El primer incidente durante la Primera Mesa Técnica de Seguridad en la Fronteras organizada en la ciudad de Leticia, donde discute el alcalde del reciente distrito creado de Santa Rosa, perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, ubicada en el departamento de Loreto, y el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, donde se señala que la isla de Santa Rosa no está definida entre los gobiernos de Perú y Colombia.
Ante dicha controversia, mediante Ley N° 32403 se crea el distrito de Santa Rosa de Loreto, donde se señala que conforme al tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial suscrito en Lima en 1922 con la República de Colombia.
El incidente de la ciudad de Leticia escala a niveles de mayor envergadura el 5 de agosto del 2025, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la acusación de trasladar a Leticia la conmemoración de la Batalla de Boyacá por los bloqueos mineros en dicha zona, señala que Perú se había apropiada de la isla Santa Rosa, de acuerdo al tratado de Río de Janeiro de 1934.
En dicho escenario la Cancillería Colombiana, mediante un comunicado, señaló que la isla Santa Rosa es una isla que ha surgido en el 1929 y que al igual que otras islas se debería realizar un proceso de asignación de común acuerdo entre cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países y se solicitó la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), desconociendo la creación del distrito de Santa Rosa.
Iniciando la disputa limítrofe y de los tratados de Río de Janeiro de 1934 que reclama Colombia y el Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922 y el Tratado de Navegación, Comercio y Límites de 1934 que defiende Perú, dado que la isla Santa Rosa es una porción de la isla Chinería, que ha sido cortada por un brazo del río Amazonas y que se juntaron al secarse el curso del agua del rio Amazonas y que ante la preocupación del Gobierno Colombiano que la ciudad Leticia se podría quedar sin ribera sobre el Amazonas afectando al dinamismo comercial que se genera en la posición geoestratégica de las fronteras de Perú, Colombia y Brasil.
S.O.S el río Amazonas se aleja de Colombia
Es por ello que desde 1933 la Universidad Nacional de Colombia, a través del Laboratorio de Estudios Hidráulicos, advertía que el caudal del río estaba desviándose hacia el Perú, donde el 70 % fluía por canales peruanos y el 30 % hacia canales colombianos y que en su última investigación realizada por el docente Juan Gabriel León de un total registrado del caudal de 55,900 m3/s en el Estrecho de Nazaret, solo 10,900 m3/s solo el 0.19% transita por los canales colombianos, proyectando que ante la sedimentación acelerada y el riesgo inminente de que río Amazonas para el 2030 dejaría e pasar frente a Leticia. Asimismo, advierte que a pesar que el Amazonas es una frontera viva y estratégica en ambos territorios tanto de Colombia y Perú, la inacción institucional y las ausentes decisiones políticas y diplomáticas, generaría que ante secarse el caudal del Amazonas las consecuencias ambientales serían severas en la biodiversidad y el equilibrio hídrico, así como a las actividad económicas y comerciales que dependen de vía fluvial, pero también para el Perú debido a que la cuenca amazónica ha aumentado a niveles alarmantes por la exageración de los caudales, “por lo cual la respuesta más efectiva debe ser binacional, pero, sobre todo, inmediata”.
El equipo de investigación junto al docente Juan Gabriel León, señala que la solución de cierta manera más efectiva implica sea un dragado de emergencia y la instalación de espolones sumergidos en puntos estratégicos permitiría redirigir el caudal sin afectar el curso natural del río.
En el ámbito político
Perú y Colombia enfrentan un escenario de elecciones nacionales para el año 2026 y conflictos internos principalmente con las brechas sociales y la fuerte problemática de la corrupción en ambos países por los líderes del gobierno central de ambos países que las proyecciones señalan que esta discusión limítrofe de la isla Santa Rosa no se solucionaría en los gobiernos vigentes de Perú y Colombia. Asimismo, se espera que el conflicto sea solucionado por la vía diplomática, iniciando con la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF) para que se inicien las conversaciones en torno a dichas controversias y la aplicación del derecho internacional para analizar y definir la jurisdicción de la isla y de no llegar a un acuerdo se escalaría hacia la Corte Internacional de Justicia.
Por ello el actual gobierno peruana de Dina Boluarte mediante un comunicado diplomático para tratar la problemática limítrofe de Colombia señaló que no hay ningún tema pendiente a tratar debido a que de acuerdo al tratado de Río de Janeiro de 1934 y el Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922 reafirma que la isla Chinería es peruana, mostrando que es necesario un trabajo conjunto de la agenda regional, donde la solidez de los instrumentos legales y la cooperación histórica en la región brindan garantías de que la situación no se transformará en un conflicto.
Posición geoestratégica y económica de Santa Rosa
La isla Santa Rosa, hoy distrito de Santa Rosa de Loreto tiene una posición geoestratégica por la actividad comercial que se gesta en las fronteras de Perú, Colombia y Brasil; la mencionada isla tiene un aproximado de 3500 personas cuyo principal canal de negociación es vía fluvial, dependiendo mutuamente de la cooperación fronteriza y la necesaria integración amazónica que permita robustecer los canales diplomáticos y la integración regional.
La principal actividad económica que se ejecuta en la isla es la comercialización de arroz, pollo, azúcar, sal y aceite y se intercambian tres divisas del sol peruano, el real brasileño y el peso colombiano y donde aproximadamente se trasladan cerca de 460 mil pasajeros en el Ferry de la Amazonía que une la ciudad de Iquitos con Isla Santa Rosa, en la triple frontera con Colombia y Brasil.
Sin embargo, a pesar de las potencialidades productivas que en el Corredor Mariscal Ramón Castilla son las cadenas productivas de aguaje, camu camu, cacao, transformación de madera, ungurahui y cacao se viene gestando un incremento del del 53 % en la pérdida de superficies boscosas, dado la ampliación de la frontera agrícola en lo relacionado a los cultivos ilícitos.
Indicadores sociales
En la provincia Mariscal Ramón los indicadores sociales, el 45 % de población está en situación de pobreza y 11.7 % en pobreza extrema. Tiene un índice de desnutrición del 24.7 %. Si se habla de acceso a servicios básicos, es considerable la falta de acceso a establecimientos de salud y electricidad.
La realidad descrita de la fragilidad económica de la provincia Mariscal Ramón también lo vive la isla de Santa Rosa, donde las brechas de salud y educación se encuentran al 100% y en infraestructura no se cuenta con un centro de abastos, ni tampoco soporte turístico y aún enfrentan limitaciones en los servicios básicos; así como de inseguridad y loa altos niveles de información, que originan aún una economía débil.
La disputa por la isla Santa Rosa no solo pone en relieve la sensibilidad de las fronteras vivas en la Amazonía, sino también la vigencia de los tratados internacionales que garantizan la integridad territorial del Perú. Conforme al Tratado Salomón-Lozano de 1922 y al Tratado de Río de Janeiro de 1934, la jurisdicción de la isla Chinería de la cual Santa Rosa forma parte corresponde inequívocamente al Estado peruano, constituyendo un derecho soberano respaldado por el orden jurídico internacional. Defender este principio implica salvaguardar no solo un territorio de valor geoestratégico y económico, sino también el respeto a la institucionalidad diplomática y a la estabilidad regional. En este contexto, el Perú debe sostener su posición con firmeza, privilegiando el diálogo y la cooperación binacional, pero sin ceder en los fundamentos legales que aseguran su soberanía, garantizando que la isla Santa Rosa continúe siendo un bastión de presencia nacional en la triple frontera amazónica.
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(*) Magister en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt y especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.
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(*) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
Con el cierre del plazo legal para la inscripción de alianzas electorales, el escenario político peruano rumbo a las Elecciones Generales de 2026 comienza a definirse. El 2 de agosto, hasta las 23:59 horas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibió las solicitudes de cinco coaliciones, integradas por 11 organizaciones políticas, para competir por la presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.
Este paso abre una etapa crucial en una contienda programada para el 12 de abril de 2026, donde la fragmentación del voto vuelve a ser un problema central para la gobernabilidad. Pese a los intentos de agruparse, las experiencias pasadas obligan a preguntarse si estas alianzas serán realmente funcionales o solo acuerdos coyunturales con fecha de caducidad.
Las cinco alianzas en competencia
De acuerdo con información oficial del JNE y de los voceros partidarios, las alianzas formalizadas son:
Unidad Nacional: conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Unidad y Paz, y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! Presenta como precandidato presidencial al congresista Roberto Chiabra, bajo la premisa de coincidencias programáticas de derecha.
Ahora Nación: formada por el Partido Ahora Nación y Salvemos al Perú, con Alfonso López Chau como postulante. La solicitud inicial fue observada por falta de documentos y, posteriormente, Salvemos al Perú decidió retirarse, dejando incierto su futuro.
Fuerza y Libertad: unión de Fuerza Moderna, liderada por Fiorella Molinelli, y Batalla Perú, de Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín. Molinelli, cuestionada por su gestión en EsSalud durante la pandemia, encabeza la fórmula presidencial con un discurso de centro, enfocado en modernización del Estado y descentralización.
Venceremos: alianza de izquierda entre Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo, y Nuevo Perú por el Buen Vivir, de Vicente Alanoca. Si bien mostraron constantes fricciones durante el gobierno de Pedro Castillo, la candidatura presidencial será definida por sus bases, con Alanoca y Bermejo como opciones visibles. Unidad Popular, inicialmente considerada, quedó fuera del pacto.
Frente de los Trabajadores y Emprendedores: Luego de no concretar la alianza con Ahora Nación, esta coalición también de izquierda integra a Primero la Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), que lidera Marco Zevallos, centra su agenda en empleo digno y reivindicaciones laborales.
El filtro del JNE
La inscripción no es definitiva. El JNE, a través de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, revisa cada alianza como si fuera una nueva organización: denominación, símbolo, domicilio legal y órganos de gobierno deben estar formalmente establecidos. Varias solicitudes fueron observadas y deberán subsanarse antes del 1 de septiembre de 2025, fecha límite para su habilitación definitiva.
Fragmentación persistente
Aunque la conformación de cinco alianzas reduce el número de competidores frente a las 43 candidaturas iniciales, la fragmentación no desaparece. Si los partidos que no pactaron compiten en solitario, podrían presentarse hasta 37 listas presidenciales, un escenario que dispersaría considerablemente el voto y podría llevar a una segunda vuelta entre candidatos con porcentajes realmente bajos y poca representatividad.
Este tipo de dispersión debilita la legitimidad del ganador y complica la gobernabilidad en el Congreso. Las alianzas buscan, “teóricamente”, sumar fuerzas para superar la valla electoral y evitar este efecto; sin embargo, la historia política peruana muestra que la mayoría fracasa en consolidarse.
Antecedentes poco alentadores
En los últimos 35 años, pocas alianzas han llegado al poder. Ejemplos como FREDEMO en 1990 o Izquierda Unida nunca alcanzaron la presidencia. Las que sí lo lograron, como Cambio 90 con Nueva Mayoría en 1995 o la Alianza Fujimorista en 2000, estuvieron ligadas a la figura de Alberto Fujimori y, en el segundo caso, a un proceso que terminó en denuncias de fraude y renuncia presidencial.
Otros intentos, como Unidad Nacional en 2001 o la alianza entre Unión por el Perú y el Partido Nacionalista en 2006, llegaron lejos en primera vuelta, pero fueron derrotados en el balotaje. El caso más exitoso en tiempos recientes fue Gana Perú en 2011, que llevó a Ollanta Humala a la presidencia.
El PPC ha participado en múltiples alianzas (2001, 2006, 2011, 2016) con resultados dispares, quedándose a menudo fuera de la segunda vuelta. En la última experiencia en 2016 compitió, en alianza con el APRA bajo el nombre Alianza Popular, sin lograr superar la valla electoral del 5 % de votos válidos a nivel nacional ni obtener al menos seis congresistas electos en más de una circunscripción, siendo que de no haberse aplicado excepciones o estrategias legales posteriores, habría significado su desaparición formal como partidos inscritos.
Este patrón alimenta el escepticismo sobre la eficacia de las alianzas actuales para asegurar gobernabilidad.
Innovación en la fiscalización
El JNE ha manifestado para este proceso incorporar tecnología para reforzar la transparencia. Burneo anunció el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial, que interoperará con bases de datos judiciales y administrativas para detectar candidatos con condenas o deudas alimentarias.
Ello servirá para agilizar la revisión de candidaturas individuales, aunque la supervisión final seguirá a cargo de revisores humanos. Algunas fechas clave para el cronograma electoral incluyen: cierre del padrón el 14 de octubre, presentación formal de candidatos el 23 de diciembre y registro definitivo el 14 de marzo.
Asimismo, se investiga el uso de firmas falsas en inscripciones partidarias pasadas. Se espera un informe sobre este tema para la segunda quincena de agosto y, de confirmarse irregularidades graves, podría derivar en la nulidad de la inscripción de algunos partidos, reconfigurando el escenario.
Más forma que fondo
En el papel, las alianzas parecen un paso hacia la reducción de la atomización política. Sin embargo, la experiencia muestra que muchas son pactos de conveniencia, diseñados para sortear la valla electoral o repartir cuotas de poder, más que para ofrecer un proyecto coherente y sostenido.
La etapa actual, centrada en la validación por parte del JNE, será decisiva. Pero incluso si todas logran inscribirse, la verdadera prueba vendrá después: sostener la cohesión interna durante la campaña, presentar propuestas viables y convencer a un electorado que ha visto demasiadas veces cómo las promesas de unidad se desvanecen antes de llegar a la segunda vuelta.
El cierre administrativo del primero de setiembre. Será un primer filtro que pondrá a prueba la capacidad real de estas coaliciones para pasar del acuerdo formal a la acción política efectiva. Y en ese tránsito, no todas tendrán la misma resistencia.
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(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com
En el siglo XIX, España vive una de las épocas de mayor decadencia política, económica y social la cual se atribuye al reinado de Fernando VII. Si bien hereda de su padre Carlos IV, quien abdica en favor de su hijo, una economía bastante debilitada, éste no es capaz de levantarla. Hechos adversos como la ocupación napoleónica; la emancipación americana; y el fracaso de programas fiscales para una mayor recaudación tributaria tras gastos desmesurados, como el reflotamiento de su armada naval con la adquisición de buques rusos considerado como una mala gestión y despilfarro del erario fiscal, hunde a España en una fuerte crisis de deuda. De La Iglesia (2007) traduce su falta de liderazgo, arrogancia y absolutismo en una anécdota brillante: “sus seguidores le colocaban las bolas de billar para que pudiese lucirse públicamente con facilidad”.
Uno de los principios básicos de las ciencias políticas es, sin duda, la legitimidad. Según Martin (2001) comenta sobre la imperiosa necesidad de un sistema político democrático para que haya legitimidad y mecanismos que reduzcan la intensidad de la división política que, a su vez, se encuentran íntimamente relacionados con el desarrollo económico de toda nación.
¿Qué entendemos por crecimiento económico y desarrollo económico?
Durante muchos años la economía peruana se viene desenvolviendo en un contexto de poca claridad en lo que respecta al crecimiento económico y como consecuencia al desarrollo económico. Dos conceptos distintos, por cierto. El primero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es el resultado del aumento de la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando el crecimiento económico aumenta influye en la generación de mayores puestos de trabajo.
Mientras que, en el lado del desarrollo económico, hay varias teorías que emergen desde hace varios años deseando definir correctamente dicho concepto. Por un lado, Lewis (1956) relacionándolo a las tasas de ahorro e inversión; Meier (1995) definiéndolo como el cambio estructural en la economía; Acemoglou et al. (2012) ligándolo directamente a la institucionalidad; Bernajee y Duflo (2012) con la mejora de oportunidades de los pobres; entre otros muchos. Lo cierto es que todos los escritos sobre este tema llevan a uno importante: Bienestar.
Economía y política
El ritmo de crecimiento peruano al parecer viene agotándose lentamente sin que los peruanos nos demos cuenta. Solo veamos las cifras para tenerlo claro. Si comparamos cuánto crece la economía peruana en los últimos 20 años; en los 10 años; 5 años y 2 años, respectivamente, veremos que en el primer caso esta crece 4 % anual; luego 2 % anual; 1.3 % anual; y por último 1.4 % anual. Definitivamente, apagándose lentamente.
Si nos centramos en las variables que en su momento dan a conocer a la economía española en una situación poco favorable y con un rey Fernando VII sin timonel, veremos algunas situaciones que pueden generar cierta suspicacia de nuestra economía y política.
Al analizar la política fiscal del Perú, hay variables que debemos tomar muy en cuenta. Primero, la recaudación tributaria y lo analizamos desde una visión de largo, mediano y corto plazo. La presión tributaria, que nos es otra cosa más que la división entre la recaudación tributaria total respecto al PBI, en el 2004 se ubica en 18.4 % según cifras del BCRP. Haciendo un breve ejercicio para su mejor entendimiento. Si tenemos S/100 millones como PBI, recaudamos apenas S/18.4 millones. Así, en el 2014 se ubica en 22.1 %; en el 2019 en 19.2 %; y al 2024 en 18.7 % respecto al PBI. Es decir, si hacemos una evaluación de su crecimiento, esta crece en apenas 0.3 % en los últimos 20 años. Realmente, ningún avance y sin ningún programa sólido de recaudación, principal fuente de nuestro erario público.
La segunda variable más importante, el gasto público. Hagamos el mismo análisis de períodos. En el 2004 se ubica en 17.6 % respecto al PBI; en el 2014 en 21.4 %; 2019 con 19.6 % y el 2024 con 20.8 %. Es decir, aquí si hay un trabajo para incrementar nuestro gasto público. Lo curioso es que los gastos suben, pero los ingresos bajan. Ud. debe preguntarse como padre de familia ¿cómo lo sostengo tratando siempre de ver el equilibrio familiar?
Tercera variable, la deuda pública. En el 2004 se ubica en 36.6 % respecto al PBI, 2014 en 3.0 % (¡impresionante!), 2019 en 12.7 % y en el 2024, 23.5 %. Ello responde a la pregunta: Endeudándonos. ¡El peor camino!
No obstante, tenemos una cuarta variable, el ahorro fiscal. Al 2005, según cifras del Banco Mundial, se ubica en 20.7 % respecto al PBI; y en el 2024 en 25.0 %. Solo un dato positivo puede generar cierto colchón para el próximo gobierno venidero.
Por lo tanto, la enmienda del ministro de Economía de que el gasto público no excedería el 2.2 % devela la falta de coordinación y liderazgo. Creo que conocemos cómo acaba esto.
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(*) Economista, director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Hace pocos días surgió una polémica entre el Perú y Colombia a raíz de las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que el Perú había ocupado la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, generando un conflicto innecesario basado en un reclamo dudoso. Tan alarmante como el debate diplomático es la avalancha de desinformación en redes sociales sobre el Tratado de 1922, que fijó los límites entre el Perú y Colombia. Estos apuntes buscan ofrecer una visión documentada frente a la distorsión del pasado con fines políticos o emocionales.
Un detalle en el que poco se suele reparar al analizar la historia de nuestras fronteras es que, cuando terminó el accidentado siglo XIX, el Perú no tenía ningún arreglo definitivo de límites. Tras la Guerra del Pacífico, nuestra diplomacia buscó recuperar Tacna y Arica, mientras también intentaba resolver disputas con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Como el Perú salió debilitado del desastre, los sucesivos gobiernos recurrieron a mecanismos temporales como el modus vivendi, el statu quo o el arbitraje, pero sin soluciones definitivas, con esporádicos choques armados en los territorios en disputa.
Los intentos previos
Tras la disolución de la Gran Colombia, las relaciones entre Perú y Colombia fueron normales, aunque sin acuerdos limítrofes pese al intento colombiano por sumarse al arbitraje entre el Perú y Ecuador ante la Corona Española, rechazado por Ecuador. En mayo de 1905, Perú y Colombia firmaron un modus vivendi que reconocía el dominio peruano sobre el río Napo y el colombiano sobre el Caquetá, dejando el Putumayo como zona desocupada por ambos países. Este acuerdo fue ratificado en 1906, pese a varios choques fronterizos. Aprovechando tal situación y sin autoridades que les pusieran freno, los caucheros peruanos, especialmente la compañía de Julio C. Arana, explotaron a la población indígena, en los llamados “crímenes del Putumayo”, generando el repudio internacional tras el informe del cónsul británico Roger Casement en 1912.
En 1907, Colombia dio por terminado el modus vivendi; dos años después, se firmó un nuevo tratado para esclarecer los abusos en el Putumayo, postergando las negociaciones limítrofes hasta después del fallo español sobre el litigio peruano-ecuatoriano, el cual no llegó a emitirse por las protestas ecuatorianas en 1910. Al año siguiente, fuerzas colombianas en el río Caquetá se enfrentaron, en el punto llamado La Pedrera, con tropas peruanas al mando del futuro presidente Óscar R. Benavides. Pese a negociaciones paralelas, no se logró un acuerdo definitivo.
El 15 de julio de 1916, Ecuador y Colombia firmaron el Tratado Muñoz Vernaza-Suárez, acordando sus fronteras y dividiendo las zonas amazónicas en disputa a través del ‘divortium aquarum’ entre los ríos Putumayo y Napo, en áreas que también reclamaba el Perú. Esto mostró el fracaso del enfoque peruano de negociar por separado con cada país: Ecuador reconocía a Colombia un territorio en el Amazonas, y Colombia reconocía tácitamente la máxima pretensión ecuatoriana, es decir, hasta el Marañón y el Amazonas. El Perú solo pudo presentar sus reservas al tratado, con base en la Real Cédula de 1802.
El Tratado de 1922
En este contexto, Augusto B. Leguía regresó al poder en 1919. Su visión empresarial le hizo comprender que, con el fin de garantizar un ambiente estable para modernizar el país y abrirse al capital extranjero (principalmente norteamericano), el Perú debía delimitar sus fronteras. Ya en su primer gobierno resolvió los límites con Brasil y Bolivia; quedaban pendientes las fronteras en el norte con Ecuador y Colombia, y en el sur, el problema de Tacna y Arica con Chile, que fue uno de sus puntos clave en la campaña electoral.
Buscando concentrarse en la disputa con Chile por Tacna y Arica, Leguía decidió negociar directamente con Colombia, sin intermediación. Con base en los cablegramas de Torre Tagle, se sabe que Colombia consideró como base de arreglo el curso del Putumayo y que el Perú insistió en indemnizaciones para los peruanos que quedasen en el lado colombiano. Para febrero de 1922, Colombia complicó la negociación al reclamar una salida al Amazonas, frente a lo cual el Perú decidió aplicar el canje territorial (como lo hizo en 1909, cuando Bolivia amenazó con rechazar el laudo arbitral del presidente argentino Figueroa Alcorta): Leticia por Sucumbios.
El 24 de marzo de 1922, el canciller peruano Alberto Salomón y el diplomático colombiano Fabio Lozano firmaron el tratado. La frontera se fijó principalmente en el Putumayo, zona intermedia entre las máximas pretensiones de ambos países: el Perú hasta el Caquetá al norte y Colombia hasta el Napo al sur. Un punto generalmente mencionado para criticar el Tratado Salomón-Lozano es la entrega del “trapecio amazónico”, incluyendo el pueblo de Leticia con el acceso al Amazonas. Sin embargo, este acceso no fue un gesto gratuito del gobierno de Leguía: se exigió a cambio el “triángulo de Sucumbios”, estratégico por su posición frente a Ecuador.
Con ello, se rompía la tácita vinculación de intereses entre Ecuador y Colombia: Ecuador rompió relaciones con Colombia cuando el Congreso colombiano aprobó el tratado, y finalmente firmó con el Perú el Protocolo Castro Oyanguren-Ponce en 1924, postergando la solución de su litigio fronterizo hasta después de que se resolviese la disputa peruano-chilena.
El Tratado de 1922 fue firmado ‘ad referendum’, es decir, debía ser ratificado por el Congreso peruano. Pero al ser un tratado oficial, permitió a Leguía mantener la paz en la frontera norte mientras se concentraba en la disputa con Chile. La Cancillería peruana incluso manifestó su intención de modificar partes del tratado meses después de su firma. También era necesario el aval de Brasil, por la concesión de acceso colombiano al Amazonas. Era una estrategia arriesgada, pues apostaba a resolver el problema con Chile rápidamente… lo que no ocurrió: si bien el fallo del árbitro norteamericano en el asunto peruano-chileno pareció ser un fracaso peruano, al realizarse el plebiscito se hizo evidente el abuso chileno hacia las poblaciones de Tacna y Arica, y Chile boicoteó el plebiscito, retrasando el arreglo hasta 1929.
La ratificación del Tratado
El Tratado Salomón-Lozano fue mantenido en reserva por el gobierno de Leguía hasta octubre de 1924, cuando fue enviado al Congreso peruano. Esta demora exasperó a la cancillería colombiana; los opositores de Leguía juzgaron que era un ‘mea culpa’ de su error al acceder al acuerdo. Es posible que Leguía buscase ganar el mayor tiempo posible hasta que debió asumir lo inevitable: Pedro Villanueva Urquijo apuntaría que el presidente escuchó sus críticas al tratado, del que dijo: “mucho me temo que nos veamos en la necesidad de aprobar”.
En marzo de 1925, Perú, Brasil y Colombia firmaron el Acta de Washington, resolviendo las diferencias pendientes. Colombia ratificó el Tratado Salomón-Lozano en octubre de 1925, mientras Perú retrasó su aprobación hasta diciembre de 1927. Pese a protestas de varios sectores, sobre todo loretanos, el Congreso peruano lo aprobó por 102 votos contra 7. El canje de ratificaciones se realizó el 19 de marzo de 1928, y la entrega de los territorios fue formalizada el 17 de agosto de 1930, poco antes del derrocamiento de Leguía.
No se puede evitar mencionar la influencia norteamericana. El gobierno de Leguía se vinculó con la potencia estadounidense, especialmente con miras a la solución de las fronteras, un punto sumamente polémico como tantos en la vida del gobernante lambayecano. Ciertamente, Leguía no fue un ingenuo que se arrojó inocentemente a los brazos de Washington como para perjudicar adrede al país que defendió en su juventud, en los reductos de Miraflores. Su acercamiento respondió sin duda a su pragmatismo, con el objetivo de atraer y asegurar el concurso de la nueva potencia para consolidar el Estado y alcanzar el progreso material que tanto le obsesionaba. Y si debía tomar decisiones para lo que consideraba el bien del Perú (aunque fuesen problemáticas en retrospectiva), Leguía tomaba la decisión, aun cuando fuese impopular. Si bien la Secretaría de Estado estadounidense no influyó en la negociación del Tratado Salomón-Lozano, sí lo hizo en las negociaciones tripartitas con Brasil y en insistir que se presentase al Congreso peruano. Se ha afirmado, sin pruebas, que fue una reparación a Colombia por la independencia de Panamá, que Estados Unidos apoyó. Otra versión —que creemos más cercana a la realidad— fue la facilitación de los grandes empréstitos hechos entonces al Perú, al dar garantías a los prestamistas de que no habría trastornos internacionales en el país prestatario.
La entrega de Leticia generó un profundo descontento en la región. Sin embargo, un detalle que se debe mencionar es que, en abril de 1926, el Gobierno peruano regularizó, en el corazón de Leticia, la hacienda Victoria, propiedad del peruano Enrique Vigil. Quizá se esperaba crear un enclave peruano, similar a lo que se proyectó luego (y nunca se concretó) con el Chinchorro en Arica. En septiembre de 1932, con Leguía derrocado y muerto, un grupo de civiles loretanos intentó recuperarla, desatando una guerra no declarada con Colombia, en el transcurso de la cual el presidente Sánchez Cerro fue asesinado. El general Benavides, que lo sucedió, optó por la vía diplomática, arribándose al Protocolo de Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934, que confirmó lo pactado en 1922. La hacienda Victoria fue comprada por el Estado peruano para ser vendida a Colombia en 1937.
Estos acuerdos fueron respetados por ambas partes hasta hace poco, cuando el presidente Petro, acosado por problemas y escándalos internos, reactivó el conflicto al afirmar que el Perú ha ocupado una isla colombiana. Las autoridades peruanas respondieron reafirmando su soberanía sobre la isla Santa Rosa, surgida de la isla Chinería por las fluctuaciones del Amazonas. El tema de fondo es que el caudal del Amazonas se está desviando hacia el lado peruano, afectando a Leticia, que en las próximas décadas podría quedar sin acceso al río. Hasta el momento se han sucedido varios incidentes en Santa Rosa: el vuelo de un avión colombiano sobre la isla, un intento de ingreso por parte de policías colombianos, el izamiento de una bandera colombiana por un político colombiano, y la detención de dos topógrafos colombianos. Confiemos en que prime la razón y el derecho que asiste al lado peruano.
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(*) Abogado, docente universitario e historiador.
Los temas ambientales han cobrado notoriedad en los últimos años, sobre todo por los efectos que el Cambio Climático ha provocado en el planeta. A nivel mundial aumenta la percepción sobre los peligros y riesgos que amenazan la vida en la Tierra, aunque algunos sectores de la sociedad se resistan a escuchar las alertas de la comunidad científica, de políticos responsables y de movimientos a favor de la protección del medioambiente.
En medio de este contexto adverso, el periodismo ambiental se erige como herramienta fundamental para informar con rigor, visibilizar las realidades que afectan a millones y movilizar a la sociedad hacia soluciones. Sin embargo, desempeñar esta labor desde una perspectiva femenina en la región, implica sobreponerse a un grupo de barreras añadidas, arraigadas en culturas patriarcales, desigualdades de género y riesgos propios de la realidad sociopolítica de nuestra América.
Los países del Sur Global y entre ellos los latinoamericanos, son de los más expuestos y vulnerables al cambio climático, los que afecta directamente a poblaciones socioeconómicas más desfavorecida, entre los que sobresalen las mujeres, niñas y comunidades indígenas. Fenómenos como sequias prolongadas, inundaciones repentinas, huracanes severos impactan de forma desproporcionada a estos grupos, quienes, además, suelen poseer menos acceso a los recursos. Las mujeres rurales, en particular, enfrentar una presión inmensa debido a que, además de enfrentar dificultades económicas crecientes e incertidumbre laboral derivada de las intensificaciones de eventos extremos, cargan con la mayor parte del trabajo no remunerado y el cuidado familiar. Esto se funciona con el ciclo de pobreza ambiental que perpetúa la vulnerabilidad social.
Asumir el reto
Todo este escenario exige que el periodismo ambiental asuma el reto de dar voz con profundidad y sensibilidad. Mas allá de las carencias de recursos técnicos y la obsolescencia tecnológica, así como la escasa formación de periodistas especializados en esta área, muchos profesionales de la comunicación enfrentan la ausencia de espacios sistemáticos y seguros para ejercer su labor. En América Latina hay un contexto marcado por la precariedad laboral, los bajos salarios, el hostigamiento, exceso de regulación y la falta de protección frente a amenazas que provienen de grupos económicos y políticos interesados en mantener prácticas extractivistas y destructivas. En este entorno hostil, acceder a información fidedigna, fuentes confiables y trabajar en territorios de riesgo se convierte en una labor de alto riesgo que exige una valentía y resiliencia excepcionales. Al mismo tiempo, estas periodistas deben romper con las narrativas tradicionales, muchas veces superficiales o sensacionalistas, que invisibilizan las causas estructurales del Cambio Climático para ofrecer un análisis profundo e integral.
La perspectiva de género es fundamental para entender y enfrentar estos desafíos. Las mujeres, por su vínculo directo con el entorno natural, su conocimiento tradicional y su rol en la defensa de los territorios, el agua y la biodiversidad, aportan enfoques imprescindibles para la construcción de narrativas ambientales completas y veraces. A pesar de esto, su trabajo y liderazgos son frecuentemente subestimados o ignorados. Solo un pequeño porcentaje de las noticias y reportajes ambientales en la región son realizados por mujeres, y cuando son ellas las autoras, suelen introducir elementos sociales, humanos y de derechos que se encuentran ausentes en muchas coberturas dominantes.
Brechas en el periodismo
Desarrollar la profesión periodística siendo mujer tiene otras implicaciones que el patriarcado ha querido negar o hasta ridiculizar. Jornadas laborales desproporcionadas, mayor riesgo al acoso, violencia y criminalización son algunas de las muestras de este contexto de discriminación. Aun así, las mujeres hemos logrado tejer redes de colaboración y apoyo mutuo, impulsar acciones alternativas y fortalecer reportajes con un enfoque claro en soluciones y justicia de género.
El trabajo desarrollado con enfoque de género en el ejercicio de comunicación ambiental resulta necesario para la construcción de relatos más inclusivos, éticos y transformadores. Su aporte no se reduce a posicionar historias de mujeres en la gestión ambiental y en la respuesta frente a las emergencias climáticas, sino que también deja al descubierto desigualdades estructurales y vulnerabilidades que limitan la participación plena y efectiva de las minorías en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones.
Ser mujer periodista ambiental en América Latina implica enfrentar un conjunto complejo de desafíos e injusticias que demandan coraje, compromiso y solidaridad. Pero también representa una oportunidad transformadora para cambiar la agenda pública y las narrativas dominantes desde la inclusión, el rigor y la empatía. Reconocer el valor de la diversidad en el periodismo y promover el empoderamiento de las voces femeninas es esencial para construir sociedades más justas, resilientes e informadas en la encrucijada climática que atraviesa la región. La lucha contra el Cambio Climático y la inequidad de género están profundamente entrelazadas, y América Latina cuenta con sus periodistas mujeres como un baluarte fundamental para asegurar que nadie quede atrás en este desafío global.
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(*) Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana, Cuba.
Con la vorágine propia de lo que su ejecución significa, Perú comenzó a vivir la fase del trabajo de campo de los “Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades”. El recojo de la data se realizará de agosto a octubre próximo, vía -en primera instancia- el sondeo que 2000 colaboradores censistas hacen ya casa por casa, vestidos con chalecos y gorros morados, credenciales de identificación y modernas tabletas preparadas con fichas de registro on line para la ocasión.
Sentada en una vereda en la entrada de un condominio de más de 500 viviendas, ubicada en el límite sur del distrito de La Victoria (Chiclayo), Julia María** de 28 años hace una pausa para almorzar. Nos dice, en tanto, que como es domingo es difícil: las personas salen de casa y si se quedan prefieren descansar. “Pero, normalmente, los niveles de colaboración con el censo tampoco es que sean muy altos. Hay de todo: gente muy amable y gente… que no lo es”, nos resume.
Por primera vez, los censos 2025 del Perú, contemplan una opción suplementaria para responder en línea en los casos que el cara a cara no tenga éxito. Carmen**, dos años menor que Julia, cree que es una salida interesante pero experimental. “Hay que ver cómo resulta. Ya sabemos que en el país el acceso a tecnologías y a Internet no es el mejor, sobre todo fuera de las ciudades”, reflexiona. Mientras tanto insisten de manera presencial hasta dos veces, incluso pese a la previsión de los llamados índices de no respuesta.
En su presentación, alojada en el portal web del Estado Peruano, se aclara que los de 2025 son censos de Derecho o de Jure; las personas serán censadas en sus viviendas o lugar donde viven permanente o habitualmente. A ello se les llama residentes habituales. Así, no será necesario inmovilizar a la población, algo frecuente en las versiones pasadas.
Su trascendencia
Los censos trascienden el mero recojo de datos numéricos. En una nota promocional se recuerda que son “fundamentales para la planificación, implementación y evaluación de políticas públicas, así como para la toma de decisiones en diversos sectores. Proporcionan datos precisos sobre la población y sus características, permitiendo a los gobiernos, organizaciones y empresas comprender mejor la realidad social y económica de un país”.
En un pedido a una APP de inteligencia artificial (IA), se resume que la importancia de los censos cubre, entre otros puntos: Planificación y toma de decisiones, investigación científica, sector privado, conciencia social, distribución de recursos, desarrollo económico, evaluación de programas de intervención y el conocimiento de la realidad.
Mario Ninaquispe, estadístico y docente investigador por la Universidad Privada del Norte enfatiza en que: “los censos ofrecen datos que permiten no solo describir y comprender fenómenos sociales, económicos y demográficos, sino también formular hipótesis sólidas, diseñar estudios representativos, establecer líneas de investigación y evaluar el impacto de políticas públicas (…) aportando evidencias que sustentan la toma de decisiones y el avance del conocimiento en diversas disciplinas”.
Las poblaciones se dinamizan
Los censos permiten conocer, de algún modo, las líneas o ejes sobre los que una población proyecta sus tendencias. Se le conoce como dinámicas poblacionales: estudio del cambio de las poblaciones a través del tiempo, lo que incluye los factores de tamaño, estructura por edad y sexo, natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, y más. Las dinámicas poblacionales son descriptivas pero sobre todo interpretativas: buscan entender los procesos naturales y culturales que impulsan los cambios demográficos.
Según la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales y del Comportamiento, 2da edición (2015), las dinámicas poblacionales cubren el análisis de cómo fluyen y refluyen las poblaciones. Para ello incorporan modelos matemáticos, pero también análisis sociológico para comprender, fundamentar y proyectar los cambios.
La de las dinámicas poblacionales es una disciplina fina y compleja, y será ciencia de tipo básico, pues no implica necesariamente aplicación directa pero sí que la facilita para investigaciones tecnológicas o aplicativas.
“Las poblaciones que disminuyen en promedio, por supuesto, siempre se extinguirán, pero las poblaciones cuyo tamaño esperado aumenta también pueden tener una alta probabilidad de extinción.”, ha escrito el científico Peter Järges.
Si bien las lógicas de las dinámicas poblacionales pueden parecer algo enrevesadas, sus aportes a la ciencia y la sociedad que se vale de ellas, son indiscutibles.
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(*) Colaborador y articulista.
(**) Los nombres son cambiados en mérito a la reserva de datos personales.
