El ingeniero Martín Perales Saavedra postula al gobierno regional con la misión de superar lo hecho por el actual gobernador Jorge Pérez Flores, también de su partido Somos Perú. Es consciente de que carga con las bondades que le deja el gobierno, pero también con los pasivos que deberá corregir. En esa línea, si algo tiene claro Perales es que va a continuar con la descentralización presupuestaria hacia los distritos.
“Fuimos duramente criticados por la descentralización presupuestaria que hicimos como Somos Perú, pero estamos tratando de hacer el trabajo que el Estado no hace. Hemos trabajado de la mano con cada uno de los 38 alcaldes distritales, a quienes en mi gestión seguiremos empoderando”, manifestó.
Explicó que el gobierno no puede cerrar las brechas existentes en las regiones porque el 65 % del presupuesto nacional se queda en Lima, en los 19 ministerios, y solo el 10 % llega para los gobiernos locales, el cual debe repartirse entre las 1986 municipalidades distritales y las 196 provinciales. Por eso -subrayó- a nivel de Lambayeque Somos Perú ha distribuido el presupuesto entre los 38 alcaldes.
Añadió que los grandes proyectos de Lambayeque también han avanzado en la actual gestión regional y él los consolidará. Se trata de inversiones por cinco mil millones de soles: dos mil millones dirigidas al terminal portuario y tres mil millones al parque industrial y a la zona franca.
“En Somos Perú estamos trabajando en diferentes aristas, a través de Obras por Impuestos y de Inversiones público privadas que permitan encaminar estos grandes proyectos. Tenemos que apuntar a ser una región competitiva con nuestras vías logísticas. Necesitamos el terminal portuario, el parque industrial y la zona franca. Son proyectos que a largo plazo van a garantizar que Lambayeque tenga un crecimiento sostenido y sea el motor económico del Perú”, apuntó.
El panorama electoral en Chiclayo se encamina hacia una definición crucial en las Elecciones Municipales 2026, donde un total de 15 aspirantes a la alcaldía provincial buscan liderar el destino de una jurisdicción sumida en complejos desafíos. Quien resulte electo deberá asumir la conducción de un territorio caracterizado por profundas brechas en infraestructura, servicios básicos, seguridad ciudadana y gobernabilidad. La siguiente es una mirada profunda al escenario que recibirá el próximo gobernante de la “Capital de la Amistad”.
A nivel demográfico, la provincia de Chiclayo concentra aproximadamente a 880 000 habitantes, lo que representa el 67 % de la población total del departamento de Lambayeque. Con esto, se posiciona como la cuarta ciudad más poblada de todo el Perú, situándose únicamente por detrás de Lima, Arequipa y Trujillo. Asimismo, registra la densidad poblacional más alta del país, alcanzando los 11.93 habitantes por kilómetro cuadrado.
No obstante, este dinamismo poblacional contrasta violentamente con las precarias condiciones económicas de sus ciudadanos. Aunque Chiclayo genera el 65 % de la economía de la región Lambayeque, sostenida principalmente en las actividades de comercio y servicios, el mercado laboral exhibe una marcada fragilidad. El 67.3 % de la población ocupada se desenvuelve en la informalidad laboral. Además, la urbe registra el segundo ingreso laboral más bajo entre las ciudades evaluadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, situándose en el rango de S/1735 a S/2308.
Las deficiencias del entorno económico provincial también se manifiestan en el ámbito empresarial. Más del 80 % de las empresas dedicadas al comercio y los servicios operan bajo condiciones informales, al tiempo que el 82.4 % de las micro y pequeñas empresas (MYPE) registran un nivel de competitividad bajo. A este escenario se suma la ineficiencia burocrática institucional. Mientras que el plazo legal estipulado para la expedición de una licencia de funcionamiento es de 15 días, el trámite real toma hasta 60 días y puede ser aún más largo, dependiendo del tipo de licencia que se solicita, según información del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible – IDIS.
Desde luego, esta demora excesiva puede convertirse en la ventana perfecta para que aparezcan los cobros irregulares por agilización de trámites e incluso la falsificación de documentos.
Golpe de realidad
En el ámbito social, los niveles de pobreza reflejan un deterioro significado y alarmante. La pobreza estimada en la provincia de Chiclayo alcanza el 20 %, una cifra superior al promedio regional de 14.5 %. En el ámbito urbano provincial, la pobreza afecta al 12.7 % de la población, evidenciando un incremento significativo frente al 8.8% registrado en el periodo prepandemia. La situación alcanza matices críticos en distritos como Monsefú y Santa Rosa, donde los niveles de pobreza superan el 50 % de sus habitantes.
Un emblema central de la crisis comercial y de infraestructura urbana lo constituye el Mercado Modelo de Chiclayo, catalogado como un nodo comercial sumido en graves problemas, los mismos que han sido imposibles de resolver para el gobierno local. Diseñado inicialmente para albergar 950 puestos, a inicios de la década del 60, la estructura contiene en la actualidad a más de 2100 puestos formales. Sin embargo, en las mal llamadas plataformas (Balta, Arica, Cuglievan y Pardo) y los alrededores hay más de 4000 comerciantes informales que ocupan el espacio público.
El proceso de modernización del Mercado Modelo permanece paralizado debido a un conflicto legal y financiero no resuelto con 38 propietarios, cuyo plazo de ley para la expropiación ya ha vencido.
La agenda que deberá encarar el nuevo alcalde provincial incluye, de manera prioritaria, la seguridad ciudadana, percibida por los habitantes como un problema gravitante. De acuerdo con mediciones del año 2025, el 90.8 % de los chiclayanos teme ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses. En el plano delictivo, se reportan mensualmente 42 denuncias por extorsión, cifra que la Policía Nacional del Perú considera un dato subestimado debido a la falta de denuncias de muchas víctimas. El mapeo de la criminalidad identifica 75 zonas consideradas peligrosas en la provincia; de estas, 36 carecen por completo de cobertura regular o permanente por parte del serenazgo municipal.
Frente a la criminalidad, las capacidades de respuesta operativa del Estado y de la comuna se encuentran seriamente disminuidas. Respecto al equipamiento logístico policial, el 45 % de la flota vehicular adquirida recientemente para la Policía se encuentra paralizada desde el año 2023. En cuanto a los sistemas de vigilancia municipal, el 50 % de las cámaras de videovigilancia instaladas están fuera de servicio, siendo esta falla más acentuada en los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria.
Ciudad ruinosa
El deterioro del entorno urbano es igualmente visible en el estado de las vías de comunicación. La provincia enfrenta una crítica brecha a nivel vial donde el 95 % de la red vial vecinal se encuentra en condición inadecuada, según datos de la propia Municipalidad Provincial de Chiclayo del año 2024. Como consecuencia de esta ruina vial y falta de mantenimiento, el 75 % de la población manifiesta padecer problemas de acceso adecuado para transitar cotidianamente por la ciudad.
Esta crisis en pistas y veredas alimenta un severo caos en el transporte vehicular. Chiclayo ostenta el segundo lugar entre las ciudades más congestionadas del Perú, únicamente superada por Lima Metropolitana, según datos de la Asociación Automotriz del Perú expuestos por fuentes periodísticas. Esta saturación del tráfico genera una pérdida económica anual estimada en S/500 millones para la economía local. En términos de eficiencia de movilidad, trasladarse en un vehículo por Chiclayo toma hasta tres veces más tiempo en comparación con ciudades que cuentan con un diseño vial e infraestructura adecuados.
Los servicios sanitarios y de saneamiento básico presentan un panorama que requiere intervención urgente. El colapso del sistema de desagües en Chiclayo responde a tres causas fundamentales: la antigüedad severa y el deterioro de las redes tras superar su tiempo de vida útil, pues hay sectores con tuberías de hasta 60 años; la ejecución de obras deficientes e inconclusas, como las desarrolladas en el casco central de Chiclayo en el 2014, y la ausencia de un sistema de drenaje pluvial, lo que provoca el colapso sistemático de los colectores ante lluvias e intempestivas precipitaciones intensas.
El viejo problema del alcantarillado
En lo relativo al abastecimiento de agua potable, la ciudad no cuenta con provisión continua de 24 horas al día. En el casco central y en las zonas con mejor infraestructura, el suministro alcanza un plazo máximo de 18 horas diarias. Por el contrario, en los distritos periféricos y en las zonas altas, el servicio se restringe a un máximo de 4 horas al día, registrándose periodos donde transcurren varios días consecutivos sin acceso al recurso hídrico. Un ejemplo claro es lo que vive la población de los 12 pueblos jóvenes carretera a Pomalca, que, pese al presupuesto de más de 70 millones para la instalación de ambos servicios, sigue sin tenerlos.
Este complejo escenario operativo del agua y alcantarillado coincide con un cambio institucional determinante: el eventual retorno de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - Epsel a la administración de las municipalidades a partir del 2027. No obstante, se cuestiona el grado de preparación de los municipios distritales y provinciales para asumir dicha responsabilidad. En el pasado, Epsel atravesó agudas crisis derivadas de su instrumentalización política y de haber sido utilizada presuntamente como "caja chica" y botín partidario. Durante gestiones previas, la empresa priorizó contrataciones direccionadas, la incorporación desmedida de personal sin el perfil técnico requerido y el desvío de fondos, situaciones que menoscabaron gravemente su capacidad técnica e institucional.
Reto medioambiental
Por otro lado, la gestión de los residuos sólidos constituye otra prioridad impostergable en la agenda ambiental provincial. En Chiclayo se recogen diariamente 370 toneladas de basura, pero quedan aproximadamente 82 toneladas desperdigadas sin recolectar. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, ha reportado la existencia de 17 botaderos ilegales en la provincia, mientras que en la vía pública chiclayana se han contabilizado 280 puntos críticos de acumulación de desperdicios.
A pesar de que existen 288 recicladores formalizados e integrados en el programa municipal de segregación, se calcula que operan más de mil recicladores en la informalidad en todo el ámbito provincial, superando ampliamente al sector formal. La autoridad municipal que resulte electa deberá asumir la administración del nuevo relleno sanitario situado en pampas de Reque, infraestructura integrada a un sistema que abarca plantas de valorización de residuos orgánicos e inorgánicos, aunque diseñado con una vida útil de cinco años. Un desafío adicional radica en que 13 de los 20 distritos provinciales no están comprendidos actualmente dentro de este Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
En materia del entorno natural y paisajístico, Chiclayo padece una acentuada brecha de áreas verdes. La ciudad registra un índice de apenas 0.9 metros cuadrados de área verde por habitante, una cifra alarmantemente distante de los 9 metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud - OMS. Existe un déficit acumulado de 500 hectáreas de áreas verdes para alcanzar un estándar de sostenibilidad urbana. Asimismo, solo el 2.95 % del área central de la urbe corresponde a Espacios Públicos Equipados y Sostenibles – EPES, clasificación que engloba a parques, óvalos y paseos peatonales, un contraste severo frente al 50 % recomendado por las directrices internacionales de ONU-Habitat para ciudades sostenibles.
El trasfondo institucional sobre el cual operará la futura administración provincial está marcado por antecedentes de vulneración a la ética pública. Entre los años 2014 y 2022, tres alcaldes provinciales de Chiclayo fueron objeto de denuncias e imputaciones fiscales por presuntos actos de corrupción, que abarcan cargos por desvío de fondos públicos, cobro de cupos y direccionamiento de contrataciones. Uno de ellos está en prisión y otro salió hace poco.
Las cuentas municipales
A pesar de estos antecedentes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha registrado un incremento sostenido en sus recursos financieros. Entre los años 2016 y 2025, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de la comuna provincial se multiplicó por 1.87 veces. No obstante, este incremento presupuestal solo se tradujo en avances puntuales, manteniendo alejadas de su solución a las principales brechas en vialidad urbana, espacios públicos, manejo de residuos sólidos, saneamiento, transporte y seguridad. El análisis de la ejecución presupuestal subraya la urgencia de reestructurar el gasto municipal, orientando una mayor proporción de recursos hacia la inversión pública efectiva y reduciendo los gastos corrientes. No debe perderse de vista que la comuna de Chiclayo es la más endeudada del país, con cuentas por pagar por más de S/250 millones.
Finalmente, la autoridad que resulte elegida entre los 15 postulantes asumirá el control de una importante cartera activa de inversión pública. Dicha cartera comprende un total de 214 inversiones activas identificadas con Código Único de Inversiones (CUI), por un monto global que supera los mil millones de soles.
Retos de la próxima gestión serán el resolver el problema del tránsito y transporte, que incluye la construcción de uno o más terminales terrestres interprovinciales; reclamar al gobierno nacional la ejecución del proyecto integral de agua y desagüe cuyas obras empezarían recién en el 2032, así como del drenaje pluvial, prometido desde el 2017. También, atender la urgencia de nuevos mercados mayoristas y cumplir y hacer cumplir el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, cuya gestión es su competencia.
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(*) Periodista – Becario del Curso de Capacitación en Periodismo y Política para la Cobertura de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizado por Idea Internacional, la Fundación Gustavo Mohme y la PUCP.
Nota: Ilustraciones realizadas con IA.
La región Lambayeque enfrenta un escenario paradójico marcado por el crecimiento de sus recursos fiscales, pero condicionado por profundos retrocesos en competitividad, salud, educación y seguridad ciudadana. La evaluación técnica de los principales indicadores macroeconómicos y de gestión pública revela que, si bien la región cuenta con oportunidades para diversificar su economía y consolidar proyectos estratégicos, el próximo gobierno regional asumirá el reto de saldar brechas sociales históricas y transformar el aparato productivo.
“Al analizar el peso de Lambayeque en la economía nacional, observamos que la región aporta el 2,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) país, ubicándose en el puesto 13 a nivel nacional. Sin embargo, entre los años 2016 y 2025, el PBI regional aumentó 1.78 veces, una cifra que sitúa a Lambayeque en el puesto 21 en cuanto a dinamismo de crecimiento frente a otras regiones del país, muy por debajo de economías como Apurímac, que creció 3.66 veces, Moquegua con 3.29, Tacna con 2.49, Ica con 2.47 o Cajamarca con 2.12 veces. En el periodo acumulado entre 2021 y 2025, la economía real lambayecana registró una expansión de 9.6 %, con fluctuaciones anuales de 15.4 % en 2021, 2.2 % en 2022, una caída de -3.7 % en 2023, y recuperaciones de 4.8 % y 6.3 % en 2024 y 2025, respectivamente. Pese a esta dinámica, el PBI per cápita regional representa apenas el 59 % del promedio nacional”, explica Jesús Salazar Nishi, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible – IDIS.
Informalidad y sectores
Refiere que el crecimiento económico sostenido en las últimas décadas ha sido el motor indispensable para reducir la pobreza, pero la informalidad se mantiene como el límite más severo para alcanzar un desarrollo con equidad.
“En Lambayeque, 9 de cada 10 negocios operan dentro de la informalidad empresarial, lo que equivale al 90.6 %, mientras que 8 de cada 10 trabajadores se desenvuelven en condiciones de informalidad laboral, alcanzando el 74.8 %. Sin empleo formal e institucionalidad en los negocios, el bienestar social no podrá consolidarse de manera duradera”, anota el también expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI.
En términos de estructura productiva, precisa que se observa un preocupante desbalance sectorial entre 2016 y 2025. Mientras sectores como Construcción (+0,9 pp), Servicios (+0,8 pp) y Comercio (+0,6 pp) ganaron terreno, la Manufactura (-1.6 pp), el sector Agropecuario (-0.7 pp) y la Minería (-0.1 pp) perdieron peso.
“Esta pérdida de peso industrial es crítica para el encadenamiento productivo regional. La Manufactura es el sector con mayor efecto multiplicador en la economía: moviliza S/69 en insumos por cada S/100 producidos. En comparación, Servicios moviliza S/43, Comercio S/35 y la Agricultura tan solo S/28.5 en insumos por cada S/100. Debilitar la industria implica restar capacidad de generación de valor agregado a la región”, indica el representante gremial.
Por otro lado, informa que la canasta exportadora regional evidencia una altísima concentración. El 99.30 % de las exportaciones de Lambayeque corresponden al sector agroexportador. El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) alcanza un valor de 9.86 en 2025, lo que confirma una elevada vulnerabilidad y concentración en pocos productos. La oferta se divide principalmente en un 83.5 % de productos no industrializados o de procesamiento primario y apenas un 16.5 % de envíos con mayor nivel de transformación.
“El caso del arándano es ilustrativo: mientras el arándano fresco cotiza entre US$4.75 y US$7.5 por kilogramo, el arándano en jugo incrementa su valor de 2.4 a 2.6 veces, el deshidratado de 5.5 a 6.0 veces, y la extracción de nutracéuticos de arándano eleva su valor comercial entre 16.0 y 23.3 veces. La industrialización de nuestros recursos agrícolas representa una ventana de oportunidad indispensable”, señala.
Pérdida de competitividad
En materia de competitividad regional, el Índice de Competitividad Regional (INCORE) al 2026 ubica a Lambayeque con un puntaje de 5.6 sobre 10, situándose en el puesto 9 de las 25 regiones del país. Si bien la región muestra ligeras mejoras puntuales, ha perdido tres posiciones respecto al sexto lugar que ocupaba en el año 2021. Este retroceso se explica por caídas drásticas en pilares fundamentales entre 2021 y 2026: el pilar Laboral cayó 12 puestos, Infraestructura descendió 8 puestos y Salud retrocedió 7 posiciones.
“Aunque se registraron avances en Entorno Económico (+3 puestos) e Instituciones (+14 puestos), y Educación se mantuvo sin variación de posición, el deterioro de los servicios básicos para el ciudadano afecta seriamente el atractivo de la región para la captación de inversiones”, sostiene Salazar Nishi.
En el sector Salud, el panorama muestra alertas sanitarias sumamente graves que exigen atención inmediata. Respecto al 2021, la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses aumentó en 11.8 puntos porcentuales, alcanzando una tasa del 39.9 % en el último registro. La desnutrición crónica en menores de cinco años creció alarmantemente en 55.4 puntos porcentuales, afectando al 14.3 % de la población infantil. Asimismo, la cobertura de vacunación esquemática completa en menores retrocedió en 22.5 puntos porcentuales, cayendo al 69.1 %. En contraste, los indicadores de mortalidad materna cayeron en 68.4 %, ubicándose en 10 muertes por cada 100 000 nacidos vivos, y la mortalidad neonatal disminuyó en 16.4 %, alcanzando 7.1 por cada 1000 nacidos vivos.
En cuanto al recurso humano médico, Lambayeque dispone de 3.07 médicos por cada 1000 habitantes, lo que ubica a la región en el quinto lugar nacional, ligeramente por encima del promedio del país que registra 2.9 médicos por cada 1000 habitantes, aunque aún lejos del nivel de Lima Metropolitana que registra 4.56 médicos. “Estar cerca del promedio nacional no es suficiente cuando la infraestructura sanitaria de contención primaria padece graves deficiencias”, sostiene Jesús Salazar.
En el ámbito de la Educación, los resultados del Ministerio de Educación al 2025 revelan una preocupante brecha en los niveles de aprendizaje satisfactorio. En cuarto grado de primaria, solo el 29.6 % de los estudiantes de Lambayeque alcanza un nivel satisfactorio en Lectura, cifra distante del 48.8 % obtenido por Moquegua. En segundo año de secundaria, este indicador cae en la región al 14.6 %, mientras Moquegua registra 31.1 %. La situación en Matemática es igualmente crítica: en cuarto de primaria únicamente el 25.1 % de los alumnos alcanza el nivel satisfactorio, frente al 54.4 % de Tacna, y en segundo de secundaria la cifra se desploma al 9.1 % en Lambayeque, muy por debajo del 27.7 % de Tacna.
“Esta crisis en el aprendizaje está directamente vinculada con el deterioro infraestructural de las escuelas. El 62.7 % de los colegios en Lambayeque carece de acceso simultáneo a los tres servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, lo que representa un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto a 2021. Además, el 60 % de las escuelas públicas, equivalente a cerca de 2000 planteles educativos, requiere trabajos urgentes de reparación o reconstrucción total”, manifiesta.
En infraestructura vial, Lambayeque mantiene un elevado déficit en vías pavimentadas. El 79.2 % de las carreteras en la región no están asfaltadas. Al examinar las competencias por niveles de gobierno, la red vial vecinal bajo jurisdicción de las municipalidades presenta un 98.2 % de carreteras no asfaltadas. La red vial departamental, cuya responsabilidad directa recae en el Gobierno Regional de Lambayeque, registra un 69.1 % de vías sin asfaltar. Por su parte, las carreteras nacionales administradas por el MTC muestran un 14.4 % no asfaltado.
En seguridad ciudadana e institucionalidad, el deterioro entre 2021 y 2025 es transversal. Las cifras oficiales reportan un incremento vertiginoso de 209.5 % en la tasa de homicidios en la región, acompañado de un aumento del 30.8 % en los índices de victimización. A la par con el incremento de la violencia y el miedo, la confianza ciudadana en la Policía Nacional del Perú cayó en 38.3 % en la región.
Gestión pública
En relación con el desempeño institucional, el Índice de Gestión Pública Regional (IRGP) al 2024 ubica a Lambayeque en el sexto lugar nacional con un puntaje de 0.68. Entre 2019 y 2024, la medición de calidad de la gestión pública regional aumentó un 25.9 %, impulsada por mejoras en tres de los cuatro pilares evaluados: Salud, Educación e Instituciones.
Sin embargo, Salazar Nishi refiere que existe una marcada desconexión entre la disponibilidad presupuestal y el cierre de brechas. Entre 2016 y 2025, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del gobierno regional se duplicó, creciendo 2.13 veces. A pesar de contar con mayores recursos financieros, las deficiencias sociales persisten. Un ejemplo crítico provisto por el propio gobierno regional señala que el 97.8 % de los establecimientos de salud del primer nivel de atención presenta una capacidad instalada inadecuada. “Lambayeque requiere reestructurar sus patrones de gasto, incrementando sustancialmente la inversión pública de capital y conteniendo los gastos corrientes ineficientes”, anota.
Añade que la administración regional entrante heredará una abultada cartera activa de proyectos. Existen actualmente 568 inversiones activas registradas con Código Único de Inversiones (CUI), que acumulan un valor total superior a los S/9.9 mil millones. Un dato determinante para el planeamiento fiscal es que el 90.7 % del valor de toda esta cartera corresponde a proyectos cuyo avance físico y financiero es inferior al 25 %. Dentro de esta cartera destacan tres megaproyectos que demandan un presupuesto de S/2.09 mil millones: la construcción del Corredor vial Eten–Pomalca–Picsi por S/977 millones, las obras de regulación y riego del valle del Zaña por S/695 millones, y la edificación del complejo deportivo de competencia por S/417 millones.
“Para transformar de manera integral la matriz económica regional hacia el desarrollo sostenible, es imprescindible implementar un proyecto estratégico de largo alcance. Este plan debe basarse en el impulso a una estructura productiva más diversificada y con mayor valor agregado, la atracción de inversiones hacia el complejo productivo y logístico de Puerto Eten, y el fortalecimiento sustantivo de la eficiencia en la gestión gubernamental regional”, enfatiza.
De ejecutarse de manera rigurosa estas medidas de política económica y de gestión durante la gestión regional 2027-2030, Lambayeque lograría metas cuantitativas de alto impacto al cierre del ciclo quinquenal. En primer lugar, la tasa de pobreza regional disminuiría del 14.5 % registrado en 2025 a un 10.5 % al cierre de la gestión. En segundo lugar, el valor del PBI regional se incrementaría de S/27 092 millones en 2025 a S/39 000 millones para el término del periodo 2027-2030, impulsando una tasa de crecimiento estimada del 12.3 %. Finalmente, el PBI per cápita de los lambayecanos registraría un salto cuantitativo, pasando de S/19 742 en 2025 a S/28 000 hacia el año 2030.
“El desafío de Lambayeque ante el nuevo proceso electoral radica en superar el cortoplacismo y sentar bases sólidas para el desarrollo industrial, la infraestructura productiva y la equidad social. Es momento de asumir compromisos técnicos para construir juntos el desarrollo sostenible que la región requiere”, finaliza.
A solo tres días de las elecciones, casi todo está consumado. Los aspirantes al sillón municipal de Chiclayo han emprendido una fragorosa campaña electoral que no ha estado exenta de puyas y diatribas en la recta final. Entre los candidatos destaca sin duda la figura de Elber Requejo Sánchez, exalcalde de José Leonardo Ortiz, quien se perfila como una de las opciones con mayor posibilidad de ganar estos comicios.
“Chiclayo atraviesa un momento decisivo. Nuestra provincia no puede seguir postergada por la ineficiencia y la falta de rumbo. Exige experiencia, liderazgo firme y una gestión honesta”, señala Requejo Sánchez, quien recuerda que cuando asumió la responsabilidad de ser alcalde en José Leonardo Ortiz encontró un distrito devastado, donde tuvo que empezar de cero.
Hoy, asegura que esa misma determinación, honestidad y capacidad de gestión la pone al servicio de la provincia, a fin de conducir a la Municipalidad de Chiclayo por la ruta del desarrollo, pues conoce la administración pública y abe cómo ejecutar obras con transparencia, sin corrupción y con impacto real para cada vecino.
“Con trabajo incansable, transparencia y amor por nuestra tierra, demostramos que sí era posible transformar la calidad de vida de nuestra gente y cambiarle el rostro al distrito. Es momento ahora de devolverle el orgullo y la dignidad a Chiclayo. Un futuro de desarrollo, orden y cambio es posible y lo construiremos juntos”, asevera el candidato.
José Leonardo Ortiz
A diferencia de otros candidatos que son nóveles o que tienen recorrido, pero no resultados, Elber Requejo exhibe el cambio realizado en José Leonardo Ortiz como su principal garantía de que sabe cómo hace las cosas., pues en solo tres años y cinco meses de gestión logró que el populoso distrito supere los 253 millones de soles en inversión pública, gracias al trabajo articulado con el gobierno regional y el gobierno central.
“Nada de esto llegó por causalidad. Se consiguió gestionando, tocando puertas, sustentando proyectos y trabajando con expedientes técnicos en mano, porque así se hacen las verdaderas obras. Recibimos una municipalidad golpeada por décadas de malas gestiones y con deudas históricas acumuladas durante más de 30 años”, señala el exburgomaestre.
Apunta que dejó la municipalidad dejándola con las finanzas ordenadas, mayor capacidad de gestión e inversión y un rumbo claro hacia el desarrollo. Resalta que esto fue posible porque el pueblo se unió para cambiar su historia, ya que con anteriores alcaldes lo que primaba era el caos, el chantaje y los intereses personales.
“Las mafias que durante años frenaron el progreso de José Leonardo Ortiz ya no tienen espacio donde la transparencia, honestidad y el trabajo son la regla. Los números hablan por sí solos: dejamos más inversión, más obras y más futuro para José Leonardo Ortiz. Toda esa experiencia con resultados concretos, con obras definitivas y de calidad es la que queremos aplicar desde el primer día en la provincial de Chiclayo. Nuestra capacidad está demostrada y sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo devolverle el brillo a la ciudad”, asegura.
Chiclayo: el nuevo reto
Para Requejo, una diferencia que lo aventaja frente a otros candidatos es que ya sabe cómo solucionar problemas álgidos en una ciudad. Como él menciona, no viene a conocer la realidad de la ciudad, sino a solucionarla.
“No voy a llegar a aprender cómo funciona la gestión edil; ya sé cómo gestionar, preparar proyectos, tocar puertas y conseguir recursos. En José Leonardo Ortiz demostramos que un municipio con problemas históricos puede transformarse. Nuestra gestión superó los 253 millones de soles en inversión pública gestionada y ahora quiero poner esa experiencia al servicio de toda la provincia”, manifiesta.
En esa línea, señala que una de sus prioridades será recuperar Chiclayo, pues la ciudad necesita verse limpia, ordenada y transitable. Para ello se identificarán los problemas más urgentes y trabajar desde el primer día con metas concretas. “La gente está cansada de explicaciones, quiere soluciones”, enfatiza.
Transporte
Respecto a la problemática del transporte, Requejo Sánchez propone un ‘Programa Provincial Permanente de Recuperación de la Transitabilidad’, el cual consistirá en identificar puntos críticos para programar intervenciones por sectores y mantenimiento permanente, a fin de que no queden calles destruidas.
“No podemos esperar a que una calle quede destruida para recién intervenirla. Una vía en buen estado no solo mejora la imagen de Chiclayo, sino que reduce gastos en combustible, llantas y reparaciones para taxistas, transportistas y familias”, señala el ingeniero que en José Leonardo Ortiz logró la pavimentación de más de 30 kilómetros de calles y avenidas.
Así, refiere que implementará una ventanilla única para los taxistas, a fin de aminorar la burocracia reflejada en los tiempos en las colas. A ello se suma que simplificará los procesos para conseguir autorizaciones y renovaciones, todo esto con la proyección de que en el mediano plazo se pueda digitalizar.
Convencido de que el taxi es la fuente de trabajo de miles de chiclayanos, señala que no permitirá que de la noche a la mañana una familia pierda su herramienta laboral. Por ello, presentará un sustento técnico ante el Ministerio de Transportes para plantear una solución a las unidades por peso y cilindrada deberían salir de circulación, considerando que la tecnología automotriz ha evolucionado hacia vehículos compactos, modernos, seguros y eficientes.
Agrega que, mientras esa gestión avanza, propondrá al Concejo Municipal un régimen temporal de protección y regularización dentro de las competencias legales para evitar la persecución del trabajador, mientras se encuentra una solución definitiva.
“Sentándonos con quienes conocen la realidad, impulsaremos una ‘Mesa Técnica Permanente del Transporte’, integrada por taxistas, transportistas urbanos, colectiveros, especialistas y el municipio. Con ellos revisaremos paraderos, semáforos, puntos de congestión, informalidad y vías críticas”, refiere.
Para el candidato de Somos Perú, los problemas del tránsito no se resuelven desde un escritorio, sino que se hace escuchando a quienes pasan diez o doce horas al volante.
“Conozco el trabajo del transportista porque he vivido como mototaxista. Sé lo que sufren los que menos tienen porque he sido estibador y también comerciante ambulante. Sé lo que significa salir temprano sin saber cuánto llevarás a casa”, afirma.
Ambulantes e inseguridad
De otro lado, refiere que su gestión tendrá el firme propósito de recuperar los espacios públicos, pero también entenderá la realidad social de quien trabaja a diario para sostener a su familia.
“Como señalo, he sido comerciante ambulante y sé qué detrás de una carretilla hay una familia. Sin embargo, proteger al trabajador no significa permitir el caos; implica dialogar, ordenar, buscar alternativas y ayudar a formalizar. Orden sí, buso y persecución, no”, apunta.
Respecto a la inseguridad, aproxima la visión de un Chiclayo Metropolitano, donde se articulen tres herramientas: el Plan Cerco, el Patrullaje Sin Fronteras y Respuesta Inmediata, dado que la delincuencia no distingue límites territoriales entre Chiclayo, La Victoria, José Leonardo Ortiz o Pimentel.
“Necesitamos articular serenazgos, Policía Nacional, juntas vecinales y distritos. En José Leonardo Ortiz adquirimos unidades de seguridad, instalamos más de 300 luminarias, implementamos atención de emergencias las 24 horas y ejecutamos patrullaje en zonas críticas. Llevaremos esa experiencia a nivel provincial”, asegura.
La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, en alianza estratégica con el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible – IDIS, y el Semanario Expresión, fue escenario de un trascendental encuentro democrático donde seis candidatos a la alcaldía provincial de Chiclayo expusieron sus principales planteamientos para el desarrollo local. En el marco de esta jornada de debate y exposición de propuestas, las candidaturas participantes dieron un paso decisivo al suscribir un compromiso formal de gestión pública, el cual asumirán de forma vinculante en caso de resultar elegidos para conducir los destinos de la “Capital de la Amistad”.
El acuerdo firmado representa un pacto integral orientado a transformar la administración municipal y abordar las problemáticas estructurales que aquejan a la ciudad. En su primer punto, las candidaturas asumieron la responsabilidad de llevar adelante una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la meritocracia en la selección de los cargos de alta dirección. Este eje busca erradicar la corrupción y garantizar que los puestos de responsabilidad técnica y administrativa no sean utilizados como moneda de cambio para saldar favores políticos, personales o partidarios. En estrecha relación con ello, el segundo compromiso estipula la adopción de un modelo de gestión orientado a resultados, con metas verificables, presupuestos priorizados e indicadores públicos que permitan a la ciudadanía evaluar de manera periódica el avance real de las promesas de gobierno.
Seguridad y ordenamiento
La seguridad ciudadana ocupa un lugar central en este paquete de acuerdos. Frente al incremento de la criminalidad, los aspirantes al sillón municipal se comprometieron a liderar una estrategia integral basada en las competencias locales. Esta iniciativa contempla el fortalecimiento del serenazgo municipal, el despliegue y modernización de la red de videovigilancia, la intensificación del patrullaje integrado junto a la Policía Nacional del Perú, así como la mejora del alumbrado y la recuperación de espacios públicos, focalizando el accionar preventivo y operativo en los sectores con mayor incidencia delictiva.
En el ámbito del ordenamiento urbano y la movilidad, la hoja de ruta suscrita aborda el caótico panorama del transporte. El cuarto pilar establece la transformación progresiva del sistema de transporte urbano mediante el reordenamiento de las rutas de transporte público y de vehículos menores. La propuesta abarca la optimización de paraderos, la modernización del sistema de semaforización, el incremento de la fiscalización vial y el mantenimiento prioritario de la infraestructura vial para aliviar la congestión y agilizar el tránsito de peatones y mercancías. Asimismo, el quinto compromiso apunta a planificar el crecimiento territorial de Chiclayo. Para ello, se plantea la actualización del catastro y el cumplimiento riguroso de la zonificación y los instrumentos de desarrollo urbano, habilitando suelo adecuado para la vivienda, el comercio y la inversión privada, al tiempo que se rescata el patrimonio cultural, el centro histórico y las plazas para potenciar el turismo y la economía provincial.
Medioambiente y servicios básicos
La sostenibilidad ambiental y los servicios básicos constituyen otro bloque de medidas urgentes. Ante el recurrente problema del manejo de desperdicios, los candidatos acordaron garantizar un servicio continuo y eficiente de limpieza pública y recolección de residuos. Este plan contempla la correcta operación de los rellenos sanitarios e infraestructura de disposición final, la erradicación definitiva de los puntos críticos de basura y la implementación progresiva de programas de segregación en la fuente, reciclaje y valorización de desechos. Paralelamente, el noveno compromiso aborda la crisis del agua y saneamiento. Los postulantes asumieron la tarea de liderar y gestionar ante la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - Epsel, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – Otass, y el Ministerio de Vivienda, las inversiones requeridas para renovar las redes de agua y alcantarillado, comprometiéndose a asumir plenamente las facultades municipales una vez que se restituyan los derechos de los accionistas locales.
Finalmente, el acuerdo prioriza el impulso a la economía local y la formalización. El séptimo y octavo compromiso buscan convertir a Chiclayo en un polo atractivo para el emprendimiento mediante la simplificación administrativa, la digitalización de licencias y la eliminación de barreras burocráticas superfluas. A la par, se contempla la modernización de los mercados de la provincia, la recuperación de la vía pública ocupada de forma irregular y la creación de alternativas graduales que permitan a los comerciantes ambulantes y pequeños negocios transitar hacia la formalidad sin perjudicar su sustento diario.
Durante el desarrollo de la actividad, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Juan Manuel Scander, resaltó la predisposición y asistencia de los candidatos, destacando su firme respuesta al llamado de la sociedad civil organizada para construir una agenda común en favor de Chiclayo.
Luego de que desde la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque– Epsel, se advirtiera del desbalance hídrico por el que atraviesa el reservorio Tinajones y de un posible paso hacia el déficit hídrico, el presidente de la Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque, Gustavo Gonzales Gonzales, señala que no hay que alarmar a la población, puesto que junto al Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, y a la Autoridad Nacional del Agua – ANA, se están adoptando ya las medidas preventivas.
“Si bien es cierto, estamos como se dice criollamente ‘de bajada’, eso no significa que tengamos que alarmar a la población, a los agricultores. Es preocupante, sí, pero estamos trabajando para superar esto, con sacrificio, buena voluntad y el trabajo transparente que realizamos”, manifiesta.
Precisa que actualmente en el valle Chancay Lambayeque hay sembradas 180 000 hectáreas con diferentes cultivos, siendo el de mayor extensión el de arroz, seguido por la caña de azúcar, los de panllevar y los pastos.
Si bien reconoce que el volumen actualmente de 13.6 millones de metros cúbicos que hay en el reservorio Tinajones no es suficiente para regar la totalidad de estas 180 mil hectáreas, se están priorizando algunos cultivos programados. Reciente se le estuvo dando prioridad al algodón hasta el último anuncio de suspensión de la campaña hecho por el gerente general del PEOT, Miguel Ángel Pérez Valdivieso.
Consultado precisamente sobre su opinión en torno a la operación que hace el PEOT del sistema mayor de Tinajones, señala que ha cumplido parcialmente con su trabajo, según las condiciones económicas que ha tenido, pero asegura que en este momento se encuentran trabajando de forma coordinada para hacer frente al posible déficit hídrico y al Fenómeno El Niño.
Recurso hídrico
Al respecto, Santos Farías Cabrejo, gerente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay – Lambayeque, refiere que se han reunido con el grupo del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas – PADH, a fin de reajustar la cantidad de agua que se puede atender, considerando que se tiene un plan totalmente aprobado que para este mes considera una atención del recurso hídrico de 10.5 metros cúbicos por segundo, el cual se ha reducido a 6.5.
“Hasta el momento no se ha visto limitada la cantidad de agua para uso poblacional. Se viene entregando la misma cantidad de agua. Nos encontramos en la época de mantenimiento, por eso hicimos el corte general del canal Taymi en un período de 35 días, lo que nos permite manejar caudales mínimos”, indica.
Agrega que se están atendiendo cultivos permanentes desde Chongoyape y Pampagrande con el cultivo de caña, así como las empresas agroindustriales, Chiclayo y Lambayeque.
Sobre el embalse Tinajones, señala que el volumen disponible se encuentra aún por encima de la reserva técnica, por lo que espera que el PEOT comunique que el agua para uso poblacional se encuentra garantizada.
“Hay una situación en Tinajones. A veces la información que se emite corresponde a una resta aritmética. Dicen que hay sedimentación de casi 40 millones y se resta con la reserva técnica, por lo que luego se dice que hay un volumen de solo 20 millones. Eso no se condice con lo que realmente nosotros vemos los técnicos. La sedimentación no está en el fondo, sino en las partes laterales y eso ya prácticamente se desembalsó. Considero que tenemos aún recurso hídrico para atender a la población sin ningún problema un par de meses o más”, asevera.
Fenómeno El Niño
En tanto, Gonzales Gonzales señala que, de cara al Fenómeno El Niño, se han hecho trabajos de limpieza de drenes en 150 kilómetros, después de lo cual ha venido la limpieza de los canales.
Asimismo, indica que se ha renovado el año pasado la maquinaria de la Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque con la compra de una motoniveladora y una excavadora.
“Se ha estado trabajando con esa maquinaria, pero cuando llegué aquí el 11 de febrero encontré maquinaria paralizada. En nuestra gestión lo que hemos hecho es darle mantenimiento para que empiece a trabajar. Hoy tenemos un avance del 80 % en los canales gracias a la reactivación de la maquinaria de cara al Fenómeno El Niño”, manifiesta.
Laguna Boró
Asimismo, señala que, en articulación con Epsel, se han realizado trabajos de limpieza, descolmatación y acondicionamiento en el canal alimentador de la Laguna Boró.
Para ello, la Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque intervino con maquinaria, logística y combustible. Se puso a disposición una excavadora hidráulica CAT 320 CH, la cual registró 41 horas efectivas de trabajo continuo, y se asumió íntegramente la movilización, el transporte de la maquinaria y el suministro de 175 galones de combustible con recursos propios.
Deudas
De otro lado, precisa que cada comisión de usuarios tiene designada una determinada cantidad de agua asignada, cuyo costo promedio de hora que pagan por el recurso es de S/ 25.
En esa línea, refiere que el pago por el agua se realiza a contra entrega, pero actualmente la junta de usuarios tiene una cuantiosa tasa morosa por cobrar.
“Las agroindustrias tienen deudas con nosotros. Algunas adeudan seis millones de soles, otras nueve millones, una llega hasta doce millones, pero debo precisar que no todo el monto es por agua, sino que son intereses que se van sumando. Las azucareras también tienen deudas. Tumán nos debe nueve millones, Pucalá seis millones”, comenta.
Camino de vigilancia
En tanto, señala que, tras una inspección técnica realizada el pasado 3 de setiembre junto a la Comisión de Usuarios de Lambayeque, se constató la ocupación ilegal del camino de vigilancia del canal Yencala León (margen derecha) con construcciones de material noble, adobe, alambre de púas y zonas usadas para fabricar adobes. Estas acciones bloqueaban el libre tránsito indispensable para el mantenimiento y limpieza del canal.
Esto motivó que se formalice la denuncia penal por el delito de usurpación contra quienes resulten responsables de los actos de ocupación, invasión y perturbación del área intangible.
“La Junta de Usuarios advierte que estas invasiones y construcciones ilegales vienen impidiendo y dificultando gravemente el libre acceso necesario para la vigilancia, operación, mantenimiento, limpieza y conservación de la infraestructura hidráulica, poniendo en riesgo la operatividad del sistema de riego en beneficio de los agricultores”, exclama.
La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Janet Cubas, anunció que el Otass dejaría la empresa de agua a pedido del municipio. La norma no contempla esa salida, la próxima evaluación llegará en 2027 y, pese a las cuentas en azul, el servicio de saneamiento no mejora. Recordemos que las municipalidades a cargo de la empresa dejaron más de 200 millones en pérdidas.
El 19 de setiembre, durante una ceremonia en Santa Elena, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, declaró a la prensa que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) se retiraría de Epsel S.A. tras sus gestiones ante el Ejecutivo. Según lo declarado, el proceso podría concretarse en el último trimestre del año o a inicios de 2027; los municipios retomarían la gestión y ya se habría propuesto al ingeniero Aníbal Cáceres Narrea como representante de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dueña del 76.94 % de las acciones.
El anuncio contraviene lo establecido en el Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en nuestro país.
¿Qué es el RAT?
Epsel está en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) desde el 2017 cuando fue intervenida. El Consejo Directivo del Otass declaró su inicio el 22 de junio de ese año y el Ministerio de Vivienda lo ratificó con la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, publicada el 11 de julio de 2017.
Según el artículo 94 del Decreto Legislativo 1280, el RAT busca mejorar la eficiencia de la empresa y las condiciones del servicio mediante su reflotamiento en tres frentes: sostenibilidad económico-financiera, de la gestión empresarial y de la prestación. Lo dirige el Otass. Mientras dure, la junta de accionistas queda suspendida, cesan el directorio y el gerente general, y el Otass asume sus funciones (artículo 98). Las acciones siguen siendo de los municipios, pero estos ya no participan de la administración de la empresa.
¿Cuáles son las causales de intervención?
El artículo 89 fija tres grupos de causales: económico-financieras (la posible insolvencia); de gestión empresarial (incumplir normas de directorio, gerencia y buen gobierno, actos lesivos o de corrupción, no adecuar estatutos o desacatar medidas correctivas de la Sunass); y de prestación del servicio (ineficiencia medida por los indicadores de cobertura, continuidad y calidad aprobados por la Sunass, o incumplimiento de obligaciones legales y técnicas). Epsel entró por insolvencia económico-financiera y por causales críticas en la prestación de los servicios.
El artículo 95 fija una duración máxima de 15 años, salvo que se firmen contratos con operadores de gestión o asociaciones público-privadas. Para Epsel, el plazo vence en 2032.
No se sale del RAT a pedido de parte
La conclusión está reglada en el artículo 102 del Decreto Legislativo 1280, que establece que cada tres años, la Sunass evalúa a la empresa con los criterios del artículo 89; su Consejo Directivo determina si las causales se revirtieron y recomienda al Otass continuar o concluir el régimen; el Otass aprueba la conclusión por acuerdo de su Consejo Directivo y el Ministerio de Vivienda la ratifica por resolución ministerial. Ninguna disposición permite terminar el RAT porque lo pida un municipio accionista.
Los resultados de la intervención de la Otass en Epsel ya fueron evaluados hasta en dos oportunidades. La primera, con datos al cierre de 2020, se aprobó en diciembre de 2021 y concluyó que los problemas de insolvencia y calidad del servicio no habían sido superados y, por tanto, debía seguir en el régimen. La segunda, con datos al cierre de 2023 (Informe N° 015-2025-SUNASS-DF), concluyó que, si bien los problemas de solvencia se estaban superando, la intervención de la Otass debía continuar. La próxima se hará en 2027 con los indicadores al 31 de diciembre de 2026, cuando Cubas Carranza ya no será alcaldesa de Chiclayo.
La respuesta del Otass
El 21 de setiembre, el Otass emitió un comunicado aclaratorio señalando que, la conclusión del RAT sigue un procedimiento establecido por ley, que involucra a la Sunass, al Otass y al Ministerio de Vivienda, y «no a una decisión unilateral». Los municipios, añadió, participan conforme al marco legal.
Dos días después, su Consejo Directivo designó seis cargos de confianza en Epsel, publicados en El Peruano el 24 de septiembre: las gerencias de Asesoría Jurídica; Desarrollo y Presupuesto; Ingeniería, Proyectos y Obras, y Operaciones, y las subgerencias de Logística y de Producción de Agua Potable. La Gerencia de Operaciones pasó a Miguel Nicolás Fanzo Niquén (servidor de Epsel); la ocupaba desde julio de 2022 Enrique Rentería Campos, también servidor de planta de Epsel.
Superando la insolvencia con ayuda
Para medir la solvencia, la Sunass y el Otass usan tres indicadores. La liquidez (40 % del puntaje) mide si la empresa puede pagar sus deudas de corto plazo; la liquidez corriente divide el activo corriente entre el pasivo corriente, y la prueba ácida hace lo mismo sin inventarios. La solvencia y generación (40 %) mira el endeudamiento frente al patrimonio, la cobertura del servicio de deuda (flujo de caja libre frente a obligaciones financieras), la generación comprometida y la pérdida patrimonial. La rentabilidad (20 %) evalúa los márgenes operativo, neto y EBITDA, el peso de los gastos operativos y el retorno sobre activos (ROA). Con menos de 25 puntos en estos tres indicadores, la empresa es insolvente.
En 2017, Epsel tenía apenas S/ 0.23 de activo corriente por cada sol de deuda de corto plazo y perdió dinero todos los años hasta 2021 (S/ 4.7 millones en 2017 y otros S/ 4.7 millones en 2021). Desde 2022 reporta utilidades: S/ 6.4 millones en 2022, S/ 3.3 millones en 2023, S/ 4.6 millones en 2024 y S/ 3.7 millones en 2025. Con datos de 2023, la Sunass le dio 40.90 puntos y concluyó que superó la insolvencia, aunque con solvencia «baja».
En 2023, el margen operativo fue de −13.75 % y el ROA de −13.50 %; el negocio de vender agua sigue en pérdida. La utilidad llega por «otros ingresos». En 2024, Epsel perdió S/ 22.9 millones en su operación y cerró en azul gracias a S/ 29.4 millones de otros ingresos, por infraestructura transferida y subvenciones del Estado. En 2025 ese rubro sumó S/ 29.5 millones, con subsidios gubernamentales y donaciones. A ello se suman las transferencias del Ministerio de Vivienda y del Otass para obras; al cierre de 2024, la empresa tenía S/ 72.5 millones disponibles en donaciones y transferencias, de ellos S/ 49.2 millones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y S/ 13.9 millones del Otass. La insolvencia se revirtió con inyecciones de recursos públicos, no con una gestión eficiente.
El servicio no mejora
Los indicadores que importan al usuario son otros: la cobertura (qué parte de la población tiene agua y alcantarillado), la continuidad (cuántas horas al día llega el agua) y la calidad (presión, cloro residual y cumplimiento de metas). Allí no hay mejora.
La continuidad cayó de 16.75 horas al día en 2017 a 12.95 en 2025, por debajo de la meta de 14. La propia empresa lo atribuye a la mala distribución y al clandestinaje. La cobertura de agua pasó de 85.7 % a 86.8 % entre 2017 y 2023, y la de alcantarillado bajó de 80.6 % a 79.4 %. La Memoria de Gestión de Epsel de 2025, utilizando otra metodología, reporta 80 % en agua y 72.4 % en alcantarillado. La presión fue de 6.43 m.c.a. en 2025, bajo la meta de 7. El agua no facturada llegó a 46.7 %: casi la mitad del agua producida no se cobra. En 2023 hubo 215 reclamos por cada mil conexiones. Solo el cloro residual está dentro de los estándares requeridos.
La Sunass midió el cumplimiento de las metas de gestión del año regulatorio 2022-2023 en 36.32 %, muy lejos del umbral de 85 %. No pudo cerrar el análisis porque se suspendieron las evaluaciones de los años previos.
Nueve años después de la intervención, Epsel tiene balances más sanos y el mismo servicio deficiente. La salida del RAT no depende de un anuncio en una ceremonia, sino de que esas cifras cambien. Y eso se sabrá recién a finales del 2027.
