Cada aniversario patrio nos invita a preguntarnos no solo qué país somos, que país queremos, sino también qué Estado estamos construyendo. Frente a problemas persistentes como la inseguridad ciudadana, las brechas en educación, las deficiencias del sistema de salud, la contaminación ambiental, la violencia, la desconfianza institucional y la desigualdad de oportunidades, resulta inevitable cuestionarnos si las decisiones públicas están respondiendo realmente al propósito para el que fueron creadas.

Desde la gestión pública, una política pública puede entenderse como el conjunto de decisiones y acciones que el Estado adopta para intervenir sobre un problema que afecta al interés colectivo. No se limita a una ley, un programa o una asignación presupuestal; es un proceso mediante el cual el Estado identifica un problema, diseña las alternativas de solución, se adopta la política elegida para implementarla, la evalúa y la ajusta con el propósito de generar bienestar para la sociedad.

En consecuencia, la política pública no constituye un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un objetivo social, donde su valor reside en su capacidad para reducir brechas, mejorar servicios, ampliar oportunidades y resolver necesidades colectivas.

Por ello, las políticas públicas no son buenas o malas desde una perspectiva moral. No poseen una carga moral propia; esta recae en las decisiones de quienes las diseñan, las aprueban, las implementan y las evalúan. Si contribuye a reducir la pobreza, mejorar el acceso y la calidad de la educación, fortalecer el sistema de salud o incrementar la seguridad ciudadana, cumple su propósito. Si no lo hace, corresponde evaluarla, reformularla o reemplazarla.

¿Decisiones por coyuntura?

Sin embargo, cuando observamos la realidad peruana surge una pregunta inevitable: ¿se diseñan políticas públicas para resolver problemas colectivos o para qué están surgiendo?

Las políticas públicas son creadas para responder a diagnósticos y orientar las decisiones del Estado hacia el bienestar común. Sin embargo, este propósito puede debilitarse cuando las decisiones responden más a la coyuntura que a una visión estratégica del desarrollo; cuando las prioridades cambian con cada gestión sin una evaluación rigurosa de sus resultados; cuando el éxito se mide por el porcentaje de ejecución presupuestal y no por el impacto que genera en la vida de las personas; o cuando el corto plazo termina desplazando la planificación de largo aliento.

Creo que el problema del Perú no es la ausencia de políticas públicas, ni tampoco la falta de diagnósticos. El reto está en la capacidad del sistema para sostenerlas y mantener su propósito. La alta rotación de autoridades, la fragmentación entre niveles de gobierno, la débil articulación institucional, la presión por mostrar resultados inmediatos y la creciente polarización han convertido muchas políticas en respuestas de corto plazo. Así, decisiones que deberían sustentarse en evidencia terminan alejándose del problema público que buscaban resolver.

Esta situación resulta especialmente preocupante porque, cuando las políticas dejan de ser instrumentos de desarrollo, corren el riesgo de convertirse en simples mecanismos de administración de la coyuntura. Se pierde continuidad, se debilita la capacidad institucional y los ciudadanos perciben que las decisiones públicas cambian constantemente, mientras los problemas permanecen.

Los recursos

El presupuesto público constituye quizá la expresión más clara de esta realidad. En una democracia, asignar recursos significa establecer prioridades. Cada partida presupuestal refleja qué problemas considera más urgentes el Estado y cuáles está dispuesto a atender con mayor énfasis.

Si el propósito de una política es mejorar la educación, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero recibe el sector, sino en si esos recursos están cerrando brechas de acceso, fortaleciendo la calidad docente, mejorando los procesos de aprendizajes, mejorando infraestructuras y que sean accesibles, reduciendo las desigualdades y garantizando igualdad de oportunidades. Del mismo modo, una política de salud no puede evaluarse solo por el monto asignado, sino por su capacidad para reducir listas de espera, fortalecer la atención primaria en salud, asegurar el acceso a medicamentos y ofrecer servicios oportunos y de calidad.

Sin embargo, en los últimos años el debate público ha estado marcado, con frecuencia, por decisiones que no hacen énfasis en el desarrollo integral, muchas de las discusiones nacionales giran alrededor de prioridades que no siempre guardan una relación clara con los problemas que más afectan a la ciudadanía. Ello debilita la confianza en las instituciones y alimenta la percepción de que el propósito original de las políticas públicas se diluye.

Cuando el problema público deja de ser el punto de partida de las decisiones del Estado, el ciudadano deja de ser el centro de la acción pública. Y cuando eso ocurre, las políticas dejan de evaluarse por el bienestar que generan y comienzan a medirse por la conveniencia del momento o por los resultados inmediatos que producen.

Es importante comprender o no olvidar que las políticas existen para transformar realidades y no para responder únicamente a coyunturas. Significa fortalecer las capacidades institucionales, promover decisiones basadas en información real y asumir que la continuidad de las políticas de Estado es indispensable para alcanzar resultados sostenibles, más allá de intereses particulares o decisiones rigurosas que no se encuentran alineadas al propósito de la política pública creada.

En estas fiestas patrias conviene recordar que las políticas públicas fueron diseñadas para servir a las personas, no a las administraciones de turno. Su propósito nunca fue administrar problemas indefinidamente, sino resolverlos. El Perú necesita un Estado que escuche, planifique y evalúe; y ante situaciones de irregularidades, una ciudadanía que participe activamente en la vigilancia y evaluación de las decisiones públicas, porque se supone que aún hay democracia y es nuestro deber exigir acciones que favorezcan al bien común y sean transparentes. Solo así podremos recuperar el verdadero sentido de la acción pública.

Porque, al final, una política pública solo encuentra sentido cuando logra aquello para lo que fue creada: responder a un problema público y mejorar la vida de las personas.

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(*) Psicóloga, egresada de la Maestría en Dirección de Proyectos Estratégicos e Innovadores por la Universidad de Buenos Aires – Argentina.

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