A menos de dos meses de que los peruanos acudamos a las urnas en las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el principio de neutralidad electoral, pilar de un proceso democrático imparcial, vuelve a situarse en el centro del debate público. Esta norma prohíbe que autoridades y servidores públicos utilicen sus cargos, recursos o imagen institucional para favorecer o perjudicar a candidaturas o partidos durante el periodo electoral. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que garantizar la neutralidad no siempre se traduce en la práctica, evidenciando la necesidad de una vigilancia más rigurosa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los Jurados Electorales Especiales (JEE) y la Contraloría General de la República (CGR).
La neutralidad electoral está respaldada por el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por el JNE. Este reglamento prohíbe a autoridades y servidores públicos favorecer o perjudicar a organizaciones políticas o candidatos desde la convocatoria a elecciones. La fiscalización de esta norma es complementaria: el JNE supervisa y sanciona, los JEE investigan infracciones y la CGR verifica el uso correcto de recursos públicos.
Además, la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.º 003-2026-PCM/SIP establece de manera formal las funciones del Oficial de Integridad Electoral en las entidades públicas, cuyo rol es clave para garantizar que el proceso electoral se desarrolle de manera imparcial. Entre sus responsabilidades se incluye prevenir, identificar y reportar cualquier conducta que pueda vulnerar la neutralidad electoral, supervisando que los recursos, medios y la imagen institucional no se utilicen con fines partidarios. Asimismo, este funcionario debe asesorar a las autoridades y al personal de la entidad sobre el cumplimiento de la normativa electoral, implementar mecanismos internos de control y promover una cultura ética que refuerce la transparencia y la equidad en la gestión pública durante el periodo electoral. Al fortalecer la vigilancia ética y el cumplimiento normativo, el Oficial de Integridad Electoral se convierte en un elemento estratégico para evitar conflictos de interés y sancionar oportunamente posibles irregularidades, contribuyendo así a la confianza de la ciudadanía en la transparencia del proceso democrático.
Advertencias, multas y otras medidas
El incumplimiento del principio de neutralidad electoral conlleva diversas sanciones. Entre ellas están la amonestación pública, que puede implicar la publicación de la resolución en medios oficiales, y multas que, en casos de reincidencia, van de 30 UIT (S/ 160 500) a 100 UIT (S/ 535 000). Los expedientes también pueden derivarse al Ministerio Público o a la Contraloría para investigaciones administrativas o penales.
Cuando los candidatos ejercen cargos públicos, estas infracciones pueden incluso afectar su postulación si se acredita el uso indebido de recursos del Estado. Sin embargo, la eficacia de estas sanciones depende de la firmeza, oportunidad y consistencia de los órganos electorales y de control. En otras palabras, la norma por sí sola no basta; requiere aplicación rigurosa y seguimiento constante.
Casos recientes que han encendido alertas
Diversas autoridades han sido investigadas por presunta vulneración de la neutralidad electoral. En 2025, los JEE de Lima y Tumbes detectaron que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) difundió contenido partidario desde cuentas vinculadas a funciones oficiales. En febrero de 2026, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga (Renovación Popular), apoyó públicamente a una candidata en redes sociales durante su cargo.
Otros casos incluyen al congresista Alejandro Aguinaga y a Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) por uso de símbolos partidarios; a Fernando Rospigliosi por utilizar bienes públicos en un mitin; a Gilia Gutiérrez Ayala (gobernadora de Moquegua) por declaraciones favorables a su partido; y a César Acuña (APP) por participar en actos proselitistas. Se han registrado situaciones en las que funcionarios utilizan horarios laborales o cuentas institucionales para mensajes políticos, o presionan a subordinados para hacer proselitismo.
Estas prácticas no solo violan la normativa, sino que socavan la imparcialidad del proceso y la confianza ciudadana, demostrando que garantizar elecciones equitativas requiere más que leyes claras: exige vigilancia activa y responsabilidad ética de las autoridades.
¿Neutralidad real o norma en riesgo?
Expertos y actores políticos coinciden en que la neutralidad no solo depende de sanciones. También requiere una cultura institucional sólida, formación ética en las autoridades y vigilancia ciudadana que impida el uso indebido de recursos públicos para favorecer agendas particulares. En un contexto donde la confianza de la ciudadanía es esencial, a dos meses de las elecciones, la neutralidad aparece como un principio en tensión entre la letra normativa y la práctica política.
Si bien la legislación y los mecanismos de fiscalización están vigentes, los múltiples casos investigados ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la integridad del proceso y asegurar que las autoridades y funcionarios públicos respeten las reglas de imparcialidad.
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(*) Politólogo.
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Expertos y actores políticos coinciden en que la neutralidad no solo depende de sanciones. También requiere una cultura institucional sólida, formación ética en las autoridades y vigilancia ciudadana que impida el uso indebido de recursos públicos para favorecer agendas particulares.
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Del 1 al 15 de diciembre de 2025 realicé una estancia científica en la Universidad de Okayama, en la Facultad de Medicina, Odontología y Ciencias Farmacéuticas, bajo la guía del Profesor Tomoyuki Honda. El trabajo se enfocó en aplicar una herramienta moderna de biología molecular, llamada CRISPR/Cas13b, que permite reducir de manera dirigida los mensajes genéticos (RNA) para estudiar los virus que pueden estar relacionados con procesos tumorales.
¿Qué virus estudié y por qué?
Trabajé con el KSHV (herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi), un virus relacionado con ciertos tipos de cáncer en humanos. Dentro de este virus elegimos como blanco el gen vFLIP, porque es importante para que el virus se mantenga en la célula y favorezca señales de “supervivencia” celular, lo que puede contribuir a procesos de transformación celular.
El objetivo fue comprobar si CRISPR/Cas13b podía disminuir la expresión del gen vFLIP (es decir, “apagarlo” parcialmente a nivel de RNA) usando una guía específica diseñada para reconocer ese gen.
¿Qué hice durante la estancia?
Diseñé crRNA dirigidas a vFLIP: Se definieron regiones diana en el transcrito vFLIP y se diseñaron crRNA candidatos para su evaluación, bajo el sistema de edición de RISPR/Cas13b.
Preparé el experimento en células de laboratorio: (células humanas HEK293T), que se usan frecuentemente para estudios de biología molecular.
Realicé transfección, que consiste en introducir en las células el sistema CRISPR/Cas13b y la guía (crRNA) que apunta al gen vFLIP, junto con los controles necesarios para comparar.
Luego de 48 horas, extraje el RNA y medí cuánto “mensaje” (RNA) de vFLIP quedaba usando RT-qPCR, una técnica estándar para cuantificar expresión génica.
¿Qué encontré?
Los resultados mostraron que, en las células donde se expresó vFLIP (control) se observó alta señal del gen. Sin embargo, cuando se aplicó CRISPR/Cas13b con la guía dirigida a vFLIP, la expresión de vFLIP disminuyó marcadamente, llegando a niveles cercanos a los controles basales. Esto demuestra que el sistema logró una reducción eficiente y específica del gen vFLIP en las condiciones evaluadas.
Este trabajo aporta una prueba de concepto: es posible usar CRISPR/Cas13b para reducir, de forma dirigida, un gen relevante de un herpesvirus asociado a cáncer, lo que abre la puerta a estudiar mejor cómo actúan estos virus y a explorar estrategias futuras de intervención a nivel molecular.
Comentario y proyección
El profesor Tomoyuki Honda destacó que el trabajo permitió comprobar el potencial de CRISPR/Cas13 para disminuir un mRNA viral asociado a oncogénesis, y señaló que esta aproximación podría aplicarse a otros virus oncogénicos, incluyendo el virus de la enfermedad de Marek, lo que abre oportunidades de colaboración futura.
En resumen: durante mi estancia diseñé y apliqué un enfoque CRISPR/Cas13b dirigido a vFLIP de KSHV, realicé transfección en células en cultivo y confirmé por RT-qPCR una reducción clara de la expresión del gen; como siguiente paso, me interesa continuar esta línea hacia herpesvirus aviares, con énfasis en Marek, por su impacto en la sanidad avícola.
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(*) Bióloga, doctora en Ciencias de la Salud.
La coyuntura actual gira en torno a un hecho jurídico-político singular, donde el problema de fondo es de competencia y jerarquía normativa, donde la Constitución regula taxativamente cuándo “vaca” la Presidencia (artículo 113) y cómo opera la sucesión (artículo 115), y no contempla “censura” del presidente. En cambio, la censura sí existe para ministros (control parlamentario) y, en el ámbito interno del Parlamento, para miembros de la Mesa Directiva mediante mociones. La controversia actual intenta convertir una herramienta parlamentaria interna en un atajo equivalente a la destitución presidencial con umbrales de votación distintos, abriendo una crisis de institucionalidad con efectos previsibles sobre confianza e inversión.
El problema no es solo de liderazgos individuales, sino de una “ingeniería institucional” que eleva la probabilidad de crisis y reduce la capacidad de sostener políticas en el tiempo.
Qué está pasando
El punto de partida es la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y la sucesión constitucional en la madrugada del 10 de octubre de 2025, el Parlamento declaró la vacancia de la entonces mandataria por “permanente incapacidad moral” (inciso 2 del artículo 113), con 122 votos a favor; la nota oficial sostiene que el trámite se realizó conforme al art. 89-A del Reglamento. Horas después, Jerí juró ante el Pleno como presidente por sucesión constitucional, anunciando un gobierno de transición y comprometiendo neutralidad electoral.
La Constitución
La Constitución establece cinco causales de vacancia presidencial (artículo 113): muerte, incapacidad moral o física permanente declarada por el Congreso, aceptación de renuncia, salida del territorio sin permiso o no retorno, y destitución tras infracciones del artículo 117.
También regula (artículo 115) que, si no hay vicepresidentes disponibles, “asume sus funciones” el presidente del Congreso; si el impedimento es permanente, debe convocar de inmediato a elecciones.
Y limita la acusación durante el período presidencial (artículo 117) a supuestos específicos (traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de supuesto constitucional, impedir funcionamiento del Congreso u órganos electorales).
Siendo el punto crítico, que no existe en el texto constitucional una figura de “censura del presidente de la república”. La palabra “censura” aparece en la relación Congreso–Consejo de Ministros (control político a ministros), pero su aplicación al presidente no está prevista en la Constitución.
Desempeño reciente y fundamentos
En 2025, la economía creció 3,44 % y diciembre cerró con 3,83 %, donde el diagnóstico externo del Fondo Monetario Internacional resalta que el Perú cuenta con “amplias reservas” y “colchones sólidos”, aunque advierte que la incertidumbre política afecta perspectivas e inversión privada. Mientras el Banco Mundial, por su parte, enfatiza el costo del deterioro institucional sobre productividad y la eficacia de la inversión pública, señalando problemas como proyectos paralizados/abandonados y la necesidad de reformas institucionales para sostener crecimiento.
En este contexto se plantean 3 escenarios que se detallan en el gráfico adjunto.
Reflexión final
La primera prioridad es reducir la ambigüedad institucional, si el Congreso pretende remover al jefe de Estado, la vía naturalmente alineada con la Constitución es la vacancia (artículo 113) con el procedimiento reforzado del Reglamento (artículo 89-A), precisamente porque la Constitución lista causales y el Reglamento “aterriza” garantías mínimas.
La segunda prioridad es elevar el estándar material de lo que se entiende por “incapacidad moral permanente”. Mientras el Tribunal Constitucional no establezca criterios vinculantes, el propio Congreso podría autolimitarse mediante reglas de evidencia, publicidad y motivación reforzada. Esta recomendación se apoya en la constatación de que incluso la jurisprudencia sobre vacancia discutió el riesgo de usos políticos sin estándar.
La tercera prioridad es blindar la continuidad administrativa durante la transición: i) asegurar que la ejecución de inversión pública no se paralice por rotación de cuadros, ii) proteger la estabilidad regulatoria en sectores clave (minería, infraestructura, seguridad), y iii) sostener transparencia fiscal.
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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
Cuando se conocieron las visitas clandestinas del presidente José Jerí a los empresarios chinos y la manera en la que llegó cubierto con una capucha, así como las respuestas poco creíbles que dio a la prensa para justificarse, la reconocida historiadora Carmen McEvoy, referente en el estudio de la vida república, hizo un llamado público al primer ministro para que control al que consideró “un adolescente de 38 años”. El control nunca llegó y Jerí terminó apartado del cargo de presidente por propias acciones.
En enero pasado, la historiadora advirtió que una persona que se movía por instinto, como Jerí, no era garantía para ejercer el gobierno y por eso era necesario que el jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez, ponga orden al ser la persona madura y experimentada del Ejecutivo.
“Que el gabinete, que los adultos, que los que realmente quieren servir al Perú controlen a este adolescente, a este Peter Pan de 38 años", instó, pero no hubo resultados.
A las pocas semanas los escándalos presidenciales fueron en escala. Ya no solo fueron las visitas a los empresarios chinos, se sumó la visita de un empresario chino a Palacio de Gobierno pese a tener mandato de arresto domiciliario y luego las visitas nocturnas de mujeres a la casa presidencial, visitan que se prolongaban hasta el amanecer y terminaban con un contrato exprés para laborar en el Estado.
El ascenso
El poder, en el Perú, suele ser un ascensor sin barandas. José Jerí lo tomó sin haber ganado una elección directa, sin haber encabezado una campaña multitudinaria, sin haber sentido el vértigo de la plaza pública. Su ingreso al Congreso en 2021 fue consecuencia de un efecto dominó político: no alcanzó los votos necesarios, pero la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra le abrió la puerta. Así, casi en silencio, ocupó una curul que no había sido conquistada en las urnas.
Cuatro años después, en julio de 2025, ese abogado de 38 años, militante de Somos Perú, fue elegido presidente del Congreso. Era el rostro joven de una clase política desacreditada. Y cuando el país aún digería el relevo parlamentario, el destino —o la fragilidad institucional— lo empujó más arriba: Dina Boluarte fue destituida en medio de una crisis de inseguridad y descrédito, y la ausencia de un segundo vicepresidente en la fórmula original de Perú Libre dejó el camino limpio. Jerí juró como presidente de la república. Uno de los más jóvenes en la historia reciente.
El vértigo de Palacio
El traslado de la Mesa Directiva a Palacio de Gobierno fue más rápido que la consolidación de su liderazgo. Jerí demoró más de lo esperado en anunciar a su gabinete, mientras arrastraba una denuncia por presunto abuso sexual presentada a fines de 2024. La sombra no desapareció con la banda presidencial; lo acompañó desde el primer día.
Su antecesora había sido vacada con una popularidad que no superaba el 3 %. La promesa implícita era recuperar la autoridad y enfrentar la ola de criminalidad que desbordaba las calles. En ese clima de zozobra, Jerí buscó marcar distancia. Declaró en emergencia Lima y Callao y, con gesto adusto, leyó su primer mensaje a la nación: el país pasaría “de la defensiva a la ofensiva” frente al crimen.
Durante las primeras semanas, la apuesta parecía funcionar. Las encuestas le otorgaron 58 % de aprobación, el registro más alto en cinco años. La juventud y la energía proyectaban una imagen de renovación. Pero el entusiasmo fue tan fugaz como su ascenso.
El 18 de enero, a las dos de la madrugada, el país recibió una señal desconcertante. Las cuentas oficiales de la Presidencia difundieron un video de poco más de cuatro minutos. No hubo cadena nacional ni ministros flanqueándolo. Jerí habló desde su despacho mientras buena parte del Perú dormía. No anunció nuevas medidas contra la delincuencia. Se defendió.
El tema no era menor: sus encuentros con empresarios chinos habían saltado a la agenda pública. El video nocturno buscaba apagar un incendio que ya había tomado cuerpo.
Las sombras del restaurante chino
El origen de la tormenta se remonta al 26 de diciembre. Un video mostró al presidente ingresando con capucha y lentes oscuros a un restaurante de comida china. La reunión era con Zhihua Yang, empresario con amplia red de negocios en el país. No era un saludo protocolar ni una cita oficial. Era una visita discreta, lejos de la formalidad de Palacio.
Los dominicales revelaron que no se trataba de un encuentro aislado. La imagen de un mandatario que hablaba de orden y transparencia contrastaba con esas escenas furtivas. Jerí respondió con una defensa que apelaba a su estilo personal.
“Me prometí que iba a gobernar sobre la base de mi forma de ser. Soy un presidente que camina, que rompe protocolos, un presidente de acción que sale a comer con lentes o sin lentes, con gorra o sin gorra”, declaró.
Pero la explicación no calmó las dudas. Las supuestas coordinaciones por el Día de la Amistad entre Perú y China se diluyeron. Se conoció que Jerí mantenía vínculos estrechos con empresarios chinos desde su etapa como congresista. Uno de ellos, Ji Wu Xiaodong, visitó Palacio pese a estar bajo arresto domiciliario y ser señalado como actor clave en una red de madereros ilegales.
La percepción pública comenzó a erosionarse. De 58 % de aprobación cayó a 30% en febrero, según Ipsos. Otras encuestadoras, como Imasen, lo situaron en 24 %. El capital político acumulado en semanas se evaporó en cuestión de días.
Seguridad sin resultados
Mientras las revelaciones golpeaban la investidura, los indicadores de seguridad no ofrecían alivio. El 2025 cerró con el promedio de homicidios más alto desde 2017: 5,55 asesinatos diarios. De los 2.213 homicidios registrados ese año, 444 ocurrieron durante la gestión de Jerí.
Su discurso de mano dura no logró traducirse en resultados. Las requisas en penales, ampliamente difundidas y comparadas con el estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, perdieron efecto mediático. La demora de más de dos meses en presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana debilitó aún más la narrativa de firmeza. El documento, anunciado como eje estratégico, nunca fue publicado.
El contraste entre la retórica ofensiva y las cifras reales abrió un flanco crítico. La sensación de inseguridad persistía en las calles mientras el gobierno intentaba recomponer su imagen.
Las visitas nocturnas
Cuando la controversia por los empresarios chinos aún no se disipaba, un segundo destape sacudió el despacho presidencial. Un programa dominical reveló que un grupo de mujeres jóvenes había obtenido empleo en el Estado tras reunirse con el mandatario en su oficina hasta altas horas de la noche. En algunos casos, los registros marcaban su salida al día siguiente.
La Fiscalía abrió diligencias preliminares por 11 contrataciones sospechosas, aunque se habla de una cifra mayor, cercana a la veintena. Según el diario El Comercio, al menos 73 visitas oficiales a Palacio durante la gestión de Jerí concluyeron pasada la medianoche.
La acumulación de episodios configuró un escenario adverso. Las reuniones privadas, las contradicciones en sus explicaciones y los datos sobre contrataciones reforzaron la percepción de opacidad. El presidente que había prometido acción y transparencia enfrentaba cuestionamientos éticos y políticos en simultáneo.
El ascenso meteórico de José Jerí, impulsado por vacíos institucionales y decisiones parlamentarias, encontró así un abrupto descenso. En menos de un año pasó de ser una figura emergente con alta aprobación a un mandatario cercado por la desconfianza.
El martes 17 de enero, siete mociones de censura en su contra, como presidente del Congreso, fueron admitidas a trámite pese a la cerrada resistencia de Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Legislativo y, a la sazón, presidente en funciones. Finalmente, las mociones se unificaron y con 75 votos quedaron aprobadas. Fuerza Popular votó en contra. Censurado de la presidencia del Congreso, José Jerí cayó de la presidencia del Perú.
