Marleny Mesta y Kilder Fuentes son dos exitosos peruanos emprendedores, quienes hace décadas residen en los Estados Unidos y vuelcan toda su experiencia acumulada en el logro del hermanamiento entre los gobiernos locales del Perú y Estados Unidos, a fin de que ambos consigan beneficios a nivel técnico, académico e institucional.
En su reciente visita a Lambayeque, realizaron una conferencia en el auditorio del Museo Tumbas Reales de Sipán, donde capacitaron a funcionarios y alcaldes de las 38 municipalidades de Lambayeque, así como del gobierno regional, para articular apoyo en maquinaria, enseres, productos para mejorar atención en el sector salud y el interés especial de hermanar a Chiclayo con Chicago, tierra donde nació Robert Prevost, el papa León XIV.
“Sería excelente lograr un hermanamiento entre Chiclayo y Chicago, hay mucha compatibilidad entre estas dos ciudades. Esperamos tener la apertura de la alcaldesa de Chiclayo para lograr esto. También tuvimos una reunión con el gobernador Jorge Pérez Flores a quien le expresamos lo importante que sería tener un hermanamiento entre el gobierno regional y el estado de Illinois, que es el símil con la región”, señala Marleny Mesta.
La profesional lambayecana destaca que los hermanamientos no son nuevos, sino que se aplican hace años, pero requieren de la iniciativa de las autoridades políticas.
“El hermanamiento permite a funcionarios y especialistas de ambos países visitar y conocer experiencias exitosas del otro. Se pueden realizar campañas conjuntas para promocionar el turismo en ambas regiones, involucrando a prestadores de servicios turísticos y autoridades locales”, sostiene Marleny Mesta.
En tanto, Kilder Fuentes refiere que también se puede alcanzar intercambio de información empresarial. Por ejemplo, se pueden crear canales de comunicación entre cámaras de comercio y organismos empresariales para impulsar el comercio exterior.
“Queremos dar a conocer los mecanismos para que las instituciones puedan directamente acceder a estos trámites. No buscamos hacer negocios ni lucrar de ninguna manera, solo buscamos informar para que esta experiencia se concrete. Hay mucho interés en el lado norteamericano, pero a veces la demora está en el lado peruano”, apunta.
¿Quiénes son?
Marleny Mesta es una ciudadana lambayecana que realizó sus estudios secundarios en el colegio Sara Bullón y los superiores en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de donde se graduó de contadora. Posteriormente, se graduaría también como auditora independiente certificada del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
Ya en Estados Unidos, el Centro de Estudios del departamento de Boston certificó sus estudios otorgándole un ‘Bachelor Degree en Accounting’.
Ella es propietaria de Vargas & Mesta Vargas Accounting Services LLC y presidenta del ‘Peruvian American Coalition of CT’, donde se educa a peruanos que involucran en la política americana.
Es presidenta de la organización ‘Perú Usa Scholarship, Inc.’, mediante la cual llevan ayuda social al Perú; y además es cofundadora de la organización ‘Pex Distrito 27’, en Estados Unidos, que busca soluciones a la problemática de los peruanos en el exterior.
Por su parte, Klinder Fuentes es un reconocido activista cusqueño que lucha desde hace treinta años por los derechos fundamentales de los inmigrantes indocumentados y la comunidad hispana en Estados Unidos.
Es consultor de empresas con bachilleratos, maestrías y especializaciones en Estados Unidos. Se ha especializado en cooperación técnica internacional, microfinanzas, extrema pobreza, marketing internacional, comercio internacional, estrategia electoral y marketing político.
Se ha desempeñado como consultor en proyectos para el Banco Interamericano de desarrollo - BID, el Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos - USAID, la Agencia de Cooperación Canadiense – CIDA, el Ministerio de las PYMES Norteamericano - US SBA, y Walt Disney World en Florida.
Enfrentados. El Proyecto Especial Jequetepeque Zaña y la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Regulado Jequetepeque mantienen una vieja disputa por el control de la infraestructura hidráulica mayor de riego y drenaje Jequetepeque – Zaña, pues mientras la primera tiene el título habilitante indeterminado para la operación y mantenimiento del mismo, la segunda retiene el control del sistema, ocasionando un severo perjuicio al Estado.
El Proyecto Especial Jequetepeque Zaña – Pejeza, fue creado con el Decreto Supremo n.° 420-77-AG, del 26 de octubre de 1977, con la finalidad de contribuir con el desarrollo agrario de manera competitiva, sostenible e inclusiva, para elevar el nivel de vida y el proceso de desarrollo en su ámbito de intervención, así como el aprovechamiento de los recursos hídricos.
Una de sus funciones generales es realizar la operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor Clase A del valle Jequetepeque, conforme al artículo 5 del Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado con Resolución Ministerial n.° 0030-2020-MINAGRI, del 27 de enero del 2020.
El 29 de marzo del 2022, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, emitió la Resolución Jefatural N° 094-2022-ANA, a través de la cual declaró la vigencia indeterminada del título habilitante de Operador de infraestructura Hidráulica del Sector Hidráulico Mayor Jequetepeque - Clase A a favor del Pejeza, condición que le había sido otorgada en febrero del 2017 con la Resolución Jefatural N° 045-2017-ANA.
Convenio y deuda
Siendo así y teniendo todas las potestades sobre el sistema, el Pejeza suscribió un Convenio para la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y Drenaje del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña con la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Regulado Jequetepeque, por un periodo de cinco años, con vigencia desde el 1 agosto del 2015 hasta el 31 de julio del año 2020.
Sin embargo, el convenio tuvo que ser resuelto debido a los incumplimientos reiterados de la junta de usuarios a las obligaciones a las que estaba sujeta, conforme se desprende de la Carta Notarial n.° 029-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE, notificada el 27 de octubre del 2018.
Es decir, en la actualidad no existe ningún documento contractual para que la junta realice labores de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor. Sin embargo, pese a los requerimientos reiterados del Pejeza, la junta se mantiene renuente a la entrega formal de la infraestructura hidráulico mayor. Además, recauda la Tarifa Mayor (TUIHMA) de usuarios del valle viejo regulado y no transfiere al Pejeza los montos exigidos, con lo que se materializaría la retención ilegal de dichos recursos públicos, generando una deuda que se acrecienta continuamente.
Ante esta situación, el 4 de abril de este año, se conoció del Informe Técnico n.° 001-2025-MIDAGRI-PEJEZA/DE, formulado por la Unidad de Operación y Mantenimiento del Pejeza, a través del cual se indica que la deuda actualizada de la junta, por concepto de incumplimiento de obligaciones, asciende a 40 millones 226 mil 45.58 soles, por lo acumulado entre enero del 2017 y marzo de este año.
Acciones
A fin de cautelar los intereses del Estado, el Pejeza ejecutó el fondo de garantía por el importe de S/445 mil, resultantes de la ejecución de la Carta Fianza por falta de renovación, fondos para la infraestructura hidráulica mayor según como lo establecía el numeral 10.1.3 del convenio.
Desde el año 2019 el proyecto realiza la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor, cuenta con personal de campo y profesional que realiza todas las actividades de acuerdo al Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, así como a los manuales técnicos en todas las estructuras hidráulicas que conforman la RJ n.° 045-2017-ANA.
Empero, en el 2023 la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque Clase A, firmó un acta de compromiso para la entrega formal de la infraestructura hidráulica mayor al Pejeza, acervo documentario, manuales técnicos, bienes cedidos en uso entre otros; acuerdo que incumplió de manera unilateral.
Aun así, el Pejeza asume anualmente los costos del servicio de la Poliza de Seguros de Obras Civiles Terminadas que conforman toda la infraestructura hidráulica mayor, cuyo costo en el 2024 superó los siete millones de soles.
Del mismo modo, es obligación del Pejeza atender el compromiso contractual que mantiene con la Empresa Agrícola Cerro Prieto S.A., para el suministro del recurso hídrico a través del Canal Talambo Zaña, Toma TP-6 de acuerdo al contrato ley suscrito.
Denuncias
Esta situación ha motivado a que la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego inicie las acciones legales correspondientes a fin de exigir que la junta cumpla con los compromisos en función del convenio señalado.
Uno de los procesos se sigue con el Expediente 00126-2024-0-1614-JR-CI-01, abierto contra la junta de usuarios por obligación de dar suma de dinero, con la pretensión ascendente a 23 millones 172 mil 920.21 soles, correspondientes al período octubre de 2019 hasta setiembre de 2022. El caso se encuentra en etapa de admisión de demanda.
Otro expediente es el 00233-2021-0-1614-JR-CI-01, también por obligación de dar suma de dinero, por el monto ascendente a un millón 352 mil 544.18 soles, por el período enero de 2017 a agosto del 2018, caso que se encuentra en saneamiento procesal.
Consecuencias negativas
El Pejeza denuncia que en el tiempo en el que la junta ha mantenido la operación y mantenimiento de la infraestructura, he permitido el posicionamiento de invasores en las áreas adyacentes al canal Talambo, habiéndose inventariado hasta 409 bombas de informales en ambas márgenes del canal, que ocupan un área de 3000 hectáreas, aproximadamente.
Estimaciones arrojan que los informales sustraerían en forma ilegal con bombeo un caudal promedio diario de 1.2 m3/s, con un volumen anual de 37.84 Hm3, que implica el monto anual aproximado de S/3 millones 197 mil 840 en agravio del estado.
A ello se suma que la junta no atendió los requerimientos de Agrícola Cerro Prieto S.A., dando lugar a afectaciones de sus cultivos en el año 2019 (fines del año 2018 y meses de enero y febrero 2019), provocando que este usuario gane la demanda arbitral por 3 millones 800 mil dólares americanos al Estado Peruano, con base en sus derechos de un contrato ley que beneficia a este usuario por la pérdida de 200 hectáreas de cultivo de espárrago.
Asimismo, se presenta deterioro de la infraestructura física del canal de derivación revestido Talambo Zaña por la instalación de motobombas y casetas de bombeo en la berma de la margen derecha, provocando socavaciones, roturas de losas y contaminación del agua por vertimientos de aceites y lubricantes en las aguas que transporta el canal. También deterioro de la infraestructura física de los canales revestidos laterales de la margen izquierda del canal Talambo Zaña (Lateral revestido TP 2’) en los cuales existen roturas de losas del talud del canal para instalación de puntos de bombeo de uso ilegal.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, ha iniciado una investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en perjuicio del Estado, representado por la Casa Comunal de la Juventud. La denuncia, presentada por una persona particular, invoca una serie de afirmaciones que no se ajustarían a la verdad, pues tanto el terreno, como la infraestructura y los bienes de la mencionada entidad son de carácter privado.
La fiscal Karim Ninaquispe Gil, a cargo del caso, ha fijado como plazo para las diligencias correspondientes 240 días, otorgando a la Policía Nacional del Perú 90 días para la realización de acciones como la toma de declaraciones y la recopilación de documentos tanto en la Municipalidad Provincial de Chiclayo como en la Casa Comunal de la Juventud.
Historia
Los orígenes de la Casa Comunal de la Juventud se remontan al proyecto concebido, tras una estadía en Alemania, por el educador lambayecano Guillermo Baca Aguinaga, quien en 1964, dada su condición de diputado, planteó al presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, la implementación de casas para promover el liderazgo en los jóvenes a nivel nacional.
Dada la estrechez económica del país, no fue sino hasta 1967 que el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley sustentado por Baca Aguinaga, que para entonces había ajustado su idea y la convirtió en proyecto piloto para Lambayeque. Así se emitió la Ley n.° 16736, del 30 de noviembre de 1967.
La norma señaló en su artículo segundo que se declare de necesidad y utilidad la dotación de un local propio para la casa, en tanto en el artículo tercero se autorizó al Consejo Provincial de Chiclayo para destinar a la casa el inmueble que había pertenecido al Ferrocarril y Muelle de Eten. Además, en el artículo siguiente se autorizó la “expropiación de los inmuebles que se encuentren ubicados en la manzana comprendida entre la avenida Salaverry, la calle Leonardo Ortiz, la calle Manuel María Ízaga y la calle Larco Herrera (hoy avenida Grau), para destinarlos a la edificación de la Casa de la Juventud de Chiclayo”.
El terreno señalado es en el que hoy se erige el Centro Cívico de Chiclayo (Sunat, Banco de la Nación, Poder Judicial, Ministerio Público y Biblioteca Municipal), área a la que se le fue asignado un nuevo uso tras el golpe militar de 1968 y la llegada a la alcaldía de la ciudad de Gerardo Pastor Boggiano. La ley de 1967 fue derogada y los fondos asignados, que estaban en una cuenta intangible, revertidos al erario nacional.
En 1983 asume la alcaldía de Chiclayo Guillermo Baca Aguinaga, planteando ante el concejo municipal retomar el proyecto de la casa. Para ello, en 1985 el propio alcalde sustentó sobre la importancia de la obra, siendo aprobada por unanimidad por los 20 concejales: 12 apristas, 4 de accionpopulistas y 4 de izquierda.
El acuerdo fue la restitución del área a nombre de la casa, asignándole la manzana contigua al Centro Cívico, transferencia que se hizo a título gratuito. Nunca se aprobó una cesión en uso o un convenio a plazo determinado.
La propiedad
La inscripción en registros públicos del predio fue hecha directamente a nombre de la Casa Comunal de Juventud, otorgándole el carácter privado que desde el principio ha mantenido la entidad.
En 1987 se finiquita el saneamiento físico legal del predio y empiezan la construcción del primer ambiente, en función del proyecto que se gestionó ante la Cooperación de Desarrollo de Lambayeque – Cordelam, donde Baca Aguinaga fue presidente. La primera obra fue del salón comedor, que empezó a funcionar el 23 de septiembre de ese año.
Ese año, a iniciativa de Baca Aguinaga, se conformó el Consejo de la Casa Comunal de la Juventud, en la que, pese a ser una institución de carácter privado, se convocó para su conformación a 8 instituciones públicas y 6 privadas, resaltando entre ellas el municipio provincial de Chiclayo, la Cordelam, el Rotary Club, el Club de Leones y el Grupo Scout. Dicho consejo nombró a Guillermo Baca como presidente de la casa, inscribiéndose de manera oficial en registros públicos, cargo que ejerció desde ese año hasta el 2015, en que falleció.
El propio Baca Aguinaga hipotecó su vivienda, ubicada en la urbanización Magisterial, para financiar la construcción de la piscina de la casa comunal, una de las tantas acciones que se realizaron por autogestión, pues la institución no recibe subvención pública y cumple con el pago de impuestos, como cualquier otra entidad privada.
Defensa de la institución
“Quienes hemos visto cómo se gestó la casa y hemos acompañado al doctor Baca en todos sus esfuerzos para concretar su obra, no concebimos cómo es que ahora pueden aparecer personajes sin mérito conocido para decir que la casa le pertenece a la municipalidad o al gobierno regional. No les satisface haber ido a Sunarp y encontrar que en ningún documento existe inscripción a nombre del municipio, sino directamente de la casa comunal. En su afán de generar confusión y caos, como es su costumbre, no han tenido reparos en juntarse con personajes cuya catadura moral es bastante conocida en Lambayeque”, señala Guillermo Pérez Sialer, actual conductor de la institución.
Pérez Sialer informa que toda la documentación está en regla y que se dará cumplimiento al requerimiento realizado por el Ministerio Público.
“Nosotros no tenemos nada que esconder, pues pese a ser una entidad privada, la casa comunal no es una organización con fines de lucro, subsiste de sus propias actividades y del alquiler de sus ambientes construidos con recursos propios. Se equivocan quienes creen que pueden destruir la más importante obra de servicio a la comunidad que se ha edificado en Chiclayo, obra del maestro Guillermo Baca y que tenemos el valor moral de conservar y proteger”, afirma.
“La crítica a veces se da por desconocimiento o por mala fe. Hay quienes conocen, pero machacan para tratar de confundir. Nosotros hemos hecho los esfuerzos por explicar cuál es la situación legal de esta institución, pero con una actitud educativa, no de agravio ni confrontación. Es necesario que más personas sepan cuál es el aporte que desde aquí se hace a la comunidad y lo defiendan. Además, hay algo que señalan los estatutos y la población debe saber: la casa comunal nunca tendrá un dueño en particular. Los estatutos dicen que cuando ésta deje de funcionar bajo el espíritu por el que fue creada; es decir, el servicio, pasará a depender a una institución que tenga la finalidad de servicio y trabajar en bien de la comunidad”, asevera.
La renovación de los emisores principales del sistema de alcantarillado es uno de los proyectos que más impacto tendrá en la calidad de vida de la población. Los antecedentes de la obra se remontan al 2014, cuando se iniciaron los trabajos que quedarían paralizados en noviembre del 2016 debido a inconsistencias en el expediente técnico elaborado por un equipo de ingenieros contratados por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel. Nueva años después la culminación del proyecto será realidad, debido a que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, ya suscribió el contrato de ejecución con el Consorcio Agua Mass.
El 28 de mayo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, perteneciente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, celebró el Contrato 0.32-2025-Vivienda-VMCS-PNSU, del proceso de Contratación Directa n.° 004-2025-Vivienda/PNSU-1, para la ejecución de la obra que incluye el diseño y construcción, con estudio básico de ingeniería, bajo la modalidad llave en mano, del proyecto: “Reparación del colector primario, en el emisor Norte Norte, emisor Sur y emisor General del distrito de Chiclayo”, con Código Único de Inversión n.° 2678483.
El contrato fue suscrito con el Consorcio Agua Mass, representado Elías Campos Bautista, empresa que el 12 de mayo pasado recibió la adjudicación de la buena pro por parte del comité de selección.
La intervención del consorcio en la obra de los emisores principales de Chiclayo demandará una inversión ascendente a 65 millones 525 mil 692.92 soles, monto que cubrirá la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del contrato.
Expediente técnico
Como se ha explicado, al tratarse de un contrato “llave en mano”, el consorcio se encargará de la formulación del expediente de obra y la ejecución de la misma.
Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el contrato, el PNSU pagará por la elaboración del expediente en dos armadas. La primera, equivalente al 65 % del valor ofertado en el ítem de elaboración del expediente técnico, previa conformidad del Informe n.° 01 emitida por el responsable de la Subunidad de Estudios 1 de la Unidad de Proyectos del PSNU, y el segundo pago equivalente al 35 %, tras la aprobación del segundo informe.
El cronograma establecido señala que el primer informe debe entregarse en un plazo de 60 días calendarios, contabilizados a partir del cumplimiento de las condiciones establecidas en la contratación. Luego, el supervisor tendrá 10 días para formular observaciones, 10 días más para el levantamiento de las mismas y otros cinco días para la revisión. Para la formulación del segundo informe, el contratista cuenta con 30 días calendarios.
Ejecución de la obra
El documento contractual señala que a los 90 días otorgados al consorcio para la elaboración del expediente técnico, se sumarán los 360 días calendarios establecidos para la ejecución de los trabajos.
El sistema de alcantarillado es del tipo separativo. Los colectores principales se han instalado a profundidades variables de 4 a 6.50 metros de profundidad. La red colectora se caracteriza por haberse ejecutado con pendientes bajas debido a la topografía de la ciudad de Chiclayo, con el objeto de minimizar el empleo de estaciones de bombeo de aguas servidas.
La cuenca colectora actual de Chiclayo tiene una extensión de 4.267.91 hectáreas y está conformada por 3 áreas definidas: cuenca colectora Norte Norte, cuenca colectora Norte-Centro y cuenca colectora Sur.
La cuenca colectora Norte Norte tiene un área de contribución de 1,288.80 hectáreas y evacúa las aguas residuales hacia el denominado emisor Norte Norte, que se inicia en intersección de las avenidas Venezuela con Nicaragua, en el distrito de José L. Ortiz.
La cuenca colectora Norte (y/o Centro) tiene un área de contribución de 634.51 hectáreas y evacúa las aguas residuales hacia el denominado emisor Norte-centro, que se inicia en la intersección de la calle Piura con Salaverry, Chiclayo.
En tanto, la cuenca colectora Sur tiene un área de contribución de 2.344.60 hectáreas y evacúa las aguas servidas a través del emisor Sur, que se inicia en la intersección de la avenida Los Incas con la calle Las Ñustas, en La Victoria.
Se ha planteado superar las interferencias existentes consistentes en las liberaciones de los terrenos de terceros por donde cruzarán los emisores principales, los que ya se encuentran identificados, en los cuales en algunos casos se está planteando el cambio de trazo del emisor. Asimismo, verificar el diseño hidráulico de los tramos que tengan problemas con respecto a las redes de colectores existentes de las aguas residuales que tienen que garantizar su descarga al Emisor Norte-Norte entre el Buzón Bz35 al Bz0.
Como se ha indicado, la mayor parte de ejecución está ubicada en el caso urbano de la ciudad de Chiclayo, en donde la ejecución para la instalación de la tubería GRP será más complicada por las limitaciones de espacio para ejecutar la excavación de zanja como son: la existencia de viviendas, red colectores de desagüe existentes que tienen que empalmar y descargar a los emisores principales que se construyen, red de agua; red de telefonía; tráfico peatonal, tráfico vehicular; cruces de las carreteras, etc.
El cumplimiento del cronograma de ejecución de obra es muy importante, pues no debe haber demora en la instalación de la tubería GRP y demás trabajos; cuyos tiempos no deben ser mayores para evitar los posibles riesgos de asentamiento diferencial de las estructuras (viviendas) existentes y cercanas a la excavación de zanjas para el tendido de la tubería GRP y sus pruebas hidráulicas; casos en la que la seguridad y el medio ambiente son muy importantes. La planificación del programa de los trabajos en estos sectores, debe ser claros y precisos, antes de dar la orden de iniciar la ejecución de la obra.
El 22 de febrero de este año, por distintos vicios e irregularidades, el Consejo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú declaró como nulo todo lo actuado por el Consejo Electoral Nacional de la orden profesional, encargado de realizar las elecciones para elegir al decano (a) que lideraría las riendas del colegio para el período 2025-2028 y con ello también a los decanos regionales. En virtud de esto, a través de la Resolución de Consejo Nacional n.° 007-2025-CN/COP, del 15 de marzo de este año, se aprobó la prórroga del mandato, con continuidad administrativa y de gestión, de la directiva nacional y los consejos regionales.
Así, el 1 de abril de este año la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, Mimi Lily Rojas Silva, emitió una credencial en favor de Bessy Stany Urcia Segura, donde se reconoce la ampliación de su mandato en el Consejo Regional XI Lambayeque para el período correspondiente hasta el 31 de octubre de este año.
Prevaleció la institucionalidad
Sin embargo, la obstetra Rosa Begazo Norabuena, quien resultó electa para asumir el decanato en el Consejo Regional XI Lambayeque en las elecciones espurias, anunció en los últimos días una ceremonia de juramentación para el miércoles 18 de junio en la sede del Colegio de Ingenieros de Lambayeque.
Ante esta situación, la decana vigente Bessy Urcia solicitó al decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Pedro Reyes Tassara, mediante el Oficio n.° 045-2025-XI-CRL-COP, que dejase sin efecto la autorización de la orden profesional para ceder sus instalaciones y que la supuesta decana regional, no reconocida por el Consejo Directivo Nacional, realice la ceremonia de juramentación de su directiva.
En virtud de esa carta, el 18 de junio, el administrador del Consejo Departamental Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú, Diego Odiaga Shimotakehara, envió la Carta n.° 01-2025-CIP-CD-LAMB-A, a través de la cual se dejó sin efecto el uso del auditorio de la sede institucional para la pretendida juramentación.
“Me enteré extraoficialmente que (Rosa Begazo) intentaba juramentar a su consejo, pero esto no tenía validez ni asidero. Debemos respetar las normas y actuar de forma legal, ser responsables con la institucionalidad de nuestro colegio al que le merecemos respeto. Tenemos reglamento, estatuto, y en el artículo 158 de nuestro estatuto dice que se pueden dar estas prórrogas de los consejos regionales. Eso ella lo conoce perfectamente, pero ha tomado otro camino y está tratando de confundir a las colegiadas y la población”, sostiene.
La decana Bessy Urcia señala que Rosa Begazo fue incluso la vicedecana de su consejo regional, por lo que conoce perfectamente de las resoluciones emitidas por el consejo nacional. Tal es así que el consejo en pleno decidió acatar lo dispuesto por la instancia nacional, pero alrededor del mes de mayo la obstetra Begazo cambió de opinión y decidió retirarse del consejo actual.
“Sé que es un grupo pequeño, que no son todas, que se han valido de un grupo de WhatsApp para mal informar a las colegas, todo esto ligado con la supuesta decana nacional que tampoco ha prestado juramento. Ella quiso ingresar a las instalaciones de nuestra sede en Lima y tomarla por la fuerza, cosa que nosotros no vimos de buena manera. Se debe seguir el curso regular que es convocar a elecciones, proclamar a la ganadora y esperar a que la decana saliente, dentro de los plazos, tome juramento a la decana entrante”, refiere.
Gestión
De otro lado, Bessy Urcia destaca que durante su gestión se logró la construcción del tercer piso del local institucional del Consejo Regional XI del Colegio de Obstetras, donde se implementó el Centro de Desarrollo de Competencias Profesionales, espacio en el que se evalúa a las obstetras que egresan de las universidades para que puedan entrar al campo laboral.
“Esto era algo que antes no se podía hacer porque no se contaba con ambientes. Se trataba de hacerlo en el auditorio, pero no era lo mismo. Iniciando esta gestión compramos simuladores prenatales, de parto y de planificación familiar para que las colegas puedan dar sus evaluaciones y de paso practicar, aprender”, señala.
Añade que también se han firmado convenios educativos con diferentes universidades e institutos para reforzar la capacitación de las colegiadas. De igual forma, se han firmado convenios con restaurantes y hoteles, de modo que las profesionales obstetras que residen en otra localidad tengan importantes descuentos cuando lleguen a Chiclayo.
A ello se suma que se ha promocionado la entrega de bonos, los mismos que fueron implementados en el 2012, pero que no habían sido lo suficientemente difundidos. Estos bonos se otorgan por tres causales: enfermedad, fallecimiento y al cumplir 65 años.
“Las gestiones pasadas no han promocionado mucho este derecho que tienen todas las obstetras. El monto del bono depende del tiempo de aportación. Puede ser de S/ 1500, S/ 1800, S/ 2000 y hasta S/ 3000. En el caso del bono por enfermedad se entrega cuando se trata de afecciones graves o crónicas, siempre que sean sustentadas. Hay colegas que han llegado con cáncer de colon, mama, útero, estómago y se les ha gestionado y entregado su bono”
Precisa que en el primer año de gestión entregaron cuatro bonos, en el segundo fueron cinco y este año ya van tres.
“Incluso el primer año hicimos una excepción por el fallecimiento de un colega que no tenía pareja ni hijos, pero vivía con su hermana. Hicimos una reunión como consejo directivo y acordamos una excepción para darle el bono a la hermana que vivió con él. También le entregamos bono a una colega que falleció posparto en el Almanzor Aguinaga y dos colegas más por enfermedad”, señala.
Resalta también que durante su gestión se han institucionalizado los reconocimientos a las colegas que cumplen 25 años y 50 años en el ejercicio profesional. Actualmente ya se han hecho tres reconocimientos por 25 años y uno por 50.
Futuro
La decana apunta que la próxima gestión, que entrará a partir de octubre próximo, una vez realizadas las nuevas elecciones, deberá continuar la implementación del Centro de Competencias, pero también culminar otras tareas que por falta de presupuesto esta no logrará.
“Tampoco pudimos implementar la página web, no hemos podido activarla. La próxima directiva también deberá mejorar las capacitaciones que hemos hecho”, señala.
Finalmente, destaca que la próxima directiva deberá cristalizar la adquisición del centro recreativo, para el cual ya se disponen de los recursos y se tiene también ubicado el predio, el mismo que es de más de dos hectáreas y media.
“Ya Lima nos ha autorizado a comprarlo, el único problema han sido las trabas que ha puesto el banco para entregarnos nuestro dinero. Ese trámite deberá culminarlo la próxima gestión para adquirir el terreno”, finaliza.
