Lo negó e incluso amenazó con denunciar por presunta difamación. Sin embargo, el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, ha confirmado que la alcaldesa Violeta Muro Mesones permitió el uso de una camioneta de la entidad para uso recreativo en Cajamarca. Para el ente fiscalizador, existe responsabilidad penal y administrativa en ella y otros funcionarios.
Con el Informe de Control Específico N° 004-2021-2-0426-SCE, el Órgano de Control Institucional - OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción dar inicio a las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprometidos en el uso irregular de una camioneta de la institución, para fines ajenos al cumplimiento de la función, lo cual estaría tipificado como peculado de uso.
La recomendación del OCI se da al confirmarse que se utilizó un vehículo de la municipalidad para realizar un viaje a Cajamarca, "sin considerar el procedimiento de autorización de viaje por comisión de servicios".
Según el acta de intervención policial en flagrancia, del 8 de noviembre del año pasado, se usó el vehículo para transportar a la ciudad de Cajamarca a terceras personas con fines recreacionales.
Los hechos
El vehículo de placa de rodaje EGH-183, marca Toyota, salió el 6 de noviembre del año pasado con destino a Cajamarca, en mérito a la ‘Papeleta de salida’ suscrita por Mario Mendoza Exebio, jefe de la División de Servicios y Equipo Mecánico, en el que se consignó que la unidad fue solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano de la municipalidad para el transporte de la funcionaria Ángela Aguirre Clavijo, jefa de la División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud de la entidad, quien tendría una reunión de presupuesto y salud de la mancomunidad norte, sin consignarse fecha y hora de retorno.
Según OCI, el gerente general del municipio, Máximo Salazar Llontop, autorizó el uso del vehículo sin considerar la normativa interna que regula el procedimiento para la autorización de viajes por comisión de servicios, y sin que exista el sustento necesario que acredite el presunto imprevisto que imposibilitara la presentación del informe de requerimiento debidamente sustentado para dicho fin, máxime que debería sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia de gasto público, además de las restricciones de movilización de personal por la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Además, la funcionaria viajó a Cajamarca sin contar con la autorización de su jefe inmediato, del gerente general y la resolución de la Gerencia de Administración que hubiese autorizado la comisión de servicios.
A ello se suma que Aguirre Clavijo no presentó el sustento documental de las actividades cumplidas durante el viaje.
Intervención policial
Así pues, el 8 de noviembre del 2020, se levantó el Acta de Intervención Policial en Flagrancia que dio cuenta del uso del vehículo para transportar a terceras personas a Cajamarca con fines recreacionales (transporte a centro campestre para jugar vóley).
"Actividades en las que también participaron la señora Violeta Patricia Muro Mesones, alcaldesa de la entidad, y el jefe de SEM, quienes si bien al momento de la intervención policial ocupaban el vehículo de propiedad de la citada alcaldesa (...), permitieron que el día domingo 8 de noviembre del 2020 (día no laborable), se use el vehículo propiedad de la entidad en actividades y fines contrarios a los objetivos institucionales", señala el informe de OCI.
El viaje a Cajamarca conllevó un gasto por el abastecimiento de combustible para el citado vehículo por el importe de 322 soles, lo que constituiría perjuicio económico a la entidad.
Conforme se detalla en el Acta de Intervención Policial en Flagrancia, el domingo 8 de noviembre, a las 5:50 de la tarde, personal del Departamento Desconcentrado de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública, de la Policía Nacional, con la participación de la fiscal del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, Luma Cuzco Alcántara, intervino a la alcaldesa de Ferreñafe, Violeta Muro Mesones, familiares y funcionarios en flagrancia del presunto delito de peculado de uso.
"En mérito de una información manejada por el grupo de Inteligencia de la ODICC Cajamarca, se tomó conocimiento que la alcaldesa de la provincia de Ferreñafe, del Departamento de Lambayeque, juntamente con sus familiares y personal de la comuna edil, se encontraba de paseo en la Laguna Sulluscocha - Distrito Namora de esta ciudad, haciendo uso indebido del vehículo de placa de rodaje EGH-183, perteneciente a la Municipalidad de Ferreñafe, por lo cual se realizó la intervención policial por el KM. 6.8 Carretera de penetración de esta ciudad al Distrito de Llacanora", se lee en el acta.
La policía intervino la camioneta con placa EGH-183, marca Toyota, color negro, conducida por Jorge Luis More Díaz, encontrándose dentro de ella a Ángela Aguirre Clavijo; Luis Bonilla Saavedra, Carlos Alberto Delgado Vásquez, funcionario de la Gerencia de Planificación y Presupuesto del municipio; Nathalia Terán Terán y una menor de 5 años.
Asimismo, se intervino la camioneta de placa BSA-139, marca Mazda, color gris metálico, de propiedad de Muro Mesones.
“(La situación se ha generado) también por el accionar de la alcaldesa al permitir que la jefa de la División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud de la entidad use el vehículo de propiedad de la entidad en actividades y fines contrarios a los objetivos institucionales, al transportarse a terceras personas con fines recreacionales, en los cuales también participó, que no se relacionan con el servicio institucional para el estaba destinado, a pesar de tener conocimiento que la mencionada jefa se encontraba en la ciudad de Cajamarca por comisión de servicios, usando como medio de transporte el citado vehículo, sin hacer conocimiento a la entidad de tales hechos o adoptar las acciones correctivas pertinentes”, señala el informe de OCI.
Violación de la norma
Para el Órgano de Control Institucional, la participación de Muro Mesones en los hechos irregulares subsiste debido a que trasgredió lo establecido en el artículo 28 del Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que señala:
“Las entidades a las cuales se hace referencia en el artículo 8 de la presente ley, deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente ley y atendiendo a los fines y objetivos institucionales”.
Asimismo, Violeta Muro incumplió su deber de “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad”, establecido en el Manual de Organización y Funciones de la entidad, aprobado en septiembre del 2012.
Por tales consideraciones, OCI recomienda iniciar las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, comprendidos en los hechos irregulares.
Asimismo, recomendar a la Procuraduría Pública Anticorrupción dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos con evidencias de irregularidad.
La responsabilidad penal y administrativa, según Contraloría, recae en el alcaldesa Violeta Muro Mesones; en el gerente general, en la jefe de la División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud, Ángela Aguirre Clavijo, y en el jefe de la División de Servicio y Equipo Mecánico, Mario Mendoza Exebio. En tanto, se ha detectado responsabilidad administrativa en el gerente general Mario Salazar Llontop.
Alrededor de ocho millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y el alcantarillado. De estos, solo millón y medio vive en Lima.
Esa es una de las tantas aristas que tiene el complejo entramado de desigualdad en el Perú.
Que en pleno siglo XXI y a 200 años de instaurada la República, miles de familias sigan privadas de dos de los servicios más elementales, resulta una cruel ironía.
Cruel ironía porque los tecnócratas no dudan en resaltar las bondades que el modelo económico, implementado con la Constitución de 1993, le ha dado al país. Y es que es cierto, la riqueza nacional creció, las reservas crecieron, el gasto público se incrementó, pero las brechas sociales continúan y es sobre estas que urge tomar acción.
El 28 de julio próximo el Perú cumplirá 200 años de vida republicana y la fecha es más que propicia para empezar a soñar despiertos y lanzarnos a la acción, a fin de resolver la tarea pendiente de la inclusión verdadera, con igualdad de oportunidades y con un Estado capaz de generar bienestar, pero con transparencia y eficiencia.
He citado como ejemplo la carencia de agua potable y saneamiento básico porque es uno de los problemas que más golpea a la población de Lambayeque.
Entre el 2008 y el 2011, entre el segundo gobierno de Alan García y los primeros meses del mandato de Ollanta Humala, Lambayeque recibió el más grande presupuesto de su historia para solucionar la falta de acceso a los servicios básicos.
Mil 125 millones de soles se asignaron al departamento para que los municipios ejecuten obras de agua y desagüe, y resulta inadmisible que prácticamente todas hayan quedado truncas, ya sea por la ejecución de expedientes técnicos deficientes, porque fueron abandonadas, porque se agotaron los recursos antes de la finalización de los trabajos, porque se judicializaron, porque se sometieron a arbitrajes o porque fueron mal hechas y no funcionan.
Están allí, como silenciosos monumentos a la incapacidad y la corrupción, los tanques elevados, las estaciones de bombeo, las pozas de oxidación o las tuberías y conexiones mal hechas en Santa Rosa, Pítipo, Lambayeque, Chiclayo, José Leonardo Ortiz, San José u Olmos.
Hubo dinero para todos los distritos, hubo proyectos que se aprobaron como si se tratase de simples cartas de presentación, hubo el suficiente peso político para hacer bien las cosas, pero no la suficiente solvencia técnica, ética y profesional para que se garantizasen obras de calidad.
Así como pasa con el agua potable sucede también con las escuelas y los centros de salud, con las vías y los puentes, con la conectividad a la internet, con las obras de riego y protección, con las pistas, las veredas, los parques y demás infraestructuras que se necesitan para equiparar la balanza del desarrollo.
Ni qué decir de los terminales pesqueros, de los puertos, los parques industriales, los aeropuertos y todos aquellos grandes proyectos que forman la larga lista de las tareas pendientes en el Perú.
El bicentenario nos encuentra en medio de una turbulencia política que pareciera inacabable, que ha puesto al país en incertidumbre, pero que tarde o temprano deberá resolverse, y ojalá que ello suceda antes del 28 de julio, para en adelante juntos, como nación, empezar a soñar con el país que anhelamos.
Los padres fundadores de la República soñaron con un país firme y feliz por la unión. Nos toca a nosotros revivir el sueño y con él iniciar la tercera centuria.
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Directora / Fundadora.
