El debate de segunda vuelta no tuvo ganador decretado por árbitros ni por aplausómetros. Lo que sí quedó en evidencia es que el Perú tiene ante sí una elección que trasciende las simpatías personales o las animadversiones históricas. Es una elección sobre el modelo de país, que se encaja sobre si el Estado debe ser un facilitador de espaldas o un protagonista activo; sobre si la inversión privada es suficiente para cerrar las brechas territoriales o si hace falta un músculo público más robusto; sobre si la seguridad jurídica que demandan los inversores es compatible con la justicia social que exigen las comunidades más pobres.

Ello implica reducir la desconfianza interpersonal e institucional, fortalecer el Estado de derecho, ampliar la participación política efectiva y reducir las asimetrías de poder. Ninguno de los dos modelos en debate es suficiente por sí solo para responder a esa agenda. La pregunta que quedará flotando en el ambiente del Centro de Convenciones de Lima  y en la mente de los más de veinte millones de electores que deben decidir el 7 de junio es cuál de la ruta que va enrumbar el país  y que han quedado sin resolver: ¿Crecer primero y distribuir después, o distribuir al mismo tiempo que se crece? ¿Confiar en el mercado o fortalecer al Estado? ¿Priorizar la estabilidad macroeconómica o la equidad social?.

País dividido

Lo que se evidencia hasta ahora es una marcada división territorial en las preferencias electorales. En Lima y Callao, la candidata de Fuerza Popular muestra una ventaja importante sobre Roberto Sánchez, lo que refleja la influencia del electorado capitalino, tradicionalmente más inclinado hacia posturas conservadoras en materia económica. En el norte del país, Fujimori también conserva una posición favorable, aunque con una diferencia menos amplia.

No obstante, el escenario cambia de manera considerable en el sur y en la selva. En el sur andino, donde persisten memorias de exclusión histórica y tienen fuerte presencia las identidades comunitarias, Roberto Sánchez logra mayor respaldo frente a Fujimori. De igual forma, en la Amazonía peruana, territorio marcado por profundas brechas de desarrollo, Juntos por el Perú alcanza una posición destacada frente a Fuerza Popular, configurando un panorama electoral abierto e incierto.

El crecimiento  económico liberal de Fuerza Popular se enmarca en impulso a la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs), titulación masiva de la propiedad y seguridad como condición sine qua non del desarrollo económico. Su postura es la de un modelo que confía en el mercado como motor primario del crecimiento, con el Estado asumiendo un rol de facilitador y no de protagonista. Por otro lado, el modelo de apertura comercial que el Perú ha consolidado en las últimas tres décadas, frente a las señales en su lectura de estatismo que emite la propuesta de su rival.

Mientras la economía social de Roberto Sánchez abrió el debate con un encuadre que resumió con precisión su visión de país: "Tenemos que ser más solidarios" y es necesario acabar con lo que llamó "la dictadura congresal". Su discurso económico apunta hacia lo que él denomina una "economía social desde el Estado", un modelo que recoge influencias de la socialdemocracia europea y que otorga al aparato público un papel más activo en la redistribución y la planificación del desarrollo.

Decepción ciudadana

Sin embargo, es claro que la insatisfacción con el funcionamiento del sistema político es alta y persistente. Siendo la confianza en instituciones representativas como el Congreso, partidos, Poder Judicial es de las más bajas de América Latina. La percepción mayoritaria es que se gobierna para los poderosos y no para el pueblo, teniendo la cifra del 2024, donde apenas el 20% de los peruanos encuestados por Latinobarómetro consideraba que el gobierno actúa en beneficio de toda la ciudadanía, sosteniendo que la conflictividad social crece y las economías ilegales de narcotráfico, minería ilegal se expanden con particular virulencia en las regiones con menor presencia estatal.

Por ello tenemos claro que  el progreso económico de las últimas décadas ha sido inconstante, en la que el Perú aún tiene desafíos en la reducción de la pobreza y de las desigualdades de ingresos, donde la gobernabilidad ha seguido teniendo déficits y dificultan el acceso de las personas a bienes y servicios públicos de calidad que expandan sus capacidades, así como a la protección estatal frente a la arbitrariedad y los choques adversos, lo cual genera vidas cada vez más inciertas.

Siendo un círculo vicioso de la insuficiente efectividad y de la débil legitimidad que hace más difícil para los actores  públicos, privados y sociedad civil lograr impulsar reformas y políticas públicas  claves que son necesaria para promover el desarrollo humano. Además,  que aún el crecimiento desigual preserva las asimetrías de poder y reduce la capacidad de los actores para influir en el sistema política.

Por lo cual para revertir el deterioro de la gobernabilidad es necesario conectar con la sociedad el sistema político, conllevando a una mayor participación ciudadana y considerando dos prioridades urgentes: incrementar la capacidad del Estado para una reforma equitativa e impulsar los cambios requerirá tanto de liderazgos como de una masa crítica de actores estatales y no estatales interesados en la mejora de la gobernabilidad democrática.

(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.