Durante el periodo 2015–2024, el feminicidio en el Perú ha mostrado una persistencia alarmante que las cifras oficiales no logran desmentir. Lejos de evidenciar una reducción sostenida, los registros administrativos y estadísticos revelan una violencia letal contra las mujeres que se mantiene en rangos elevados, con picos recurrentes y una estabilidad que, más que tranquilizadora, resulta preocupante. Así lo confirma la Nota estadística N.° 09-2025, elaborada a partir de los registros del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, y del Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad (CEIC) del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
El documento pone en evidencia no solo la magnitud del problema, sino también las tensiones metodológicas y funcionales entre los sistemas de registro del Estado, cuya coexistencia permite observar el fenómeno desde distintas etapas del proceso de atención, investigación y validación judicial. Sin embargo, más allá de las diferencias técnicas, ambas fuentes coinciden en un diagnóstico central: el feminicidio no ha disminuido en el país durante la última década.
Dos registros, una misma violencia estructural
Entre 2015 y 2024, el CEIC del INEI reportó un total de 1345 feminicidios, mientras que el Programa Nacional Warmi Ñan registró 1384 casos con características de feminicidio en el mismo periodo. La diferencia numérica entre ambos registros no responde, según el propio documento, a inconsistencias estadísticas, sino a los distintos objetivos y alcances de cada sistema.
El registro del MIMP está orientado a la atención inmediata, el acceso a la justicia, el acompañamiento emocional y la gestión social de los familiares de las víctimas. En ese marco, incorpora hechos que presentan características de feminicidio aun cuando la calificación judicial definitiva esté pendiente. En contraste, el registro del INEI responde a un proceso de validación estadística rigurosa, sustentado en la investigación judicial, la depuración metodológica y el cotejo interinstitucional.
Esta dualidad permite observar el fenómeno tanto en su fase temprana como en su confirmación oficial. No obstante, el análisis comparativo muestra que ambos sistemas presentan patrones similares: baja casuística en 2015, un incremento progresivo hasta 2018, un descenso en 2020 y una estabilización posterior en niveles altos.
Picos Y descensos
En el registro del CEIC del INEI, los feminicidios aumentaron de 84 casos en 2015 a 150 en 2018, evidenciando un crecimiento sostenido en los primeros años del periodo analizado. A partir de 2019, la cifra se estabiliza en un rango elevado que oscila entre 137 y 154 casos anuales, sin mostrar una tendencia clara a la baja.
El año 2024 destaca como el más crítico del periodo, con 154 feminicidios, la cifra más alta registrada por el INEI desde que se cuenta con información sistematizada. En contraste, 2020 constituye el punto más bajo del tramo 2018–2024, con 137 casos, una disminución que no se consolida en los años siguientes.
El registro del MIMP refleja un comportamiento similar, aunque con cifras ligeramente mayores. En 2023, por ejemplo, se registraron 170 casos con características de feminicidio, mientras que en 2024 la cifra descendió a 162, sin que ello implique una reversión estructural de la tendencia. La coincidencia de picos en 2018 y 2024, así como el descenso común en 2020, refuerza la lectura de que se trata de un fenómeno persistente, más allá de las diferencias institucionales.
La tasa poblacional
Uno de los aportes centrales del INEI es la incorporación de un enfoque poblacional, mediante el cálculo de la tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres. Este indicador permite evaluar la magnitud del problema considerando el crecimiento demográfico y evita interpretaciones que atribuyan el aumento de casos únicamente al incremento de la población.
Según el documento, entre 2015 y 2018 la tasa pasó de 0,5 a 0,9, mostrando un incremento sostenido. Desde entonces, se ha mantenido estable entre 0,8 y 0,9, sin evidenciar una tendencia descendente hasta 2024. En ese último año, la tasa se ubicó nuevamente en 0,9 por cada 100 mil mujeres.
Este comportamiento demuestra que, incluso ajustando por población, el feminicidio no ha disminuido en el país. Por el contrario, se mantiene en un umbral elevado que sugiere la persistencia de factores estructurales de carácter social, cultural y relacional, tal como señala el propio análisis del INEI. La estabilidad de la tasa refuerza la idea de que las políticas implementadas hasta ahora no han logrado un impacto sostenido en la reducción de la violencia feminicida.
El registro integrado
El documento destaca que el Registro Integrado de Feminicidio del CEIC del INEI constituye un hito en la consolidación estadística del país y es reconocido como la cifra oficial sobre feminicidio en el Perú. Su desarrollo se visibilizó en 2019 con la publicación del informe “Los feminicidios y la violencia contra la mujer en el Perú, 2015–2018”, actualizado anualmente hasta incluir los datos de 2024.
Este registro integrado se construye a partir del cotejo caso por caso de tres fuentes administrativas: el registro del Programa Nacional Warmi Ñan del MIMP, el registro de feminicidio del Ministerio Público y el registro de muertes violentas de mujeres de la Policía Nacional del Perú. El proceso incluye la eliminación de duplicidades, la verificación en RENIEC y la validación conforme avanza la investigación judicial.
Si bien este método garantiza una base depurada y rigurosa, el propio INEI reconoce que introduce demoras en la difusión oficial de la información, dado que la actualización es anual y depende del avance de los procesos judiciales. En ese sentido, el registro del MIMP, actualizado mensualmente, cumple un rol complementario al permitir la detección oportuna de tendencias y la visibilización temprana de los casos.
Dato mata relato. Una minuciosa revisión del historial de contrataciones públicas permitió identificar que 52 candidatos a diputados por Lambayeque, quienes disputarán las cinco curules asignadas al departamento, han sido proveedores del Estado. De estos, sobresalen los que en el 2025 se beneficiaron con importantes contratos con el Gobierno Regional de Lambayeque y hoy postulan, precisamente, por el partido donde el coordinador local es el gobernador Jorge Pérez Flores.
Las contrataciones públicas de los postulantes a la Cámara de Diputados no forman parte de la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, al momento de su inscripción. La información ha sido recopilada de las plataformas de datos abiertos que buscan transparentar el manejo de los recursos públicos. Lo hallado deja varias interrogantes.
Corazón contento
Los candidatos de Somos Perú: Carmen Carhuallanqui Heredia, Franklin Santisteban Santamaría, Sujey Carmona Cruz y Karina Aguilar Gamarra, recibieron significativas órdenes de servicios del Gobierno Regional de Lambayeque hasta el año pasado.
Carhuallanqui Heredia, exregidora de Chiclayo, con el RUC 10166673637, recibió cuatro órdenes de servicios de la Sede Central que suman un total de S/41 500, según el siguiente detalle: fue contratada como locadora de la Oficina de Comunicaciones, pese a tener título de abogada, por S/9000, y para atención de protocolo por S/15 000, S/7000 y S/10 500. La candidata ha declarado tener entre sus bienes, un Audi Q3 color negro, valorizado en S/51 800.
La primera vez que el candidato Franklin Santisteban Santamaría fue proveedor del Estado ocurrió en el 2020, con una orden de servicios como bachiller en Ingeniería Industrial para EsSalud, por S/11 702. Sin embargo, su suerte cambió a partir de febrero del 2023, cuando fue contratado por S/21 000 como responsable técnico de la gobernación regional. En mayo volvió a tener una orden para el mismo puesto por S/8000; otra por S/16 000 como coordinador de la gobernación y otra en agosto por S/8000. En septiembre del 2023 hubo otra orden por S/24 000 y S/8000 más en diciembre.
El 31 de enero del 2024 fue beneficiado con una orden de S/30 000 por coordinación administrativa y en abril otra, también de S/30 000 por asesoría a la gestión pública. Entre enero y septiembre del 2025, recibió cuatro órdenes más que suman S/100 mil por asesorías a la gobernación regional. En total, Santisteban Santamaría ha cobrado al Estado S/256 702, de los cuales 245 mil fueron del Gobierno Regional de Lambayeque.
En la lista también figura Sujey Carmona Cruz, hermana del alcalde de Ferreñafe, quien en abril del 2024 recibió una orden para prestar servicio temporal como apoyo técnico pedagógico en la Gerencia Regional de Educación por S/5000. En agosto de ese año recibió otra orden por S/3000 para servicios en la Ugel Chiclayo; en octubre, una por S/7500 y en noviembre otra por S/3000. Carmona Cruz ganó por el Gobierno Regional de Lambayeque S/18 500. En julio del año pasado tuvo una orden por S/16 500 de Cuna Más. En total, suman S/35 000.
Karina Ibett Aguilar Gamarra, otra de las candidatas del partido del corazón, encontró la suerte en el Gobierno Regional de Lambayeque. Su primera contratación fue en febrero del 2023 para brindar acciones de apoyo ejecutivo, por S/7500. En mayo de ese año se le volvió a contratar para apoyo administrativo por S/7500 y, nuevamente, en agosto, por S/7500. En diciembre recibió una orden de servicios por S/3500 para gestión documentaria. Todas estas actividades fueron en la Sede Central.
En febrero del 2024 las contrataciones cambiaron de lugar y pasaron a la Gerencia Regional de Educación. El 16 de febrero recibió una orden por S/10 500 por apoyo a la Oficina de Gestión Pedagógica y cuatro días después, el 20 de febrero, otra por S/7500. En junio tuvo una orden por S/2500 y en septiembre por S/9000. Cerró el 2024 con dos órdenes por S/2500 y S/2850. Para el 2025 volvió a la Sede Central como auxiliar administrativo por S/10 500 y en octubre del año pasado volvió al sector Educación con una orden por S/4000. En total, ha recibido S/101 mil.
¡Claro que Podemos!
Flor del Rosario Reyes Cruz es candidata a diputada por Podemos Perú y de acuerdo a la búsqueda tiene una experiencia como proveedora del Estado, la misma que se remonta al 2020 como apoyo administrativo para el área legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Surco, en Lima, por S/1500, servicio prestado en julio, en plena pandemia del Covid-19.
En la misma lista figura Sara Elizabeth Loayza Samamé, quien en mayo del 2024 prestó servicios de asesoría legal al programa Cuna Más, por S/10 000. Entre agosto del 2024 y febrero del 2025, tuvo otras tres contrataciones con Cuna Más, por S/5000, S/18 000 y S/12 000. En marzo del año pasado brindo apoyo administrativo en el Hospital Regional de Lambayeque por S/1714.29. Entre marzo y mayo del 2025 hubo otras tres contrataciones por S/3000 cada una, y en septiembre una por S/15 000 con el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT. En total, ha recibido del Estado S/70 714.29.
Alexander Iván Torres Arroyo, también candidato de Podemos Perú, empezó como proveedor del Estado en el 2019, cuando brindó sus servicios de consultor a la Sede Central del Gobierno Regional de Lambayeque por S/4000. Ese año recibió otras dos órdenes de servicio por S/4000 cada una. En el 2021 volvió como asesor en gestión administrativa con una orden por S/2000 y otra por S/2429. La suma es de S/16 429.
Pero quien se lleva el premio mayor en la lista de candidatos a diputados por Podemos Perú es Juan José Chapoñan Sánchez, ex gerente regional de Agricultura, quien tiene un largo historial de contrataciones con el Instituto Nacional Penitenciario – INPE.
Su primera orden fue en diciembre del 2014, por S/7600, para la instalación de lámparas en la Oficina Regional Norte – Chiclayo. Ese mismo mes, recibió otra orden por S/5500 para el pintado de la pared externa de dicha oficina. Al año siguiente, en abril, tuvo una orden por S/10 900 para instalar un portón de metal en misma oficina, y en diciembre, por S/11 400, para el mantenimiento del muro exterior. También tuvo una orden para mantenimiento del piso interior por S/11 400, otra de S/10 600 para pintar la fachada; en el 2017, orden de S/5000 por arreglar el techo de un almacén del INPE Chiclayo y otra de S/20 260 por la mejora de la infraestructura del archivo de la oficina. Las contrataciones sumaron S/88 160.
También en Renovación
En Renovación Popular dos candidatos llaman la atención: Susy Janet Rojas Valdez y Benigno Alejandro Salazar Chapoñan. Ambos tienen algo en común, además del deseo de ser diputados por Lambayeque: fuero proveedores del Ministerio Público.
Los contratos de Rojas Valdez se remontan a mayo 2009, cuando firmó un arrendamiento por seis meses con el Ministerio Público de Lambayeque para el funcionamiento de un almacén, esto por S/19 800. En diciembre del 2011 suscribió otro contrato, esta vez por un año, también con el Ministerio Público para el alquiler del almacén por S/46 800.
Desde abril del 2013 hasta noviembre del 2025, Rojas Valdez ha recibido ocho órdenes para el alquiler del almacén, representando un desembolso total de S/147 600, que sumados a los primeros contratos hacen un total de S/214 200.
En el caso de Benigno Alejandro Salazar Chapoñan, este ha prestado servicios de defensa legal contratados por la Gerencia Administrativa Lambayeque del Ministerio Público, cobrando entre febrero y octubre del año pasado S/12 000.
Finalmente, aparece Henry Macedo Villanueva, quien ha prestado una larga lista de servicios al sector público por su función notarial, con montos mínimos que van desde los S/30 hasta los S/14 000. Son en total 234 órdenes de servicios registradas a su nombre, que suman en total S/601 mil 28, recibidos en 12 años de actividad como notario de Chiclayo.
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(*) Periodista especializado en bases de datos abiertos y contrataciones públicas.
Elías Neira, fraile de la Orden de San Agustín y actual director del Colegio San Agustín de Chiclayo, ha sido destacado por el ranking de influyentes en educación básica, realizado por el Grupo Educación al Futuro. En su habitual sondeo, el consagrado, quien es experto en educación, doctor en humanidades y docente universitario, alcanzó el segundo lugar con el 25.1 %, solo por debajo del ex ministro de Educación, Jaime Saavedra.
El también coordinador de la Comisión de los Agustinos de Latinoamérica fue destacado al colegio San Agustín de Chiclayo a finales de noviembre del año pasado, a fin de aportar una visión renovadora y centrada en la persona para fortalecer nuestro proyecto educativo.
Durante el 2025
El Grupo Educación al Futuro realizó su habitual sondeo sobre las personas más influyentes en la educación en el Perú, durante el año 2025. El sondeo incluyó a tres categorías: Educación Básica, Educación Superior e Innovación y Tecnología Educativa. La consulta se llevó a cabo en la última quincena del mes de diciembre de 2025, con una participación masiva de más de 4 mil personas, lo que le da una importante representatividad.
La votación fue realizada por la comunidad educativa del país compuesta de la siguiente manera: un 27% docentes de educación básica, es decir, profesores de inicial, primaria y secundaria; un 22% de directivos y personal administrativo de la educación básica; un 18% docentes de educación superior, es decir, profesores de pre y posgrado en universidades, así como en institutos y escuelas superiores; un 10% compuesto por autoridades, directivos y personal administrativo de instituciones de educación superior; un 7% de autoridades y funcionarios que laboran en instituciones del Estado, es decir, en el Ministerio de Educación, dirección de educación regionales, ugeles, etc.; un 6% de profesionales que pertenecen a empresas privadas y son proveedores de las instituciones educativas, sobre todo en soluciones y equipamiento tecnológico; un 4% consultores y especialistas en temas educativos, y, finalmente, un 6% de otras personas
Jaime Saavedra lidera nítidamente la encuesta de los más influyentes en las categorías de Educación Básica y Educación Superior; actualmente es director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial; anteriormente fue director global de Educación de la misma institución y exministro de Educación entre los años 2013 y 2016. Su influencia perdura en la agenda educativa nacional e internacional, y su vigencia se debe, además, a la publicación de artículos, libros especializados, participación en congresos, seminarios y redes sociales sobre la atención a la brecha digital, la transformación de la universidad, etc. Como ministro impulsó la reforma educativa hacia la mejora de la calidad educativa y la meritocracia docente, así como la reforma universitaria con la creación de la Sunedu.
Educación básica
Sube al segundo lugar el educador y coordinador de la Comisión de los Agustinos de Latinoamérica, Fray Elías Neyra (25.1%). Les siguen los reconocidos educadores León Trahtemberg (24.7%) e Idel Vexler (20.5%). Luego, la destacada docente de la UPCH Liliana Muñoz (15.6%). Mónica Fuentes (14.8%), directora del Colegio San Agustín y presidente de Adecopa, ingresa a la sexta ubicación. Aparece a continuación Ernesto Cavassa (14.7%), líder de los colegios Fe y Alegría. La congresista Flor Pablo (14.6%), el educador y consultor Paul Neira (14.4%), y Susana Díaz (11.6%), gerente de Adecopa, completan el top 10 del ranking.
Por su parte, logran importante avance en el ranking Susana Díaz, Giovanni Arias, Jorge Yzusqui y Jorge Camacho. Otros ingresos nuevos son Marcela Benavides, de Empresarios por la Educación y presidente de CADE Educación 2026; y Felipe Álvarez y Lenka Neyra, que lideran el Consorcio de Colegios Católicos y la Asociación de Nidos y Guarderías del Perú (ANGP), respectivamente. Finalmente, aparecen rezagados el ministro de Educación y el secretario general del Sutep. Cabe destacar que también recibieron votación Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación y director fundador de la Escuela Pedagógica de Lima; Jessica Susano, catedrática y presidenta de la Red Peruana de Educación Inclusiva; Mónica Garay, educadora y examinadora del Bachillerato Internacional; Vaneza Urueta, fundadora y expresidenta de la ANGP, y Guillermo Molinari, exviceministro de Educación.
Educación superior
El ranking es liderado por Jaime Saavedra con 30.6%. Les siguen, en el siguiente orden, el empresario y líder de la organización Usil, Raúl Diez Canseco (21.6%); la investigadora y directora de la Escuela de Posgrado y exrectora de la UPCH, Fabiola León Velarde (16.5%); Luis Lescano (14.3%), presidente del Consejo Nacional de Educación; el investigador y exministro de Educación Ricardo Cuenca (13.9%); la exdirectora de Pronabec, Alexandra Ames (13.4%); la rectora de la Universidad de Lima, Patricia Stuart (12.5%); Gonzalo Galdós (12.3%), presidente de IPAE; y los rectores Eduardo Roekaert (11.8%) de la UPC y Julio Valle (11.6%) de la PUCP, quienes completan el top 10.
En comparación con el ranking anterior, subieron de posición Fabiola León Velarde, Luis Lescano y Ricardo Cuenca, mientras que los nuevos ingresos al ranking fueron de Alexandra Ames, gracias a su dinamismo y trabajo en todo el país, así como el de Patricia Stuart, por el anuncio de novedosos proyectos en foros y medios de comunicación. Hay que destacar que también fueron mencionados Martha Chávez, rectora de la Universidad del Pacífico; Ernesto Álvarez Miranda, actual premier y exdecano de la Facultad de Derecho de la USMP; Lida Ascencios, rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, así como Elsa del Castillo, directora de Posgrado de la Universidad del Pacífico.
Innovación y tecnología educativa
Este es el ranking más disputado y dinámico, los candidatos han logrado importante votación con poca diferencia entre ellos. En esta categoría, contrariamente a los anteriores, no necesariamente están las autoridades académicas, sino personas, docentes o no, que están muy vinculadas a proyectos de innovación y emprendimiento, y desarrollan o difunden nuevas tecnologías y soluciones que impactan positivamente en la educación en nuestro país.
El ranking es liderado nuevamente por el profesor de Huancavelica Walter Velásquez (20.3%), creador del robot Kipi. La segunda posición la ocupa la profesora chiclayana Aleida Leyva (19.9%), reconocida entre los 50 mejores docentes del mundo 2021. En la tercera ubicación se encuentra Lea Sulmont (18.8%), educadora, especialista en tecnología e innovación educativa, seguida de Luis Dávila, speaker, asesor y especialista en temas de inteligencia artificial en el aula; el profesor de Tayacaja, Huancavelica, Gerson Ames (16.9%), quien ha obtenido varios reconocimientos por sus innovadoras propuestas didácticas en la enseñanza de las matemáticas; y Carlos Hereen (15.3%), director ejecutivo de UTEC – Tecsup, y de iniciativas EsHoy. El séptimo lugar es un nuevo ingreso en el ranking para José Romero (14.9%), comunicador, experto en marketing digital, fundador de EduMarketing Latam, seguido de Juan Cadillo (14.5%), profesor innovador y exministro de Educación; Astrid Chiri (12.8%), educadora, especialista en el ecosistema Google; y Jaime Montes (12.8%), CEO de Fundación Ser Maestro, quien cierra la lista en el décimo lugar.
Además de José Romero, ingresa en este ranking Alberto Grados, CEO de EdTech Latam, quienes asesoran a instituciones en la transformación digital y en IA, además de dirigir el podcast Después de Clase. También, Karim Rifai, fundador y CEO de Uaiky, una tecnología innovadora que funciona como una biblioteca digital portátil para llevar recursos educativos a zonas rurales sin internet, reconocido por el MIT por su innovador sistema.
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Fuente: EducacionalFuturo.com
El 15 de septiembre del 2016 a las 8:43 p .m. fue una fecha histórica para el desarrollo aeroespacial del Perú. Desde la base de ‘Arianespace’ en Kourou, Guyana Francesa, se lanzó el PeruSat-1, el satélite de observación terrestre operado por la agencia espacial de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú – Conida. Usando el cohete Vega de la Agencia Espacial Italiana como vehículo, el PerúSat-1 llegó al espacio y desde entonces ha logrado cerca de 500 mil imágenes que forman parte del almacén de la Agencia Espacial del Perú.
El coronel en situación de retiro Edgardo Barrueto Plaza, jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Conida y responsable de la construcción, lanzamiento y operación del satélite PeruSat-1, señala que ya se han entregado cerca de 136 mil imágenes satelitales a las instituciones que lo han solicitado, lo cual representa un ahorro para el Estado Peruano de más de 2000 millones de soles.
Utilidad
Al respecto, una de las situaciones en las cuales fueron requeridas estas imágenes fue durante la discusión entre Colombia y Perú por los límites fronterizos del distrito de Santa Rosa. “Nos pidieron imágenes de esta zona y el satélite tomó varias que sirvieron para frenar prácticamente las pretensiones de Colombia. Eso no tiene precio. Tenemos casi toda la historia del Perú desde el 2016 en adelante. Se trata de un legajo incalculable de lo que significa la historia de nuestro país desde el espacio”, sostiene.
Afirma que los países de primer orden promueven su crecimiento a partir del desarrollo espacial para hacer proyecciones estratégicas. El satélite, además, tiene un servicio dual, pues sirve para el desarrollo nacional, pero también para la seguridad y defensa nacional.
“El satélite va a cumplir diez años que es el tiempo de vida que nos dio el fabricante, pero no podemos quedarnos allí. El Estado Peruano tiene que comprender que, una vez que ya tenemos el satélite, no podemos nunca más quedarnos sin satélite en el espacio”, refiere el coronel, quien agrega que esto debe ir acompañado de un plan estratégico de desarrollo espacial, herramienta fundamental para el crecimiento del país.
Injerencia
Barrueto Plaza explica que el satélite PeruSat-1 tiene aproximadamente 44 millones de pixeles, con los cuales se pueden tomar imágenes que, a través de software especializados, brindan información de utilidad.
“Nosotros tenemos un convenio con Devida, que es una agencia que ve el sembrío de coca. Primero hacemos un trabajo de campo, vamos al lugar, tomamos la reflectancia de la hoja de coca, es decir, la longitud a la que refleja la luz del sol. Vamos al campo y tomamos la reflectancia de la hoja verde, madura y seca. Cuando luego vemos la imagen está en cromas, pero mediante un software podemos seleccionar que solo se vea en pantalla la hoja verde”, explica.
Si bien los satélites no avisan de la ocurrencia de desastres naturales, Barrueto señala que sí los puede prevenir, dado que a través de la visualización de las imágenes satelitales se puede determinar qué áreas son vulnerables, por ejemplo, ante la venida de algún huaico. Precisamente, la mayor cantidad de imágenes han sido adquiridas por instituciones del Estado han sido utilizadas para la gestión de riesgo de desastres.
“He escuchando cuando critican que el satélite no avisa cuándo va a haber un desastre. Lo que les digo es que ningún satélite en el mundo avisa la fecha y hora. Hay países muy desarrollados que tienen su satélite en el espacio, pero igual tienen problemas con los tornados y el desborde de los ríos. Un satélite no avisa, pero sí nos ayuda a prevenir. Nuestro principal cliente de las 136 mil imágenes que han sido entregadas ha sido la gestión de riesgo de desastres con más del 40 %. Ante cualquier emergencia nosotros compartimos nuestras imágenes para que ellos puedan tomar las decisiones más acertadas sobre qué acciones adoptar”, indica.
Indica que cuentan con un ‘background’ de imágenes de distintos fenómenos climatológicos como el Fenómeno El Niño del 2017, lo que sirve como base para cuando se activan desastres similares, a fin de que no se perjudique a zonas sensibles.
Política nacional espacial
De otro lado, Edgardo Barrueto señala que el Perú, y Lambayeque en especial, no puede dedicarse exclusivamente a la agricultura o la agroindustria, sino pensar en otro tipo de desarrollo. En su experiencia durante el lanzamiento del satélite peruano en Guayana Francesa, un puerto espacial es un polo estratégico de desarrollo que tiene implicancia a escala internacional, lo cual genera miles de empleos e impulso tecnológico.
Sin embargo, resalta que para tener un puesto espacial es necesario el respaldo de una política nacional espacial, que es en lo que precisamente viene trabajando la Agencia Espacial del Perú. Ya se ha validado el plan inicial o plan de pertinencia y ahora se encuentran en la etapa de consensuar el plan con las distintas instituciones públicas.
“Estimo que en año y medio o dos años podemos tener nuestra política nacional espacial. Eso es importantísimo porque una vez que se tiene una política nacional ya no se depende de un gobierno determinado, dado que el horizonte de una política nacional es de veinte a treinta años. Con esta política se crean programas, se generan presupuestos y se crean indicadores”, sostiene.
Destaca que el desarrollo espacial movió en el 2024 más de 300 billones de dólares en el mundo, de los cuales solo en satélites son más de 20 billones, lo cual demuestra un crecimiento exponencial año tras año.
“Esto es algo que debemos aprovechar. Los satélites o artefactos que se lanzan al espacio lo hacen a través de cohetes y los lanzadores que hay en el mundo no se van a dar abasto para lanzar esa cantidad de artefactos. Nosotros tenemos una ubicación privilegiada en Lambayeque que son las pampas de Reque, dado que están cerca a la línea del Ecuador, la cual se aprovecha porque es la zona más adecuada para que salga un cohete al espacio, ya que se aprovecha la velocidad de rotación de la tierra para llegar mucho más rápido y con menor consumo de combustible”, considera.
Agrega que la construcción de un puerto espacial permitiría generar recursos directos e indirectos que beneficiarían tremendamente a Lambayeque.
Falta de promoción
No obstante, el coronel en situación de retiro reconoce que una de las falencias que ha tenido la Agencia Espacial del Perú es la promoción de las actividades que realiza en el ámbito espacial, dado que aún pocas persones conocen que el Perú tiene un satélite en el espacio y los beneficios que esto trae, tanto para el desarrollo como para la seguridad y defensa nacional.
“Para el desarrollo del país se requiere de una triple hélice, donde está el gobierno, que da la gobernanza; la academia, que tiene que investigar para dar las mejores soluciones; y la industria, que presenta los problemas. La industria dice tengo este problema, tú academia resuélvelo y la academia le dice al Estado finánciame. Así trabajamos todos juntos. Pero cómo incentivo a la academia si no hay trabajo, cómo incentivo a la industria, si el estado no se compromete. Es bastante complicado. Siempre en todo campo de desarrollo, el principal proveedor es el estado que debe intervenir con políticas, incentivos e inversión”, sostiene.
En aras de la defensa nacional, refiere que el Perú ya no puede depender de otro país para obtener imágenes satelitales como antes lo hacía, no puede seguirle pagando a otro país para asegurar su soberanía. Hoy, con el satélite PeruSat-1 que tiene la capacidad para dar la vuelta al planeta, el Perú tiene mayores posibilidades para salvaguardar su defensa nacional.
“A los jóvenes que están inmersos en las tecnologías de la información les invito a explorar el desarrollo espacial. Esto ya no es el futuro, es el presente. Así como con los celulares, que hace veinte años la pregunta era quién tiene uno y hoy la pregunta es quién no tiene, lo mismo pasará con la tecnología espacial, que ya de por sí ha contribuido enormemente. Yo puedo, a través de un mensaje de WhatsApp, conectarme con alguien que está en China, a través de la tecnología espacial puedo saber cuál es mi ubicación, utilizo el Waze para ir de un punto a otro, utilizo el GPS. Ya no es el futuro, es el presente”, concluye.
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En un escenario electoral marcado por el descrédito de la política, la fragmentación partidaria y la reaparición del Senado como espacio clave de poder, la candidatura de Milagros Núñez Núñez al Senado de la República por Lambayeque, con la alianza Unidad Nacional, se presenta como una propuesta que busca diferenciarse del tradicional perfil parlamentario. Periodista de formación y militante del Partido Popular Cristiano - PPC, Núñez Núñez sostiene que el país requiere menos improvisación, pero también menos políticos profesionales alejados de la realidad ciudadana.
Su discurso pone el acento en la institucionalidad, la lucha frontal contra la corrupción, la meritocracia en el Estado y la necesidad de recuperar la gobernabilidad sin renunciar al equilibrio democrático. Desde esa perspectiva, defiende la experiencia técnica, el trabajo en equipo y el respaldo partidario como elementos suficientes para ejercer una labor legislativa responsable, aun sin haber ocupado antes un escaño en el Congreso.
Legislar no es improvisar
Uno de los cuestionamientos recurrentes a las candidaturas al Senado sin experiencia previa en el Parlamento apunta a su capacidad real para revisar, modificar o proponer leyes complejas. Frente a ello, Milagros Núñez Núñez rechaza la idea de que legislar sea un ejercicio reservado únicamente a quienes han pasado por el Congreso y reivindica el trabajo colectivo como eje central de su propuesta.
“La revisión de leyes no es un acto improvisado ni exclusivo de quienes han pasado por el Congreso. Unidad Nacional es un equipo, con asesores y exparlamentarios con experiencia como Lourdes Flores, Javier Bedoya de Vivanco; la tarea como senadora no es una labor individual, de tal manera que, además de que mi formación profesional como periodista me permite analizar normas con responsabilidad, criterio y sentido de realidad, cuento con el respaldo de un partido serio que es el PPC. El Perú necesita leyes bien hechas, no políticos de carrera desconectados de la gente”, indica.
Desde su mirada, el problema no radica en la falta de experiencia parlamentaria, sino en la desconexión entre el poder legislativo y las necesidades reales de la ciudadanía. En ese sentido, Núñez Núñez plantea que el Senado debe recuperar su rol de cámara reflexiva, orientada a la calidad normativa y no al cálculo político de corto plazo.
Corrupción: sanción, no discurso
La candidata al Senado sostiene que la lucha contra la corrupción no puede limitarse a declaraciones de intención ni a discursos de campaña. Por el contrario, afirma que se trata de un problema estructural que requiere decisiones legislativas concretas, fortalecimiento institucional y sanciones efectivas contra quienes usan el poder público para beneficio personal.
En esa línea, respalda las propuestas incluidas en el plan de gobierno liderado por el general Roberto Chiabra, enfocadas en dotar de verdadera autonomía y recursos a los organismos de control.
“Como lo ha planteado el general Chiabra en su plan de gobierno, primero el fortalecimiento real de la Fiscalía y la Contraloría, dotándolas de autonomía, presupuesto y protección frente a presiones políticas. Segundo, promover sanciones más severas y efectivas contra funcionarios corruptos, incluyendo la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Tercero, exigir total transparencia en el uso de los recursos del Estado, con acceso público a la información y control ciudadano”, señala.
Milagros Núñez Núñez remarca que el rol del Senado debe ser clave en la fiscalización y en la prevención, especialmente fortaleciendo la actuación de la Contraloría General de la República y promoviendo la creación de unidades especializadas anticorrupción en el Poder Judicial. A su juicio, la impunidad ha sido uno de los factores que ha erosionado la confianza ciudadana en el Estado.
Gobernabilidad sin sometimiento
En un país donde los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo han paralizado reiteradamente la gestión pública, Núñez Núñez plantea la necesidad de restablecer un equilibrio de poderes basado en el respeto constitucional y la madurez política. Para ella, el problema no es la fiscalización, sino su uso como herramienta de obstrucción o vendetta política.
“El equilibrio de poderes se basa en el respeto a la Constitución y en la madurez política. El Ejecutivo debe gobernar y ejecutar; el Legislativo debe legislar y fiscalizar, no obstruir. El país no puede seguir paralizado por enfrentamientos políticos: cuando los poderes del Estado se enfrentan por intereses personales o partidarios, pierde el Perú”, asevera.
La candidata advierte que el Senado no puede convertirse en un actor de bloqueo permanente ni en un espacio para la revancha política. En su propuesta, el bienestar ciudadano debe primar por encima de los intereses partidarios, y las reglas del juego democrático deben respetarse sin ambigüedades.
Resultados y no discursos
En el plano regional, Milagros Núñez Núñez señala que su candidatura al Senado tiene un compromiso concreto con Lambayeque, una región que, pese a su potencial económico y cultural, mantiene profundas brechas en servicios básicos y desarrollo territorial.
Desde su perspectiva, el Senado debe ser una plataforma para impulsar propuestas legislativas que promuevan el turismo y el desarrollo económico regional, pero también para exigir que el crecimiento se traduzca en mejoras reales en la calidad de vida de la población.
“Quiero resultados para Lambayeque. Impulsar propuestas legislativas que promuevan el turismo en la región, permitiendo el desarrollo económico, fortaleciendo servicios básicos y mejorando la calidad de vida de nuestra gente. No es justo que estando en el siglo XXI aún existan distritos, centros poblados y anexos sin agua, ni desagüe ni luz… ¿en dónde estamos? Un país y una región tan rica en esas condiciones. No más”, acota.
Núñez Núñez cuestiona que el crecimiento económico no haya llegado de manera equitativa a todos los territorios y plantea que el rol del Senado debe incluir una mirada descentralista, capaz de traducir las demandas regionales en decisiones nacionales.
Experiencia con valores y reforma responsable
Respecto a la candidatura presidencial del general Chiabra, la aspirante al Senado descarta que su trayectoria previa en el Estado sea un obstáculo para el cambio. Por el contrario, considera que su experiencia representa una garantía frente a la improvisación y el populismo.
Asimismo, se muestra consciente de las atribuciones del Senado en la designación de altos funcionarios del Estado, como los miembros del Banco Central de Reserva, el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional, subrayando que estos procesos deben estar guiados por criterios técnicos y éticos, no por repartijas políticas.
Finalmente, Milagros Núñez Núñez sostiene que una reforma constitucional puede ser necesaria, siempre que sea producto de un consenso amplio y orientada a fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad.
“La Constitución no debe cambiarse por capricho ni por coyuntura política, pero tampoco puede ser intocable cuando la realidad del país lo exige. Sí considero necesaria una reforma constitucional, pero seria, responsable y con amplio consenso.”
Para la candidata, el reto del próximo Senado será demostrar que la política puede recuperar credibilidad cuando se ejerce con principios, preparación y compromiso con el interés público. Su discurso apunta a un electorado cansado de la confrontación estéril y de las promesas vacías, y plantea que el verdadero cambio no está en destruir lo existente, sino en corregirlo con responsabilidad y firmeza institucional.
El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que marca un precedente importante para el sector pesca, pues ha dilucidado la controversia en torno a la Ley n° 26920 – Ley General de Pesca, y ha aclarado que esta no ha sido derogada por el Decreto Legislativo n° 1084, toda vez que este último dispositivo legal solo es aplicable para embarcaciones pesqueras de madera que hayan presentado su solicitud de permiso de pesca después del 21 de enero del 2003.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cárdich y Pedro Hernández Chávez resolvieron esto en el marco de la demanda presentada por los empresarios José Martín Palma Bernal y María Eudocia Mendoza de Palma en contra de sendas resoluciones emitidas por el Ministerio de la Producción en las que rechazaba su solicitud para obtener permisos de pesca.
Génesis del caso
José Martín Palma Bernal y María Eudocia Mendoza de Palma presentaron el 21 de enero del 2003 una solicitud de permiso de pesca a la entonces Dirección Regional de Pesquería de Piura, a fin de que su embarcación pesquera ‘Mary’, de matrícula CE-02528-PM y con una capacidad de bodega de 105.5 metros cúbicos, pudiera iniciar labores de extracción de anchoveta y sardina para consumo humano directo al amparo de la Ley n° 26920.
No obstante, el 16 de septiembre del 2010, a través del Oficio n° 6401-2010-PRODUCE/DGEPP-DCHI, el Ministerio de la Producción rechazó la solicitud, bajo el argumento de que esta había sido presentada extemporáneamente. Los empresarios interpusieron un recurso administrativo de apelación, el cual fue declarado improcedente por Resolución Viceministerial n° 012-2011-PRODUCE/DVP.
Sin embargo, Palma Bernal y Mendoza de Palma no se conformaron e interpusieron una acción contenciosa administrativa contenida en el Expediente 00856-2011-0-1801-JR-CA-16. Su demanda fue admitida en parte el 23 de julio del 2015 y, de esta forma, el Décimo Sexto Juzgado Especializado en los Contencioso Administrativo de Lima ordenó a la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero que admita, evalúe y califique la solicitud de permiso de pesca de la embarcación ‘Mary’ al amparo de la Ley n° 26920 y su reglamento.
Trabas legales
Pese a que se había ganado en dicha instancia, el Ministerio de la Producción dejó subsistente la Resolución Directoral n° 070-2019-PRODUCE/DGPCHDI, del 22 de enero del 2019, al declararse infundado su recurso de apelación mediante la Resolución Viceministerial N.º 00005-2020-PRODUCE/ DVMYPE-I. El fundamento fue que la Ley n° 26920 había sido tácitamente derogada por el Decreto Legislativo n° 1084.
Ante esta justificación, los empresarios pesqueros presentaron una demanda de acción de amparo, recaída en el Expediente 00872-2021-0-1706-JR-CI-07, ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, la cual fue denegada en primera instancia mediante la Resolución 14 del 11 de enero del 2023. Posteriormente, la sala supervisora (Primera Sala Civil de Lambayeque) confirmó la apelada a través de la Resolución 22 y declaró infundada la demanda de amparo.
Tribunal Constitucional
Fue así que los demandantes acudieron ante el Tribunal Constitucional y presentaron un recurso de agravio constitucional contra la Resolución 22, de fecha 13 de junio de 2023, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Con ello se buscaba que se declare nula la Resolución Viceministerial n° 00005-2020-PRODUCE/DVMYPE-I, del 3 de noviembre de 2020, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes contra la Resolución Directoral n° 070-2019-PRODUCE/DGPCHDI, que dio por agotada la vía administrativa.
En consecuencia, los empresarios buscaron que se declare nula la Resolución Directoral n° 0702019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 22 de enero de 2019, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de permiso de pesca, y que se reconozca la situación jurídica de los accionantes conforme a los efectos del ámbito jurídico normativo de la Ley n° 26920 para las embarcaciones de madera.
Tras la deliberación de los magistrados, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó al Ministerio de la Producción, a través de la Sentencia n° 1571/2024 recaída en el Expediente n° 03513-2023-PA/TC, proceder a evaluar la petición de autorización de permiso de pesca con relación a la embarcación ‘Mary’, cuando las condiciones restrictivas establecidas en el Decreto Legislativo 1084, específicamente sobre el recurso hidrobiológico de anchoveta, hayan variado.
Nueva negativa y respuesta definitiva
Pese a ello, el juez de primera instancia no quiso dar cumplimiento a lo mandato del Tribunal Constitucional, invocando el argumento que las condiciones restrictivas no habían variado, es decir, que el Decreto Legislativo n° 1084 sí había derogado la Ley n° 26920, por lo cual se presentó un recurso de apelación por salto, mecanismo procesal constitucional que permite apelar directamente ante el Tribunal Constitucional una resolución de primera instancia que incumple o ejecuta incorrectamente una sentencia previa del máximo intérprete de la Constitución.
En el análisis del recurso de apelación por salto, los magistrados valoraron que el requisito impuesto (variación de condiciones restrictivas) de ninguna manera podía suponer una traba indefinida para que la administración pública no ejecute la sentencia, máxime cuando en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional quedó plenamente determinado que se había vulnerado el derecho a la petición y a la tutela jurisdiccional efectiva por no cumplir con lo ordenado en la sentencia recaída en el Expediente 00856-2011-0-1801-JR-CA-16, que ordenó admitir a trámite y calificar en forma debida la solicitud de permiso de pesca presentada en enero de 2003.
Ante esta situación de permanente afectación de los derechos fundamentales de los apelantes, dado que desde el 2003 no podían lograr que su solicitud se admita a trámite y califique conforme a ley, los magistrados emitieron pronunciamiento sobre la variación de las condiciones restrictivas en las que fue dictado el Decreto Legislativo n° 1084. Indicaron que, si bien la Segunda Disposición Final del Decreto Legislativo n° 1084 estableció la prohibición de otorgar autorizaciones de incrementos de flota y permisos de pesca para el recurso anchoveta, Produce en el 2009 otorgó dos permisos de pesca sin que se haya presentado cuestionamiento sobre dicho mandato ni alegación sobre la citada disposición final.
Es más, el reglamento del Decreto Legislativo n° 1084, aprobado por Decreto Supremo n° 021-2008- PRODUCE, en su artículo 5, inciso 2, señala que se le asignará un LMCE (Límite Máximo de Captura por Embarcación) a las embarcaciones pesqueras que cuenten con permiso de pesca vigente para la extracción de los recursos en la fecha de entrada en vigencia de la Ley y a aquellas reconocidas por el Ministerio en virtud de resolución administrativa o judicial firme.
“Es decir, el reglamento del Decreto Legislativo n° 1084 reconoce la posibilidad de que, a través de una resolución judicial firme, pueda otorgarse permiso de pesca para la extracción del recurso hidrobiológico de anchoveta, por lo que se entiende que la prohibición establecida en la Segunda Disposición Final estaba referida únicamente a solicitudes nuevas que se presenten de forma posterior a la emisión del citado decreto legislativo (…) En ese escenario, se aprecia que las condiciones restrictivas variaron con la emisión del reglamento del Decreto Legislativo n° 1084”, se lee en la sentencia.
En virtud de ello, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de apelación por salto en favor del cumplimiento de la sentencia previa emitida por la misma institución el 27 de agosto del 2024, dado que se corroboró que la prohibición de otorgar autorizaciones de permiso de pesca hace referencia a nuevas peticiones, mas no a aquellas en trámite ingresadas de forma oportuna como el caso de los demandantes, cuya petición data del 21 de enero de 2003.
Para los abogados Marvin Palma Mendoza y Manuel Zeña Carretero, que patrocinaron la defensa de la parte demandante, el máximo intérprete de la Constitución enmendó la plana del Ministerio de la Producción, que en sendos pronunciamientos venía señalando que la Ley n° 26920 se encontraba derogada.
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