Para José Luis Gil Becerra, quien fuese parte del Grupo Especial de Inteligencia Nacional – GEIN, que logró la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, el Perú hoy enfrenta diez grandes amenazas que deben combatirse desde el servicio de Inteligencia: el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, la criminalidad organizada, los delitos ecológicos, los delitos informáticos, los promotores antisistema, la minería ilegal, la proliferación de agentes químicos y la aparición de virus como el COVID-19.
Gil Becerra, quien además ha sido jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior entre el 2018 y el 2019, sostiene que las amenazas que afrontan los países latinoamericanos en materia de seguridad interna traspasan sus fronteras, por lo que el Estado Peruano requiere de estrategias no solo a nivel de gobierno, sino de manera conjunta con otros países, sobre todo para enfrentar problemas como el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal.
Señala que la herencia del fujimorismo en el campo de la Inteligencia Policial ha sido nefasta, pues Vladimiro Montesinos hizo y deshizo con esta dirección a su antojo, poniéndola al servicio de los intereses personales del régimen de turno. En aras de resguardarse políticamente, refiere que los sucesivos gobiernos han sido demasiado cautos al hacer uso de este servicio, limitando su presupuesto y afectando así la seguridad del país.
“No solamente se necesita dinero para combatir al terrorismo, sino para todas las amenazas que tiene el país, porque estas se combaten con operaciones de Inteligencia: pagando fuentes, informantes, haciendo seguimientos, todo con la ley en la mano. Necesitamos una Inteligencia fuerte, enérgica, bien controlada por los órganos del Estado. Sin embargo, desde hace 25 años se dejó de apoyar al servicio y no me quiero ni imaginar lo que pasará en un gobierno de Pedro Castillo con todo lo que se ha avanzado”, resalta.
Conspiración internacional
Explica que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón tienen otra concepción de lo que es el trabajo de Inteligencia, pues lo conciben como una herramienta de persecución política para quienes se oponen al régimen, como ocurre en Cuba y Venezuela.
Advierte que Perú Libre, partido que lidera Vladimir Cerrón y que cobijó a Pedro Castillo como candidato, forma parte de una “conspiración internacional socialcomunista”, que se gestó en el Foro de Sao Paulo, espacio de partidos políticos y líderes de izquierda, cuyo objetivo -afirma- es capturar el poder en todo Sudamérica.
“Los ciudadanos en general tenemos una escasa formación política y no entendemos estos fenómenos ideológicos y políticos que pasan. De haberlo sabido hubiéramos tomado otras decisiones. ¿Acaso en Europa, por ejemplo, la gente vota mayoritariamente por el comunismo o por el socialismo? Han tenido que pasar muchos años para que en otras partes del mundo el socialismo cambie y se vuelva un sistema mucho más digerible”, asevera.
Indica que en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua se han implantado gobiernos socialistas que han fracasado, sumiendo a su población en la pobreza. Anota que estos regímenes están liderados por políticos de izquierda radical como lo es Vladimir Cerrón, que no aceptan matices en cuanto a su postura ideológica.
“Inocentemente, los grupos progresistas de la izquierda creen que van a dominar a la hiena, que está ansiosa de obtener el poder. De verdad me sorprende el nivel de candidez de algunos grupos de izquierda que respaldan a estos radicales. Tarde o temprano se desharán de ellos. Nadie puede pretender darle de comer con la mano a unas hienas, porque tarde o temprano te devorarán”, menciona José Luis Gil en alusión a políticos como Verónika Mendoza.
Terrorismo
En tanto, señala que en el 2017 el entonces ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias alertó ante el Congreso sobre el peligro de que personas ligadas a organizaciones terroristas estaban intentando participar de la vida política del país, sin embargo, ni Pedro Pablo Kuczynski en su momento, ni Martín Vizcarra ni ahora Francisco Sagasti le han dado la importancia debida a este tema.
Explica que existe una izquierda militante como la de Patria Roja, que participa de la vida política, bajo las reglas de la democracia. No obstante, apunta que hay otra izquierda que considera el uso de las armas como una de las formas para conquistar el poder, tal como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, y Sendero Luminoso.
“Acá no solamente hay responsabilidad de los órganos del Estado, sino de todos: de los ciudadanos que no hicimos un relevo generacional con los jóvenes y no les contamos qué fue el terrorismo, de los políticos que a partir de la captura de Abimael Guzmán en 1992 se echaron a disfrutar del triunfalismo y del mismo gobierno que no delineó políticas públicas, que incluyesen líneas estratégicas en educación para combatir a este mal”, manifiesta.
Afirma que el terrorismo sigue presente en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, donde hay ejércitos de guerrilla popular que siguen actuando bajo el mando de remanentes senderistas. Añade que la Dirección de Inteligencia corroboró hace algunos años que el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales – MOVADEF, el Comité Nacional de Reorientación del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú – CONARE SUTEP, y Sendero Luminoso trabajan en una misma línea.
“Ningún senderista hasta ahora ha salido a cuestionar esto porque saben que es verdad. Somos profesionales, tenemos 30 años a la caza de las pruebas y evidencias con las cuales los hemos metido a la cárcel por muchos años”, enfatiza.
Corrupción
Por otro lado, menciona que la presunta organización criminal ‘Los dinámicos del centro’ en la que está involucrado Vladimir Cerrón y otras personas afines a Perú Libre es solo la punta del iceberg de todo un sistema de corrupción en el que están implicados gobernadores regionales y alcaldes. Si bien la corrupción no distingue de color político, menciona que muchas de estas personas representan a movimientos de izquierda.
“La izquierda radical quiere tomar el poder metiéndole la mano a los recursos del Estado y eso es lo que estaría pasando hoy porque se ha puesto al descubierto una estructura criminal en Perú Libre, a través de testimonios e incautaciones de dinero. Esto recién es el comienzo porque la DIVIAC (División de Investigación de delitos de Alta Complejidad) está poniendo sobre el tapete todas las evidencias, está diciéndole a los ciudadanos que la campaña que han visto ha sido gracias a este sistema de corrupción”, asegura.
Anota que, aunque Pedro Castillo no esté involucrado en estos hechos, sí tiene un compromiso moral, pues los hospedajes, traslados, vuelos y alimentación de su campaña política han sido costeados con dinero que presumiblemente vendría de la corrupción.
Resultados
En tanto, opina que tanto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, como los vocales Jorge Armando Rodríguez Vélez y Jovián Valentin Sanjinez Salazar se encuentran parcializados a favor de Pedro Castillo; mientras que el titular de la Oficinal Nacional de Procesos Electorales- ONPE, Piero Corvetto Salinas, está ligado a la izquierda.
“Los que han promovido el odio desde hace 30 años nos han llevado a una situación caótica, muy difícil para el país. Lo peor es que esta conspiración no ha sido solo para imponer una ideología, sino -según los indicios que hay- para intervenir en el proceso electoral, de tal forma que los resultados no representen el legítimo sentir de la mayoría de ciudadanos”, apunta.
Asimismo, cuestiona que en las protestas de la última semana los ronderos hayan portado sus machetes, pues considera que es una demostración innecesaria de fuerza. “Queremos un país democrático, libre, donde el perdedor sepa perder y el ganador lo haga en buena lid, pero no con estas demostraciones, mostrando los colmillos, blandiendo armas, eso es lamentable”
Finalmente, cita la encuesta de Datum, que arroja que el 65 % de peruanos percibe que hubo indicios de fraude en la elección. Sobre el particular, afirma que la población empieza a darse cuenta del error que cometió al votar por Perú Libre.
El martes 22 de junio, Milagros Takayama Jiménez, personera legal de Fuerza Popular y excongresista por Lambayeque, presentó un recurso de hábeas data ante el Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, a fin de que la entidad entregue la lista de electores por mesa de sufragio a nivel distrital, provincial, regional y en el extranjero. Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, debió hacer suyo de oficio este pedido, en aras de esclarecer las actas observadas y los pedidos de nulidad.
El constitucionalista afirma que el JNE está obligado por mandato de la Constitución a llegar a la verdad material sobre las presuntas irregularidades que ocurrieron en algunas mesas de sufragio, sobre todo en este contexto en el que la diferencia entre los candidatos que compitieron en la segunda vuelta es de apenas 44 mil 214 votos. Anota que la importancia del padrón de electores radica en la posibilidad de contrastar cuántos ciudadanos debían votar en cada mesa y cuántos realmente aparecen en el acta, con sus respectivas firmas y huellas.
“La lista de electores no es un documento secreto, reservado o confidencial, no afecta la intimidad personal. Esta lista incluso ha sido solicitada ya por dos Jurados Electorales Especiales y la ONPE la ha entregado. Aquí el tema es que el Jurado Nacional de Elecciones se niega a solicitarla, cuando está obligado a hacerlo, ni siquiera a pedido de Fuerza Popular, sino de oficio”, apunta.
Explica que el Artículo 1.11 de la Ley General de Procedimientos Administrativos, que es una normal supletoria a la Ley Electoral, anota que es obligación del JNE acceder a todos los medios de probanza, incluso sin solicitud de parte, para acceder a la verdad material del sufragio.
Indicios
García Toma señala que existen indicios razonables de irregularidades en el proceso electoral, entre los que se encuentra la diferencia de votos que tuvo Fuerza Popular en determinadas mesas en primera vuelta respecto de la segunda vuelta.
“Se han observado unas 900 actas, que en términos globales no son muchas, pero son importantes, debido a la distancia tan corta entre un candidato y otro. La lista de electores tiene una importancia capital, porque estas actas podrían acercar aún más la distancia entre ambos candidatos y eventualmente transformarla en favor de uno u otro (…) ¿Por estas irregularidades se puede deducir que hubo fraude? Creo que ese es un camino largo por recorrer, pero en todo caso es el jurado quien debe marcar la pauta”, sostiene.
Asegura que el JNE está buscando una salida sobre la forma y no sobre el fondo del asunto, por lo que pretendería dejar esta discusión de la nulidad de las actas en manos del Poder Judicial.
JNE
Además de lo expuesto, precisa que el JNE debe actuar con celeridad para proclamar al ganador de las elecciones antes del 28 de julio, sin que esa diligencia no implique agotar todos los esfuerzos para alcanzar el grado máximo posible de veracidad.
“Si el JNE proclama a uno u otro candidato como ganador, ese acto será legal y jurídicamente tendremos que aceptarlo. Ahora, si el JNE no hace su máximo esfuerzo por esclarecer las observaciones, impugnaciones y nulidades, lo que ocurrirá es que se restará la legitimidad que el próximo gobierno requiere. El JNE tiene dos responsabilidades: que la proclamación de resultados genere legalidad y que los actos realizados para ese fin den tranquilidad a los ciudadanos. Así tendremos a un gobernante a salvo de cualquier duda o acechanza”, menciona.
Reflexiona que a futuro el JNE debe tener una jurisprudencia vinculante clara, pues los Jurados Electorales Especiales – JEE, no pueden resolver de forma distinta sobre un mismo caso. Además, apunta que el personal de estos JEE debería tener como mínimo tres meses de capacitación previa, pues ingresan sin mayores conocimientos e incluso su pleno está conformado por dos abogados y un ciudadano lego en Derecho.
“Y en lo que se refiere a la legislación en sí misma, esta hay que revisarla de manera profunda y ser muy responsables en la designación de los miembros del JNE. Para muchos el JNE es una sinecura, pues durante cuatro años hace poco o nada. El único tiempo en el que trabaja es durante los períodos electorales, que son dos veces cada cinco años, para las elecciones municipales y presidenciales. Sin embargo, esos momentos son vitales para la vida política de país”, anota.
Agrega que durante el tiempo en el que no hay actividad electoral el JNE debería enfocarse en uniformar la jurisprudencia para proponerle al Congreso un nuevo texto de legislación electoral, que no sea tan burocrático, sino más bien ágil, sencillo y entendible para todos.
Tribunal Constitucional
Sobre la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, García Toma apunta que el Congreso debe definir qué tipo de magistrado se busca, pues cada tiempo histórico marca un tipo de perfil.
“Hay momentos en los que se requieren magistrados activistas, otros en los que se necesitan jueces constitucionalistas restrictivos. En otros casos se buscan a miembros con ideas renovadoras u abogados litigantes. En función de esa respuesta surgirá la evaluación que se quiere hacer.
Asimismo, califica de impertinentes algunas preguntas que los integrantes de la comisión evaluadora del Congreso le han formulado a los postulantes, pues buscan generar polémica y no tienen que ver con la función constitucionalista de los futuros magistrados.
“Anteriormente, la legislación permitía que el Congreso pudiera optar por el nombramiento vía invitación, es decir, el cuerpo parlamentario escogía entre aquellos que consideraba que podían reunir las cualidades técnicas y éticas para el cargo. Ahora se hace por concursos. El problema con esta mecánica es que hace el proceso más largo y en muchos casos desanima a quienes ya tienen cierto prestigio ganado y, al no salir eventualmente en la lista de propuestos por el pleno, pueden verse afectados”, explica.
Refiere que no existe ningún impedimento legal para que este Congreso elija a los magistrados, aunque hubiera sido recomendable que dejen esta labor a la próxima representación parlamentaria.
Producción
Añade que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional han retrocedido en cuanto a políticas garantistas de derechos fundamentales, pues ha establecido un procedimiento llamado ‘Resolución interlocutoria’, según la cual se reservan -en base a una serie de criterios- qué causas ve el pleno y cuáles no.
“La Constitución señala claramente que aquella persona que ha presentado una demanda de amparo o un hábeas corpus, porque considera que sus derechos están siendo amenazados o violentados, y no alcanza justicia en el Poder Judicial, tiene excepcionalmente la posibilidad de pedirle al Tribunal Constitucional que reexamine su caso”, indica.
Resalta que una tesis de la Pontificia Universidad Católica arrojó que el 97 % de los recursos de agravio constitucional que llegan al Tribunal son rechazados, mientras que la mitad del 3 % de causas que ingresan son declaradas infundadas.
“Eso nos llevaría a sentirnos aparentemente reconfortados porque en el Perú no se estarían violando derechos fundamentales, pero sabemos que eso no es cierto. A pesar de que esta medida de las resoluciones interlocutorias se hizo con la finalidad de aminorar la carga procesal, se han generado mecanismos burocráticos y ahora tenemos la misma carga de hace diez años. Hay un déficit de aproximadamente dos mil expedientes que ya tienen buen tiempo esperando ser vistos”, anota.
Enfatiza en que este Tribunal Constitucional ha tomado decisiones bastante cuestionables, como la de declarar infundada la demanda competencial contra la disolución del Congreso, que se realizó bajo la tesis de la denegatoria fáctica de la confianza y sin acuerdo previo del Consejo de Ministros.
Congreso
Por otro lado, subraya que este Congreso saliente ha cometido dos errores. El primero de estos ha sido aprobar declaratorias de interés nacional para la creación de distritos y provincias, ya que la demarcación territorial es facultad del Poder Ejecutivo. “Todas las leyes que se han dictado y que los pueblos han celebrado son básicamente un engaño”, precisa.
Como segundo error menciona la aprobación de leyes que involucran el presupuesto público como las relacionadas a la devolución de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, y el nombramiento del personal contratado.
“De repente el Congreso ha tenido buena intención, pero hay un marcado populismo, desfachatez y falta de rigor técnico, porque se ha dedicado a destruir la economía. Todas esas leyes tienen un efecto presupuestal terrible”, advierte.
En tanto, menciona que la Constitución debe modificarse en tres aspectos: la relación entre Ejecutivo y Legislativo, el proceso de descentralización y la adopción de rango constitucional de los organismos reguladores del Estado como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.
Han pasado ya dos semanas desde la realización de la segunda vuelta electoral y aún no hay resultados oficiales respecto al ganador de los comicios. Una de las discusiones que ha tomado protagonismo es la que gira en torno a la fecha máxima para la presentación de las solicitudes de nulidad de las actas. Si bien el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ya determinó que el plazo venció el 9 de junio a las 8:00 de la noche, para algunos abogados como Elizabeth Zea Marquina deben aceptarse los pedidos posteriores a esa hora.
“Debido a la cantidad de irregularidades que hubo, lo que se esperaba era que el JNE aplique la ley y no un reglamento de gestión que tiene desde octubre del año pasado, se esperaba que aplique la Constitución y la ley por encima de un reglamento. Debió permitir que ingresen estas impugnaciones y se resuelvan conforme a las competencias y funciones que tiene, dado que podría muy bien establecer la autenticidad de estas actas si es que solicitara el listado de los votantes para hacer el contraste, pero no lo está haciendo”, critica.
La excandidata al Congreso por Perú Patria Segura señala que el JNE no se está ajustando al artículo 176 de la Constitución, el cual refiere que el sistema electoral tiene por finalidad garantizar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, lo cual -a su juicio- no se logrará si la institución no agota todas las herramientas que tiene al alcance para que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad popular.
Agotar recursos
La abogada destaca que el JNE no está actuando conforme a ley, pues existe un principio en el derecho electoral que es el de la presunción de la validez del voto. Por ello, insiste en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, debe entregar el padrón de electores de la segunda vuelta, de modo tal que en las actas donde se presume un error material se contrasten las firmas con el listado de los votantes.
“El JNE simplemente está declarando improcedentes los pedidos, no quiere llegar a la verdad. Nosotros no queremos que nos den la razón, queremos que esto se dilucide, que se llegue a una resolución transparente, agotando todos los medios y recursos pertinentes. Me preocupa la demora, pero también que el JNE no acepte las pericias grafotécnicas de parte, que podrían ayudar a la formación de un criterio discrecional; que no pida el listado de votantes, que no coteje con las fichas de RENIEC, que no agote todas las herramientas”, sostiene.
Añade que el JNE está sembrando incertidumbre en la población e inseguridad jurídica, pues pese a contar con un marco legal bastante amplio y auspicioso para el derecho de participación política, no lo está usando y se está limitando a sus reglamentos y procedimientos administrativos internos.
“Me preocupa muchísimo que, por hacerlo todo tan rápido, se apresuren en declarar a uno u otro candidato como ganador, pero sin llegar a la verdad. Quieren patear todas estas irregularidades al Ministerio Público para que este se encargue, pero esa no es la forma. Y mientras tanto, de repente vamos a ser gobernados por alguien que no fue elegido democráticamente”, anuncia.
Manejo político
Por otro lado, califica de antidemocráticas las conductas de algunos políticos que ya han reconocido como presidente electo a Pedro Castillo Terrones, pese a que el JNE no lo ha declarado oficialmente como el ganador. Al respecto, saluda que la entidad electoral haya dejado en claro que es la única autorizada para anunciar al mandatario electo.
“No se puede decir que Pedro Castillo es el presidente electo hasta que el JNE resuelva la última impugnación y declare oficialmente al ganador. Hay movilizaciones a nivel nacional, tanto de un lado como de otro, pero lo que aquí se quiere es que las autoridades como el Ministerio del Interior garanticen la seguridad de las mismas y ponga las reglas claras, porque ha llegado gente de diferentes partes del país a Lima, que no están promoviendo precisamente protestas pacíficas”, destaca.
