La construcción del Centro de Salud de Íllimo no ha quedado libre de cuestionamientos. De acuerdo a un informe de la Contraloría, la municipalidad distrital, unidad ejecutora del proyecto, pagó valorizaciones con metrados no ejecutados correspondientes al componente mobiliario por más de un millón de soles, afectando los recursos del Estado.
En julio del 2022 se aprobó el expediente técnico para el proyecto de “Recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud de Íllimo”, con un presupuesto inicial de 46 millones 335 mil 772.75 soles, conteniendo un esquema de costos desagregados en tres componentes: infraestructura, equipamiento, supervisión y liquidación.
Para el equipamiento se asignó 7 millones 789 mil 409.12 soles.
“De la revisión a la Valorización de Obra n.° 20 (valorización ya pagada), correspondiente al mes de abril del 2025, en relación al componente ‘Equipamiento’, se ha evidenciado que el contratista ha valorizado porcentajes mayores a lo que corresponde según lo establecido en el anexo n.° 8 del expediente técnico, por lo que se ha valorizado metrados no ejecutados por S/1 085 738.02, según cálculos efectuados por la comisión de control concurrente”, detalla el Informe de Hito de Control n.° 021-2025-OCI/0427-SCC, elaborado por el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
Pago de más
La revisión realizada por el ente de control señala que, de acuerdo al cronograma, para la valorización n.° 20 el máximo de desembolso debía ser 3 millones 441 mil 947.98 soles, un millón 85 mil soles menos que lo realmente pagado a abril pasado.
“Existen montos valorizados en exceso correspondientes al componente Equipamiento, debido a que se han advierto pagos que han superado el 60 %, pese a que el equipamiento encontrado en obra se encontraba empaquetado, rotulado y almacenado, más no había sido instalado ni puesto en marcha, con lo cual se contraviene el porcentaje establecido en el anexo n.° 8 – Consideraciones técnicas para la adquisición de equipamiento”. Indica el informe.
Los equipos
En la inspección realizada el 11 de junio, se constató el almacenamiento de parte del equipamiento, encontrándose entre otros un ecógrafo portátil, un coche de paro equipado, un equipo de oxigenoterapia rodable, un monitor de funciones vitales de 5 parámetros, una unidad de residuos hospitalarios, una refrigeradora de medicamentos, un analizador automático de hemocultivo, un ecógrafo Doppler color 3D, un biodestilador de aguas de 4 litros, entre otros. Nada de esto estaba instalado.
“Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de Íllimo, el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene una situación adversa identificada como resultado del servicio de control concurrente al hito de control n.° 9 – Valorización de obra n.° 20, con la finalidad que se adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto”, enfatiza OCI en sus recomendaciones.
Con el inicio del mes de julio, oficialmente se ha entrado en la segunda mitad del año. Sin embargo, la ejecución presupuestal en proyectos de inversión no se condice necesariamente con el tiempo transcurrido del año. En Lambayeque, ni el gobierno regional y ninguna municipalidad provincial supera el 50 %. Es más, de los 38 gobiernos locales, solo nueve comunas han ejecutado más de la mitad de su presupuesto para obras, es decir, la cuarta parte.
En cuanto al gobierno regional, la situación tampoco es diferente. La entidad regional se encuentra lejos del ansiado 50 %, lo mismo que cada una de sus unidades ejecutoras.
Gobiernos locales
En cuanto a los gobiernos subnacionales de Lambayeque, ninguna de las tres municipalidades provinciales ha llegado al 50 %. En el caso de Chiclayo, la administración de Janet Cubas registra apenas el 9.5 %, correspondiente a cuatro millones 958 mil 470 soles de un total de 53 millones 173 mil 156 soles. Peor aún es el panorama en Lambayeque, donde la gestión de Percy Ramos solo ha podido ejecutar un millón 634 mil 986 soles, equivalente al 7.2 % de un total de 23 millones 579 mil 462 soles.
La situación es mejor en Ferreñafe, comuna gestionada por Polanski Carmona y que alcanza el 46.8 %, fruto del girado de ocho millones 721 mil 112 soles de un total de 18 millones 686 mil 639 soles.
Respecto a las municipalidades distritales, la que registra el mayor avance de ejecución de gasto en proyectos de inversión es Lagunas (80.4 %) con seis millones 87 mil 307 soles, seguida de Chóchope (79.7 %) con tres millones 770 mil 812 soles; Íllimo (76.5 %) con 11 millones 596 mil 710 soles; Pítipo (74.3 %) con seis millones 388 mil 593 soles; Oyotún (60.5 %) con 11 millones 382 mil 78 soles; Pacora (52.5 %) con tres millones 398 mil 720 soles; Picsi (51.8 %) con cinco millones 79 mil 822 soles; Monsefú (50.9 %) con un millón 976 mil 965 soles y Pátapo (50.1 %) con seis millones 341 mil 771 soles.
Muy cerca del 50 %, en esta lista también se encuentran Chongoyape (49.4 %), cuya ejecución asciende a tres millones 211 mil 28 soles y Nueva Arica (42.1 %) con cinco millones 613 mil 497 soles.
La Municipalidad Distrital de La Victoria ocupa el puesto 18 con 27.9 % de ejecución y José Leonardo Ortiz, con 18.9 %.
En cuanto a los gobiernos distritales con menor ejecución resaltan cinco municipalidades que están por debajo del 10 %: Mochumí (8.1 %), cuya ejecución es de 597 mil 945 soles; Ciudad Eten y Puerto Eten, ambas con 6.8 % de avance de gasto y 121 mil soles y 566 mil 429 soles, respectivamente; Pomalca (6.4 %) con apenas 222 mil 224 soles girados; y al fondo de la tabla Zaña, cuyo avance es de solo el 3.7 %, equivalente a 236 mil 704 soles de un total seis millones 619 mil 351 soles de presupuesto.
Chiclayo
En cuanto a la Municipalidad Provincial de Chiclayo hay cuatro categorías en las cuales la gestión de Cubas Carranza no ha ejecutado aún ni un solo sol de su presupuesto: ‘Programa Nacional de Saneamiento Rural’, ‘Nuestras Ciudades’, e ‘Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana’.
En cuanto a la categoría ‘Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte’, la municipalidad provincial ha ejecutado solo el 0.1 %, equivalente a cuatro mil 491 soles, pese a tener un presupuesto de tres millones 294 mil 504 soles.
Respecto a la categoría ‘Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos’, ha ejecutado el 1.4 % de un total de ocho millones 424 mil 845 soles; mientras que en ‘Programa Nacional de Saneamiento Urbano’ ha avanzado con el 2.3 % de 11 millones 397 mil 51 soles.
Gobiernos regionales
En cuanto a los gobiernos regionales, Lambayeque ocupa la decimonovena casilla entre las 26 entidades (incluyendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima) con 30.8 % de avance de ejecución en proyectos de inversión, lo que representa un girado de 241 millones 70 mil 397 soles de un total de presupuesto de modificado de 810 millones 925 mil 841 soles.
Lambayeque está lejos del primer lugar que lo ocupa el Gobierno Regional de Arequipa con 58.8 %, de avance, equivalente a 304 millones 279 mil 157 soles; seguido de Junín con 57.2 %, correspondiente a la ejecución de 420 millones 287 mil 100 soles.
La gestión de Jorge Pérez Flores está por debajo de regiones vecinas como Piura (37.9 %) y Cajamarca (34.3 %). Y solo supera a La Libertad por tres décimas, dado que la administración de César Acuña solo alcanza el 30.5 %.
Gerencias regionales
La baja ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Lambayeque se ve reflejada en el poco avance que han tenido sus unidades ejecutoras, de las cuales la que más presupuesto ha ejecutado es la Gerencia Regional de Salud (38 %) con un girado de 15 millones 216 mil 240 soles, seguida del Hospital Regional de Lambayeque (37.5 %) con cinco millones 389 mil 250 soles y del Proyecto Especial Olmos Tinajones (35.6 %), que ha gastado 107 millones 813 mil 63 soles.
Más abajo se encuentra la Gerencia Regional de Agricultura con una ejecución de gasto en proyectos de 10 millones 851 mil 410 soles, lo que representa el 27.4 %; la sede central con 98 millones 472 mil 587 soles, equivalente al 27 %; y el Hospital Belén de Lambayeque con un millón 595 mil 696 soles, correspondiente al 22.9 %.
En la cola se encuentra la Autoridad Portuaria Regional, que ha girado 38 mil 180 soles de su presupuesto para proyectos, lo que equivale a 18.6 %; el Hospital Regional Docente Las Mercedes con 683 mil 961 soles, reflejado en el 14.5 % de su avance; y la Gerencia Regional de Transportes con un millón 10 mil 10 soles, que corresponde al 12.7 %.
Un informe del Órgano de Control Institucional – OCI, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, revela que la casa de estudios no atiende los requerimientos de adquisición de reactivos químicos controlados pese a haber sido solicitados, mientras los equipos de última generación comprados se encuentran en desuso o malogrados, ocasionando que los estudiantes de las escuelas profesionales de Agronomía y Zootecnia no realicen sus prácticas académicas en los laboratorios correspondientes. El problema viene desde el 2023.
De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio n.° 012-2025-OCI/0205-SOO, la universidad convocó al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 05-2022/UNPRG “Adquisición de equipos de laboratorio y talleres y mobiliario de laboratorio de la Facultad de Agronomía”, consistente en la compra de diversos bienes.
Por ejemplo, dos microscopios trinoculares con cámara digital, 21 microscopios binoculares con iluminación LED, 8 estéreo microscopios binoculares y cuatro trinoculares. También, equipos especializados de Suelos (5), equipos especializados de Fitopatología (6), equipos diversos para el Laboratorio de Fitopatología (25) y equipos diversos para el Laboratorio de Suelos (22).
Sin estrenar
Los equipos llegaron a la universidad a fines del 2022 para su respectivo uso en las diferentes asignaturas que se encuentran en el programa académico de los diferentes ciclos de la Facultad de Agronomía, en beneficio de los estudiantes.
“Se ha podido identificar que los equipos adquiridos no se están utilizando por falta de reactivos químicos y otros se encuentran malogrados, tal como lo manifiesta el docente principal del Departamento de Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía, ingeniero Eleazar Rufasto Campos”, señala el informe.
OCI detalla que los responsables de los laboratorios y asignaturas manifestaron su preocupación ante la falta de reactivos y materiales para el Laboratorio de Suelos y el uso de equipos recientemente adquiridos.
Requerimientos no atendidos
El 14 de agosto del 2023, Rufasto Campos se dirigió mediante carta al director del Departamento Académico de Suelos informándole: “Como es de su conocimiento ya tenemos un año de haber adquirido los equipos de análisis de suelos de última generación y a la fecha no se están usando por diversos motivos, entre ellos está la falta de reactivos especialmente los que son controlados. Además, a este problema que suma que la licencia de uso de reactivos controlados se vence el 17 de septiembre del año en curso…”.
El 17 de junio del 2024, Rufasto Campos reiteró el pedido de atención, señalando que habiendo transcurrido la quinta semana de clases (31 % del curso), se mantenía el problema de la falta de materiales. Semanas después, 1 de julio, la comunicación fue dirigida al Vicerrectorado Académico de la universidad, carta que se reiteró el 2 de diciembre del año pasado.
Lo que ha establecido el órgano de control es que entre febrero del 2024 y el 10 de junio de este año, el director del Departamento de Suelos cursó diferentes oficios realizando los requerimientos a la Facultad de Agronomía, cuyo decano hizo lo propio a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la universidad, pedido que no ha sido atendido.
Los insumos resultan determinantes para el desarrollo de la asignatura de Edafología de las escuelas de Zootecnia y Agronomía, pues con ellos se pueden realizar prácticas de textura, materia orgánica, iones solubles y elementos nutritivos del suelo (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio).
Debido a la carencia de dichos materiales, se ha perjudicado directamente a estudiantes de los ciclos 2023-I, 2023-II, 2024-I, 2024-II y 2025-I.
Recurrentes demoras son las que se vienen dando en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, producto de serias inconsistencias advertidas en las bases de los procedimientos de selección, los cuales dan lugar – recurrentemente - , para que los mismos sean declarados nulos y, por ende, retrocedidos hasta la fase inicial de su convocatoria.
De acuerdo a la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace, el segundo proceso denominado Concurso Público N° 1-2025-GR. LAMB/GRTC – ha sido convocado el 24 de junio de este año, habiéndose programado que la formulación de consultas y observaciones el 25 de junio, cuya absolución debería realizarse el 7 de julio, para luego, el mismo día, integrar las bases; el 25 de julio dar lugar para que los postores presenten sus ofertas y, el día 30 de julio, se otorgue la buena pro.
El objetivo de los procesos convocados
Según el Seace, el referido proceso ha sido convocado bajo la modalidad de ítems, es decir, dentro de un solo procedimiento se llevarán a cabo cinco (05) procedimientos independientes por el mismo número de ítems, cada uno cumpliendo con los plazos establecidos del concurso público y las etapas procesales ya determinadas.
El primer Ítem y su presupuesto
De acuerdo al Seace, el primer ítem tiene como objetivo la contratación del servicio “Mantenimiento periódico de la carretera departamental entre los sectores de Palo Blanco – Morripon – Huayros – Limón Pampa –Colaya, ubicados entre los distritos alto andinos de Salas y Kanaris., cuyo presupuesto asignado a comienzos del presente año”. Asciende a más de un millón 500 mil soles.
El segundo ítem
Asimismo, el referido portal de transparencia (Seace), muestra que el objetivo consignado en este ítem, está referido a la contratación del servicio en general: “Mantenimiento periódico de la Red Vial Departamental en la ruta Chochope – La Ramada – -Div Salas – Kerguer”, con un valor presupuestal superior a los 900 mil soles.
El tercer ítem
Tan igual que los ítems anteriores, el tercero tiene como objetivo contratar el servicio en general del: “Mejoramiento periódico de la carretera departamental Salas – El Algarrobo Grande (Div. Kerguer)”, para lo cual tiene un presupuesto aprobado que supera el millón de soles.
El ítem cuatro
El Seace muestra que, mediante la convocatoria consignada en este ítem, la Gerencia de Transportes de Lambayeque, busca contratar la contratación del servicio en general para la realización del: Mantenimiento Periódico de la carretera departamental Tramp Kañaris, Pandachi, Huacapampa (Div. Cajamarca), cuyo presupuesto asciende a 803 mil soles.
El quinto y último ítem
El objetivo que se busca con la contratación del servicio en general consignada en este Ítem, consiste en el: “Mantenimiento periódico de la Red Vial Departamental que circula entre los distritos Patapo y Pucala”, tiene un presupuesto debidamente aprobado de 464 mil soles, que en suma incluyendo a los cuatro ítems anteriores, la inversión programada bordea los cinco millones de soles.
El comité de selección
Los actos procedimentales de cada uno de los procedimientos convocados, hasta el cierre de nuestra edición, nos muestran – según el Seace -, que serán llevados a cabo por el comité de selección presidido por Luis Gustavo Vela Requejo e integrado por los miembros Jorge Manuel Llerena Roncal y Cesar Yeude González Bernal, quienes realizar la evaluación de las ofertas que presenten los participantes y, su posterior otorgamiento de la buena pro programada para 30 de julio de 2025.
Los antecedentes
El proceso convocado referenciado líneas arriba, inicialmente fue convocado el 15 de abril del año en curso, el cual fue declarado nulo por el gobernador regional Jorge Pérez Flores, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 000239-2025-GR. LAMB/GR de fecha 9 de junio de 2025, quien al tener conocimiento de serios vicios advertidos tanto en la utilización de las bases correspondientes y la vulneración de los principios de transparencia, eficacia y eficiencia que rigen para las contrataciones públicas del Estado, siendo considerados como vicios de nulidad, dieron lugar para que el titular de la Entidad decidiera declarar de oficio la nulidad del proceso.
El viernes 13 de marzo del 2020 fue la última vez que los alumnos de la Institución Educativa n.° 11014 – Inmaculada Concepción, ingresaron a sus aulas ubicadas en la urbanización Federico Villarreal. Al lunes siguiente se decretó la cuarentena por la Covid-19 y no volvieron más. El confinamiento se levantó, pero por medidas preventivas los alumnos de todo el país siguieron en la virtualidad por dos años más. Durante este tiempo, el Gobierno Regional de Lambayeque firmó, el 5 de octubre del 2021, el contrato de ejecución de la obra de mejoramiento de la infraestructura de este colegio. Sin embargo, casi cuatro años después, esta obra sigue sin entregarse y los alumnos sin volver a su recinto educativo.
“Están elaborando el expediente técnico para la ejecución del saldo de obra, allí recién se sabrá qué es lo que van a hacer y en qué plazos se va a ejecutar, pero ya nos estamos dando cuenta -por los procesos que nos han explicado- que este año tampoco nos entregarán el colegio”, indica con pesar Ruth Morocho Correa, directora de la institución educativa.
Advertencias
Inicialmente, el contrato de la obra de mejoramiento del servicio educativo del colegio Inmaculada Concepción se suscribió con la empresa SECUGRAMA S.R.L. por un monto contractual de 18 millones 642 mil 37.91 soles y un plazo de ejecución de 360 días.
El inicio de la ejecución de la obra tuvo como fecha el 22 de noviembre del 2021, aunque con un plazo de suspensión del 16 de febrero del 2022 al 8 de marzo del mismo año, a razón de valorizaciones impagas, por lo que la obra finalizó el 7 de diciembre del 2022. Desde entonces, han pasado dos años y medio.
En julio del 2023, a través del Informe de Control Concurrente n° 045-2023-OCI/5343-SCC, la Contraloría advirtió de un perjuicio económico para el gobierno regional, debido al pago de 138 mil 97 soles a la contratista por trabajos sobredimensionados y no ejecutados.
El informe describe que la entidad pagó S/76 959 por la totalidad de las partidas comprendidas en las valorizaciones n° 14, 15 y 16; pero la ejecución real fue menor en las partidas como ‘encofrado y desencofrado en pavimento rígido’ (48.2 %),’corte superficial manual’ (28.05 %); ‘trazo, niveles y replanteo preliminar’ (25.68%); ‘relleno compactado con arenilla’ (25.68%); ‘refine, nivelación y compactación con equipo’ (25.68%) y ‘acarreo de material excedente’ (23.58%).
Asimismo, se advierte que la entidad y la supervisión aprobaron trabajos no ejecutados de la partida ‘mesa pupitre de estructura metálica y tablero de melamina’ de las valorizaciones n° 14 y 17, ocasionando el pago de S/61 138. Aunque los trabajos acumulados valorizados equivalen al 95.12 % (1170 mesas pupitres), la comisión de control verificó que solo se ejecutó el 63.01 % de dicha partida (775 unidades de mesas pupitres terminadas), lo cual arroja una diferencia de 395 unidades.
Finalmente, el gobierno regional resolvió el contrato de la obra el 7 de octubre del 2023, mediante carta notarial cursada a la empresa SECUGRAMA S.R.L.
Peritaje
Con el contrato resuelto, el 29 de febrero del año pasado, el Gobierno Regional de Lambayeque convocó el procedimiento de selección para contratar el servicio de consultoría de un perito, a fin de realizar una evaluación estructural de la infraestructura del colegio. Este procedimiento fue declarado desierto en dos oportunidades y no sería sino hasta el 13 de mayo que se le otorgó la buena pro al postor Rodolfo Valentino Martínez Gonzales por la suma de 145 mil soles.
El resultado de este peritaje fue la necesidad de implementar disipadores para aumentar la rigidez de la estructura, lo cual conllevaría a realizarse un expediente técnico de saldo de obra para concluir con su ejecución al 100 % de la misma. Así, mediante Oficio n° 002598-2024-GR-LAMB/GRIN-DSL, del 10 de septiembre, el director de Supervisión y Liquidación del gobierno regional solicitó de manera “urgente” que la Dirección de Asistencia Técnica elabore el expediente técnico de saldo de obra de reforzamiento de la estructura de dicha obra.
Esta convocatoria del proceso de selección para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico inició el 4 de noviembre del año pasado y tuvo como resultado el otorgamiento de la buena pro el 24 de enero de este año.
Al respecto, el Informe de Hito de Control n° 002-2025-OCI/5343-SCC, del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, advirtió que las juntas sísmicas de la edificación no cumplen con los parámetros mínimos que establece la normativa vigente, lo cual “en la propuesta de reforzamiento de la consultoría de peritaje, tampoco se detalla su cumplimiento, situación que podría generar un riesgo en el desempeño de dichas edificaciones ante eventos sísmicos de gran magnitud y que continúe retrasando la puesta en marcha del servicio educativo en favor de la comunidad”.
Situación de los alumnos
Mientras tanto, el último lunes, un grupo de padres de familia realizó una protesta en los exteriores del Gobierno Regional de Lambayeque, a donde llegaron para exigir que se agilice el levantamiento de estas observaciones estructurales y así sus hijos puedan retornar a sus aulas.
“En febrero del año pasado nos reunimos con el gobernador Jorge Pérez y sus gerentes y nos prometieron celeridad. El peritaje terminó en septiembre del año pasado, ya va a ser casi un año, y hasta hoy no se convoca a una empresa que pueda realizar dicho trabajo. No tienen que tumbar el colegio, solo van a reforzar un área que es la de primaria, porque secundaria no ha sido observada”, indicó una de las madres de familia.
Actualmente, cuentan los padres, los niños del nivel primaria estudian en el colegio Inmaculada Concepción (el particular), ubicado en la carretera a Chacupe, en La Victoria; mientras que las adolescentes (secundaria es solo de mujeres) hacen lo propio en un colegio privado ubicado en la calle Alfonso Ugarte.
“Nuestros niños no cumplen su horario completo, solo llevan clases cuatro horas. Entran a las 02:00 p. m., cuando ya todos los colegios nacionales están en clase, y salen a las 06:00 p. m. Estudian solo cuatro horas”, señaló otra madre de familia, quien también reclamó por el perjuicio económico que les genera el tener que gastar en movilidad entre dos sitios tan distantes.
“Es injusto que nos estén haciendo gastar en pasajes. Hay padres de familia que tienen hijos tanto en primaria como en secundaria. Nosotros buscamos un colegio nacional que sea cercano a la zona donde vivimos, que es Villarreal, La Victoria, sin embargo, ahora tenemos que desplazarnos al centro de Chiclayo y hasta Chacupe para llevar a nuestros hijos a sus clases”, detalló.
En tanto, la directora Morocho Correa señaló que no hay forma de recuperar las horas de clase que los alumnos están perdiendo, pues no tienen otra opción que adecuarse a las condiciones de alquiler que les están dando los colegios particulares en cuyos ambientes vienen estudiando.
“Entendemos que los procesos no se pueden saltar, pero lo que no entendemos es que de un proceso a otro haya un espacio muy largo, eso es burocracia y tiene un impacto social muy grande. Donde estamos alquilando no tenemos la totalidad del horario porque debemos esperar que salgan los alumnos del particular. No tenemos las horas completas y no hay forma de recuperarlas porque no tenemos más que estos espacios”, apuntó.
Respuesta de la UGEL
Este medio se comunicó con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Chiclayo, Alí Sánchez Moreno, para conocer cómo va el avance para el levantamiento de las observaciones, quien señaló que recién se ha elevado el primer entregable del expediente técnico.
Añadió que falta la notificación para comenzar con el segundo de los tres entregables que comprende el expediente técnico de saldo de obra.
Durante 23 años, Julio Hidalgo Reyes dirigió la Oficina Defensorial de Lambayeque, cargo desde el cual trabajó en permanente coordinación con los diferentes sectores de la sociedad, dando apoyo y atención a los más vulnerables: niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, migrantes o a cualquier ciudadano afectado por servicios públicos deficientes. 67 mil 946 fueron las intervenciones realizadas hasta el 22 de junio, día en que fue separado del cargo.
“Como servidor y como persona me queda solo mucho agradecimiento, la función pública es así, hay cambios que se tienen que dar y es lo que corresponde. Muchos me preguntaban por qué estaba tanto tiempo en el cargo siendo trujillano, pero de una u otra manera eso me ayudó a mantener autonomía e independencia para poder servir y ayudar”, comentó Julio Hidalgo en la ceremonia de reconocimiento que le ofrecieron las organizaciones de la sociedad civil de Lambayeque.
Narró que la Defensoría del Pueblo empezó a funcionar en Lambayeque el 12 de noviembre del 2002, a iniciativa justamente de organizaciones de la sociedad civil, quienes acudieron ante el primer defensor, Jorge Santisteban de Noriega, para que se instale una oficina en el departamento.
“Sin presupuesto, sin logística, iniciamos nuestras actividades, siendo acogidos por la Casa Comunal de la Juventud, que nos facilitó una oficina para recibir al público. Durante este tiempo, lo digo con mucha humildad, he trabajado con un gran equipo que se ha esforzado mucho en atender a la ciudadanía y dar resultados, que es lo que siempre se ha querido. Frente a la magnitud de los problemas, quizá sea insignificante lo que hacemos, pero como siempre le decía a mis colegas, vamos paso a paso, atendiendo con calidez a la gente”, manifestó.
Añadió que el trabajo de la Defensoría del Pueblo apunta a generar confianza en la población, pues es en base a ese valor que su trabajo tiene impacto.
“La confianza es lo que debe representar al servicio público y lamentablemente es lo que se ha perdido en muchos aspectos. Otro aspecto importante es la sensibilidad. Yo he entendido así la función pública, sin perder la sensibilidad ni la vocación de servicio”, acotó.
Resultados
La Defensoría del Pueblo atiende quejas, petitorios y consultas. Entre noviembre y diciembre del 2002, año en que se instaló la oficina en Lambayeque, se realizaron 311 atenciones; para el 2003 fueron 812; 1099 en el 2004; 1027 en el 2005; 1719 en el 2006; 2038 en el 2007; 3369 en el 2008; 3369 en el 2009 y 6685 en el 2010.
En el 2011 se realizaron 4220 atenciones; 2861 en el 2012; 2861 en el 2013; 2520 en el 214; 3156 en el 2015; 4180 en el 2016; 3427 en el 2017; 4022 en el 2018; 4068 en el 2019; 4313 en el 2020 y 1870 en el 2021.
Para el 2021 las intervenciones fueron 3528; 3272 en el 2022; 3128 en el 2023; 3537 en el 2024 y 1024 entre enero y el 22 de junio de este año.
En total, durante la gestión de Julio Hidalgo como defensor del pueblo en Lambayeque se realizaron 67 mil 946 acciones a favor de la ciudadanía.
Conflictos sociales
La participación de la Oficina Defensorial de Lambayeque ha sido determinante para la resolución de conflictos sociales. Desde el 2002 a este año se han reportado en el departamento 33 conflictos sociales, de los cuales 19 fueron resueltos con la intervención del equipo liderado por Hidalgo Reyes.
Algunas de las intervenciones más destacadas fueron en la solución del conflicto generado por la construcción de la nueva ciudad de Olmos, ante la oposición de la población del distrito al considerar que ello implicaba la desatención de sus necesidades más elementales; otro caso fue el generado en el distrito de Cañaris, por el desarrollo de las actividades exploratorias en el proyecto minero Cañariaco. La acción oportuna de la defensoría permitió tender puentes de diálogo y evitar situaciones de violencia.
Otra de las acciones destacadas fue la desplegada en defensa de la reserva ecológica de Chaparrí.
Los casos resueltos son: Sindicato Agroindustrial Cayaltí (2004); revocatoria del alcalde de Pucalá (2004); Empresa AgroPucalá (2004) Pescadores de Santa Rosa (2004); Trabajadores y accionistas de la Empresa Agroindustrial Pomalca (2005); Cuestionamiento a la gestión del alcalde de Chongoyape (2005); Estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2005); Vacancia del alcalde de Chiclayo (2006); Reque – Río Tinto (2008); La Yovera y Los Burgas (2008); Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (2008); Trabajadores de las empresas Pomalca, Tumán y Cayaltí – Poder Ejecutivo (2009); Pliego de los Trabajadores de Epsel (2007-2009); Elecciones Municipales Pátapo (2010); Trabajadores Pomalca (2015); Desalojo de ambulantes del Mercado Modelo de Chiclayo (2014); Comunidad Campesina San Juan Bautista – Candente (2008); Elecciones Municipales Túcume (2010); Azucareras – Ley de Protección Patrimonial (2010); Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2011); Población de Palería – Bosque de Pómac (2009); Pliego de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (2009); Trabajadores de AgroPucalá (2010); Patapón – AgroPucalá (2010); Proyecto Minero Cañariaco (2012); Trabajadores Pucalá (2013); Nueva Ciudad de Olmos (2018).
Pandemia y violencia
Acciones que la sociedad reconoce en el trabajo de Hidalgo Reyes y el equipo de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque son las que se realizaron durante la pandemia del Covid-19, durante El Niño Costero 2017, el ciclón Yaku y en la protección de víctimas de violencia, principalmente menores de edad. Asimismo, el apoyo dado a la población migrante.
A diciembre del 2024, la defensoría resolvió 1358 quejas, 220 petitorios y 1960 consultas. Las diez instituciones más quejadas fueron: sector Salud (412); municipalidades (312), empresas prestadoras de servicios (211), sector Educación (124), gobierno regional (104), sector Justicia y Derechos Humanos (83), sector Interior (42), sector Mujer y Poblaciones Vulnerables (40), Poder Judicial (38) y organismos constitucionales autónomos (32).
En el caso del sector Salud, por ejemplo, “Las quejas fueron por el retraso en el otorgamiento de citas médicas y/o programación de intervenciones quirúrgicas en los hospitales de EsSalud y Gobierno Regional de Lambayeque. También por falta de infraestructura en mal estado y desabastecimiento de medicamentos”.
Al respecto, una de las últimas acciones más relevantes de la defensoría, bajo la jefatura de Julio Hidalgo, fue el informe que hizo posible el cierre de ambientes en el Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo, debido al riesgo de colapso por falta de mantenimiento de la infraestructura.
En el caso de las empresas prestadoras de servicios públicos, las quejas fueron por la deficiente prestación del servicio de desagüe, agua y energía eléctrica, desabastecimiento de agua, colapsos de desagüe y rebalse de aguas servidas. Así también, por la falta de mantenimiento del servicio de alumbrado público y daños en la infraestructura de postes de telecomunicaciones.
Asimismo, el año pasado, la defensoría realizó supervisiones del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y de la adecuada prestación de los servicios públicos. En total fueron 15 supervisiones nacionales en 61 instituciones públicas. Asimismo, se realizaron 13 supervisiones regionales en veintisiete 27 instituciones públicas.
Como parte de su estrategia institucional, la Oficina Defensorial de Lambayeque focalizó sus esfuerzos en informar, sensibilizar e impulsar prácticas ciudadanas que favorezcan el ejercicio de los derechos fundamentales y la comprensión de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Como resultado, se logró informar a 18 mil 216 personas, posicionando a esta sede como una de las que mayor número de personas informadas a nivel nacional logró, a través de 22 acciones de promoción.
“Se realizaron ocho acciones itinerantes en la región; cuatro presenciales y en la misma proporción virtuales. Las presenciales se realizaron en los distritos Monsefú, Ferreñafe, Salas e Incahuasi y virtuales se ejecutaron en los distritos de Tumán, Íllimo, Mórrope y Pacora. Se atendieron quejas, petitorios y consultas, además se realizaron supervisiones y acciones de promoción y difusión de derechos, siendo el reto seguir descentralizando los servicios a favor de la comunidad en los sectores de mayor pobreza y así proteger mejor los derechos ciudadanos”, enfatizó Hidalgo Reyes.
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