Hace pocos días surgió una polémica entre el Perú y Colombia a raíz de las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que el Perú había ocupado la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, generando un conflicto innecesario basado en un reclamo dudoso. Tan alarmante como el debate diplomático es la avalancha de desinformación en redes sociales sobre el Tratado de 1922, que fijó los límites entre el Perú y Colombia. Estos apuntes buscan ofrecer una visión documentada frente a la distorsión del pasado con fines políticos o emocionales.
Un detalle en el que poco se suele reparar al analizar la historia de nuestras fronteras es que, cuando terminó el accidentado siglo XIX, el Perú no tenía ningún arreglo definitivo de límites. Tras la Guerra del Pacífico, nuestra diplomacia buscó recuperar Tacna y Arica, mientras también intentaba resolver disputas con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Como el Perú salió debilitado del desastre, los sucesivos gobiernos recurrieron a mecanismos temporales como el modus vivendi, el statu quo o el arbitraje, pero sin soluciones definitivas, con esporádicos choques armados en los territorios en disputa.
Los intentos previos
Tras la disolución de la Gran Colombia, las relaciones entre Perú y Colombia fueron normales, aunque sin acuerdos limítrofes pese al intento colombiano por sumarse al arbitraje entre el Perú y Ecuador ante la Corona Española, rechazado por Ecuador. En mayo de 1905, Perú y Colombia firmaron un modus vivendi que reconocía el dominio peruano sobre el río Napo y el colombiano sobre el Caquetá, dejando el Putumayo como zona desocupada por ambos países. Este acuerdo fue ratificado en 1906, pese a varios choques fronterizos. Aprovechando tal situación y sin autoridades que les pusieran freno, los caucheros peruanos, especialmente la compañía de Julio C. Arana, explotaron a la población indígena, en los llamados “crímenes del Putumayo”, generando el repudio internacional tras el informe del cónsul británico Roger Casement en 1912.
En 1907, Colombia dio por terminado el modus vivendi; dos años después, se firmó un nuevo tratado para esclarecer los abusos en el Putumayo, postergando las negociaciones limítrofes hasta después del fallo español sobre el litigio peruano-ecuatoriano, el cual no llegó a emitirse por las protestas ecuatorianas en 1910. Al año siguiente, fuerzas colombianas en el río Caquetá se enfrentaron, en el punto llamado La Pedrera, con tropas peruanas al mando del futuro presidente Óscar R. Benavides. Pese a negociaciones paralelas, no se logró un acuerdo definitivo.
El 15 de julio de 1916, Ecuador y Colombia firmaron el Tratado Muñoz Vernaza-Suárez, acordando sus fronteras y dividiendo las zonas amazónicas en disputa a través del ‘divortium aquarum’ entre los ríos Putumayo y Napo, en áreas que también reclamaba el Perú. Esto mostró el fracaso del enfoque peruano de negociar por separado con cada país: Ecuador reconocía a Colombia un territorio en el Amazonas, y Colombia reconocía tácitamente la máxima pretensión ecuatoriana, es decir, hasta el Marañón y el Amazonas. El Perú solo pudo presentar sus reservas al tratado, con base en la Real Cédula de 1802.
El Tratado de 1922
En este contexto, Augusto B. Leguía regresó al poder en 1919. Su visión empresarial le hizo comprender que, con el fin de garantizar un ambiente estable para modernizar el país y abrirse al capital extranjero (principalmente norteamericano), el Perú debía delimitar sus fronteras. Ya en su primer gobierno resolvió los límites con Brasil y Bolivia; quedaban pendientes las fronteras en el norte con Ecuador y Colombia, y en el sur, el problema de Tacna y Arica con Chile, que fue uno de sus puntos clave en la campaña electoral.
Buscando concentrarse en la disputa con Chile por Tacna y Arica, Leguía decidió negociar directamente con Colombia, sin intermediación. Con base en los cablegramas de Torre Tagle, se sabe que Colombia consideró como base de arreglo el curso del Putumayo y que el Perú insistió en indemnizaciones para los peruanos que quedasen en el lado colombiano. Para febrero de 1922, Colombia complicó la negociación al reclamar una salida al Amazonas, frente a lo cual el Perú decidió aplicar el canje territorial (como lo hizo en 1909, cuando Bolivia amenazó con rechazar el laudo arbitral del presidente argentino Figueroa Alcorta): Leticia por Sucumbios.
El 24 de marzo de 1922, el canciller peruano Alberto Salomón y el diplomático colombiano Fabio Lozano firmaron el tratado. La frontera se fijó principalmente en el Putumayo, zona intermedia entre las máximas pretensiones de ambos países: el Perú hasta el Caquetá al norte y Colombia hasta el Napo al sur. Un punto generalmente mencionado para criticar el Tratado Salomón-Lozano es la entrega del “trapecio amazónico”, incluyendo el pueblo de Leticia con el acceso al Amazonas. Sin embargo, este acceso no fue un gesto gratuito del gobierno de Leguía: se exigió a cambio el “triángulo de Sucumbios”, estratégico por su posición frente a Ecuador.
Con ello, se rompía la tácita vinculación de intereses entre Ecuador y Colombia: Ecuador rompió relaciones con Colombia cuando el Congreso colombiano aprobó el tratado, y finalmente firmó con el Perú el Protocolo Castro Oyanguren-Ponce en 1924, postergando la solución de su litigio fronterizo hasta después de que se resolviese la disputa peruano-chilena.
El Tratado de 1922 fue firmado ‘ad referendum’, es decir, debía ser ratificado por el Congreso peruano. Pero al ser un tratado oficial, permitió a Leguía mantener la paz en la frontera norte mientras se concentraba en la disputa con Chile. La Cancillería peruana incluso manifestó su intención de modificar partes del tratado meses después de su firma. También era necesario el aval de Brasil, por la concesión de acceso colombiano al Amazonas. Era una estrategia arriesgada, pues apostaba a resolver el problema con Chile rápidamente… lo que no ocurrió: si bien el fallo del árbitro norteamericano en el asunto peruano-chileno pareció ser un fracaso peruano, al realizarse el plebiscito se hizo evidente el abuso chileno hacia las poblaciones de Tacna y Arica, y Chile boicoteó el plebiscito, retrasando el arreglo hasta 1929.
La ratificación del Tratado
El Tratado Salomón-Lozano fue mantenido en reserva por el gobierno de Leguía hasta octubre de 1924, cuando fue enviado al Congreso peruano. Esta demora exasperó a la cancillería colombiana; los opositores de Leguía juzgaron que era un ‘mea culpa’ de su error al acceder al acuerdo. Es posible que Leguía buscase ganar el mayor tiempo posible hasta que debió asumir lo inevitable: Pedro Villanueva Urquijo apuntaría que el presidente escuchó sus críticas al tratado, del que dijo: “mucho me temo que nos veamos en la necesidad de aprobar”.
En marzo de 1925, Perú, Brasil y Colombia firmaron el Acta de Washington, resolviendo las diferencias pendientes. Colombia ratificó el Tratado Salomón-Lozano en octubre de 1925, mientras Perú retrasó su aprobación hasta diciembre de 1927. Pese a protestas de varios sectores, sobre todo loretanos, el Congreso peruano lo aprobó por 102 votos contra 7. El canje de ratificaciones se realizó el 19 de marzo de 1928, y la entrega de los territorios fue formalizada el 17 de agosto de 1930, poco antes del derrocamiento de Leguía.
No se puede evitar mencionar la influencia norteamericana. El gobierno de Leguía se vinculó con la potencia estadounidense, especialmente con miras a la solución de las fronteras, un punto sumamente polémico como tantos en la vida del gobernante lambayecano. Ciertamente, Leguía no fue un ingenuo que se arrojó inocentemente a los brazos de Washington como para perjudicar adrede al país que defendió en su juventud, en los reductos de Miraflores. Su acercamiento respondió sin duda a su pragmatismo, con el objetivo de atraer y asegurar el concurso de la nueva potencia para consolidar el Estado y alcanzar el progreso material que tanto le obsesionaba. Y si debía tomar decisiones para lo que consideraba el bien del Perú (aunque fuesen problemáticas en retrospectiva), Leguía tomaba la decisión, aun cuando fuese impopular. Si bien la Secretaría de Estado estadounidense no influyó en la negociación del Tratado Salomón-Lozano, sí lo hizo en las negociaciones tripartitas con Brasil y en insistir que se presentase al Congreso peruano. Se ha afirmado, sin pruebas, que fue una reparación a Colombia por la independencia de Panamá, que Estados Unidos apoyó. Otra versión —que creemos más cercana a la realidad— fue la facilitación de los grandes empréstitos hechos entonces al Perú, al dar garantías a los prestamistas de que no habría trastornos internacionales en el país prestatario.
La entrega de Leticia generó un profundo descontento en la región. Sin embargo, un detalle que se debe mencionar es que, en abril de 1926, el Gobierno peruano regularizó, en el corazón de Leticia, la hacienda Victoria, propiedad del peruano Enrique Vigil. Quizá se esperaba crear un enclave peruano, similar a lo que se proyectó luego (y nunca se concretó) con el Chinchorro en Arica. En septiembre de 1932, con Leguía derrocado y muerto, un grupo de civiles loretanos intentó recuperarla, desatando una guerra no declarada con Colombia, en el transcurso de la cual el presidente Sánchez Cerro fue asesinado. El general Benavides, que lo sucedió, optó por la vía diplomática, arribándose al Protocolo de Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934, que confirmó lo pactado en 1922. La hacienda Victoria fue comprada por el Estado peruano para ser vendida a Colombia en 1937.
Estos acuerdos fueron respetados por ambas partes hasta hace poco, cuando el presidente Petro, acosado por problemas y escándalos internos, reactivó el conflicto al afirmar que el Perú ha ocupado una isla colombiana. Las autoridades peruanas respondieron reafirmando su soberanía sobre la isla Santa Rosa, surgida de la isla Chinería por las fluctuaciones del Amazonas. El tema de fondo es que el caudal del Amazonas se está desviando hacia el lado peruano, afectando a Leticia, que en las próximas décadas podría quedar sin acceso al río. Hasta el momento se han sucedido varios incidentes en Santa Rosa: el vuelo de un avión colombiano sobre la isla, un intento de ingreso por parte de policías colombianos, el izamiento de una bandera colombiana por un político colombiano, y la detención de dos topógrafos colombianos. Confiemos en que prime la razón y el derecho que asiste al lado peruano.
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(*) Abogado, docente universitario e historiador.
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