Asegura que no estuvo prófugo de la justicia y que por recomendación de sus abogados permaneció los últimos dos meses en su vivienda. El rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, Agustín Ramos García, ha vuelto a aparecer ante los medios de comunicación y esta vez para contar su verdad. Según dice, el Ministerio Público presionado por intereses políticos le imputa irregularidades en el manejo económico de la casa superior de estudios que no ha cometido.
Con la Resolución N° 13, del 14 de septiembre, el juez del Investigación Preparatoria de Lambayeque, Segundo Adrianzén Cieza, resolvió declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía Provincial en delitos de Corrupción de Funcionarios contra Ramos García y otros funcionarios, a quienes acusa de los presuntos delitos de peculado por apropiación y asociación ilícita para delinquir, determinando el mandato de comparecencia restringida mientras duren las investigaciones, así como el pago de una caución de 20 mil soles.
Conocida la decisión del magistrado, la autoridad universitaria volvió a la escena pública para retomar funciones en como rector, cargo del que – sostiene – salió de vacaciones.
En la siguiente entrevista Agustín Ramos responde a los cuestionamientos de Expresión.
Regresa a la universidad tras dos meses en los que se ha dicho mucho respecto a usted y el mandato de detención preliminar que el juez Adrianzén Cieza dispuso en julio pasado. ¿Qué tiene que decirle a la comunidad lambayecana?
Me siento fortalecido por dos razones: por la decisión del juez de desestimar la prisión preventiva en mi contra y porque el miércoles último pude retomar mis labores como rector, recibiendo la aceptación de la comunidad universitaria, tanto de estudiantes, trabajadores y docentes. Eso me alimenta para seguir trabajando por la juventud estudiosa a la que me debo.
¿Por qué si está tan seguro de su inocencia permaneció durante dos meses en los que era requerido por el Poder Judicial dada la investigación iniciada por el Ministerio Público por el presunto cobro irregular de asignaciones y bonificaciones económicas?
Esta investigación tiene más de un año y yo debo aclarar que en ningún momento me he fugado. Eso que quede claro, porque malintencionadamente algunos medios de comunicación así lo han dicho. Yo no fugué. El día que se produjo el operativo (12 de julio), yo me encontraba visitando a mis familiares, entre ellos a mi madre, y al retornar a mi domicilio supe que este había sido intervenido. Inmediatamente me puse en contacto con mis abogados y estos me sugirieron que debía permanecer a buen recaudo y mantenerme con tranquilidad, porque ellos debían asumir la defensa y así ha sido.
¿Salió usted de Chiclayo? ¿Por qué no se puso a disposición de las autoridades judiciales?
Yohe permanecido en Chiclayo, en mi domicilio durante todo este tiempo y el día del operativo estuve en casa de mis familiares. La decisión de permanecer a buen recaudo fue la recomendación de mis abogados.
Se ha dicho que he estado en Trujillo, en Guadalupe, en Piura, toda una telenovela y yo no he salido de la ciudad.
¿Permanecer ausente dos meses no alimentaba las suspicacias en su contra?
No me fugué y si eso se piensa, habrá que aclararlo. Yo he estado en buen recaudo porque desde el principio mis abogados determinaron que se trataba de una decisión arbitraria del Ministerio Público. En principio en el Código Procesal Penal no existe el término prófugo y la estrategia de mi defensa fue salvaguardar mi integridad, algo que ha sido mal tomado por algunos medios de comunicación que ahora ya no se pronuncian, y sería bueno que así como hicieron escarnio de mi ahora también digan lo que señala el juez en su resolución.
No solo se ha cometido una arbitrariedad contra mí, sino contra mis otros colegas docentes (vicerrectores, y otras autoridades), lo que ha generado una situación adversa para la universidad.
El Ministerio Público señala que las asignaciones económicas que usted ha recibido no son legales. ¿Cuál es el argumento de su defensa en ese sentido?
Las asignaciones se perciben por labores fuera del horario de trabajo, que pueden ser incluso los fines de semana y es un beneficio que se otorga a las autoridades universitarias hace más de 20 años, también los han recibido otros rectores. Esos trabajos extraordinarios permiten generar los recursos directamente recaudados, tarea en la que contribuyen docentes y administrativos.
¿Por qué es importante que se generen recursos directamente recaudados? Porque más de 50 millones de soles del presupuesto de la universidad se logran con las actividades productivas y solventan las necesidades de la universidad. Con esos recursos, por ejemplo, se financian las 900 nuevas vacantes que tiene ahora el comedor universitario, se le otorga uniforme y víveres a los trabajadores, se paga el combustible de las movilidades, se implementan los laboratorios.
¿Eso se puede probar?
Claro que sí, todo está documentado y eso es lo que se ha demostrado ante los organismos correspondientes, por ello es que el juez ha estimado conveniente que sigamos la investigación en libertad.
¿A cuánto asciende su sueldo como rector?
Mi sueldo se genera de recursos ordinarios y fluctúa entre siete y ocho mil soles.
¿Y a cuánto asciende el monto promedio de las asignaciones por labores extraordinarias?
Ese monto es variable de acuerdo a lo que se genere.
¿Hasta cuánto ha percibido usted al mes por asignación?
Se ha dispuesto una revisión detallada de esos montos, por lo que por el momento no puedo detallar con precisión hasta que el juzgado tenga la información precisa.
¿Es cierto que son más de 400 mil soles?
Es parte de la investigación y en el desarrollo de esta se determinará el monto preciso.
¿Siente usted que el Ministerio Público ha emprendido una persecución en su contra?
Lo que yo he llegado a determinar después de lo que ha sucedido es que ha habido arbitrariedad y lo que sí sé es que detrás de esto hay un grupo de la universidad que se resiste a aceptar la derrota que sufrió hace tres años. Son ellos los que han presionado mediáticamente al Ministerio Público.
¿Está diciendo que ha habido presión?
La fiscalía cedió a las presiones externas en mi contra y prueba de ello es que algunos diarios han hecho escarnio en esta persecución, etiquetándome como integrante de una banda organizada y hoy se está demostrando lo contrario. ¿Por qué ahora no dicen esos medios los argumentos que recoge el juez en su resolución? ¿No sorprende, no es extraño eso?
Que el juez haya desestimado la prisión preventiva no lo exime de ninguna responsabilidad. ¿Se allana a todo el proceso?
Sí, como lo vengo haciendo hace más de un año. A nosotros nos ha requerido el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación, la SUNEDU, la Contraloría, el Ministerio de Economía y el Congreso y siempre hemos participado de manera abierta, por eso es que nos sorprendió tanto la actitud arbitraria del Ministerio Público.
¿Cree que algún partido político está detrás de la investigación en su contra?
Lo que debo decir es que el grupo que busca desestabilizar a la universidad es la suma de un sector de Patria Roja y otro del Partido Aprista, eso está clarísimo. Lo que buscan es interrumpir la gobernabilidad.
¿Hay un cargamontón contra usted, considerando que paralelo a las denuncias ante la fiscalía sus opositores buscan subrogar su mandato ante la SUNEDU?
Eso está claro, no olvidemos que detrás de esto hubo seudo elecciones con un seudo rector electo en una cevichería. Decían que lo reconocía la SUNEDU y hace un año de eso y hasta ahora nada. ¿Dónde está su reconocimiento? Esto para mí tiene un contexto netamente político.
El día que se revisó la situación legal de mis colegas implicados en la investigación el congresista Daniel Mora estuvo en Chiclayo, paseándose por los medios, ejerciendo presión mediática. ¿Qué significa eso?
¿Sigue teniendo el manejo económico de la universidad? ¿Cuántas cuentas están bloqueadas por el Ministerio de Economía?
Hay acciones que debemos tomar y deberé constituirme al MEF para saber qué medidas se tendrán que tomar respecto a la disponibilidad de recursos.
Lo sucedido con las autoridades universitarias evidentemente ha generado mucha incertidumbre en la UNPRG. ¿Cuál es su mensaje a los docentes, trabajadores, estudiantes y padres de familia de la casa superior de estudios?
Han sido momentos difíciles pero los estamos enfrentando y yo sé que todo esto se esclarecerá, porque nosotros siempre actuamos de acuerdo a ley, de acuerdo a la normatividad legal vigente y pueden sentirse tranquilos. Quienes nos denuncian son conocidos por todos y recordemos que hace años esas personas fueron autoridades y tuvieron la oportunidad de demostrar sus capacidades.
Mientras la Autoridad Portuaria Regional – APR de Lambayeque promociona la viabilidad de construir el Terminal Marítimo de Puerto Eten, aguas poco claras vuelven a mojar un tema que se creía oleado y sacramentado. La empresa Inversiones Spot SAC no quedó conforme con la nulidad de la concesión que le diera la comuna de ese distrito hace 17 años y en el 2013 recurrió al Tribunal Constitucional para exigir se le reconozca un derecho que considera legal.
Lo preocupante de todo es que el accionar de la compañía es público y promocionado por el hijo del ex vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco Terry, Raúl Diez Canseco Hartinger, quien se pasea por el mundo, reuniéndose con empresarios asiáticos y europeos llevando bajo el brazo la propuesta de construcción del proyecto Megapuerto Eten, amparándose en la aún irresuelta legalidad de la concesión del 98.
LA HISTORIA
Siendo alcalde de Puerto Eten Pedro Abelardo Sánchez Chima, el 5 de octubre de 1998, la comuna suscribió un contrato de concesión de derecho de superficie en Punta Zapato, Punta Farola y Áreas de Influencia de mil 200 hectáreas aproximadamente (mil 368 en total), sin limitaciones ni restricciones, para la “puesta en marcha del Terminal Marítimo y Complejo Pesquero de Puerto Eten” a favor de la empresa Inversiones Stop SAC, según Escritura Pública N° 3482, celebrada en la Notaría de Homero Duárez Díaz, en la que – curiosamente – se omitió consignar el número de la resolución municipal que aprobó dicho acuerdo, señalándose además que cualquier controversia debía solucionarse en los tribunales de Lima.
Dos meses después, el 4 de diciembre, la comuna publicó en el El Peruano un comunicado dando cuenta que otorgaba la buena pro de la Licitación Pública Especial N° 001-98 a Inversiones Stop ratificando los derechos de superficie sobre las áreas de influencia para la construcción del Terminal Marítimo por un período de 60 años.
Lo particular es que en agosto de ese año el representante legal de la empresa, Santos Llontop Isique, había firmado un contrato con el alcalde Sánchez Chima como gestor del proyecto, comprometiéndose al pago de un millón de dólares por sus honorarios profesionales. Es decir, el edil fue juez y parte del proceso.
Años después, en el 2001, siendo alcalde Jaime Contreras Rivas, se inscribe en Registros Públicos un área de 979.70 hectáreas como zona de influencia del Terminal Marítimo de Puerto Eten, inscripción que se da de manera definitiva en septiembre de ese año, sin contar que el 13 de diciembre Inversiones Stop haría lo propio sobre el área que Sánchez Chima le había otorgado en 1998.
Así fue como inició un largo procedimiento de investigaciones y juicios en torno a la zona reservada para la construcción del megapuerto, que originó, por ejemplo, que en octubre del 2003 la comuna distrital anule el contrato con Inversiones Stop y proceda a la suscripción de uno nuevo con la ONG suiza EcoPro, provocando – en ese tiempo – la aparición de los representantes de Inversiones Stop, entre ellos Raúl Diez Canseco Hartinger, reclamando la validez de su concesión.
Expresión fue el primer medio que dio cuenta de lo que extrañamente estaba sucediendo en Puerto Eten, ameritando la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que con su informe N° 324-2003 aprobó que se declare nula la concesión, pero además que el Ministerio Público denuncie a los implicados por colusión, cohecho propio, aprovechamiento indebido del cargo, encubrimiento real, omisión de denuncia y corrupción de funcionarios.
EL PROCESO
El proceso de nulidad de acto jurídico fue iniciado por el Gobierno Regional de Lambayeque, que a través de su Procuraduría Pública entabló la acción judicial en salvaguarda de los intereses del Estado y porque de acuerdo a la Ley de Descentralización y su Ley Orgánica, es de su competencia la administración de terreros de propiedad estatal dentro de su jurisdicción.
Fue así como el caso llegó al Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, quien bajo la titularidad del juez César Burga Díaz, el 3 de abril del 2007 emitió la sentencia N° 153 declarando la nulidad de la concesión; decisión que fue apelada por la empresa y revisada por la Primera Sala Civil de Lambayeque, cuyos magistrados José Balcázar Zelada, Edwin Figueroa Gutarra y Herirberto Herrera Gálvez, ratificaron con la Sentencia N° 740 la decisión de Burga Díaz.
Inconformes con el fallo de la Sala Civil de Lambayeque, los representantes de Inversiones Stop recurrieron en casación a la Corte Suprema de la República, generándose el Expediente 4433-2007 de la Sala Civil Permanente, resuelto el 12 de octubre del 2007, en el que los vocales supremos Andrés Caroajulca Bustamante, Víctor Mansilla Novella, Manuel Miranda Canales, Félix Valeriano Baquedano y Francisco Miranda Molina declararon improcedente el reclamo.
ACCIÓN CONSTITUCIONAL
Contra el fallo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Inversiones Stop presentó en marzo del 2008 un amparo constitucional ante Quinta Sala Civil de Lima, el mismo que también les resultó adverso, recurriendo finalmente al Tribunal Constitucional, solicitando “se proteja el derecho de propiedad y de tutela procesal efectiva”, declarando nulas las sentencias civiles y restituya la validez de la titularidad sobre las mil 368 hectáreas que inscribió a su nombre en el 2001.
Según la empresa, “la única manera de cuestionar el otorgamiento de una buena pro es por la vía del Proceso Contencioso Administrativo”, y no la vía civil como optó la procuraduría del Gobierno Regional de Lambayeque, “más aún porque solo se disponía de tres meses para impugnar” el procedimiento celebrado por la Municipalidad de Puerto Eten, y la acción judicial la inició seis años después.
Lo que llama la atención es que la Sala Plena del Tribunal Constitucional, que es a la que le corresponde emitir su pronunciamiento en atención al recurso de agravio presentado por Inversiones Stop, no ha desarrollado hasta el momento la vista de la causa, aun cuando esta estuvo programada para el 22 de octubre del año pasado en Lima. Siendo así, el asunto está pendiente de resolución.
LA CAMPAÑA DE DIEZ CANSECO
La confianza en el fallo del Tribunal Constitucional es al parecer la razón que sustenta la campaña que a través de las redes sociales desarrollo Raúl Diez Canseco Hartinger, promocionando a Inversiones Stop SAC como legítima propietaria de los tierras que el Plan Maestro mandado a elaborar por la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque han definido como zona de influencia del Terminal Marítimo.
Según las proyecciones que a través de la página Megapuerto Ente difunde el empresario, el proyecto considera una serie de infraestructuras sobre las mil 338 hectáreas en cuestión que incluyen a la Punta Farola, el Morro de Eten y la playa Media Luna, consideradas como zonas de protección y conservación arqueológica y natural, reconocidas además por el Gobierno Regional de Lambayeque.
El Proyecto Megapuerto Eten, denominado como una plataforma logística de exportación e importancia, considera – según se difunde – la construcción de un centro financiero y comercial, zona industrial y de transformación, plataforma logística, zona aeroportuaria, zona urbana y balneario, además de una dársena marítima para un muelle de contenedores, uno de granos, uno de petróleo, uno de carga general y un dique seco, sin que se especifique, por cierto, el monto aproximado de inversión, mas sí que se trata de una concesión sobre mil 368.48 hectáreas.
Con esas ideas, Diez Canseco Hartinger promociona imágenes de participación en actividades internacionales y reuniones con empresarios asiáticos y europeos, donde – según se lee – eleva la invitación a invertir en Puerto Eten sobre un área que Inversiones Stop no tiene, al menos en lo real.
Dato interesante es que a través de Megapuerto Eten, los empresarios de Inversiones Stop sostienen que el Gobierno Regional de Lambayeque comete “abuso de poder” e incurre en la “práctica vergonzosa” al “ofrecer a la empresa española Sacyr la construcción del terminal lambayecano, pasando por encima del único propietario territorial, soberanía de Puerto Eten”.
La publicación corresponde al 18 de agosto de este año y está referida a una noticia publicada por el diario Gestión que da cuenta del interés expresado por Sacyr en invertir en la construcción del Terminal Marítimo presentando una iniciativa privada, tal como lo vienen haciendo otras empresa. Se entiende que al referirse a “único propietario territorial” la página alude a Inversiones Stop.
NO SABEN
Expresión buscó la opinión del gerente general de la APR Lambayeque, Jorge Nakazaki Servigón, quien de cajón dijo desconocer lo que aparentemente está sucediendo a espaldas de toda formalidad.
El funcionario explica que con Partida Registral N° 1120-1981, se encuentran inscritas a favor del Estado, como área de influencia del Terminal Marítimo de Puerto Eten, un total de 763.3001 hectáreas en atención a la Resolución N° 608-2014 del 11 de noviembre del año pasado emitida por la Oficina Regional de Administración, con título inscrito desde el 22 de abril del 2013.
“El área donde se va a desarrollar el puerto está totalmente saneada. Todos los terrenos que están en el área de influencia y que fueron comprados legalmente y están registrados, se respetan. Lo que no, deberán ser inscritos a nombre del Estado como defensa de sus intereses, porque son parte del beneficio de la colectividad”, menciona Nakazaki Servigón, añadiendo que cerca de 30 mil hectáreas de la zona colindante están en poder de la Fuerza Aérea del Perú – FAP, pero ya se trabaja en su reversión al Gobierno Regional de Lambayeque.
Anota que el proyecto que maneja la Autoridad Portuaria Regional no incluye ni Punta Farola, ni la Media Luna ni el Morro de Eten.
¿Qué tiene que decir respecto al proceder de Diez Canseco Hartinger e Inversiones Stop? Jorge Nakazaki no disimula su sorpresa y señala que la única autorizada para gestionar cualquier aspecto referido al Terminal Marítimo es la APR Lambayeque en representación de la Autoridad Portuaria Nacional, y en consecuencia del Estado Peruano.
“¿Cómo alguien va a hacer un proyecto portuario sin consultarle a la Autoridad Portuaria? Él no puede ofrecerle el puerto a nadie porque vendría acá y simplemente no le daríamos el permiso, él no puede obligar a la Autoridad Portuaria a que haga eso. Este es un tema que supuestamente está oleado y sacramentado en todas las instancias y, es más, en Registros Públicos ya están las Partidas Electrónicas a nombre del Gobierno Regional. Es un tema zanjado en todas las instancias”, afirma.
Asegura que lo pasa es peligroso, porque “las instituciones del Estado están viendo a un señor que está ofreciendo algo que no puede dar”. “Cuando tú vendes algo que no puedes dar tiene un nombre, los que entienden algo básico del Derecho sabrán de lo que hablamos. Si es cierto todo lo que está haciendo estamos viendo a un persona que ofrece algo que no puede dar y en un Estado de Derecho eso no debe suceder”, asevera.
Carlos Guerrero Duren fue sometido a un trasplante de riñón el 23 de septiembre del 2013. Tuvo complicaciones de insuficiencia renal crónica y se hizo tratar en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde se le practicaron una serie de exámenes para posteriormente ingresar a la lista de espera. Actualmente lleva una vida tranquila y asiste a sus controles de parámetros de úrea y creatinina, y recibe medicamentos inmune supresores para impedir que su organismo rechace el órgano implantado.
Contrajo el mal cuando trabajaba en Huaráz por siete meses, ciudad en la que enfermó de Bartonella o también conocida como la enfermedad de Carrión o la fiebre de la Oroya. Regresó a Chiclayo para hacerse tratar y pasó por varios exámenes generales antes del trasplante. En el proceso se sometió a evaluaciones en psiquiatría, nefrología, urología, oftalmología, cardiología y otras especialidades más.
Permaneció 30 días a la espera de un donante, hasta que el 23 de septiembre del 2013 recibió la llamada de la Unidad de Procura del Hospital Almanzor Aguinaga y fue inmediatamente internado para el trasplante de riñón.
“No supe quién me donó el riñón, pero me dijeron que fue una persona que tenía muerte cerebral. Uno de sus riñones me lo implantaron a mí y el otro fue destinado a otra persona”, declara Omar Guerrero.
El virus de la Bartonella lo adquirió por la picadura de un mosquito y esto provocó que sus defensas cayeran al punto de empezar a eliminar los glóbulos rojos, originándose la insuficiencia renal crónica; quedando sus riñones imposibilitados de depurar las toxinas, sumándose además problemas a la visión que generaron ceguera.
SE SIGUE LUCHANDO
En el Almanzor Aguinaga Asenjo a través de Procura se siguen haciendo los trasplantes de riñón y córneas. Los donantes pueden ser todos, pero hay requisitos médicos que limitan la capacidad de donación. Hace años, por ejemplo, las personas mayores de 65 años no podían donar. Hoy sí es posible, sobre todo cuando se trata de riñones, debido a que pueden implantarse en pacientes de la misma edad.
Los trasplantes son aplicables tanto a niños como a personas de hasta 70 años de vida, según la normativa a nivel nacional. Pueden ser donantes una persona que pesa más de diez kilos, hasta los setenta años, e incluso ha habido casos de donantes de 80 años pero únicamente de tejidos. Los donantes pueden ser personas sanas que desean entregar una parte suya para beneficio de otra, o personas que presenten muerte cerebral. En este último grupo se encuentran personas que arribaron a tal condición por accidentes de tránsito, golpes o aneurismas, por ejemplo.
Un claro ejemplo de que no importa la edad es el caso de un adulto mayor, que donó sus córneas beneficiando a dos pacientes en lista de espera.
En el país, se registra en promedio una muerte al día por falta de donante de órganos.
Desde Hospital Almanzor Aguinaga se han derivado a Lima órganos como corazones y pulmones, debido a que en Lambayeque no se hacen ese tipo de trasplantes aún.
¿QUIÉN ES PRIMERO?
“Cuando tenemos un donante partimos por la compatibilidad y para ello se hace un estudio de histocompatibilidad, para evitar o minimizar el rechazo del organismo. Luego se procede a revisar quiénes son los pacientes que están esperando más tiempo a nivel regional; si no hay compatibles se busca en la lista macroregional o en la nacional. Para avisar a los pacientes ellos tienen que tener su celular encendido todo el día, porque las oportunidades se presentan en cualquier momento y existen casos en los cuales los pacientes están lejos, no pueden llegar al trasplante, y debemos darle prioridad a otro de la lista”, explica el médico Pedro Rodríguez Quesñay, médico urólogo, jefe de la Unidad PROCURA Lambayeque.
El encargado de vigilar todo el proceso de trasplante es la Organización Nacional de Donación y Trasplante – ONDT, perteneciente al Ministerio de Salud, que se encarga de supervisar todos los procesos de trasplantes realizados en el MINSA, EsSalud, las Fuerzas Armadas y clínicas privadas, con la finalidad de observar la trasparencia de los mismos.
En el caso de Lambayeque, la unidad de trasplante del Almanzor Aguinaga, que es la única en región, está pasando por un proceso de acreditación. “Por reglamentación hay que tener una serie de parámetros, pero hay que recalcar que acá se cuenta con el personal capacitado y con experiencia. El hospital cuenta con personal formado y capacitado como cirujanos vasculares y generales, nefrólogos, cardiólogos, urólogos e intensivistas”, comenta el galo.
En lista de espera hay mil 800 pacientes, de los cuales solo 40 están aptos para el trasplante. En Lambayeque hay aproximadamente 35 casos de personas que han presentado muerte cerebral y han podido ser donantes, sin embargo un serio problema es el de la aceptación familiar.
En promedio, al año, seis familias aceptan la donación de los órganos del paciente con muerte cerebral, permitiendo que el Hospital Almanzor realice 12 trasplantes renales y 14 de córneas.
Intensiva lucha
Entre las actividades que desarrolla la Unidad de Procura están las campañas de difusión de la cultura de donación de órganos, porque no se necesita ingresar a un cuadro de muerte cerebral para ello. Fechas importantes en este objetivo son el 23 de mayo, cuando se celebra el Día del Donante y también del 21 al 27 de septiembre, durante la Semana del Donante.
Otro de los trabajos es concientizar a los propios familiares de los pacientes en lista de espera a que se conviertan en donadores vivos, para ayudar en la recuperación de sus seres queridos.
“En nuestra región se mezclan varias culturas, un familiar de una persona cadavérica puede dar consentimiento a que se extraigan los órganos, pero existen otras personas que, por ejemplo, por razones religiosas se oponen a ello”, comenta Rodríguez Quesnay.
Otro factor es que las personas piensan que se traficará con los órganos y para ello se intenta dares a conocer que existe Ley General de Donación y Trasplante - Ley N° 28189 y su Reglamento que establecen cómo es el marco normativo de la donación de órganos.
“Cuando se da la muerte cerebral, la persona se encuentra muerta por ley; si sigue latiendo el corazón y los demás órganos siguen funcionando es porque los médicos lo hacemos con la finalidad de que esos órganos no se mueran. Muchas personas desconocen eso incluso personal médico. La familia siente temor porque piensa que a su paciente le van a quitar los órganos de una forma cruel (debido a su estado) y eso no es así”, señala.
Rodríguez Quesnay indica que lo que se realiza es un exéresis, que una cirugía, cumpliéndose todos los protocolos y las medidas éticas posibles. “El lado cristiano también se lleva de la mano al momento de hacer este acto, se hace una oración de parte de todos los que van a realizar la operación y se pronuncia el nombre de la persona y se rinde un minuto de silencio. No podemos deshumanizarnos frente a un acto de amor”, afirma.
La persona que recibe un trasplante de órganos adquiere una mejora la calidad de vida, en tanto el donante prolonga la supervivencia y salva vidas en las personas que han recibido parte de su cuerpo.
“Nosotros queremos lograr un modelo como el de España, que tienen un sistema en el que todos están concientizados y si una persona necesita un trasplante hay muchos que se ofrecen voluntariamente”, señala el médico.
ALTOS Y BAJOS
En el 2008 había 0.8 donantes por cada millón de habitantes, eso quiere decir que había menos de 29 donantes nivel nacional. Sin embargo, la situación empezó a cambiar a partir del 2009 gracias a las estrategias de comunicación, imitando el modelo español.
Hoy en día la estadística nacional indica que hay hasta dos donantes por millón de habitantes y en el 2011 hubo un pico más alto llegando a la cifra de cuatro donantes por millón. La cifra más reciente es de tres donantes.
“Un caso que perjudicó el crecimiento de la donación de órganos fue el del ex conductor de televisión Jorge Henderson Palacios, porque la prensa especuló que él había conseguido un donante para trasplante de hígado que se le practicó, lo que finalmente se descartó. Eso trajo consigo de que no hubiera ningún donante el año 2013 bajando la tasa de cuatro donantes a dos donantes por millón de peruanos”, explica el jefe de la Unidad de Procura.
“Entrevistar a la familia es un momento muy duro, pero se tiene que hacer, debido a que son ellos quienes pueden autorizar y firmar el permiso para que sean extraído los órganos del donante. Por ley también un familiar puede decidir a última hora no proseguir y cancelar toda la operación”, anota.
RECOMENDACIONES
El médico señala que las personas que desean donar sus órganos, deben hablar con sus familiares, para que cuando se presente el momento indicado esto sea permitido al personal de salud.
“Las personas que requieren de un trasplante son las que sufrido de hipertensión, diabetes, males hereditarios, enfermedades poliquística del riñón, aneurismas, arteriorenales. En el Perú hay alrededor de 10 mil personas que se están dializando y esto para el seguro social representa un costo de aproximadamente 500 millones de soles. Es decir, si estas personas recibieran la ayuda de un donante la seguridad social ahorraría 500 millones de soles y podría invertirlos en otras necesidades de salud”, enfatiza.
Tal como menciona Zúñiga Morgan, la Gerencia Regional de Agricultura – GRA se encuentra recolectando información respecto a la intención de siembra de los pequeños y medianos agricultores, quienes serían los más afectados por el Fenómeno El Niño - FEN.
“Aún no se ha aprobado el Plan de Cultivo y Riego del valle Chancay, hemos recolectado la información referente a la intención de siembra de los agricultores y valle por valle se está elaborando el balance hídrico para determinar las áreas. En lo que corresponde a Chancay – Lambayeque se desarrollará una reunión a fin de definir solamente el balance hídrico en función a las áreas que han sido presentadas. De acuerdo a lo normal son 88 mil hectáreas aproximadamente, de ellas un promedio de 38 mil serían para la siembra de arroz, cinco mil para el cultivo de algodón, además de los cultivos de caña que ya se encuentran instalados (32 mil hectáreas aproximadamente). Con esa intención indudablemente nosotros ya tendríamos un déficit del recurso hídrico”, refiere.
OFERTA Y DEMANDA
Para determinan qué tan viable es la propuesta de los sembradores, Jorge Zúñiga explica cómo se contabiliza el recurso hídrico para la campaña a iniciarse. “Se miden solo por los aportes que se cuentan y los que son utilizados: los ríos y el agua subterránea; en base a esto se tiene la oferta, además de las aguas de recuperación que se utiliza para los valles de Eten, Reque y Monsefú. Con este balance de riego se determinan los ajustes que deben ejecutarse mediante la disminución de áreas de cultivo, por lo que en primera estancia se ha logrado tener entre 25 y 26 mil hectáreas de cultivo de arroz, sobre una demanda que supera las 36 mil hectáreas”, comenta.
El Gerente Regional de Agricultura informa sobre los períodos más complicados en relación a la cantidad de metros cúbicos de agua con los que se puede contar como reserva hidrológica. “El plan de cultivo y riego es como un presupuesto, nosotros estimamos sembrar tanto, obtener una cantidad determinada de agua y con esto iniciamos. Al principio no tenemos mayores diferencias, como ha sucedido con el mes de agosto, donde los pronósticos se encontraron dentro de lo previsto; sin embargo, ahora uno comienza a sentir que la descarga de los ríos no es como uno las esperaba. El reservorio de Tinajones cuenta con 236 millones de metros cúbicos aproximadamente y con ello tenemos todo controlado para el inicio de la campaña, la época donde se producen problemas es cuando existe mayor demanda (febrero y marzo). Si el pronóstico se encuentra dentro de lo estimado, estaríamos hablando de un déficit de agua, pero si tenemos un inicio de año con El Niño, el cual aporta mayores cantidades de agua, no tendríamos de qué preocuparnos”, subraya.
La Gerencia Regional de Agricultura viene trabajando de la mano con los usuarios en diversas capacitaciones, a fin de concientizarlos sobre cuáles serían los productos que se adecúen a las alteraciones climáticas en el departamento. “A través de las organizaciones de usuarios se ha venido trabajando sobre capacitaciones, se les adelanta información con la finalidad de que ellos, al tomar la decisión de si siembran o no algodón, no puedan decir que no les informamos ni se les alertó. En condiciones de altas temperaturas como las que presentamos ahora, todo cambia: la planta sigue creciendo porque siente con calor y consume mayores cantidades de recurso hídrico y va creciendo; esto, en una época de El Niño, se denomina tropicalización, la planta se siente llena de vida y se altera su fisiología, debiendo el agricultor darle un manejo diferente: utilizar menos agua y aplicar químicos y fertilizantes para acelerar el proceso de fructificación”, añade Zúñiga Morgan.
ALGODÓN Y MAÍZ EN RIESGO
Por las condiciones climatológicas actuales, propicias para el desarrollo de un Niño severo en el próximo verano, cerca de cinco mil hectáreas de algodón tendrían que reconvertirse para dar paso a otros cultivos menos vulnerables a los efectos del fenómeno.
El incremento de las temperaturas y el hecho de presentarse un invierno cálido afecta de forma directa y crucial la siembra de un producto específico como es el algodón. Trabajar alternativas para este cultivo es fundamental, teniéndose en cuenta que solo se podrá utilizar el agua que se tenía asignada para estos riego en los cultivos que remplacen a la planta afectada. “En el caso del algodonero la situación es más grave, presentándose casos de pérdida de bellotas y manchado de la fibra, por lo que se estima la pérdida del 35 % o el 40 % en condiciones normales”, refiere el funcionario.
¿Cuáles son las alternativas para sembrar? Las opciones son limitadas y esto no se debe a la variedad de productos, sino a dos factores cruciales en la determinación de la campaña de un agricultor. “Las opciones no son muy versátiles puesto que el problema no es qué sembrar, sino quién va comprar los productos. Si a ello le agregamos la salinidad de nuestros valles, que cada vez va incrementándose, los cultivos sensibles a este fenómeno no prosperarán, se quemarán y morirán, por lo que solo queda la alternativa de sembrar arroz en estos suelos.
Otro producto que se encuentra en riesgo por la llegada del FEN es el maíz, que normalmente se siembra tras empezarse la temporada fría y es uno de los más cultivados en la zona de Lambayeque, específicamente en los valles de Olmos, Motupe y La Leche.
“Se está evaluando la cantidad de agua demandada en relación a la cantidad con la que se cuenta actualmente para atender el riego de los cultivos y vamos a establecer cuánto se puede sembrar de cada producto. En el caso de aquellos cuya siembra inicia en octubre, como es el caso de las menestras, se puede continuar con su proceso de forma regular", explica Jorge Zúñiga.
AGRICULTORES ADVERTIDOS
“Los productores siguen solicitando lo mismo, como si el FEN no les fuera a afectar; esto es entendible en relación a que el producto más sembrado en nuestro departamento es el arroz. Sin embargo, se debe tener cuidado con el arroz en el proceso vegetativo dado que temperaturas por encima de las habituales generarían que el grano pase a una fase de tropicalización”, indica el gerente de Agricultura.
Zúñiga Morgan informa sobre el trabajo conjunto que se desarrolla con los agricultores de cara a lo que puede sucedera los siguientes meses. “Como parte del proceso de trabajo que tenemos como comité de coordinación se tiene previsto que ante estas circunstancias se debe contar con información detallada de carácter agronómico de cada uno de los cultivos que van a implantarse. Se han previsto una serie de reuniones previas con los productores agrarios, para informarlo sobre el problema que puede suceder si siembran algodón, maíz, menestras y arroz; que sepan qué es lo que va a pasar”, explica.
Las coordinaciones se están desarrollando con los pequeños y medianos agricultores, quienes serían los más afectados debido a las condiciones en las que desarrollan su proceso de cultivo. “Normalmente los cultivos permanentes a nivel macro se desarrollan por empresas grandes, las cuales adoptan sus medidas propias relacionadas con el manejo de sus cultivos. Nuestra preocupación está enfocada en los pequeños productores, quienes se ven afectados en múltiples ocasiones al no seguir las prácticas agronómicas necesarias. Hay algo que es necesario que se sepa y es que los cultivos en los valles funcionan fundamentalmente de acuerdo a los aportes de los ríos, que se dan entre febrero y abril; al no contarse con estructuras de almacenamiento grandes que nos permitan regular todo el sistema. Lo que hacen los productores (algo de toda la vida) es sembrar en esa época dado la abundancia de agua”, indica Jorge Zúñiga.
ZONAS AFECTADAS
Las lluvias que se generarían a causa de El Niño no favorecerían de forma significativa al recurso hídrico con el que se cuenta actualmente, puesto que Lambayeque tiene un déficit en infraestructura almacenamiento. “La descarga de los ríos se incrementa, pero se va a perder la mayoría de estas aguas toda vez que no contamos con los reservorios suficientes en el departamento, de manera que esto va a dejar en mano lo que puedan aportar los riegos en condiciones normales, se contará con un adicional gracias a las lluvias y eso hay que aprovecharlo”, informa el gerente de Agricultura.
Las zonas aledañas a los ríos serían las más afectadas. “Se están ejecutando actividades de descolmatación de los cauces, quebradas cercanas y drenes a fin de disminuir el impacto; no es posible predecir ni hacer obras tan grandes porque sería una locura, tenemos que moderar el impacto y por eso se están realizando estos trabajos”, destaca Zúñiga Morgan.
Respecto a las reuniones que sostuvieron representantes de las juntas de regantes con los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, para el desarrollo de actividades de prevención en ríos y quebradas, el funcionario señala que la institución no figura en estos procesos; sin embargo, están dispuestos a apoyar en la medida de lo posible.
“Lo que se tiene con el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, son cinco millones de soles adicionales, con fichas elaboradas y que están en manos del MINAGRI. Gran parte de este dinero se asignará para el Proyecto Especial Olmos – Tinajones – PEOT, dado que son los responsables de la infraestructura mayor del valle Chancay Lambayeque que se afectaría considerablemente. Se desarrollarán encauzamientos de las quebradas, limpiarlas para que produzcan el menor daño posible a la infraestructura existente y conectar hacia los drenes con los que se cuenta”, explica.
“Nosotros no tenemos nada que ver con las municipalidades, nosotros apoyamos en caso nos lo soliciten, pero de momento todo lo están desarrollando por medio del Sistema de Defensa Civil”, sostiene Jorge Zúñiga.
Finalmente, la gerencia ha solicitado recursos con la finalidad de repotenciar la maquinaria actual, a fin de apoyar aquellas zonas que aún no han sido atendidas por el MINAGRI.
El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – ENFEN, emitió su comunicado oficial número 15, el cual señala la existencia de un 95 % de probabilidades de que la primera fase del FEN se extienda hasta el verano del 2016, con un 55 % de probabilidades de alcanzar magnitudes similares a las del 83 y el 98. Especialistas procedentes del Instituto Geofísico del Perú – IPG, y el Instituto del Mar Peruano – IMARPE, explican a profundidad detalles del informe.
El ENFEN viene reportando constantemente información referida a la llegada del Fenómeno El Niño y la magnitud del mismo. El cuadro presentado el 3 de setiembre no varía en relación a la información expuesta por Expresión en informes anteriores: persiste un 30 % de probabilidades de presentarse El Niño con una magnitud moderada, 35 % de probabilidades de una magnitud fuerte y 20 % en relación a El Niño extraordinario.
Por otro lado, los modelos globales continúan pronosticando para la zona del Pacífico Central (Niño 3.4) la intensificación de las condiciones de El Niño hacia fin de año, con un pico en noviembre y magnitudes que podrían exceder los dos grados Celsius.
RESULTADOS DEL INFORME
Ivonne Montes Torres, investigadora científica del Instituto Geofísico del Perú – IGP, explica cómo el comité trabaja para informar a la población sobre las condiciones climáticas actuales. “Debemos difundir la ciencia sobre el FEN, explicar el monitoreo que vamos realizando y sobre el pronóstico que se da dentro de este Comité Multisectorial. Queremos que la población se encuentre constantemente informada sobre el evento del El Niño 2015 – 2016. El comité ha determinado que existe un 55 % de probabilidades de un FEN de condiciones similares a las de 1982 – 1983 y 1997 – 1998; nos estamos reuniendo constantemente para mantener actualizados estos estudios y conocer cuál podría ser el futuro de este evento”, informa.
Tal como lo describe el informe, existe un 35 % de probabilidades de presentarse un FEN de magnitud fuerte y un 20 % en relación a uno de condiciones extraordinarias. “Dependiendo de la zona de calentamiento puede haber mayor o menor cantidad de lluvias cercanas a la costa peruana. De presentarse El Niño en magnitudes extraordinarias se intensificaría la fuerza de las lluvias en toda la zona norte del país, lo cual podría favorecer a cultivos como el arroz, pero también afectar de forma significativa a la población lambayecana y del norte en general”, indica Montes Torres.
La representante del IGP rememora la magnitud de los dos eventos de El Niño más importantes de las últimas décadas del siglo XX. “Durante los sucesos del 82 – 83 y 97 – 98 se registró el mayor caudal. Si uno suma los eventos más significativos de El Niño entre 1940 y 1970 da como resultado solo lo presentado en el año 82 – 83. La zona costera es la más perjudicada puesto que el cambio de temperaturas y las lluvias afectan a la población en sus diferentes áreas: educación, turismo, agricultura, salud y demás”, añade.
Las condiciones actuales no le permiten identificar a los investigadores la magnitud real del mega evento climático. “Todo va a depender de cómo se comporte la zona costera para determinar el impacto. Gracias al estudio que estamos realizando hemos podido identificar que el mar peruano vino calentándose durante la quincena de agosto, algo que nos mantiene alertas en el ENFEN. Es la costa quien va a contrarrestar el efecto o lo va a multiplicar”, indica Ivonne Montes.
INCERTIDUMBRE
Según refiere la especialista, no se podrá conocer las condiciones de esta alteración climática sino hasta que El Niño se presente en el país. “Lo que podemos saber a ciencia cierta es que cuando ya nos encontremos en el evento podremos informar de una forma más concreta puesto que, como se puede ver en los comunicados anteriores, en estos momentos solo es posible hablar de probabilidades”.
El período de lluvias comprendido entre los meses de noviembre y febrero significa para los investigadores el momento donde podrán determinar la magnitud de El Niño. “Lo que hay que recordar es que el impacto del evento alcanzará su pico más alto cuando empiece el verano. Nos encontramos en invierno y las condiciones son frías, esto contrarresta lo que realmente pueda estar sucediendo, lo único que hacemos en estos momentos es usar menos chaquetas y chompas para abrigarnos puesto que las temperaturas están ligeramente cálidas en relación a la temporada. Es en el verano, donde los vientos y el mar se encuentran más cálidos, que nosotros vamos a determinar si el evento va a ser más importante de lo que parece”, comenta la investigadora del IGP.
En aproximadamente dos semanas una onda Kelvin estaría arribando la costa peruana, siendo de vital ayuda para los investigadores. “Todo depende de cuándo esté llegando la onda Kelvin, escenario que podría presentarse dentro de 15 días. Por el momento nos estamos enfocando en realizar estudios sobre la profundidad de la columna de agua, de dónde está la termoclina, la temperatura tanto a nivel superficial como en profundidad y el impacto que tendría esta onda”, subraya Montes Torres.
A pesar de compararse el escenario actual con las experiencias del 83 y 98, el estudio destaca la presencia de indicadores que diferenciarían a El Niño del verano 2015 - 2016 de algún otro fenómeno. “Durante 1982 y 1983 hubo una propagación de ondas kelvin muy intensa, esta debilitación de los vientos alisios y la proliferación de ondas favorecieron a que todo el sistema se debilite. La costa siempre estuvo muy intensa en vientos durante este período, pero todo el volumen de agua cálida se encontraba muy pegado a la costa. Hoy en día todavía tenemos una costa relativamente fría, no hemos llegado a los niveles de temperatura que se registraron entre 1997 y 1998, las curvas de la anomalía todavía difieren en un par de grados si tenemos como referencia estos dos fenómenos antes mencionados. Esto lo vuelve diferente”, destaca la especialista.
Otro factor que influye en la determinación de la magnitud del FEN es la zona de El Niño 3.4, ubicada en el Pacífico Central, puesto que es aquí donde se ubican las ondas Kelvin que luego llegarían al litoral peruano. “Lo que suceda en la zona 3.4, como es el caso de la propagación de ondas, va a afectar de forma directa a la zona 1+2. Si está frío, simplemente va a llegar la onda pero no va a romper con la intensidad que se espera; por otro lado, dependiendo de la intensidad del viento, se pueden generar otras ondas de características más frías que contrarresten la llegada de ondas Kelvin. No son sistemas aislados, todos se encuentran íntimamente relacionados, solo que aquí en el Perú es más importante conocer la realidad de la zona 1+2, mientras que a la comunidad internacional se preocupa por estudiar las condiciones de la zona 3.4, puesto que aquí se pueden identificar los impactos a nivel global”, añade Ivonne Montes.
IMPACTO
La especialista Marilú Bouchon Corrales, directora de la Gerencia de Recursos Pelágicos del Instituto del Mar Peruano – IMARPE, menciona que el estudio les ha permitido identificar qué especies serían las que se beneficiarían y cuáles son las que corren riesgo durante el desarrollo de El Niño. “Debemos de ver, tanto en la pesquería como en la agricultura, qué especies se ven afectadas y cuáles favorecidas. Nosotros desde el IMARPE hemos identificado una serie de oportunidades en productos como los atunes, el pez espada, el bonito o algunas especies ecuatoriales que provienen del norte”, acota.
Desde inicios de año se alertó a la población de pescadores sobre la inminente migración de la anchoveta, uno de los principales recursos hidrobiológicos con los que cuenta la costa lambayecana, debido al incremento de las temperaturas en el mar. ¿En qué condiciones se encuentra actualmente esta especie? “Desde la primera temporada de pesca se han visto algunos cambios en lo que respecta a la anchoveta: se ha acercado a la costa, ha descendido unos cuantos metros de profundidad e iniciado su traslado hacia el sur; en estos momentos nos encontramos en un crucero de evaluación, el cual culmina la primera semana de octubre, que nos permitirá determinar con certeza la situación actual de la anchoveta.
Pese a que salud no es una de las áreas competentes de la investigadora, Bouchon Corrales advierte a la población sobre la prevención de enfermedades propias al FEN. “El incremento de las temperaturas trae más enfermedades, la humedad atrae al dengue, se pueden presentar casos de chikungunya, plagas e inclusive bacterias. Hay que tener en cuenta más que nada la higiene para prevenir cualquiera de estas enfermedades”, alerta.
La especialista finaliza con un llamado a la academia, pues considera que es aquí donde debe nacer el apoyo en el estudio del FEN. “Nosotros tenemos una visión macro del problema; sin embargo, se debe fomentar a los jóvenes de las casas universitarias a desarrollar estudios relacionados con el Fenómeno El Niño, nos brindaría información sustancial y sobre todo contextualizada a la región de donde provengan estas investigaciones. Las universidades deben poner su granito de arena también en este tema”, culmina Bouchon Corrales.
Las declaraciones y actitudes mediáticas del director de ProJusticia, Fernando O’Phelan Pérez, ya habían generado muchas reacciones en Lambayeque, pero a raíz de los últimos sucesos en la Empresa Agroindustrial Tumán, con la obtención de una medida cautelar expedida por un juez de José Leonardo Ortiz a favor del dirigente Marcelino Llontop Suyón, las suspicacias sobre el controvertido abogado se han hecho más severas.
Para el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, Carlos Martínez Oblitas, el proceder de O’Phelan Pérez resulta sospechoso por cuando ha hecho alarde de tener influencias en el sistema de justicia, aduciendo apoyo a fiscales en investigaciones y a jueces en sus procesos ante los órganos de control, como es el caso del magistrado Óscar Tenorio Torres, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, a quien – según ha afirmado – ayudó a que se convierta en “colaborador eficaz de la OCMA para evitar su destitución”.
El representante de la orden profesional sostiene que ese tipo de conductas ponen en tela de juicio las verdaderas intenciones de Fernando O’Phelan en el caso Tumán.
“Estaríamos frente a un sujeto de tener cuidado, porque evidentemente podría demostrar que es un bravucón, se ufana de tener relaciones sin tenerlas, aunque puede que sí las tenga, pero hay que ser claros: el que tiene influencias nunca lo dice ni hace alarde de ello, solamente lo dice cuando ya le cayeron encima. Es algo que alguien maneja con cuidado y mucho recelo, porque con ello se está asegurando dinero, ¿no? Todo es negocio, si yo mato la gallina de los huevos de oro diciendo que tengo influencias, ¿qué efectividad tendrían? Más pareciera que es un bravucón”, señala Martínez Oblitas.
Como se recuerda, el representante de ProJusticia señaló a través de Canal N que el juez Tenorio Torres había pedido 100 mil soles a los trabajadores de Tumán para emitir la resolución a su favor, para lo cual además requirió una serie de informes jurídicos y económicos. Estas declaraciones las dio luego que el magistrado emitiera un fallo en contra a los azucareros que O’Phelan Pérez dice representar.
“Por eso digo que más parece un bravucón, la persona que soborna nunca lo dice, siempre hay que descubrirlo y él lo está gritando a los cuatro vientos. Más bien él estaría ganando probablemente un sueldo de un grupo de interesados que por ahí están alimentándolo”, afirma el decano del ICAL.
ORDEN JUDICIAL
El decano de los abogados sostiene que es momento de ponerle un alto a la problemática legal de la industria azucarera y esto podría promoverlo la presidencia o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial disponiendo que todos los procesos se acumulen en un único juzgado para evitar la proliferación de fallos extraterritorial o presiones externas.
“La Sala Plena de la Corte Suprema o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial deberían disponer que todos los casos azucareros pasen a un juzgado de competencia nacional y que este, ajeno a las presiones que tienen los jueces locales, dé solución imparcial a la problemática que actualmente existe”, señala.
FACHADA
“Se ha tendido una especie de presión, y lo digo con los términos adecuados, de un advenedizo que a mi criterio responde a intereses particulares. Fernando O’Phelan, utilizando de fachada su ONG ProJusticia, ha tratado de presionar y se ufana de que algunas resoluciones judiciales son producto de su gestión. Lo digo por experiencia, porque en el caso de Pucalá también se ufanaba de la presión que ejercía sobre el juez Óscar Tenorio y cuando este le resultó adverso empezó a despotricar de él. Igualmente ha intervenido en el caso Tumán y después de las declaraciones de Edwin Oviedo se sabe que incluso le propuso que trasfiera sus acciones. Para mí es un personaje oscuro que está interviniendo aprovechándose de la ingenuidad de los dirigentes de Tumán y de la desesperación de los trabajadores”, opina el abogado Wilfredo Chero Villegas, quien inicialmente apoyó con su asesoría legal a los huelguistas tumaneños.
El letrado asegura que no le cabe duda de las influencias de Fernando O’Phelan en el Poder Judicial y que esta la ejercería apoyándose en la organización a la que representa.
“Tiene influencia en algunos magistrados, pero que más ceden por temor a sus campañas mediáticas. Algunos jueces y fiscales le tienen temor por la fachada que es la ONG ProJusticia que tiene cobertura en Lima y en diferentes medios”, asevera.
OPERADOR
Chero Villegas comenta además que el informe difundido por las redes sociales por el Colectivo Justicia y Verdad sobre Fernando O’Phelan “es revelador”, por lo que le extraña que hasta el momento ninguna autoridad judicial haya hecho un deslinde respecto a las influencias que este se atribuye en el sistema de justicia.
“He quedado sorprendido con este informe por los vínculos y los antecedentes que tendría. (Las autoridades) lo dejan pasar por presión. Yo lo compararía con la organización Juez Justo, de Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana, que actuaba en Lima y se ufana de poner y sacar jueces, resoluciones y medidas cautelares y miren cómo han terminado. O’Phelan opera como Juez Justo en Lambayeque y lo digo en voz alta y con nombre propio: está usando a su organización de fachada”, menciona.
Agrega que en todo momento ha abogado por la unidad de los trabajadores de Tumán en defensa de sus derechos, propósito que finalmente se ha degenerado por influencias externas.
“Al ver un festín de cautelares, una comparsa por la administración de la empresa, de uno y otro lado, opté por retirarme. Tanto Marcelino Llontop como Walter Cieza son dirigentes indiscutibles, iniciaron, dirigieron y mantuvieron la lucha de Tumán, pero Fernando O’Phelan es un agente que ha generado división en la clase trabajadora. O’Phelan no tiene partido, él representa a intereses económicos propios, es un operador de intereses oscuros, de seudo inversionistas que quieren entrar a la empresa Tumán”, enfatiza.
Un amplio informe sobre Fernando O’Phelan Pérez ha difundido, a través de las redes sociales y los correos electrónicos de los medios de comunicación, una organización denominada Colectivo Justicia y Verdad, en el que se relatan hechos poco conocidos del director de ProJusticia y se cuestiona la honestidad de su participación en el caso Tumán.
El documento, en el que se habla de vínculos con los operadores del montesinismo y su influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público, se sustenta en investigaciones realizadas por medios nacionales sobre O’Phelan, quien – según el informe – incluso fue investigado por revelar secretos de Estado.
Expresión buscó establecer contacto con los representantes de la organización vía la cuenta que esta maneja en Facebook, recibiendo como respuesta que “por el momento, debido a la implicancia de las denuncias”, preferían mantener su identidad en reserva.
En las siguientes líneas podrá usted leer el informe completo. (La reproducción es textual y gráfica).
FERNANDO O’PHELAN: El lado oscuro del ‘justiciero’
Este es un recuento del legajo y trucos del presidente de la ONG ProJusticia, Fernando O’Phelan Pérez, quien gusta de presumir sus influencias en el Poder Judicial y hoy aparece como personaje clave en el caso Tumán, que mantiene en zozobra a miles de familias cañeras en el norte del país. Una nueva perla en su accionar sería el frustrado intento de detención preliminar contra Edwin Oviedo Picchotito, hombre fuerte del azúcar en Lambayeque y presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
O’Phelan Pérez empezó a figurar en Chiclayo a raíz de escándalo del exalcalde de esa ciudad Roberto Torres Gonzales, cuya caída del gobierno municipal se produjo el 30 de septiembre del año pasado. Días después, el 16 de octubre, apareció públicamente por primera vez junto al fiscal Juan Carrasco Millones, adjunto de la fiscalía penal que inició la investigación contra el edil, en una entrevista en Canal N, en el programa del periodista Jaime de Althaus.
Lo mismo sucedió el 4 de noviembre en RPP Tv, con Juliana Oxenford, entrevista en la que el directivo de ProJusticia se animó a señalar que la investigación a la mafia que lideraría Torres Gonzales era un modelo a seguir y, por lo tanto, ameritaba que el caso sea expuesto en México. Meses después se supo que Carrasco Millones viajó al país azteca al que es muy asiduo el abogado.
En círculos privados, Fernando O’Phelan se arroga el mérito de haber ayudado a los fiscales en las investigaciones a Roberto Torres e incluso se ha presentado como el gestor de un software para la trascripción de más de tres mil audios obtenidos producto de las escuchas legales al alcalde y su cúpula.
En abril de este año, volvió a hacer noticia luego de presentar, también en el programa de Althaus, a la esposa del empresario Ricardo Coronado Li, quien fue secuestrado y extorsionado en un complot que lideró el ex fiscal chiclayano Esdras Sánchez Moreno, a quien la Corte de Justicia de Lambayeque, semanas después, sentenció a nueve años de prisión.
Sánchez Moreno hoy está prófugo y lo curioso de este caso es que ya en octubre del 2014 Fernando O’Phelan, cuando fue entrevistado junto a Carrasco Millones por Jaime de Althaus, advirtió que le estaban pisando los talones. Lo que al parecer muy pocos recuerdan es que el fiscal Esdras Sánchez había denunciado a Carrasco Millones por involucrarlo en una investigación y le exigía una reparación de 20 millones de soles. La bronca entre ambos magistrados no solo era dura, sino también pública en la tierra del Señor de Sipán.
¿ABOGADO INFLUENTE?
La ONG que lidera O’Phelan Pérez, que tiene 12 años de creada, se define como una “asociación civil sin fines de lucro que vela e investiga la corrupción en el sistema judicial del Perú para lograr su transparencia” y según su portal web es una “red conformada por jueces, fiscales, docentes de Derecho, periodistas y estudiantes” de diversas ciudades del país.
¿Cómo se financia? O’Phelan ha dicho en reiteradas veces que procede de una familia de clase media, dando a entender que destina parte de sus propios recursos al sostenimiento de la ONG. En una entrevista que dio a un medio regional de Chiclayo dijo que entre sus financistas también aparecen tres organismos internacionales: uno de Inglaterra, la cooperación técnica del gobierno alemán y el Centro de Investigación y Docencia Económica – CIDE de México.
El abogado no solo ha mencionado al fiscal Carrasco Millones y el caso del exalcalde de Chiclayo como uno en los que ha colaborado, también dice haber ayudado en investigaciones en Áncash, Ayacucho y Cusco, pero en su historia existen otros hechos que dan luces concretas de los alcances que solo o con su ONG ha tenido en los últimos años.
El Comercio publicó en enero del 2009 un informe escrito por Óscar Castilla y Miguel Ramírez, ambos periodistas de la unidad de investigación, quienes hicieron públicos algunos de los pasajes de la vida de O’Phelan Pérez que él mismo, pareciera, no desea recordar.
Según los periodistas, este fue asesor de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial cuando fueron presidentes de este José Dellepiane y David Pezúa, en los años del fujimontesinismo, pero la caída del régimen no le significó ningún revés, pues también fue visible en los períodos de Hugo Sivina, Walter Vásquez y Francisco Távara, aunque su momento de gloria llegaría con el ascenso de Javier Villa Stein, cuya candidatura se encargó de impulsar, siendo recompensado – se dice – con una oficina en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
En el historial de Fernando O’Phelan no solo hay antecedentes en el Ministerio Público por apropiación y estafa, también fue denunciado y procesado en el Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima (Expediente N° 46643-08) por violación de secretos de Estado, al ser acusado, junto a oficiales de inteligencia de la Marina y dos empresarios, de ventilar información reservada a diversos medios de comunicación.
Además, el Ministerio Público le puso los ojos encima por sacar de la celda de Óscar López Meneses, cuando el operador montesinista estuvo recluido en el penal San Jorge, un organigrama de la presunta red delictiva del exministro y embajador Fernando Olivera Vega. Fernando O´Phelan fue también visitante asiduo a las celdas de Dellepiane y Pezúa.
Según un informe de Ángel Paz, en La República (junio del 2007), O’Phelan ha manejado información de espionaje (audios, videos y documentos), “a autoridades regionales y locales, dirigentes populares y ambientalistas que se oponen a la actividad minera en algunas zonas del país”.
En octubre del 2013 el abogado hizo noticia nuevamente al revelar que Carlos Butrón Dos Santos, conocido como Brasil, le había asegurado que cambió su versión en el caso de los Narcoindultos “harto de las presiones”. ¿De qué tipo o de quién? Fue lo que nunca quiso revelar. En consecuencia, su participación en casos hasta cierto punto espinosos, es evidente.
SUPERHÉROE
En abril de este año una sección de trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, inició una huelga general indefinida en rechazo a la administración judicial que, por el cobro de una deuda de dos millones y medio de dólares, fue instalada hace nueve años a favor del Grupo Oviedo por orden del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
La paralización, dirigida por Marcelino Llontop Suyón, Walter Cieza Díaz y otros dirigentes, poco a poco fue alcanzando niveles de violencia expresados en los enfrentamientos con la Policía Nacional como el ataque a la comisaría del distrito y la quema de oficinas administrativas de la azucarera, suerte que también corrió la vivienda del administrador judicial Segundo Ordinola Zapata. A esto se suma la presencia de activistas del MOVADEF (a través del Círculo de Estudios de Tumán y Anexos y del Colectivo Todas las Sangres) y la negativa de los huelguistas de iniciar una mesa de diálogo pese al llamado de las autoridades locales y del obispo de Chiclayo.
Dos han sido los planteamientos de la huelga: el cambio de la administración judicial y la salida del Grupo Oviedo de la azucarera, aun cuando este tiene una participación accionarial del 32%. Las marchas y protestas dejaron Tumán y se trasladaron a Chiclayo, a las afueras del Séptimo Juzgado, invocando a la juez Liz Karina Fabián Palomino, titular del despacho, dé atención a sus demandas.
Fue en ese panorama que apareció nuevamente Fernando O’Phelan, identificándose como íntimo amigo del presidente del Grupo Oviedo, Edwin Oviedo Picchotito, con el discurso de que hacía suyo el reclamo de los trabajadores, a quienes ha alentado directamente en las protestas y la toma de la carretera Chiclayo – Chongoyape, promocionando las acciones de huelga a través de su ONG y programas de alcance nacional como el de Jaime de Althaus en Canal N, Nicolás Lúcar en Radio Exitosa, y otros más.
ESTRATEGIAS JUDICIALES
Con la llegada de O’Phelan Pérez a la protesta nuevas puertas se abrieron para los dirigentes. La juez Fabián Palomino emitió la resolución N° 517 ordenando la reinstalación de la administración judicial en la azucarera, tomada por los huelguitas. En respuesta, estos solicitaron un amparo para que un segundo magistrado disponga la suspensión de la administración de Oviedo y les otorgue la conducción de la empresa. Ese juez fue Óscar Tenorio Torres, titular del Tercer Juzgado Civil.
Tenorio Torres es uno de los magistrados más controvertidos de Lambayeque. Fue cuestionado por emitir un amparo que salvó al exalcalde Roberto Torres cuando fue sentenciado por peculado de uso; se le ha sindicado de haber tenido vinculación con el Viejo Paco y La Gran Familia, además de tener protagonismo determinante en el caso de la azucarera Pucalá, de la Negociación Agrícola Úcupe y haber dado validez a cartas fianza de la red Orellana.
El fallo de Tenorio Torres fue adverso al pedido de los trabajadores y en respuesta Fernando O’Phelan apareció el 23 de julio en el programa de Jaime de Althaus señalando que el juez había pedido el pago de 100 mil dólares para emitir una resolución favorable a los huelguistas y así quitar de la administración de Tumán a Oviedo. Al día siguiente, el magistrado lanzó en los medios de Lambayeque una interrogante certera: ¿Para quién trabaja O’Phelan?
Negados en la vía judicial, los huelguistas se declararon en desobediencia civil, rechazando la reinstalación de la administración en la azucarera, orden del Séptimo Juzgado Civil que hasta el momento no se puede concretar. Así, la agroindustrial lleva cinco meses tomada.
EL AUDIO
Quienes conocen a O’Phelan aseguran que tiene un gran defecto, que algunas veces se va de boca y al parecer eso fue lo que le sucedió durante una entrevista con el editor de un diario de Chiclayo, la misma que quedó registrada en un audio hoy en poder del Ministerio Público.
En ese audio el director de ProJusticia se ufana de tener estrechos vínculos con los magistrados y que en el caso particular de Óscar Tenorio se ha sentido traicionado. Según sus propias palabras, el juez pidió a los trabajadores un informe jurídico para sustentar su resolución favorable y en ese afán él fue protagonista “buscando al estudio más importante de Lima”.
“’Fernando el fallo sale para los trabajadores’, o sea eso fue lo que me dio cierta tranquilidad, porque él me exigió que consiguiera la opinión legal de Jorge Gonzáles, que cobra diez mil dólares por opinión, y del profesor del Estudio Amado, no te voy a mencionar el nombre. El estudio Amado es el estudio que está en el edificio del Marriot, que es el más caro de Lima y ese estudio factura carísimo, esa opinión por lo menos debió haber costado veinte mil dólares. Entonces, ¿de dónde iban a sacar treinta mil dólares los trabajadores? De ningún lugar, y Óscar lo pidió porque decía que yo lo podía conseguir, non graten, que no es gratis, pero lo conseguí como un mínimo precio mío. Entonces traigo las opiniones legales lo más rápido, Óscar las quería de viernes para lunes… Él mismo me decía a mí que el fallo salía para los trabajadores y dos días y medio después cambió de opinión, o sea su variación ha sido muy rápida”, señala Fernando O’Phelan en el audio por el que se le investiga, entre otras cosas, por tráfico de influencias.
El abogado señala en la conversación que el juez Óscar Tenorio era colaborador eficaz de la OCMA y que esto había permitido la caída de varios jueces corruptos de Lambayeque, pero que para alcanzar tal condición había recibido la ayuda de ProJusticia.
En el mismo audio Fernando O’Phelan menciona dos hechos importantes: que dos fiscales estaban trabajando una investigación al Grupo Oviedo y que se estaba preparando la orden de captura para sus integrantes.
OPERATIVO A MEDIAS
El 26 de agosto pasado el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Shilling Castañeda Salazar, dio la orden de captura contra 21 personas presuntamente integrantes de una organización criminal liderada por Edwin Oviedo, atendiendo en parte el requerimiento presentado por el fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Penal de esa ciudad, el mismo que encabezó la investigación al exalcalde Roberto Torres. Los otros dos fiscales que lo acompañan en la sindicación a Oviedo son Juan Carrasco Millones y Edgardo Montero Ugaz.
Según los representantes del Ministerio Público, - de acuerdo a los dicho por dos testigos clave - al interior de la azucarera Tumán, Oviedo Picchotito, los administradores y funcionarios, habrían articulado desde el 2011 una organización criminal dedicada a acciones de relaje y violencia contra sus opositores, la misma que estaba a cargo del ex jefe de seguridad de la compañía Víctor Rodríguez Ortiz. Por los hechos que se habrían configurado, los fiscales les imputan los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado, robro agravado con muerte subsecuente y cohecho pasivo propio, porque habrían contado con el apoyo de los agentes de la comisaría del distrito.
Sin embargo, el juez rechazó el pedido de detención preliminar contra Edwin Oviedo y sus funcionarios, señalando en su resolución que no existen medios probatorios razonables para presumir que este lideraba la organización. Lo sorprendente de esto es que los fiscales quedaron conformes con la decisión del magistrado y no apelaron su negativa al órgano superior inmediato.
Del total de detenidos (10 inicialmente), contra tres se ha dictado prisión preventiva por nueve meses, en tanto algunos han sido separados definitivamente de la investigación por no encontrarse vínculos suficientes que acrediten su participación en los delitos mencionados.
¿Sabía Fernando O’Phelan de lo que estaban preparando los fiscales contra Oviedo? Según el audio, sí.
HABLÓ OVIEDO
Una semana después de emitida la resolución del juez Castañeda Salazar, Edwin Oviedo rompió su silencio a través de RPP Tv y empezó a revelar los secretos que, evidentemente, no quiere seguir guardando.
El también hombre fuerte del fútbol peruano ha dicho que Fernando O’Phelan lo ha presionado reiteradas veces para que venda las acciones que su grupo empresarial mantiene en Tumán y que al negarse empezó a recibir de este el ataque a través de ProJusticia.
“Fernando O’Phlean, se acercó a conversar conmigo y me pidió que vendiera las acciones de Tumán a unos empresarios y yo obviamente le dije que no había intención de venta de las acciones y me negué rotundamente a consentir el pedido de esta persona. Desde ahí empezó mi calvario, las extorsiones, las coacciones. Este grupo empresarial es el que está manejando en este momento la empresa Cayaltí, son los señores Jorge y Ernesto Tejeda, además de su gerente general Augusto Cilloniz. Estas personas me han estado llamando hasta hace unos días insistiendo en que yo me siente a conversar respecto a las acciones de Tumán. Estoy viviendo un momento muy difícil, son días de pesadilla para mí y mi familia, pero no voy a ponerme de rodillas ante la extorsión del señor Fernando O’Phelan”, ha dicho Oviedo Picchotito y lógicamente sus declaraciones cayeron como bombas en Chiclayo.
En su opinión, el operativo y la intención de los fiscales de conseguir su detención evidenciaría el manejo que dentro del sistema judicial tiene aún el presidente de ProJusticia. “Debo manifestar mi indignación por la forma en que estos fiscales se han prestado a la patraña del señor Fernando O’Phelan para coaccionarme y obligarme a vender las acciones a unos empresarios que ni conozco. Ha querido obligarme a reunirme con ellos y yo me he negado. Él se acercó diciéndome que venía a ayudarme para que yo venda las acciones y al negarme empezó esta difamación, esta campaña mediática, orquestada por este señor para obligarme a vender”.
Mientras Oviedo Picchotito declaraba en Lima, en Tumán se empezaba a escribir una nueva historia de este controvertido caso. Los trabajadores huelguistas echaron a andar la fábrica con la molienda de caña, pese a que existe el mandato judicial que señala como ilegal este tipo de acciones y uno de los primeros en celebrarlo ha sido Fernando O’Phelan Pérez.
¿INFLUENCIA JUDICIAL?
En el audio que investiga el Ministerio Público, el director de ProJusticia no solo menciona que “salvó” de la suspensión al juez Óscar Tenorio Torres para que este emita la medida cautelar a favor de los trabajadores, sino también que como este no accedió al pedido podría a otro juez en dicho juzgado y con ello obtendría la administración de la empresa Tumán para poner al frente a Marcelino Llontop.
“¿Cuál es mi plan? Mi plan es pedir la suspensión de Tenorio, poner un juez ahí que nos salga honesto y que ese honesto retome el tema de la cautelar, o una cautelar nueva con el compromiso de hacerle el pago a Oviedo”, dice.
¿Hasta qué punto tiene influencias O’Phelan Pérez? En el audio también menciona con semanas de antelación lo del operativo realizado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo contra la presunta organización criminal dirigida por Edwin Oviedo: “Hay un equipo de fiscales aquí que están teniendo una investigación reservada, que implica… (indescifrable) eso va a ser más importante que todo esto y ya se viene, entonces para eso han viajado dos fiscales a Lima. (Indescifrable) porque han intervenido los teléfonos de todos los Oviedo, todos, entonces en estos momentos hay un operativo, pre Beto Torres, que está señalado como pre Oviedo”.
Las movidas de Fernando O’Phelan han sido profundas y muchas para lograr su propósito, concretado finalmente con la medida cautelar otorgada por el juez Erick Pérez Alquizar, del Juzgado Mixto del módulo Básico de José Leonardo Ortiz, concediéndoles la administración de Tumán. ¿A qué intereses responde tanto afán y tanto protagonismo?
