Con la finalidad de contar con un espacio en el cual los niños tengan la oportunidad de estar expuestos a estímulos controlados, se entregó la segunda aula multisensorial de la región al Centro de Educación Básica Especial Niño Jesús de Praga. La construcción de este ambiente fue promovida por Sense Internacional Perú, asociación que trabaja por las personas con sordoceguera y con discapacidad múltiple sensorial en el país.
Este es un espacio para que los alumnos con algún tipo de discapacidad puedan interactuar con el medio a través de la estimulación de sus sentidos y consigan la relajación necesaria para potenciar sus habilidades. Este es un ambiente óptimo para la educación especial en Lambayeque. La directora del CEBE, Mónica Muñoz Taglioli, refiere que están dispuestos a compartirlo con quienes lo necesiten.
“Muy feliz de que se haya hecho realidad este bello proyecto. Hace cinco años le solicité al director Ricardo Zevallos que nos apoye en la construcción de este centro y hoy lo hace realidad. Entiendo el tiempo que demoró por falta de apoyo, pero lo importante es que los niños que lo necesitan tendrán un lugar en el cual podrán desarrollar sus habilidades” expresa Mónica Muñoz.
IMPORTANCIA DEL AULA
El valor de su implementación radica en que favorece la integración de los sentidos y mejora la coordinación especialmente para los pequeños que tienen un trastorno del espectro autista, quienes están en constante búsqueda de la concentración. Además, promueve las relaciones sociales y su capacidad comunicativa en un entorno seguro y relajado, logrando potenciar sus habilidades intelectuales. Por último, fortalece el cuerpo, porque cuenta con aparatos idóneos para ejercitar las piernas y brazos, lo que conlleva a modernizar los métodos de enseñanza escolar.
El trabajo suele organizarse en los espacios visual, de proyección, olores y gustos, táctil y auditivo. Con esto se busca mejorar las áreas básicas de percepción como sómatica, vestibular y vibratoria, además, las sensoriales y de funciones superiores como la cognitiva, motriz, comunicación y lenguaje para despertar la conciencia del niño y pueda regular su conducta para adquirir futuros aprendizajes por medio del descubrimiento.
Esta aula de 12 metros cuadrados estará a cargo de la docente Elena Navarrete, quien está capacitada en funciones psicomotrices. La capacitación a los docentes en el manejo de este tipo de aula estuvo a cargo de Ricardo Zevallos Arévalo, director de Sense, junto a Zulma Arones, coordinadora de este programa.
Para su creación se estableció un presupuesto de aproximadamente siete mil soles, otorgado por el Programa de Ayuda Directa - DAP de la Embajada de Australia.
COOPERACIÓN
“Hace siete años iniciamos un programa de aulas multisensoriales porque la educación especializada es dejada de lado en el país. Creemos categóricamente en que estas aulas implementadas en diversas instituciones educativas mejorarían la calidad de vida de muchos niños y por eso esperamos que las empresas propaguen estas iniciativas. Lamentablemente el Estado tiene otras prioridades y por tal motivo no se invierte en estos programas. En el Perú solo hay 400 de estas aulas y en Lambayeque solo dos, cifras que deben incrementarse”, menciona Zevallos Arévalo.
Además, el director de Sense Internacional Perú expresa que el ministerio le brinda la información necesaria para conocer en qué lugares deben brindar más apoyo. Suelen desarrollar capacitaciones y este año las ejecutarán en zonas andinas como Cajamarca, Huancavelica y Ayacucho. La instauración de esta aula también se debe por el clima organizacional de la institución educativa puesto que se hizo un análisis previo.
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Hace casi un mes falleció en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo Alexander Siesquén Sampén, sobre quien el Poder Judicial ordenó el mandato de prisión preventiva al acoger el requerimiento de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, que lo señaló como integrante de la presunta organización “La hermandad del norte”. Dos días antes de morir, el Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones que rechazaban un pedido de este para recibir arresto domiciliario dado su grave estado de salud, pero el fallo no llegó a tiempo.
Siesquén Sampén atravesó hasta el último de sus días una crítica situación de salud. Era diabético, tenía insuficiencia renal avanzada, había perdido la capacidad de movilizarse por cuenta propia y también la visión. Retiradamente pidió a la jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Núñez Cortijo, que varíe la prisión preventiva en su contra por un mandato de arresto domiciliario. Sin embargo, sus solicitudes no fueron atendidas por la magistrada ni el órgano superior competente.
De acuerdo a la tesis del fiscal a cargo del caso, Germán Montero Ugaz, Alexander Siesquén había con los sicarios y los autores intelectuales del asesinato del exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, ultimado el 23 de diciembre del 2015. En vida, el investigado se negó a señalar lo que el representante del Ministerio Público argumentaba, que los responsables eran los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
Siesquén Sampén falleció el 28 de julio en el Hospital Las Mercedes. Dos días antes el Tribunal Constitucional había declarado nulas las resoluciones del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria y de la sala superior que rechazaron la variación de la prisión preventiva.
RECURSO DE HÁBEAS CORPUS
El 26 de julio, dos días antes que el investigado muriera, el Pleno del Tribunal Constitucional se había pronunciado sobre el recurso de agravio constitucional interpuesto por el ahora fallecido Alexander Siesquén contra la resolución que el 21 de diciembre del año pasado emitió la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, declarando improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el investigado.
Siesquén Sampén presentó el recurso constitucional el 13 de noviembre del 2017 contra la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, y los jueces superiores Ana Salés del Castillo, Margarita Zapata Cruz y Juan Sánchez Dejo, de la Primera Sala Penal de Apelaciones, argumentando que los magistrados vulneraron sus derechos a la vida, integridad física, salud y debido proceso, al negarse a aplicar la medida de sustitución de la prisión preventiva por la de arresto domiciliario, contemplada en el Artículo 290 del Código Procesal Penal.
El investigado expuso en su hábeas corpus que padecía de diabetes mellitus, nefropatía diabética e insuficiencia renal crónica terminal, por lo que era necesario que reciba tratamiento de hemodiálisis de por vida tres veces a la semanas. Además, que padecía ceguera y discapacidad física por la amputación de la extremidad interior derecha.
Alexander Siesquén había sido enviado a prisión, por 18 meses, bajo mandato preventivo el 7 de diciembre del 2016 por orden del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. El mismo órgano jurisdiccional emitió la Resolución 11, del 28 de junio del 2017, declarando improcedente la solicitud de variación de la medida cautelar considerando que “si bien se pudo advertir el grave estado de salud del recurrente, este no había acreditado que en su caso se haya superado el peligro procesal como segundo presupuesto exigido por el Artículo 290 del Código Procesal Penal para la aplicación de la medida de arresto domiciliario”.
Por su parte, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, con Resolución N° 15, del 10 de agosto del año pasado, confirmó la decisión de la jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria y exhortó al director del penal de Chiclayo “para que tome las medidas necesarias a fin de garantizar la atención adecuada del recurrente dado su delicado estado de salud”.
CRITERIOS ERRADOS
El Tribunal Constitucional señala que los órganos jurisdiccionales de Lambayeque rechazaron en primera y segunda instancia el pedido de Siesquén Sampén “a pesar de su grave estado de salud”, por lo que se abocó a la revisión del caso desde la perspectiva del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
El máximo intérprete de la Constitución reconoce que el abogado de Siesquén Sampén acreditó el grave estado de salud del investigado al presentar como elementos de convicción ante el juzgado de investigación preparatoria actas de Junta Médica Penitenciaria, el Certificado de Discapacidad emitido por el Hospital Regional Las Mercedes, el Documento Nacional de Identidad – DNI en el que se consigna que era una persona con discapacidad severa, copias de certificados e informes médicos y una sentencia de hábeas corpus contra el director del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, en la que se establece el estado de salud del investigado.
Asimismo, reconoce que el abogado presentó acreditación del domicilio real de Alexander Siesquén.
Todos estos elementos fueron desestimados por los órganos que denegaron el pedido de variación de prisión preventiva por arresto domiciliario.
“Este Tribunal aprecia que, para justificar el rechazo de la solicitud planteada por la defensa técnica del recurrente, el Juzgado se basó en una alegada existencia de peligro de fuga u obstaculización —es decir, peligro procesal— como consecuencia de la gravedad de la pena que le esperaría al procesado. Sobre el particular, corresponde advertir que "la gravedad de la pena que se espera" no es un criterio de orden procesal, sino punitivo”, señala el TC en su sentencia.
Además, líneas seguidas refiere que no “considera que sea adecuado que, en el marco del debate sobre la modificación de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, los argumentos referidos a la supuesta comisión de un delito y su gravedad sean los únicos elementos que justifiquen mantener una prisión provisional”.
“Y es que si en el marco del control constitucional de la prisión preventiva este Tribunal ha señalado que es inadmisible que la limitación de la libertad individual pueda estar justificada tan solo en criterios punitivos, no se puede denegar una solicitud de variación de medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario solamente sobre la base de criterios de dicha naturaleza”. Sin embargo, esto fue lo que sucedió en el caso de Siesquén Sampén.
“En el presente caso el rechazo de la modificación de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario se basó únicamente en la gravedad de la pena esperada para sostener el peligro procesal que justificó, en su momento, el dictado de la prisión preventiva. Por tanto, el criterio plasmado por el Juzgado resulta a todas luces contrario a las exigencias constitucionales para mantener una medida provisional privativa de la libertad”, fundamenta el TC.
Respecto a la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones, el Tribunal Constitucional indica que esta “confirmó la decisión del Juzgado al considerar que no se encontraba desvirtuado el peligro de obstaculización. Es decir, la justificación para denegar la solicitud planteada por la defensa del recurrente se encontraba más que en el peligro de fuga, en la existencia del peligro de obstaculización de la justicia, como manifestación también del peligro procesal”.
“En esencia, la Sala consideró que el recurrente podría influir en los demás coprocesados y en los testigos para llevar adelante una conducta desleal con la justicia. Como se observa, la Sala ha basado su razonamiento en una probabilidad, es decir, en un hecho presumible. Más aún, la Sala no consideró que el Nuevo Código Procesal Penal prevé diversas medidas que se pueden adoptar a fin de evitar ‘razonablemente’ el peligro de fuga o de obstaculización como, por ejemplo, disponer la custodia de la autoridad policial o de una institución —pública o privada— o de tercera persona designada para tal efecto (artículo 290, inciso 3); la vigilancia electrónica personal (artículo 290, inciso 4); entre otras, que deben ser controladas además por el Ministerio Público y la autoridad policial (artículo 290, inciso 6)”, precisa la sentencia constitucional.
CONCLUSIONES DEL TC
En consecuencia, a juicio del Tribunal Constitucional, la Resolución 11 expedida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, como la Resolución 15 de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque, adolecen de motivación interna del razonamiento puesto que, ni el Juzgado ni la Sala, han esgrimido las razones suficientemente válidas que permitan sostener la inferencia a la que llegan a partir de las premisas que exponen, es decir, no se advierte una corrección lógica en la argumentación que denegó la solicitud de modificación de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario.
“Tanto la resolución que denegó la solicitud de variación de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario presentada por el recurrente, como aquella que la confirmó, resultan violatorias del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que deben declararse nulas”, concluye el TC.
“Es pertinente señalar que, respecto de las personas pertenecientes a grupos en situación de especial riesgo —como en este caso una persona con discapacidad— el Estado debe adoptar medidas especiales que contemplen un enfoque diferenciado, que implica considerar las condiciones de vulnerabilidad particulares y los factores que pueden incrementar el riesgo a actos de violencia y discriminación en contextos de prisión preventiva. En ese sentido, se ha dicho que los Estados deben orientar sus políticas en materia de prisión preventiva respecto a las personas pertenecientes a grupos en situación de riesgo, a fin de garantizar de forma plena su seguridad cuando se encuentren bajo este régimen, y de reducir el sometimiento a prisión preventiva mediante la utilización prioritaria de la aplicación de medidas alternativas”, enfatiza.
Por tales consideraciones, el Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria y de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, ordenando a que el primero de estos emita un nuevo pronunciamiento en el plazo máximo de 48 horas después de notificada la sentencia del TC.
El fallo lleva las firmas de los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Espinoza Saldaña y Ferrero Costa.
Sin embargo, Alexander Siesquén, a quien en abril de este año el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria le había ampliado la prisión preventiva a 36 meses, falleció sin conocer los efectos de la sentencia constitucional sobre su caso.
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David Guerrero Rodríguez, quien para la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, es pieza clave en la investigación a la presunta organización “La hermandad del norte”, está próximo a recuperar su libertad al cumplirse la prisión preventiva en su contra, dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz por el asesinato de Teodosia Flores Vásquez, sucedido en el 2015.
Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño” o “Carnicero”, es un conocido delincuente que goza de un trato privilegiado por parte del Ministerio Público, pese a su reincidencia en la comisión de hechos criminales.
En el 2012, por ejemplo, fue beneficiado con la excarcelación pese a que recibió una condena de cinco años por el delito de receptación agravada, tras convertirse en colaborador eficaz y arribar a un acuerdo con el Ministerio Público. En la resolución que le devolvió la libertad, en función de lo señalado por el Código Procesal Penal, Guerrero Rodríguez quedaba impedido de cometer acto criminal por un plazo de 10 años. Sin embargo, tres años después, a mediados del 2015, participó del asesinato de Teodosia Flores Vásquez en la modalidad de sicariato.
Por este caso fue enviado a prisión preventiva y estando bajo dicha medida se convirtió en aspirante a colaborador eficaz y luego testigo clave en el caso “La hermandad del norte”, al revelar – supuestamente – información privilegiada referida al asesinato del exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, sucedido el 23 de diciembre del 2015.
CASO PARTICULAR
“Hay una clara intención por parte de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR, de extraer de la persecución penal al señor David Guerrero Rodríguez, más conocido como alias ‘Ñoño’, que es un prontuariado delincuente, una persona que fue colaborador de eficaz en el 2012 y en el 2015, estando impedido por reglas de conducta, se vio involucrado en el caso de homicidio calificado en agravio de Teodosia Flores Vásquez”, refiere el abogado José Quiroga Seclén.
El letrado comenta que el propio Guerrero Rodríguez reveló su excondición de colaborador eficaz cuando apeló la prisión preventiva ordenada por el juzgado de José Leonardo Ortiz por la muerte de Teodosia Flores, pues en el escrito consignó que en el 2012 tuvo la clave CE312 otorgada por el Ministerio Público y anexó la resolución con la que se aprobó la reducción de la condena por receptación agravada y su excarcelación.
“Después de ese hecho este señor volvió a incurrir en delito en agravio de la señora Teodosia Flores Vásquez, pero también en tentativa de homicidio calificado en agravio del señor Carlos Enrique Rojas Vergel”, explica el abogado, añadiendo que este último caso está listo para el inicio de juicio oral desde el 2016, pero que a la fecha no se ha iniciado.
“No entendemos cómo es que en dos años no se ha podido iniciar el juzgamiento. Ha habido cinco reprogramaciones, la última fue fijada para el 28 de agosto, el día en que David Guerrero Rodríguez se va a la calle al vencerse la prisión preventiva por el caso de Teodosia Flores”, argumenta Quiroga Seclén.
PELIGRA LA INVESTIGACIÓN
Es precisamente esto lo que genera preocupación en los abogados que defienden a los investigados del caso “Hermandad del norte”, debido a que Guerrero Rodríguez recobrará la libertad el próximo 28 de agosto aun cuando pesan en su contra las imputaciones por los casos de Flores Vásquez y Rojas Vergel. Según José Quiroga, la responsabilidad de este hecho recae directamente sobre los fiscales de la FECOR Lambayeque.
“Si este señor se fuga será absoluta responsabilidad de los fiscales que están a cargo de la investigación, porque ellos han permitido que esto se dé. Cuando se investigaba el caso de Teodosia Flores, en el juzgado de José Leonardo Ortiz, los fiscales de la FECOR buscaron sacarlo de prisión argumentando que la vida de este sujeto corría peligro en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo porque estaba colaborando en el caso ‘La hermandad del norte’. No tuvieron éxito. El segundo intento fue la desacumulación de los procesos en su contra y es por eso que al vencerse la prisión preventiva por la muerte de Teodosia Flores el próximo 28 de agosto, saldrá libre”, detalla el letrado.
Quiroga Seclén, quien defiende a los investigados Iván Sánchez Coronel y los hermanos Ángel y Heber Mosquera Pérez, anota que incluso la vida del principal colaborador del caso “La Hermandad del norte” podría correr peligro, por lo que señala directamente al coordinador de la FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, como responsable de ello.
“El Ministerio Público tiene la obligación de darle protección, porque es su principal testigo en el caso ‘La hermandad del norte’. Este señor está preso desde el año 2015, pero tiene un pull de abogados que no sabemos cómo paga. La salida de este señor pone en grave peligro el éxito de la investigación, porque el caso puede quedar en impunidad, porque se puede sentenciar a personas que no están vinculadas y los verdaderos responsables pueden librar a la justicia”, advierte.
EXCESOS FISCALES
Quiroga Seclén rememora que la FECOR Lambayeque ha cometido excesos contra algunos investigados por otros casos, contra los que pidió al Poder Judicial el ordenamiento de medidas coercitivas, para luego sobreseer las investigaciones.
“Recordemos el caso ‘Los injertos del norte’, por el que hubo 18 personas privadas de la libertad por año y medio y que terminó en sobreseimiento. No subió a juicio y la muerte del agente policial Fermín Ruiz Vásquez quedó en la impunidad gracias a los fiscales en la FECOR. También el caso de la secretaria judicial Doris Ruiz Salazar, por el que tres personas también estuvieron privadas de la libertad 26 meses y en el que tuvo protagonismo el fiscal Carrasco Millones. Los imputados fueron absueltos por insuficiencia probatoria. Lo que queremos cautelar en esta investigación es que no se sentencie a personas inocentes o que después se les diga a los investigados que salen libres porque no se probó su responsabilidad. Sobre el señor Guerrero Rodríguez pesan investigaciones que involucran dos vidas: la de Teodosia Flores y la del exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera”, enfatiza.
En Lambayeque existen enormes brechas respecto a salud y educación, por ello las organizaciones que aún continúan en carrera rumbo a las votaciones del 7 de octubre abordan distintas propuestas en cada materia, coincidiendo en temas preventivos y de control de enfermedades transmisibles respecto a salud y reformas en el sistema educativo.
Factores como estos son de suma importancia, pues garantizan el acceso a mejores condiciones de empleo, generan autonomía y la optimización de las capacidades productivas.
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
El Partido Popular Cristiano, que postula a Norbil Vega Orozco, pretende reducir la prevalencia de la desnutrición en niños menores de 5 años, así como la anemia y la mortalidad materna; además de incrementar el número de hogares que accedan al agua tratada.
Respecto a educación, el PPC busca mejorar la infraestructura de las instituciones del nivel básico regular; incrementar el porcentaje de niños que logran un aprendizaje suficiente en lógico matemático y comprensión de lectura e incrementar la asistencia en educación Inicial.
ALIANZA PARA EL PROGRESO
En el Plan de Gobierno de Alianza para el Progreso, partido que postula a Agustín Lozano Saavedra, se detalla que “la prioridad es mejorar la calidad de los servicios de salud que se ofrecen en todos los niveles, teniendo en cuenta el quinto objetivo de la salud pública que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades”.
En cuanto a educación, APP propone la aplicación de tres evaluaciones censales regionales para medir el rendimiento de los estudiantes del segundo y cuarto grado de primaria en comprensión lectora y matemática. De igual manera para el segundo año de secundaria en lectura, matemática y ciencia tecnología y ambiente.
Además, rediseñar el Proyecto Educativo Regional - PER y actualizarlo en base a la Ley de Reforma Magisterial, y la generación de nuevas estrategias educativas que respondan a nuevos problemas, demandas y desafíos.
La propuesta de Alianza para el Progreso en el sector salud está alineada a los objetivos planteados por el ministerio del sector. El partido propone la ampliación de la cobertura de afiliación y de prestaciones de dicho servicio a través del aseguramiento universal en salud e implementar políticas de recursos humanos evaluando el número, perfil y distribución geográfica del personal.
Plantea también la ejecución de un plan de inversión en redes de salud; modernizar la infraestructura; implementar la historia clínica electrónica y la telemedicina; controlar las enfermedades transmisibles; promover la paternidad y maternidad responsable, especialmente en familias disfuncionales, y promover la complementariedad de las políticas de salud pública con aquellas relacionadas al medio ambiente, saneamiento, agua potable, calidad alimentaria y nutricional.
PERUANOS POR EL KAMBIO
La agrupación que postula a Bernardino Lalopú Silva señala en su Plan de Gobierno la implementación de un Proyecto Curricular Intercultural Diversificado, promover la educación bilingüe intercultural y la atención prioritaria a la educación en las áreas rurales y urbano marginales para mejorar la calidad educativa y disminuir las brechas existentes de inequidad.
Lalopú Silva propone la sanción y erradicación de servidores corruptos en el sector educación de la región; la creación y fortalecimiento de la Comisión Regional Anticorrupción y el desarrollo de capacidades para la formulación, gestión y evaluación de proyectos educativos que permitan captar recursos públicos, privados y de la cooperación internacional en el marco de las prioridades del Proyecto Educativo Regional de Lambayeque.
Asimismo, la implementación de un programa de mejora continua de la calidad en cabeceras de red; el fortalecimiento de la capacidad resolutiva (recursos humanos y equipamiento) de los servicios de salud en las zonas rurales, con énfasis en desnutrición, salud mental y salud materna.
Lalopú Silva propone implementar un plan de equipamiento para el programa de infecciones respiraciones agudas; fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos del primer nivel de atención; la formulación y ejecución del Programa de Intervención y Prevención de la salud pública y detección de cáncer y la implementación de un programa integral de atención, tratamiento y prevención de las ITS, VIH y SIDA.
PRIMERO LAMBAYEQUE
El movimiento que tiene como candidato a Virgilio Acuña Peralta, en salud propone reducir la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, priorizando los distritos más vulnerables como Cañaris, Incahuasi, Salas y Mórrope.
Busca también incrementar el número de hogares que acceden al agua tratada para reducir la anemia, la desnutrición crónica y la mortalidad materna. En cuanto a educación, pretende incrementar el porcentaje de niños que logran aprendizajes suficientes en lógico matemático al concluir el III ciclo de EBR.
FUERZA POPULAR
En el Plan de Gobierno de Fuerza Popular, partido que postula a Víctor Becerril Rodríguez, se señala la implementación de acciones en salud, alfabetización, capacitación, cultura y educación que cubran las necesidades básicas de la población para disminuir la extrema pobreza de las clases más necesitadas.
Para ello implementará el Hospital Regional con los equipos necesarios que para brindar una atención de calidad y en el momento oportuno; propone reconstruir e implementar el Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo y el Hospital Belén de Lambayeque; así como el desarrollo de programas de atención preferencial y gratuita al binomio madre – niño.
También enfatiza en la implementación de un programa de salud preventiva en todo el departamento mediante la asignación de profesionales a domicilio con visitas periódicas gratuitas por sectores.
De igual manera, el candidato plantea la revalorización de la carrera docente, estimulando y facilitando el desarrollo de capacidades y la formación continua de los maestros; la implementación de un programa de maestrías para los profesores que se dediquen a la educación pública; el fortalecimiento de la gestión pedagógica y mejorar la calidad del servicio con un programa de desarrollo de recursos humanos y de innovación en la gestión docente.
Del mismo modo, impulsar la ejecución de programas de reducción del analfabetismo en convenio con los gobiernos locales, universidades e instituciones privadas.
SOMOS PERÚ
De acuerdo con el Partido Democrático Somos Perú, que postula a Antonio Uriarte Gonzáles, se ejecutarán hospitales itinerantes para la atención preventiva en las zonas de más bajos recursos y las más alejadas de la región Lambayeque.
En su Plan de Gobierno se detalla que “esta es una solución totalmente viable que consiste en desplazar al personal médico y auxiliares en vehículos acondicionados con lo indispensable para una buena atención de salud en las diversas especialidades, pues ello evitaría el congestionamiento de pacientes en los hospitales de la región”.
Somos Perú pretende también potenciar la promoción de la salud, la prevención y el control de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas como VIH, ITS, Hepatitis viral, TBC, Malaria y otras.
Para educación propone la ejecución del proyecto: ‘Lambayeque la más Educada’ que consta de maestros-investigadores que ayudarán, acompañarán y guiarán a los niños en trabajos colaborativos para fomentar la participación y el diálogo.
VAMOS PERÚ
El Plan de Gobierno de Vamos Perú, partido cuyo candidato es Pedro Cisneros Calderón, detecta que en Lambayeque el 30 % de jóvenes no cuenta con la oportunidad de estudio, por ello propone la igualdad de oportunidades y el acceso universal a los servicios básicos, además de la implementación de las instituciones educativas y mejorar la infraestructura de los centros de educación ubicados en la parte urbana de la provincia de Chiclayo.
Respecto a salud, busca promover las prácticas de alimentación saludable y para ello se impulsará un programa de Asistente de Nutrición.
ACCIÓN POPULAR
En el ámbito de educación, Acción Popular, que postula a Edgard Cayotopa Martínez a la gobernación de Lambayeque, propone racionalizar la vigencia de los institutos superiores de gestión pedagógica y técnica en la región, además de implementar Centros de Capacitación Técnica para el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas.
Asimismo, mejorar los niveles de atención primaria de salud, atención al niño y la madre, en especial en las zonas andinas de la región, así como apoyar la instalación de postas médicas en los caseríos y centros poblados.
FREPAP
El Frente Popular Agrícola FIA del Perú, que postula a Ángel Carlos Céspedes, está orientado a la promoción y prevención de la salud, así como a la detección de factores de riesgo. Por ello propone implementar programas de prevención de salud emocional; promover la construcción y funcionamiento del policlínico municipal; promover la salud integral y sostenida de la población distrital; lograr una cultura de prevención, atención e importancia de la familia para evitar la desintegración, así como brindar asistencia social a las clases más vulnerables y desamparadas.
Sus propuestas en educación están enfocadas a elevar el aprovechamiento escolar; disminuir la brecha digital; mejorar el entorno físico que permita el desarrollo de las actividades educativas, y otorgar becas escolares a población en situación de desventaja social.
TODOS POR EL PERÚ
El partido que tiene como candidata a Angélica Musayón Chira busca fortalecer las capacidades de los docentes de todos los niveles de educación inicial; incentivar los valores culturales; mejorar y ampliar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria.
En salud, plantea el mejoramiento, ampliación de infraestructura y equipamiento de establecimientos y centros de salud; el equipamiento de Hospitales, el mejoramiento de los servicios al 100 % de la población usuaria de Lambayeque; la prevención y control de enfermedades; la construcción del Hospital Regional Universitario; la construcción del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y la implementación del Programa de Atención Médica Familiar Comunitaria.
PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ
El Plan de Gobierno de Podemos por el Progreso del Perú, partido que postula a Anselmo Lozano Centurión, prioriza la atención primaria de salud con énfasis en la acción preventiva – promocional con enfoque de género e interculturalidad; la construcción, mejoramiento y equipamiento de establecimientos estratégicos de salud tomando en cuenta patrones culturales locales.
Propone también implementar a través de una Ordenanza Regional una Asignatura Curricular de Educación para la Salud en los tres niveles de Educación Básica Regular; fortalecer el Primer Nivel de Atención con infraestructura, equipamiento, recursos humanos, medicamentos e insumos; fortalecer sistemas de informatización de los procesos asistenciales en salud para las atenciones; implementar Unidades Oncológicas en los hospitales
Por otro lado, prioriza el acceso universal a la educación básica inclusiva y de calidad; el mejoramiento de la infraestructura educativa y su equipamiento; el desarrollo de capacidades y habilidades pedagógicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje; el fortalecimiento de la educación intercultural y bilingüe y la articulación de la educación técnica profesional y técnico productiva con la demanda del mercado laboral.
PERÚ PATRIA SEGURA
El partido que tiene como candidato a Freddy Cabrera Alarcón solo menciona que Lambayeque atraviesa un deficiente servicio de atención de salud de la población, por lo que propone construir centros de salud en lugares de mayor pobreza.
JUNTOS POR EL PERÚ
El plan de gobierno propuesto por Yehude Simon Murano plantea actualizar el Plan de Educación Regional; aprobar y aplicar la política pública de promoción de la lectura como instrumento clave para el desarrollo; organizar el Centro de Recursos para la Investigación e Innovación que articule tres componentes: el Consejo Educativo Regional, la Biblioteca Regional y la Unidad Técnica de la Calidad Educativa, como espacios de inclusión social, ciudadanía activa y desarrollo humano.
Propone además el fortalecimiento de las capacidades resolutivas de los establecimientos de salud pública de la región; actualizar la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria como política pública regional; la construcción y equipamiento del Instituto Regional Materno Peri Natal y del Centro Especializado Geriátrico; la construcción y equipamiento del Hospital Provincial de Ferreñafe; la modernización de los hospitales Docentes Las Mercedes de Chiclayo y Belén de Lambayeque y la construcción de hospitales en los distritos de La Victoria y José Leonardo Ortiz.
Por falta de obras, Cayaltí, una de las principales ciudades azucareras del norte, luce abandona y sumergida en la inseguridad ciudadana. A pesar que fue elevada a la categoría de distrito con Ley 26921, el 29 de enero de 1998, actualmente no muestra desarrollo y es uno de los lugares más olvidados de la provincia.
Los cayaltianos desaprueban el trabajo del alcalde Juan Tafur Escobar, ya que poco o nada hizo por cambiarle la imagen al distrito. Manifiestan que durante su gestión solo se sentó en el sillón municipal y no realizó obras emblemáticas que embellezcan la ciudad.
Las principales calles y avenidas están sin asfaltar por más de 20 años, lo que dificulta el tránsito vehicular. A eso se suma el problema del mercado, que a pesar de tener más de 50 años no cuenta con servicios higiénicos y se sigue cayendo a pedazos.
Además, el parque central tiene dañadas las estatuas y carece de alumbrado público, causando mala impresión a los visitantes. A los problemas de obras inconclusas y de remodelación, se suma también la inseguridad ciudadana, debido a que los pobladores sufren de robos a diario, lo que evidencia el pobre trabajo de las autoridades políticas y policiales.
ALCALDE
Al respecto, Juan Tafur manifiesta que las obras no se realizaron por culpa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, debido a que cambiaba sus ministros frecuentemente perjudicándolos al momento de firmar convenios para la realización de obras, sucesos que dejaron de lado por la atención a estos acontecimientos políticos.
Las autoridades salientes están dejando el expediente de una obra en el sector de Santa María I y II, con inversión de cinco millones de soles para realizarla. También dejan el expediente de electrificación para 22 centros poblados y tres colegios, los cuales ya están presupuestados en el plan de reconstrucción. Solo será cuestión de ejecutarlos por parte del próximo gobernante.
“Nos pidieron que los proyectos a ejecutar en el 2019, 2021 y 2022 sean presentados a los diferentes ministerios en Lima y eso hemos hecho. Actualmente estamos dejando una cartera de 60 millones en el banco de proyectos”, señala Juan Tafur.
CANDIDATOS
Un total de 14 aspirantes disputarán el sillón municipal el 7 de octubre. Estos son: José Barrueto Sánchez por el Partido Aprista Peruano; Nando Gonzales Cóndor de Somos Perú; Silverio Chamaya Alva, de Podemos Perú; Henry Guevara Mejía, de Juntos por el Perú; Alonso Rodríguez Ordoñez, con el Partido Popular Cristiano y Javier Becerra Garay, con Unión por el Perú.
José Chancafe Guerrero postula por Perú Libertario; Pedro de la Piedra Vásquez, por Alianza Para el Progreso; Wilberto Vásquez Vásquez, por Solidaridad Nacional; Andrés Paisig Díaz, con Primero Lambayeque; Briaham Alvarado Huamán, por Fuerza Popular; Carlos Arvañil Saldaña, por Democracia Directa; Rogelio Aguilar Acosta, por Vamos Perú y José Tarrillo Casas, con Todos por el Perú.
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PRESI BOLAÑOS ZELADA
“De los 14 candidatos yo le doy mi voto a José Barrueto, porque es de Cayaltí, conoce la problemática, tiene relaciones con la política y es un político que conoce y ha manejado la alcaldía de Chiclayo”.
LINO BUQUES MONTENEGRO
“Yo le doy mi voto al Cholo Barrueto, porque tiene trayectoria, es un hombre con experiencia política, tiene todo el perfil para que sea el alcalde de Cayaltí, además es un empresario con éxito, nacido en esta tierra”.
MARIO GUEVARA BARBOZA
“Yo voy por mi partido aprista, en este caso por el Cholo Barrueto, porque tiene experiencia en política, fue regidor dos veces en Chiclayo y hasta alcalde, además cuando Cayaltí se quedó sin agua él se acordó de su pueblo”.
JOSÉ SANTOS BURGA
“José Barrueto es una persona madura en el campo de la política, tiene experiencia para gobernar, además es natural de Cayaltí y sabe los problemas que aquejan a su pueblo. Él es el alcalde que se necesita”.
ANTONIO SALAZAR BECERRA
“El Cholo Barrueto es una persona honesta y que trabaja con seriedad, además es un hombre que toda su vida ha hecho política. Lo que requiere Cayaltí es una persona con experiencia y no un novato”.
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PROPUESTAS DE BARRUETO
El candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones sustenta la economía de la ciudad en la agricultura. Además, gracias al fortalecimiento de la carretera que une el valle de Zaña, desde Mocupe hasta Oyotún, se impulsará el turismo. Otras actividades a potenciar son la caza, piscicultura, silvicultura y la agro exportación.
La ciudad cuenta con atractivos turísticos, sin embargo, son pocos valorados. Por tal motivo, uno de los puntos de su plan es promover la visita de atractivos como La Casa Hacienda, La Fábrica de Azúcar, La ex fábrica de Cemento, el Santuario de la Virgen de Songoy y el Santuario de la Boa.
Con la gran biodiversidad que cuenta el distrito, buscan promover y potenciar en coordinación con el Gobierno Provincial de Chiclayo, el Gobierno Regional y la comunidad cel desarrollo de actividades de cuidado del medio ambiente. Además, desarrollar cultura multisectorial para generar buenas relaciones internacionales con Ecuador.
En oportunidades y mejoras de servicios indica como principal punto la recuperación del alumbrado del parque principal y la implementación de áreas verdes en toda la ciudad. Además, el mantenimiento adecuado de áreas de recreación, la promoción de actividades deportivas y la difusión de información preventiva del consumo de drogas y alcohol en niños y adolescentes. Por otro lado, para la población adulta, la atención especializada para la madre gestante y el adulto mayor, el aumento de horas del servicio de agua potable y mayor atención a los integrantes de la Asociación de Jubilados.
Por último, implementar programas de nutrición para niños, charlas para la obtención y regularización de títulos de propiedad, capacitación y evaluación de docente.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Barrueto Sánchez refiere que en el distrito falta capacitación y evaluación docente, y los padres de familia no están involucrados en los procesos educativos y de formación. La tasa de analfabetismo es del 10%.
Asimismo que existe deficiente atención y cobertura en Essalud y el Minsa (Médicos, Medicinas, Ambulancias y ausencia de capital humano médico y paramédico para emergencias en horas criticas); crecimiento de contaminación por ausencia de una propuesta para el relleno sanitario y un inadecuado manejo de programas culturales alentados por la municipalidad y la sociedad civil.
También que la comuna tiene poco personal profesional y /o especialista, que se percibe indiferencia de los niveles de Estado para promover e impulsar ordenada y articuladamente el desarrollo económico de Cayaltí como distrito centro del Valle de Zaña, cuya ubicación fortalece su aspiración posterior de ser futura capital de la provincia del Valle de Zaña.
Del mismo modo que existe un alto índice de corrupción en la gestión administrativa pública y social, además de deficiente capacidad de negociación del gobierno local distrital con el provincial y regional en el manejo del conflicto social.
El Consejo Departamental Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, cumple 52 años desde su instalación, posicionándose en la actualidad como uno de los gremios profesionales más importantes no solo por el número de asociados, sino también por su permanente defensa de los intereses regionales.
El decano de la orden, Carlos Burgos Montenegro, destaca los logros alcanzados en los últimos dos años y medio en el CIP Lambayeque, sobre todo aquellos que apuntan a la mejora de los servicios dados a sus asociados.
“Es preciso recordar y agradecer a las distintas comisiones que han permitido asumir la alta responsabilidad que tenemos ante la sociedad. No solo el consejo departamental asumió el compromiso, también las comisiones técnicas. Encontramos menos de diez y ahora son más de 12, incluyendo a la Comisión de Cultura, cuyo trabajo es muy importante”, remarca el decano.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Burgos Montenegro señala que sin el aporte profesional y sin cultura el país se sume en una situación incierta, que se evidencia en los actos de corrupción que se exponen a diario en los diferentes poderes del Estado.
“Miremos la agenda del país, salimos de un problema de corrupción y entramos a otro. Como colegio profesional y poseedores de la presidencia del Consejo Regional de Decanos, estamos en la obligación de llamar la atención frente a los problemas del país. Ha crecido el presupuesto público, pero todavía los recursos siguen yendo a las manos de los corruptos”, refirió.
Recordó que cuando asumió la gestión, en enero del 2016, se comprometió a trabajar para que las autoridades regionales y locales respondan con honestidad y eficiencia a las necesidades de la sociedad, por lo que el colegio no ha dudado en liderar los reclamos ciudadanos en la lucha contra la corrupción y en defensa de los proyectos más emblemáticos del departamento como el Terminal Portuario.
“Tenemos que seguir luchando por la infraestructura que nos permita generar desarrollo y puestos de trabajo para la población que lo necesita, tenemos que pensar en las futuras generaciones y apostar para que estas se desarrollen en Lambayeque, porque para eso se crearon las regiones, para quitarnos la idea de que el progreso solo puede conseguirse en Lima”, manifestó.
LOGROS INSTITUCIONALES
Burgos Montenegro indicó que los ingenieros también tienen que reconocer que parte del atraso que se vive en el departamento se debe a la actuación negativa y negligente de malos profesionales que estuvieron a cargo de las obras públicas, quienes no han cumplido con el encargo de la sociedad de poner su ciencia y técnica al servicio común.
“Pero hay también ingenieros y buenos profesionales que nos han sabido representar como orden y a ellos les hemos dado el merecido reconocimiento en la presente gestión”, dijo.
Recordó que en el primer año de su gestión como decano las comisiones técnicas visitaron obras en distintos puntos de la región para evaluar los criterios con los que se habían ejecutado y además se impulsó, junto a los consejos departamentales del CIP, en la macro región nororiente, la implementación del Corredor Bioceánico, que permita la conexión de la amazonia con Puerto Eten, como puerta natural al exterior.
Destacó también la institucionalización de los reconocimientos a los ingenieros vitalicios, la adquisición de unidades vehiculares, las mejoras en el centro de esparcimientos y el local central del colegio, las actividades culturales, recreativas y conmemorativas, así como el trabajo interinstitucional que le permitió a la orden recuperar espacios y presencia en el quehacer regional.
“Logramos que la exigencia del Corredor Bioceánico y del Terminal Portuario sea aprobada primero por el Congreso Nacional de Decanos y luego por el Congreso Nacional del CIP, demandando al gobierno nacional atención a estas propuestas técnicas que garantizan progreso y bienestar para nuestros pueblos y que no pueden seguir esperando. Lo que deseamos es que quienes nos sucedan continúen en ese camino y se esfuercen para que este consejo departamental sea más reconocido de lo que ya es, en base a la eficiencia de su organización”, mencionó Carlos Burgos.
Infringiendo varias leyes vigentes, ingenieros de distintas instituciones públicas y privadas ejercen la profesión y la docencia sin estar habilitados por su colegio. Una minuciosa revisión ha revelado cifras alarmantes del nivel de informalidad en el que varios de los ingenieros de Lambayeque se desenvuelven.
Desde el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry está vigente la Ley N° 16053, que en su artículo primero señala que el Colegio de Ingenieros del Perú supervigilará el ejercicio de las actividades profesionales de ingeniería y velará por que estas actividades se desarrollen dentro de las normas de ética profesional.
El artículo cuarto de la referida norma precisa que para el ejercicio de la ingeniería en el país, “será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los Registros de Matrícula del Colegio de Ingenieros del Perú”.
Dicha norma fue complementada con la Ley N° 28858, promulgada en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, cuyo primer artículo precisa que “todo profesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de la Ingeniería, de acuerdo a la Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, N° 16053, requiere poseer grado académico y título profesional otorgado por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado en el país, estar colegiado y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú”.
Además, de acuerdo al artículo cuarto, el “certificado que acredita la habilitación (Certificado de Habilitación) será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes, a fin de garantizar su situación de colegiado y su habilitación para el ejercicio de la profesión”.
El reglamento de esta ley también señala la exigencia del certificado de habilitación.
Sin embargo, lo ordenando por ambas leyes parece no ser de interés de cientos de ingenieros en Lambayeque, quienes ejercen la profesión o se desempeñan como docentes sin estar habilitados por el Consejo Departamental de Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú.
GOBIERNO REGIONAL
Esto pasa en el Gobierno Regional de Lambayeque, donde desde el noviembre del 2017 está vigente la Ordenanza Regional N° 021-2017-GR.LAMB/CR, que en su artículo primero manda declarar como “requisito obligatorio la inscripción o colegiación de todo profesional en su respectivo colegio profesional, para el ejercicio de su profesión en la administración pública regional” y (artículo segundo), exige “como requisito obligatorio el ‘Certificado de Habilidad’, para que el profesional pueda acceder a un puesto de trabajo en la administración pública regional, cualquiera sea la modalidad laboral, en los casos que por ley así se exija”.
Lo grave es que, por ejemplo, hasta el 31 de julio de este año, de los 40 ingenieros que laboran en la Sede Central del gobierno regional, solo 26 están habilitados ante el Colegio de Ingenieros.
En la Gerencia Regional de Agricultura 16 de los 32 ingenieros que allí laboran están habilitados por su orden profesional; en la Gerencia Regional de Infraestructura, 26 de 28; en la Gerencia Regional de Salud, 17 de 23, y en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones nueve de 16.
En la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental están habilitados cinco de 10 ingenieros y en la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, cuatro de cinco.
En el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, el 77 % de los 65 ingenieros que en dicha entidad trabajan, están habilitados.
MUNICIPALIDADES
En las municipalidades, la situación es la siguiente: En el caso de la comuna provincial de Chiclayo, 14 de los 28 ingenieros están aptos para el ejercicio profesional; en la de Lambayeque, solo el 41 % de los 17 ingenieros contratados y en la de Ferreñafe el 67 % de los seis ingenieros que aparecen en los registros.
La Municipalidad Distrital de La Victoria tiene solo tres ingenieros, dos de los cuales están habilitados y en el caso del municipio de José Leonardo Ortiz, este se ha negado a entregar información al respecto.
UNIVERSIDADES
El mismo problema se repite en las universidades locales. La Universidad Señor de Sipán tiene 99 ingenieros, de los cuales el 76 % están habilitados; la Universidad de Chiclayo cuenta con 22 profesionales de esta especialidad y están habilitados el 64 %, en tanto en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo el 81 % de los 54 ingenieros que cumplen labor docente o administrativa están acreditados por la orden profesional.
En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de acuerdo a una revisión por facultad, los resultados son los siguientes: en la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias, están habilitados 21 de 36 ingenieros; en la Facultad de Ingeniería Zootecnia, 11 de 22; en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 20 de 30; en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 12 de 24 y en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 21 de 25.
En la Facultad de Ingeniería Agrícola, 12 de 25; en la Facultad de Agronomía, 10 de 32; en la Facultad de Ingeniería Civil 31 de 36 y de los administrativos, cinco de nueve.
En el caso de las universidades: De Lambayeque, Tecnológica del Perú, Alas Peruanas, César Vallejo – Chiclayo, De San Martín de Porres y Juan Mejía Baca, estas se han negado a brindar información.
BENEFICIOS
¿Qué beneficios ofrece la habilidad profesional además del cumplimiento de las leyes? Los ingenieros colegiados hábiles tienen acceso a los beneficios del Instituto de Servicios Sociales del Colegio de Ingenieros del Perú, que les otorga, por ejemplo, la asignación de cinco mil soles por fallecimiento del titular; la asignación de mil 600 por muerte del cónyuge y la asignación de 700 soles por el fallecimiento de hijos menores.
Además, el apoyo solidario por incapacidad permanente, ascendente a dos mil 400 soles y el apoyo solidario por incapacidad temporal, que consta de mil 500 soles.
Tienen también acceso al uso de las instalaciones y las unidades vehiculares de la orden profesional.
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