“Preocupa que varios de los hospitales que hemos visitado en regiones no se han terminado y tampoco haya especialistas para que puedan atender en ellos. En Ayacucho, por ejemplo, hay un hermoso hospital que hasta tiene helipuerto, pero no hay especialistas y esto porque faltan incentivos para que los especialistas vayan al interior del país y no se queden únicamente en Lima”, señaló el decano del Colegio Médico del Perú – CMP, Raúl Urquizo Aréstegui.
El representante gremial, quien llegó a Chiclayo para participar de la Reunión Descentralizada del Consejo Nacional del CMP, en la que participaron los 27 decanos de la orden, anotó que la brecha de médicos especialistas es muy alta, habiendo superado los 100 mil.
“Faltan especialistas en el país y eso se debe, en parte, a que el gobierno no ha planteado la reforma sanitaria que como colegio hemos solicitado. La salud no tiene color político, es una necesidad urgente que hay que resolver. Hemos pasado por el covid-19, por la epidemia del dengue y se viene la corriente de El Niño, por lo que consideramos urgente que se pueda resolver estos problemas del sector”, indicó.
Señaló que la solución debe ser coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo, a fin asignar mayor presupuesto al sector Salud, pero además promover la formación de más especialistas.
Urquizo Aréstegui precisó que incluso, las plazas de los 582 médicos fallecidos durante la pandemia por el Covid-19 no han sido cubiertas, lo que evidencia la falta de decisión política para ofrecer condiciones laborales idóneas a los profesionales de salud, permitiéndoles el acceso a plazas con estabilidad para que puedan avanzar en su especialización.
“Son 582 médicos que han fallecido y ninguna de esas plazas ha sido repuesta. Yo he cesado hace cuatro años como médico y mi plaza sigue sin ser repuesta. ¿Qué hacen? Contratan por servicios de terceros a los colegas. El Estado es el mayor estafador laboral, contratando a los colegas médicos por terceros, sin derecho a seguro, sin vacaciones ni beneficios. Médicos que fallecieron en el covid estaban bajo la modalidad de terceros, desamparados, sin tener siquiera la atención del seguro social al no estar en planillas”, remarcó.
Asimismo, precisó que existe renuencia de los médicos de acudir a trabajar en los hospitales del Estado por las malas condiciones que se ofrecen.
“La remuneración es mala y no es posible que haya médicos especialistas ganando dos mil soles al mes, menos que un policía. La brecha de médicos en el Perú asciende a 15 mil en estos momentos, de acuerdo al cálculo que hemos realizado desde el colegio”, comentó.
“No hay nombramiento médico hace varios años, solamente contrataciones CAS, por eso hemos planteado a los actores políticos una alternativa de solución a esta problemática, que pasa por la reforma del sector Salud”, añadió.
SIS
Sobre el Seguro Integral de Salud – SIS, Urquizo Aréstegui precisó que todas las bondades que este tiene están en el papel, pues no se evidencian cuando los pacientes acuden a los centros de atención.
“Cuando un paciente va al hospital no encuentra especialistas, no hay medicinas, no hay equipos, y a final el paciente tiene que buscar todo ello fuera, de manera particular. Esta situación es frustrante”, refirió.
Anotó que si bien hoy el 100 % de gestantes tiene control prenatal y la mortalidad de la madre y el niño ha disminuido de manera considerable, aún falta que se mejores las condiciones de atención.
“Por norma, un médico debe atender por turno a 16 pacientes, pero en lo real el número es mayor o por falta de médicos las citas se tienen que entregar cada dos o tres meses, mientras las enfermedades avanzan. ¿Quién enfrenta ese problema? El personal de salud, que es visto como malo, como indiferente o como que no está”, manifestó.
Precisó que la orden profesional, durante su gestión, ha recibido 91 casos de sanciones contra médicos a nivel nacional, de los cuales 78 ya se han concluido, con dictámenes de sanción o absolución según correspondían.
El Niño
En relación al Fenómeno El Niño, Raúl Urquizo cuestionó la falta de planificación y prevención ante los problemas de salud que éste acarreará.
“Cuando vino el ciclón Yaku se sabía que el problema siguiente sería el dengue y es más, en el norte todos los años hay dengue, pero no se hizo nada. El problema no es del Ministerio de Salud nada más, ¿qué ha hecho el Ministerio de Vivienda, el de Agricultura, del Ambiente, Transportes? No hay trabajo articulado”, señaló el representante de los médicos en el país.
Anotó que, si todos los sectores no actúan y se articulan con los ministerios, gobiernos regionales y locales, los niveles de riesgo y vulnerabilidad de la población seguirán ante el nuevo período de lluvias e inundaciones.
El Fenómeno El Niño está confirmado para el verano 2023-2024, por lo que se estima que el impacto en la salud de la población será mayor al registrado con el ciclón Yaku, con la proliferación del vector transmisor del dengue y las enfermedades diarreicas y de la piel.
Lambayeque
Respecto a Lambayeque, el decano del Colegio Médico – Consejo Regional VIII, Jimmy Agüero Acuña, mencionó que en los distritos altoandinos de Cañaris e Incahuasi se reportan tasas muy altas de desnutrición crónica infantil y anemia.
“Algunos funcionarios señalan que el problema es la falta de personal asistencial o la poca accesibilidad geográfica, así como el deficiente monitoreo y seguimiento. Sin embargo, falta una estrategia que permita definir con claridad las acciones y la eficiencia del programa articulado nutricional, que carece de los recursos económicos, logísticos y de personal necesarios. Falta también coordinación entre los equipos multidisciplinarios”, mencionó.
Añadió que otro de los problemas identificados en Lambayeque es el deficiente saneamiento ambiental, debido a la acumulación de residuos sólidos, el deficiente sistema de recojo y la carencia de rellenos sanitarios para la disposición final.
“Lamentablemente las autoridades regionales y locales no están haciendo las acciones suficientes para controlar este problema que atenta contra la salud de la población”, refirió.
Sobre el dengue, el decano de los médicos en Lambayeque señaló que en la región se contabilizan a la fecha 127 fallecidos. “Lo preocupante es la alta tasa de letalidad, que bordea el 35 %. Esto es que de cada 100 pacientes, 35 fallecen, siendo este el departamento con la más alta tasa de letalidad, seguido de Ica. Piura tiene más casos, pero su tasa de letalidad es menor”, explicó.
Dijo también que otro aspecto en el que hay pocos resultados es en la vacunación de la población ante el Covid-19, pese a la existencia de una nueva variante.
Lambayeque tiene a la fecha tres mil 872 médicos, de los cuales dos mil 294 son médicos cirujanos y mil 578 especialistas.
El Jurado Nacional de Elecciones – JNE, emitió la Resolución N° 0151-2023-JNE, con la cual dispuso la suspensión del médico Pedro Soto Herrera como regidor provincial de Chiclayo, luego que el Poder Judicial notificara la ejecución de la sentencia que pesa en su contra por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de EsSalud.
Mediante el Oficio N.° 00106-2023-SG/JNE, del 12 de enero de 2023, la Secretaría General del JNE solicitó al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que informe sobre la situación jurídica de Soto Herrera, y remita copia certificada de la sentencia impuesta en el marco del proceso penal seguido en su contra por el delito de falsedad genérica.
Ante ello, por medio del Oficio N.º 05118-2019-13-1706-JR-PE-01, recibido el 25 de enero de 2023, el juez del Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo de la CSJL remitió al JNE los siguientes pronunciamientos: Resolución Número Dos (Sentencia Nº 342), del 28 de enero de 2022, con la cual el citado juzgado unipersonal condenó al médico como autor del delito de falsedad genérica, en agravio del Estado; por lo que le impuso dos años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de un año, sujeto a determinadas reglas de conducta; la Resolución Número Trece (Sentencia Nº 163- 2022), del 11 de julio de 2022, con la que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la sentencia de primera instancia, y Resolución Número Catorce, del 15 de agosto de 2022, mediante la cual la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el abogado defensor del regidor, elevando los actuados a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Así, el 6 de febrero el concejo provincial de Chiclayo fue notificado de las sentencias a efectos de que actúe según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, recibiendo los descargos de Soto Herrera el 27 de febrero. En el trámite de la información judicial, el 17 de marzo se realizó una sesión de concejo en la cual se desaprobó la suspensión del regidor.
Tal decisión motivó el recurso de queja formulado por el ciudadano Luis Martínez Cubas en contra del acuerdo municipal, llegando el caso al JNE, que el 17 de julio dispuso la apertura del expedientes de suspensión.
El caso
Junto a Soto Herrera, el Poder Judicial sentenció al también médico José Francisco Santana Villanueva, en este caso como autor del delito de homicidio culposo y falsedad genérica, con una pena de tres años y ocho meses de cárcel, también suspendida en su ejecución. Ambos fueron hallados responsables en el caso de negligencia médica ocurrida en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, por el que murió el niño de iniciales R.G.O.
José Francisco Santana Villanueva como médico pediatra de turno en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en el área de Emergencia, el 26 de setiembre del 2016, a las 9:26 de la mañana atendió al menor R.G.O., de 3 años de edad, y después de la supuesta evaluación que le hizo diagnosticó fiebre no especificada y faringitis, dándole un tratamiento de metamizol intramuscular y un baño con agua fría, receta y medicamentos que debían aplicarse desde su casa, dándole de alta; primera atención que – señala la resolución - fue inadecuada por su ligereza, con inercia y desatención hacia el menor.
Luego, el 28 de setiembre del 2016, es decir, dos días después, el dolor y el sufrimiento del niño se acrecentó, así como los síntomas de fiebre, vómitos, diarrea y tos, por lo que sus padres tuvieron que llevarlo a las 07:23 la mañana al mismo hospital por el servicio de Emergencia, donde fue atendido, en un primer momento, por el médico Percy Richard Chávez Mendoza, siendo que el turno de éste terminaba a las 8:00 horas, quien diagnostica al menor como muy grave y con síntomas de neumonía, para luego informarle al médico que entraba de turno, es decir, José Francisco Santana Villanueva, que tenían como paciente al menor agraviado. Ese día también hubo inadecuada atención e inercia, habiendo omitido actos de su función.
Santana Villanueva, pese a la gravedad del cuadro, se limitó a mantener el diagnóstico del médico Chávez Mendoza y recién a la 1:30 de la tarde solicitó el internamiento del menor en la Unidad de Cuidados Intensivos, pese a que la especialista en nefrología ya había advertido que los riñones y pulmones habían sido comprometidos y que el niño presentaba un cuadro de sepsis severa. Más aún, porque en el Hospital Luis Heysen Incháustegui sí había camas disponibles para su internamiento en UCI.
La inacción del médico precipitó el fallecimiento del niño, ocurrido al día siguiente al presentar dos paros cardiorrespiratorios. A ello se suma que Santana Villanueva no cumplió con el llenado de la historia clínica, falseando además su hora de salida del turno el día 28 de septiembre.
Respecto al médico Pedro José Soto Herrera, según su rol de servicios del día 28 de setiembre de 2016, tenía que estar de servicio de 02:00 a 8:00 de la noche. Sin embargo, de las propias declaraciones de sus colegas y, conforme a la historia clínica, se ha registrado que no asistió a laborar ese día, y su colega José Cacho Oliva fue quien lo reemplazó, pero llegó a las 05:00 de la tarde a cubrir ese turno, por lo que ha infringió el deber de continuidad de servicio o atención cuidadosa, exhaustiva y completa que debe dar todo médico a su paciente, más aún cuando el paciente está en condición crítica como lo estuvo el menor agraviado.
El Ministerio Público informó a la sala que en el libro donde se registra la entrada y salida a prestar el servicio en el hospital el 28 de septiembre del 2016, en el área en donde le correspondía atender, Soto Herrera firmó como si hubiera ingresado a las 14:00 horas y salido a las 20:00 horas de la noche del referido día.
“Falseó la verdad intencionalmente para hacer parecer que hubiera trabajado ese día, sin embargo, no fue así. Por tanto, se acredita con ello el delito de falsedad genérica en agravio del Estado”, señala la sentencia.
Descargos
Ante el JNE, Soto Herrera informó el 8 de septiembre pasado que el caso aún estaba pendiente de resolverse, pues ante la Corte Super se tenía en curso la casación presentada, por lo que la sentencia en su contra no estaba firme, consentida ni ejecutoriada.
“Las sentencias penales no estarían ajustadas a derecho y que se habría incurrido en vicios de nulidad porque no se merituaron convenientemente las pruebas, ergo, los hechos no están probados, transgrediendo los principios de legalidad, in dubio pro reo, presunción de inocencia y debido proceso”, respondió sobre el caso el médico.
Criterios del JNE
Al analizar la situación, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, señala que “para la configuración de la causa de suspensión, materia de análisis, se debe demostrar que en contra de la autoridad edil se dictó una sentencia condenatoria en segunda instancia, por delito doloso con pena privativa de la libertad. Además, su naturaleza no requiere que el concejo dilucide si la decisión de la instancia penal es correcta o no, sino únicamente contar con la documentación proporcionada por el órgano judicial, a fin de verificar si la autoridad cuestionada se encuentra incursa o no en la aludida causa para decidir su suspensión”.
El organismo electoral precisa que no se puede discutir ni desconocer la situación jurídico-penal del regidor, sobre todo, si el propio Poder Judicial ha remitido la sentencia de vista que confirmó su condena, hecho que demuestra que la autoridad edil incurrió en la causa de suspensión prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM.
“Ha quedado evidenciado, de modo indubitable, que cuenta con una sentencia emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad, lo cual, como consecuencia, motiva que debe dejarse sin efecto la credencial que se le otorgó para el ejercicio del cargo en la comuna”, dice la resolución.
En consecuencia, el JNE ha suspendido a Soto Herrera como regidor provincial hasta que se resuelva su situación jurídica y, en su reemplazo, convoca a la profesora María Yris Bustamante Díaz, quien fuera regidora de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz en el período 2019-2022.
Se han cumplido 30 años desde que Ricardo del Castillo y Manuel Tudela adquirieron Tiendas EFE, una empresa nacida en el Grupo Ferreyros. En diciembre del 2012 compró a tiendas Curacao, que era su competidor directo. Además, está conformada por Motocorp, Efectiva, su financiera, y la aplicación Juntoz.
“Lo que estamos creando es un ecosistema financiero retail con una historia muy parecida a lo que significó la pandemia para muchas empresas. Los estudiosos decían que la recuperación se daría recién en diez años. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Por la pandemia estuvimos cerrados 90 días y no difícil imaginarse 240 tiendas a nivel nacional, con casi cinco mil colaboradores, sin poder operar. La planilla nuestra cuesta más o menos 25 millones de soles al mes”, cuenta José Iturriaga Travezan, CEO del Grupo EFE.
¿Cómo enfrentar una situación así? Iturriaga Travezan comenta que el grupo decidió levantar todas sus líneas de crédito y utilizar el capital de trabajo, subsistiendo hasta que finalmente pudieron volver a operar.
“Esto nos obligó a acelerar los cambios y, lo más importante, respondernos para qué teníamos que cambiar. Entendimos que el cliente cambió de un día para otro, que el que iba a comprar a la tienda física empezó a comprar por internet o que el pago ya no era físico. EFE tenía antes de la pandemia varios avances, pero era gracioso porque no los usábamos, entonces llegó el momento de ponerlos a trabajar”, indica.
Nuevo propósito
EFE empezó un proceso de adaptación a sus clientes internos y externos, y se vio obligado a revisar su propósito empresarial.
“La tecnología es un gran facilitador de la transformación, pero esta no cambia las cosas. Las cosas cambian por las personas y la tecnología nos ayuda a ser más eficientes. Con el apoyo de la tecnología redefinimos nuestro propósito, sobre todo porque nuestro trabajo es esforzado. Aplicamos más de tres mil encuestas entre los trabajadores y nos dimos cuenta de algo que no sabíamos: ellos habían cumplido parte de sus sueños personales con nosotros”, revela.
En el proceso también se avanzó en la formación de los colaboradores utilizando los canales tecnológicos. “Estas actividades virtuales tuvieron más impacto que las presenciales, la capacitación fue permanente ya que no había forma de vender por el cierre de tiendas”.
Conocer al cliente
La presencia de EFE está todas las provincias que superan los 50 mil habitantes, una ventaja que le permitió medir cómo iba evolucionando el comportamiento de los clientes hasta llegar a un nivel de acercamiento y afianzamiento de sus operaciones.
“Nunca se vendieron tantas laptops como en la pandemia y llegó un momento en el que nosotros vendíamos el 70 % de las laptops en el Perú. La necesidad de conectividad para más de un miembro de la familia fue para nosotros una oportunidad. Igual pasó con los teléfonos, pues el 70 % de escolares utilizaba un celular”, explica.
La empresa también se dedicó a gestionar la experiencia del cliente, llegando a ser tan relevante la opinión del cliente que hoy el Comité de Auditoría del grupo se encarga de evaluar cuáles son los aspectos de mayor relevancia en relación al consumidor.
“El ecommerce de la empresa saltó de tres millones de soles al mes a ventas por encima de los 70 millones. Eso hizo colapsar nuestro sistema de despacho y encima INDECOPI multó a todos los retail por no haber entregado los productos, cuando el propio Estado se encargaba de prorrogar el estado de emergencia y mantenernos encerrados. Fue algo de otro mundo, pero de todo eso aprendimos. Cambiamos nuestra forma de compra, de venta, de despacho y facturación”, enfatiza.
A través de sus subsidiarias Concesionaria Trasvase Olmos – CTO y H2Olmos, Novonor continúa garantizando un desempeño eficiente en la operación y mantenimiento del Proyecto Olmos, la obra más emblemática construida hasta el momento en Lambayeque y que en el 2022 generó más de 60 mil empleos directos.
Durante el Desayuno Empresarial “Visión Empresarial 2023”, organizado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, el director gerente de las concesionarias, Alfonso Pinillos Moncloa, señaló la puesta en operatividad del Proyecto Olmos representa para Lambayeque la más importante oportunidad de desarrollo de las últimas décadas.
Impacto positivo
De acuerdo al Estudio “Beneficios Económicos y Sociales para el Área de Influencia del Proyecto Trasvase e Irrigación Olmos”, la inversión total en la ejecución y operación del proyecto llega a los tres mil millones de dólares.
“En la ejecución de las obras de trasvase, la inversión fue de 289 millones de dólares, siendo necesario remarcar que aquí hubo inicialmente un cofinanciamiento del Estado Peruano para permitir el inicio de los trabajos a partir del contrato suscrito en el 2004. Luego, en la etapa de irrigación, la inversión ha sido de 211 millones de dólares”, destacó.
A esto se suman los dos mil 505 millones de dólares invertidos por las empresas ubicadas en el Valle Nuevo de Olmos, usuarios que están sujetos al contrato que señala que deben pagar por el agua asignada produzcan o no sus tierras, modalidad que ha hecho posible que a los cinco años de iniciada la fase de irrigación se ponga en producción plena más de 25 mil hectáreas, objetivo que Chavimochic, en la región La Libertad, alcanzó recién a los 30 años de operaciones.
“Lo que nos llena de satisfacción es que el Proyecto Olmos representa el 65 % de las agroexportaciones de la región Lambayeque, que equivalen a 636 millones de dólares en el 2022. Además, el año pasado el proyecto generó 67 mil 500 puestos de trabajo directos y formales en Lambayeque, con un aporte de mil 900 millones de soles en sueldos y salarios”, explicó Pinillos Moncloa.
Por otro lado, mencionó que el proyecto sumó en promedio anual 833 millones de soles al Valor Agregado Bruto - VAB de Lambayeque, que aumentó en 7.8 %, y aportó 700 millones de soles por IGV y más de 150 millones de soles a EsSalud.
“La existencia y funcionamiento del Proyecto Olmos incrementó en promedio en 20.3 % los salarios en la zona de influencia entre el 2012 y el 2021, permitiendo que se reduzca la pobreza en 6 % y la pobreza extrema en 4.2 %”, dijo.
Empresa responsable
Novonor tiene en Lambayeque 225 trabajadores, de los cuales el 83 % son varones y el 17 % mujeres. Es de mencionar que el 21 % de los puestos gerenciales y de jefaturas están ocupados por mujeres y que el grueso de trabajadores tiene entre 26 y 35 años.
La empresa cuenta con los ISO 9001 y 14001, siendo la meta para este año alcanzar la certificación con el ISO 37001.
“Promovemos objetivos de responsabilidad social muy claros, como la reforestación de 60 hectáreas, hemos logrado una tasa de reciclaje de 38.68 %, desarrollado intervenciones educativas, campañas de fin de año y de prevención ante el Fenómeno El Niño”, destaca.
Asimismo, la empresa trabaja en dos propuestas a ejecutar bajo la modalidad de Obras por Impuestos, como son el proyecto de mejoramiento del sistema de riego del Valle Viejo y la intervención en el Instituto Tecnológico de Olmos.
“También trabajamos en una iniciativa de Alianza Público Privada para el recrecimiento de la Presa Limón, que comprende varios componentes como el recrecimiento de la presa actual de 43 a 85 metros; la construcción de la bocatoma definitiva Los Burros, la sobre elevación del Aliviadero de Descarga y la reubicación de la Sala de Control”, informa.
Con esto, se aportaría mil millones de dólares en inversiones adicionales, la producción agrícola en el proyecto crecería 20 % al año y se generaría 20 mil nuevos empleos.
Fernando Carriquiry Daly es el CEO de la Pastelería San Antonio, la empresa que durante la pandemia por el Covid-19 alcanzó connotación nacional a reinventar sus operaciones e incluso incursionando en nuevos rubros para evitar su desaparición y, sobre todo, dejar sin empleo a sus trabajadores. Hoy, la firma factura más de 100 millones de soles al año.
“El propósito de una empresa es muy importante y en nuestro caso, junto a la misión, la visión y los valores nos ayudaron a reaccionar rápidamente durante la pandemia, transformarnos y seguir creciendo en una coyuntura bastante compleja”, señaló durante el Desayuno Empresarial organizado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT.
Comentó que su ingreso en San Antonio se produjo en el 2018 como gerente Comercial. Al siguiente se realizó una reunión estratégica en la que se sentaron las bases sobre el propósito, misión, visión y valores de la empresa. El propósito elegido fue “transformar al mundo a través del servicio”.
“Nosotros asumimos que no importaba el rubro en el que estábamos, pues mientras sigamos dando servicios tenemos que destacar. Esa ventaja competitiva no se puede perder. Una de las decisiones más importantes es que la familia, que son los propietarios de esta empresa que tiene 64 años, dé un paso al costado para poner las riendas en manos de profesionales externos. Cuando todo esto empezó había dos empresas en el grupo: Europan, que era la planta, y la panadería, con seis tiendas”, relata.
Actualmente el grupo cuenta con Central San Antonio, que tiene la parte administrativa y brinda servicios a las empresas del grupo y también de manera externa; Europan, que se convirtió en una unidad de negocio independiente; la Pastelería San Antonio con ocho tiendas; 360 Callcenter; está en proceso de desarrollo de Emilia, una empresa fuera del rubro, y la Escuela San Antonio, que tiene el objetivo de formar a técnicos en panadería, pastelería y chocolatería.
Visión y cambio
“Antes de la pandemia teníamos seis locales, facturábamos 80 millones de soles anuales, teníamos 700 empleados, una fábrica de 800 metros cuadrados y 100 empleados por tienda. Cada tienda era una minifábrica, lo cual no era sostenible en el tiempo. Había un plan para hacer cambios y la pandemia nos ayudó a agilizar esos cambios”, revela.
Remarca que la visión acuñada desde el 2019 es “ser la cadena retail más admirada y querida del Perú”. “No la más grande, no la que más vende, nosotros lo que queremos es ser la más querida, lo demás será una consecuencia de nuestras ventajas competitivas”, señala.
Actualmente, se ubica como la primera empresa en el rubro gastronómico a nivel nacional y dentro de las 27 más importantes del país. “Creemos que hemos cumplido nuestra visión. Los dueños ya no están en la parte gerencial, pero todas las semanas participan de los comités y nos ayudan a mejorar”, afirma.
Crisis y trabajadores
Carriquiry Daly comenta que el principal activo de San Antonio son sus trabajadores y, en consecuencia, fueron la prioridad cuando inició la crisis por la pandemia del Covid-19. Esa filosofía se sustenta en la lógica de que la gente es la que hace el servicio y el servicio es el que atrae al cliente. “Cualquiera puede vender butifarras, pero nadie como San Antonio”, remarca.
“Uno de nuestros pilares es cuidar a nuestra gente y eso nos permitió continuar. Hay cosas que no se saben, pero en un momento de la pandemia la empresa nos pidió a todos reducirnos el salario y todos lo hicimos, porque la empresa nos cuidó de abril a septiembre del 2020 con el mismo sueldo, estando todas las tiendas cerradas. Los accionistas pusieron plata de su bolsillo para poner dinero a pérdida y no dejar sin sustento a los trabajadores”, cuenta.
Refiere que la empresa podía mantener sus locales abiertos al ofrecer productos de primera necesidad. Sin embargo, los directivos fueron conscientes que no estaban listos para enfrentar la situación de crisis y cuidar tanto al personal como a los clientes.
“Repartimos toda la comida ese día. Nuestro gerente general de ese momento publicó un post muy simple, muy espontáneo, en el que anunciaba el cierre de nuestras actividades y que ningún trabajador sería despedido. ¿Por qué? Porque teníamos claro que la ventaja competitiva eran los trabajadores”, señaló.
La empresa aplicó mecanismos de comunicación apoyada en redes sociales, implementó la bodega desde abril del 2020, comprando todos los productos que tenían supermercados como Wong, a excepción de congelados y carnes. Se donaron cinco toneladas de insumos de panadería y los trabajadores empezaron a retornar, pero con nuevas funciones: los mozos pasaron al delivery, por ejemplo.
En el 2021, San Antonio abrió tres tiendas más, pasó la facturación de 120 millones de soles, 850 empleados y la fábrica con dos mil metros cuadrados.
Invitado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el director de Estudios de DATUM Internacional, Víctor Yrala Bustamante, explicó que el consumo está influenciado por muchos factores, principalmente por las decisiones de las personas, que giran en torno a diferentes circunstancias, momentos y el estado en el que se encuentran.
“La Asociación Peruana de Investigación de Mercados estudia cada cierto tiempo cómo está el comportamiento de la población para construir o delimitar los niveles socioeconómicos. En el Perú tenemos cuatro grandes niveles: A, B, C y E. Lo que nos dice la estadística es que los niveles A y B han mostrado en los últimos años una ligera caída, mientras el nivel socioeconómico C y E ha mostrado una ligera curva con tendencia hacia arriba”, explicó.
Ello implica que la capacidad adquisitiva en los niveles A y B ha disminuido. “Es muy probable que con estos indicadores se evidencie que algunos niveles de pobreza se están incrementando. Si se compara estos resultados a nivel país con Lambayeque, tenemos que el 77 % de la población se ubica en el nivel E, lo que significa que el principal bolsón de consumo está entre los sectores C y E, por lo que los bienes o servicios a ofrecer no pueden ser muy costosos”, detalló Yrala Bustamante.
Conectividad
Precisó que el acceso a la Internet y las acciones por medios digitales seguirán siendo determinantes para los negocios en el futuro más próximo.
Según indicó, en el 97 % de hogares peruanos hay al menos un equipo celular, en tanto más del 50 % tiene acceso a Internet. Asimismo, el 40 % de personas tiene acceso a una computadora.
“Cuando hablamos de personas, el acceso a Internet llega al 95 % en sus celulares, quiere decir que prácticamente todos tienen Internet. Quiere decir los empresarios tienen que encontrar formas de que las cifras de compra y venta por canales digitales se incrementen”, mencionó.
Empero, señaló que el uso de monederos digitales aún es insipiente en relación al tamaño del mercado nacional. Por otro lado, solo el 50 % de las personas tiene posesión de productos financieros.
“Esto es importantísimo, porque los empresarios pueden recurrir a la virtualidad para hacer crecer esta cifra. Tenemos que encontrar manera de acortar esta brecha que existe entre la virtualidad y las personas, a fin de facilitar no solo una serie de acciones, sino también el consumo que estas tienen”, indicó.
Gastos por hogar
Yrala Bustamante comentó que es importante tener en cuenta cómo se distribuye el gasto en los hogares peruanos.
Señaló, por ejemplo, que en los niveles A y B, el gasto en alimentación corresponde aproximadamente a un tercio de todos los ingresos del hogar, mientras que en los niveles más bajos C o E, el gasto en alimentación significa alrededor del 50 %.
“Las personas dedican gran parte de los ingresos a la alimentación, que es lo básico. Sin embargo, es necesario resaltar que comunicación es uno de los seis principales gastos del hogar. Después de alimentación está salud, vivienda y comunicación, que implica el uso de internet, celular, plataformas de streaming y otros”, explicó.
Falta de liderazgo
El especialista de DATUM indicó que otro aspecto a considerar es cómo se siente la población.
Estudios recientes aplicados en el Perú informan que existe una sensación de falta de liderazgo a nivel social y político.
“La estadística nos muestra claramente que las autoridades y las entidades de gobierno no cuentan con la confianza de la población y eso es grave, porque se trata de quienes toman decisiones en el país. Salvo la percepción de las iglesias, en general, la ciudadanía cree que los liderazgos en las entidades públicas son débiles y deficientes”, anotó.
Dijo también que en la ciudadanía existe una tendencia a la preocupación por temor a perder el empleo.
“Alrededor del 60 % de la población sí cree que puede perder el empleo y eso evidencia ciertas dificultades en el mercado laboral, que es lo que genera ese temor. En la zona norte la situación es muy similar al promedio nacional”, enfatizó.
La gerencia general a cargo del CPC Walter Culqui Carrera y el Directorio presidido por Carlos Andrade Villar e integrado por Elvis, Edwin y Octavio Oviedo Picchotito, así como Humberto Vílchez Gutierrez, demuestran organización y cumplimiento de metas en la única azucarera lambayecana que trabaja en paz social y producción sostenida.
Continuando con el cumplimiento del cronograma de pagos a quienes dieron gran parte de su vida para la empresa, este mes de setiembre se desembolsó cerca de un millón de soles por adeudos laborales a los jubilados, viudas y herederos de Pomalca y anexos.
Gracias a la unidad de los trabajadores y constante diálogo con los representantes del sindicato de jubilados, es que se hace posible que cada mes se cumpla con este compromiso que se realiza de manera descentralizada en las ventanillas de pagaduría de las oficinas administrativas de Pomalca y de los anexos de Saltur y Pampagrande.
Asimismo, aparte de recibir su pago que fluctúa entre 500 a 800 soles mensuales, se les hizo entrega de una bolsa de azúcar de 5 kilos totalmente gratis, con el objetivo de aportar en la canasta básica de cada uno de los jubilados de la empresa azucarera.
Desde el 2005 a la fecha ya se ha pagado el monto de 233 millones de soles por esta deuda laboral, generada desde la época cooperativa y anteriores gestiones al ingreso del Grupo Oviedo como principal accionista en octubre del 2004.
Con estabilidad y paz laboral, la Azucarera Pomalca asume no solo este compromiso con sus jubilados de Pomalca y de los anexos de Saltur, Sipán, Pacherrez, Pampagrande y el Palmo, sino que además de otros beneficios en favor de sus más de 2 mil trabajadores.
Jubilados pomalqueños manifestaron a Expresión, que es destacable el trabajo de los ejecutivos de la azucarera y el gran respaldo del grupo Oviedo que le dan sostenibilidad a la marcha de la empresa. “A pesar de la crisis que vive el país, la azucarera Pomalca, donde dimos años de nuestra vida, se mantiene como ejemplo de empresa solvente, organizada y que cumple con sus compromisos a todo nivel. Hoy nos hemos convertido en un ejemplo de empresa azucarera, nadie ha podido desarticular todo lo que en 19 años con esfuerzo se ha logrado, por lo que corresponde a la masa laboral activa a cuidar los avances, en campo y fábrica y por supuesto a cuidar de la unión entre todos”.
La voz de los jubilados
Honorio Yarlaqué Gonzáles DNI 16405185
“Los jubilados estamos agradecidos con nuestros directivos de la Empresa Pomalca que puntualmente cumplen con nuestros pagos, porque permite con ello realizar diversas acciones para nuestro beneficio familiar, deseo que nuestra empresa azucarera siga por el camino de éxito y ejemplo de trabajo”.
