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EN EPSEL: DIRIGENTES NO QUIEREN A OTASS, PERO TAMPOCO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1152

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  • Líderes sindicales plantean un nuevo modelo de gestión para la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento en Lambayeque.
  • Sostienen que se necesitan 750 millones de soles para renovar la infraestructura en la prestación del agua.

 

Han pasado dos años y siete meses desde que el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS, a través de la Resolución Ministerial Nº 262-2017-VIVIENDA, del 10 de julio del 2017, iniciase el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento en Lambayeque – EPSEL. Para los dirigentes sindicales de la entidad, desde entonces no se ha visto mejora en la prestación del servicio.

 

Según Marco Castañeda Serrano, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque – SUTSELAM, tanto en Chiclayo como en las 26 administraciones distritales a cargo de la empresa, la prestación del servicio de agua potable no ha mejorado y en algunos casos incuso ha empeorado, motivo por el cual exigen el cese de la intervención del OTASS en EPSEL.

No obstante, considera que tampoco es viable que la empresa pase a ser regentada por la Junta de Accionistas, de carácter municipal, tal como ocurría antes de la implementación del RAT, el cual suspendió a los órganos de gobierno y las competencias del régimen societario, conformado por los 26 alcaldes distritales y presidido por el burgomaestre provincial de Chiclayo.

Pese a que la aplicación del RAT puede extenderse hasta 15 años, el dirigente gremial considera que dos años siete meses son suficientes para sacudirse de la intervención del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.

“El OTASS vino con una política de reflotamiento que contó con el apoyo de gran parte de las autoridades entre las que estaban el gobernador regional de ese entonces y varios alcaldes. ¿Ha cumplido con los postulados de mejora que dijeron? Han pasado dos años y siete y meses, pero el servicio en vez de mejorar, empeora. Creemos que ha fracasado, queremos un nuevo modelo de gestión”, opina.

 

NUEVO MODELO   

Aunque no tiene claro el esquema de cómo sería ese nuevo modelo, Castañeda Serrano manifiesta que no puede sostenerse un directorio cuyos integrantes no son de Lambayeque, ergo no conocerían la realidad de la prestación del servicio de agua potable en el departamento. Por ello, plantea que este sea integrado por un representante del gobierno regional, uno de los municipios, uno de la sociedad civil, uno de los usuarios y otro de los trabajadores.

“¿Qué hacemos con un directorio que se reúne para ver una realidad que desconocen? Los miembros no son de Lambayeque y tampoco sesionan acá. Queremos uno nuevo que sepa la problemática que atravesamos y se complemente con una buena actitud. Tenemos buenos profesionales en Chiclayo, no es necesario mandar a un profesional de Lima con sueldo de 12 mil soles. Esto tiene que mejorar”, cuestiona.

Además, dicho modelo debe contemplar inversión, pues afirma que los 60 millones de soles  que recibió OTASS para el reflotamiento de EPSEL han sido insuficientes, puesto que gran parte del monto recién está ejecutándose.

“No basta solo con una buena actitud para mejorar la gestión, tiene que haber inversión. Óscar Pastor Paredes (director ejecutivo del OTASS) se ha vanagloriado de los 60 millones de soles y ¿en qué hemos mejorado? En nada. Aquí no deben vender gato por liebre. Se necesitan por lo menos más de 750 millones de soles para mejorar la infraestructura de EPSEL”, apunta.

 

INVERSIÓN

Castañeda Serrano explica que de los 60 millones de soles transferidos para el reflotamiento de la empresa, un promedio de 40 ya se encuentran comprometidos: casi 25 con la empresa Veolia Servicios Perú  S.A.C. para la adquisición de medidores, instalación y adecuación de cajas; siete millones para la descolmatación de las lagunas Boró 1 y 2; y siete más para la repotenciación y reimplementación de los pozos tubulares.

No obstante, afirma que se necesita 12 veces más esa cifra, pues debe cambiarse todo el sistema. “Si debo botar la planta vieja y hacer una nueva, pues lo hago, hay que mejorar la infraestructura de la segunda planta y proyectarse para una tercera que tenga la capacidad de tratamiento de dos mil, dos mil 500 litros, que dote de agua a la población de aquí a 40 años. Debe haber visión de futuro”, expone.

 

IRREGULARIDADES

Por otro lado, Castañeda Serrano refiere que debe intervenir la Contraloría General de la República para investigar los procesos de contratación que ha desarrollado EPSEL, puesto que existirían atisbos de irregularidades.

Al respecto, Expresión dio cuenta en la edición 1139 de la adecuación de bases en el proceso de contratación con Veolia por 24 millones 849 mil 809.54 soles para la “Adquisición de medidores, adecuación de cajas e instalación de 80 mil medidores en usuarios que no disponen de medición, y aquellos que requieren de reemplazo en conexiones de agua potable de 15, 20, 25, 50 y 100 mm de diámetro, para ser instalados en el ámbito de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A.”.

En dicho informe se detalla que las bases contemplaban que el postor debía contar con “experiencia en la venta de bienes e instalación de medidores con adecuación de cajas e instalación de conexiones domiciliarias de agua”, mientras que en los requisitos de calificación se requería acreditar una experiencia por un monto facturado acumulado de 24 millones de soles por la venta e instalación de medidores con adecuación de cajas, bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.

No obstante, pese a que Veolia acreditó un contrato de consorcio en el cual su participación superaba los 40 millones de soles en actividades de implantación, este medio verificó que la empresa desde el 2009 ha ganado la buena pro en 15 procesos de selección, 14 de los cuales están referidos a la contratación de servicios, sin ningún tipo de experiencia en venta de medidores.

Además, Castañeda Serrano refiere que se han comprado cinco generadores, de los cuales se quiso llevar uno a Mochumí para paliar una emergencia, pero este no funcionaba por presuntos defectos en la bomba de ignición.

“Tenemos cuatro hidrojets parados que la semana pasada no han salido por 500 soles, 300 soles y defectos en las llantas. Eso es una barbaridad que denota la incapacidad de gestión de los funcionarios. Cómo es posible que un ingeniero mecánico esté en la Gerencia Operativa cuando no conoce de esa realidad o que un ingeniero químico esté en el Área Comercial, donde necesitamos que la cobranza mejore. El ingeniero Pastor dice que progresivamente se va a mejorar, pero quienes vivimos en Chiclayo vemos que el servicio es pésimo”, detalla.

 

PRIVATIZACIÓN

Por su parte, el secretario general de la Federación de Trabadores del Agua Potable y Alcantarillado – FENTAP, Luis Isarra Delgado, manifiesta que son 18 las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, que se encuentran intervenidas bajo el marco del Decreto Legislativo Nº 1280 – Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, cuyo objetivo sería la privatización del agua.

“Ese decreto es inconstitucional y está destinado a la privatización del agua. No ha solucionado absolutamente nada, lo único que hace es tercerizar por partes, ya se hizo con el control de lectura de los medidores, la distribución de recibos, cortes, reaperturas y recaudación, una gran parte de lo que significa el Área Comercial. Eso no lo hacen solo aquí, sino en todo el país. Es el inicio silencioso de la privatización”, sostiene.

 

DEMANDAS LABORALES

En EPSEL laboran aproximadamente 750 trabajadores distribuidos en las 26 administraciones distritales, de los cuales 610 se encuentran sindicalizados, todos bajo el régimen 728.

Castañeda Serrano indica que existen algunos incumplimientos de la entidad en cuanto a uniformes, implementos y materiales de trabajo que han solicitado y que hasta ahora no se les ha entregado, así como la falta de capacitación al personal operativo.

Asimismo, demanda que se revoque la suspensión de dos meses sin goce de haber contra Sandro Olivos Peña, exdirigente del SUTSELAM. Según él, esta sanción obedecería a un intento de amedrentamiento.

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