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El proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2026 avanza en una etapa clave y altamente exigente para el sistema electoral peruano. Así lo señaló a Expresión Willy Ramírez Chávarry, integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones - JNE, al detallar el estado actual del cronograma electoral, los cambios estructurales que trae el retorno a la bicameralidad, los mecanismos de fiscalización de candidatos y el compromiso institucional para garantizar comicios transparentes y confiables en un año marcado por la simultaneidad de procesos electorales.
Ramírez Chávarry explicó que el proceso ha superado ya la fase de inscripción de fórmulas presidenciales. Estas están conformadas por un candidato a la Presidencia de la República y dos vicepresidentes. Paralelamente, se ha cumplido también con la inscripción de las listas al Parlamento, que en el próximo período volverá a ser bicameral, luego de casi cuatro décadas.
El retorno del Senado
Uno de los principales cambios del proceso electoral en curso es el retorno del Senado, que estará conformado por 60 senadores. De este total, 30 serán elegidos por distrito múltiple, correspondiéndole un senador a cada región, incluidos los peruanos en el exterior, que constituyen un distrito electoral adicional. A estos se suman cuatro senadores por Lima Metropolitana, asignados en función de su densidad demográfica, considerando que Lima concentra cerca de un tercio de la población nacional.
Los otros 30 senadores serán elegidos por Distrito Único Nacional, bajo un esquema similar al utilizado anteriormente. Este nuevo modelo, según explicó Ramírez Chávarry, introduce una elección más compleja y competitiva, especialmente para una ciudadanía que no ha tenido experiencia previa con este tipo de sistema mixto.
“El hecho de que en cada región solo un partido obtenga la curul al Senado hace que la contienda sea mucho más reñida y selectiva”, indicó. No obstante, destacó que este diseño busca fortalecer la representación regional, garantizando que todas las regiones del país cuenten con un senador propio.
En paralelo, la Cámara de Diputados mantendrá el número de 130 representantes, elegidos bajo un esquema similar al anterior, asegurando un mínimo de dos diputados por región, de acuerdo con criterios demográficos. Como ejemplo, Ramírez mencionó el caso de Madre de Dios, que actualmente cuenta con un solo congresista y que en el próximo período tendrá un senador y dos diputados, corrigiendo una situación de subrepresentación histórica.
Respecto al Parlamento Andino, el proceso se mantiene sin modificaciones: se elegirán cinco representantes titulares y dos suplentes, como en anteriores elecciones.
Padrón electoral y fiscalización de candidaturas
De acuerdo con el miembro del Pleno del JNE, el padrón electoral ha quedado cerrado con 27 millones 350 mil electores aproximadamente, cifra que refleja el universo de ciudadanos habilitados para sufragar. A diferencia de procesos anteriores, el cierre del padrón se realizó seis meses antes de la elección, cuando antes se hacía con un año de anticipación.
Uno de los mayores retos del proceso, reconoció Ramírez Chávarry, es la revisión exhaustiva de las hojas de vida y de toda la documentación presentada por los candidatos, considerando la gran cantidad de postulantes inscritos. En ese contexto, resaltó el rol de los Jurados Electorales Especiales -JEE, que actúan como primera instancia.
Para este proceso, el JNE ha implementado 60 Jurados Electorales Especiales, con el objetivo de acercar la justicia electoral tanto a los electores como a las organizaciones políticas. Estos órganos vienen cumpliendo funciones de fiscalización desde el inicio del proceso, especialmente en lo referido al principio de neutralidad y a la verificación de la información consignada por los candidatos.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de revisión de la documentación, que luego será puesta en conocimiento público. Posteriormente, se abrirá la fase de impugnaciones, que incluye dos mecanismos claramente diferenciados: las exclusiones, que se realizan de oficio por parte del JEE a partir de informes de fiscalización, y las tachas, que pueden ser presentadas por cualquier ciudadano de la república. Dicho proceso concluye el 13 de marzo.
El criterio constitucional
Ramírez Chávarry precisó que las tachas deben ajustarse estrictamente a las causales previstas en la ley, al igual que las exclusiones. Entre los ejemplos más claros de causal de tacha se encuentra el caso de candidatos que ocultan información relevante, como una sentencia condenatoria en primera instancia.
Al respecto, explicó que la Constitución incorpora el artículo 34-A, que establece una prohibición de carácter cautelar. Esta disposición impide postular a quienes cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia, aun cuando esta no esté firme. “Se trata de una medida de cautela en aras de la idoneidad del candidato”, señaló, precisando que no vulnera derechos constitucionales, ya que forma parte de la propia Carta Magna.
En esa línea, indicó que un ciudadano puede presentar una tacha si toma conocimiento de que un candidato no ha consignado una sentencia en su hoja de vida. Será el Jurado Electoral Especial el encargado de evaluar el caso conforme a derecho.
Respecto a la rehabilitación de candidatos con sentencias cumplidas, Willy Ramírez informó que el JNE ha emitido recientemente una resolución —próxima a publicarse— sobre el tema de la llamada “muerte civil”, interpretación que se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta decisión marca un nuevo criterio en el ámbito electoral, alineado con los pronunciamientos del máximo intérprete de la Constitución.
Asimismo, anunció que, una vez concluido el proceso electoral, el JNE remitirá un proyecto de ley para ordenar y armonizar la legislación electoral, exhortando a las organizaciones políticas a ejercer mayor responsabilidad en la selección de sus candidatos.
Casos sonados
El integrante del Pleno del JNE se refirió también a las apelaciones presentadas por las organizaciones políticas, confirmando que aún existen algunas pendientes de resolver. En el caso de Primero la Gente, explicó que la controversia estuvo relacionada con fallas del proveedor de firma digital en la plataforma correspondiente, situación que motivó la habilitación de un horario excepcional para culminar el registro de candidatos.
En cuanto a Renovación Popular, el cuestionamiento estuvo vinculado a la adecuación de su estatuto partidario y al tipo de elecciones internas realizadas. Según detalló, la responsabilidad en este caso recayó en la administración electoral y no en la organización política, razón por la cual se permitió su continuidad en la contienda.
Sobre casos de improcedencia de candidaturas, como el de magistrados que no renunciaron oportunamente a sus cargos, recordó que la norma es clara: no basta solicitar licencia, sino que se exige la renuncia efectiva, disposición que viene siendo aplicada por los Jurados Electorales Especiales.
En relación con las elecciones regionales y municipales, Ramírez Chávarry indicó que se han inscrito 23 alianzas electorales y recordó que este proceso ya se encuentra en marcha. Destacó que el 2026 será un año especialmente complejo, debido a la superposición de elecciones generales y subnacionales, estas últimas consideradas las más complejas por la multiplicidad de circunscripciones: regiones, provincias y distritos.
Presupuesto y llamado a la ciudadanía
Respecto al presupuesto asignado al JNE, Ramírez Chávarry señaló que se ha aprobado aproximadamente el 50 % del monto solicitado, quedando pendiente el financiamiento del resto mediante créditos suplementarios o ampliaciones presupuestales, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Finalmente, el miembro del JNE dirigió un mensaje a la ciudadanía, garantizando que la institución actuará con estricto respeto a la Constitución y a la legislación electoral, y exhortó a los electores a informarse de manera responsable.
Pidió a la población revisar cuidadosamente las hojas de vida, las propuestas y los planes de gobierno de los candidatos, y evitar caer en la desinformación y las noticias falsas, fenómeno que, advirtió, ya ha generado consecuencias negativas en procesos anteriores. “Compartir información falsa solo fortalece a los poderes ocultos y debilita nuestra democracia”, enfatizó.
Ramírez concluyó haciendo un llamado a confiar en las instituciones del sistema electoral peruano —JNE, ONPE y Reniec— “como pilares fundamentales para la transparencia, la legitimidad y la consolidación de la democracia en el país”.
Luego de más de una década marcada por pérdidas económicas recurrentes y debilidades estructurales en su gestión contable y financiera, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - Epsel S.A. muestra hoy indicadores que evidencian una recuperación sostenible y técnicamente validada. Así lo sostuvo su gerente general, Eduardo Vásquez Figueroa, al detallar los resultados financieros, operativos y de gestión alcanzados en los últimos años, así como los principales desafíos que aún enfrenta la empresa para garantizar un servicio eficiente y sostenible a la población.
El funcionario explicó que, durante un período de entre 15 y 20 años previos a la incorporación de la empresa al Régimen de Apoyo Transitorio - RAT, Epsel acumuló pérdidas superiores a los 180 millones de soles, reflejo de serias deficiencias en la gestión contable y financiera. Esta situación comenzó a revertirse a partir de los años 2017 y 2018, cuando, bajo el marco del RAT, se implementaron acciones correctivas claves orientadas a ordenar la información financiera y fortalecer la gestión institucional.
Resultados positivos
Vásquez Figueroa señaló que las primeras medidas incluyeron la organización del sistema contable, la reevaluación y sinceramiento de los estados financieros, así como la depuración de saldos históricos que se arrastraban desde hacía muchos años. Este proceso permitió contar, por primera vez en largo tiempo, con información contable y financiera razonable y confiable.
Como resultado de estas acciones, a partir del año 2022, Epsel ha registrado resultados positivos de manera recurrente en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025. En promedio, la empresa ha alcanzado utilidades superiores a los 3.5 millones de soles anuales, cifra que contrasta con el escenario deficitario de décadas anteriores.
Un hito importante en este proceso fue la auditoría externa practicada a los estados financieros del año 2024, que concluyó con un dictamen limpio, hecho que, según el gerente general, no se registraba desde hacía muchos años en la historia de la empresa. Este resultado confirma que las acciones técnicas emprendidas en los ámbitos contable y financiero han sido implementadas de manera adecuada y sostenible.
No obstante, Vásquez Figueroa precisó que estas utilidades no se distribuyen, debido a tres razones fundamentales: primero, la necesidad de revertir las pérdidas acumuladas de más de 180 millones de soles; segundo, la obligación de reinvertir los excedentes en proyectos de mejora de la calidad del servicio; y, finalmente, solo después de superadas estas dos etapas, se evaluará un eventual reparto de utilidades, escenario que podría darse en los próximos años.
Recaudación, morosidad y cultura de pago
En cuanto a la situación de ingresos, el gerente general informó que, a diciembre de 2025, EPSEL registra una recaudación promedio mensual cercana a los 12 millones de soles. Sin embargo, advirtió que esta recaudación no es uniforme, debido a que existe un grupo significativo de usuarios que retrasa sus pagos y los regulariza después de dos meses.
Uno de los principales problemas que enfrenta la empresa es la morosidad, que actualmente supera los 30 millones de soles. Este monto representa aproximadamente el 20 % de la facturación mensual, porcentaje que Epsel deja de percibir de manera regular. Aunque una parte de estos pagos se recupera en el mes siguiente, las deudas que superan los tres meses se convierten en pérdidas para la empresa.
Vásquez Figueroa subrayó que, con esos 30 millones de soles, Epsel podría haber ejecutado numerosas obras de inversión, mejoras en su sistema operativo y proyectos orientados a elevar la calidad del servicio. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de pago, recordando que el agua potable es un servicio prioritario y que su provisión implica costos de captación, tratamiento, control de calidad y personal especializado.
Asimismo, anunció que este año la gestión comercial recibirá un impulso significativo, con el objetivo de mejorar la cobertura, reducir la morosidad y consolidar la sostenibilidad financiera de la empresa.
Conexiones, clandestinaje y agua no facturada
A la fecha, Epsel cuenta con 207 mil 568 conexiones reales facturadas, cifra que, según el gerente general, no refleja la totalidad de usuarios existentes, debido a la presencia de entre 30 mil y 40 mil conexiones clandestinas. Esta situación está directamente vinculada con el elevado nivel de agua no facturada, que actualmente alcanza el 46 %.
En términos prácticos, esto significa que de cada 100 litros de agua producida, solo 54 litros se facturan, mientras que los 46 litros restantes se pierden, principalmente por conexiones clandestinas y, en menor proporción, por pérdidas operativas asociadas a la antigüedad de las redes. Estas pérdidas operativas no superan el 10 %, precisó.
El impacto económico de esta situación es considerable. Epsel estima una pérdida mensual cercana a los 11 millones de soles, lo que equivale a más de 120 millones de soles al año. Frente a este escenario, la empresa ha diseñado para 2026 un programa agresivo de detección, cortes y regularización de conexiones clandestinas.
El gerente general exhortó a los usuarios en situación irregular a acercarse a las oficinas de Epsel antes del inicio de las intervenciones masivas, señalando que la empresa brindará facilidades para la formalización. Advirtió que, una vez ejecutados los cortes, los costos de reconexión serán significativamente mayores.
Proyectos de inversión y obras pendientes
En relación con el proyecto de saneamiento de los 12 pueblos jóvenes ubicados en la carretera Chiclayo–Pomalca, Vásquez Figueroa informó que, con el apoyo del organismo técnico correspondiente, se ha contratado a una empresa para realizar el peritaje de la obra, proceso que se inició el 30 de diciembre y que tiene un plazo de cuatro meses. Culminado este peritaje, se elaborará el expediente técnico para retomar la ejecución.
El proyecto, que presenta un avance del 86 %, quedó paralizado hace varios años, principalmente por problemas constructivos en la planta de tratamiento. El costo inicial fue de 60 millones de soles, y se estima que el saldo de obra podría bordear los 25 millones de soles, cifra que será precisada tras el peritaje. Actualmente, el proyecto contempla 2600 conexiones, aunque la demanda ha crecido en aproximadamente 800 conexiones adicionales dentro del área de intervención.
Respecto al casco urbano de Chiclayo, el gerente general alertó que más del 60 % de las tuberías de la ciudad, especialmente en Chiclayo y José Leonardo Ortiz, ya cumplieron su vida útil, superando en algunos casos los 60 años de antigüedad. Esta situación explica los colapsos del sistema de alcantarillado ante lluvias ligeras. Epsel ejecuta un programa de mantenimiento que incluye la limpieza de más de 3000 kilómetros de redes, priorizando los colectores principales.
Proyectos en cartera
Entre los proyectos estratégicos, Vásquez Figueroa destacó la nueva planta de tratamiento de agua potable, diseñada para un caudal de 1200 litros por segundo, con una inversión estimada de más de 200 millones de soles. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de admisibilidad y se prevé levantar las observaciones técnicas en el primer trimestre del año.
En cuanto al recurso humano, Epsel cuenta con 761 trabajadores, de los cuales 281 son administrativos y 480 técnicos y operativos, reflejando la naturaleza operativa de la empresa, que atiende 26 localidades en el departamento.
Finalmente, hizo un llamado a los usuarios a denunciar el hurto de agua y el robo de medidores, recordando que EPSEL ha perdido más de 13 000 medidores, con un impacto económico superior a los 2 millones de soles. Asimismo, exhortó a hacer un uso adecuado del sistema de alcantarillado, evitando arrojar residuos sólidos que generan colapsos y afectan a la propia población.
“Queremos brindar un servicio óptimo, pero eso está directamente vinculado al pago oportuno de los recibos y al uso responsable del sistema. Solo así podremos reinvertir y mejorar la calidad del servicio que la población exige”, concluyó.
El general en retiro y actual congresista Roberto Chiabra León no elude el diagnóstico incómodo: el Perú atraviesa una crisis política que no es coyuntural ni reciente, sino reiterativa y autoinfligida. Desde esa premisa, el candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional construye su discurso y su propuesta en una campaña marcada por el desgaste institucional, el descrédito del poder y la sensación de que la transición democrática se ha convertido en una antesala permanente del colapso. En diálogo con Expresión, Chiabra no solo apunta contra el gobierno de turno, sino también contra una clase política que —a su juicio— no aprendió nada del pasado inmediato.
Para el también exministro de Defensa, los escándalos que hoy rodean al Ejecutivo no son una anomalía, sino la repetición de un patrón. “Se ha cambiado de personaje, se ha cambiado de sopa, pero son las mismas reuniones no oficiales”, sostiene, en referencia directa a los encuentros extraprotocolarios que hoy remecen al poder, y que inevitablemente evocan los episodios que precipitaron la caída de Pedro Castillo. Chiabra es tajante: “El país no ha aprendido nada. Y ese aprendizaje fallido tiene consecuencias políticas, institucionales y éticas”.
La política del escándalo permanente
El congresista considera que el actual mandatario —a quien define como un presidente de transición— perdió de vista los límites del cargo. “Ser dinámico no es ponerse una capucha”, afirma, cuestionando la banalización del poder y el uso de la imagen como sustituto de la transparencia. Para Chiabra, la exposición en redes sociales y los altos índices de aprobación no justifican conductas que bordean o vulneran la legalidad. “El TikTok no es signo de eficiencia ni de transparencia”, advierte, en una crítica que apunta a la política convertida en espectáculo.
Desde su lectura, la gravedad del momento no radica solo en los hechos investigados, sino en el contexto. A pocos meses de un proceso electoral, el país enfrenta un nuevo escándalo que erosiona aún más la confianza ciudadana. Chiabra admite que, en un escenario ideal, la respuesta institucional debería ser la vacancia, pero reconoce que la proximidad de las elecciones obliga a decisiones “prudentes”, aunque no necesariamente justas. Esa tensión entre legalidad, oportunidad política y estabilidad es, para él, uno de los síntomas más claros de la crisis.
El poder del dinero
Cuando se le pregunta quién o qué rodea al poder, Chiabra responde sin rodeos: la economía y el dinero. No solo la economía ilegal, como la minería informal, sino también intereses empresariales que, en la sombra, buscan influir en decisiones públicas. “Mucha gente por dinero pierde dignidad”, sostiene, y plantea una visión dura —y polémica— sobre la corrupción: para él, no se aprende, se trae desde casa. “Los corruptos nacen”, afirma, atribuyendo el problema a la formación ética temprana.
Más allá de la controversia de esa afirmación, Chiabra pone el acento en la responsabilidad individual y familiar como base del ejercicio público. En su discurso, la corrupción no es solo un fallo del sistema, sino una expresión de debilidades morales que el poder termina amplificando. Esa mirada explica también su crítica al entorno del mandatario y a quienes, desde el Congreso o el Ejecutivo, optaron por no exigir renuncias ni deslindes oportunos.
Una candidatura en un escenario fragmentado
En medio de este contexto, Chiabra defiende la decisión de competir en alianza. Unidad Nacional reúne a tres partidos —Partido Popular Cristiano, Peruanos Unidos y Unidad y Paz— en un intento de enfrentar la fragmentación política que caracteriza al actual proceso electoral. “Somos los únicos que hemos hecho una alianza de tres partidos”, subraya, y presenta ese acuerdo como una renuncia a intereses personales en favor de una suma de fortalezas.
El candidato reconoce que el escenario de 2026 es más complejo que el de 2021. Si entonces la prioridad era reactivar una economía golpeada por la pandemia, hoy el desafío central es devolver la paz y la tranquilidad. Para Chiabra, la inseguridad ciudadana es el principal flagelo del país y no admite soluciones simplistas. “No es lo mismo la inseguridad en la selva que en Trujillo o Lima”, señala, cuestionando las estrategias uniformes aplicadas desde Lima a realidades profundamente distintas.
Seguridad y reformas
Desde su experiencia de 35 años en el Ejército, Chiabra plantea que el Estado no puede enfrentar al crimen organizado desde la debilidad. Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, dice, arrastran problemas estructurales que impiden una respuesta eficaz. “Así no le ganamos a nadie”, advierte. Su propuesta no pasa por intervenciones externas inmediatas, sino por procesos de reestructuración interna, liderados por las propias instituciones.
En esa línea, saluda los intentos de reforma en el Ministerio Público, pero insiste en que el Poder Judicial debe seguir el mismo camino. Para él, la justicia es el último dique de contención del sistema democrático, y su descrédito explica buena parte del malestar social. “Si la justicia funcionara, no estaríamos como estamos”, afirma, en una de las sentencias más duras de la entrevista.
Sunat, salud y el Estado constructor
El diagnóstico crítico se extiende al ámbito económico. Chiabra considera que la Sunat ha desviado sus objetivos y se ha convertido en un factor de asfixia para emprendedores y empresas. “Cree que mientras más cobra, es más eficiente”, sostiene, cuestionando un modelo basado en multas y sanciones que, lejos de ampliar la base tributaria, incentiva la informalidad y la evasión.
En salud y educación, su crítica apunta a la incapacidad del Estado para ejecutar infraestructura. Hospitales inconclusos, colegios en riesgo y obras paralizadas son, para él, evidencia de un modelo fallido. Su propuesta más ambiciosa es la creación de un Ministerio de Infraestructura, mediante la fusión de Transportes, Vivienda y Construcción, con el objetivo de centralizar la planificación, ejecución y mantenimiento de obras públicas. La idea busca atacar de raíz el problema de las adendas, la corrupción y la ineficiencia que han marcado la inversión pública en las últimas décadas.
Chiabra descarta frontalmente la pena de muerte como solución a la inseguridad. La califica de “mentira” y de oferta populista irrealizable, tanto por los plazos legales como por los riesgos de errores irreversibles en un sistema judicial lento y poco confiable. “La solución es hoy, no en diez años”, enfatiza, y propone concentrar esfuerzos en fortalecer la justicia y reformar el sistema penitenciario.
En ese punto, su discurso se vuelve particularmente severo. Critica la permisividad en las cárceles, el ingreso de celulares, alimentos y privilegios, y denuncia la corrupción interna del INPE. Para Chiabra, los penales se han convertido en centros de operación del crimen organizado. Su propuesta incluye medidas drásticas de control y aislamiento, bajo la premisa de que el Estado no puede seguir siendo burlado desde dentro.
¿Cuándo se jodió el Perú?
La pregunta inevitable encuentra en Chiabra una respuesta histórica: el año 2000. Para él, la transición democrática desaprovechó la oportunidad de reformar el Estado y cerrar las heridas del conflicto interno. No hubo reforma profunda ni un proceso de reconciliación serio. Las consecuencias, dice, se evidenciaron años después con los “Cuellos Blancos”, la pandemia y el colapso de servicios básicos. El crecimiento económico, sostiene, fue artificial, sostenido sobre desigualdades no resueltas.
Desde esa lectura, la crisis actual no es un accidente, sino el resultado de decisiones —y omisiones— acumuladas. “Estamos pagando las consecuencias del 2000”, sentencia, y acusa a la clase política de falta de memoria y de recurrir a verdades a medias para justificar errores presentes.
Política exterior y el llamado final
En política exterior, Chiabra plantea una “soberanía estratégica”, basada en intereses nacionales antes que alineamientos ideológicos. Reconoce la relación histórica con Estados Unidos, pero también el peso de China como principal socio comercial y actor clave en proyectos como el puerto de Chancay. La crítica, nuevamente, apunta al Estado peruano, que no supo prepararse para aprovechar esa inversión.
Finalmente, desde Lambayeque, el candidato apela a la unidad y a la experiencia. Pide no apostar por improvisados ni “NN”, y presenta su trayectoria —como militar, ministro y congresista— como garantía de conocimiento del Estado. En un cierre marcado por referencias familiares y valores tradicionales, Chiabra busca conectar su propuesta de orden y autoridad con una promesa de estabilidad y respeto institucional.
Durante más de una década, el Proyecto Olmos ha sido presentado como uno de los principales ejemplos de asociación público-privada (APP) en el país. Sin embargo, más allá de los discursos oficiales, su evaluación exige revisar cifras, decisiones estratégicas y, sobre todo, las responsabilidades asumidas tanto por el concesionario como por el Estado. Alfonso Pinillos Moncloa, exgerente de las concesionarias H2Olmos y Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), ofrece un balance que combina resultados concretos, advertencias técnicas y una crítica implícita a la limitada capacidad estatal para sostener proyectos de esta magnitud.
Pinillos estuvo al frente del proyecto durante 15 años, desde el 2010, periodo en el que Olmos pasó de ser una promesa largamente postergada a convertirse en uno de los principales polos agroexportadores del país. Su gestión atravesó etapas clave: la estructuración de la subasta de tierras, la financiación de la infraestructura, la operación del sistema de irrigación y la relación con inversionistas, agricultores y el Estado.
“Tuve la oportunidad de gerenciar las concesionarias H2Olmos y CTO del Proyecto Olmos durante 15 años, desde el 2010. Inicialmente como Gerente Comercial estructuramos la subasta de tierras logrando vender 38 mil hectáreas con un ticket de 180 millones de dólares, atrayendo inversionistas de primer nivel a Lambayeque. A partir del 2012 tuve la responsabilidad, como Gerente General, de financiar, construir y operar el proyecto con activos totales superiores a los 500 millones de dólares”, rememora.
Ese proceso marcó un punto de quiebre para la región Lambayeque. La venta de tierras no solo permitió recuperar parte de la inversión inicial, sino que consolidó un nuevo modelo productivo basado en agroindustria intensiva, tecnología y acceso permanente al agua. Según Pinillos, el impacto no fue inmediato, pero sí sostenido, al punto de reposicionar a Lambayeque en el mapa agroexportador nacional.
El exgerente sostiene que el proyecto demostró que la infraestructura, cuando es correctamente gestionada, puede convertirse en un motor de desarrollo regional. No obstante, subraya que los resultados no fueron automáticos ni exentos de dificultades, y que el éxito dependió de una gestión integral alineada con múltiples actores.
“Fue un reto inmenso que se logró con un equipo muy profesional y motivado, que supimos navegar dificultades muy grandes, pero finalmente los resultados del proyecto son indiscutibles, una inversión público-privada en infraestructura que permitió el desarrollo de una agroindustria de primer nivel, llevando a Lambayeque a ocupar la cuarta posición como región agroexportadora, en tan solo 10 años”, destaca.
Uno de los indicadores más relevantes del Proyecto Olmos es la expansión de la frontera agrícola. Desde la conclusión de las obras de irrigación, se han desarrollado aproximadamente 25 mil hectáreas altamente productivas, destinadas a cultivos de alto valor como arándanos, palto, uva de mesa y caña de azúcar. Este crecimiento transformó radicalmente una zona históricamente limitada por la escasez hídrica.
A ello se suma la implementación de un sistema de irrigación tecnológicamente avanzado. Pinillos Moncloa detalla que se instalaron alrededor de 65 kilómetros de tuberías de GRP, conformando una red de distribución completamente automatizada. Este componente fue clave para garantizar eficiencia en el uso del agua y sostenibilidad del proyecto, especialmente en un contexto de estrés hídrico creciente.
El Valle Viejo
El impacto del proyecto no se limitó al llamado “Valle Nuevo”. En el Valle Viejo de Olmos, tradicionalmente dependiente de las lluvias estacionales del río Olmos, la llegada del agua trasvasada permitió un cambio estructural en las prácticas agrícolas. Por primera vez, los agricultores contaron con dotación hídrica durante todo el año, lo que incentivó inversiones en cultivos permanentes y de mayor valor comercial.
Sin embargo, reconoce que el desarrollo en el Valle Viejo sigue siendo incompleto. La ausencia de infraestructura menor de riego a nivel parcelario limita la distribución equitativa del recurso hídrico, un problema que, según señala, debería ser atendido con urgencia mediante mecanismos como Obras por Impuestos.
En términos económicos, los resultados son contundentes. En 2025, Lambayeque alcanzó exportaciones agroindustriales cercanas a los 1400 millones de dólares, registrando un crecimiento de aproximadamente 40 % respecto al año anterior. De ese total, Olmos concentró cerca del 70 %, es decir, alrededor de 1000 millones de dólares en envíos al exterior.
Este dinamismo tuvo un efecto directo en el empleo. La agroindustria se consolidó como uno de los principales generadores de trabajo formal en el país, contribuyendo de manera significativa a la reducción de la pobreza. Solo en Olmos, durante 2025, se generaron más de 70 mil puestos de trabajo directos, una cifra que refleja la magnitud del proyecto en términos sociales.
Confianza y gestión
La confianza del sector privado también se expresó en los niveles de inversión comprometida. Desde el inicio de la operación del sistema de irrigación, a fines de 2014, las empresas asentadas en el Valle Nuevo han invertido más de 3 mil millones de dólares. Para Pinillos, esta cifra evidencia no solo la viabilidad del proyecto, sino también la predictibilidad del marco contractual y regulatorio.
El Estado, por su parte, ha recibido beneficios fiscales significativos. Las empresas ubicadas en Olmos generan aproximadamente 700 millones de soles anuales por concepto de IGV, además de unos 150 millones de soles en aportes a EsSalud. Estos recursos, subraya el exgerente, forman parte de un sistema integral de retornos que muchas veces es subestimado en el debate público.
Sostenibilidad
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la gestión del recurso hídrico a largo plazo. Alfonso Pinillos advierte que la presa Limón fue diseñada originalmente para una altura de 85 metros, pero que el proyecto ejecutado solo alcanzó el 50 % de esa capacidad. Recrecer la presa permitiría aumentar el almacenamiento hasta 190 millones de metros cúbicos, asegurando la disponibilidad de agua incluso en escenarios de estiaje extremo.
Este contexto explica la propuesta de CTO para una adenda al contrato de concesión de las obras de trasvase. La iniciativa buscaba garantizar la operación del sistema en un escenario de colmatación acelerada de la presa, mientras el Estado convocaba a un concurso internacional para ejecutar el recrecimiento.
Defiende la lógica de esta propuesta y plantea una pregunta de fondo: si el Estado realmente está en capacidad de asumir directamente la operación de una infraestructura de esta complejidad. En su opinión, la experiencia demuestra que el rol óptimo del Estado no es operar activos, sino planificar, regular y supervisar, dejando la ejecución a operadores especializados.
“El Estado peruano desde más de 20 años ha establecido una política de concesiones, en donde a través de contratos de APP entrega a privados el financiamiento, construcción y operación de activos para proveer un servicio público. El rol óptimo del Estado no es operar infraestructura, sino planificar, regular, supervisar y alinear incentivos de largo plazo”, señala.
Mirando hacia el futuro, Alfonso Pinillos sostiene que el desafío de Olmos ya no es demostrar su viabilidad económica, sino consolidar lo avanzado e integrar el proyecto con el desarrollo urbano y social de la ciudad. Advierte que el crecimiento productivo debe ir acompañado de servicios básicos adecuados, como agua potable, energía, educación y salud, para evitar brechas sociales en la zona de influencia.
“El Proyecto Olmos demuestra que cuando el Estado define una visión clara y establece reglas estables, el mecanismo de APP lleva a resultados extraordinarios. La infraestructura no es un fin en sí mismo, es el mecanismo para generar desarrollo, empleo formal y bienestar a la población”, enfatiza.
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