Con 127 años de vida institucional, la Sociedad Nacional de Industrias es el gremio empresarial de mayor vigencia en el país, agrupando en la actualidad a más de 800 empresas pequeñas, medianas y grandes, de diferentes rubros del sector producción. Tiene siete sedes a nivel nacional, siendo una de ellas la de Lambayeque, ahora bajo la presidencia del empresario José Soto Ortega.
“A través de los 50 comités gremiales que tiene la SNI se trata de identificar problemáticas distintas relacionadas a la producción y la industria, para proponer soluciones en diálogo con el sector público. Apoyamos en aspectos tributarios a las empresas para fortalecerlas y hacerlas más competitivas, así como en temas regulatorios y comercio exterior”, manifiesta.
Soto Ortega destaca que otro de los objetivos de la Sociedad Nacional de Industrias es la promoción y crecimiento del empleo.
Tejido empresarial
Sostiene que las micro y pequeñas empresas son el principal impulsor de la economía peruana, pues de acuerdo al reporte 2021, en el país operan dos millones 100 mil empresas formales de este tipo.
“La micro y pequeña empresa representa el 99.5 % de las empresas formales en el Perú, país donde la informalidad al 2021 alcanzaba al 76.8 % de empresas, según la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO”, comenta.
Del 100 % de empresas en el Perú, el 3.78 %, es decir 80 mil 435 son pequeñas; el 0.13 % (dos mil 844) medianas y el 0.51 % (diez mil 899 grandes).
“El mundo es globalizado y como empresarios necesitamos salir adelante. El estudio, la preparación, el conocimiento y la tecnología son importantes. Los empresarios debemos desarrollar nuevas capacidades, conocer de informáticas, de idiomas, de comprensión lectora, porque las deficiencias se ven al momento de hacer negocios. Por ello, crecer representa todo un reto. Si nos unimos y tenemos ideas concretas, alineadas, podemos hacer muchas cosas y para ello necesitamos de un Estado promotor, que aliente a las industrias, que nos ayude a salir adelante”, manifiesta.
Soto Ortega, quien encabezó la ceremonia por el Día de la Industria Nacional realizada en la sede de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP Chiclayo, indica que otro reto es reconvertir la manera en la que se distribuye el empresariado peruano; es decir, reducir el 99.5 % de micro y pequeñas empresas para que incrementen las medianas y grandes empresas.
“No nos podemos conformar con tener empresas de subsistencia, en las que trabajamos para el día a día, porque eso nos pone en riesgo cuando ocurre, por ejemplo, el fenómeno El Niño, que nos obliga a parar dos o tres días y nos estanca todo, al igual como sucede con las huelgas, los bloqueos de carreteras y conflictos sociales. Hay quienes no se imaginan el daño que nos hacen a los empresarios paralizar un día de trabajo. Hay sueños, personas y sobre todo recursos que se pierden”, acota.
Mayor atención
Precisamente, en el marco de la de la II Cumbre Empresarial de la Micro y Pequeña Industria del Perú - CEMPI 2023, realizada en abril, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar Nishi, destacó la necesidad de impulsar políticas públicas para la reactivación económica de las MYPE, enfocadas en brindar un mayor acceso al crédito, asignar el 40 % de las compras públicas para empresas manufactureras y guiarlas en su camino a la formalización.
“Durante los cinco primeros años en la vida de un negocio, el Estado debe acompañar al emprendedor en su camino a la formalización. El emprendimiento debe ser una política de Estado para ayudar a las micro y pequeñas empresas a crecer de manera sostenible”, señaló la autoridad gremial.
Resaltó que las MYPE son los mayores empleadores del país, pues representan el 99.5 % del tejido empresarial peruano y necesitan de medidas específicas para su desarrollo, debido a que solo 4.5 % de estas empresas accede a un crédito.
A través del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH, la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, realiza la cobranza en su calidad de arbitrios por diferentes servicios como: Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, cuyos costos periódicamente son incrementados, a pesar de las deficiencias con los que son prestados desde su implementación, entre ellos el inservible servicio de serenazgo que al fin y al cabo termina generando una frondosa burocracia para su administración, ha servido de agencia de empleos y se hace cada vez más grande para arrinconar a los contribuyentes a pagar la cuota mensual no retribuible a su favor.
La falta de funcionabilidad debidamente organizada y el inadecuado equipamiento motorizado del servicio de Serenazgo que supuestamente brinda la MPCH, pone a esta prestación de un servicio ciudadano, que por cierto es pagado mes a mes por los contribuyentes, en una condición de cobrar por lo que no hacen y usufructuar dineros recaudados por un servicio que no ofrecen y, si lo hacen, tienen un paupérrimo efecto disuasivo sobre la inseguridad ciudadana, que exponencialmente viene creciendo en la ciudad, sin que este aparato débil e ineficiente pueda, por lo menos, mapear los puntos críticos y disuadir a quienes son sus actores principales, en este caso la delincuencia callejera que debilita cada vez más el mecanismo de vivir en una ciudad segura como derecho fundamental.
¿En qué consiste el servicio de serenazgo?
Este servicio, por su naturaleza misma, está orientado a la conservación del orden urbano, la seguridad de la vida y las propiedades de la población, siendo desde ya en estos tiempos extremadamente necesario, resulta imperativo que este sea adecuadamente prestado.
En ese sentido, David Palma Alvarado, doctor y docente en Historia de la Universidad Católica de Chile, define a los serenos “como elementos que constituyen la expresión de una fuerza especial pública y permanente en el país”. En nuestro caso, en los ámbitos donde este servició es prestado, por el cual debemos pagar la cuota asignada, cuando el mismo sea ofrecido con eficiencia y calidad.
La calidad del servicio
Se asume como una realidad absoluta que el servicio de serenazgo que brinda la MPCH, desde que se instauró para prevenir el crecimiento de la inseguridad ciudadana, ha sido y sigue siendo paupérrimo, simbolizando la ineficiencia y la ineficacia para el que fue instaurado, por cuanto la delincuencia no ha sido disuadida en lo más mínimo y la sintomatología del pánico en la sociedad ha crecido a niveles insospechados, como por ejemplo, cuando debemos utilizar el teléfono celular tenemos que mirar de un lado a otro porque hay más amigos de lo ajeno que serenos en la ciudad.
El precario equipamiento
En el año 2010, durante la primera gestión del exburgomaestre Roberto Torres, la comuna de Chiclayo adquirió 20 camionetas para la correcta instalación del Centro de Atención de Emergencias para la ciudad de Chiclayo, cuyo costo superó el millón 100 mil soles, hoy en día – con documentación a la vista – solo circulan un promedio de nueve diariamente, de las 11 que aparentemente se encuentran operativas.
Estas unidades se encuentran en una condición precaria en todos sus aspectos de operatividad por el tiempo de su uso. Según el último contrato suscrito por la actual gestión edil de Janet Cubas, utilizarán durante diez meses 35 mil galones de petróleo con un costo cercano a los 600 mil soles, importe que, indefectiblemente será pagado con los ingresos por los arbitrios mensuales que la ciudadanía contribuye, a pesar de que la comuna brinda este servicio predominantemente sin contar con las condiciones básicas que el mismo requiere para garantizar por lo menos estándares de calidad que le permitan seguir sobreviviendo.
Todo sigue igual o peor
Cumplidos los cinco primeros meses de la gestión de Cubas Carranza, la realidad es evidente y el servicio de serenazgo no ha mejorado. No se ve la mejora de los sistemas de seguridad, vehículos modernizados o agentes debidamente preparados y especializados, lo que en buena cuenta nos permite colegir que los ingentes ingresos con los que cuenta la comuna sólo están sirviendo para sostener un sistema ineficiente y no para mejorar la estructura básica del mismo que tiene que ver con la vida y la seguridad ciudadana.
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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
Han pasado 27 años desde que la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, adquirió dos lotes de terreno inscritos en las partidas registrales n.° 02243405 y 02243405. Sin embargo, la entidad nunca ejecutó el saneamiento físico legal de los mismos y hoy su oficina de Control Patrimonial no sabe dónde están ubicados. Hecho ha sido confirmado con informe de la Gerencia Regional de Control.
A través del Informe de Orientación de Oficio n.° 11281-2023-CG/GRLA-SOO, la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, de la Contraloría General de la República, identificó la situación adversa en EPSEL, al detectar que un lote de terreno rústico ubicado en Chacupe, con un área de 3.41 hectáreas, jurisdicción del distrito de Monsefú, fue vendido a la empresa del agua potable en 1996, al igual que otro predio de la misma extensión, en la misma zona, pero que pese al tiempo trascurrido no se concluyó con el saneamiento físico legal, lo que ha generado afectación directa sobre el patrimonio de la entidad.
Operaciones
El 15 de julio de 1996 se constituyeron ante el notario Felipe Granados Razuri, Segundo Villar Aldave y su esposa Nora Cabanillas Cabrera, propietarios de uno de los terrenos de 3.41 hectáreas en Chacupe, y Aníbal Cáceres Narrea, entonces gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque – EMAPAL, acordando la compra y venta del área en 24 mil 194 soles.
Al día siguiente, en la misma notaría se registró la escritura de compra y venta suscrita por la vendedora Doris Villar Aldave de Cerna y el gerente general de la empresa, acordando la transacción también en 24 mil 194 soles por un segundo terreno de 3.41 hectáreas.
El asiento registral de dichas transacciones se encuentra sen las respectivas partidas registrales que se sustentan en los títulos archivados 77/9009 y 77/9010.
Pedido de información
“Al respecto, la Gerencia Regional de Control de Lambayeque solicitó a la Zona Registral n.° II – Sede Chiclayo, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, copia de los referidos títulos archivados, los cuales fueron alcanzados (…), señalándose en el título archivado 77/9009 que el inmueble sería destinado para la construcción de lagunas de oxidación de tratamiento de aguas servidas del emisor Vía de Evitamiento Chiclayo, Reque, Chacupe, que obedece al Gran Plan Maestro de Alcantarillado de Chiclayo, con donación de la República Alemana”, señala el informe.
Lo que halló la Contraloría es que ambos títulos archivados están conformados únicamente por las escrituras públicas de compra y venta, sin haberse ubicado las medidas perimétricas, coordenadas, planos y/u otro indicador que permita establecer su ubicación geográfica con exactitud.
¿Dónde están?
“En atención a ello se solicitó información respecto al estado situacional de los predios, obteniéndose respuesta mediante Informe n.° 101-2023-EPSELS.A.-GG/GA/GAF/SGL/ACP, del 28 de abril del 2023, en el cual el analista de Control Patrimonial indicó lo siguiente: ‘Referente a su estado situacional, no se puede certificar debido a que no se ha encontrado planos perimétricos y de ubicación con el que se pudiera constatar en campo”, detalla el informe.
Siendo así, se concluye en que EPSEL no cumplió con efectuar el saneamiento físico legal de los lotes de terreno inscritos en las partidas registrales y, como consecuencia de ello, tampoco gestionó el proyecto para la construcción de las lagunas de oxidación, motivo de la compra de los predios.
