Del 4 al 6 de noviembre, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo acoge a especialistas de todo el país para debatir sobre salud pública, biotecnología, biodiversidad y los retos del cambio climático.
Lambayeque ha asumido un rol protagónico en la agenda científica del país. Del 4 al 6 de noviembre de 2026, los auditorios de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura FICSA y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Unprg, congregan a destacados investigadores, profesionales, docentes y estudiantes en el marco del XXIII Congreso Nacional de Biología y la V Convención Nacional de Educación Superior en Ciencias Biológicas.
Este gran encuentro, oficializado mediante la Resolución de Consejo Directivo Nacional N.° 0038-2026-CDN-CBP, cuenta con el respaldo institucional del Colegio de Biólogos del Perú y es organizado de manera rigurosa por el Consejo Regional III Lambayeque, liderado por la decana Carlota Flores Arrascue. La magnitud del evento posiciona a Chiclayo no solo como una tierra de rica tradición cultural y paisajística, sino también como un polo estratégico de pensamiento crítico, innovación y articulación académica en el Perú.
La ciencia al servicio de la vida
Durante la ceremonia inaugural, la decana del Colegio de Biólogos del Perú – Consejo Regional III Lambayeque, Carlota Flores Arrascue, ofreció un discurso que conectó el rigor técnico de la disciplina con profundas reflexiones éticas y humanitarias.
Citando la reciente encíclica de su santidad León XIV, “Magnífica Humanitas” (del 15 de mayo de 2026), la autoridad gremial recordó el noveno acápite enfocado en la “Tecnología al servicio de la vida”:
“La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa común; pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias”.
A partir de esta premisa, la decana enfatizó que el quehacer biológico jamás debe desvincularse de la responsabilidad social.
“Este mensaje nos recuerda que la ciencia debe avanzar siempre acompañada de responsabilidad y compromiso humano. Porque nuestra vocación como biólogos es comprender, proteger y valorar la vida en todas sus manifestaciones. Queremos que Lambayeque sea una verdadera embajadora de la ciencia peruana”, señaló.
Asimismo, Flores Arrascue destacó que la biología actual ha roto las barreras de los laboratorios tradicionales para incidir directamente en la seguridad alimentaria, la preservación ambiental, la salud pública y el diseño de políticas públicas sanitarias.
De los estragos de El Niño a la cirugía robótica
El programa académico del congreso se ha estructurado para responder con agilidad a las problemáticas más apremiantes del contexto nacional y global. Entre los ejes de mayor repercusión destacan:
Salud Pública y Cambio Climático: Con especial énfasis en el abordaje epidemiológico y preventivo de enfermedades infecciosas y endémicas (como el dengue) agravadas por los ciclos del Fenómeno El Niño en la costa norte peruana.
Biotecnología e Ingeniería Genética: Avances en diagnóstico molecular, resistencia bacteriana, biotecnología vegetal y su aplicación en la optimización de la productividad agrícola sostenible.
Innovación Tecnológica en la Medicina: Nuevas fronteras asociadas a la incorporación de la cirugía robótica, el estudio de patologías complejas y la optimización de los estándares de calidad en laboratorios clínicos y forenses.
Gestión Ambiental y Conservación: Estrategias de fiscalización ambiental, microbiología marina y protección de los frágiles ecosistemas naturales que caracterizan la biodiversidad del país.
Junto a las conferencias magistrales, la programación contempla simposios especializados orientados a discutir la integración de la inteligencia artificial en la educación superior, la ética científica y las competencias que definen el perfil del biólogo en el siglo XXI.
Investigación aplicada y participación estudiantil
Un pilar fundamental del congreso es la difusión de la producción científica gestada en las diversas regiones del país. Las jornadas incluyen ponencias libres y una concurrida exposición de pósteres científicos, donde investigadores y universitarios exponen hallazgos empíricos sobre la anemia infantil, la contaminación de fuentes hídricas locales y los planes de vigilancia epidemiológica regional.
Para el comité organizador, propiciar este intercambio directo entre semilleros de investigación y científicos consolidados garantiza el relevo generacional y fomenta la creación de redes de cooperación interinstitucional entre universidades públicas y privadas.
Con la culminación de este encuentro científico el próximo 6 de noviembre, el Consejo Regional III Lambayeque consolida un hito en su gestión, demostrando que descentralizar el debate académico es clave para democratizar el conocimiento.
El compromiso asumido por los profesionales biólogos en Chiclayo reitera que la investigación rigurosa, la innovación tecnológica y la sensibilidad ambiental constituyen los cimientos indispensables para construir un Perú más resiliente, equitativo y consciente de su riqueza natural.
Según estimaciones de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG, en el Perú las familias destinan aproximadamente el 5 % de un salario mínimo a la compra de un seguro. Eso se refleja en que cinco de cada siete familias deben enfrenta la pérdida de un ser querido sin la protección de un seguro. Si no existe una cultura de seguros para cuidar la propia vida, menos aún se hace para la protección de los bienes muebles e inmuebles.
Para Pierre Barron, gerente general de McLarens Ajustadores Perú, existe una poca penetración de los seguros en el Perú, aunque esta situación va cambiando de a pocos debido a los sucesos climatológicos ocurridos en otras latitudes.
“La penetración de los seguros ha crecido a raíz de los terremotos que ha habido en Colombia, Venezuela y Panamá. La gente ha reaccionado favorablemente a comprar seguros. Y es lógico que uno quiera tener su casa protegida. Es muy sencillo. Si mi casa vale 50 mil dólares y se deteriora por un terremoto, no voy a tener los 50 mil en el bolsillo para reponerla. Es mejor trasladar ese riesgo a otra persona. Pagar una cantidad al año y dormir tranquilo. Esa es la función del seguro: trasladar el riesgo a otra empresa para que el problema sea suyo y ya no de uno”, explica en exclusiva para Expresión.
Gestión de riesgos
Barron explica que McLarens tiene un prestigio internacional que le permite gozar de la confianza en el mercado, pues como ajustadora es la bisagra entre el asegurado y la aseguradora.
“El ajustados McLarens tiene más de 90 años de existencia. Nació en Londres y al año siguiente abrió sucursal en Estados Unidos. Crecieron ambas en paralelo. Ahora somos más de 2500 trabajadores a nivel global. En Latinoamérica, tenemos oficinas en México, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil”, cuenta.
Agrega que atienden tanto al sector privado como al público. Sobre este punto, señala que las cuentas estatales son muy importantes para los corredores, debido al nivel de pago de las primas y comisiones. Sin embargo, señala que la naturaleza de ambos rubros es distinta y el público termina siendo más engorroso por la burocracia que existe.
“La diferencia entre el privado y el público es bastante. Cada uno tiene su proceso, pero es más largo el tema público. Por ejemplo, cuando hay que elegir un proveedor, se envía una terna de tres como propuesta y se elige a uno, el cual se le comunica a la aseguradora, mientras que en el privado yo puedo escoger a la empresa que más me gusta y se acabó. En cambio, en el público es así. Hay muchas empresas públicas que trabajan no con la indemnización en dinero, sino con reposición. Supongamos: me robaron una cámara de fotos. Quiero que me la repongas. Entonces me dan tres propuestas y elijo una. Pero cuando voy al proveedor me dicen ya no tengo el mismo modelo porque han pasado cuatro meses. Tengo este. Entonces otra vez comienza el proceso; mientras que un privado te dice me robaron la cámara de fotos, compré una y reembólsame. Es menos burocrático”, grafica.
Fenómeno El Niño
Recientemente, Pierre Barron se reunión con un promedio de 50 corredores locales, tanto de Chiclayo como de Trujillo, a fin de abordar lo que significará para el sector seguros el Fenómeno El Niño.
“Hemos estado en Piura, ahora Chiclayo y próximamente iremos a Trujillo a reunirnos con los corredores y darle consejos. Venimos a asistirlos sobre cómo portarse ante un evento que sabemos que se viene como es El Niño. Creo que los pronósticos son buenos, nos da tiempo parta prepararnos. Es como un partido de futbol, te da tiempo de entrenar y armar tu equipo, no te viene de sorpresa; mientras que un terremoto no te avisa”, señala.
En ese contexto, apunta que las agroindustrias son las que tienen más dinero en riesgo, aunque en cantidad de reclamos sigue siendo el rubro hipotecario el que más genera.
“Son personas que van, piden un crédito hipotecario para comprar una vivienda y buscan asegurarla. De esos casos hay muchos, pero en costos no es comparable con lo que cuesta asegurar un canal de regadío, por ejemplo, que puede ser de tres a cuatro millones de dólares”, comenta.
Ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios y el procurador Gilberto Eduardo Cabello Vargas desmontaron la versión del exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones sobre su licencia y su carta de renuncia, y mantuvieron sus pedidos de pena y reparación civil.
El juicio contra Carrasco Millones (expediente 00025-2023-5-5001-JS-PE-01) entró en su etapa final. El 21 de octubre alegó el Ministerio Público y el 28 lo hizo la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, actor civil. Ambos respondieron a lo que el acusado declaró el 13 de octubre y a los argumentos de su defensa técnica.
El primer hecho es haber jurado como ministro del Interior el 29 de julio de 2021 sin renunciar antes a su cargo de fiscal provincial titular de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque; la imputación por aceptación ilegal del cargo prescribió en lo penal, pero subsiste para la reparación civil. El segundo, que sostiene la acusación, es la falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal) por presuntamente alterar la verdad en los documentos que presentó al Ministerio Público entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 2021.
Fiscal y ministro a la vez
El fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios definió el caso como el del funcionario que fue fiscal y ministro a la vez pese a la prohibición constitucional, y anticipó que “posiblemente pase a los anales de la historia judicial”. Citó el Recurso de Apelación N° 20-2018/Sullana, con participación del juez supremo Iván Guerrero López, para señalar que el bien jurídico protegido es la veracidad exigible a los funcionarios, y añadió que el perjuicio que exige el tipo penal puede ser institucional y no solo económico.
La licencia
El fiscal exhibió la solicitud del 26 de julio de 2021, dirigida al fiscal superior coordinador Jorge Chávez Cotrina y a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en la que Carrasco Millones pedía licencia sin goce de haber por motivos personales “con la consiguiente reserva de mi plaza de origen”, prueba, según Rabanal Palacios, de que siempre quiso seguir siendo fiscal. Al día siguiente precisó que serían 90 días, del 28 de julio al 26 de octubre.
Ante la tesis de que no mencionó su designación como ministro de Estado porque aún no sabía que lo asumiría, el fiscal dijo que “no resiste ningún análisis”, pues un fiscal que investigó organizaciones criminales de alto vuelo no aceptaría un cargo de confianza sin saber cuál era, y como abogado conocía que los artículos 146 y 153 de la Constitución prohíben a los fiscales hacer política y ejercer otra actividad pública o privada, salvo la docencia universitaria.
Silvia Karina Ávila Lam, jefa de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF), que firmó la licencia, declaró el 11 de agosto que, de haberse indicado que era para ser ministro, habría observado el pedido, pues “en teoría no debería darse, porque contraviene lo que dice la Ley de la Carrera Fiscal”. Para Rabanal, la solicitud la indujo a error. La licencia se notificó a las 22:37 del 27 de julio, cuando el acusado, según el fiscal, ya sabía que sería ministro.
Cabello Vargas recordó que el propio Carrasco declaró que el 26 de julio le dijeron que integraba una lista de 15 personas y que el 29 por la mañana le informaron que no había sido elegido y por la tarde que juraría. Esa invitación incierta, sostuvo, explica la licencia, una “estratagema” para conservar la plaza si no llegaba la designación. El escrito solo hablaba de un “cargo de confianza”, categoría que abarca desde un jefe de asesoría jurídica hasta un secretario general, y nunca mencionó el de ministro de Estado.
Sobre el supuesto aviso verbal a Chávez Cotrina y a Ávalos Rivera, el procurador señaló que ambos declararon en el plenario y la defensa nunca les preguntó por ello, por lo que esa afirmación “no tiene ningún tipo de valor probatorio”.
El régimen equivocado
La defensa sostuvo que Carrasco tramitó la licencia al amparo del Decreto Legislativo N° 276, tras consultar a SERVIR, cuyos Informes Técnicos N° 1253-2022 y N° 1007-2023 avalarían una suspensión perfecta del vínculo laboral. Cabello Vargas replicó con la jurisprudencia de la Junta Nacional de Justicia, como la Resolución N° 562-2026-JNJ: a los fiscales no se les aplica ese decreto, ni siquiera supletoriamente, sino la Ley N° 30483, de la Carrera Fiscal, por el principio de especialidad. Esa ley exige dedicación exclusiva a la función fiscal (artículo 33, inciso 16) y prohíbe participar en política (artículo 39, inciso 6).
Rabanal Palacios, a su vez, señaló que esos informes no analizan los artículos 146, 153 y 158 de la Constitución, y que las normas inferiores se interpretan conforme a ella «y no al revés». La Carta N° 10-2021 del distrito fiscal de Lambayeque, con la que la defensa fija el fin del vínculo el 28 de julio, solo pide devolver un pago en exceso. Y la participación de fiscales en los Jurados Electorales Especiales; utilizada por la defensa técnica de Carrasco Millones como ejemplo, está prevista expresamente en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
La renuncia
La carta de renuncia ingresó el 2 de agosto de 2021, a las 12:42, fechada el 28 de julio. El acusado alegó que es usual fechar antes una carta y que el 28 y el 29 fueron feriados, por lo que la presentó con firma legalizada el lunes siguiente. Rabanal recordó que la licencia se tramitó por la carpeta electrónica administrativa (CEA), como declararon Chávez Cotrina, Ávila Lam y la secretaria Noelia Zurita Chávez, y que por esa vía pudo enviarla incluso un feriado. “Sin embargo, el acusado no lo hizo”, remarcó.
Agregó que la firma legalizada; usada como justificación por Carrasco Millones, recién se exigió desde el 13 de abril de 2022, con el Oficio Circular N° 01-2022-MP-FN, y que el notario dejó constancia de no responder por el contenido. Para la Fiscalía, va contra el sentido común que, tras pedir la licencia el 26, precisar el plazo el 27 y obtenerla esa noche, redactara su renuncia al día siguiente.
Cabello Vargas citó la carta, en la que Carrasco pedía resolver “considerando mi renuncia a partir del 28 de julio 2021”. A quienes sostienen que lo relevante es la fecha de presentación, respondió que ese pedido buscaba aparentar que al jurar como ministro ya no era fiscal.
La Fiscalía atribuyó esa fecha a tres hechos: la investigación preliminar de control interno (Queja N° 159-2021), notificada el 30 de julio, según el fiscal Telésforo Vásquez Figueroa; el revuelo mediático tras la juramentación; y las críticas del Congreso, que Zoraida Ávalos describió en juicio. La exfiscal de la Nación dijo que un magistrado, “para aceptar un cargo de confianza como el de la cartera de un ministerio, tenía previamente que renunciar”. Además, el Tribunal del Servicio Civil estableció que las renuncias no tienen efecto retroactivo, y la Junta de Fiscales Supremos, en su Resolución N° 56-2021, aceptó la de Carrasco Millones desde el 2 de agosto de 2021, fecha real de presentación.
Pena y reparación
Rabanal Palacios se ratificó en cuatro años de pena privativa de libertad por falsedad genérica, cifra que, explicó, equivale al mínimo del rango de cuatro a seis años que resultaría de la agravante del artículo 46-A para funcionarios, no aplicada en la acusación. Cerró con una frase atribuida a Cicerón: “La constitución la llevo en el corazón”.
La Procuraduría sustentó la reparación en los elementos de la responsabilidad extracontractual del Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116. Cabello Vargas precisó que no hubo daño patrimonial, sino un daño extrapatrimonial a la imagen de la Presidencia de la República y del Ministerio Público, con base en las Casaciones N° 867-2005-Arequipa y N° 189-2019-Lima Norte.
Pidió fijar la reparación en S/100 000: S/90 000 por la aceptación del cargo de ministro sin cumplir los requisitos, en agravio del Poder Ejecutivo, y S/10 000 por la falsedad genérica, en agravio del Ministerio Público; y que, si la pena fuera suspendida, el pago sea regla de conducta. “Quien causa un daño se encuentra en la obligación de repararlo”, concluyó.
La Sala Suprema citó para el 3 de noviembre los alegatos de clausura de la defensa técnica de Carrasco Millones. El 13 de noviembre se realizará el adelanto de fallo y el 20 de noviembre, la oralización de la sentencia.
Lambayeque registra 71 obras públicas paralizadas al segundo trimestre de 2026, según la Contraloría General de la República. Si bien es el menor número observado en los últimos siete trimestres, estos proyectos acumulan un costo de S/1172 millones, equivalente a casi tres veces los recursos destinados conjuntamente a Educación y Salud en la región.
Una obra paralizada no significa solamente recursos que todavía no cumplen su objetivo. También implica servicios pendientes para la población: carreteras que no terminan de conectar localidades, redes de agua que aún no llegan a los hogares o colegios que no pueden ser utilizados.
“Es importante identificar qué está impidiendo la continuidad de las obras y evitar que los proyectos vuelvan a quedarse detenidos. Cada obra que se termina amplía la capacidad de la región para atender necesidades que llevan tiempo esperando respuesta”, comentó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo - Redes.
¿Dónde se concentra el problema?
Los gobiernos locales concentran 41 de las 71 obras paralizadas, equivalentes al 57.7 % del total. Además, 22 de estas corresponden únicamente a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Un ejemplo es la obra de agua potable y alcantarillado para los pueblos jóvenes Progreso, Miraflores, Las Vegas y otros, en Pomalca. El proyecto, valorizado en S/62 millones, comenzó en 2019 con un plazo previsto de 600 días, pero todavía no ha sido culminado.
Por sectores, Transportes y Comunicaciones registra 23 obras paralizadas y Vivienda, Construcción y Saneamiento otras 18. Ambos concentran más de la mitad de los proyectos detenidos en Lambayeque. Educación y Cultura suman otros 13.
¿Por qué se paralizan las obras?
El incumplimiento de contrato es la principal causa, presente en 31 proyectos, equivalente al 43.7 % del total. Le sigue la falta de recursos financieros y liquidez, con ocho obras. En conjunto, ambas causas explican más de la mitad de los proyectos paralizados de la región.
Estos resultados muestran que el desafío no pasa únicamente por destinar más recursos a nuevas inversiones. También es necesario mejorar la planificación, asegurar el financiamiento necesario para culminar los proyectos y fortalecer la capacidad técnica de las municipalidades, donde se concentra la mayor cantidad de obras detenidas.
“El reto para Lambayeque es que los recursos ya destinados a inversión puedan traducirse efectivamente en infraestructura y servicios. Una obra que permanece paralizada es una inversión que todavía no cumple su propósito para la ciudadanía”, concluyó el especialista de Redes.
