La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Zuliana Lainez Otero, advirtió que el país atraviesa un momento crítico para el ejercicio del periodismo, en medio de un proceso electoral marcado por ataques, amenazas y ausencia de garantías institucionales. Según adelantó, la organización presentará un primer informe con más de 30 incidentes registrados contra hombres y mujeres de prensa en distintas regiones.
“La situación es grave porque no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia creciente de agresiones que involucra incluso a actores políticos en campaña. Estamos frente a un escenario donde el periodismo es un blanco deliberado”, señaló.
Escalada de ataques en campaña electoral
Lainez Otero explicó que los casos más recientes están vinculados a declaraciones y acciones del candidato Rafael López Aliaga durante sus actividades proselitistas en el interior del país. Indicó que, en ciudades como Juliaca y Andahuaylas, se han producido señalamientos directos contra medios y periodistas, lo que agrava el clima de hostilidad.
“Lo ocurrido en Juliaca es sumamente preocupante. Se responsabilizó directamente, con nombre y apellido, a medios como La República y Epicentro TV de incitar a la violencia. Luego, en Andahuaylas, se repite el patrón, pero esta vez desde estructuras partidarias que amenazan con acciones legales contra periodistas locales”, sostuvo.
La presidenta de la ANP subrayó que ya no se trata de expresiones aisladas o “exabruptos”, sino de discursos organizados que escalan hacia la intimidación. En ese sentido, cuestionó la falta de pronunciamiento de las autoridades electorales frente a estos hechos.
“La preocupación aumenta porque no hay respuesta del sistema electoral. Ni el jurado ni otras instancias han emitido señales claras frente a estas amenazas. Es como si el periodismo no fuera un actor clave en un proceso electoral”, afirmó.
Un contexto de violencia estructural
Más allá de los episodios recientes, Zuliana Lainez advirtió que este proceso electoral se desarrolla en un contexto más amplio de violencia sostenida contra la prensa. Recordó que el año anterior se registraron 458 ataques y el asesinato de cuatro periodistas en el país, lo que evidencia una situación estructural.
“No estamos empezando de cero. Venimos de un año extremadamente violento para el periodismo, con cifras históricas de agresiones. Este proceso electoral se inserta en esa curva ascendente de ataques, lo cual lo hace aún más peligroso”, indicó.
Asimismo, alertó sobre otras formas de presión que enfrentan los periodistas, como la judicialización de su labor y la criminalización del ejercicio informativo, especialmente en regiones fuera de Lima.
“No solo hablamos de amenazas o insultos. Hay persecución judicial, denuncias, intentos de silenciar investigaciones. En las regiones, esto es mucho más evidente, aunque muchas veces no se visibilice en la capital”, explicó.
La titular de la ANP también hizo referencia a casos emblemáticos que reflejan la fragilidad de las garantías para el periodismo, incluyendo la participación en política de personajes vinculados a procesos judiciales por violaciones a la libertad de expresión.
Riesgos futuros
De cara a los próximos meses, Lainez Otero advirtió que el escenario podría agravarse, considerando que el país enfrenta un calendario electoral complejo, con eventuales segundas vueltas y elecciones regionales y municipales.
“Este es un año de múltiples procesos electorales y varios de los actores que participan han tenido protagonismo en ataques a la prensa. Eso nos coloca en una situación de alto riesgo”, afirmó.
Además, expresó preocupación por la posibilidad de que el próximo Congreso impulse iniciativas que restrinjan la libertad de prensa, conocidas como “leyes mordaza”, en un contexto donde el periodismo ha sido clave para revelar casos de corrupción.
“Cuando el periodismo destapa irregularidades, se convierte en un obstáculo para quienes buscan capturar las instituciones. Por eso se convierte en blanco de ataques. Pero también por eso es fundamental defenderlo”, sostuvo.
En esa línea, destacó el rol del periodismo como un pilar democrático y una herramienta esencial para garantizar el derecho ciudadano a la información.
“El periodismo sigue siendo una ventana de luz en medio de contextos difíciles. Es la herramienta que permite visibilizar lo que otros quieren ocultar. Por eso debemos fortalecerlo, organizarnos y responder de manera articulada frente a los ataques”, concluyó.
Las votaciones están a la vuelta de la esquina y de los 61 candidatos al Senado de la República por Lambayeque que están en carrera, siete representan las opciones con más posibilidades de hacerse del único cupo disponible, el último entró en el bolo en las últimas semanas con la escalada de su candidato presidencial. Aquí sus trayectorias.
Alejandro Aguinaga Recuenco
Fuerza Popular
Nació en Trujillo, La Libertad. Alejandro Aguinaga Recuenco es bachiller en Medicina Humana por la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde obtuvo su título profesional como Médico Cirujano. Fue elegido congresista de la república en el 2006, 2011 y 2021. Actualmente, es congresista por Lambayeque.
En su hoja de vida, ha declarado ingresos anuales (por remuneraciones), ascendentes a S/403 mil 153, los que provienen de lo pagado por el Congreso de la República. Tiene, 3 propiedades en Lima, las que están valorizadas en S/241 mil 120. Además, 3 vehículos por S/217 mil, y la participación accionarial en dos empresas, en una de ellas con el 75 %, que equivale a S/1 millón 975 mil.
Reporta dos papeletas de tránsito. Fue ministro de Salud Alberto Fujimori Fujimori, en cuyo período se realizaron las denominadas esterilizaciones forzadas, caso que ha sido judicializado como violación a los derechos humanos. Fue presidente interino del Congreso en el 2010 y médico de cabecera de Fujimori.
Humberto Acuña Peralta
Alianza Para el Progreso
Nació en Chota, Cajamarca. Es bachiller en ingeniería civil por la Universidad Privada San Pedro, donde obtuvo su título profesional. Es magíster en Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo y dotor en Gestión Universitaria por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque. Se desempeña como director general de la UCV Chiclayo.
Fue elegido presidente regional de Lambayeque para el período 2011-2014 y 2015 – 2018. También elegido congresista en las elecciones extraordinarias del 2020. Reporta tres contratos con el Estado por S/208 mil 55.15 soles y tiene 27 propiedades: 20 inmuebles en Lima, La Libertad y Lambayeque valorizados en S/1 millón 670 mil 486.56; un auto valuado en S/42 mil 137 y acciones en seis empresas. Ha declarado ingresos por S/435 mil 233 soles al año.
Tiene una sanción por servir, fue condenado por cohecho pasivo pero la sentencia declarada nula por el Tribunal Constitucional, que ha dispuesto una nueva resolución de juzgado. Asimismo, es investigado por el caso Lava Jato.
José Flores Díaz
Renovación Popular
Nació en Chiclayo, Lambayeque. Es bachiller y licenciado en Administración por la Universidad Señor de Sipán, tiene estudios no concluidos de Gestión Pública. Es gerente de la Clínica Chiclayo Dental.
Postuló en el 2021 para congresista por Lambayeque por Avanza País. Ha reportado ante el JNE tener ingresos por S/106 mil 806, de los cuales S/54 mil se generan por rentas. Asimismo, la propiedad de seis inmuebles en Chiclayo, los mismos que suman una valorización ascendente a S/6 millones 694 mil 937. Declara también 3 vehículos y participaciones en la clínica dental que gerencia.
Fue sancionado con una papeleta de tránsito.
Francisco Tarrillo Paico
Juntos por el Perú
Nació en Picsi, Lambayeque. Es bachiller en administración por la Universidad Nacional de Cajamarca y cuenta con formación técnica en administración de obras en Sencico. En el 2022 postuló por Juntos por el Perú a la alcaldía de Tumán y antes fue militante de Perú Libre. También fue personero de la alianza Siempre Adelante – Fuerza 2011 en el 2010.
Ha declarado ingresos por S/18 800 al año y una vivienda valorizada en S/37 500. Su trabajo más reciente fue de asistente administrativo en Senati.
Melvin Rodríguez Minchola
País para Todos
Nació en Chiclayo, Lambayeque. Es ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo. En el 2014 postuló para regidor de Comas, en Lima, por Unión por el Perú. Ha militado en Unión por el Perú y Todos por el Perú. Registra 33 contratos con el Estado por S/139 mil 576.70.
Tiene un inmueble en el distrito de Olmos valorizada en S/40 mil y el 100 % de acciones en IRM Ingenieros EIRL. Tiene una multa de tránsito registrada en Lima, pendiente de pago. Sus ingresos ascienden a S/48 mil al año.
Javier Velásquez Quesquén
Partido Aprista Peruano
Nació en Ciudad Eten, Lambayeque. Es bachiller en Derecho, con título de abogado, por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha sido congresista de la república cinco veces: 1995-2000; 2001-2006; 2006-2011, 2011-2016 y 2016 – septiembre del 2019, cuando se produjo el cierre del Congreso.
Reporta 4 contratos con el Estado por S/115 mil 685.81 al haber dado servicios de conciliación y arbitraje en el Gobierno Regional de Madre de Dios y como árbitro en la Municipalidad Provincial de Aymaraes.
Ha declarado ingresos por S/281 mil 973.08 al año, así como la propiedad de siete inmuebles, todos ubicados en el distrito de José Leonardo Ortiz, los cuales están valorizados en S/1 millón 300 mil. Reporta un vehículo valuado en S/7000 y acciones en la consultora VQ SAC.
Se encuentra investigado por el caso Lava Jato. Ocupó la presidencia del Congreso y fue presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno aprista. Su elección dependerá de que el Partido Aprista Peruano pase la valla electoral.
Hugo Lamadrid Ibáñez
Partido Obras
Nació en Olmos, Lambayeque. Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales por la misma universidad, donde también obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencia Política.
Fue militante de Perú Libre y postuló para congresista por Vamos Perú en el 2020. Registra como propiedad una vivienda valorizada en S/151 518.91; así como tres predios en Olmos, por S/360 mil, S/34 mil y S/13 mil. También un vehículo valuado en S/30 mil. Su licencia de conducir cancelada.
