La economía peruana enfrenta un problema que trasciende la discusión sobre si crecer unas décimas más o menos cada año. El verdadero desafío es haber normalizado tasas cercanas al 3 %, insuficientes para producir mejoras sociales con la velocidad que el país necesita. Alcanzando una “trampa de crecimiento”, donde una economía que parece incapaz de superar sostenidamente ese nivel sin recibir un fuerte impulso externo. Su preocupación adquiere mayor relevancia cuando se observa que la pobreza alcanzó el 25,7 % de la población en 2025, mientras que en 2019 había sido de 20,2 %.

La experiencia peruana permite comprender por qué importa tanto la velocidad del crecimiento. Entre 2003 y 2013, el PBI creció alrededor de 6 % anual en promedio y la pobreza descendió de 58,7 % a 23,9 %. En cambio, entre 2014 y 2019, cuando el crecimiento promedio se redujo aproximadamente a 3 % anual, la disminución de la pobreza fue mucho más lenta, hasta ubicarse en 20,2 %. La comparación no significa que el crecimiento sea el único determinante de la pobreza, pero sí respalda la tesis de que una economía expandiéndose alrededor del 3 % dispone de menor capacidad para generar empleo, ampliar ingresos fiscales y financiar intervenciones públicas.

Hablar de un crecimiento superior al 4 % no debería entenderse como la búsqueda de un número por razones estadísticas. El punto central está en recuperar una dinámica económica capaz de generar empleo y recursos públicos a un ritmo suficientemente alto. Existen dos canales mediante los cuales el crecimiento puede contribuir a reducir la pobreza: la creación de puestos de trabajo y el incremento de la recaudación tributaria que posteriormente puede destinarse a educación, salud, infraestructura, seguridad y otros servicios fundamentales. Sin embargo, existen dos condiciones adicionales, donde un Estado capaz de utilizar eficientemente esos recursos y una fuerza laboral preparada para responder a las necesidades de las empresas.

Por ello, crecer más de 4 % no puede depender únicamente de un nuevo ciclo favorable de los minerales, de China o de cualquier otro impulso internacional. El país necesita construir fuentes internas de productividad. Por ello los cambios profundos destinados a mejorar la forma en que funciona la economía y que actúan fundamentalmente sobre la oferta, buscando elevar la competitividad y la productividad. El planteamiento resulta especialmente importante porque permite distinguir entre estabilizar y reformar: una economía puede mantener sus principales variables macroeconómicas relativamente ordenadas y, aun así, crecer por debajo de su potencial.

La reforma pendiente

La historia reciente del Perú muestra precisamente esa diferencia. Las reformas iniciadas en los años noventa modificaron una economía caracterizada anteriormente por una fuerte presencia estatal y el proteccionismo, orientándola hacia mecanismos de mercado y hacia una mayor apertura comercial y financiera. Sin embargo, existe una limitación fundamental, donde la falta de una reforma suficientemente profunda del Estado y de la gestión pública dificultó que los logros macroeconómicos se tradujeran plenamente en bienestar para todos los ciudadanos.

La estabilidad macroeconómica representa los cimientos de una casa, siendo indispensables, pero nadie puede vivir únicamente sobre los cimientos. La independencia del Banco Central de Reserva y el manejo responsable de las finanzas públicas ayudaron a construir esa base; las reformas estructurales son las que deben levantar sobre ella una economía con mayor productividad, mejores servicios y mayores oportunidades.

Fortalecer las capacidades

El debate peruano sobre las reformas suele polarizarse entre quienes consideran que el modelo económico fracasó y quienes defienden cada uno de sus componentes sin reconocer sus limitaciones. Por lo cual unos sostienen que las reformas anteriores no funcionaron; otra considera que no fracasaron, sino que quedaron incompletas, particularmente en ámbitos como el laboral y tributario. Por otro lado, las reformas relacionadas con educación y salud, tardan años en mostrar resultados, generando el riesgo de una denominada “fatiga reformista”.

Una reforma estructural no consiste solamente en modificar una ley. También supone fortalecer capacidades públicas, reducir trabas innecesarias, mejorar la ejecución de inversiones, elevar la calidad educativa, garantizar servicios de salud funcionales, desarrollar infraestructura y generar condiciones para la innovación y la incorporación tecnológica.

Por eso, la discusión económica de los próximos años debería superar la conformidad con el 3 %, ya que el Perú ya demostró que puede alcanzar estabilidad macroeconómica. El nuevo desafío es convertir esa estabilidad en productividad, inversión, formalización, mejores instituciones y bienestar. El crecimiento superior al 4 % no será consecuencia de un decreto ni de una coyuntura internacional favorable. Requerirá decisiones que probablemente produzcan costos políticos en el corto plazo, pero cuyos beneficios pueden extenderse durante décadas y en el largo plazo.

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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

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