En abril pasado, el gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel, José Alejandría Bravo, informó a Expresión que la entidad estaba presta a la culminación del expediente de saldo de la obra de agua y desagüe de los 12 pueblos jóvenes ubicados carretera a Pomalca. Han pasado seis años desde que los trabajos iniciaron y las familias de la zona siguen sin acceder a los servicios básicos.
Las gestiones para que se habiliten los servicios saneamiento en los pueblos jóvenes carretera de Pomalca se iniciaron hace poco más de 20 años. Fueron los vecinos quienes se organizaron para emprender la lucha por el proyecto, primero ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo y luego ante Epsel, que en marzo del 2017 finalmente suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la cristalización del mismo, con un presupuesto superior a los 63 millones de soles.
El objetivo es dotar de agua y desagüe a las poblaciones de pueblos jóvenes como Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé II, que pertenecen a la jurisdicción del distrito de Chiclayo.
Contratación y desenlace
Las obras fueron adjudicadas en el 2018 al Consorcio Progreso, iniciándose en el 2019. Sin embargo, de todo ha pasado en este período, hasta que el proyecto quedó paralizado de manera definitiva.
La primera paralización fue en el 2020, debido a la pandemia del Covid-19, quedando el proyecto en suspenso entre junio de ese año y marzo del 2021. Los trabajos se retomaron, pero para julio del 2021 volvieron a suspenderse, debido a que empresa entró en controversia con Epsel por el pago de valorizaciones.
Entre las acciones tomadas por la contratista estuvieron el envío de cartas notariales entre octubre y noviembre del 2021 exigiendo los desembolsos, las mismas que nunca fueron atendidas por la empresa de saneamiento, hasta que a fines de año el consorcio invocó el silencio administrativo positivo, resolviendo nuevamente por la paralización.
En enero del 2022 se buscó la manera conciliar para evitar que el contrato se resuelva, pero el proceso fue infructuoso. Luego, vinieron dos arbitrajes, uno con la ejecutora y otro con la segunda supervisora, pues la primera fue subrogada por la presentación de documentación falsa.
Para abril del 2023, la obra quedó paralizada de manera definitiva. En total, hubo siete paralizaciones del proyecto hasta ese desenlace.
El consorcio acusó a Epsel de haber aprobado un expediente técnico deficiente, lo que generó adicionales que no querían ser reconocidos por la empresa de saneamiento, y luego hubo acusaciones de ambas partes por los montos de las valorizaciones. En el 2022, por ejemplo, mientras Epsel señalaba que había desembolsado a favor de la contratista 44 millones de soles, esta afirmaba que solo eran 32 millones.
Intervención de la Defensoría
Ante esta situación por demás alarmante, que perjudica a 45 mil pobladores con un proyecto inconcluso, que quedó al 80 %, la Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Defensorial en Lambayeque, ha solicitado al Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la urgente atención del expediente técnico de saldo de obra.
“En seguimiento a este tema, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque instó a la empresa prestadora de servicios EPSEL a culminar el expediente técnico de saldo de obra. Es así que este documento ha sido remitido al PNSU y se encuentra pendiente de evaluación para su aprobación y financiamiento por un costo estimado de 35 millones de soles”, informa la defensoría.
Al respecto, Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, señaló que es inaceptable que una obra tan vital esté detenida por más de seis años, debido a que esto afecta el derecho fundamental al agua potable. Asimismo, indicó que la sede defensorial ha solicitado al PNSU que, en un plazo no mayor a 10 días, informe sobre la evaluación técnica al mencionado expediente, así como las medidas concretas que adoptará para retomar la ejecución del proyecto.
El representante de la Defensoría del Pueblo informó también que, a través de diversas supervisiones, se ha podido constatar las condiciones de prestación de los servicios de agua y alcantarillado, verificándose la grave afectación a la salud pública por la presencia de malos olores y roedores en la zona.
De acuerdo a información dada por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, hasta octubre de año pasado este había solicitado en tres oportunidades que Epsel eleve el expediente del saldo de obra, a fin de habilitar el financiamiento, pues se trata de un proyecto con un avance significativo y que involucra a 12 pueblos jóvenes, uno de ellos con más de 100 años de existencia como es Samán.
El expediente fue culminado en abril y lo que se conoce que es Epsel ya remitió el mismo para la evaluación correspondiente, por lo que se espera que sea el sector Vivienda el que dé atención prioritaria al mismo.
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