Durante su conferencia magistral ofrecida con ocasión de la inauguración del Año Académico 2024 de la Universidad Señor de Sipán, el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales Saravia, comentó sobre la evolución de la institución que tiene como responsabilidad ser la máxima intérprete de la constitución, remarcando que ésta no sólo resuelve controversias que tienen que ver con los poderes del Estado, sino también cautela los derechos fundamentales de la población.
“El Tribunal Constitucional todavía no cumple 30 años, en 1996 entró en funcionamiento; es decir, en un par de años estaremos celebrando 30 años. Nos antecedieron los grandes cambios como la caída del muro de Berlín o el crecimiento de la Internet. Entonces, debe entenderse que la construcción de organizaciones públicas y privadas es un proceso largo, es una tarea permanente y nosotros, que hoy tenemos la conducción de las mismas, entregaremos la posta a los jóvenes se forman en universidades como esta”, manifestó al inicio de su intervención.
Morales Saravia preguntó a los asistentes qué hace el Tribunal Constitucional y para qué sirve, señalando que como órgano de interpretación de la constitución tiene una responsabilidad muy alta, pues aborda aspectos que deben unir a la población en general.
“Si algo debe unir a las autoridades, empresarios, trabajadores, estudiantes, al pueblo en general, es la constitución. Si nosotros no aprendemos a vivir y a respetarla, no tendremos un futuro promisorio. Las grandes civilizaciones de ayer, hoy por hoy viven en el marco de una constitución. La constitución que tenemos actualmente ha cumplido 30 años y contiene una serie de derechos, organiza los poderes y cuando hay un problema de interpretación interviene el tribunal. El Congreso puede interpretar la constitución, los ciudadanos también, los académicos de la misma manera, pero cuando el tribunal emite una sentencia en la que se interpreta la constitución esta debe ser cumplida”, explicó.
Independencia política
Dijo que otro aspecto importante a explicar es si el Tribunal Constitucional es un órgano político o jurisdiccional.
Al respecto, señaló que la elección de los magistrados del TC es política, pues la desarrolla el Congreso de la República con dos tercios de los votos. Es decir, para que elijan a uno de los magistrados debe haber consenso, se exige un alto consenso.
“Por eso sobre ninguno de los siete miembros puede decirse que es de tal o cual partido, además que ninguno tiene filiación partidaria. ¿Ese hecho nos convierte en un órgano político? Alguien podría pensar que sí, pero nosotros negamos eso. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional, no porque lo digo yo, sino porque así está concebido en la más importante doctrina contemporánea. Lo más relevante es que la propia constitución le asigna funciones y competencias. El tribunal es independiente, no tributa a ningún órgano político ni del Estado. Tenemos competencias regladas, no podemos hacer lo que queramos, sólo podemos intervenir en los procesos de inconstitucionalidad, en los conflictos de competencia y las llamadas acciones de garantía: amparo, hábeas corpus, hábeas data y acción de cumplimiento”, explicó.
Acotó que algunas decisiones del TC pueden tener implicancia política o resolver asuntos políticos, pero eso no desnaturaliza la esencia del órgano.
El proceso de inconstitucionalidad
Morales Saravia explicó que el TC puede confirmar la constitucionalidad de las normas o declarar su inconstitucionalidad. Ejemplo de ello – dijo – fue el fallo relacionado a la composición del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU.
“El Congreso dictó una ley para modificar su composición organizativa. En opinión del tribunal ese no era un punto de inconstitucionalidad, era un asunto de mera reorganización del consejo directivo. Diferente hubiera sido si se diera una ley que afectara la autonomía de las universidades. Siendo así, el tribunal confirmó la constitucionalidad de esa ley. Los problemas de gestión o de operatividad ya no son responsabilidad de las instituciones”, detalló.
Otro caso que mencionó fue el de conflicto de competencia, que es aquel en el que un órgano señala que parte de sus funciones son tomadas por otro órgano afectando su normal desempeño.
“El Congreso de la República pretendía elegir un defensor del pueblo y un sindicato planteó un amparo judicial para que no se cumpla con dicha elección. El Congreso acudió al tribunal para que este señale quién tenía la competencia y si el Poder Judicial podía impedir tal elección. La decisión del tribunal fue que no se podía hacer eso, porque la elección era una función del Congreso. Como ven, los temas que aborda el tribunal son álgidos y complejos”, acotó.
Añadió que también se ha emitido un pronunciamiento en relación a la figura de la negación fáctica de confianza entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, señalando con claridad que dicha posibilidad no existe.
Asuntos ciudadanos
El presidente del TC señaló que la institución no sólo resuelve asuntos que podrían considerarse como de alta política y de conflicto. Sino que también interviene en casos que tienen que ver sobre el derecho de las personas.
“La mayor cantidad de casos que todavía sigue viendo el Tribunal Constitucional son temas de pensiones, por tanto aquí hago un llamado, sobre todo para los jóvenes, porque en las próximas décadas el gran tema social en el Perú será el de las pensiones. Dios no quiera, pero veremos una situación trágica, terrible, ante la ausencia de pensiones. No se trata de tener una pensión alta, por ahora, la realidad será que muchos no tendrán una pensión. Ojalá no ocurra un cataclismo social como el que ocurrió en el declive de las civilizaciones del Perú pre incaico”, remarcó.
Contó que un caso reciente resuelto por el TC tenía justamente que ver con el asunto pensionario.
“La Oficina de Normalización Previsional – ONP, tiene la facultad de supervisión para determinar si la pensión otorgada a una persona era correcta o no. La ley establece que esa facultad tiene que desarrollarse dentro de los dos años siguientes al otorgamiento de la pensión, pero en la práctica esto no ocurría. A un señor le anularon la pensión después de 14 años: se jubiló, le pagaron la pensión durante 14 años y de un momento a otro se la quitaron. El Tribunal ha dicho que eso no era legal, pues si el Estado va a ejercer su función fiscalizadora a través de la ONP tiene que hacerla en el tiempo legal”, señaló.
Hábeas corpus
Mencionó que otro aspecto de revisión del TC es el relacionado a los hábeas corpus, sobre todo en procesos de extradición.
“Había una persona de nacionalidad venezolana que estaba siendo extraditada y el Poder Judicial determinó una prisión por 60 días para efectos de la extradición. Sin embargo, se pasaron los 60 días y se emitió una disposición señalando que la persona seguiría presa en tanto dure el proceso de extradición. Había un vacío legislativo. El tribunal ha sentado una línea jurisprudencial exigiendo que se resuelva esta situación por parte del Congreso, que es el que legisla”, expuso.
Mencionó que el Tribunal Constitucional sigue avanzando en el reconocimiento de los derechos individuales, como es el caso de los hijos del productor de televisión Ricardo Morán, a cuyos hijos se había negado por la vía administrativa la nacionalidad peruana, debido a que fueron concebidos bajo la figura de vientre subrogado.
“Los niños ya iban a entrar en edad escolar y no tenían la nacionalidad peruana. El TC no entró a discutir la maternidad subrogada, sencillamente se enfocó en el reconocimiento de los derechos de los niños. Ellos son hijos de un padre peruano, por lo tanto deben tener nacionalidad peruana”, dijo.
Comentó también el caso de Marco Tulio Falconí, quien habiendo sido elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia – JNJ, no pudo juramentar.
“Quienes integran el tribunal están regidos por diferentes principios. ¿Cuáles? En primer lugar, el de imparcialidad, el respeto del debido proceso formal y material, y la supremacía de la constitución. Quizá algunos de nuestros fallos pueden ser polémicos, es un derecho constitucional la crítica a las resoluciones, pero lo que sí no puede existir es el desacato a las decisiones que emitimos”, enfatizó.
Todo apunta a que el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, busca librarse de las posteriores responsabilidades que podría acarrear la denuncia presentada en su contra por la contratación del Consorcio Vial VI, empresa a la que se adjudicó la construcción de la carretera Ferreñafe – Hacienda Mamape, por más de ocho millones de soles. El caso está en manos del Ministerio Público.
Con Resolución Ejecutiva Regional n.° 000241-GR.LAMB/GR, del 20 de abril, el gobernador Jorge Pérez Flores, declaró la nulidad del Contrato de Obra n.° 0001-2024-GR.LAMB/ORAD, suscrito con el Consorcio Vial VI, empresa a la que en febrero pasado se adjudicó la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera Ferreñafe - Hacienda Mamape".
La decisión del gobernador regional se dio a pesar que el Gobierno Regional de Lambayeque hizo entrega del 10 % del costo del contrato al referido consorcio; es decir 897 mil 457.64 soles, pues decidió continuar con el contrato aun cuando fue advertido de la existencia de documentación falsa en la oferta del postor ganador, hecho que no fue revisado por el comité de selección.
La presentación de facturas falsas en dicho proceso de adjudicación por parte del Consorcio Vial VI fue denunciada antes de la firma del contrato por el consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita. Sin embargo, Pérez Flores hizo caso omiso a la carta que le fue dirigida el 13 de febrero pasado.
El hecho fue denunciado al Ministerio Público, el mismo que ha citado al gobernador y otros funcionarios a prestar su declaración por este caso. Además, la existencia de las facturas falsas fue corroborada por SUNAT.
El proceso
El 15 de diciembre del 2023, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el Gobierno Regional de Lambayeque convocó al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 79-2023-GR.LAMB – Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra vial.
Siguiendo el cronograma del proceso, el 7 de febrero de este año, el Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio Vial VI, conformado por la Constructora HT y Constructora Romasi SAC, suscribiéndose el contrato el 22 de febrero, siendo este firmado por el jefe regional de Administración del GORE Lambayeque.
La denuncia
El 13 de febrero pasado el especialista en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, el 13 de febrero comunicó por escrito al gobernador regional de la existencia de dos facturas de la Serie n.° 000352 y 360 emitidas el 25 de marzo del 2019 y el 15 de agosto del 2019, las mismas que – indicó en su misiva - fueron corroboradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT como “no autorizadas” para su impresión y, por ende, para su emisión, las cuales habrían servido al Consorcio Vial VI para ser adjudicado con la buena pro del proceso de selección.
El consorcio ganó la adjudicación con una oferta de ocho millones 974 mil 546.42 soles.
Sin embargo, la alerta de Chávez Pita no fue atendida por la gestión de Jorge Pérez, que – como se ha dicho – firmó el contrato el 22 de febrero y lo publicó días después en el SEACE.
Ante ello, el especialista denunció lo sucedido ante el Ministerio Público el 4 de marzo, detallando que los comprobantes presentados por el Consorcio Vial VI fueron utilizados para acreditar la propiedad del equipamiento estratégico requerido en las bases del proceso de selección.
“Dichas facturas fueron ofrecidas por el supuesto arrendatario Luis Fernando Hernández Tineo mediante e la Carta de Compromiso de Alquiler de Equipo y Maquinarias (Folio 041 de la oferta) suscrita por su persona, adjuntando a la misma los cuestionados comprobantes de pago Facturas) Serie 0001 N° 000352 y 000360 respectivamente (folios 042 y 043 de la oferta) supuestamente emitidas por la empresa JFA SCRL a favor del supuesto comprador Luis Felipe Hernández Tineo, las cuales fueron validadas por el Comité de Selección que tuvo a cargo el proceso referido, las mismas que, hasta la fecha y pese al tiempo transcurrido, no han sido corroboradas respecto a su autenticidad y veracidad vía el procedimiento de Fiscalización Posterior que debió ser por el Área competente, conforme lo establece la norma de las Contrataciones del Estado y lo solicitado por el Comité de Selección en el Acta del procedimiento de selección”, dice la denuncia.
En la denuncia están comprendidos, además del gobernador regional y los tres integrantes del comité de selección: Andrés Acosta Coronel, presidente; Jhonatan Orihuela Molina y Edson Tarrillo Clavo, miembros; el jefe regional de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, Carlos Escalante Gómez. Asimismo, Luis Felipe Hernández Tineo y Eufemia Adela Hernández Tineo. Tarrillo Clavo era jefe de Logística.
Pago de adelanto
Aun cuando se había denunciado la ilegalidad de los documentos presentados por el consorcio en su oferta y el Ministerio Público ya tenía en sus manos la documentación presentada por Chávez Pita, incluyendo la carta remitida por SUNAT en la que confirma que no había autorización vigente para la emisión de las facturas en cuestión, el gobierno regional pagó un adelanto ascendente al 10 % del monto de contrato, esto es: 897 mil 454.64 soles.
Los comprobantes corresponden al 6 de marzo, siendo en total cuatro documentos a favor del Consorcio Vial VI.
En tanto, el Órgano de Control Institucional – OCI, emitió un informe que corrobora lo señalado por Chávez Pita, y el Ministerio Público ha citado para el 20 de mayo al gobernador para que rinda su declaración.
Nulidad del contrato
Habiendo transcurrido dos meses desde que se firmó el contrato y habiéndose pagado casi 900 mil soles a favor de la empresa, Pérez Flores ha resuelto la nulidad del acuerdo, invocando la transgresión del numeral 64.6 del artículo 64 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho cuerpo normativo señala que: “Consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente”.
Es decir, el gobernador regional confirma lo que fue advertido el 13 de febrero.
El segundo artículo de la resolución de Jorge Pérez declara también la nulidad del proceso, sin indicar hasta qué etapa se retrotae y tampoco se indica de qué manera el Gobierno Regional de Lambayeque recuperará los casi 900 mil soles de adelanto.
Asimismo, resuelve remitir copias al Ministerio Público, siendo él uno de los funcionarios ya investigados por este caso.
Palabras del nuevo rector de la Universidad Señor de Sipán, en la Ceremonia de Apertura del Año Académico 2024
Con profundo agradecimiento a la Alta Dirección de la Universidad Señor de Sipán representada por la Dra. Carmen Rosa Núnez Campos y el Mag. Richard Acuna Núñez y con gran entusiasmo y compromiso asumo el reto que con mucha confianza se me ha encomendado, estar al frente del rectorado de esta bellísima casa de estudios. Estoy plenamente consciente de la dignidad de este encargo y del compromiso y responsabilidad que el encierra.
Según su filosofía y su misión, la Universidad Señor de Sipán busca coadyuvar en un ambiente participativo, de libertad y respeto al desarrollo, difusión y consolidación del saber y a la formación de profesionales e investigadores con profundo sentido humano y académico comprometidos con el servicio a sus pares para el logro de comunidades más justas, éticas y humanamente solidarias.
Es por ello que, lo que pretendemos con nuestro trabajo educativo es formar líderes para el servicio y la cooperación, hombres y mujeres de alta competencia académica y científica, conscientes y comprometidos en el desarrollo regional y nacional y siempre al servicio de los demás para poder edificar una comunidad libre, sustentable y equitativa. El aprendizaje de nuestros estudiantes se fundamenta en la comprensión reflexiva de lo cotidiano a través de la contemplación y la experimentación, involucrándolos al conocimiento de sí mismos, a la integridad ya la exactitud.
En primera instancia, el trabajo universitario es básicamente la transmisión de saberes. La preservación de esos saberes que posee una comunidad debe ser la esencia misma de la educación. Pero, la universidad no esta creada para resguardar los conocimientos de antaño y privilegiar lo novedoso del momento reciente, fue creada para mostrar a las futuras generaciones el mundo tal cual como lo creemos y pensamos. Por eso, les hemos de entregar de la misma manera las múltiples posibilidades que pueden llegar a ser como profesionales.
Cabe precisar, además, que las sociedades deben contar con lugares libres como este, en donde maestros y discípulos se juntan a compartir sus conocimientos; el ejercicio de la discusión es un elemento vital para forjar espíritus libres con una cuota altísima de humanidad. La universidad es el lugar para forjar el intelecto, donde hombres y mujeres pensantes y hablantes trabajen en la discusión con otros expertos que hablen y piensen en la indagación, la edificación y la reafirmación de la verdad.
En ese contexto, tras fecundas reflexiones podemos decir que la universidad no es más que el lugar donde se producen diálogos organizados entre diversas formas de ver el mundo. Para construir un lugar de esa naturaleza toma un tiempo prudencial más de los 25 años que cumple nuestra joven institución, pero continuar con esa edificación es y debe ser una faena a la que nos reúne nuestra propia responsabilidad frente al país ya las personas que viven en él.
Dicho de otra manera, este recinto que construimos con nuestro trabajo no está justificado en sí mismo, se justifica en todo caso por su rol y la tarea que va a desempeñar en lo social. De esta forma, no debemos hacer del pensamiento y de la rigurosa metodología científica meros objetos de carácter utilitario, pero si poseer el raciocinio necesario de la hipoteca social que pende de ellos. La verdad del momento actual se encuentra escrita en cada hombre y mujer del mundo, desvelarla, hacerla nuestra y transformarla para el bien es el reto mayor que deseo proponer para nuestra universidad. Esta es, por cierto, una postura epistemológica, donde se pone en discusión la justeza y la razón del conocimiento y del quehacer universitario. No queremos una universidad replegada hacia sí misma, deseamos una universidad abierta a las ideas y a los cambios que impone la modernidad.
No queremos caer en ideales educativos que contravienen los ideales de la universidad, queremos formar profesionales exitosos en sociedades exitosas, no solo seremos una universidad profesionalizante, queremos acercar la atención de los estudiantes a los intereses de lo público para que, con sus conocimientos, colaboren con sumo profesionalismo, entusiasmo y desinterés al desarrollo de las comunidades.
Nuestra universidad debe de formar seres de pura autonomía, participes de transformaciones sociales y capaces de ensancharse sin perecer; convencidos de que el mejor bien que produzcamos es una auténtica humanidad. Nietzsche decía: "De nada sirve un libro que no te lleva más allá de los libros". De esta manera el trabajo universitario no debería servir tan solo a la economía, sino también, debería servir para ofrecerle un espacio a la esperanza.
No puedo concluir mi participación sin antes expresar mi reconocimiento sincero a la labor realizada por el doctor Huber Rodríguez Nomura, a lo largo de todos estos años como rector de nuestra universidad. Recibo de sus manos una institución sólida y en constante camino a la excelencia.
Nos toca educar en el cultivo de la humanidad, ese es el único camino posible para poder pensar en un futuro mejor para los humanos.
Dr. C.P Alejandro Cruzata Martínez / Rector de la Universidad Señor de Sipán
La nueva gestión seguirá el camino de la excelencia académica para la construcción de profesionales íntegros, ceñidos a la ciencia ya la ética en procura de una sociedad mejor.
En ceremonia protocolar el Ph.D. Alejandro Cruzata Martínez recibió la investidura como nuevo rector de la Universidad Señor de Sipán (USS). Fue su antecesor, el Dr. Huber Rodríguez Nomura, quien le impuso la medalla y le otorgó la resolución correspondiente como máxima autoridad académica de esta institución.
La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta ejecutiva de la USS, Dra. Carmen Rosa Núñez Campos, quien estuvo acompañada por el consejo universitario en pleno; asimismo estuvieron presentes autoridades de gobierno y representantes de la educación y cultura de Lambayeque.
La designación de Cruzata Martínez marca la consolidación de los servicios académicos que brinda esta importante universidad lambayecana que esta pronto a cumplir 25 años de vida institucional. La nueva gestión seguirá el camino de la excelencia académica para la construcción de profesionales íntegros en procura de una sociedad mejor.
lnauguración del año académico 2024
Tras la ceremonia de investidura del nuevo rector se celebró la inauguración del año académico 2024, el acto tuvo como orador principal al Dr. Francisco Morales Saravia, actual presidente del Tribunal Constitucional (TC), quien desarrolló la ponencia titulada El Tribunal Constitucional del Perú: Organización y funciones. En su discurso el profesional del TC aseguró que "detrás de una demanda constitucional, ya sea a través de un amparo o habeas corpus, hay un drama personal y una sed de justicia que el TC está obligado a saciar". Morales Saravia dijo que el TC es un Tribunal independiente e imparcial y sus sentencias se vinculan a una interpretación fiel de la Constitución.
lnauguración de la sala de litigación oral José Luis Bustamante y Rivero
Tras el desarrollo de la ceremonia de inicio de año académico las autoridades universitarias e invitados se dirigieron al edificio principal de esta alma mater lambayecana donde se desarrolló la ceremonia de inauguración de la sala de litigación oral de la Escuela de Derecho denominada José Luis Bustamante y Rivero.
Este es un taller único en el Perú, donde los estudiantes asumen el rol del abogado, fiscal o magistrado en un espacio adecuado para la práctica de la defensa y la justicia. Es una réplica de una Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Lima y cuenta con tecnología de vanguardia.
Severa crítica es la que formula Alexander Rodríguez Alvarado, el excandidato a la gobernación de Lambayeque, sobre los resultados de la gestión de Jorge Pérez Flores. Según afirma, existen sospechas de corrupción, ineptitud en los funcionarios designados y desinterés por atender los problemas y exigencias de la población.
¿Cuál es su análisis de la situación del Gobierno Regional de Lambayeque a 15 meses de iniciada la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores?
Todos los lambayecanos vemos cómo se está desarrollando la gestión del gobernador regional y a cuatro meses de iniciado el segundo año no se ve ningún proyecto emblemático en marcha. Los problemas se han agudizado aún más en los diferentes sectores como educación, seguridad ciudadana, salud, agricultura, muchos de ellos olvidados producto de la mala designación de funcionarios y gerentes.
El año pasado el Gobierno Regional de Lambayeque acabó en penúltimo lugar en ejecución del gasto de inversiones y ahora estamos en el puesto 17, con una inversión de sólo 15.7 %, sabiendo que la región tiene para este año un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de 903 millones de soles para invertir en los diferentes sectores. Nos ganan regiones con mayor presupuesto, lo cual es preocupante.
¿Considera que el gobernador regional se ha dedicado a municipalizar su gestión?
Lo que ha optado la gestión es aumentar su gasto y con ello hacer parecer que tienen capacidad. Es un error, por ejemplo, entregar maquinaria a los municipios sin ningún criterio técnico. Hay municipios pequeños a los que han entregado hasta seis máquinas, mientras a municipios con mayor amplitud menos equipos. Un caso es el de la comuna provincial de Lambayeque que ha recibido cuatro maquinarias.
Se ha entregado la maquinaria sin ningún criterio técnico y real. No se ha dado cuenta el gobernador que ha generado un problema, porque muchos de esos equipos están almacenados ya que no cuentan con documentación, volquetes sin placa de rodaje, seguros o SOAT. Tampoco se tiene asegurado el recurso para el combustible, la operación y el mantenimiento. Desconoce el gobernador que el gasto corriente en los municipios es muy alto.
Yo he sido alcalde distrital y alcalde provincial, conozco que hay municipios que la mayor parte de sus recursos los destinan a su gasto corriente, llegando a más de 80 % del FONCOMUN. Con la llegada de la maquinaria ese gasto aumenta, porque habrá que contratar personal técnico para que las opere, adquirir el combustible cuya compra se hace por subasta inversa y, finalmente, garantizar el mantenimiento.
La compra de maquinaria se ha hecho con el fin de congraciarse con los alcaldes y aumentar el porcentaje de gasto regional, pero eso tampoco ha funcionado porque el año pasado quedamos entre los últimos lugares.
Además de ello quedaron 250 millones de soles de gasto de inversión que no se ejecutaron.
Así es y para colmo los procesos que se hacen son malos. Acaba de caerse por tercera vez la compra de 32 compactadoras y eso es por falta de conocimiento de sus funcionarios y técnicos.
El problema es que se ha convocado a los puestos clave a personas que apoyaron al partido o trabajaron en la campaña, pero no se ha pensando en la región convocando a los técnicos y mejores cuadros indistintamente de su posición política, y si acaso no hubiera aquí pues traer de otras regiones, pero a gente preparada.
Sin embargo, no ha sido así. Empezó con una gerente regional de Agricultura (Felicita Tocto) que no era de la región, sin conocer la realidad y con una serie de cuestionamientos. Estuvo buen tiempo y no dio ningún resultado. Estamos en el segundo año y hasta ahora no hay ni un solo proyecto concerniente al sector agrario.
¿Qué es lo que más cuestiona de la gestión de Jorge Pérez Flores?
Lo que vemos hoy en día son los escándalos, por presuntos actos de corrupción y eso es preocupante. Cada una de las gerencias y las áreas están bajo la mirada de la Contraloría y el Ministerio Público, y con justa razón, porque muchos de los procesos se están llevando a cabo de manera irregular, como el caso de la carretera Mamape – Ferreñafe, donde se ha detectado facturas falsas.
¿Ronda la corrupción en el gobierno regional?
Ronda la corrupción en el gobierno de Jorge Pérez y lo vemos a diario en los diferentes medios de comunicación, que fiscalizan y publican lo que está pasando, algo que él mucho cuestiona. Hemos escuchado sus declaraciones donde cuestiona a la prensa que lo investiga, sin entender que la prensa es aliada para hacer las cosas mejor.
No hay criterio para la designación de funcionarios, se cometen errores gravísimos y se evidencia desconocimiento en las diferentes gerencias regionales. Estamos de mal en peor.
Se dijo que el sector Salud sería el más beneficiado. Sin embargo, la crisis se ha agudizado. Vemos las grandes colas en los hospitales como el Regional, el Belén o Las Mercedes, colas que empiezan desde la madrugada sin que se haya mejorado la atención a los pacientes.
No hay un trabajo coordinado con las autoridades correspondientes, mientras el gobernador está de paseo por Europa o Asia. No tiene interés de trabajar por Lambayeque.
¿Qué de productivo, cree, pueden tener para la región los frecuentes viajes del gobernador al exterior?
Son viajes de placer y turismo. Yo fui alcalde 12 años, recibí diversas invitaciones de organismos internacionales para salir al extranjero y nunca viajé, porque primero pensé en el pueblo que me eligió y los problemas que había por atender. Lo más grave es que no se hace nada pese a haber recursos. Si no hubiera presupuestos, quizá podríamos pensar que sale a buscar recursos, pero ¿qué partidas adicionales puede pedir si ni siquiera sabe gastar? Hay casi mil millones este año para impulsar obras importantes en el aspecto vial, para impulsar el Terminal Portuario o un mejor hospital, pero no hay nada de eso.
Con esos recursos se podrían impulsar dos o tres proyectos grandes para el desarrollo, como la torre oncológica, carreteras o centros de salud. Eso es más importante que estar regalando maquinaria que no hay cómo utilizar.
Tampoco se hace nada por la seguridad ciudadana ni por generar condiciones para la inversión y el turismo, a fin de generar más puestos de trabajo.
¿Qué debería hacer el gobernador?
Primero, rodearse de buenos funcionarios. La gestión pública no es para los amigos, es para los mejores técnicos.
¿Cree que el gerente general regional, Ranjiro Nakano Osores, suma a la gestión?
No, su sola presencia genera desconfianza. Creo que esta respuesta es suficiente.
¿Alguna vez el gobernador regional lo convocó para sumar su plan de trabajo y propuesta técnica a su gestión?
No. Yo sí lo llamé tan pronto pasó la segunda vuelta regional para felicitarlo y desearle éxitos en nombre de la región Lambayeque. Ahora ya es un poco tarde para convocar. Él debió rodearse de los colegios profesionales, las universidades y los líderes políticos para recoger los planes de gobierno, opiniones y sugerencias.
No olvidemos que el gobernador no tiene ninguna experiencia previa en gestión pública. No es fácil ser gestor público y al llegar al cargo él se ha dado con la sorpresa de su desconocimiento total.
¿Qué le recomendaría al gobernador?
Menos viajes y ponerse a trabajar, hablar menos y accionar, porque la población lo eligió para eso. Las críticas vendrán de uno y otro lado, lo importante son los resultados al final de una gestión, pero así como veo, los resultados serán negativos y Lambayeque será la que sufra las consecuencias, mientras las regiones vecinas avanzan.
El gobierno regional recibe en promedio 700 millones de soles fijos para invertir sin hacer gestión, esto gracias al FONCOR. Si hiciera gestión, lograría presupuestos extraordinarios para hacer más proyectos, pero no ha logrado nada de eso hasta ahora. Se conforma con lo que tiene y no sabe gastarlo.
El inicio de las actividades de exploración marítima entre La Libertad y Lambayeque he despertado una serie de interrogantes en las poblaciones costeras, principalmente entre los pescadores artesanales, ante el temor de una posible contaminación o impactos negativos en el recurso hidrobiológico y los ecosistemas. Sin embargo, según la vocera de Perúpetro, Isabel Calderón Cahua, el daño ambiental está descartado.
En octubre del 2017, Anadarko y Perúperto suscribieron los Contratos de Licencia para la Exploración y Aprovechamiento de Hidrocarburos en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la cuenca Trujillo del offshore peruano, a una distancia de 30 a 51 milla náuticas de las líneas de costa de las regiones de La Libertad y La Lambayeque.
Las profundidades del fondo marino donde se encuentra la cuenca Trujillo varía de este a oeste, entre los 100 a 2400 metros.
Proceso de exploración
En el período I, del contrato, Anadarko realizó durante 36 meses el reprocesamiento de tres mil 500 kilómetros de sísmica marina 2D en los tres lotes, la aplicación de un programa de piston core; interpretación de datos de gravimetría y magnetometría y el Estadio de Proveniencia y Paleogeografía.
Concluido dicho proceso, la compañía ha iniciado al período II, consistente en registrar, procesar e interpretar cuatro mil kilómetros de sísmica marina 2D y 3D para registrar y procesar información sobre las fuentes de petróleo ubicadas en los tres lotes para los que tiene licencia.
Atención medioambiental
“No vamos a tener un impacto ambiental, lo que sí vamos a tener más bien es un dato que nos va a permitir evaluar la zona y tenemos que verlo y enfocarlo desde esa parte. Tener un dato técnico nos permitirá saber si tenemos potencial en la zona para fines de explotación. Además, previamente tenemos las autorizaciones correspondientes para que el proyecto pueda realizarse, es decir otras entidades también han revisado los trabajos a realizar”, señaló Isabel Calderón.
Durante 45 días, Anadarko realizará la adquisición de la sísmica marina, de acuerdo al Instrumento de Gestión Ambiental – IGEA, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
En paralelo, la empresa ha instalado desde inicios de abril una Oficina Informativa Permanente en la ciudad de Pacasmayo, a fin de atender a la población del área de influencia directa, principalmente a los grupos de interés y ciudadanía en general, con el fin de propiciar un ambiente de diálogo y confianza.
La sísmica marina será recogida por una embarcación especializada extranjera, acompañada de una flotilla de seguridad y monitoreo náutico.
“El contrato es de exploración, estamos aún en etapa inicial, en el segundo período, en el cual corresponde hacer la adquisición sísmica de acuerdo al contrato. La adquisición sísmica se utiliza para la actividad exploratoria, esto consiste en la emisión de sonidos controlados en su frecuencia para evitar algún tipo de impacto en el ambiente. Con ello se obtendrá información del subsuelo. Es un método similar al de las ecografías”, explicó la representante de Perúpetro.
Dependiendo de los resultados del segundo período, se daría pase a la tercera fase, que consistiría en la perforación de tres pozos exploratorios, uno por cada lote, a fin de registrar, procesar e interpretar un total de 2 mil kilómetros cuadrados de sísmica.
“Los lotes se encuentran entre 30 y 50 millas de distancia, por lo que al estar muy lejos de la costa no impactará en las actividades de la pesca artesanal, que se realizan hasta las cinco millas desde la línea costera”, enfatizó.
