No acepta que se diga que estuvo prófugo, prefiere decir que se mantuvo a buen recaudo durante los ocho meses en los que tuvo vigencia una orden de captura en su contra. El exdirector de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, Juan Aguinaga Moreno, habla su verdad y afirma que toda la investigación que pesa sobre él por el sonado caso de las tesis falsas, tiene un trasfondo político.
En septiembre del año pasado el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dictó el mandato de prisión preventiva de 18 meses contra Aguinaga Moreno y los también docentes José Gómez Cumpa y Julia y Tania Liza Gonzales. Ocho meses después, librado de la prisión preventiva por un hábeas corpus, sostiene que su único error fue tratar de resolver la carga de expedientes para titulación de más de mil maestrantes.
“Consideramos que es un abuso que se comete contra nosotros y particularmente yo no he cometido ningún ilícito. Lo único que hemos hecho es servir intensamente a los usuarios de la Escuela de Postgrado. Hemos estado poco más de ocho meses en la clandestinidad pasando circunstancias muy difíciles, de zozobra. Mi esposa e hijos han dado una batalla muy dura y sin ese respaldo, junto con el de amigos, quizá no estuviera acá. He retornado para ser útil a la comunidad y luchar por mis ideales y convicciones”, afirma.
EL TRASFONDO
Juan Aguinaga se considera un perseguido político y señala al expresidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, Daniel Mora, como el principal instigador de la investigación emprendida con él y los demás docentes, así como de las otras investigaciones iniciadas cuando se mantenía en el poder de la universidad el exrector Agustín Ramos García.
¿La razón? El docente señala que todo esto se debe a la firme oposición que mantuvo la facción de Ramos García, de la que él era parte, a la aprobación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en julio del año pasado. Su imputación incluye al propio presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.
“Somos víctimas de una ofensiva desatada contra la universidad pública por parte de este gobierno, organizada por el general Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación del Congreso. Han pasado dos años de dada la Ley Universitaria, a la cual nosotros nos oponíamos. Yo pregunto, ¿qué cambio ha tenido la universidad en estos dos años? Los cambios que ha habido son para mal, han cambiado unas personas por otras, ¿acaso tienen razones para preferir a uno o a otro? Me considero un perseguido político. Si nosotros no hubiésemos participado en la lucha por defender la autonomía universitaria, para que la nueva ley no saliera con los criterios de formación de una SUNEDU y otros que abolen la autonomía no estuviéramos en este problema”, enfatiza el expresidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú – FENDUP.
LA INVESTIGACIÓN
Cree también que la investigación en su contra fue forzada por quienes aspiraban al control de la universidad y no lograron ganar las elecciones realizadas en el 2012, cuando se inició el mandato de Agustín Ramos como rector.
“Ellos estaban derrotados y no tenían ninguna posibilidad. Cuando surge la Nueva Ley Universitaria por parte de Daniel Mora, han corrido tras él existiendo la posibilidad de tumbarse a las autoridades. Daniel Mora ha reclutado a la gente que quería tumbarse a las autoridades. Miren a Nelson Sifuentes Justiniano, que se reclamaba presidente de la FENDUP, hoy está de vicedirector académico en el centro Pre Universitario. Eso es lo que han buscado simplemente, que salgan unos para que entren otros. Esto es así a nivel nacional”, señala.
La investigación fiscal contra Aguinaga Moreno y los otros docentes parte de la denuncia presentada por los también profesores de la universidad Carlos Quiñones Farro y Moisés Montenegro López. La acusación se debió a la presunta entrega irregular de mil 500 grados de magíster en los programas de postgrado de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, sostenida a cambio de pagos a los jurados encargados de evaluar a los maestrantes.
“Cuando ingreso a la Escuela Postgrado encuentro un problema: había 13 mil egresados de los programas de postgrado de la Facultad de Educación y solamente mil graduados. Entonces, había más de 10 mil reclamando su graduación. Me gustaría que alguien se siente en un escritorio y tenga 10 mil personas presionándolo. La investigación es manipulada. Nosotros sacamos mil 800 sustentaciones, a Gómez Cumpa le abren el secreto bancario y le encuentran depósitos de 17 sustentantes. Yo no voy a sacar un programa de mil 800 sustentantes, porque 17 le depositaron a Gómez Cumpa, no a mí. Yo no voy a cancelar un programa de mil 800 estudiantes, porque 17 le depositaron a Gómez Cumpa, es ilógico. Es obvio que en mi caso se trata de implementar un programa para resolver el problema. Además, Gómez Cumpa asume su responsabilidad, yo cómo voy a saber que lo depositan en su cuenta”, afirma el docente.
Y es que parte de la acusación se centra precisamente en los depósitos realizados por los maestrantes a las cuentas personales de los investigados. En el caso de José Gómez Cumpa, exdecano de la FACHSE, este ha reconocido que el dinero fue dado como pago por sus asesorías en la elaboración de las tesis.
Según Aguinaga Moreno, en el caso de la profesora Julia Liza se trata de depósitos efectuados para que ella funja de tramitadora de los estudiantes en las diferentes oficinas de la universidad, debido a que existen alumnos residentes en distintas partes del país y la lejanía les impedía ejecutar a ellos mismos los pagos.
“Por ejemplo, la profesora Julia Liza era directora del FACHSE y los que la conocen saben es que es muy buena, dinámica e hiperactiva. ¿Qué hace ella? Los sustentantes son mil 800, de 60 personas recibe depósitos, pero no son depósitos gigantes, son para hacer los pagos. Los estudiantes viven en Tacna, Puno, Iquitos, Huacho, viven lejos, hay pagos que hay que hacerlos personalmente acá. Esos depósitos que recibe de los alumnos, los ha depositado a la escuela, sino no hubieran podido sustentar ni caminar esos expedientes. No sé por qué se permitió eso, sinceramente no creo que haya habido ninguna falta. La profesora era una tramitadora de los alumnos”, asevera.
ENEMIGOS A LA CARGA
Contra los cuatro investigados el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo desestimó la aplicabilidad del delito de peculado. Sin embargo, aún pesan sobre ellos las imputaciones que mantiene el Ministerio Público de haber cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo impropio y falsedad ideológica.
Cohecho porque se presume que los depósitos a las cuentas personales de los docentes se debían a coimas para la obtención de los grados académicos, y en el caso de asociación ilícita para delinquir porque para la fiscalía los investigados habrían articulado una organización en afán de obtener beneficios económicos con el ejercicio de actividades irregulares.
“En su investigación, el Ministerio Público ha trabajado como funcionario de nuestros enemigos. Los expedientes se lo han armado ellos. Carlos Quiñones Farro y Moisés Montenegro López son los que presentan la denuncia, pero no son los únicos que han vivido en la Fiscalía. Todos son rostros visibles, Néstor Sifuentes, entre otros. Lo cierto es que ellos vivían y morían en la Fiscalía, entraban y manejaban los expedientes. Están de testigos los fiscales, los fiscales adjuntos, abogados y periodistas, todos los han visto. Nosotros solamente vamos cuando nos citan. Esto es verdad, así ha sido construido este caso”, afirma.
Anota además que cuando el Ministerio Público accedió a su secreto bancario no encontró depósitos de los estudiantes y que no ha podido acreditarse tampoco la existencia de jerarquías dentro de la supuesta organización delictiva, condición exigible para que se configure el delito de asociación ilícita.
“La Fiscalía levantó mi secreto bancario y de las comunicaciones, por supuesto. Ellos tienen esas armas, para qué la prisión preventiva, para atropellar y humillar, es parte de un plan político. La asociación ilícita tiene determinados parámetros que determina la ley y ellos tienen que sacar pruebas que hay una organización ilegal. En el Perú, en el caso de la universidad, ha habido una suerte de golpe de estado encabezada por Ollanta Humala. Para mí debería ser objeto de investigación constitucional y sancionarse con la mayor firmeza un crimen de la mayor gravedad, el mayor de los crímenes contra el Estado.
En el caso de la universidad, se ha perpetrado la conculcación total de la constitución y de todo aquello que brinda como protección para la universidad: la autonomía, el debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera. Se ha manipulado jueces y fiscales. Muchos medios de prensa han ocultado y distorsionado la verdad, y han salido al unísono con una ofensiva. Ha habido una injerencia en todo. Cada vez que ha sido intervenida o golpeada una universidad, el señor Mora ha estado presente en esos días. El Congreso debe investigar para que salga a la luz la verdad, yo voy a luchar por eso”, refiere Juan Aguinaga, demandando la libertad de sus coinvestigados.
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