El pasado 22 de junio, a las 9:54 de la noche, un sismo de 6 grados en la escala de Richter sacudió la costa central del país. El epicentro fue a 33 kilómetros del distrito de Mala, perteneciente a la provincia de Cañete. Para el jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera Huarache, este hecho no hace más que recordar que en cualquier momento podría ocurrir un movimiento telúrico de gran magnitud, con consecuencias fatales, si es que no se trabaja en materia de prevención.
“Este es un sismo importante que nos recuerda a todos que vivimos en un país altamente sísmico y que debemos estar preparados ante cualquier eventualidad (…) Un sismo solamente sacude el suelo, pero si no hemos construido de manera adecuada nuestras viviendas probablemente estas se vean afectadas”, menciona.
Destaca que las familias deben asumir de forma responsable la prevención sísmica, para lo cual deben ver el estado de sus casas, sobre qué suelo están construidas, identificar las zonas seguras y prepararse para evacuar de las mismas en caso la situación amerite. Sin embargo, afirma que aún falta cultura de prevención.
Incertidumbre
Tavera Huarache destaca que el sismo ocurrido en Mala no fue de una magnitud tan elevada como el ocurrido en Arequipa en el 2001 o en Pisco en el 2007, que alcanzaron niveles de 8.4 y 8, respectivamente.
“Este sismo ha ocasionado fisuras en las paredes de algunas casas y daños producto de la caída de objetos. Ocurrieron 13 réplicas, de las cuales solo dos fueron percibidas por la población, una de 3.5 grados en la madrugada del día siguiente y otra de 4.8 a las 7:00 de la mañana. El problema es que no conocemos muy bien el desarrollo de los eventos sísmicos en esta parte del país. Al no ocurrir con frecuencia, aún no comprendemos muy bien cómo se comportan”, sostiene.
Lo que sí es cierto -afirma- es que los sismos ocurren cada cierto tiempo en los mismos lugares donde acontecieron en el pasado, por lo que este ha sido una advertencia de que en el futuro podría suceder uno en misma zona o en las inmediaciones
“Desde el punto de vista técnico, el sismo de Mala es de una magnitud moderada. No llega al nivel del que hubo en 1970 ni al del 2007 en Pisco. Este evento telúrico se ha caracterizado básicamente por el sacudimiento del suelo que sí se ha percibido como bastante intenso y nos marca un poco la idea de lo que podría ocurrir en algún momento con un sismo de magnitud mayor”, comenta.
No obstante, destaca que el sismo de Mala no ha contribuido casi en nada a liberar la energía acumulada en la costa central del país, por lo que esta sigue allí como una amenaza latente.
Prevención
En tanto, revela que las investigaciones hechas por el Instituto Geofísico del Perú no arrojan que haya energía acumulada en la costa norte, salvo una pequeña área que podría generar un sismo como el que ocurrió en febrero de 1996, que generó un sacudimiento de baja intensidad, aunque trajo como consecuencia un tsunami, porque el epicentro estuvo a 120 kilómetros mar adentro.
Apunta que desde Chimbote hasta Tumbes no se han identificado zonas que acumulen energía, tal como ocurre en el centro y sur del país.
Asimismo, resalta que está en ejecución el Sistema de Alerta Temprana de Sismos que, en el caso del evento de Mala, la alerta hubiese llegado en cuatro o cinco segundos, mientras que, en el caso de Pisco, en el 2007, hubiese llegado en 30 segundos.
La ejecución de este sistema está al 60 % de avance y se espera que para el 28 de julio se pueda inaugurar de forma simbólica la primera sirena en Lima.
“Eso va a ayudarnos a reducir un poco el riesgo de mortalidad, si es que ocurriera un evento sísmico de magnitud importante. Lo que sí falta para completar este círculo de gestión de riesgo es que la población se involucre de manera responsables en ser parte de este sistema, es decir, que trabaje por su propia cuenta para garantizar su seguridad”, afirma.
En marzo del año pasado, la Beneficencia de Lima, en alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima, instaló el albergue Casa de todos para recibir a los adultos mayores en situación de calle, en el marco del estado de emergencia por el COVID-19. Ahora, la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo pretende replicar este programa social, razón por la cual su presidente, Erika Araujo Gonzáles, estuvo en la capital gestionando un convenio para recibir la asesoría técnica necesaria que permita hacer realidad este refugio.
“El programa Casa de todos en Lima nos ha ofrecido la ayuda técnica para poder copiar este importante proyecto en Chiclayo. Mi deseo es que junto a los directores de la Beneficencia lo saquemos adelante. Ahora estamos trabajando en encontrar un lugar donde albergar a los adultos mayores en situación de indigencia, quienes solo reciben la indiferencia de los chiclayanos, que los ven pasar por las calles y pocas veces se interesan por ellos”, refiere.
Asegura que ha tenido conversaciones con directivos de la Universidad Señor de Sipán, quienes han manifestado su disposición para ceder una villa que se ubica carretera a Lambayeque, la cual había sido adquirida para fines educativos, pero ahora pasaría en cesión de uso a la Beneficencia. Allí se instalarían 26 habitaciones totalmente equipadas con camas, duchas y televisores, además de un área de lavandería.
Manifiesta que se hará un trabajo conjunto con la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el área de Participación Vecinal, Fiscalización y la Gerencia Regional de Salud, pues saldrán brigadas en la madrugada para captar a las personas que duermen en la calle y poder censarlas.
“Les vamos ofreciendo algo caliente por las noches para que nos vayan conociendo, porque no se trata solo de recogerlos. Este protocolo empieza de esta manera. Los documentos ya están corriendo dentro de la Gerencia Regional de Salud. He conversado personalmente con el gerente Alipio Rivas, quien también está muy interesado en concretar el proyecto. Pronto tendremos el visto bueno para la firma del convenio”, explica.
Anota que se destinará también un presupuesto para la alimentación y manutención de estos adultos mayores, así como para la contratación de personal especializado como psicólogos, sociólogos y administrativos.
Atenciones
Mientras tanto, la Beneficencia atiende particularmente a algunas personas en situación de indigencia. Uno de estos casos es el de Luis Miguel, un adulto mayor que dormía en los sardineles de la avenida Balta, a las afueras del Mercado Central. Actualmente vive en un centro de acogida y tanto su manutención como sus chequeos de salud son pagados por la Beneficencia.
“Nosotros lo llevamos a sus terapias, le brindamos sus útiles de aseo, nos ocupamos de su comida. Alcaldía le donó una silla de ruedas. Ahora es un hombre totalmente diferente, ya camina. Tenía la mitad del cuerpo totalmente paralizada”, refiere.
Otro caso es el de Eleodoro, cuya vivienda ubicada en la intersección de las avenidas Augusto B. Leguía y Luis González tuvo que ser derrumbada, dado que se había construido bajo una torre de alta tensión y en un espacio púbico. Él ha sido acogido por la Beneficencia, quien también lo está apoyando con sus gastos médicos y de manutención.
“También tenemos el caso del señor José o el de la señora Juanita, que la encontramos en José Leonardo Ortiz, víctima de violencia, desnutrición e indiferencia de la sociedad (…) Los indigentes llegan a diario a la Beneficencia, algunos vienen a buscarme directamente a mí. También hemos bañado a algunas personas dentro de los inmuebles que son de nuestra propiedad, les damos de comer, aunque como son personas que están acostumbradas a vivir en la calle a veces es complicado cambiar su estilo de vida”, manifiesta.
Asimismo, comenta que está en ejecución el programa Estrellitas en situación de calle, el cual beneficia a 50 niños sin hogar con desayunos y cenas. Próximamente también se inaugurará un comedor en el pueblo joven José Olaya.
De igual forma, con el Legado Piedra Lora se beneficia actualmente a 10 personas en condición de pobreza, quienes son atendidas en el Hospital Docente Las Mercedes.
“Las apoyamos con tomografías, exámenes, medicinas, asistencia médica o lo que necesiten. Invoco a todos los chiclayanos a que si tienen un caso social asistan a la Sociedad de Beneficencia y nosotros nos pondremos en contacto con el área de Sociales del Hospital Las Mercedes. Estoy segura que la familia Piedra Lora en el cielo debe estar feliz de ver a cuántas personas estamos apoyando”, asevera.
Teatro Dos de Mayo
Por otro lado, respecto al robo de materiales y parte de la infraestructura del Teatro Dos de Mayo, asegura que ya se han tomado las acciones administrativas correctivas, a fin de evitar que vuelva a ocurrir un hecho similar. Según el informe elaborado por la Beneficencia, el daño económico causado por la sustracción en el inmueble asciende a 400 mil 300 soles.
“He tomado conocimiento que desde el 2020 se retiró al personal de vigilancia, lo que ha ocasionado que se roben algunos enseres, que son patrimonio cultural. Desde la Presidencia de la Beneficencia ya hemos tomado las acciones correspondientes y se ha hecho la denuncia penal, pero es necesario que en adelante se involucren otros actores como la Municipalidad de Chiclayo, el Gobierno Regional de Lambayeque y el Ministerio de Cultura”, indica.
Precisa que la administración del teatro no está en manos solamente de la Beneficencia, sino también del gobierno regional y de la municipalidad. Al respecto, señala que desde el 2016 hay un proyecto suscrito por estas entidades para la reestructuración del recinto cultural, pero este se encuentra totalmente paralizado.
“Se necesita muchísimo dinero para restaurar el Teatro Dos de Mayo, por lo cual requerimos el apoyo del Ministerio de Cultura, ya que este recinto es patrimonio cultural de Chiclayo. La Beneficencia siempre va a estar presta para apoyar, pero definitivamente solos no vamos a poder. Espero que pronto las autoridades competentes podamos sentarnos a conversar y que cada uno tome acciones según sus competencias”, indica.
Cementerio El Carmen
En tanto, refiere que entre abril y mayo de este año se incrementaron los entierros en el cementerio El Carmen en un 50 %, a causa del aumento de decesos por el COVID-19. En virtud de ello, se inauguró el cuartel San Isidro Labrador, que cuenta con 450 nichos. Además, el directorio de la Beneficencia ha aprobado la ejecución de dos cuarteles más, cuya inversión será de 320 mil soles por cada uno.
Asimismo, señala que se ha planteado un proyecto para convertir al camposanto El Carmen en un museo turístico, tal como el cementerio Presbítero Matías Maestro en Lima. Esta idea surgió debido a que en El Carmen están enterradas las familias más representativas de Chiclayo como los Woyke, Puga, Cuglievan, Cassinelli, Barsallo, entre otras.
“También tenemos la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico y el monumento histórico de José Leonardo Ortiz. Están los restos de Luis González, de Vicente de la Vega, entre tantas otras personalidades, que dieron su vida por el desarrollo de nuestra heroica ciudad. Todo esto nos hizo pensar en por qué no hacíamos del cementerio El Carmen un patrimonio histórico, que nos permita generar ingresos para seguir apoyando a las personas en condición de vulnerabilidad”, afirma.
Añade que este proyecto incluye la implementación de visitas nocturnas guiadas en el cementerio, pues El Carmen es uno de los camposantos que registra mayor actividad paranormal en las noches.
Gestión
Erika Araujo anota que la Beneficencia cuenta actualmente con 42 inmuebles, de los cuales la mayoría no están en condiciones para ser ocupados. Sin embargo, resalta que el directorio está presto a conversar con empresarios que quieran invertir en su remodelación. Este financiamiento se les descontaría después del pago del alquiler.
“Mientras más dinero captemos y mientras más personas paguen a tiempo los alquileres que tienen con la Beneficencia, vamos a poder seguir creciendo e implementando más programas sociales, porque para eso estamos aquí, para ayudar a los que más lo necesitan.
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A raíz del incremento del precio del dólar en el mercado cambiario, con récords históricos, como el alcanzado el último 24 de junio cuando se cotizó a S/ 3.98 por un dólar, he observado en las redes sociales frases como: “Cuando asuma Pedro Castillo dispondrá que el dólar baje y problema resuelto”, o “A mí me pagan el sueldo en soles, por tanto, que el dólar suba no me va a afectar”. A través del presente artículo trataré de explicar por qué lo primero sería ilegal y lo segundo es una falacia.
El Sol, la moneda peruana
El 13 de diciembre de 2015, mediante Ley N° 30381, se establece el cambio de nombre de la unidad monetaria en el Perú de Nuevo Sol a Sol, con la finalidad de agilizar las transacciones económicas y adecuarlas a la realidad actual. A diferencia de lo que ocurrió en 1991 cuando se estableció que el recién creado Nuevo Sol era equivalente a un millón de Intis, debido a la excesiva depreciación y pérdida de poder adquisitivo de este último, el cambio de nombre de nuestra unidad monetaria en esta ocasión, es simplemente nominativo; ya que, un Sol equivale a un Nuevo Sol.
La emisión moneda en nuestro país, sea metálica o de papel, es un monopolio a cargo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), creado en 1931.
Al igual que las unidades monetarias que la precedieron, el Sol es de curso legal (al haber sido creado por Ley) y de aceptación forzosa, lo cual implica que todos los peruanos estamos obligados a aceptarlo como medio de pago o de cambio y como unidad de cuenta, es decir, para asignarle un precio a todos los bienes y servicios transados dentro de nuestro territorio. La teoría económica nos dice que para que una moneda se considere “buena” debe ser aceptada por la población, al respecto el economista norteamericano Lawrence Parks señala: “Si el dinero es bueno y la gente lo acepta voluntariamente, ¿Qué necesidad hay de leyes de curso (aceptación) forzoso?, si el dinero no es bueno, ¿Cómo se puede en una democracia obligar al pueblo a utilizarlo?”, aseveración polémica que prometo será de análisis en una próxima oportunidad.
Dólar: ¿Moneda o bien?
El dólar americano es la moneda de curso legal en Estados Unidos de Norteamérica emitida por la Reserva Federal, y que países como Ecuador, El Salvador o Panamá, debido a la debilitación de su propia moneda, han elegido como moneda oficial y medio legal de pago. En el Perú el dólar es un bien, y como tal, su precio o cotización en el mercado cambiario, está sujeto a la Ley de Oferta y Demanda, ya que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 58° que somos una Economía Social de Mercado, por tanto, los precios de los bienes y servicios se determinan libremente en los mercados y no son establecidos por el Estado.
Esto define que el régimen cambiario en nuestro país sea de Tipo de Cambio Flexible: si escasea la cotización del dólar aumenta (la moneda nacional se deprecia o debilita), si abunda la cotización del dólar disminuye (la moneda nacional se aprecia o fortalece).
En este punto tenemos la respuesta a la primera frase bajo análisis: si el nuevo gobernante dispone “fijar” el tipo de cambio bajando la cotización del dólar, estaría yendo contra lo establecido en nuestra Carta Magna, por lo que dicha acción devendría en ilegal por infracción a la Constitución.
Intervención del BCRP en el mercado cambiario
Como lo hemos señalado, el precio del dólar en nuestro país se determina libremente en el mercado cambiario y es por ello que nuestro régimen es del tipo de cambio flexible. Sin embargo, debemos señalar que el BCRP interviene en este mercado haciendo uso de la Reservas Internacionales Netas (RIN) que administra.
Desde que el circulante (monedas metálicas y billetes de papel) en nuestro país pasó a ser dinero fiduciario, o sea, carente de valor en sí, ya que, a diferencia del siglo XIX en que las monedas eran de oro y plata, a partir del siglo XX estas pasaron a ser acuñadas de metal no fino como bronce, cobre níquel y zinc, las RIN administradas por el BCRP pasaron a respaldar la emisión primaria (de dinero fiduciario) en nuestro país.
Otra de las funciones de las Reservas Internacionales Netas, entre las más importantes cuando hablamos de estabilidad económica, es que sirven para “moderar” las variaciones del tipo de cambio, evitando la volatilidad (fluctuaciones traumáticas en la cotización del dólar), interviniendo en el mercado cambiario comprando o vendiendo los dólares acumulados en sus reservas y evitar fluctuaciones amplias, por eso decimos que nuestro régimen cambiario es de Tipo de Cambio Flexible Administrado: si escasean los dólares y su cotización aumenta, el BCRP sacará a la venta los dólares que guarda en reserva, si abundan los dólares y su cotización disminuye, el BCRP comprará dólares incrementando las RIN.
Relación entre el dólar y las RIN
Lo señalado anteriormente define que la relación entre el dólar y las Reservas Internacionales Netas sea inversa: si aumenta el precio del dólar las RIN disminuyen (porque el BCRP vende dólares), si disminuye el precio del dólar las RIN aumentan (porque el BCRP compra dólares).
En el gráfico adjunto podemos observar claramente la relación inversa existente entre el dólar y las RIN. Por ejemplo, en febrero de 2020 el dólar se cotizaba en S/ 3.45 y las RIN ascendían a 67,600 millones de dólares, al bajar la cotización del dólar en el mes de abril a S/ 3.37, el BCRP tuvo que salir a comprar dólares para que su precio no siga cayendo, incrementando las RIN a 73,600 millones de dólares. Similar situación se puede apreciar a lo largo de todo el año 2020.
En el 2021, en el mes de febrero el dólar se cotizaba en S/ 3.65 y las RIN ascendían a 76 mil millones de dólares; sin embargo, al aumentar la cotización del dólar a S/ 3.74 el BCRP lejos de salir a vender dada la tendencia alcista, compró dólares, incrementando las RIN a 81,300 millones de dólares, creo yo, interpretando que la subida en la cotización era netamente especulativa, debido al Proceso Electoral a realizarse el 11 de abril, y que luego de realizarse este, el tipo de cambio se apreciaría de manera “natural”.
Lo que siguió a continuación ya todos lo sabemos, quedó en primer lugar el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, de clara posición de izquierda radical con propuestas como la convocatoria a una Asamblea Constitucional que cambie en su totalidad la actual Carta Magna, principalmente el Capítulo Económico, la prohibición de importaciones de determinados productos, renegociación de contratos y nacionalización de ser el caso de empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales, etc., esto generó una enorme desconfianza en los agentes económicos, quienes empezaron a demandar más dólares y sacarlos de nuestro territorio, por un monto que se estima hasta el momento de 15 mil millones de dólares, razón por la cual, a pesar que el BCRP ha vendido aproximadamente 9 mil millones de dólares, el dólar continuó en su tendencia alcista hasta ubicarse en un máximo histórico de S/ 3.98 por cada dólar.
La mayor demanda por dólares obedece a que es un activo de amplia aceptación en los mercados internacionales, llámese Divisa, mientras que el Sol no tiene esa condición. Además, es menester recordar, que una manera de protección contra perturbaciones monetarias, como, por ejemplo, la Inflación, es comprando dólares, dada su invariabilidad de poder de compra en el tiempo.
También es necesario señalar, que cuando el BCRP vende dólares de sus reservas, retira soles de la economía, generando a la larga escasez de moneda nacional, lo que podría acarrear, de persistir la tendencia alcista, en incremento de las tasas de interés (que son el precio del dinero) ante dicha escasez.
Impacto en los precios
En el año 2019, pre pandemia del Covid-19, las importaciones en nuestro país ascendieron a 42,300 millones de dólares que representaron el 18.32% respecto del Producto Bruto Interno (PBI) del mismo año, entonces, dado que muchos de los bienes y servicios que consumimos, ya sea de manera industrial o de manera familiar, provienen del extranjero, la depreciación de nuestra moneda (incremento del tipo de cambio), nos afecta porque los bienes y servicios de nuestra economía tienden a subir de precio.
Para que lo visualicemos claramente, si consideramos que la producción de gasolina en nuestro país es insuficiente para cubrir la demanda interna, razón por la cual el precio interno se maneja a la par del precio internacional, supongamos que el precio de la gasolina de 95 octanos es de 4 dólares el galón, si el precio del dólar fuera de S/ 3.50 por dólar, el precio del galón de gasolina en moneda nacional sería de S/ 14.00; sin embargo, si el Sol sufre una depreciación y el tipo de cambio sube a S/ 4.00 por dólar, el precio de la gasolina en moneda nacional sería de S/ 16.00; o sea, el precio se incrementaría en S/ 2.00 por efecto únicamente de la depreciación de nuestra moneda.
En este punto tenemos la respuesta a la segunda frase bajo análisis: si la moneda nacional se deprecia respecto del dólar, los precios de los bienes y servicios de nuestra economía se incrementarían, disminuyendo nuestra capacidad adquisitiva.
Finalmente, debo añadir que a la fecha que escribo el presente artículo, 28 de junio de 2021, el Sol ha sufrido una ligera apreciación, situándose en S/ 3.90, esperando que en el devenir de los días el tipo de cambio continúe a la baja, por la salud de nuestra economía y de los bolsillos de los más pobres, que son los más afectados cuando los precios de bienes y servicios se incrementan.
(*) Economista.
Nuevos indicios apuntan a que el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, habría favorecido al empresario Darío Acuña Peralta en el caso ‘Los limpios de la corrupción’, omitiendo formalizar la investigación por el presunto delito de falsedad genérica, lo que habría permitido una pena suspendida.
En la edición anterior, Expresión reveló una sospechosa coincidencia entre la ratificación del fiscal Zapata Orozco por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, y un acuerdo de colaboración eficaz que habría favorecido al empresario constructor Darío Acuña Peralta.
Ahora, otras coincidencias aparecen en el escenario.
Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2015, cuando el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Darío Acuña Peralta por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y cohecho activo genérico, por los presuntos actos de corrupción relacionados a la obra “Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias en la avenida Elvira García y García de la ciudad de Chiclayo”.
Sin embargo, Zapata Orozco habría omitido formalizar la investigación por el presunto delito de falsedad genérica, con lo que habría favorecido a Acuña Peralta con un quantum de pena menor, viabilizando una pena suspendida.
Consorcio Triple A
El 22 de diciembre de 2011, Epsel S.A., otorgó la buena pro para la ejecución de la obra “Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias en la avenida Elvira García y García de la ciudad de Chiclayo”.
El ganador fue el Consorcio Triple A, integrado por Elmer Oscar Quintana Guevara y Concisa, representada por José Manuel Zamora Capelli (fallecido). Ambos designaron como representante legal del consorcio a Héctor Gálvez Acuña, sobrino de Darío Acuña Peralta, quienes se encontraban impedidos de contratar con el Estado por ser familiares directos de Virgilio Acuña Peralta, quien ejercía el cargo de congresista de la República.
En sus declaraciones, Quintana Guevara y Gálvez Acuña, en el marco de las investigaciones seguidas en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, han coincidido en señalar que fueron convocados por Darío Acuña Peralta para conformar el Consorcio Triple A, quien habría alterado intencionalmente la verdad, simulando a los referidos como postores ante la Licitación Pública N° 02-2011-EPSEL S.A./GG, cuando en realidad el postor y quien ejecutó finalmente la obra fue él, como también lo ha declarado, cometiendo presumiblemente el delito de falsedad genérica, tipificado en el artículo 438° del Código penal.
Omisión de funciones
El 22 de abril del 2017, el diario La Industria, publicó con el titular “Colaborador Eficaz de ‘Limpios de la corrupción’ apela”, en referencia al acuerdo frustrado entre el Ministerio Público y un ex funcionario de Roberto Torres Gonzáles, pero además, en el desarrollo de la noticia, señala que en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha Cecilia Grandez Rojas, estaba pendiente la realización de una audiencia para el empresario Darío Acuña Peralta, quien mediante su defensa técnica había planteado una “terminación anticipada”, para lograr una pena de cuatro años.
Ante esta pretensión, el también imputado en el mismo caso Juan Miguel Valdivia Goycochea presentó ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, en ese entonces a cargo del fiscal Alejandro Lamadrid Ubillús, una denuncia formal contra el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por haber omitido formalizar investigación por el presunto delito de Falsedad Genérica contra Darío Acuña Peralta, al considerar que al haber alterado intencionalmente la verdad, simulando la conformación de un consorcio que nunca existió, y no considerar este hecho en la formalización de la investigación, Zapata Orozco habría buscado favorecer a Acuña Peralta con un menor quantum de su pena en la búsqueda de algún beneficio premial.
Este hecho tendría coincidencia con lo ocurrido con el Colaborador Eficaz N° 10-2015, quien fue sentenciado, el 16 de junio de 2017, a cuatro años de pena suspendida en su ejecución, solo por los delitos de colusión agravada y cohecho activo genérico.
escargo del fiscal
La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, mediante Resolución N° 1, de fecha 16 de mayo del 2017 (un mes antes de la sentencia del CE 10-2015), abrió investigación preliminar contra el fiscal Zapata Orozco por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por haber omitido formalizar investigación por el presunto delito de falsedad genérica contra Darío Acuña Peralta, requiriéndole su informe de descargo, en el término de 5 días hábiles, más el término de la distancia, adjuntando para ello copia de la denuncia en su contra, plazo que se vencía el 24 de mayo de 2017.
Zapata Orozco recién presentó su informe de descargo ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno el 19 de junio de 2017, tres días después de que el CE 10-2015 fuera sentenciado, y 24 días hábiles después que se lo solicitaran, incumpliendo el plazo otorgado. Igual Lamadrid Ubillús lo admitió y valoró.
En el referido informe, el fiscal Zapata Orozco señala que el plazo de investigación en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 recién vencía el 31 de agosto del 2018, como finalmente ocurrió y, por tanto, se trataba de una investigación abierta y de encontrarse elementos suficientes, posteriormente se podría emitir alguna disposición de ampliación de investigación, de considerarlo pertinente, como ya venía ocurriendo en la referida carpeta fiscal.
Asimismo, recalcó que Valdivia Goycochea en ningún momento formuló denuncia de parte respecto de la supuesta comisión del delito de falsedad genérica por parte de Darío Acuña Peralta, olvidando que el persecutor de la justicia, es precisamente el Ministerio Público, quien no necesita de una denuncia para accionar, ya que puede hacerlo de oficio al tomar conocimiento de algún hecho delictivo.
Denuncia archivada
Mediante Resolución N° 6, de fecha 18 de octubre de 2017, el fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús resolvió declarar infundada la denuncia formulada por Valdivia Goycochea contra Zapata Orozco, señalando en la parte considerativa de su resolución que “ni el denunciante ni el Fiscal Provincial denunciado han indicado que efectivamente el señor Darío Acuña Peralta se haya acogido a alguno de los referidos procesos especiales”, sino más bien han coincidido en que la investigación preparatoria aún se encuentra dentro del plazo establecido judicialmente, por lo que teniendo en cuenta que el ilícito penal imputado requiere del elemento subjetivo dolo para su configuración, no es posible subsumir la conducta del Fiscal Provincial Sergio Lucio Zapata Orozco en el delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales, ya que no se advierte elemento de convicción alguno que acredite que la presunta omisión por parte del fiscal denunciado de formalizar investigación preparatoria contra Darío Acuña Peralta por el delito de falsedad genérica se haya efectuado o venga efectuando dolosamente”.
Como bien lo señala Lamadrid Ubillús, el 19 de junio de 2017, cuando Zapata Orozco presentó su informe de descargo, no indicó que tres días antes, el 16 de junio, Darío Acuña Peralta se habría acogido al proceso especial de colaboración eficaz, bajo el código CE 10-2015, ni mucho menos, en base a lo denunciado por Valdivia Goycochea haya ampliado la investigación para determinar si efectivamente se cometió el delito de falsedad genérica.
Por el contrario, conocedor ya de la denuncia, presentó el Acuerdo de Colaboración del CE 10-2015 ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, y cuando este lo rechazó, apeló ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones, donde se alcanzó una sentencia favorable al colaborador.
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El fin de semana que pasó, el virtual presidente electo, Pedro Castillo Terrones, invocó al actual presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde Flores, a mantenerse en el cargo, a fin de garantizar la tranquilidad económica del país. El llamado ha tenido un impacto sobre la tendencia ascendente de la cotización del dólar. Sin embargo, para el economista Limberg Chero Senmache no resulta suficiente. Lo que urge – sostiene - es consenso político.
“Lamentablemente ya no estamos en un escenario en el que poner un nombre claro sobre el BCR nos dé la calma que necesita en estos momentos la economía. Estamos pasando por un momento muy crítico, en el cual no sabemos qué va a pasar exactamente el 28 de julio. No sabemos si el proceso electoral ya concluyó y se va a proclamar un ganador, o estamos con esta sincronía de oposición, en la cual dicen una cosa de un lado y del otro. La inestabilidad política ha generado ya un nivel de incertidumbre en el cual se quede o no el señor Velarde, ya no es relevante”, afirma.
El también docente universitario e investigador refiere que el país ha ingresado a otro escenario, en el cual los actores políticos son los principales responsables de la crisis y en manos de estos está remontar la ola.
“Los 200 años de la república nos ponen en una situación que pareciera el mismo escenario de siempre: dos personajes que dicen ser los representantes del mandato popular. Una situación así tuvimos a comienzos de la República, lo tuvimos en la guerra con Chile y de hecho por eso la perdimos, y ahora estamos en un panorama igual. Eso nos hace ver como un país que no tiene claro exactamente lo que significan las instituciones y esa debilidad, advertida desde mayo, es la que se hace insalvable así se sigan dando nombres como el de Julio Velarde”, manifiesta.
Cuestión de nombres
Chero Senmache acota que al no estar definida la situación del presidente electo, no se sabe quién asumirá finalmente la presidencia del Banco Central de Reserva, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Salud.
“En el caso que ya el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, diga quién es el ganador, y este anuncie a sus personajes clave, la incertidumbre va a continuar, porque se tiene un grupo opositor, cualquiera sea el ganador, que tiene una composición parlamentaria importante y esta parece que no entiende la situación. Escuchamos la posición de ambos bandos y es confrontacional, lo que para la opinión especializada internacional representa un período muy largo de inestabilidad para el país”, afirma.
Frente a este escenario, Limberg Chero manifiesta que lo que se exige es responsabilidad absoluta tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori.
“Suena irreal, suena ilógico, los discursos de sus portavoces son confrontacionales, pero lo que en estos momentos se requiere es que ambos se reúnan y den una señal de que gane quien gane se pueda conformar un gabinete de consenso y puntos claros, los cuales son absolutamente diáfanos de ambas partes: estabilidad macroeconómica, apoyo a los sectores más golpeados por la pandemia y una campaña de vacunación que se incremente y mantenga el buen ritmo que empezamos a tener”, menciona.
Repetir la historia
Rememora que tras las elecciones del 2016, el fujimorismo adoptó una clara postura de enfrentamiento con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En esta oportunidad, mientras todo apunta a que nuevamente el fujimorismo quedará segundo en la votación presidencial, con el respaldo de otras fuerzas políticas generará condiciones a nivel parlamentario que podrían poner en peligro la gobernanza en el período de Pedro Castillo.
“Si el candidato Pedro Castillo no empieza, desde ahora, a tender puentes, lo que no hizo Kuczynski, se va a repetir la historia y su gobierno podría acabar antes de los cinco años”, advierte. La situación política actual no es convencional, no hay una lucha contra oposición. Lo que tenemos es una lucha contra enemigos clarísimos, estamos en medio de una guerra contra el COVID-19. Si a eso le sumamos el enfrentamiento político, la situación se hace insostenible”, manifiesta.
Una vez que los 60 Jurados Electorales Especiales – JEE, culminen con la proclamación descentralizada de resultados de cómputo, corresponderá al pleno del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, suscribir el acta de proclamación general de la segunda vuelta, informó el máximo organismo electoral.
Además de la proclamación general, se entregará las credenciales a los integrantes de la fórmula presidencial elegida para el periodo 2021-2026, detalló el JNE.
A la fecha, suman 27 los JEE, de los 60 instalados en todo el país, que procedieron a la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la segunda vuelta.
Los primeros de estos órganos temporales en formular sus proclamaciones y publicar sus respectivas actas fueron los de Chiclayo, Leoncio Prado, Huamalíes, Trujillo y Pacasmayo, que lo hicieron el miércoles 23, indicó la Secretaría General del máximo organismo electoral.
El jueves 24 lo hicieron los de Santa, Coronel Portillo, Andahuaylas, Huancayo, Lima Norte 1, Chanchamayo, Huarochirí, Huaura, Cañete y Sánchez Carrión.
Lima Norte 3, Lima Oeste 2, Lima Sur 2, Tumbes, Ica, Piura 1, Lima Oeste 3 y Lima Este 2 proclamaron sus resultados el viernes 25. El domingo 27 hicieron lo propio los JEE de Lima Centro 2 y Lima Norte 2, mientras que Lima Oeste 1 y Lima Este 1 proclamaron el lunes 28.
En todos los casos, las proclamaciones se concretaron mediante audiencias públicas realizadas luego de que los JEE recibieron de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electores – ODPE, el reporte del cómputo al 100 % de actas contabilizadas.
El acta de proclamación de resultados que emite un JEE puede apelarse en el plazo de tres días hábiles luego de su publicación en el portal electrónico, solo bajo sustento numérico.
De interponerse apelaciones, será el pleno del JNE el que resolverá en última y definitiva instancia.
Pedido de auditoría
Una auditoría internacional a la segunda vuelta electoral generará tranquilidad, en opinión del congresista electo por Renovación Popular, Jorge Montoya.
Según dijo, viajó a Washington para sensibilizar a autoridades de la Organización de Estados Americanos – OEA, sobre la necesidad de llevar a cabo una iniciativa de ese tipo.
A juicio de Montoya, la imagen de los entes electorales peruanos se ha deteriorado y hay sensación de incertidumbre que puede devenir en conflicto social, independientemente de quién gane la votación.
"Con una auditoría la gente se sentiría más tranquila", manifestó.
En cálculos de Montoya, una auditoría de la OEA no tomaría más de una semana y su ejecución no implicaría una interferencia al proceso electoral ni retraso en el cronograma para la proclamación de resultados.
"Si todo está bien, ¿cuál es el temor? Los tiempos no se alterarán, a lo más tomará una semana, no tienen por qué alterarse", añadió el electo parlamentario.
En otro momento, afirmó que su agrupación política "no se ha casado" con Fuerza Popular, y por tanto no habría ningún divorcio como indicaron algunos medios.
"Le hemos dado apoyo para proteger la democracia en contra del comunismo. No hemos establecido una alianza ni hemos tenido pleito. No trabajamos para ellos, sino para el país y los intereses nacionales", adujo.
Prioridades de Castillo
Por su parte, el integrante del equipo técnico de Perú Libre, Hernando Cevallos, señaló que el candidato Pedro Castillo está enfocado en estos momentos en temas como la educación, la salud y la economía.
Según explicó a la prensa, se trata de asuntos que corresponde abordar de manera profunda en vista de que la situación actual del país lo requiere.
Asimismo, dijo que Castillo, cuando se confirmen los resultados de la segunda vuelta, será quien anuncie los integrantes de su eventual primer Gabinete Ministerial.
De igual forma, refirió que recaerá sobre el candidato la decisión de nombrar a representantes de Perú Libre que participen en el proceso de transferencia.
A inicios de semana, Castillo destacó la tendencia a la baja el dólar y dijo que "se sienten los pasos de un gobierno democrático que prioriza la estabilidad económica".
En otro momento, Cevallos lamentó la muerte de un seguidor de Perú Libre y calificó de repudiables las agresiones registradas en los últimos días.
Sostuvo que dicha persona fue agredida por simpatizantes de Fuerza Popular; no obstante, la Policía indicó que ingresó al hospital antes de la gresca.
Fuente: Andina.
Lo negó e incluso amenazó con denunciar por presunta difamación. Sin embargo, el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, ha confirmado que la alcaldesa Violeta Muro Mesones permitió el uso de una camioneta de la entidad para uso recreativo en Cajamarca. Para el ente fiscalizador, existe responsabilidad penal y administrativa en ella y otros funcionarios.
Con el Informe de Control Específico N° 004-2021-2-0426-SCE, el Órgano de Control Institucional - OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción dar inicio a las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprometidos en el uso irregular de una camioneta de la institución, para fines ajenos al cumplimiento de la función, lo cual estaría tipificado como peculado de uso.
La recomendación del OCI se da al confirmarse que se utilizó un vehículo de la municipalidad para realizar un viaje a Cajamarca, "sin considerar el procedimiento de autorización de viaje por comisión de servicios".
Según el acta de intervención policial en flagrancia, del 8 de noviembre del año pasado, se usó el vehículo para transportar a la ciudad de Cajamarca a terceras personas con fines recreacionales.
Los hechos
El vehículo de placa de rodaje EGH-183, marca Toyota, salió el 6 de noviembre del año pasado con destino a Cajamarca, en mérito a la ‘Papeleta de salida’ suscrita por Mario Mendoza Exebio, jefe de la División de Servicios y Equipo Mecánico, en el que se consignó que la unidad fue solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano de la municipalidad para el transporte de la funcionaria Ángela Aguirre Clavijo, jefa de la División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud de la entidad, quien tendría una reunión de presupuesto y salud de la mancomunidad norte, sin consignarse fecha y hora de retorno.
Según OCI, el gerente general del municipio, Máximo Salazar Llontop, autorizó el uso del vehículo sin considerar la normativa interna que regula el procedimiento para la autorización de viajes por comisión de servicios, y sin que exista el sustento necesario que acredite el presunto imprevisto que imposibilitara la presentación del informe de requerimiento debidamente sustentado para dicho fin, máxime que debería sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia de gasto público, además de las restricciones de movilización de personal por la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Además, la funcionaria viajó a Cajamarca sin contar con la autorización de su jefe inmediato, del gerente general y la resolución de la Gerencia de Administración que hubiese autorizado la comisión de servicios.
A ello se suma que Aguirre Clavijo no presentó el sustento documental de las actividades cumplidas durante el viaje.
Intervención policial
Así pues, el 8 de noviembre del 2020, se levantó el Acta de Intervención Policial en Flagrancia que dio cuenta del uso del vehículo para transportar a terceras personas a Cajamarca con fines recreacionales (transporte a centro campestre para jugar vóley).
"Actividades en las que también participaron la señora Violeta Patricia Muro Mesones, alcaldesa de la entidad, y el jefe de SEM, quienes si bien al momento de la intervención policial ocupaban el vehículo de propiedad de la citada alcaldesa (...), permitieron que el día domingo 8 de noviembre del 2020 (día no laborable), se use el vehículo propiedad de la entidad en actividades y fines contrarios a los objetivos institucionales", señala el informe de OCI.
El viaje a Cajamarca conllevó un gasto por el abastecimiento de combustible para el citado vehículo por el importe de 322 soles, lo que constituiría perjuicio económico a la entidad.
Conforme se detalla en el Acta de Intervención Policial en Flagrancia, el domingo 8 de noviembre, a las 5:50 de la tarde, personal del Departamento Desconcentrado de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública, de la Policía Nacional, con la participación de la fiscal del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, Luma Cuzco Alcántara, intervino a la alcaldesa de Ferreñafe, Violeta Muro Mesones, familiares y funcionarios en flagrancia del presunto delito de peculado de uso.
"En mérito de una información manejada por el grupo de Inteligencia de la ODICC Cajamarca, se tomó conocimiento que la alcaldesa de la provincia de Ferreñafe, del Departamento de Lambayeque, juntamente con sus familiares y personal de la comuna edil, se encontraba de paseo en la Laguna Sulluscocha - Distrito Namora de esta ciudad, haciendo uso indebido del vehículo de placa de rodaje EGH-183, perteneciente a la Municipalidad de Ferreñafe, por lo cual se realizó la intervención policial por el KM. 6.8 Carretera de penetración de esta ciudad al Distrito de Llacanora", se lee en el acta.
La policía intervino la camioneta con placa EGH-183, marca Toyota, color negro, conducida por Jorge Luis More Díaz, encontrándose dentro de ella a Ángela Aguirre Clavijo; Luis Bonilla Saavedra, Carlos Alberto Delgado Vásquez, funcionario de la Gerencia de Planificación y Presupuesto del municipio; Nathalia Terán Terán y una menor de 5 años.
Asimismo, se intervino la camioneta de placa BSA-139, marca Mazda, color gris metálico, de propiedad de Muro Mesones.
“(La situación se ha generado) también por el accionar de la alcaldesa al permitir que la jefa de la División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud de la entidad use el vehículo de propiedad de la entidad en actividades y fines contrarios a los objetivos institucionales, al transportarse a terceras personas con fines recreacionales, en los cuales también participó, que no se relacionan con el servicio institucional para el estaba destinado, a pesar de tener conocimiento que la mencionada jefa se encontraba en la ciudad de Cajamarca por comisión de servicios, usando como medio de transporte el citado vehículo, sin hacer conocimiento a la entidad de tales hechos o adoptar las acciones correctivas pertinentes”, señala el informe de OCI.
Violación de la norma
Para el Órgano de Control Institucional, la participación de Muro Mesones en los hechos irregulares subsiste debido a que trasgredió lo establecido en el artículo 28 del Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que señala:
“Las entidades a las cuales se hace referencia en el artículo 8 de la presente ley, deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente ley y atendiendo a los fines y objetivos institucionales”.
Asimismo, Violeta Muro incumplió su deber de “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad”, establecido en el Manual de Organización y Funciones de la entidad, aprobado en septiembre del 2012.
Por tales consideraciones, OCI recomienda iniciar las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, comprendidos en los hechos irregulares.
Asimismo, recomendar a la Procuraduría Pública Anticorrupción dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos con evidencias de irregularidad.
La responsabilidad penal y administrativa, según Contraloría, recae en el alcaldesa Violeta Muro Mesones; en el gerente general, en la jefe de la División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud, Ángela Aguirre Clavijo, y en el jefe de la División de Servicio y Equipo Mecánico, Mario Mendoza Exebio. En tanto, se ha detectado responsabilidad administrativa en el gerente general Mario Salazar Llontop.
Ganadora de las Palmas Magisteriales 2020, en la categoría de Maestro, la docente de nivel inicial Katherine Carbajal Cornejo reflexiona sobre el papel del magisterio en lo que va de esta emergencia sanitaria. Para ella, la pandemia ha permitido sacar lecciones a futuro en cuanto a la importancia de la virtualidad, pero sobre todo ha hecho que se revalore la función del maestro en el proceso de aprendizaje.
“Esta coyuntura ha servido bastante para revalorar el esfuerzo que hacen los docentes cada día por llegar a las familias. Como docente de inicial sé que los niños aún están en el proceso de la lectoescritura y nosotros tenemos que conectarnos con los padres de familia para explicarles cómo es este proceso educativo. Antes no lo hacíamos de manera directa porque teníamos a los pequeñitos en aula, pero ahora que están en casa sí es necesario. Ahora los padres valoran más y se dan cuenta qué tan importante es el nivel inicial”, manifiesta.
Agrega que la pandemia le ha dejado al sector Educación lecciones de unión familiar, empatía, solidaridad y colaboración. Además, ha puesto sobre el tapete la relevancia de las habilidades sociales, pues los educadores se encuentran con historias diferentes en el camino, ya que cada niño trae consigo una serie de problemas familiares detrás. Por ello, anota que el rol del maestro va más allá de la enseñanza, de dar conocimientos. Comprende la formación en valores y el reconocimiento del esfuerzo de los educandos por salir adelante.
“De una situación difícil también hay cosas positivas por sacar y creo que debido a esta pandemia hemos visto cómo la familia toma nuevamente ese rol principal en la educación de los niños. Ellos aprenden en el seno familia y es la escuela la que complementa ese aprendizaje. En los últimos años se había entendido al revés, las familias habían dejado a las escuelas el rol de la formación de sus hijos, cuando no es así. Queremos buenos ciudadanos, pero ellos se forman justamente en la familia”, resalta.
Brechas
Carbajal Cornejo hace hincapié en que aún persisten notorias brechas entre la educación en la zona urbana y la rural, debido a la carencia de tecnología. No obstante, rescata nuevamente el esfuerzo de los maestros por adaptarse a la coyuntura y hacer uso de los medios digitales para llegar a sus alumnos. Resalta aún más que haya maestros que estaban a punto de cesar por límite de edad, pero aún así se han capacitado y esmerado en preparar material desde la virtualidad.
“El sistema educativo ha respondido, pero todavía no se logra la respuesta total que necesitan nuestros estudiantes. Hago un llamado a continuar en la brega. Este proceso no ha terminado. Sabemos que la virtualidad no va a desaparecer, ha llegado para quedarse y nosotros tenemos que seguir aprendiendo”, comenta.
Resalta que, si bien el Estado se ha esforzado por capacitar a sus docentes, aún es necesario un mayor apoyo y mejorar la conexión a internet para llegar a todos los rincones del país. Refiere que las organizaciones no gubernamentales también podrían sumarse a esta tarea, porque a todos les conviene tener niños mejor educados.
Bicentenario
Asimismo, sostiene que el bicentenario de la independencia es el momento propicio para que se cambie el enfoque de la educación y pasar a una enseñanza que parta de un soporte socioemocional, pues a causa de la pandemia casi todos han enfrentado situaciones adversas como la pérdida de un ser querido.
“Como maestros hemos recibido por parte del Ministerio de Educación el soporte emocional, pero considero que aún es insuficiente. Debemos continuar con esa ayuda. Nuestros estudiantes desarrollan diversas competencias que no pueden quedarse entre las cuatro paredes del aula. Tenemos que explicarles a nuestros niños qué es lo que está pasando, qué estamos atravesando y debemos hacerlo de forma sencilla para que ellos también se sientan partícipes de esta situación”, anota.
Cita como ejemplo los simulacros de sismos en los cuales participa el sector Educación, mediante la enseñanza de las acciones que se deben tomar frente a un evento telúrico. De igual forma, se le debe explicar a los niños qué es la pandemia y cómo les afecta.
Asimismo, asevera que la educación del bicentenario debe fortalecer las capacidades digitales de los estudiantes y maestros, así como promover las habilidades blandas, pues el proceso del aprendizaje requiere de la interrelación.
“Considero que un maestro debe ser siempre un agente social de cambio y ese cambio lo hacemos cuando estamos preparados. Los momentos y las épocas son distintos, el aprendizaje varía en el tiempo, pero los docentes tenemos que estar siempre actualizados. No vale ponerse un techo, debemos seguir apostando por el bien de nuestros estudiantes. Suena trillado, pero ellos son el futuro de nuestro país”, sostiene.
Resalta que la formación que reciben los estudiantes no debe ser vacía, sino que debe tener un sentido de trascendencia, es decir, que los niños y jóvenes reconozcan que los conocimientos que recién deben ser puestos al servicio del país y que todos, sin distinción, pueden aportar desde el lugar donde se encuentren.
Magisterio
Por otra parte, la educadora afirma que está de acuerdo con la evaluación magisterial, en virtud de lo cual se ha sometido a todos los concursos. Señala que el maestro debe tomarlas como un reto profesional y no quedarse en su zona de confort, pues como agentes sociales de cambio están en la obligación de seguirse capacitándose.
Carbajal Cornejo, quien además es directora de la Institución Educativa N° 028 – ‘Teresa de Lisieux’, que corresponde a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, menciona que los maestros también deben cultivar la parte investigativa. Actualmente, ella está incluida en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – RENACYT.
“Una como profesora de aula se vuelve experta en la parte pedagógica, pero yo sentía que necesitaba ir un poco más allá, ver la parte administrativa y de gestión institucional, por eso postulé para la plaza de directora y hace unos meses también recibí la acreditación de RENACYT. Actualmente, tengo 18 años en el magisterio como profesora nombrada y cuatro como directora designada del jardín de niños N° 028”, comenta.
Exhorta a las autoridades de la Gerencia Regional de Educación y de las diferentes UGEL a que tengan apertura para escuchar a los maestros, directores y padres de familia, ya que cada institución tiene una problemática distinta.
“Los maestros tienen muy buenas iniciativas que deben ser escuchadas. Creo que también debemos unirnos más, qué bonito sería que en Lambayeque el Colegio de Profesores se unifique para formar una sola voz. Los maestros tienen muchas propuestas que no las dicen desde un marco teórico, sino desde la práctica diaria. Tenemos que escucharlos”, enfatiza.
Palmas Magisteriales
Por otro lado, indica que haber recibido las Palmas Magisteriales en el grado de Maestro para ella representa un honor y a la vez un reto, porque el Estado la reconoce como una suerte de docente modelo, en virtud de lo cual ella se esmera en ser un referente positivo para sus colegas.
“Yo sigo investigando para demostrarles a mis colegas maestros que no existe un techo, que el techo nos lo colocamos nosotros mismos. Debemos seguir apostando por la educación, pero hoy esa apuesta pasa por la innovación, la capacitación, la aplicación de nuevas estrategias, en pro de irnos perfeccionando cada día más. Quiero representar un modelo positivo para el magisterio”, asegura.
La condecoración de las Palmas Magisteriales es el máximo reconocimiento y distinción honorífica que otorga el Estado Peruano, desde 1949, a los profesionales que destacan por su aporte a la educación. Además de la resolución ministerial, el diploma y la medalla de honor, a quienes obtienen la categoría de Maestro se les paga una bonificación económica vitalicia de mil 500 soles.
Política
En tanto, destaca que se siente contenta de que un maestro, como es Pedro Castillo Terrones, sea el virtual presidente electo del país, ya que la historia reciente no registra que algún educador haya logrado ocupar la más alta magistratura del Estado.
“Guardo la esperanza de que Pedro Castillo haga las cosas bien, pero también resalto que no podemos esperanzarnos en una sola persona. Nosotros hacemos patria en el día a día con nuestro trabajo. Pido a dios que lo ilumine al profesor Castillo para que asuma con mucha responsabilidad este cargo”, indica.
Finalmente, invoca a las autoridades de Salud a considerar a los maestros dentro del grupo prioritario de vacunación, ya que si bien las clases no son presenciales, sí deben salir para hacer la entrega de los libros de trabajo y los alimentos del programa Qali Warma.
“Muchos docentes esperan con ansias la vacunación para seguir cumpliendo con sus responsabilidades sin miedo a contagiarse. Hay momentos en los que tenemos que ir a nuestras instituciones educativas y muchos están temerosos. Eso es normal, es comprensible. Hago un llamado a las autoridades para que se logre este pedido en el menor tiempo posible”, puntualiza.