Los resultados del Control Gubernamental en el Perú, ejecutado el año pasado por la Contraloría General de la República, evidenciaron que a nivel del gobierno central, el gasto superó los 127 mil millones de soles.
De acuerdo al informe presentado, los 154 pliegos del gobierno nacional, con sus 369 unidades ejecutoras, lograron ejecutar hasta el 31 de diciembre del 2022 el 94.7 % de los recursos asignados en su presupuesto total, que es equivalente a 127 mil 543 millones de soles.
A ello se suma que los gobiernos regionales llegaron al 87.8 % del gasto presupuestal, habiendo administrado en conjunto 44 mil 249 millones de soles, monto que fue distribuido en los 26 gobiernos regionales y 558 unidades ejecutoras.
Respecto a los gobiernos locales, el gasto llegó al 72.4 %, es decir 38 mil 150 millones de soles administrados para el ejercicio 2022.
Avances en fiscalización
El año pasado, Contraloría realizó 27 mil 587 acciones de control simultáneo, divididas de la siguiente manera: mil 789 visitas de control; cuatro mil 51 acciones de control concurrente y 21 mil 750 orientaciones de oficio.
Del mismo modo aplicó 15 mil 12 acciones de control posterior, de las cuales 12 mil 13 correspondieron a acciones de oficio posterior; mil 637 a control específico, mil 44 a auditorías financieras, 299 a auditorías de cumplimiento y 29 a auditorías de desempeño.
Hallazgos
Esto permitió detectar 42 mil 553 situaciones adversas a nivel nacional, de las cuales 23 mil 714 fueron advertidas en orientaciones de oficio; 12 mil 124 en control concurrente y seis mil 715 en visitas de control.
Con ello, Contraloría identificó un perjuicio económico nacional ascendente a mil 134 millones de soles y observó la ejecución de otros cinco mil 735 millones de soles, estableciendo responsabilidades civiles, administrativas y penales.
En total, 18 mil 89 funcionarios fueron identificados con responsabilidades, de los cuales ocho mil 366 deben responder por acciones administrativas, cuatro mil 46 civiles y cuatro mil 606 penales. Otros mil 71 deben ser sometidos a Procesos Administrativos Sancionadores – PAS.
Nuevo megaoperativo
Para ese año, la Contraloría General inició el despliegue del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional y sus Unidades Orgánicas desconcentradas con la finalidad de evaluar los procesos, actividades o actos a su cargo a fin de determinar la legalidad de las mismas, emitir recomendaciones de mejora de la gestión e identificar las responsabilidades correspondientes, de ser el caso. En esta intervención se supervisará el uso de 58 mil 816 millones de soles, de los cuales el 73.8 % fue utilizado en inversión pública.
Más de mil 200 auditores intervendrán en los próximos cuatro meses, 283 entidades públicas, de las cuales 265 corresponden al Poder Ejecutivo, una al Poder Legislativo, siete al Poder Judicial y 10 organismos autónomos.
“Vamos a investigar más de 350 casos de posible corrupción e inconducta funcional y se cubrirán las denuncias que abarcan desde el gobierno del ex presidente Martín Vizcarra hasta la del ex mandatario Pedro Castillo”, precisó el contralor Nelson Shack.
Indicó que con esta estrategia de control, la entidad fiscalizadora superior realizará un total de mil 553 intervenciones, que corresponden a 745 servicios de control, 758 servicios relacionados (evaluación de denuncias y verificación) y 50 actividades transversales de integridad y prevención (charlas de sensibilización, asistencias técnicas, jornadas de capacitación, entre otros).
Respecto a los servicios de control, los auditores de la Contraloría ejecutarán 390 servicios de control posterior que permitirán detectar irregularidades en la ejecución de obras o servicios; e identificar presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas de funcionarios y/o servidores públicos. Asimismo, se ejecutarán 355 servicios de control simultáneo que permitirán alertar situaciones de riesgo a los gestores públicos para que puedan tomar las medidas correctivas de manera oportuna.
Principales materias a intervenir
Entre las diversas intervenciones que realizará la Contraloría General destacan las siguientes:
En el sector político administrativo, al Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar si la atención de pasaportes diplomáticos especiales y comunes, a través de la Cancillería, se efectuó de conformidad a la norma existente.
Al Poder Judicial, para revisar el proceso de control sobre nepotismo, incompatibilidad y/o conflicto de intereses al personal administrativo y/o jurisdiccional ingresante y durante su permanencia.
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de determinar si las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el Aeropuerto Internacional “Inca Manco Cápac” de Juliaca se efectuaron de acuerdo al contrato de concesión y otros.
A la Presidencia del Consejo de Ministros, para revisar la ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios en el Marco del Contrato de Estado a Estado, sector Educación.
En el sector económico productivo, a Proinversión, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Gobierno Regional de La Libertad y al Proyecto Especial Chavimochic se ejecutará auditoría al contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del mencionado proyecto (Tercera etapa).
A la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a fin de revisar la prescripción de exigibilidad de las multas impuestas por infracciones de tránsito en la etapa de ejecución coactiva durante el periodo 2021 y 2022.
A la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (SUTRAN), para determinar si la contratación de locales y ejecución de servicios por importes menores o iguales a 8 UIT se realizaron según la norma vigente, disposiciones internas y términos contractuales.
En el sector social y cultural, al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), para supervisar el proceso de entrega de la asistencia económica a favor de los menores cuyos padres hayan fallecido por la COVID-19 durante la emergencia sanitaria.
Al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (JUNTOS) con el fin de verificar si el proceso de mantenimiento del padrón de hogares para la transferencia monetaria cumplió con las normas internas y la normativa aplicable.
Al Programa Nacional Cuna Más para verificar la gestión de la atención alimentaria en el Servicio de Cuidado Diurno de las unidades territoriales del programa.
Al Poder Legislativo se indagará sobre las denuncias relacionadas a gastos excesivos en comidas para los congresistas, la compra de alfombras y pantallas LED, así como el alquiler de inmuebles para estacionamientos; la compra de pasajes para viajes por Año Nuevo. Además, se revisará la asignación de viáticos y viajes al exterior; y el cumplimiento de funciones de personal parlamentario.
También se fiscalizará a organismos autónomos y otros. Por ejemplo, al Fondo MiVivienda, para determinar si las viviendas de interés social del programa Techo Propio en la modalidad de Construcción en sitio propio con Bono Familiar Habitacional se entregaron conforme a los procedimientos establecidos y al Banco de la Nación, a fin de supervisar si para el otorgamiento del Bono Universal, a través de la cuenta DNI, se identificó el nivel de exposición y control que corresponde a los riesgos asociados a fraudes.
El día 10 de los corrientes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, convocó el proceso bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, con la finalidad de adquirir 246 mil galones de combustible Diésel B5 S-50 (petróleo), para ser utilizados durante diez meses o 300 días calendarios, mayormente por la Sub Gerencia de Residuos Sólidos y en menores cantidades por las sub gerencias de Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines y Obras Públicas y Convenios.
Según lo establecido en las bases del proceso, la finalidad pública de la adquisición consiste en mantener operativas las unidades vehiculares para el cumplimiento de metas y las diversas actividades de las dependencias de la comuna, considerándose como objetivo específico del suministro del carburante garantizar la operatividad de la flota vehicular de propiedad de la MPCH, contribuyendo a alcanzar los objetivos trazados por la institución.
El consumo por áreas
De acuerdo al numeral 5 del Capítulo III de las bases, se advierte la existencia de un cuadro en detalle que muestra las áreas y cantidades que serán utilizadas por cada una de ellas. Así, la Sub Gerencia de Residuos Sólidos utilizará durante los diez meses o 300 días calendarios 201 mil galones de combustible, mientras que la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana hará uso de 35 mil 559 galones, y las sub gerencias de Parques y Jardines y Obras Publicas utilizarán en conjunto 10 mil 206 galones, lo que en suma hacen un total de 246 mil 565 galones.
La última compra de la gestión de Gasco
De acuerdo al Contrato N° 05-2022/MPCH, celebrado el 2 de agosto del 2022 entre la Estación de Servicios San José y la comuna de Chiclayo, se adquirió 210 mil 543 galones de Diésel B5 S-50 (petróleo), por un valor que superó los tres millones 300 mil soles, los cuales, según la Cláusula Sexta del documento contractual, se estableció como plazo para el abastecimiento total del carburante 150 días calendarios (cinco meses), cuyo consumo mayor debía ser realizado por la Sub Gerencia de Residuos Sólidos, equivalente 177 mil 300 galones; la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, con 24 mil 300 galones, y las sub gerencias de Parques y Jardines y Obras Públicas, en conjunto debieron utilizar nueve mil galones en el plazo previsto.
La presunta adquisición sobredimensionada
La suspicaz adquisición por parte de la gestión del exalcalde Marcos Gasco, toma relevancia en cuanto la actual gestión edil, de Janet Cubas, está buscando adquirir 246 mil 500 galones de petróleo para ser utilizados en el lapso de 10 meses, mientras que Gasco Arrobas compró 210 mil galones que fueron utilizados en los últimos cinco meses de su gestión.
Es decir, el consumo promedio mensual del carburante en la gestión anterior fue de 42 mil galones, mientras que las bases del proceso recientemente convocado precisan un promedio 24 mil 600 galones mensuales, lo que permite presumir que las unidades móviles durante el gobierno de Marcos Gasco consumieron 17 mil galones más mensualmente.
Opinión
Expresiónpudo obtener la apreciación del consultor en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita al respecto, luego de hacer una comparación entre el volumen adquirido en el último contrato suscrito por la gestión de Marcos Gasco y el galonaje que actualmente pretende adquirir la MPCH.
“La anterior compra realizada habría sido sobredimensionada, ya que al efectuar el cálculo matemático entre el total de galones adquiridos y los meses para su utilización (cinco meses), da como resultado una cantidad mensual muy superior a la que la actual gestión ha calculado utilizar en 10 meses”, comenta.
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Miembros del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales – CONREDE, de Lambayeque, tuvieron una posición crítica respecto a la actuación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC, a la cual calificaron de incompetente por no haber hecho obras de prevención adecuadas, que permitan mitigar las consecuencias nefastas que han dejado las recientes lluvias, pese a los millones de soles de presupuesto que han manejado. Coincidieron, además, en señalar una deficiente capacidad de respuesta del Estado para atender la emergencia.
Carlos Burgos Montenegro - Decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque y presidente de CONREDE
Todos somos testigos de lo devastador que ha sido este fenómeno natural con Lambayeque y otras regiones del norte, el cual nos está afectando la salud, la vida, la economía, cuando recién nos estábamos reactivando después de lo que significó la pandemia de la covid 19. Lamentamos que nuestros hermanos, sobre todo de las zonas rurales, estén pasando momentos muy difíciles por los desbordes de los ríos; esperamos una respuesta rápida y efectiva del Estado para hacer menos dolorosa su situación.
¿Usted ha sido bastante crítico de la ARCC, por todas las deficiencias demostradas, se reafirma en su posición?
Cuando se crea la ARCC era decano del Colegio de Ingeniero de Lambayeque, y en su momento señalamos que el proceso de reconstrucción tenía que venir con una alta dosis de prevención, lo que no ha sucedido. De los 25 mil millones de soles invertidos a nivel país, vemos que no ha habido una respuesta apropiada; por el contrario, la infraestructura ha sido destruida y eso es responsabilidad directa de la ARCC. Por eso he levantado la voz a nombre de CONREDE y del Colegio de Ingenieros, hemos sentado posición, para que las autoridades que han estado al frente de esta entidad sean investigadas, y como consecuencia de ello deben estar presos.
¿Cuánto es lo que ha invertido la ARCC en Lambayeque?
De los 3,115 millones de soles asignados, tengo entendido que ya se han invertido dos mil millones, y los mil millones de soles que faltan, como CONREDE nos hemos pronunciado para que ese dinero sirva para solucionar de manera integral el problema del centro histórico de Chiclayo, como es la instalación del drenaje pluvial, el cambio de las redes de agua y alcantarillado. Ello debe incluir el peligro que representan los cables expuestos (tendido de redes en la vía aérea), que deben ir de forma subterránea. Después de la desgracia algo tenemos que sacar, esta es la oportunidad para que Lambayeque recupere el liderazgo perdido por tres décadas, y mirar el desarrollo del norte del país desde Lambayeque.
¿Cómo han visto la capacidad de respuesta del gobierno regional y municipalidades ante la emergencia?
De acuerdo a sus competencias y los recursos q ue disponen han hecho lo que mejor han podido; sin embargo, los colegios profesionales de Lambayeque estamos dispuestos, cada uno dentro de sus facultades, a aportar para que nuestras autoridades nos conduzcan por el destino correcto, no solo por el tema de coyuntura, sino por los cuatro años que dura su gestión.
Jimmy Agüero Acuña - Decano del Colegio Médico de Lambayeque
¿Qué secuelas pueden traer las inundaciones y el colapso del alcantarillado?
Lo que nos preocupa es que detrás de la situación de emergencia, habrá proliferación de vectores, mosquitos, lo que llevará a infecciones respiratorias, digestivas, males a la piel, conjuntivitis, incremento de casos de dengue, pero también de roedores que pueden conducir a enfermedades como la leptospirosis. Para nosotros es muy complicado llevar profesionales de la salud a las zonas del desastre por el tema de la movilización, las carreteras y la misma inundación.
¿La infraestructura hospitalaria también se ha afectado y ha dejado en evidencia que es muy vulnerable?
En declaraciones anteriores he manifestado que muchos establecimientos de salud no cuentan con planes para este tipo de crisis, muchas construcciones tienen deficiencias, actualmente no se conoce el estado de la infraestructura sanitaria en Lambayeque, creemos que ha empeorado. Las futuras construcciones que haga el Estado tienen que ser coherentes con las actuales normas, sobre todo para evitar que por efectos de los desastres naturales se puedan deteriorar.
Julio Huerta Ciurlizza - Decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque
Las lluvias han colapsado el sistema de alcantarillado y muchas viviendas, sobre todo antiguas, están en peligro por las inundaciones, ¿qué reflexión puede hacer ante este panorama complicado?
Ha sucedido lo mismo que en el 2017. Por eso mi prédica siempre ha sido que se comiencen hacer proyectos definitivos, porque en este momento sólo apagamos incendios. Es lamentable que después de seis años estemos en lo mismo, en este periodo debió haberse hecho la descolmatación de los ríos, el proyecto La Calzada, el proyecto de alcantarillado de Chiclayo, el drenaje pluvial, pero todo sigue en lo mismo. Se tiene que hacer una hoja de ruta de los proyectos definitivos que tiene que tener la región a corto, mediano y largo plazo, porque una vez que pase este periodo de lluvias e inundaciones todo quedará igual. Tenemos que planificar bien la ciudad.
¿Cómo califica el trabajo de la ARCC?
Muy malo, en su momento no se hizo todo lo adecuado, desde el 2017 no se han podido hacer todas las obras, es necesario que el gobierno regional y las municipalidades hagan trabajos definitivos, porque de lo contrario vamos a seguir gastando inútilmente los recursos económicos que son difíciles de conseguir. Los gobiernos distritales también pueden generar proyectos de envergadura, no solo esperemos que lo haga el gobierno regional o provincial, el Estado da recursos siempre que haya proyectos.
Isabel Lizárraga de Maguiña - Decana de Colegio de Enfermeras de Lambayeque
Las lluvias han expuesto la precariedad del sistema de salud, preocupa el primer nivel de atención, ¿qué hacer ante esta situación?
Debido a la deficiente infraestructura de la mayoría de establecimientos de salud, hay que darles toda la capacidad para que puedan brindar las principales atenciones que van a requerir las personas post lluvia, porque es probable que incrementen los casos de diarreas, problemas de piel, conjuntivitis, dengue, malaria y todas las demás patologías que están contenidas después del covid 19, como tuberculosis y VIH. Desde nuestro espacio profesional y en coordinación con la Gerencia de Salud, aportamos en la solución de los problemas.
En una coyuntura como esta es importante el tema de la vacunación para prevenir enfermedades
Mantener el programa regular de vacunas es una gran preocupación de nuestro colegio profesional, por eso hemos pedido ampliar las coberturas y tener una cadena de frío para que las vacunas con biológicos sean bien conservadas. Luego de este periodo lluvioso recomendamos el uso de mascarillas en lugares donde hay mucho levantamiento de polvo, ello debido a que las aguas de la lluvia se han mezclado con aguas servidas. También el lavado de manos e ingerir abundante agua.
Percy Morante Gamarra - Decano del Colegio de Profesores de Lambayeque
Las lluvias han desnudado, una vez más, la precariedad en que se encuentran los colegios en Lambayeque, tanto así que se ha postergado las clases hasta el 20 de marzo, ¿qué reflexión le amerita todo esto?
Lamentablemente el sector Educación está atravesando una situación muy delicada, más aún en la zona rural, especialmente en Íllimo, Mochumí, Pacora, Mórrope, Túcume, donde el río La Leche ha causado grandes estragos. Las instituciones educativas no tienen la capacidad de respuesta, en el sentido de que la infraestructura es muy precaria, ante esta situación creo que no estamos en las condiciones de iniciar las clases este 20 de marzo (primera postergación).
¿Cuál es el llamado que hace a las autoridades regionales para que atiendan esta emergencia, considerando que el PRONIED se desactiva en mayo y no se ha logrado reducir la brecha de necesidades a nivel nacional?
La realidad de la infraestructura educativa en la región es muy delicada, estamos en una situación de emergencia permanente desde antes de la pandemia. El llamado es a que trabajen de manera conjunta y que se convoque a quienes estamos interesados en mejorar la educación, porque queremos apostar en la búsqueda de mejores condiciones de estudios para los niños, los jóvenes en este inicio del año escolar, que seguramente se postergará otra vez, teniendo en cuenta que hay muchas colegios que han sido afectados y es posible que dentro de un mes recién logren las condiciones óptimas para recibir a los estudiantes.
Manuel Ulloque Sandoval - Decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque
La emergencia ha puesto en evidencia las grandes brechas que hay a nivel social, sobre todo de la población rural que antes de la pandemia no tenía acceso a servicios básicos, y ahora con las lluvias se han quedado sin acceso a esos servicios, ¿cómo atender esta problemática?
Esto nos debe servir como lección para implementar los instrumentos de gestión y planificación territorial, lo que ha puesto en evidencia las grandes brechas sociales que hay en la región Lambayeque y que se acrecientan cuando hay estos eventos de emergencia. La Unión Europea hace algunos años hizo algunos instrumentos, como los mapas comunitarios de prevención ante desastres, que conjuntamente con la población se identificaron las vías de acceso ante posibles inundaciones, las zonas seguras; sin embargo, eso no se ha implementado, entonces es importante recoger el clamor de la población en estos instrumentos de planificación territorial, para que se puedan corregir errores y prevenir más desastres.
¿Cómo califica la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Lambayeque y las municipalidades?
Creo que están sumando esfuerzos para atender la emergencia inmediata; pero debe haber una política regional de gestión de riesgos de desastres, en donde se implementen todos los instrumentos de planificación y se efectivicen a través de proyectos. Vemos como el valle Chancay-Lambayeque tiene infraestructura mayor de riego, donde se almacena el agua de las lluvias; sin embargo, el valle La Leche no lo tiene, se habla mucho del proyecto La Calzada, pero por ahora está trunco. A partir del aporte de los colegios profesionales, la sociedad civil, los responsables de los gobiernos locales y del regional, debe impulsarse para que también contribuya a no tener más daños por las lluvias.
Rosa Chambergo Montejo - Decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque
¿Cuál es su reflexión sobre lo que está ocurriendo en la región por el tema de las lluvias?
De suma preocupación. Así como la covid 19 desnudó nuestras falencias sanitarias, hoy nuevamente se vuelve a repetir con los efectos devastadores que está dejando el ciclo Yaku, que evidencia que no hemos estado preparados para afrontar esta situación. No hay una capacidad de respuesta inmediata de parte de las autoridades.
El llamado a la sociedad civil, la empresa privada para ponerse de pie en estas circunstancias
Los colegios profesionales hemos acordado recibir donaciones de todo tipo, hay lugares donde se va a concentrar toda la ayuda, para luego llevar a los lugares que más lo necesitan. El Ministerio de Vivienda ha anunciado la construcción de mil módulos para damnificados de Lambayeque, pero creo que es insuficiente porque la cifra de damnificados es mucho mayor, la ayuda estatal no es suficiente y no llega a todos quienes lo necesitan.
El Contralor General, Nelson Shack, afirmó que durante el proceso de control a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, se hallaron a 845 funcionarios, a nivel nacional y de los tres niveles de gobierno, con 1982 responsabilidades, de las cuales 715 son penales, 206 civil y 1061 administrativas.
Afirmó además que este proceso de la Reconstrucción con Cambios - RCC ha fracasado debido, entre otras razones, a que en los últimos seis años no se han solucionado los problemas integrales en el manejo de las cuencas, por lo que planteó la creación de un Ministerio de Infraestructura para la ejecución de obras de manera célere, correcta y transparente.
“De los 25 mil millones de soles asignados al proceso de la RCC, se han gastado 21 mil millones y se han hecho obras. Hay más de 9 mil obras en ejecución y 5 mil ya se han terminado. Lo que no se ha hecho es la solución de los problemas integrales en el manejo de las cuencas, en eso prácticamente no se ha avanzado nada, como las defensas ribereñas, las represas, la reforestación, entre otros”, precisó.
Nuevo ministerio
Respecto al anuncio del Ejecutivo sobre la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura para que ejecute obras emblemáticas en las regiones a fin de hacer frente a los desastres naturales, el contralor general indicó que, en lugar de crear más burocracia, se necesita centralizar las capacidades de las distintas oficinas públicas, por lo que planteó la creación de un Ministerio de Infraestructura.
“Este ministerio debe tener operaciones a nivel nacional y debería concentrar el Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, así como los grandes proyectos de los ministerios de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones. Se necesita un Ministerio de Infraestructura con todas las capacidades técnicas, bien calificadas y bien remuneradas”, puntualizó.
Control de gastos
Shack Yalta aseveró, además, que la Entidad Fiscalizadora Superior ha cumplido desde el inicio su rol de acompañamiento a la labor desarrollada por los gestores públicos en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno del Niño Costero a fin de garantizar el uso correcto de los recursos públicos, y que como resultado se concluyeron cerca de seis mil servicios de control, correspondiendo cinco mil 625 al control simultáneo (95 %) y 259 al control posterior (5 %)
Sin embargo, expresó su preocupación que del total de servicios de control simultáneo en los que se advirtieron riesgos en la ejecución de los procesos y obras, en un 62 % las autoridades no tomaron acciones correctivas (20 % se encuentran sin acciones y 42 % sin corregir) hasta la fecha.
Shack Yalta señaló que en el proceso de la RCC se han gastado millones de soles en consultorías y estudios para obras que no son visibles, ni efectivas debido a la mala gestión y la incapacidad de muchos funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno para atender las demandas ciudadanas.
En otro momento, el contralor general, manifestó que los convenios de Gobierno a Gobierno - G2G, para realizar megaproyectos son efectivos, y en ese sentido, opinó que el Estado debe incorporar las buenas prácticas internacionales para nuestras normas y potenciar las capacidades nacionales de ejecución de grandes proyectos.
Finalmente, el contralor informó que ha enviado un oficio a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para solicitarle que convoque a una sesión urgente del Consejo de Estado, a fin de coordinar las acciones que sean necesarias, desde las respectivas competencias, para atender las necesidades más urgentes de la población afectada con las lluvias e inundaciones.
El 10 de marzo se confirmó no solo la furia de la naturaleza, impulsada por el ciclón Yaku, sino también la falta de cuidado y conservación del patrimonio histórico monumental en Lambayeque. Esta vez, un voraz incendio, que se ha revivido hasta el cierre de esta edición, consumió el Palacio de Justicia de Lambayeque, joya arquitectónica construida en las primeras décadas del siglo pasado.
Aparentemente un cortocircuito desencadenó el siniestro que redujo a cenizas los viejos e históricos espacios del edificio ubicado en la cuadra 10 de la calle San José, en el que se conservaba parte del patrimonio archivístico de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, pero que también se había convertido, negligentemente, en un almacén de muebles y enseres en desuso de los diferentes órganos jurisdiccionales.
A fines de febrero el presidente de la Corte de Lambayeque, José Rodríguez Tanta, ofreció una entrevista a Expresión en la que señaló que se estaban haciendo las gestiones para convertir al edificio en un Museo de la Justicia, pues se había ubicado material sumamente valioso para la memoria de la administración de justicia en el departamento y de la sociedad, en general.
El sueño del museo
“Lo que he encontrado en el edificio de San José es que ha sido declarado inhabitable. Ya conversé con la alcaldesa (de Chiclayo), porque quiero sacarle provecho a esa inhabitabilidad. Estoy pidiendo que Defensa Civil me permita, por lo menos, generar un museo ahí. Si ustedes van allá… es fabuloso. Tenemos una bonita sala, una bonita alfombra, etcétera, que sirvieron en su época. Estoy juntando los expedientes más antiguos, acabo de encontrar uno de 1926, que es de los primeros años de la corte, donde aparecen los magistrados que fueron los gestores en ese tiempo”, comentó.
Sucedido el incendio, el presidente de la Corte de Lambayeque grabó el domingo 12 de marzo un desesperado llamado a las autoridades locales y regionales para atender la situación del inmueble, puesto que en ese momento el fuego se reavivó una vez más.
“Si bien es cierto, hemos tenido inicialmente el apoyo de las autoridades, pero en este momento, que nuevamente está reavivándose el fuego, pedimos por favor que ayuden, que INDECI venga, porque tenemos viviendas y personas que corren peligro. El frontis es de 15 metros, que al caer puede ocasionar muertes y daños al patrimonio. Señores, invoco a las autoridades que tomen con responsabilidad esto que está ocurriendo en el centro de la ciudad de Chiclayo. Acabo de enviar un documento a la alcaldesa, también a la compañía de bomberos… En cualquier momento este edificio puede caerse, no esperemos que ocurra algo”, dijo Rodríguez Tanta.
Sin embargo, el pedido del magistrado parece no haber sido suficiente, pues incluso hubo falta de combustible para la movilización de las unidades bomberiles para atender el fuego.
Al lado del edificio se ubica un inmueble conexo al Palacio de Justicia, también propiedad de la corte, donde han estado funcionado las oficinas administrativas, que también han sufrido afectaciones, aunque la información se encuentra digitalizada.
Historia del edificio
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue creada en 1921. El 26 de enero de 1927, el Congreso de la República promulgó la Ley 5682, disponiendo que el local de la corte se construyera en el terreno que ocupaba el Colegio de Educandas de Nuestra Señora de la Concepción.
“En el primer semestre de 1935, la Junta Departamental Pro Desocupados de Lambayeque acordó un subsidio con el que se reiniciaron los trabajos de construcción del Palacio de Justicia se continuó la construcción del segundo piso, con el plano aprobado en el inicio de la obra. Los trabajos de construcción habían empezado con anterioridad, puesto que por la Ley n.° 4696, dada en el Congreso el 18 de setiembre de 1923 y promulgada el 5 de octubre de 1923, se votó la consignación en el Presupuesto General de la República, por dos años consecutivos, de la cantidad de cinco mil libras peruanas de oro para la construcción de un local para la Corte Superior del Distrito Judicial de Lambayeque”, se detalla en el libro publicado con ocasión del primer centenario de la corte.
Hacia 1988 se concluyó la construcción de la ampliación del edificio. “El terreno para esta ampliación fue adquirido por el Comité de Apoyo al Poder Judicial, presidido por el Dr. Juan Manuel Rivera Montoya e integrado por dignos profesionales y personas representativas de la localidad, durante la presidencia del Dr. Juan Manuel Méndez Osborn. Siendo presidente el Dr. Manuel Becerra Barrantes, se logró desalojar a los inquilinos de dicho sector, así como demoler los inmuebles ruinosos y confeccionar los planos. En 1988 se comenzó la construcción de la primera planta, en la presidencia de la Dra. Gonzales Vidal, obra que continuó (Carlos) Castañeda. La obra tenía un diseño para cinco pisos”. La obra se financió con recursos de la CORDELAM.
Los efectos devastadores del ciclón Yaku pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque y de las municipalidades provinciales y distritales, para atender la emergencia por inundaciones producto de las intensas lluvias, los desbordes de ríos y la activación de quebradas.
La primera precipitación del jueves 9 de marzo, casi al filo de las seis de la tarde y que se prolongó hasta la pasada la una de la madrugada, puso las barbas en remojo del gobernador regional Jorge Pérez Flores y su equipo de gerentes, quienes tuvieron que planificar desde muy temprano las acciones que tomarían para constatar in situ los primeros daños que dejaba a su paso el ciclón, que en quechua significa “agua”.
Uno de los primeros lugares afectados fue el distrito de Pacora (provincia de Lambayeque). El desborde del río La Leche, en varios tramos de su recorrido, inundó cientos de hectáreas de cultivos, viviendas y colegios. El puente que cruza este torrentoso río en época de lluvias y que conduce al nororiente peruano, había alcanzado su máximo nivel y amenazaba con colapsar. El alcalde José Sipión Bornáz, clamó por ayuda para su pueblo que atravesaba duros momentos.
Tras sostener una reunión de coordinación con su equipo técnico, el gobernador Jorge Pérez se trasladó hasta Pacora y constató los daños que habían ocasionado las inundaciones. Dispuso que un tractor oruga realice labores de limpieza en las bases del puente, para sacar la palizada que se había formado en la base y así evitar que el cauce lo rebase. Apostado cerca de la ribera del río La Leche, la autoridad señaló que la empresa a cargo de las obras de reconstrucción en Lambayeque, tuvo el tiempo necesario para realizar los trabajos preventivos en el cauce y evitar este tipo de situaciones; pero no se hizo nada.
El segundo gran susto
El domingo por la noche se produciría una segunda lluvia de fuerte intensidad, la cual vino acompañada de truenos y relámpagos, inusual en Chiclayo. En esta ocasión los distritos más afectados fueron Íllimo, Mórrope y Túcume, en la provincia de Lambayeque, y los distritos de Oyotún, Zaña, Cayaltí y Chongoyape en la provincia de Chiclayo. El río La Leche siguió haciendo de las suyas en estos pueblos ubicados en la parte sureste de la región, mientras que los ríos Zaña y Nanyoc, que nace en las alturas de Cajamarca, así como la activación de quebradas, arrasaron con tierras de cultivos y afectaron las carreteras y caminos vecinales en Oyotún.
El gobierno regional envió un tractor oruga a Oyotún para realizar trabajos de limpieza, pero era insuficiente para atender toda la emergencia que había dejado la lluvia. Su alcalde Moisés Fernández refirió que pobladores de diez caseríos no pueden trasladarse a ningún lado por la crecida de los ríos y quebradas, y todos los días va gente a la municipalidad a pedir ayuda, pero lamentablemente no tienen recursos.
El burgomaestre de Íllimo, Juan Pablo Santamaría, demandó la ayuda de las autoridades regionales para atender la emergencia, y pidió la reubicación de decenas de familias damnificadas cuyas viviendas resultaron anegadas. La respuesta del Gore fue inmediata, tras una coordinación con el ministro de Educación se dispuso que cinco centros educativos y el Instituto Superior Tecnológico de Íllimo sean utilizados como albergues temporales para las familias afectadas por las fuertes lluvias.
El dolor de la muerte
Pero las precipitaciones también hicieron añicos a la infraestructura urbana de la ciudad de Chiclayo, urbanizaciones y pueblos jóvenes se vieron seriamente afectados. El agua inundó calles y avenidas (parecían verdaderas piscinas), provocó la muerte de cuatro personas por electrocución, y las viviendas quedaron inundadas. El sistema de alcantarillado colapsó en diversos lugares, provocando olores nauseabundos.
El agua empozada en la vía pública permanece hasta hoy en algunos sectores. Ante esa situación, el gobierno regional con apoyo de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, trabajan en la eliminación de dichos aniegos que son un dolor de cabeza para los vecinos y conductores. Pérez Flores señaló que el objetivo es evacuar totalmente las aguas acumuladas en calles y avenidas en el menor tiempo posible.
Por otro lado, la autoridad regional explicó que ha dado instrucciones precisas de canalizar la ayuda humanitaria que llega desde el Gobierno nacional, sin muchas trabas o demoras a los damnificados, y para ello pidió a los alcaldes tener más criterio a la hora de la distribución. "Acá estamos para sumar, y los que no suman, restan, se largan (...) Los criticones que se vayan a su casa", aseveró en una reunión donde cuestionó las trabas burocráticas de los burgomaestres para ejecutar acciones en la emergencia.
Otra decisión que adoptó el gobernador fue poner en práctica los vuelos humanitarios, para evacuar a familias que quedaron aisladas por las fuertes lluvias. En esta acción conjunta participaron el Ejército y la FAP. Así, en uno de esos vuelos se rescató a una familia en el sector La Puntilla, en el distrito de Chongoyape. También tres gestantes con factores de riesgo procedentes de Motupe y Olmos fueron trasladadas a hospitales de Chiclayo para recibir atención especializada.
Se viene un segundo episodio
Este es un primer acontecimiento que le ha tocado enfrentar al gobierno de Jorge Pérez, el cual ha puesto en escena su carácter y temperamento para dirigir acciones y tomar decisiones oportunas; pero ahora se anuncia la presencia un posible fenómeno de El Niño, que aún no se sabe cuál será su intensidad. Seguramente con esta experiencia más que ingrata le servirá de base para encarar lo que se viene.
Claro, hasta ese momento a lo mejor la nefasta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es cambiada por otro organismo, que asumirá la tarea de reconstruir todo lo dañado por el ciclón Yaku y los rezagos de lo que fue el fenómeno del año 2017.
Las torrenciales lluvias que se registran en las regiones de la costa y sierra norte del país, dejan hasta el momento 8,222 damnificados, 23,000 afectados, 58 fallecidos, 57 heridos y 8 personas desaparecidas, según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Yáñez.
Dijo que las fuertes precipitaciones también destruyeron 41 aulas de centros educativos, otras 375 están afectadas y 123 quedaron inhabitables, además de 60 establecimientos de salud dañados.
Las inundaciones provocadas por el río La Leche pones otra vez sobre la mesa una vieja demanda de los pobladores de la parte baja del valle del mismo nombre: la ejecución de la represa La Calzada. El proyecto tiene factibilidad desde el 2008, pero la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios se niega a ejecutarlo, argumentando que es inviable. Como solución se propone obras menores que, dada la magnitud del caudal que traslada el río, no mitigarían en nada futuros desastres como los que se han visto en los últimos días.
En diálogo con Expresión, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Íllimo, Jorge Vidarte Odar, afirmó que intereses subalternos impiden la ejecución del proyecto La Calzada, obra hidráulica que hubiera laminado el caudal del río la Leche y evitado las lamentables consecuencias de inundación en distritos como Pacora, Íllimo, Túcume y Mórrope.
"El PEOT, como unidad técnica del Gobierno Regional de Lambayeque, no ha realizado ninguna acción hasta ahora para definir qué tierras serían las necesarias para construir la represa en la parte alta y por esa indiferencia se sigue postergando la ejecución del proyecto", señaló.
Vidarte Odar recordó que La Calzada tiene una ley que la declara de interés nacional desde el 2011 y pese a la contundencia técnica de estudios como el formulado por el equipo internacional que lideró el ingeniero lambayecano Domingo León Escurra, sigue postergado.
"Existe el interés de ejecutar una obra de enrocado de más de 320 millones de soles que en nada va a resolver el problema. Si en la parte alta del valle La Leche existen quienes se resisten a la licencia social, el Congreso debe impulsar una ley de expropiación. Se necesita decisión política", enfatizó.
La factibilidad
En el 2004, el ingeniero lambayecano Domingo León Ezcurra, por aquel momento residente en los Estados Unidos de América, informó al entonces alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles, de la existencia de la Agencia de Comercio y Desarrollo, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno americano, cuya naturaleza permitía el financiamiento de proyectos con fondos no reembolsables para países emergentes.
El objetivo desde el principio fue que se solicite a la USTDA (por sus siglas en inglés) apoyo para financiar los estudios de La Calzada. Dada la magnitud de la gestión esta se trasladó al Gobierno Regional de Lambayeque, presidido en ese momento por Yehude Simon Munaro.
En mayo del 2004 Simon Munaro fue recibido por el embajador de Estados Unidos en el Perú, James Curtis Strubble, y se coordinó para que el PEOT solicité la donación a la USTDA de los fondos para los estudios. Así, el gobierno americano lanzó una convocatoria para contratar a la consultora que se encargaría de elaborar el documento de prefactibilidad de La Calzada.
Tras la evaluación resultó ganadora la firma D’Leon Consulting Engineers, con sede en California, que presentó a un equipo técnico de primer nivel. Entre ellos figuró el ingeniero Domingo León Ezcurra, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y con estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos, España y Francia; el ingeniero español Francisco Sánchez Carol, integrante del Comité Internacional de Grandes Presas, uno de los más connotados expertos en la materia a nivel mundial, y el ingeniero Jack Ferguson, integrante del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército de los Estados Unidos.
Junto a ellos participó también el ingeniero Juan Alfaro, quien fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, durante 25 años y además es uno de los fundadores de SEDAPAL; el ingeniero Víctor Miguel Ponce, docente de Hidrología y Medio Ambiente de la Universidad de San Diego California, y reconocidos profesionales peruanos como Pastor Espinoza Chilón, Manuel Suárez Collazos y Enrique Varías Ramos.
El 11 de diciembre del 2007, el presidente regional Yehude Simon y el embajador de los Estados Unidos en el Perú, en representación de la USTDA, firmaron el Lima el contrato para la ejecución del estudio denominado: “Estudio de Factibilidad de Control de Inundaciones en la Región Lambayeque”.
El estudio
El equipo técnico que encabezó León Ezcurra abordó el control de inundaciones en la cuenca del río La Leche, entregando 10 volúmenes, con un total de mil páginas, divididas en la revisión de la información existente y visitas de campo que permitieron evaluar las ubicaciones físicas propuestas de las represas incluidas en las diferentes alternativas, analizando al detalle aspectos geológicos, morfológicos y de naturaleza estructural de la cuenca y sus afluentes.
Los expertos también realizaron la comparación de alternativas, un estudio básico preliminar del impacto ambiental de las mismas y la clasificación de la alternativa más beneficiosa para el control de las inundaciones en el valle La Leche en función de la factibilidad técnica, ambiental, económica y financiera.
Investigaron la escorrentía usando fórmulas y modelos para definir si el control de las avenidas requería la construcción de más de un embalse; exploraron el suelo para la geología estructural realizando calicatas, perforaciones y aplicando métodos como la refacción sísmica. También definieron la tipología de la presa basada en las características propias del terreno.
Alcanzaron directivas generales para el diseño básico de la presa y sus componentes hidráulicos; las metodologías para realizar un Estudio de Impacto Ambiental; formularon un Informe de Impacto Ambiental; analizaron el costo/beneficio; confeccionaron un estudio de suministro de agua a la población aledaña a la cuenca para los próximos 25 años a partir de la construcción de la presa y formularon las proyecciones financieras. Asimismo, se encargaron de proyectar el impacto de la obra sobre el desarrollo de Lambayeque.
El informe final fue redactado en inglés y traducido al castellano y entregado a la sede de la USTDA y a la Embajada de los Estados Unidos en Lima en el 2008.
La Calzada
“Llegamos hasta la naciente del río La Leche, sobre los cuatro mil metros de altura y ese trabajo nos permitió definir que la presa La Calzada es la solución definitiva para el problema de inundaciones y regulación del recurso hídrico en el valle”, comentó desde Estado Unidos a Expresión Domingo León Ezcurra en el 2018.
El especialista refirió que para determinar los volúmenes de agua que pueden presentarse de ocurrir el Fenómeno El Niño, el equipo técnico realizó proyecciones de mil, dos mil y hasta 10 mil años, superiores a los que manejaba en ese momento el PEOT que eran de solo 500 años.
Esto permitió concluir, por ejemplo, que las pirámides truncas que se extienden en Valle La Leche no solo tenían fines religiosos o de élite para las culturas mochica y sicán, sino que también servían como refugios frente a las inundaciones.
León Ezcurra comentó que en base a las proyecciones técnicas se propuso la construcción de una presa de 50 metros de altura, capaz de almacenar 150 millones de metros cúbicos de agua (tres veces más que la Presa Limón del Proyecto Olmos) y para aliviar la carga en tiempos de avenida una presa de menor dimensión, Calicantro, para almacenar 40 millones de metros cúbicos, ubicada a 8 kilómetros aguas debajo de La Calzada.
Asimismo se propuso la construcción de pequeñas presas para controlar el arrastre de los sedimentos de La Calzada y de limpieza manejable, situadas en las quebradas Moyán y El Zángano, que son afluentes del río La Leche.
“Ni en el emplazamiento de La Calzada ni en Calicantro existe la posibilidad de realizar una presa de gravedad ni una presa de hormigón compactado. En estos emplazamientos solo es posible ejecutar, por razones geotécnicas, presas de materiales sueltos, debido a que son cerradas”, explicó Domingo León.
En virtud de ello, los especialistas propusieron en su estudio tres alternativas: construir una presa de escollera con núcleo central de arcilla y pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento bajo el núcleo o una presa de escollera con núcleo central de arcilla y tapiz arcilloso de enlace con la ataguía y pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento, bajo el núcleo de la ataguía aguas arriba.
La tercera alternativa es la construcción de una presa de escollera con pantalla/losa de hormigón armado aguas arriba, exenta de núcleo de arcilla, con pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento, bajo el zócalo-plinto (aguas arriba), justo donde termina la losa.
“Las estimaciones de los estudios anteriores no son nada realistas. De hecho una de las riadas reales superó claramente la avenida de 100 años que ellos (PEOT) proponían. Las pendientes andinas son brutales y los tiempos de concentración muy rápidos. Incahuasi, donde se sitúan las lagunas que forman el río La Leche está a unos 80 kilómetros del Océano Pacífico y a cuatro mil metros de altura”, detalló el experto.
Los expertos propusieron además que en la margen izquierda se construyan túneles de descarga del aliviadero y en la margen derecha la estructura de toma, que se habilite un estanque de regulación y un canal de derivación.
Incluso consideraron elementos que permitan el tránsito de peces aguas abajo y el menor impacto ambiental posible, teniendo en cuenta que la zona propuesta para la construcción de la presa es hábitat natural de especies en peligro como la pava aliblanca, la cortarrama y el copetón rufo.
El proyecto de La Calzada sigue postergado, pese a ser la solución técnica más viable para controlar el caudal del río La Leche y evitar desgracias como las que hoy afectan a la parte baja del valle.
