de junio se desarrolló la el encuentro virtual ‘Propuestas para el Desarrollo Regional – Zona Norte’, gracias a una alianza estratégica de la SNI con la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad Tecnológica del Perú y la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
“Se requiere fortalecer el valor compartido en las empresas privadas. Debemos hacer empresa en forma inclusiva, viendo el entorno no solo de la fábrica hacia adentro, sino también hacia afuera. Desde el primer día que ingresamos a la SNI, hace tres años, nuestra visión fue regional, pues fuimos al segundo día a Paita, donde se encuentra la industria de pesca de consumo humano y logramos que se reabrieran plantas que estaban cerradas por trámites burocráticos”, destacó Ricardo Márquez Flores, presidente de la SNI, durante la actividad.
Añadió que la grave crisis social y económica, producto de la pandemia del COVID-19, ha generado que el Perú retroceda diez años en la pobreza, que alcanzó al 30.1 % de la población, y el índice de informalidad, que se sitúa en el 75.3 % de empleos.
“Los empleos, que son la principal fuente de ingreso para las familias han sufrido un importante retroceso. Las medidas drásticas en este confinamiento han llevado a la pérdida de 2.2 millones de trabajos en el 2020 y la precarización de los mismos con una reducción de empleos adecuados, mientras que la participación de los subempleos va en aumentos”, resaltó.
Apuntó que se necesita un mayor planeamiento territorial productivo como desarrollan otros países de Sudamérica, donde se priorizan los ‘clúster’ de producción.
A través de un pronunciamiento, el Colegio de Sociólogos de Lambayeque ha pedido a los organismos electorales, a las instituciones y la población en general que se respete la “dimensión social del voto” y que se evite cualquier maniobra que busque torcer la voluntad popular, expresada el 6 de junio en las urnas.
“La dimensión social del voto es la magnitud que implica el voto del elector peruano, que cuando sufraga lo hace con ciertas aspiraciones que tienen que ver con la reivindicación de la justicia y el bienestar social. El peruano vota con esperanza, con los retos éticos del país, que tienen que ver con aminorar la segregación social, la pobreza, el centralismo, la corrupción, los bajos sueldos y todos los problemas vinculados a la salud y la educación”, asevera Manuel Ulloque Sandoval, decano regional del Colegio de Sociólogos de Lambayeque.
Polarización
Ulloque Sandoval destaca que este contexto electoral ha sido ‘sui géneris’, pues hubo y aún persiste una marcada polarización, que tiene su base en factores étnicos, de clases sociales, de género e incluso de edades. Anota que Pedro Castillo recoge el sentir de una población que se ha sentido marginada por mucho tiempo, debido a que los gobiernos no han podido implementar políticas adecuadas para atender sus demandas.
“Ese impacto se ha ido mezclando con temas culturales y étnicos, que han creado este fenómeno social de Pedro Castillo, quien pasó de no ser muy visible en las encuestas a repuntar. El perfil del votante de Castillo asume algunos patrones culturales que tienen mucho arraigo en el pueblo peruano, a diferencia del elector de Keiko Fujimori, que se caracteriza por ser más de clase media. Incluso en algunos simpatizantes de Fuerza Popular se han visto actos discriminatorios”, sostiene.
Refiere que la dilatación del anuncio de los resultados oficiales está aplazando el proceso de transferencia, que es complejo y requiere de tiempo; pero también está sirviendo de caldo de cultivo para manifestaciones, que ponen en riesgo la gobernabilidad del próximo mandatario.
Precisa que los grandes medios de comunicación capitalinos tampoco han colaborado con generar un clima de paz social, pues se han parcializado hacia un candidato (Keiko Fujimori), por lo que exhorta a los hombres de prensa a invocar siempre a la mesura y la tranquilidad, a fin de evitar un escenario de convulsión social.
Apunta que como gremio profesional respaldarán los resultados que proclame el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, aunque invocan a la entidad a trabajar con celeridad para tener en el corto plazo certeza sobre quién ganó las elecciones, todo ello al amparo del Artículo 178 de la Constitución.
Colegio de Sociólogos
Por otro lado, Ulloque Sandoval comenta que asumió el decanato de la orden profesional en mayo de este año, con el objetivo de integrar a más profesionales sociólogos al colegio y realizar diferentes actividades en beneficio de los mismos.
Además, menciona que su directiva está alineada a tres objetivos del Colegio de Sociólogos del Perú: fortalecer la institucionalidad del gremio, emitir opinión pública sobre diferentes temas coyunturales de la competencia de la orden y contribuir a sacar la Ley del Ejercicio Profesional del Sociólogo.
“Otro objetivo que tenemos es la integración de la identidad del sociólogo, por ello se vienen realizando actividades para fortalecer esa identidad que tenemos como profesionales de la sociología. Por el momento nuestra oficina ubicada en el centro de la ciudad se encuentra cerrada, pero pronto estaremos abriendo nuevamente para atender a todos nuestros agremiados”, indica.
Apunta que actualmente la orden profesional agrupa a 502 sociólogos en Lambayeque y ha registrado el deceso de tres agremiados a causa del COVID-19.
En tanto, señala que en julio próximo se realizará una ceremonia de colegiatura. Por lo pronto, los agremiados pueden contactarse con la orden a través de los correos electrónicos, WhatsApp y la página en Facebook.
Desde que en 1987 Walter Alva Alva descubriera las Tumbas Reales de Sipán, el arqueólogo ha dedicado su vida a revalorar y promover el pasado de la cultura lambayecana, hecho por el cual ha recibido distintas condecoraciones, entre estas la Orden El Sol del Perú, en 1990. Hoy, en este contexto de pandemia, el director del Museo Tumbas Reales lamenta que los complejos museográficos se encuentren cerrados, pues la sociedad pierde así la oportunidad de fortalecer su identidad.
“El punto esencial es que al momento en que el museo cierra deja de ser un referente educativo, el sustento de nuestra identidad. La gente ya no puede llegar al museo para conocer y fortalecer lo que fue nuestro pasado. Eso es lo más lamentable de esta situación”, refiere.
Walter Alva destaca que, hasta antes de la pandemia, el Museo Tumbas Reales recibía entre 160 mil y 180 mil visitantes por año. Sin embargo, el permanecer cerrado le ha generado cuantiosas pérdidas, que a la fecha ya superan el millón de soles.
Anota a la caída del turismo como otra de las consecuencias del cierre del museo, ya que Tumbas Reales era uno de los complejos más visitados del Perú e incluso de Latinoamérica.
Apertura y contagios
Menciona que en febrero el museo abrió por unas pocas semanas, pero debido a que Lambayeque ingresó al nivel de riesgo extremo nuevamente tuvo que cerrar. Apunta que hoy se complica volver a abrir, dado que dos trabajadores del museo, entre ellos el jefe de seguridad, fallecieron a causa del COVID-19.
Destaca que debido a la Ley N° 31131, que dispone la eliminación progresiva de los contratos CAS, no han podido realizar una convocatoria para reemplazar las plazas vacantes.
“Estamos tratando de que el Ministerio de Cultura solucione el impase y vea la manera de cómo tener por lo menos contratos temporales para suplir estas plazas y también las de aquellos trabajadores que son de cierta edad y por su condición de vulnerables no pueden realizar los trabajos de mantenimiento y seguridad, que son las áreas más difíciles de nuestra institución”, resalta.
Comenta que el museo ha recibido la certificación ‘Safe Travels’ de parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, con la cual está apto para recibir turismo internacional. Por lo pronto los trabajadores del museo vienen haciendo trabajo virtual y también labores mixtas.
Investigaciones
En tanto, señala que a causa de la falta de ingresos propios se han suspendido los proyectos de investigación en Úcupe, Santa Rosa, Purulén y el mismo Sipán, todos ellos orientados a conocer los orígenes de la civilización y el desarrollo de la cultura Mochica.
Indica que los pocos arqueólogos que laboran en el museo vienen realizando un trabajo de gabinete, es decir, el análisis de las piezas que se recuperaron como producto de las excavaciones: elementos fragmentarios, objetos de metal y material orgánico como huesos. Todo lo recuperado permite reconstruir la forma de vida de los antiguos lambayecanos, el tipo de alimentación, las costumbres y en general la historia del yacimiento arqueológico.
“Prácticamente la investigación está detenida, pero nosotros, los que estamos con esta tarea, los pocos arqueólogos que estamos en el museo, seguimos investigando, registrando, catalogando (…) Tenemos muchas expectativas en que se puedan producir nuevos hallazgos y contribuir al conocimiento de nuestro pasado, porque si no hay nuevos aportes tampoco se mantiene la expectativa internacional, que alimenta el flujo turístico”, subraya.
Distinción
Sobre la distinción de ‘Hombre del Bicentenario’, que se le dará en el marco de los 200 años de independencia del Perú, refiere que la toma con bastante humildad y la comparte con todo el equipo humano que trabaja a su lado.
“Este es un honor que comparto con todos los que trabajan a mi lado. Yo solo no he hecho todo. Somos un equipo humano compuesto de jóvenes arqueólogos, pocos, pero muy eficientes, a los que se suman los trabajadores de campo y los vigilantes, que cumplen una función muy importante, custodiando los sitios arqueológicos de los invasores. Una sola persona no hace nada, sería como el director de una orquesta, pero sin músicos”, asevera.
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, inició el miércoles 23 d.c. la revisión de los recursos de apelación a las improcedencias declaradas por los Jurados Electorales Especiales – JEE, ante los pedidos de nulidad, presentados por Fuerza Popular, sobre mesas de sufragio en las que perdió en las votaciones de la segunda vuelta presidencial, realizada el 6 de junio.
Los JEE recibieron mil 88 pedidos de nulidad, de este total 281 se presentaron dentro del plazo de ley y hasta la fecha existen 83 apelaciones que se presentaron ante esas instancias.
Sin embargo, hasta el miércoles se elevaron ante el JNE un número de 52 apelaciones; mientras que cuatro se encontraban pendientes de elevación y 16, pendientes de evaluación por los JEE.
Según los reportes de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, de esas 52 apelaciones elevadas al JNE 14 corresponden a cuestiones de análisis jurídico de fondo; mientras que las restantes se deben a improcedencias por la ausencia del pago de la tasa correspondiente.
Adicionalmente, 807 nulidades fueron presentadas fuera del plazo legal, de las cuales han sido apeladas 287. De esta cifra son 197 las apelaciones que se elevaron ante el JNE, cuatro están pendientes de ser elevadas y 11 se encuentran pendientes de evaluación por los JEE. El JNE resolverá lo pertinente sobre las indicadas causas.
La Resolución 0086-2018-JNE, estableció que el plazo para la presentación de recursos de nulidad vencía indefectiblemente el miércoles 9 de junio a las 8:00 de la noche.
Para la sesión del miércoles se programaron diez expedientes, que llegaron en apelación hasta dicha instancia suprema desde los Jurados Electorales Especiales de Pasco (tres casos), Huari (dos), Huaraz (dos), Chota (dos) y Arequipa. Todos los recursos fueron planteados por la organización política Fuerza Popular.
Hasta el cierre de este informe, todos los recursos de apelación fueron declarados infundados por el pleno del JNE, confirmando la improcedencia establecida por los Jurados Electorales Especiales, además de disponer que los casos por supuesta falsificación de firmas en las actas de escrutinio sean derivados al Ministerio Público para las investigaciones penales correspondiente.
El voto discordante fue del magistrado Luis Arce Córdova, quien sostuvo que en todos los casos, antes de emitir pronunciamiento de fondo, se debían cotejar las firmas con el RENIEC y acceder al padrón electoral.
Argumentos de Fuerza Popular
En la audiencia pública, con la cual se inició la revisión de las apelaciones a los pedidos de nulidad de actas electorales, los abogados Óscar Urviola, Lourdes Flores, Virgilio Hurtado y Gino Romero sustentaron la defensa de Fuerza Popular.
Urviola sostuvo que es responsabilidad del sistema electoral asegurar los derechos fundamentales de participación ciudadana en la vida política. Al respecto, cuestionó el horario establecido por el JNE para la mesa de partes virtual que difiere del horario de la ONPE, lo cual, dijo, evidencia descoordinación entre los dos organismos electorales.
Asimismo, señaló que la Constitución reconoce a los miembros del JNE apreciar los hechos con criterio de conciencia y tomar decisiones en términos de subordinación de valores antes que de aspectos subjetivos y de forma.
En ese sentido, enfatizó que el JNE debe buscar llegar a la verdad y que si ubica indicios de alteración de la voluntad popular no debe limitarse enviar el caso al Ministerio Público, sino que tendrá que emitir pronunciamientos de fondo.
Por su parte, Flores insistió en su posición acerca de que hubo fraude en mesa durante la segunda vuelta, pues se produjeron actos irregulares en determinados centros de votación, básicamente donde no hubo personeros de Fuerza Popular.
Afirmó que se preparó a personeros de Perú Libre para penetrar las mesas de votación. Además, advirtió sobre la existencia de firmas falsas o la aparición de un mismo puño gráfico en las actas de escrutinio en mesas de diferentes provincias y hasta regiones, lo cual, indicó, acreditan con pericias de parte.
Por ello, pidió que los organismos electorales de manera conjunta cumplan con verificar las firmas en la lista de votantes de la segunda vuelta y que también se realice una auditoria con autoridades de organismos como la OEA.
Flores concluyó su participación invocando al JNE a cumplir con su deber constitucional de buscar la verdad a fin de asegurar que el mandato de las urnas es el que se plasma en la consagración y proclamación del próximo presidente de la república.
A su turno, Hurtado dijo que si las pericias presentadas por Fuerza Popular no son suficientes, se pida informes a RENIEC; mientras que Romero adelantó que en caso no se haga "justicia electoral" acudirán a todos tribunales que por ley les asista.
Postura de Perú Libre
A su turno, la defensa legal del partido Perú Libre solicitó al Jurado Nacional de Elecciones ratificar el rechazo a los pedidos de nulidad planteados por Fuerza Popular, establecido por los Jurados Electorales Especiales.
Durante una audiencia virtual, el abogado Ronald Gamarra consideró que se debe ratificar las decisiones de los JEE y defender el voto ciudadano frente a aquellos que pretenden "torcer la voluntad popular".
Recordó que la historia de la República está llena de instituciones, códigos y normas que dieron forma legal a la exclusión de la mayoría de su derecho al voto, algo que no tiene por qué repetirse.
"Fuerza Popular ha renovado su voluntad de expropiar el voto popular", dijo tras invocar el principio de legalidad del voto y su validez, y el ordenamiento legal que considera que la anulación de un voto es excepcional y pone una valla sumamente alta para su eventual aplicación.
El abogado Julio Arbizu advirtió que en ningún momento Fuerza Popular ha presentado prueba alguna del presunto fraude que alegan se dio en la segunda vuelta del 6 de junio.
Afirmó, además, que no existe ni se puede crear una etapa investigatoria o de prueba respecto de que hubo un "plan sistemático de torcer la voluntad popular", al no estar en la ley electoral.
Según subrayó, con su accionar Fuerza Popular está dilatando la proclamación de los resultados y confundiendo a la ciudadanía en torno a la verdad electoral, con el consecuente riesgo o daños al sistema electoral y estabilidad del país.
Como muestra de falta de pruebas, Arbizu dio cuenta de un mensaje que la propia Keiko Fujimori hizo esta semana a través de las redes sociales.
"En su Twitter sostiene sabemos lo que hicieron, hoy necesitamos saber cómo lo hicieron, si tienes pruebas denuncia por redes (...) Esto lo escribió después de que se desestimó sus pedidos de nulidad, después de eso admite no tener pruebas (...) A confesión de parte relevo de prueba", añadió.
Hábeas data
El lunes, Fuerza Popular presentó el recurso de hábeas data con la finalidad de acceder a la lista de electores por mesa de sufragio a nivel distrital, provincial, regional y en el extranjero, según anunció la candidata presidencial de esta agrupación política, Keiko Fujimori.
"Adjunto copia de cargo del habeas data presentado por nuestra personera legal (Milagros Takayama) y firmado por Domingo García Belaunde. Es el derecho de millones de peruanos acceder a la lista de electores por mesa de sufragio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante el JNE", escribió Fujimori en su cuenta de Twitter.
El documento, presentado ante la mesa de partes electrónica de la Corte Superior de Justicia de Lima, indica que la presente demanda está dirigida contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En ese sentido, el recurso emplaza al órgano electoral a entregar la copia certificada y en CD de la lista de electores por mesa de sufragio en formato PDF o JPG, utilizada a nivel distrital, provincial, regional y en el extranjero, suscritas y usadas en la segunda elección presidencial.
Según los fundamentos del pedido, "un número elevado de actas de votación han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en sus mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal o material, así como la adulteración de los resultados finales".
"En consecuencia, habiéndose demostrado la gravedad, relevancia y extrema urgencia de nuestro pedido, solicitamos al juzgado que, junto con admitir la presente demanda, se sirva ordenar a la ONPE que, en un plazo máximo de tres días útiles, entregue la información que le ha sido requerida", añade el documento.
Elecciones democráticas
En tanto, la embajada de los Estados Unidos en el país manifestó su confianza en las instituciones del Perú y dijo que espera trabajar con el nuevo gobierno una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados oficiales.
Mediante su cuenta de Twitter, la embajada señaló que valora la fuerte y duradera colaboración con el Perú, la cual, indicó, está basada en valores compartidos, respeto por el proceso democrático y el Estado de derecho.
Para el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros el último comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el Perú es un reconocimiento de que las últimas elecciones fueron justas, limpias y democráticas.
Dijo que el documento es de suma relevancia y contribuirá a que en el país se reconozca la legitimidad del proceso electoral, como se está haciendo en el mundo.
Asimismo, señaló, en el gobierno estadounidense existe coincidencia de que en el Perú hay una democracia establecida y esta debe seguir siendo el marco referente de las decisiones políticas y la gobernabilidad, y que la alteración del orden democrático no tiene viabilidad en la región.
Fuente: Andina.
A propósito del pedido del director de la Asociación Civil Pro Actione, Rubén Fernández Morales, ante la Junta Nacional de Justicia – JNJ, para la revisión del proceso de ratificación, nulidad del acto y cese automático del fiscal provincial Sergio Zapata Orozco por graves irregularidades; otros aspectos “coincidentes” salen a la luz entre su labor como representante del Ministerio Público y un acuerdo de colaboración eficaz que habría beneficiado al empresario Daría Acuña Peralta.
El director de Pro Actione, señaló en una entrevista brindada a Expresión TV, que Willy Serrato Puse, ex alcalde del distrito de Olmos, luego de haber sido detenido en diciembre de 2018, por supuestamente pertenecer a la organización criminal ‘Los temerarios del crimen’, liderada por el exalcalde David Cornejo Chinguel, declaró haber intercedido ante integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura para viabilizar la ratificación de Zapata Orozco.
En la declaración testimonial del imputado Willy Serrato Puse, efectuada el 20 de diciembre de 2018, en la Carpeta Fiscal N° 10-2018, ante el fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada - FECOR Chiclayo, se lee:
“Hago mención que en el transcurso de los días previos a la elección (de Iván Noguera Ramos en el Consejo Nacional de la Magistratura) el ingeniero Humberto Acuña, me manifestó que la intención de poner personas que formen parte del CNM era la de manejar el sistema de justicia, nombrar, ratificar, destituir a jueces y fiscales a nivel nacional”.
Colaboración eficaz
Hasta donde se tiene conocimiento, en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 (Expediente Judicial N° 5205-2014) y sus desacumulados (caso ‘Limpios de la corrupción’), existirían cuatro colaboradores eficaces con Acuerdo de Beneficios aprobado por el Poder Judicial: el CE N° 10-2015, el CE N° 15-2015, el CE N° 16-2015 y el CE N° 17-2015. Todos ellos serían empresarios de la construcción y proveedores de bienes y servicios.
El Colaborador con Reserva de Identidad N° 10-2015, aparece declarando en el caso de corrupción de la obra “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la avenida Elvira García y García de la ciudad de Chiclayo”, y se trataría presumiblemente de Darío Acuña Peralta, hermano del ex gobernador Humberto Acuña Peralta, y ex representante legal de la empresa Keint Construcciones.
Esto se infiere debido a que en la declaración del CE N° 10-2015, efectuada con fecha 19 de febrero de 2015, ante la fiscal provincial Magaly Quiroz Caballero, en su página 2, el colaborador narra textualmente: “Carta fianza de Adelanto Directo, del 17 de enero del 2012, por la suma de S/. 118 865.00 otorgada por la Empresa Keint Construcciones SRL (donde mi persona es representante legal) a favor de EPSEL garantizando al Consorcio Triple A”.
El representante legal de Keint Construcciones S.R.L. fue Darío Acuña Peralta (Partida Registral N° 02104213), función que desde el 2 de agosto del 2016 ejerce Julio Vásquez Peralta.
Mediante Resolución N° 2097-2014-TC-S3, de fecha 14 de agosto del 2014, el Tribunal de Contrataciones del Estado, adscrito al OSCE, dispuso poner de conocimiento al Ministerio Público que Keint Construcciones S.R.L., representada por Darío Acuña Peralta, incurrió en infracción contra la Ley de Contrataciones del Estado vigente en aquel momento, Decreto Legislativo N° 1017, debido a que el 12 de octubre del 2011 solicitó el aumento de capacidad máxima de contratación como Ejecutor de Obras, habiendo declarado no estar impedido de contratar con el Estado, pese a ser hermano del entonces congresista Virgilio Acuña Peralta.
Acuerdo de Beneficios
Conforme expresa Rubén Eduardo Fernández Morales, el Acuerdo de Beneficios por Colaboración Eficaz del CE N° 10-2015, se produce en pleno Proceso de Ratificación del fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco (el 18 de abril de 2017 se realiza la Entrevista Personal y el 12 de julio de 2017 se publica la resolución que lo ratifica), conforme se corrobora con las resoluciones de primera y segunda instancia del Expediente N° 05207-2014-429-JR-PE-04.
Mediante Resolución N° 3, de fecha 31 de mayo de 2017, la titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, resolvió desaprobar el Acuerdo de Beneficios por Colaboración Eficaz, formulado por el representante de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Sergio Zapata Orozco, respecto de la información proporcionada por el colaborador identificado con Código de Reserva de Identidad N° 10-2015, en el marco de la investigación seguida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, ya que, “al pretender beneficiar a un colaborador eficaz con la aplicación doble del principio de proporcionalidad, con el fin de poder llegar a una pena suspendida, sería ilegal respecto al quantum de la pena”.
Es decir, la jueza consideró que otorgarle una pena suspendida al CE N° 10-2015 era ilegal.
Doce días hábiles después, el 16 de junio del 2017, mediante Resolución N° 6, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitió la Sentencia N° 73-2017, aprobando el Acuerdo de Beneficios por Colaboración Eficaz, formulado por Zapata Orozco, respecto de la información proporcionada por el colaborador identificado con Código de Reserva de Identidad N° 10-2015, en el marco de la investigación seguida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, aduciendo que la rebaja de la pena, a cuatro años suspendida en su ejecución, se debía a “su condición de cómplice en el delito de colusión”.
El 20 de junio del 2019, el diario Correo, publicó con el titular “El vínculo entre los Acuña y el extitular del fenecido CNM”, que Orlando Velásquez, expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, intercambió mensajes y llamadas telefónicas con los hermanos Darío, Humberto y César Acuña Peralta. En el mismo informe se señala que Darío Acuña Peralta “registra 25 ocasiones en las cuales conversó con el exconsejero, 22 de estas a través de mensajes de texto y otras tres vía llamada telefónica”.
Los “beneficios”
En la Resolución N° 6, de fecha 16 de junio del 2017, mediante la cual se aprueba el Acuerdo de Beneficios por Colaboración Eficaz del CE N° 10-2015, se ordenó también la Reserva de Identidad del referido colaborador.
El 24 de mayo del 2019, mediante Resolución N° 2, el juez Pedro Martín Delgado Ramírez, del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, condenó a Darío Acuña Peralta como autor del delito contra la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración en proceso administrativo en agravio del Estado, y como tal se le impuso un año de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el período de prueba de un año y tres meses, proceso derivado de lo dispuesto en la Resolución N° 2097-2014-TC-S3, de fecha 14 de agosto de 2014, respecto de la solicitud de aumento de capacidad máxima de contratación como Ejecutor de Obras, habiendo declarado no estar impedido de contratar con el Estado, pese a ser hermano del entonces congresista Virgilio Acuña Peralta, delito que Darío Acuña reconoció ante el juez Delgado Ramírez.
De confirmarse que Darío Acuña Peralta es el CE N° 10-2015, el juez Delgado Ramírez no habría considerado en su sentencia, que la pena suspendida se daba en atención a lo establecido en el artículo 57° del Código Penal, que señala que es aplicable cuando “el agente no tenga condición de reincidente o habitual”.
Al igual que otras instituciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica también se ha mostrado preocupada por lo ocurrido a lo largo del proceso electoral. Por ello, el obispo de la Diócesis de Chiclayo, Robert Prevost Martínez, llama a la población a esperar con calma los resultados oficiales de la segunda vuelta, evitando cualquier respuesta violenta, sobre todo por parte de quienes se manifiestan en las calles.
“Quiero animar a todos los fieles, a las personas de buena voluntad, a que mantengamos la calma, que busquemos unir y no dividir, eso es lo más importante. La Conferencia Episcopal en algunas ocasiones ha publicado declaraciones en las que invita a la responsabilidad política de todos los peruanos, especialmente ahora que nos acercamos al bicentenario. Es una gran oportunidad para mostrar lo que realmente somos”, resalta.
Anota que si bien no todos los lambayecanos son católicos, la gran mayoría sí son cristianos, por lo cual deben encontrar en la palabra de dios la importancia de vivir en unidad, en caridad y amor fraterno, siempre bajo la luz del evangelio que enseñó Jesús.
Misas presenciales
Asimismo, si bien la virtualidad ha contribuido a llevar la palabra de dios a más personas, Prevost Martínez anima a los fieles a volver poco a poco a las misas presenciales, debido a la importancia de participar de la eucaristía y celebrar la fe entre hermanos.
“Casi todas las parroquias ya han abierto en forma limitada, según las normas que nos da el gobierno. Luego del cambio en la calificación de riesgo de contagio, ahora en Lambayeque tenemos permitido hasta un 40 % del aforo”, señala.
Resalta que en el caso de la parroquia Santa María Catedral, los horarios de las misas de lunes a sábado son de 7:00 y 8:00 de la mañana y luego a las 6:00, 7:00 y 8:00 de la noche. Los domingos, las celebraciones eucaristías son a las 7:00, 8:00, 10:00 y 11:00 de la mañana, al mediodía y a las 6:00, 7:00 y 8:00 de la noche.
Destaca que por un buen tiempo más las misas seguirán transmitiéndose de forma virtual para que los adultos mayores, enfermos y la población que por algún motivo no pueda acudir al templo no pierda la oportunidad de participar de la celebración litúrgica.
De igual forma, anuncia que ya se están celebrando otros sacramentos como confirmaciones, matrimonios y bautizos, siempre bajo las restricciones del aforo y el distanciamiento social. No obstante, invoca a los fieles a no organizar fiestas después de estos ritos, pues se genera ocasión de contagio.
“Todos sabemos que las familias quieren tener sus reuniones después de la misa, sus fiestas, allí sí hay un peligro de contagio. Tenemos que seguir cuidándonos. Sí, hay matrimonios y bautizos, pero los párrocos siempre animan a los fieles a no tener fiestas, porque no podemos permitir que el virus continúe expandiéndose”, puntualiza.
Otras actividades
Por otro lado, afirma que en las próximas semanas los sacerdotes empezarán a salir de sus parroquias para llegar nuevamente a las capillas de los caseríos que hay en los diferentes distritos de Lambayeque, a fin de atender espiritualmente a los fieles que viven en las zonas más alejadas.
“Siempre serán bienvenidos más sacerdotes, pero gracias a dios ahora todas las parroquias están atendidas con un número suficiente de clérigos”, indica.
De igual forma, indica que el comedor que funcionaba con apoyo de la iglesia Santa María Catedral se ha descentralizado y ahora hay tres en distintos lugares de Chiclayo. Uno de estos es la sede de Cáritas.
Sobre la celebración de la festividad a la Cruz de Motupe, que tiene lugar en agosto, menciona que ya se ha reunido con el párroco de la jurisdicción y con miembros de la hermandad, a fin de coordinar cómo se desarrollarán las actividades para rendirle tributo al sagrado madero. Al igual que el año pasado, la mayoría serán virtuales.
“Estamos viendo la posibilidad de realizar una procesión, pero sin la participación de la gente, poniendo a la cruz en un vehículo correctamente preparado para llevar al madero por las calles de Motupe, pues sabemos de la importancia que tiene para los fieles. Estamos coordinando con las autoridades, con la Policía, la Subprefectura y la hermandad, buscando la manera de proteger la salud y al mismo tiempo celebrar nuestra fe”, detalla.
Planta de oxígeno
Sobre la planta de oxígeno que funciona en la sede de Cáritas, resalta que esta tiene una capacidad de llenado de 40 balones diarios, aunque los primeros meses la demanda fue tal que recibían 500 solicitudes diarias. Esta cifra ha disminuido y hoy se reciben entre 60 u 80 solicitudes diarias.
Además, refiere que antes de fin de mes llegará la segunda planta de oxígeno adquirida por la diócesis con los aportes de la colectividad en general. Esta será instalada en Mochumí.
“Hemos podido apoyar a las municipalidades de algunos distritos que no tienen planta, pero sí balones de oxígeno. En las noches o los fines de semana cuando la demanda era más baja hemos llenado balones para enviarlos a las tres provincias, así como a la provincia de Santa Cruz (Cajamarca) que también pertenece a la jurisdicción de la diócesis”, subraya.
José María Balcázar Zelada formará parte de la representación parlamentaria por Lambayeque en el próximo Congreso, aunque como representante de su gremio profesional aún tiene una deuda pendiente. Tras una gestión plagada de cuestionamientos al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, el electo padre de la patria aún no ha rendido el informe económico de su administración, hecho que viene generando serios perjuicios a la gestión actual, según denuncia el vigente decano Carlos Martínez Oblitas.
La insistencia de la actual directiva por que Balcázar Zelada rinda cuentas se debe a que el dinero de la orden se ha manejado en las cuentas personales del exdecano. Este caso se remonta a marzo del 2019, cuando inició la confrontación entre el entonces decano y casi la totalidad de su Consejo Directivo, salvo el director de Ética. A la fecha, existe una investigación en el Ministerio Público contra el extitular del ICAL por apropiación ilícita.
“A los dos meses de haber jurado Balcázar hubo un cisma entre dos partes de una misma lista, en un lado se quedó el decano y en otro la directora de Economía, y los manejos económicos en los bancos se hacen siempre con las firmas de ambos. No se puede sacar dinero si no está la chequera con las dos firmas. Eso motivó a que Balcázar abra una cuenta en la Caja Trujillo a título personal”, señala Martínez Oblitas.
La ruta del dinero
Refiere que entre el 2019 y el 2020 ingresaron a la orden profesional aproximadamente dos millones 800 mil soles, que son sobre los cuales José María Balcázar debe explicar en qué se invirtió, pues no ha dejado documentos sustentatorios ni libros contables que permitan realizar siquiera una auditoría.
“Hasta el presidente de una APAFA (Asociación de Padres de Familia), por más chiquito que sea el centro educativo, da cuenta con documentos de en qué se gasta el dinero. Yo no he encontrado documentación debidamente establecida, no hay libros, no hay actas, no hay contabilidad de ninguna clase, pero sí está probado que ingresaron dos millones 800 mil soles. Por la experiencia que tengo pienso que no se ha invertido todo el dinero. Una parte debe estar en su poder y tiene que entregarla en algún momento”, sostiene.
Además, José María Balcázar tampoco ha entregado hasta la fecha la medalla de la orden profesional, que además de tener un valor histórico, pues desde hace más de 20 años pasa de decano en decano, tiene un elevado valor económico, pues esta hecha de oro puro de 24 kilates.
“Le hemos remitido diplomáticamente y con el mayor respeto cartas notariales para que, además de rendir su informe económico, devuelva la medalla de la orden. Nadie más que él puede tenerla. Sin embargo, hace caso omiso. Tiene un valor histórico porque la han usado varios decanos solamente en ceremonias muy especiales, porque es peligroso que se pierda. Debe tener un valor de entre 40 mil y 50 mil soles”, afirma.
Pasivos
Martínez Oblitas advierte que la gestión de Balcázar Zelada le ha dejado una deuda de 150 mil soles, producto de una multa que le aplicó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, por la aplicación incorrecta de la suspensión perfecta de labores a un grupo de trabajadores, quienes debieron ser repuestos, pero la anterior directiva se negó.
Asimismo, menciona que la administración que lo antecedió tampoco les pagó gratificaciones a los trabajadores ni les dio vacaciones. Por el lado de las obligaciones tributarias, tampoco cumplió con el pago del impuesto predial a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
De igual forma, cuestiona que la gestión de Balcázar Zelada haya retirado la guardianía de la sede donde se edifica el centro de esparcimiento de la orden (carretera a Monsefú), pues producto de ello han ingresado a robar los vidrios, calaminas y material sanitario que se había instalado. En total, calcula que se debe haber perdido un millón de soles de inversión.
“Quisiera dirigirme al doctor Balcázar para que dentro del marco de la buena fe que debe haber entre las instituciones, y mucho más ahora que ejercerá un cargo de gran responsabilidad como es el de congresista, se presente y rinda cuentas, que diga qué cosas ha hecho y entregue la medalla. Después se verá si hubo un buen manejo o no. Eso lo determinará la auditoría que haremos”, destaca.
Inscripción registral
Producto de la disputa que hubo entre Balcázar Zelada y su Consejo Directivo, la gestión de Martínez Oblitas no ha logrado aún su inscripción ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP. Según explica el líder gremial, esto se debe a que José María Balcázar vacó a su vicedecano Yuri Díaz Jaime e inscribió esta vacancia ante la oficina registral.
“La SUNARP pone en tela de juicio cómo un decano encargado que estaba vacado pudo convocar a elecciones. Ese es el principal escollo. Estamos haciendo todo lo posible para lograr nuestra inscripción, sino tendremos que recurrir al Poder Judicial. Sin embargo, la inscripción es solo para efecto del tratamiento de los bancos, porque para todo lo demás ya hay un decreto supremo que me habilita a tener la vigencia como decano”, refiere.
Añade que la Junta Nacional de Colegios de Abogados ya lo reconoció como decano y que incluso basta solo con la presentación del acta de proclamación del comité electoral.
No obstante, hasta que su directiva no tenga la personería jurídica, la gestión de Martínez Oblitas no podrá abrir ninguna cuenta bancaria ni utilizar los fondos que tiene la orden profesional en las entidades financieras. Por lo pronto, el dinero que ingresa al colegio profesional se está empleando directamente para el pago de planillas y de fondo mortuorios.
Pandemia
Por otro lado, refiere que han fallecido 95 abogados en lo que va de la pandemia, de los cuales 85 han sido a causa del COVID-19. Apunta que su gestión se esfuerza por cumplir con el pago del fondo mortuorio, que asciende a seis mil soles.
Refiere que el colegio profesional ha adquirido 13 balones de oxígeno para atender a los abogados que lo necesiten, así como a sus familiares directos (padres, cónyuges en hijos). El costo por recarga, que en promedio en el mercado es de entre 800 y 900 soles, se descuenta del fondo mortuorio.
“Quiero dejar constancia que los colegas de la orden aportan cinco soles por mes, lo que al año hace 60 soles y en 30 años, mil 800. Sin embargo, a los familiares de quienes estuvieron al día en sus cuotas se les entrega un fondo mortuorio de seis mil soles. En algún momento los abogados tendremos que evaluar el monto del aporte (…) Si tuviésemos más dinero hubiésemos adquirido dos o tres veces más balones de oxígeno para alcanzar a los agremiados de Jaén, Chota y Cutervo, que también nos piden”, indica.
Gestión
Martínez Oblitas indica que está gestionando la implementación de una plataforma virtual que permita la intermediación bancaria, de modo tal que los agremiados del ICAL puedan realizar sus aportes mensuales desde cualquier parte del país. Esta fue una de sus promesas de campaña, pero debido a la difícil situación económica en la que se encuentra la orden aún no la ha podido cristalizar.
Menciona que ha pedido apoyo a algunas instituciones, las cuales en promedio han valorizado en 35 mil soles el costo de la instalación de este sistema. Por el momento su gestión está evaluando otras ofertas.
“Lo que estamos haciendo ahora es enviarles a los agremiados que no están en Lambayeque la copia escaneada, vía WhatsApp, de su habilidad. Les pedimos a los abogados que hagan sus pagos a través de un familiar o conocido”, invoca.
Por otro lado, afirma que han detectado que la gestión anterior otorgó colegiaturas a egresados, que no habían pasado por el tamiz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – CSJL, y cuyos títulos tampoco habían sido inscritos por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU. En total, hay 140 agremiados que están en esta situación.
“Les pedimos que regularicen sus papeles, porque hay algunos que llevan cerca de un año ejerciendo y no tienen título en SUNEDU. Eso no es correcto. Por eso nosotros solo estamos colegiando a los que ya tienen inscripción en SUNEDU y han pasado previamente por el tamiz de la corte”, asegura.
Reuniones
El titular del ICAL apunta que ya tuvo dos reuniones con Juan Riquelme Guillermo Piscoya, presidente de la CSJL, en las cuales han tratado la problemática de la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales, sobre todo ahora en pandemia.
“Hay una enorme preocupación porque las audiencias están demorando ocho meses, nueve meses y a veces hasta un año para ser reprogramadas. No sé si es por la dinámica propia de la virtualidad o porque los auxiliares de justicia y los mismos jueces y fiscales no son tan acuciosos, no dan un poquito más de su tiempo para acelerar los procesos. Hay una acumulación de expedientes a los que no se les está dando el trámite debido”, postula.
En contraste, felicita a Guillermo Piscoya por su práctica de realizar visitas inopinadas a las sedes judiciales, ya que eso motivo a los auxiliares jurisdiccionales a tener al día, en la medida de lo posible, los expedientes a cargo.
“Estamos fortaleciendo nuestro Consejo de Ética porque hay muchas denuncias contra colegas que no hacen mucho esfuerzo por tramitar las causas. La gente debe ser responsable”, menciona.
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Con la Disposición Fiscal N° 119, el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, denegó el acuerdo de colaboración eficaz con el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, señalado como presunto cabecilla de la red ‘Temerarios del crimen’, al no poder corroborar las declaraciones que este dio inicialmente, varias de las cuales rectificó. Los beneficiados directos serían excongresistas por el departamento y un fiscal superior.
El 3 de diciembre del 2018, el fiscal Carrasco Millones recabó la declaración del aspirante a cobrador eficaz David Cornejo Chinguel, elaborándose para ello el acta de declaración, como parte de las diligencias seguidas en el caso ‘Temerarios del crimen’.
De acuerdo a la fiscalía, dicha organización habría realizado actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Chiclayo entre el 2015 y el 2018.
En su declaración, inicialmente Cornejo Chinguel dio cuenta de tres presuntos hechos ilícitos que habrían sido perpetrados por los integrantes de la supuesta organización criminal. Al ampliar su declaración, añadió otros siete actos a investigar.
Caso Abel Concha
Uno de los primeros actos narrados por David Cornejo es el relacionado al fiscal superior Abel Concha Calla, a quien supuestamente se contactó con el propósito de conseguir apoyo en sus investigaciones.
Según el exalcalde, la última semana del 2018 se filtró en los medios de comunicación información relacionada a una investigación reservada en su contra.
“La segunda semana de septiembre de 2018 me aborda en mi domicilio (…) la persona de Willy Serrato Puse y me refiere sobre estos hechos y me refiere que tiene un contacto en Lima que me puede ayudar a manejar esta situación. Y además que inmediatamente viajaba y que traía obviamente la respuesta accediendo de manera voluntaria a que él vaya a Lima, yo cubriéndole el pasaje aéreo ida y vuelta y su alojamiento”, declaró.
Cornejo Chinguel añadió que a su retorno Serrato Puse le indicó que había conversado con el fiscal coordinador de la Fiscalía Suprema de Crimen Organizado y que “el trabajo” costaba 25 mil dólares.
“Como tuve temor accedí, quedé a la semana siguiente en alcanzar el 50 % del valor solicitado y luego le entregué a Willy Serrato Puse, en nuevos soles, la suma de 30 mil. Esta entrega la hice en casa de mi coordinadora de alcaldía Susana Culqui”, acotó.
Narró que en octubre de ese año viajó a Lima junto a Serrato Puse para conocerse al contacto, identificado como el fiscal superior Abel Concha Calla. Al salir de aquella reunión, el exalcalde de Olmos aseveró que sus contactos eran por relaciones con el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura – CNM.
A fines de octubre, Cornejo Chinguel entregaría otros 30 mil soles.
Según dijo, Abel Concha viajó a Chiclayo y se entrevistó con él en las oficinas de la Universidad Juan Mejía Baca. “Yo soy tu Chapulín Colorado y no te va a pasar absolutamente nada”, le habría dicho el fiscal.
En total, Cornejo Chinguel habría entregado – de acuerdo a su declaración – 80 mil soles destinados a Concha Calla.
El fiscal fue enviado a prisión preventiva por su presunta vinculación al caso ‘Temerarios del crimen’, pero fue puesto en libertad en julio del año pasado por la emergencia sanitaria. La investigación continúa.
Caso Planta de Transferencia
En el 2015 se concluyó el expediente técnico para la construcción de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, obra financiada con recursos de la cooperación suiza, con una inversión aproximada de 11 millones de soles, en la carretera Chiclayo – San José.
La licitación se realizó en el último trimestre del 2016, ganando la buena pro la constructora CRD Filial Perú representada por Cecilia Gonzales.
“El regidor Boris Bartra, Antonio Becerril Rodríguez y la señora Cecilia Gonzales, que fungía de representante de la compañía, me abordan en mi domicilio. (…) La señora Gonzales me deja en el mueble donde estaba sentada la suma de S/ 30,000.00 nuevos soles en una bolsa pequeña de regalo y ante eso le reclamo, pero Antonio Becerril, me dijo no te preocupes esa es una pequeña parte de lo que vamos a ayudarte”, declaró David Cornejo.
Añadió que a inicios del 2018, en una reunión en la que participó Boris Bartra, Cecilia Gonzales y Wilfredo Becerril, así como un ciudadano de origen colombiano, la representante de CRD increpó que había dificultades con el expediente y que ya habían entregado 200 mil soles.
Dijo que Antonio Becerril intercedió ante él para el pago de valorizaciones a favor de la empresa.
“En resumen, CRD International es una empresa de fachada que utilizan los hermanos Becerril Rodríguez y debo precisar que Cecilia Gonzales vive en el mismo edificio que vive el fiscal Abel Concha. Finalmente, debo precisar que por esta Planta de Transferencia yo recibí la suma de S/ 30,000.00 nuevos soles para que le adjudique la buena pro a la empresa CRD International”, declaró.
Congresistas y obras
Cornejo Chinguel declaró a la fiscalía que en marzo del 2015 se le acercó el entonces congresista Héctor Becerril Rodríguez, usando como intermediario al regidor Boris Bartra Grosso. Resultado de esa relación – afirma – se incluyeron en el presupuesto del 2016 dos proyectos: el mejoramiento de la transitabiliad vehicular y peatonal en el pueblo joven Fernando Belaunde Terry y la pavimentación de la avenida Nacionalismo.
“Mas menos en agosto del 2017 se llevan a cabo los procesos de licitación (…). El regidor Boris Bartra con el señor Wilfredo Becerril Rodríguez me dicen que se tiene que cancelar el 5 % del valor de la obra para ellos y el otro 5 % era para la gente de Chiclayo”, narró.
Precisó que en la Universidad Juan Mejía Baca entregó a Wilfredo Becerril un sobre manila con 50 mil soles por la obra del pueblo joven Fernando Belaunde. Semanas después entregó montos dinerarios a la misma persona por la obra de la avenida Nacionalismo.
Cornejo Chinguel precisó que el congresista Héctor Becerril le indicó en su despacho que cualquier coordinación la debía hacer con su hermano Wilfredo.
“En agosto del 2017 me lleva al partido Fuerza Popular para presentarme con Keiko Fujimori y para ser candidato que se elegiría para la ciudad de Chiclayo. Y yo le agradecí y le dije que el candidato debería ser Miguel Ángel Bartra Groso y Keiko respondió que no”, acotó.
Con apoyo de Héctor Becerril – dijo – se gestionó la obra de pavimentación de la avenida Pedro Cieza de León, hasta recibir pedidos del congresista Javier Velásquez Quesquén.
“Recibí en reiteradas oportunidades de parte del congresista Javier Velásquez Quesquén, que el compañero Nureña Sanguineti es constructor y deben tener un par de obras conforme me lo dijo, bajo esta presión el mejoramiento del parque Napo, de la urbanizaciones Quiñones, de un promedio de S/ 750,000.00 soles de presupuesto se le adjudicó a la empresa que representaba el señor Nureña. Personalmente no recibí ningún centavo, más que a dicho señor va a mi casa y me entrega dos wiskys etiqueta azul. (…) El congresista Velásquez también me agradeció”, narró.
Refirió que Velásquez Quesquén también habría intercedido a favor del otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la discoteca Premium.
“Respecto al congresista Celemente Flores, en el mes de junio del 2018 (…), llega a mi casa en horas de la noche y viene acompañado del señor Michael Llontop, la señora Vanessa Martínez Arévalo y el señor Nilton Monje Sampén. (…) me confirma que el candidato a la alcaldía de Chiclayo, por su partido, era Michael Llontop y pedía que le adscriba candidatos a regidores y ayudara como alcalde de Chiclayo en la campaña electoral, con recursos de diferente naturaleza, por ejemplo, dinero de las obras, de los servicios, entre otros”, declaró.
Argumentó que de su propio peculio entregó armadas de 10 mil soles para “ayudar” a Michael Llontop debido a que “unos empresarios” demandaban la devolución de 120 mil soles que habían entregado para su campaña, la cual habían garantizado con obras de la reconstrucción que no consiguieron.
Relató también que a través de su hermano, Noé Cornejo Chinguel, el entonces congresista por Cajamarca César Vásquez Sánchez había solicitado obras para un empresario de apellido Campos, adjudicándose la pavimentación del pueblo joven Elías Aguirre, esto a cambio de ayudar al hermano del alcalde en su campaña congresal.
Noé Cornejo le confirmó que había recibido 40 mil soles de “apoyo”.
En otro momento de su declaración, David Cornejo comentó conversaciones sostenidas con los también excongresistas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, afirmando que este último le pidió el traspaso de la unidad ejecutora de la obra de saneamiento básico del pueblo joven Santa Rosa a favor del Ministerio de Vivienda.
Caso obras de reconstrucción
Al respecto, David Cornejo citó la obra de la avenida Quiñones, por la cual – afirmó – el regidor Alfredo Montenegro habría recibido 70 mil soles de coima; por la obra de la avenida Elvira García, aseveró que esta habría sido negociada por los regidores Juan Carlos Pérez y Guillermo Lara, en tanto la obra de la avenida Francisco Cúneo fue asumida por los regidores Boris Bartra y Luis Carlos Cabrejos.
En la lista también ingresaron la avenida Paseo del Deporte y la Calle Independencia.
Caso Gerencia de Transportes
Según aseveró, su gestión separó del cargo de gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna, Edwin Vásquez, porque “a sola firma y sin el sustento técnico firmaba autorizaciones de carga y descarga”.
Dijo también que por la construcción de un grifo en la intersección de la calle Cajamarca y la prolongación Bolognesi se había entregado una coima de cinco mil soles al gerente de Desarrollo Urbano. Lo mismo afirmó respecto de un edificio construido en entre San José y Sáenz Peña.
“El otro tema de situaciones de reparo son los famosos paneles publicitarios los que están prohibidos de su autorización, porque se aprobó al comienzo de mi gestión una ordenanza municipal, prohibiendo su instalación en el ámbito de la ciudad de Chiclayo, y pese a esa ordenanza existen autorizaciones alargadas y que por la Gerencia de Desarrollo Urbano que emite esas autorizaciones”, aseveró.
Añadió que el regidor Ricardo Lara Doig “estaba metido en los paneles publicitarios”.
También sindicó al regidor Juan Carlos Pérez Bautista de haber recibido sobornos a cambio de tramitar autorizaciones para líneas de transporte interurbano. El mismo regidor habría estado involucrado en la contratación de la obra de mejoramiento de la calle Tarata. Respecto a la avenida del Ejército, afirmó que hubo pagos a Pérez Bautista y a Nilton Monje Sampén.
Sin elementos de convicción
El Informe N° 134-2020-DIRNIC PNP-DIVIAC-DEPDIAC-CH-EI-1, del 6 de agosto del año pasado, firmado por el suboficial Diego Díaz Colona, indica que no se pudo realizar actos de corroboración de las declaraciones de David Cornejo Chinguel, “por motivo que las declaraciones que ha brindado el imputado durante su detención preliminar (diciembre 2018), es información genérica, quedando inconclusa en fechas, lugares, identificación de cómplices, vinculaciones con los imputados, entrega de información documentada, reconocimientos fotográficos, números telefónicos y otros detalles importantes para la investigación”.
El fiscal Carrasco Millones sostiene en su disposición que si bien se ha logrado obtener nuevos hechos ilícitos de corrupción, Cornejo Chinguel no colaboró con brindar información referente a los hechos ilícitos que lo vinculan.
“Con el fin de recabar mayor información de los hechos ilícitos manifestados por el investigados David Cornejo Chinguel, el personal de la DIVAJ y RMP de la FECOR-CH, se han constituido en reiteradas oportunidades al Centro Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi) con el fin de realizar la diligencia de ampliación de declaración del investigado antes descrito, sin embargo esta persona en presencia de su abogado defensor Jovino Castillo Castillo, se ha negado aduciendo que hasta que no se resuelva la ‘declinatoria de competencia’, no iba a ampliar su declaración”, explica el fiscal.
“En ese sentido, las declaraciones brindadas por el aspirante a colaborador eficaz, son genéricas, sin medios periféricos que las corrobores, toda vez que no se ha logrado individualizar a la totalidad de personas que son integrantes, que estén vinculadas o que actúen por encargo de la presunta organización criminal, que sean miembros activos, así como su grado de participación, señalando las tareas o funciones que cumplían, y con respecto a la organización criminal, no se ha logrado establecer su estructura y ámbito de acción, su carácter estable y la forma de realización concertada y coordinada de los hechos presuntamente delictuosos de la organización criminal ‘Los temerarios del crimen’”, asevera el representante de la FECOR.
Esta afirmación, permite inferir que la teoría fiscal de que David Cornejo habría liderado una organización criminal que operó entre el 2015 y el 2018 en la comuna de Chiclayo, perdería fuerza.
Carrasco Millones añade que Cornejo Chinguel se ha retractado de sus declaraciones brindadas a su despacho en otros procesos llevados en otras fiscalías, por lo que se advierte el interés de no colaborar con la justicia.
“Además, la información brindada por el aspirante a colaborador eficaz, David Cornejo Chinguel, ya ha sido manifestada por otros colaboradores eficaces dentro del proceso de investigación de la carpeta 10-2018, sin datos adicionales o nuevos que pueda coadyuvar a la investigación”, remarca.
“En virtud de lo expuesto, para este despacho fiscal, no se ha superado la fase de corroboración de lo vertido por el aspirante a colaborador eficaz, por cuanto no se ha determinado la eficacia de la información proporcionada en contraste con los escasos elementos de convicción recabados para dicho fin, por lo tanto, no permite la obtención de beneficio alguno, por no haberse corroborado suficientemente sus aspectos fundamentales”, señala la disposición.
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La Fiscalía de la Nación presentó acusación constitucional contra los excongresistas Héctor Becerril, Javier Velásquez, Clemente Flores y Marvin Palma por sus presuntos vínculos con la supuesta organización de David Cornejo.
