A pesar de los intentos que en los últimos años realiza el Ministerio de Cultura a través de la Dirección del Libro y la Lectura por difundir los trabajos literarios, el presidente de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil - APLIJ Lambayeque, Dandy Berrú Cubas, afirma que el apoyo de financiamiento de sus creaciones sigue siendo escaso, toda vez que incluso muchas veces no logran siquiera recuperar su inversión.
Berrú Cubas cuenta que, salvo escritores reconocidos de talla nacional, en el Perú es muy difícil que una editorial le pague a un escritor para imprimir sus libros. Lo que en la práctica ocurre es que el escritor debe tocar las puertas de los sellos o imprentas y pagarles para que les impriman sus textos, cuya inversión aproximada es de cuatro mil soles para un tiraje de mil ejemplares.
“El Ministerio de Cultura convoca periódicamente un fondo de fomento, pero es difícil acceder a este porque hay todo un procedimiento administrativo y burocrático que exige a los escritores reunir una serie de requisitos, lo cual nos limita un poco al participar”, asevera.
Apunta que ellos como escritores dedicados al rubro infantil y juvenil deben ofrecer sus textos escolares a las instituciones educativas, a fin de recuperar la inversión que les demanda producirlos, la misma que por lo general no llega a recuperarse.
“A veces uno quisiera dedicarse exclusivamente a escribir para niños y jóvenes porque lo hace con pasión, pero el día a día nos gana. Tenemos una familia que mantener, por lo que nos dedicamos a otras actividades y el tiempo para la promoción y difusión de nuestros libros se recorta”, indica.
LITERATURA LIGHT
Berrú Cubas, quien tiene cinco libros publicados en su haber, señala que hay muchos textos mediocres, pero que por su rimbombante promoción son un éxito en ventas, lo cual desanima a algunos colegas suyos que deben ingeniársela de mil y un formas para poner en vitrina sus creaciones.
“José Carlos Mariátegui en ‘El Artista y la Época’ nos hablaba sobre el arte mediocre. Decía que la burguesía necesita de artistas adulones que vayan a tono con los intereses de ellos. Salvando las diferencias, creo que hoy hay muchos personajes de la farándula que solo por ser mediáticos se les da espacio a sus textos, los cuales no cumplen con los objetivos de la literatura como son ayudar a crecer espiritualmente y ampliar la frontera de saberes”, sostiene.
Apunta que existe una preocupación del gremio que representa, el cual agrupa a 25 personas entre escritores, educadores, bibliotecarios, artistas y gente dedicada a la difusión de la literatura infantil y juvenil, por los textos que reciben los niños y jóvenes.
“Hoy hablamos de un tipo de literatura, la light, que llenan las vitrinas de las bibliotecas y es evanescente, ligera, rápida, llena de temas frívolos”, afirma.
PADRINOS
Asimismo, señala que como en toda profesión, en la literatura también es necesario muchas veces tener alguien que avale o recomiende al incipiente escritor para que puedan publicarle sus obras.
De igual forma, afirma que en Lambayeque también hay empresarios que, a modo de mecenas, colaboran con los escritores regionales, como Mario Viteri, aunque también señala que “son contados con los dedos de una mano”.
“Hoy el trabajo está enfocado en buscar aliados, gente que se involucre en las actividades literarias y apoyen a los creadores”, sostiene.
ENCUENTRO DE LITERATOS
Por otro lado, el escritor comenta que del 23 al 26 de octubre se realizará después de 26 años en Lambayeque el Encuentro Nacional e Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el cual celebra su trigésimo octava edición. El escenario será la Dirección Desconcentrada de Cultura.
Apunta que desde la constitución de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil en 1982, este encuentro de literatos se ha realizado anualmente de forma ininterrumpida, siendo 1993 la última vez que Lambayeque fue sede y Cajamarca el último departamento anfitrión.
Explica que en esta edición, además de las ya acostumbradas conferencias, talleres, recitales poéticos y musicales, la novedad será la realización de un festival de títeres, el cual estará a cargo de la directora de la ‘Asociación Cultural Amigos’, Azucena Arrasco Ruiz, reconocida titiritera con más de 30 años de experiencia, quien estará acompañada del también titiritero José Atto Bernal en la organización.
Menciona también que este año no serán tres los días de trabajo, sino cuatro, en los cuales se harán presenten escritores de todo el país, así como invitados del extranjero, entre los que destaca la presidente de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, Isabel Mesa Gisbert, así como invitados de Colombia, Ecuador y Chile.
“Estamos enfocados en reunir a 60 invitados entre nacionales e internacionales, quienes van a tener participación permanente a través de las conferencias, ponencias, talleres y presentación de libros. En cuanto a asistentes esperamos llegar a un promedio de tres mil a cuatro mil personas, porque los escritores irán de forma descentralizada a los colegios para dar a conocer su trabajo. Ellos relatarán cuentos, mostrarán su poesía, dictarán talleres de teatro, declamación, redacción de cuentos, elaboración y representación de títeres, entre otras cosas”, sostiene.
TEMÁTICA
Berrú Cubas explica que en estos encuentros se dan a conocer estudios novedosos sobre la literatura infantil que este año girará en torno a nueve temas.
Estos son: el jardín de infantes, la escuela primaria y las prácticas de lectura; didáctica de la literatura infantil y juvenil y las alternativas pedagógicas de lectura y de producción de textos; la competencia literaria y el currículo escolar; los autores peruanos de la literatura infantil y juvenil; los jóvenes ¿un mercado? Literatura vs subliteratura; la formación de lectores; las tecnologías de la información y comunicación; experiencias en la promoción de la lectura en Lambayeque; autores regionales; educación en valores éticos y morales a través de la literatura infanto-juvenil; ¿vale la pena leer en nuestros días?; los dilemas de la selección de literatura para la escuela; criterios de edición de la literatura infantil y, el Estado y los programas de promoción de la lectura.
“El tema de la literatura infantil es amplio. No solamente hablamos de un texto y ya, sino de la interpretación de los mismos, donde entra a tallar el teatro y la poesía. Además, también están las imágenes, pues a los niños no se llega solo a través de las letras, sino de las ilustraciones que contribuyen a la agilización del texto”, indica.
HOMENAJE
Por otro lado, Berrú Cubas explica que este año el encuentro literario se hará en homenaje a tres escritores.
Dos de ellos son los lambayecanos Raúl Ramírez Soto, dedicado a las décimas, pero que también ha escrito libros de poesía infantil, entre los que destaca su obra emblemática ‘Cuchohambra’; y Felipe Rivas Mendo, uno de los más connotados titiriteros, cuyo trabajo ha trascendido las fronteras nacionales, pero en el departamento que lo vio nacer es poco reconocido.
“Las obras de estos escritores han dejado huella, por eso queremos rendirles un homenaje en vida, porque los tributos necrológicos no tienen tanta validez para alguien que se dedica a dichos menesteres”, afirma.
La otra homenajeada será Mariana Llano, pseudónimo de Geovana Yaipén Rodríguez, quien era la presidente de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil a nivel nacional hasta hace dos meses en que falleció.
“Mariana Llano no solo es una mujer que toda su vida se dedicó al fomento y promoción de las actividades culturales, sino que también fue una excelente escritora, lo que le valió para ser considerada por el reconocido crítico literario Ricardo Gonzáles Vigil en una de sus antologías dedicada a las escritoras del siglo XX a nivel nacional”, sentencia.
A pesar que el alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, prometió durante la campaña electoral que reconsideraría la Ordenanza Nº 007-2018/MPCH/A, la cual amplía el cuadrante de restricción de circulación de vehículos automotores menores en la denominada zona rígida, su gestión ha intervenido aproximadamente a tres mil 500 mototaxis en lo que va del año. Lo que es peor, dicha ordenanza no ha sido reglamentada aún, por lo que el secretario general del Sindicato Único Regional de Mototaxistas de Lambayeque, Segundo Valdez Cruz, exhorta al Concejo Municipal a debatir este tema, a fin de que se llegue a un consenso respecto al nuevo cuadrante.
Fue el 27 de abril del año pasado, durante la gestión del exalcalde David Cornejo Chinguel, se emitió dicha ordenanza, cuyo cuerpo normativo señala como límites para la circulación de vehículos menores la intersección de la avenida Fitzcarrald con Bolognesi, su extensión hasta la avenida Chinchaysuyo, la avenida Colectora, la calle Cajamarca, la avenida Salaverry hasta la Panamericana Norte, la avenida Leguía y la avenida Jorge Chávez hasta llegar nuevamente a Fitzcarrald.
“Para nosotros es claro que esta ordenanza tenía un objetivo: Cornejo Chinguel buscaba lavarse la cara, hacer una cortina de humo para tapar la corrupción que había en Chiclayo. Él quería dar una impresión a la población de que se estaba trabajando por el orden y combatiendo la inseguridad ciudadana, para ese fin se prestó la organización delictiva ‘Los temerarios del crimen’. Pero ahora esta gestión municipal se ha hecho la desentendida, a pesar que en campaña uno de los ofrecimientos que hizo el alcalde en todos los pueblos jóvenes a los que visitó fue reconsiderar esta ordenanza por considerarla, en sus propias palabras, antitécnica, ilegal e inviable”, sostiene Valdez Cruz.
REGLAMENTACIÓN
Si bien es cierto, la ordenanza municipal no ha sido reglamentada, Valdez Cruz refiere que tampoco correspondería hacerlo, pues “no se le puede poner una camisa a alguien que no tiene cuerpo”, en alusión a lo antitécnico que considera esta norma.
Afirma que durante la gestión del exalcalde David Cornejo, los funcionarios de ese entonces le señalaron en sus informes tanto técnicos y legales lo inviable de la ordenanza, sugiriéndole la elaboración de un estudio socioeconómico con el perfil técnico y legal que sustente dicho cuadrante.
“El tiempo nos dio la razón. Esta ordenanza no tenía ningún criterio técnico ni le antecedieron los estudios respectivos”, sostiene.
INTERVENCIONES A MOTOTAXIS
Valdez Cruz explica que la intervención de las mototaxis y su conducción al depósito (Chiclayo no cuenta con un depósito municipal oficial, sino que los vehículos intervenidos son llevados a las comisarías) se ha convertido en la “caja chica de la municipalidad”, puesto que cada propietario debe pagar 120 soles para recuperar su vehículo, monto estipulado dentro de los cinco primeros días, pues pasado dicho plazo la cifra aumenta.
Además, manifiesta que la actual gestión edil tampoco cuenta con un equipo de inspectores municipales que se dé abasto para esta labor, siendo el personal de serenazgo muchas veces quien realiza las intervenciones, así como la Policía Nacional. Sobre los últimos, apunta que ellos no son los competentes para conducir los vehículos al depósito, toda vez que su ámbito de acción se limita a requerir la tarjeta de circulación, licencia de conducir, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT y el DNI para la identificación del conductor y la imposición de las papeletas de infracción en caso se estime conveniente.
Añade que en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes y en la Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial, el alcalde ha puesto a sus amigos como funcionarios, los mismos que “no le están pagando con trabajo y capacidad el favor que él les ha dado”, puesto que hay un retraso en la emisión de licencias de conducir para las mototaxis y motonetas por falta de insumos para su impresión.
“No hay nada en la Gerencia de Tránsito, no hay tóner, no hay papel, incluso no hay personal técnico calificado para elaborar los informes tanto técnicos como legales; pero para el día del empleado público vimos cómo ofrecían, como si fuesen tarjetas de pollada, las del almuerzo que se hizo en el Colegio de Abogados. Que nos digan entonces que no haya tinta para emitir tarjetas de operatividad y licencias de conducir pinta de cuerpo entero la incapacidad de esta gestión”, asevera.
EXPOSICIÓN AL PELIGRO
Asimismo, afirma que el cuadrante estipulado en la ordenanza por el que se prohíbe ingresar a las mototaxis pone en riesgo también a los pobladores, pues entre la avenida Chinchaysuyo y la avenida Colectora no existe unión vial, siendo el recorrido por esa zona “peor que una trocha carrozable”, lo que hace que los pasajeros vayan en una condición infrahumana, exponiéndoseles también a los asaltos.
Además, manifiesta que es sumamente peligroso obligar a las mototaxis a circular por la avenida Fitzcarrald, pues por allí transitan tráileres de dos y tres ejes, así como vehículos de carga pesada, volquetes y buses, lo que expone a los pasajeros a sufrir un accidente.
NUEVO ANILLO VIAL
Por otro lado, Valdez Cruz afirma que uno de los vehículos preferidos por los chiclayanos es justamente el mototaxi, dado que es un medio de transporte popular, con una tarifa módica, accesible al bolsillo de la ciudadanía.
Anota que no se ha tomado en cuenta al emitir esta ordenanza un estudio socioeconómico, pues la restricción del ingreso de los vehículos menores a la denominada zona rígida ha hecho que muchos padres y niños tengan que ir caminando a los centros educativos, exponiéndolos al peligro, pues hoy en día las mototaxis no pueden llegar a colegios ubicados en algunos pueblos jóvenes como es el caso de San Nicolás o la upis Señor de los Milagros, tampoco a instituciones educativas que albergan a gran cantidad de estudiantado como el San José, Santa Magdalena Sofía Barat, Nicolás La Torre, entre otros.
Para Valdez Cruz, las zonas por las que deberían ingresar las mototaxis debe comprender la avenida Grau en Santa Victoria, la prolongación Las Américas, prolongación Bolognesi, prolongación Loreto hasta la calle Arica, la avenida Leguía, la avenida Grau en Campodónico, las calles Vizcardo y Guzmán y Santos Dumont en el sector suroeste de la ciudad y la avenida Garcilaso.
“Esa es nuestra propuesta, pero estamos llanos a una contrapropuesta que se dé en una Comisión Técnica Mixta o una mesa de trabajo que sea viable para darle solución rápida a esta problemática”, asevera.
PROCESO DE FORMALIZACIÓN
Valdez Cruz señala que en los primeros días de abril de este año, el Sindicato Único Regional de Mototaxistas de Lambayeque presentó un documento formal a fin de que se reconsidere la Ordenanza Municipal Nº 007-2018/MPCH/A, y que a eso se sume también un proceso de formalización para que se establezcan los parámetros técnicos y legales de seguridad para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores.
Indica que son aproximadamente seis mil mototaxis las que circulan por Chiclayo, de las cuales aproximadamente dos mil 500 son formales.
“Nosotros somos conscientes que no se puede dejar que circulen libremente las mototaxis en Chiclayo porque lamentablemente la delincuencia siempre va a necesitar de un medio de transporte para cometer sus fechorías y los vehículos menores son los que más se prestan para esta situación, aunque hoy en día también ya están en los taxis, colectivos e incluso las combis, por eso lo que se necesita es un proyecto integral de formalización”, afirma.
La evaluación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro para la ejecución y supervisión de una millonaria obra en el distrito de Mórrope presenta una serie de anomalías. Así lo señala el Informe de Hito de Control N° 1368-2019-CG-GRLA-SCC, emitido por la Gerencia Regional de Control de Lambayeque. Expresión advirtió en abril pasado que los procedimientos del municipio licitante no eran correctos.
El proyecto “Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria en la I.E. N° 10168 San Pedro, del centro poblado El Romero”, está valorizado en 13 millones 800 mil 78.18 soles y lo detectado por la Contraloría General de la República revela una serie de trasgresiones a la Ley de Contrataciones del Estado.
El informe señala que la Municipalidad Distrital de Mórrope suscribió el contrato con una empresa sin que esta cumpla con las exigencias normativas respecto a la acreditación de la experiencia profesional ofertada, la presentación del calendario valorizado de la obra y la documentación completa. Asimismo, que el municipio no ha publicado los documentos del proceso y que los términos de referencia para la expresión de interés de la supervisión de obra no se ajustan a las exigencias normativas.
REVISIÓN DOCUMENTARIA
El 30 de mayo, el jefe de Logística y Control Patrimonial de la municipalidad de Mórrope, con la Carta N° 34-2019, remitió a la Oficina Regional de Control la información presentada por el postor ganador para la suscripción del contrato de la ejecución del colegio, dentro de la cual se incluyó la Carta N° 01-2019-CSPR/N°01-2019-MDM/CS, del 24 de mayo, en la que Ricardo Chávarry Torres, representante legal común del Consorcio San Pedro – El Romero, integrado por Chávarry Ingenieros Contratistas y Servicios Generales SAC y Kibeco SAC, supuestamente adjuntó todos los documentos exigidos por las bases integradas del procedimiento de Contratación Pública Especial N° 1-2019-MDM/CS.
Chávarry Torres presentó la documentación que detalle los gastos generales fijos y variables de la oferta. El representante del consorcio argumentó al municipio que esto no era exigible de acuerdo a las bases integradas del proceso de selección.
En la cláusula segunda del contrato de consorcio suscrito por las empresas que conforman el Consorcio San Pedro – El Romero, se estableció que este tendría contabilidad independiente, con lo que se constituiría en una persona jurídica únicamente con fines tributarios. Esto quedó corroborado con la ficha RUC presentada por Chávarry Torres y con los actos indagatorios de la comisión de control.
Ahora bien, para acreditar la capacidad libre de contratación, el consorcio presentó las constancias N° 001766 y 001758, correspondientes a las empresas integrantes Jagui SAC y Chávarry Ingenieros Contratistas y Servicios Generales SAC, respectivamente.
LOS PROFESIONALES
Contraloría revisó los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia del ingeniero residente y demás personal profesional clave, corroborándose el cumplimiento de lo exigido en las bases integradas de todos los propuestos, a excepción del Especialista en Acompañamiento Social, ingeniero químico Germán Grimaldo Carillo Rodríguez, quien no se encontraba habilitado, al igual que el Ingeniero Electricista, Juan Carlos Sánchez Gamarra.
Lo otro que se corroboró fue que la arqueóloga propuesta como responsable del monitoreo arqueológico y/o proyecto de evaluación arqueológica en la ejecución de obras en general, Jessica Ramírez Goicochea, no cumple con la experiencia mínima requerida por las bases integradas. En el proceso se solicitó a un profesional con tres años de experiencia, pero el profesional propuesto por el Consorcio San Pedro – El Romero, solo acreditaba 1.24 años, pese a que en la oferta se consignó que calificaba con una supuesta experiencia de 3.49 años.
Estos hechos evidencian la trasgresión no solo de las bases integradas del proceso, sino también al Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y a la propia Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
LAS EXPERIENCIAS
Para la Contraloría, la experiencia del profesional en arqueología no debió ser admitida por el Comité de Selección, más aún porque fue la misma persona quien remitió una constancia sobre su participación en otro proyecto, cuando diversas opiniones y pronunciamientos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, han dejado en claro que la documentación que acredita la experiencia de un profesional es mediante copias simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación emitida por el empleador.
“La presentación de constancia de una persona natural sobre sí misma no cumple con la condición de poder ser constatada, como sí lo podría ser aquella emitida por un tercero, pues aquella estaría siendo determinada y validada por el propio interesado, afectándose con ello la objetividad de la información consignada”, señala el informe.
Se detectó también que el consorcio presentó como prueba de experiencia profesional de la arqueóloga un acta de recepción de obra, la misma que tampoco debió admitirse, debido a que quienes aparecen en un documento de ese tipo no necesariamente son los que han participado durante la ejecución de los trabajos.
Respecto al propuesto como supervisor de obra, el consorcio presentó como supuesta experiencia que este había participado en un proyecto ejecutado por el Gobierno Regional del Callao. Sin embargo, esto no pudo probarse.
Sobre el especialista de Acompañamiento Social propuesto por el Consorcio San Pedro – El Romero, Germán Carrillo Rodríguez, Contraloría señala que no se pudo acreditar la experiencia que se presentó sobre este respecto a su participación como “consultor social en planes de inclusión social”, debido a que no se identifica quién firma dicha acreditación. Para la Contraloría, eso se configura como información inexacta.
El Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado por medio de diversas resoluciones que “la información inexacta supone la presentación de documentos y/o declaraciones cuyo contenido no es concordante con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta”.
SIN PUBLICACIONES
A las observaciones realizadas por la Contraloría se suma que la Municipalidad Distrital de Mórrope no publicó en su página web ni en la de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, pese a lo solicitado en el Oficio N° 20-2019-CG/CC-MDM, recibido el 28 de este año por la comuna y a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 41 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
En lo concerniente al cronograma o programa de ejecución de obra se observó que varias secciones de este documento se encuentran ilegibles, o en su defecto no se aprecia el monto valorizado ni el mes en el que deberían ejecutarse las partidas comprendidas en esa sección, por lo que no se estaría cumpliendo en su totalidad ese requisito.
“No se observa el calendario de avance de obra correspondiente al equipamiento y mobiliario, notándose una supresión de la ejecución de estas partidas. Así también, no se observa el calendario de adquisición de este equipamiento, configurándose un incumplimiento a lo exigido en las bases integradas del proceso de selección”, señala el informe de la Contraloría.
LA SUPERVISIÓN
Respecto a la supervisión, en los términos de referencia se observa que, en cuanto a personal requerido, solo se solicitó a un asistente de supervisión, de manera contraria a lo establecido en el desagregado de gastos de supervisión, que ha señalado dos asistentes.
Esto fue advertido por la comisión de control concurrente con el Informe N° 1353-2018, del 19 de diciembre del año pasado, recibiendo como respuesta en febrero de este año que la municipalidad contrataría a dos asistentes de supervisión y dos asistentes para la liquidación de la obra. Empero, este compromiso no se respetó.
“En el desagregado de supervisión se nota un rubro denominado C-02-14, Control Técnico, con unidad global por una cantidad de 10 y un costo unitario de seis mil soles, haciendo un total de 60 mil, sin detallar ni precisar el tipo de control técnico al cual se refiere ni el estudio que demuestre el valor monetario establecido para este rubro”, indica el informe.
Finalmente, en cuanto a otras penalidades, si bien estas cuentan con el supuesto de aplicación de penalidad y la forma de cálculo para cada supuesto, no se aprecia la descripción del procedimiento mediante el cual se realizará la corroboración del supuesto de aplicación de la misma.
Luego de que el Comité de Selección, presidido por Fernando Siñani Orué e integrado por Manuel Eduardo Mora y Percy Sandoval Diez, decidiera realizar el sorteo para determinar el orden de prelación y adjudicar la buena pro al contratista para ejecutar los trabajos de “Mejoramiento de la “Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles 3, 4, 5, 7 Mariscal Sucre, Los Ceibos, 9 de Octubre, Pasaje A, B, C, del Sector Los Ceibos del distrito de Pomalca”, optó por descalificar a los cuatro postores que ocuparon los primeros puestos. La obra está valorizada en tres millones 880 mil 385.76 soles.
El comité declaró la admisión de cinco ofertas en total, otorgándole a cada una el puntaje correspondiente, pero por decisión unánime sacó de carrera a cuatro y procedió a adjudicar la buena pro a la empresa Jagui SAC, que obtuvo la menor calificación (90.3) y, al mismo tiempo, ofertó el mayor monto, equivalente al valor referencial del proyecto. El resto de postores, los descalificados, ofertaron ejecutar la obra con el 90 % del valor referencial.
LOS PUNTAJES
La normatividad vigente de las contrataciones del Estado establece como etapas de un proceso de selección, su convocatoria, consultas y observaciones a las bases, la integración de las mismas y la presentación de ofertas.
En este sentido el comité evaluador el 20 de mayo realizó el acto de presentación y admisión de ofertas, en el cual decidió admitir cinco con el mismo número de participantes, procediendo bajo esta condición – como así se muestra en el acta del proceso publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE – que la totalidad de las ofertas presentadas fueron evaluadas integralmente, lo cual generó que bajo esta condición se les otorgara el puntaje respectivo.
De este modo, los participantes G+G S.A.C. y Richard Edwrs Escalante Granda obtuvieron 100 puntos, conllevando a que los mismos tuvieran que dilucidar su lugar, para lo cual el 26 de junio el comité realizó el sorteo correspondiente, ocupando el primer lugar el postor Richard Edwrs Escalante Granda, el segundo G+G S.A.C. y, sucesivamente, el Consorcio Ejecutor Perú y la empresa A+A Contratistas Generales, el tercer y cuarto puesto, respectivamente, con 97 puntos, ocupando el quinto y último lugar la empresa Jagui S.A.C. con 90.3 puntos.
PRESUNTA IRREGULARIDAD
Establecido el orden de prelación de acuerdo al sorteo realizado, este debió haber servido para que el Comité de Selección adjudicara la buena pro al postor Escalante Grandes, en cuanto las ofertas ya habían sido evaluadas en su totalidad. Sin embargo, esto no sucedió.
El comité evaluador por unanimidad decidió seguir evaluando las ofertas cuando ya esta etapa había sido superada, determinado – como consta en el acta del proceso – que tanto la oferta del postor que ocupó el primer lugar y las tres que se ubicaron en el orden sucesivo hasta el cuarto lugar fueran descalificadas, arguyendo para tal fin que las mismas contenían documentos no formales. Bajo este argumento se adjudicó la buena pro a la empresa Jagui S.A.C.
LA DOCUMENTACIÓN
Expresión tuvo acceso a la oferta presentada por la empresa Jagui S.A.C., mostrándose en la misma ciertas omisiones y contradicciones encontradas por nuestro equipo consultor en contrataciones del Estado. Entre ellas, por ejemplo, se puede advertir la omisión implícita contenida en el Anexo N° 3 (Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico) y el Anexo N° 4 (Plazo de Ejecución de Obra), en los cuales el adjudicatario hace mención al objeto de la convocatoria omitiendo el componente de “transitabilidad vehicular”.
Es decir, solo estaría asumiendo el compromiso de ejecutar la obra con el componente de transitabilidad peatonal, mas no con el de vehicular. Este hecho toma mayor relevancia, en cuanto Jagui S.A.C. propone en el Anexo N° 6 (Precio de la Oferta) sin considerar en el concepto del referido documento el componente de transitabilidad vehicular. De esta manera estaría generando una incongruencia implícita respecto al objeto del proyecto, hecho que debió ser advertido por el Comité de Selección al momento de la admisión de las ofertas.
El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, señaló el 18 de junio que prepara una iniciativa legislativa para lograr el retorno de la instrucción premilitar a las instituciones de la educación básica regular como medida para contrarrestar el alto índice de infracciones por parte de los jóvenes.
Según Lozano Centurión, cada vez se pierde más la disciplina en la juventud, lo cual se refleja en los mil 700 jóvenes que se encuentran privados de su libertad por cometer una infracción o delito. La propuesta del gobernador ha hecho eco en algunos sectores de la sociedad civil, generando voces a favor y en contra.
PROPUESTA DESCONTEXTUALIZADA
Para el director de la Institución Educativa Santa Magdalena Sofía Barat, César Chapoñán Damián, la iniciativa de Anselmo Lozano no va acorde a las corrientes pedagógicas contemporáneas, las cuales señalan que para favorecer el aprendizaje es necesario generar entornos agradables al estudiante, en los cuales la ternura y el afecto juegan un rol importante.
“La letra con sangre entra era la premisa anteriormente, pero ahora educamos de otra forma, teniendo en cuenta la emoción, la curiosidad, el asombro y la investigación”, asevera.
Manifiesta que la indisciplina, delincuencia y drogadicción, factores que Lozano Centurión señala para argumentar la necesidad de regresar a la instrucción premilitar, son hechos que se ven en la realidad, pero que no son responsabilidad del colegio, sino de la familia, pues es esta “la primera escuela”.
Afirma que, lamentablemente, en muchos lugares aún se sigue educando con teorías antiguas a niños y jóvenes que ya pertenecen a otra generación, lo cual demuestra también que los profesores en algunos casos no se han preparado para los nuevos retos educativos.
“Hay docentes que no tienen control emocional, cuando ellos deben tener una muy buena relación con los alumnos, pues ¿cómo aprende mejor uno? ¿Con el miedo o con la risa?”, cuestiona.
PROPUESTA ANTITÉCNICA
Chapoñán Damián afirma que será importante leer en qué consiste en sí la iniciativa legislativa de Lozano Centurión que busca el retorno de la instrucción premilitar, pues si se concibe como era antaño, sería antitécnico.
“Si nosotros escuchamos instrucción premilitar, lo primero que recordamos son los gritos de los instructores, las ranas, las planchas y demás. Yo fui parte de eso y definitivamente hoy ya no es posible aplicarlo”, señala.
Añade que en la actualidad la Ley Nº 27337 – ‘Ley que Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes’, limita también el accionar de los docentes en lo concerniente a la rigurosidad a la hora de aplicar disciplina.
Además, menciona que existen muchos padres sobreprotectores con quienes estaría reñida la instrucción premilitar.
“Si un profesor golpea con la palmeta a una alumna, inmediatamente nosotros actuamos a través del sistema SíseVe, el cual consigna un protocolo que califica eso como agresión, violencia física de un adulto hacia una estudiante, por lo que inmediatamente debemos poner a ese docente a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo. No lo digo yo, así lo establece el Ministerio de Educación – MINEDU”, afirma.
UN PREJUICIO
Por otro lado, Ángel Centurión Larrea, profesor del Colegio Militar ‘Elías Aguirre’ desde hace 11 años, señala que existe un prejuicio que gira en torno a la relación de la instrucción premilitar con la violencia, el cual se grafica en la frase “la letra con sangre entra”.
“La formación en disciplina, moralidad y trabajo, tal como reza el lema de nuestra institución, no tiene nada que ver con la violencia. En el colegio hay un buen trabajo del área de tutoría que va de la mano con la formación militar que la tiene a cargo el responsable del batallón de cadetes, la cual se complementa con el área de psicología”, sostiene.
Afirma que, si bien es cierto el contexto pedagógico internacional se orienta hacia una educación personalizada, es innegable el aumento de la delincuencia en Lambayeque, problemática que a través de la educación puede combatirse.
Apunta, según su experiencia en la mencionada institución educativa, que la instrucción premilitar es un sistema alternado que rige desde tercero de secundaria en el que a los chicos, además de darles educación básica regular por las mañanas, se les imparte toda una formación integral propia de un servicio militar obligatorio en el que incluye la práctica de deportes como atletismo y natación, así como lecciones de civismo.
FORMACIÓN CÍVICA
Asimismo, sostiene que con el retorno de la instrucción premilitar se puede enfatizar en cuestiones relacionadas a la formación cívica, pues este curso fue incluido en el área de ciencias sociales dentro del nuevo currículo escolar y al no existir esta materia como tal, de modo independiente, se descuidaron aspectos tan importantes como el respeto a los símbolos patrios, el conocimiento sobre los héroes nacionales y las normas básicas de convivencia.
Al respecto, el Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía – ICCS, aplicado por la Asociación Internacional del Logro Educativo – IEA, en el 2016 a 24 países, de los cuales Perú ocupó el penúltimo lugar, arrojó que solo “el 34,8 % de los estudiantes peruanos reconoce a la democracia como sistema político y comprende que las instituciones y leyes pueden promover valores democráticos en una sociedad, mientras que solo el 8 % es capaz de justificar y evaluar posiciones políticas o leyes en función de principios democráticos de la búsqueda del bien común”.
No obstante, Chapoñán Damián discrepa con la posición de Centurión Larrea, pues afirma que la instrucción premilitar no ayudó a fomentar el civismo en los ciudadanos ni el amor por la patria, pues la generación que la recibió es la misma que ahora gobierna y ha demostrado estar sumergida en la corrupción.
“¿Ayudó realmente la instrucción premilitar a querer más a nuestros héroes? ¿Funcionó para identificarnos con nuestra patria? Nosotros como sociedad aún tenemos ese afrancesamiento y cada 28 de julio sacamos a relucir nuestro armamento militar y lo respetamos, porque es parte de nuestra cultura, pero la tendencia en el mundo es más a desmilitarizar”, asevera.
Respecto a la disciplina, menciona que esta sí se imparte en los colegios, pero los medios de comunicación, las mismas familias y la sociedad en general se encargan de deseducar.
PROYECCIÓN SOCIAL
Por otro lado, Centurión Larrea refiere que la instrucción premilitar le brinda al estudiante una mirada crítica de la realidad, lo cual los hace involucrarse con su entorno. Afirma que con los alumnos del Colegio Militar han desarrollado diversos talleres con la comunidad en los que han trabajado por la erradicación de la basura de su entorno y contra la desnutrición, entre otras cosas, pues la instrucción no se basa solo en el esfuerzo físico, ni en las sanciones rígidas, sino en un real compromiso con la sociedad.
“Yo veo esta iniciativa del gobernador como una oportunidad si es que la concebimos tal cual debe ser. No podemos dejar tampoco que el militar conduzca solo esto, pues debe ir de la mano con todo un equipo multidisciplinario que le dé a los estudiantes el soporte para un proyecto integral, con un enfoque de disciplina que tanta falta hace ahora”, comenta.
A su turno, César Chapoñán afirma que de aplicarse la instrucción premilitar le gustaría que esta sea un complemento, en la que tanto la policía como las fuerzas armadas apoyen con talleres extracurriculares como primeros auxilios, defensa personal, rescate y campañas sociales.
“En el caso de los alumnos con problemas de indisciplina, a ellos sí sería bueno ingresarlos a un programa especial de instrucción premilitar, porque cuando la mente está desocupada se convierte en oficina del diablo. El ejercicio físico es muy bueno, pero no les demos solo ranas y planchas, vayamos más allá”, asevera.
Como parte de su apuesta de brindar a más peruanos la oportunidad de acceder a una educación de calidad, el Grupo INTERCORP inauguró en Chiclayo la nueva sede de Zegel IPAE, la cual consta de una moderna infraestructura, totalmente equipada y con capacidad para albergar a tres mil 500 estudiantes.
La sede ubicada al interior del centro comercial Real Plaza, es la décima segunda a nivel nacional que abre el Grupo INTERCORP y la sexta en lo que va del último año, tras haber obtenido el licenciamiento institucional por parte del Ministerio de Educación – MINEDU.
El edificio cuenta con 25 aulas de moderna infraestructura y cinco laboratorios con tecnología de última generación, entre los cuales hay uno equipado con ordenadores Mac que es específicamente para la carrera de Diseño Gráfico. Además, cuenta con un área especial, ‘Zegel App’, en la cual los alumnos pueden desarrollar su emprendimiento con la asesoría de especialistas.
A la inauguración acudieron el presidente del Grupo INTERCORP, Carlos Rodríguez Pastor; el gerente general del conglomerado, Fernando Zavala Lombardi; el gerente general de Zegel IPAE, Carlos Asalde Wong; y el gerente general de Innova School y líder de la plataforma de educación del mencionado grupo, Jorge Yzusqui Chessman.
Además, acudieron reconocidos empresarios como el gerente de Oechsle en Chiclayo, Martín Quispe Vásquez; el gerente de Promart Chiclayo, Julio Reátegui Paz; el director de UTP región norte, Guillermo del Piélago Gastiaburú; el gerente de Química Suiza, Jorge Ocaña Echegaray; y el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales.
CRECIMIENTO INSTITUCIONAL
Según señaló el gerente general de Zegel IPAE, Carlos Asalde Wong, este instituto tecnológico tiene más de 50 años en el Perú y en Chiclayo se encuentra desde 1997, año en que abrieron su primera sede en Santa Victoria con 80 alumnos.
Reveló que en los últimos tres años la captación de estudiantes en IPAE se ha triplicado, lo que representa un crecimiento del 50 % anual, sumando en Chiclayo mil 600 estudiantes y en todo el norte cerca de cinco mil.
“Hace tres años, cuando discutíamos la propuesta de expandirnos con esta nueva sede en Chiclayo, nos quedamos sorprendidos por la oferta educativa que había aquí, pero confiábamos en que los estudiantes iban a reconocer en nosotros la calidad y seriedad que ofrecemos. Con esta apuesta, nuestro plan es duplicar la cantidad de alumnos en el norte y a nivel nacional, si es posible, hasta triplicar”, sostuvo.
A su turno, el gerente general del Grupo Intercorp, Fernando Zavala Lombardi, señaló que hace seis años, cuando se adquirió la firma de Zegel IPAE, solo había nueve aulas en Chiclayo y hoy hay 30; mientras que la capacidad antes era para 600 alumnos y ahora esta ha aumentado a tres mil 500.
“IPAE no es una inversión aislada del grupo INTERCORP, pues venimos invirtiendo hace once años en educación y hoy llegamos a más de 150 mil alumnos en 14 provincias en el Perú, distribuidos en las 78 sedes de nuestras cuatro apuestas: IPAE, IDAT, UTP e Innova Schools”, aseguró.
VENTAJAS COMPETITIVAS
Asimismo, Zavala Lombardi señaló que en el Perú hay más de mil institutos, de los cuales 45 están licenciados por el Ministerio de Educación, albergando Lambayeque solo a cinco de estos y siendo Zegel IPAE uno de los primeros cinco institutos a nivel nacional en licenciarse.
Apuntó que nueve de cada 10 egresados de Zegel IPAE consiguen trabajo durante los seis meses siguientes a su egreso, mientras que uno de cada cuatro desarrolla su emprendimiento en el Perú.
“Nos diferencia el contenido académico, ya que hoy brindamos siete carreras con una educación basada en competencias y el acompañamiento tecnológico a lo largo de todo el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Además, de los 120 profesores que tenemos en esta sede, el 50 % de ellos trabaja y enseña, lo que nos permite tener una confluencia con el mercado laboral”, aseveró.
En tanto, el gerente general de Innova School y líder del Grupo Intercorp, Jorge Yzusqui Chessman, señaló que el propósito del grupo es hacer del Perú el mejor lugar para formar una familia en América Latina, lo cual implicar proveer al país de una serie de servicios, entre los cuales la educación es de vital importancia.
“Nunca llegaremos a ser un país de primer mundo, si no ampliamos las oportunidades a los peruanos de tener un educación de calidad”, sentencia.
Como lo señaláramos en nuestra anterior edición, el ex regidor Alfredo Montenegro Bermeo, presentó ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lambayeque una queja contra el fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (FECOR) por una supuesta inconducta funcional, al continuar al frente de la investigación en el caso “Los Temerarios del Crimen”, a pesar que los delitos imputados en dicha investigación corresponden a Delitos Contra la Administración Pública, razón por la cual su conocimiento debió recaer en la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios. En misiva remitida a nuestra directora, el exregidor manifiesta que “al ser su caso conocido por un fiscal y una jueza incompetentes, se ha violado de forma grosera el principio constitucional que garantiza que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley”.
JUZGADOS ESPECIALIZADOS
Mediante Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, de fecha 10 de enero de 2018, aprobó la creación de órganos jurisdiccionales especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios en diversos Distritos Judiciales, entre ellos en Lambayeque. El 26 de febrero de 2018, se inauguró los Juzgados Especializados en Corrupción de Funcionarios (de Investigación Preparatoria y Unipersonal) en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por parte del entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo. La misma resolución, en su artículo segundo establece que: “d) Los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial, que a la fecha conocen procesos por delitos de corrupción de funcionarios -trámite o ejecución- deberán remitirlos a los nuevos órganos jurisdiccionales especializados de Investigación Preparatoria, siempre que se encuentren en la etapa de investigación preparatoria o ejecución. De encontrarse en etapa intermedia, deberán enviarlos, si está concluida, a los nuevos Juzgados Penales Unipersonales, verificando que se acompañe el respectivo auto de enjuiciamiento…e) Los procesos por delitos de corrupción de funcionarios que se encuentren en los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito Judicial, con fecha de inicio de juicio oral y no haya sido posible su instalación, deberán remitirlos a los nuevos Juzgados Penales Unipersonales de la especialidad, priorizando su agendamiento; para lo cual deberán hacer uso de los apremios de ley”.
Queda claro, entonces, que los procesos por delitos de corrupción de funcionarios; ya sea que se encuentren en investigación o incluso con fecha de inicio de juicio oral, su competencia corresponde a los Juzgados Especializados y no a los Juzgados Penales Unipersonales.
Dando cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, de fecha 10 de enero de 2018, el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; Aldo Enrique Zapata López, expidió la Resolución Administrativa N°094-2018-P-CSJLA-PJ, de fecha 26 de febrero de 2018, designando al Dr. Reynaldo Leonardo Carrillo para que asuma funciones en el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y al Dr. Carlos Larios Manay para que asuma funciones en el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ambas designaciones a partir del 01 de marzo de 2018.
LOS “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de la juez Cecilia Margarita Grandez Rojas, remitió el Expediente Judicial N° 5207-2014 (Limpios de la Corrupción) y sus cuadernos desacumulados, al recientemente creado Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ni el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, ni la juez Grandez Rojas, se opusieron al cambio de competencia, a pesar de que existían hasta tres (03) sentencias por colaboración eficaz en el referido expediente judicial.
SENTENCIA N° 25-2017
Mediante Resolución N° Siete, de fecha 13 de marzo de 2017, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el Expediente Judicial N° 5207-2014-758-1706-JR-PE-04, resolvió revocar la Resolución N° Cuatro expedida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria por la cual se desaprueba el requerimiento de Acuerdo de Beneficios por Colaboración Eficaz, por lo que reformándola aprobaron el referido acuerdo, en consecuencia, condenaron al colaborador eficaz identificado con Código de Reserva 15-2015 a cuatro años de pena privativa de la libertad, fijando la reparación civil en S/. 141,754.63 (Ciento cuarenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro y 63/100 Soles), la que será cancelada en forma solidaria con el también sentenciado CE-16-2015, por los delitos de Cohecho Activo Genérico y Colusión.
SENTENCIA N° 26-2017
Mediante Resolución N° Siete, de fecha 13 de marzo de 2017, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el Expediente Judicial N° 5207-2014-178-1706-JR-PE-04, resolvió revocar la Resolución N° Cuatro expedida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria por la cual se desaprueba el requerimiento de Acuerdo de Beneficios por Colaboración Eficaz, por lo que reformándola aprobaron el referido acuerdo, en consecuencia, condenaron al colaborador eficaz identificado con Código de Reserva 16-2015 a cuatro años de pena privativa de la libertad, fijando la reparación civil en S/. 141,754.63 (Ciento cuarenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro y 63/100 Soles), la que será cancelada en forma solidaria con el también sentenciado CE-15-2015, por los delitos de Cohecho Activo Genérico y Colusión.
SENTENCIA N° 73-2017
Mediante Resolución N° Seis, de fecha 16 de junio de 2017, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el Expediente Judicial N° 5207-2014-129-1706-JR-PE-04, resolvió revocar la Resolución N° Tres expedida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria por la cual se desaprueba el requerimiento de Acuerdo de Beneficios por Colaboración Eficaz, por lo que reformándola aprobaron el referido acuerdo, en consecuencia, condenaron al colaborador eficaz identificado con Código de Reserva 10-2015 a cuatro años de pena privativa de la libertad, fijando la reparación civil en S/. 294,000.00 (Doscientos noventa y cuatro mil y 00/100 Soles) por los delitos de Cohecho Activo Genérico y Colusión.
COMPETENCIA DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS
El Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, aprobada mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2015, establece en su artículo 18° que las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes para conducir y dirigir la investigación de los delitos previstos en el artículo 3° de la Ley 30077 – Ley contra el Crimen Organizado, excepto los delitos contra la Administración Pública y Lavado de Activos por criterios de especialidad.
Asimismo, el artículo 25° del referido reglamento, establece que los Fiscales Provinciales Especializados en delitos de Criminalidad Organizada; como es el caso de Juan Manuel Carrasco Millones, que habiendo recibido la denuncia o, de ser el caso, luego de realizadas las diligencias preliminares, adviertan que la investigación sometida a su conocimiento no cumple con los supuestos previstos en los artículos 18 y 19 del reglamento; como es el caso de la investigación seguida a la presunta organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, elevarán un informe debidamente sustentado al Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas, a fin que dicho fiscal determine competencia.
CONCLUSIÓN
La pretensión del ex regidor Alfredo Montenegro Bermeo estaría ajustada a ley, y por lo tanto, el fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones y la juez Cecilia Margarita Grandez Rojas, no serían competentes para conocer la investigación seguida contra la supuesta organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, la misma que por criterio de especialidad debería recaer en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de conformidad con la normatividad vigente. ¿Cuál es el interés del fiscal Carrasco Millones y de la juez Grandez Rojas para negarse a remitir el caso al órgano jurisdiccional competente?
