Se pregunta estimado lector ¿por qué cada vez son menos visibles las huelgas en el transporte público, salud o educación?, es que ¿son reducidas por el capitalismo y los mayores ingresos a los peruanos? Rasquemos un poco algunos indicadores para tener un mejor entendimiento.
Es inexorable no relacionar las huelgas con, lo que tal vez sea la etapa más importante para la sociedad moderna, el inicio de la revolución industrial. Con ella empiezan los cambios tecnológicos y el reemplazo de la mano de obra menos productiva y especializada. En un trabajo reciente, Van Der Velden (2024) recopila una serie de evidencias para EE. UU. buscando patrones que las hacen nacer y desarrollar, entre ellas que existen innegables fluctuaciones anuales; un crecimiento cuasi – constante; y picos en distintos períodos como el posterior a la I y II Guerra Mundial o la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Aunque estas evidencias también se replican en distintos países (Inglaterra, Francia, Argentina, etc.) y en otras décadas (del 50 al 80), lo más interesante que encuentra es que hay un declive de las huelgas a partir de los 80, no volviéndose a evidenciar un auge debido principalmente al debilitamiento de los sindicatos a nivel mundial tras la mayor fuerza que toma el capitalismo que permite mejorar los ingresos de sus miembros y además de la actitud que toman frente a las negociaciones con los partidos políticos, empresariado y el Estado.
Dos de los mejores indicadores para medir el capitalismo son tanto la libertad económica, basado en datos de Fraser Institute; y el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. En el primer caso, Perú pasa de la posición 66 en 1970 a la 43 en el 2022, mejorando en todos los indicadores como el tamaño del gobierno, comercio internacional, regulación y el valor del dinero; menos en su sistema legal. Mientras que, el crecimiento de los ingresos de los peruanos en 1970 es de US$ 3404 y en el 2024 se duplica a US$ 6711. Por lo tanto, en el Perú puede evidenciarse, con una mirada muy rápida, que el capitalismo y los ingresos van de la mano.
Datos nacionales
En el caso peruano, el estudio que viene realizando Guevara (2026) permite analizar los determinantes económicos e institucionales sobre las huelgas durante 1987 y 2022. Su principal objetivo es evaluar cómo las reformas laborales y el crecimiento económico influyen en la frecuencia e intensidad de estas. La literatura documenta un declive general de la conflictividad laboral desde inicios del XXI, asociado al debilitamiento sindical y a transformaciones estructurales en los mercados de trabajo (Barradas, 2025; Massenkoff y Wilmers, 2024).
Desde un plano institucional, Addison y Teixeira (2024) sostienen que la densidad sindical y la amplitud de convenios colectivos aumentan la propensión a la huelga. Y en América Latina, los sindicatos cohesionados encabezan huelgas contra reformas neoliberales (Medel, 2022).
En cuanto a las reformas laborales, Yamada y Salgado (2005) demuestran que tras al flexibilizar el mercado peruano en 1992, provoca una disminución inmediata en la incidencia de paralizaciones, pero también que, al compararlas con los ciclos económicos, en el Perú predominan fases procíclicas con mayor conflictividad en periodos de expansión (Marshall, 2023).
Al tomar registros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como las horas – hombre perdidas (HP); Producto Bruto Interno (PBI) real; además de factores institucionales que identifican tres hitos: la reforma laboral de 1992, la crisis financiera global (2008-2009) y la crisis del COVID-19 (2020); y aplicando la técnica de regresiones discontinuas, los resultados son contundentes: i) la reforma laboral de 1992 impacta en la reducción inmediata del 74 % en las horas – hombre perdidas. Sin embargo, con el paso del tiempo la conflictividad retoma una trayectoria ascendente, reflejando un desgaste progresivo de la eficacia regulatoria inicial; ii) existe prociclicidad de las huelgas en el Perú, pues los incrementos del PBI se vinculan con mayores niveles de paralización laboral, lo que indica que en fases de expansión los trabajadores perciben menores costos de oportunidad y fortalecen su capacidad de presión sindical; y iii) existen respuestas asimétricas frente a las crisis, donde la conflictividad disminuye significativamente por las restricciones de movilidad y los riesgos sanitarios (COVID19), o intensificándose como consecuencia de ajustes crediticios que deterioraron las condiciones de negociación colectiva (crisis financiera 2008 – 2009).
En definitiva, existe una relación entre el mayor capitalismo, el mejoramiento del ingreso de los peruanos y las menores huelgas. En ese sentido, fortalecer los factores tanto económicos como institucionales pueden mejorar el talud del muro de decisiones que toman los inversionistas para inyectar capitales frescos en el Perú. Pero, tras lo mencionado por el presidente del BCRP, Julio Velarde: “Una economía sólida no se construye con discursos, sino con instituciones fuertes”.
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(*) Director de la Escuela de Economía – USAT.
(**) Estudiante de Economía del X ciclo.
Durante décadas, la agricultura convencional depende del uso intensivo de productos químicos para el control de plagas y maximizar el rendimiento. Sin embargo, esto ha generado consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, incluyendo la contaminación del agua, exposición a sustancias toxicas, degradación del suelo y pérdida de la biodiversidad. Ante esta situación la comunidad científica ha propuesto nuevas alternativas para el manejo integral empleando productos biológicos, uno de ellos es Trichoderma spp. un hongo antagonista capaz de controlar enfermedades, promover el crecimiento vegetal y mejorar la calidad del suelo.
Entre las especies más utilizadas destacan Trichoderma koningii; T. harzianum; T. asperellum y T. viride. Estas cepas controlan enfermedades como fusariosis, pudrición de raíz, antracnosis, muerte regresiva y otras patologías causadas por Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia y Lasiodiplodia. El mecanismo de acción es múltiple e incluye la competencia por espacio y nutrientes, parasitismo directo, producción de enzimas y compuestos antifúngicos e inducción de defensas en las plantas. Además de estas funciones promueven el crecimiento vegetal mejorando la absorción de nutrientes y estimulando la producción de hormonas vegetales.
Producción en laboratorio
El proceso inicia con el aislamiento y cultivo del hongo en agar papa dextrosa (PDA) en condiciones estériles para la obtención de cepas purificadas, posterior a un periodo de incubación las más viables son seleccionadas para ser transferidas a matraces con arroz. Cuando estos han sido colonizados completamente se utilizan como base para la producción a mayor escala. Para ello, se prepara una suspensión del sustrato colonizado con agua estéril y antibióticos, de esta solución, se inoculan 10 ml en las unidades de producción representadas por bolsas con arroz estéril, las mismas que después de 7 días bajo condiciones controladas, son seleccionadas, pesadas y enviadas al campo para su aplicación.
Aplicación en campo
Una vez producido en laboratorio puede aplicarse de diferentes formas, dependiendo del objetivo, tipo de cultivo y sistema de producción agrícola. La aplicación al suelo coloniza la rizosfera, protege las raíces y favorecer el desarrollo. También se mezcla con estiércol, compost o un portador para aplicar al momento de la siembra. Otra forma es a través del riego o sumergiendo el cepellón de las plántulas en la formulación antes de colocarlas en el campo y en el tratamiento de semillas cubriéndolas con la suspensión o polvo, este permite establecer una relación entre el hongo y la raíz desde la germinación. Aunque Trichoderma spp. actúa especialmente en el suelo, en algunos casos el cultivo puede requerir la aplicación foliar para reducir la incidencia de enfermedades aéreas.
Trichoderma spp. puede integrarse al control biológico de los cultivos gracias a su compatibilidad con insumos orgánicos como biofertilizantes, bacterias promotoras de crecimiento vegetal y micorrizas arbusculares lo que permite su incorporación en el manejo del suelo y la sanidad vegetal. Sin embargo, no debe aplicarse con fungicidas químicos, estos pueden inhibir su actividad o eliminar al hongo disminuyendo su eficacia en el biocontrol. Para mantener la acción efectiva y continua en campo se recomienda repetir la aplicación en periodos de 15 a 30 días, dependiendodel tipo de cultivo, patógenos presentes y las condiciones ambientales.
Mecanismos de acción en la agricultura
El éxito de Trichoderma spp como controlador biológico radica en la combinación de sus mecanismos de acción como el micoparasitismo, que consiste en el reconocimiento químico del patógeno, enrollamiento de las hifas y liberación de enzimas hidrolíticas que destruyen la pared celular del hongo objetivo. Mediante la competencia coloniza la rizosfera, ocupando el espacio y recursos antes que los patógenos, limitando su crecimiento y propagación. Algunas cepas sintetizan compuestos bioactivos, como toxinas, antibióticos y metabolitos volátiles. Al interactuar con las raíces activan los mecanismos de defensa natural, fortaleciendo la respuesta de la planta. Además, favorece el desarrollo vegetal mediante producción de fitohormonas, solubilización de nutrientes y mejorando la estructura radicular.
Desafíos y perspectivas para su adopción a gran escala
Aunque el Trichoderma spp. ha demostrado tener un impacto ambiental positivo, su adopción masiva en la agricultura enfrenta ciertas limitaciones como falta de conocimiento técnico, disponibilidad y calidad del producto e incompatibilidad con las practicas convencionales donde el uso de fungicidas puede eliminar este hongo benéfico del suelo dificultando su establecimiento y persistencia. Pese a estos desafíos el escenario actual es prometedor. Las políticas nacionales de fomento a la agricultura sostenible, el creciente interés por disminuir la dependencia de productos químicos y los avances en la biotecnología agrícola abren nuevas oportunidades para el desarrollo y aplicación de controladores biológicos. En este contexto Trichoderma spp. Tiene potencial para convertirse en un pilar de la agricultura siempre y cuando se promueva una estrategia integral de la educación, acceso a productos de buena calidad y regulación que garantice su uso adecuado.
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(*) Bióloga. Laboratorio Agrícola Cerro Prieto.
Uno de los temas más álgidos de Perú para un crecimiento con equidad y cerrar brechas entre territorios es la descentralización; siendo la política clave que conecta servicios públicos de calidad con la vida diaria de la gente, salud, educación, agua, seguridad y que permite que las decisiones se tomen más cerca de quienes las necesitan.
Ese es, precisamente, el sentido que le da el Estado al incluir un país “unitario y descentralizado” en la Visión del Perú al 2050 y al reconocer que sin fortalecer a los gobiernos regionales y locales no se alcanzarán los Objetivos Nacionales de desarrollo, competitividad e innovación, y democracia y paz.
Lo avanzando y las grietas
En dos décadas de reforma se transfirieron funciones y recursos, y hoy los gobiernos subnacionales ejecutan cerca del 70 % de la inversión pública del país, un peso comparable al de naciones desarrolladas. Pero el propio balance de especialistas y organismos internacionales advierte una implementación desordenada, con débiles mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno y una conducción nacional poco clara del proceso, ocasiona que el gasto no siempre se traduzca en mejores servicios.
Por lo que se requiere un compromiso renovado del Estado que ordene responsabilidades, fortalezca capacidades y asegure una gobernanza intergubernamental efectiva. Solo así la descentralización será motor de crecimiento regional y de mejora tangible en la calidad de vida.
El núcleo del debate electoral
La descentralización peruana se diseñó sobre cuatro principios que hoy deberían estar en el centro de cualquier plan de gobierno: subsidiariedad, gradualidad, permanencia e integralidad, requiriendo para ello ejecutar medidas concretas que a continuación se detalla:.
Ordenar el “quién hace qué” con una revisión técnica e independiente de funciones por sector y territorio, que sirva de insumo a una reforma legislativa y a cadenas de provisión de servicios con responsabilidades claras por nivel de gobierno.
Institucionalizar espacios vinculantes de articulación (con metas y sanciones) para coordinar políticas, inversiones y resultados, reforzando mancomunidades y gestión asociada donde tenga sentido económico
Impulsar capacidades y servicio civil subnacional, con diagnósticos de brechas por función y trayectorias de carrera que reduzcan la alta rotación y profesionalicen la gestión
Relanzar la descentralización fiscal: fortalecer ingresos propios, reglas de transferencias compensatorias y estabilizar recursos volátiles (canon), alineando presupuesto con planeamiento.
Transparencia y rendición de cuentas “con dientes”: indicadores de desempeño por servicio, participación ciudadana efectiva y supervisión cruzada entre niveles de gobierno.
Rumbo a las elecciones, los ciudadanos pueden exigir algo simple: que cada oferta presidencial demuestre cómo hará que la descentralización deje de ser un discurso y se convierta en mejores escuelas, postas y obras útiles en su barrio o comunidad. Porque la descentralización, bien hecha, no es una consigna; es una ruta probada para un Perú más justo, competitivo y en paz. Ese debería ser el estándar mínimo del debate.
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(*) Magíster en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión Pública. Economista, investigador Renacyt y especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
El 30 de agosto de 2025, mediante el Oficio N.° 253-2025-PR, la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, remitieron al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al ejercicio fiscal 2026, junto con los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público. Estos tres instrumentos conforman el marco normativo esencial para la programación y sostenibilidad de las finanzas públicas, y constituyen la columna vertebral de la política fiscal para el año 2026.
Ahora bien, el Presupuesto 2026 no puede entenderse de manera aislada. Su diseño se articula estrechamente con las normas complementarias ya mencionadas, configurando en conjunto la arquitectura fiscal del país para el próximo año. Este marco normativo se sustenta en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, que establece los supuestos de crecimiento del PBI, inflación, tipo de cambio, precios de minerales y metas de déficit fiscal.
Sin embargo, el análisis conjunto de estas normas revela riesgos estructurales que podrían comprometer la eficacia del plan fiscal y limitar la capacidad del Estado para atender las crecientes demandas sociales y económicas. En consecuencia, el debate congresal no debería circunscribirse únicamente a la aprobación del Presupuesto, sino abordar de manera integral las interdependencias entre los tres proyectos de ley y su coherencia con los objetivos de desarrollo del país.
Estabilidad macroeconómica: El activo del Perú
El Presupuesto del Sector Público 2026 asciende a S/ 257 561 millones, equivalente al 20,6% del PBI, y se sustenta en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026–2029, elaborado con opinión del Consejo Fiscal, que establece las proyecciones económicas, fiscales y tributarias que guían el diseño presupuestal y la política económica de mediano plazo.
Según estas proyecciones, el PBI crecerá 3,2% en 2026, con una inflación controlada en 2,5% y un tipo de cambio de S/ 3,73 por dólar. En el plano regional, mientras países vecinos mantienen ratios de deuda superiores al 70% del PBI, el Perú proyecta un nivel de 32%, consolidándose como uno de los países con mayor solvencia. Asimismo, se prevé un déficit fiscal de 1,8% del PBI, en línea con la senda de consolidación fijada en el DL 1621.
Este marco genera fortalezas clave: Envía una señal de confianza a los mercados financieros; protege la calificación crediticia del país; y garantiza recursos suficientes para el servicio de la deuda, que superan los S/ 32 700 millones.
No obstante, también plantea un riesgo evidente: la disciplina fiscal puede convertirse en un fin en sí mismo, reduciendo el margen de maniobra para políticas contracíclicas o de expansión social que la coyuntura pueda requerir.
En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, se prevé un crecimiento global de 2,8% en 2025, con recuperación a 3,0% entre 2026 y 2029, aunque por debajo del 3,7% histórico. Además, se proyectan términos de intercambio de +12,4% en 2025 (por el alza del oro y cobre), estabilizándose en +1,5% en 2026–2029. Asimismo, se prevé un crecimiento del Perú con un PBI de +3,5% en 2025, +3,2% en 2026 y un promedio de +3,2% en 2027–2029. Y la inversión privada se sitúa en US$ 58 mil millones en 2025 (4,5%), con fuerte participación minera y no minera (Metro de Lima, APP, irrigaciones).
Respecto a la política fiscal, se proyecta un déficit fiscal de 2,2% del PBI en 2025, 1,8% en 2026 y 1,0% en 2028–2029. De la deuda pública se configura como estable en 32,1% del PBI en 2026, con reducción gradual hasta 30,8% en 2029. Entre las fortalezas está una deuda mayoritariamente en soles (52,6%), a tasa fija (84%) y con vida media de 12 años. El Riesgo país es de 161 pbs en 2025, el segundo más bajo de la región tras Chile.
Referente a la política tributaria, la presión tributaria estuvo en 14,1% del PBI en 2024 (muy por debajo de la OCDE: 39,3%). Hubo problemas estructurales como la alta informalidad, regímenes especiales y exoneraciones. Entre las medidas planteadas estuvo la ampliación de la base tributaria, el combate a la evasión y elusión, la simplificación de regímenes y alineamiento con la OCDE (BEPS, transparencia fiscal). La meta implícita es incrementar ingresos permanentes para sostener el gasto social y la inversión en infraestructura.
En cuanto a la inversión de mediano plazo, la cartera minera es de US$ 64 mil millones en 67 proyectos, distribuidos en 19 regiones (Cajamarca concentra US$ 16 mil millones). Las APP y adendas priorizadas son de más de US$ 15 mil millones, en transporte hay 11 proyectos valorizados en US$ 19 mil millones, en irrigaciones US$ 24 mil millones para incorporar un millón de hectáreas adicionales, y por el Puerto de Chancay (segunda etapa) hay US$ 2,5 mil millones a partir de 2027.
Los riesgos identificados son los siguientes. A nivel externo, las tensiones geopolíticas, guerra comercial y volatilidad de precios de commodities; a nivel interno, conflictos sociales vinculados a minería y pesca, y baja ejecución de gasto público; a nivel climático, impactos del Fenómeno El Niño y el cambio climático.
Respecto al proyecto de ley de equilibrio financiero: Control y transparencia
Este proyecto establece las reglas de financiamiento del gasto público: Recursos ordinarios (tributarios): S/ 171 239 millones (66,5%); recursos determinados: S/ 44 856 millones (17,4%); operaciones de crédito: S/ 31 902 millones (12,4%); directamente recaudados y donaciones: 3,7% en conjunto.
Además, se incorpora un dato crítico: los gastos tributarios ascienden a S/ 19 700 millones, equivalentes a casi el 8% del presupuesto. Esta cifra refleja exoneraciones, deducciones y beneficios que erosionan la base tributaria.
La valoración positiva de esto es que obliga a identificar claramente fuentes de financiamiento y prohíbe la aprobación de leyes sin cobertura presupuestaria; mientras que lo negativo es que mantiene una estructura de ingresos altamente dependiente de la tributación central, con poca autonomía subnacional.
Entre los principales riesgos está que el Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero 2026 revela un escenario frágil. La fuerte dependencia tributaria (66,5% de ingresos dependen de impuestos nacionales), con más de dos tercios de los ingresos atados a impuestos, deja al país vulnerable a una caída en los precios de los minerales o a una desaceleración económica. A ello se suma el peso de los gastos tributarios, que alcanzan el 8% del presupuesto y erosionan la base impositiva al perpetuar exoneraciones sin control (S/ 19 700 millones).
Respecto al proyecto de ley de endeudamiento: Flexibilidad con cautela
El proyecto regula la política de deuda 2026. Contempla un endeudamiento externo de hasta US$ 2 840 millones, de los cuales US$ 1 840 millones se destinan a sectores sociales/económicos y US$ 1 000 millones a la balanza de pagos; un endeudamiento interno de hasta S/ 38 435 millones, con predominio para balanza de pagos (S/ 28 831 millones) y solo S/ 9 562 millones para sectores sociales; la emisión de bonos por hasta S/ 28 831 millones en bonos internos, y operaciones de prefinanciamiento si las condiciones de mercado son favorables; la gestión activa de deuda con la autorizan operaciones hasta por US$ 10 000 millones en recompras, canjes o prepagos, con la obligación de informar al Congreso y Contraloría; y APP híbridas: se permite a ProInversión usar esquemas que combinan Gobierno a Gobierno con APP, para proyectos complejos de alta inversión.
El Proyecto de Ley de Endeudamiento 2026 expone varios frentes de vulnerabilidad. El endeudamiento interno elevado, autorizado en más de S/ 38 mil millones, amenaza con presionar las tasas de interés y reducir la liquidez en el mercado de capitales nacional. Gran parte de esos recursos, más de S/ 28 mil millones, se orientan a la estabilización macroeconómica y no a inversión productiva, lo que implica un desaprovechamiento del crédito como palanca para infraestructura.
La volatilidad externa también se hace presente: la autorización de US$ 2 840 millones en endeudamiento externo expone al país a cambios bruscos en tasas internacionales y a riesgos de devaluación. A ello se suman los esquemas de APP híbridas y garantías, que si bien buscan diversificar mecanismos de financiamiento, plantean un riesgo contractual por la limitada capacidad estatal de negociación.
Las operaciones de prefinanciamiento y manejo de deuda, que autorizan hasta US$ 10 mil millones en recompras y canjes, podrían volverse un arma de doble filo: sin una gestión adecuada, incrementarían el costo futuro de la deuda y comprometerían el espacio fiscal.
Respecto al Proyecto de Ley de Presupuesto
El gasto por funciones refleja las prioridades del Ejecutivo: Educación: S/ 48 745 millones (18,9%); Salud: S/ 33 033 millones (12,8%); Transporte: S/ 22 557 millones (8,8%); Seguridad y orden público: S/ 15 821 millones (6,1%).
La estructura revela un énfasis en sectores sociales y seguridad ciudadana, aunque casi la mitad del presupuesto está comprometido en rigideces (deuda, previsión social, planillas). En cuanto a niveles de gobierno tenemos gobierno nacional (63,7%), gobiernos regionales (23%) y gobiernos locales (13,2%).
A pesar del aumento del FONCOMUN, la descentralización sigue limitada, con gobiernos subnacionales responsables de casi la mitad del gasto de capital, pero con históricos problemas de ejecución.
El artículo 6 congela incrementos en remuneraciones y beneficios. El artículo 20 prohíbe financiar CAS con partidas de inversión. Y el artículo 21 fija límites máximos de plazas CAS por pliego. Sin embargo, el propio proyecto reconoce presiones inevitables: S/ 966,5 millones para nombramientos y ascensos de 2025; autorizaciones para nombramientos 2026 (hasta mayo); S/ 2 535 millones al SIS para asegurar continuidad del aseguramiento universal.
Este doble mensaje —contención general y expansión puntual— refleja la tensión entre la ortodoxia fiscal y la realidad social.
Además, se autoriza una transferencia de hasta S/ 50 millones al Programa Presupuestal 0030, sujeta a metas e indicadores. Esta es una innovación relevante: introduce la lógica de financiamiento por resultados en un sector crítico.
El análisis del presupuesto expone una serie de riesgos que comprometen la gestión pública. La centralización excesiva mantiene al Gobierno Nacional con el 63,7% del gasto, frente al 36,3% de regiones y municipios, lo que perpetúa la dependencia financiera subnacional y frena la descentralización efectiva. Este escenario se ve agravado por la baja capacidad de ejecución subnacional: aunque los gobiernos regionales y locales administran el 48% del gasto de capital, la inversión pública sigue atrapada en una histórica subejecución inferior al 70%, generando recursos inmovilizados y obras paralizadas.
A ello se suma la rigidez presupuestaria, ya que una alta proporción del gasto se destina a deuda, previsión social y planillas, reduciendo el espacio para políticas innovadoras y respuestas contracíclicas. Las tensiones laborales aparecen como un riesgo adicional: el Artículo 6 congela remuneraciones, mientras que los Artículos 20 y 21 limitan la contratación bajo el régimen CAS, lo que abre la posibilidad de huelgas o conflictos en sectores estratégicos como educación, salud y seguridad.
Conclusión
El Proyecto de Presupuesto 2026, junto con las leyes de Equilibrio Financiero y Endeudamiento, constituye un paquete robusto en términos de orden macroeconómico y sostenibilidad fiscal. Proyecta al Perú como un país confiable, con déficit y deuda controlados, y con instrumentos modernos de gestión de deuda.
Sin embargo, la clave no estará en las cifras, sino en la ejecución y gobernanza: Convertir disciplina fiscal en servicios efectivos para la población; mejorar la ejecución subnacional, evitando la subejecución crónica, manejar con inteligencia el dilema del gasto en personal, e implementar financiamiento por resultados en seguridad y salud.
Si el Congreso logra equilibrar la ortodoxia fiscal con la urgencia social, el presupuesto podrá ser un motor de desarrollo. De lo contrario, corremos el riesgo de tener un presupuesto impecable en los números, pero insuficiente en la vida real de los ciudadanos.
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(*) Economista. Doctor en Gestión Pública. Jefe del Área de Planeamiento del Congreso de la República
