La reciente conformación del gabinete ministerial encabezado por Denisse Miralles no ha traído estabilidad ni confianza. Por el contrario, ha terminado de desnudar una verdad que los ciudadanos perciben desde hace años, pero que hoy se vuelve inocultable: los ministerios han dejado de ser espacios de servicio público para convertirse en territorios de disputa partidaria, donde se administran millones de soles con lógica de botín y no de Estado.
No recuerdo haber presenciado antes que un jefe de Estado anuncie a un presidente del Consejo de Ministros, luego este confirme que jurará en el cargo y horas después otra persona se ponga el fajín ministerial. Se ha perdido completamente el respeto por la majestad de los cargos y el respeto al país.
La lectura política es inevitable. La jefatura del gabinete, lejos de expresar un esfuerzo de concertación nacional o un mínimo consenso técnico, aparece alineada a los intereses de César Acuña y su entorno político. No se trata únicamente de afinidades ideológicas —legítimas en democracia— sino de una captura progresiva del aparato estatal, particularmente en sectores estratégicos donde se definen obras, contrataciones, programas sociales y presupuestos de alto impacto.
En ese contexto, la exclusión de Hernando de Soto del esquema gubernamental no es un hecho menor ni anecdótico. Más allá de simpatías o discrepancias con su figura, su descarte simboliza el rechazo a una visión técnica, independiente y de largo plazo, en favor de un reparto político que prioriza lealtades antes que capacidades. Es una señal preocupante, porque refuerza la idea de que el mérito estorba cuando colisiona con los intereses partidarios.
Lo que estamos presenciando va más allá de una simple crisis de gabinete. Estamos frente a una crisis moral y ética del sistema político, donde los partidos —lejos de cumplir su rol de intermediación democrática— operan como agencias de colocación y control del Estado. Ministerios, direcciones, programas y proyectos se convierten en fichas de negociación, mientras el país real sigue esperando servicios básicos, seguridad, empleo y futuro.
Este deterioro institucional no es inocuo. La ciudadanía observa, compara y acumula frustración. En un país golpeado por la precariedad económica, la inseguridad y la desconfianza, estas revelaciones exacerban los ánimos sociales y alimentan una sensación peligrosa: la de un sistema cerrado, indiferente y ajeno a las urgencias populares. Cuando la política pierde legitimidad, la calle comienza a hablar, y no siempre lo hace en términos pacíficos.
La historia peruana enseña que la violencia social no surge de la nada. Se gesta cuando el poder se percibe impune, cuando la justicia parece selectiva y cuando el ciudadano siente que su voz no importa. Persistir en este camino es jugar con fuego.
Todo ello adquiere una gravedad mayor si consideramos que el país se encamina a un proceso electoral en menos de dos meses. ¿Cómo impacta este escenario en la credibilidad del sistema? ¿Con qué autoridad moral se puede convocar a elecciones limpias cuando el Ejecutivo aparece subordinado a intereses partidarios? El riesgo es evidente: desafección electoral, voto de castigo, radicalización del discurso y mayor fragmentación política.
Más que nunca, el Perú necesita señales claras de rectificación. Transparencia real en los nombramientos, rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos y un compromiso explícito con la institucionalidad democrática. De lo contrario, no solo se estará hipotecando el próximo proceso electoral, sino profundizando una fractura social cuyos costos —como siempre— terminarán pagando los ciudadanos.
La pregunta ya no es si estamos en crisis. La verdadera interrogante es si quienes gobiernan son conscientes de su responsabilidad histórica o si seguirán administrando el poder como si el país fuera un feudo y no una nación cansada de promesas incumplidas.
Sobre José María Balcázar, no me equivoco al señalar que es un presidente deslegitimizado, con una cola muy larga que pisar y que tendrá que decirles a los líderes de las bancadas congresales: “Chi cheño” para sostenerse hasta el 28 de julio. Nunca antes hemos estado tan avergonzados políticamente como ahora. Ojala las ánforas hablen de manera responsable el próximo 12 de abril. ¡Depende de todos!
