Nada que celebrar. Videnza Instituto ha desarrollado un estudio que arroja el Índice de Eficiencia en la Inversión Pública, el cual mide el desempeño relativo de las entidades públicas en el manejo de sus recursos para inversión de manera integral, desde la fase de programación de inversiones hasta la liquidación de las obras. Los resultados para Chiclayo son poco alentadores, pues ocupa el puesto 185 entre 196 municipalidades provinciales.
Para elaborar este índice, Videnza ha considerado ocho indicadores relacionados al ciclo de inversión pública: sobrecarga de proyectos, proyectos con administración directa, sobrecosto respecto al monto viable, retraso de proyectos, proyectos detenidos, avance en la ejecución, liquidación de proyectos y atomización de proyectos.
“En el caso de las provincias, la foto no se ve muy propicia para Chiclayo, no está muy bien que digamos. Está en el puesto 185 de 196 municipalidades. Lambayeque tampoco está mucho mejor. Quien sí destaca, cosa curiosa, es Ferreñafe”, sostiene Luis Miguel Castilla Rubio, director ejecutivo de Videnza Instituto, quien precisa que los indicadores más bajos que tiene la comuna provincial de Chiclayo son el retraso de los proyectos y la sobrecarga de estos.
Castilla Rubio llegó a Chiclayo a invitación del Colegio de Periodistas de Lambayeque, que en alianza estratégica con Videnza Instituto, desarrolló el foro: “Eficacia de la inversión pública en el gobierno regional y los gobiernos locales de Lambayeque”.
Indicadores paupérrimos
El Índice Local de Eficiencia en la Inversión Pública – ILEI, arroja que la Municipalidad Provincial de Chiclayo ocupa el puesto 192 entre 196 comunas provinciales en cuanto al retraso de proyectos. Es decir, prácticamente Chiclayo es una de las municipalidades cuyos proyectos llevan más días de retraso en ejecución física al 31 de diciembre del año pasado, respecto a la fecha que se tenía programada para el fin de su ejecución.
En total, los proyectos en Chiclayo tienen un retraso de 1919 días, cifra aún incluso mayor a la reportada al cabo del 2023, cuando sumaban 1569 días. Es decir, los proyectos en Chiclayo demoran más de cinco años de lo previsto para culminarse.
Otro indicador bastante pobre de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es la sobrecarga de proyectos, donde reporta al 2024 un 318.5 %, lo cual la ubica en el puesto 181, siempre sobre la base de las 196 municipalidades provinciales existentes. Este indicador mide el costo de proyectos sin ejecución al 31 de diciembre del 2024, respecto al monto de la Programación Multianual de Inversiones del 2024 al 2027.
“Esto quiere decir que se tienen más proyectos, se priorizan más proyectos, pero no se tiene recursos para financiarlos. Luego llegan los alcaldes y gobernadores al Ministerio de Economía y Finanzas y dicen no tengo plata. Pero este no es un ejercicio técnico de dónde asignar los recursos, especialmente si uno añade el hecho de que son proyectos muy pequeñitos a comparación de aquellos que pueden dotar de agua, saneamiento, mejorar la interconexión, obras de impacto en la región”, menciona Luis Miguel Castilla, quien fue ministro de Economía y Finanzas del 2011 al 2014.
Además, la municipalidad de Chiclayo se ubica en el puesto 132 en cuanto a proyectos detenidos con un 64.7 %, respecto al costo total de proyectos en ejecución física. En cuanto a la liquidación de proyectos la situación es peor, pues Chiclayo se encaja en la casilla 134 con el 81.6 %, habiendo descendido siete puestos a comparación del 2023. Este indicador mide el costo de proyectos liquidados al 31 de diciembre de 2024 respecto al costo total de proyectos con registro de cierre y cerrados.
“En el Estado es muy difícil liquidar un proyecto. El proyecto terminado pasa a los activos del Estado y la liquidación se vuelve un dolor de cabeza. Hay proyectos que tienen años sin liquidar y ese es un problema de la gestión pública”, enfatiza Castilla Rubio.
Otro indicador bastante magro es el de atomización de proyectos, es decir, el costo de proyectos pequeños respecto al costo total de proyectos en ejecución con devengado mayor a cero. Aquí Chiclayo alcanza el 23.3 % y se ubica en el puesto 143.
“Esta es la tendencia a hacer proyectitos, proyectos chiquitos que no mueven una aguja y no cierran ninguna brecha”, indica.
En el indicador que ligeramente se mejoró, subiendo 46 puestos, es el avance de ejecución, que alcanzó al cabo del año pasado el 54.4 %. No obstante, a comparación de otras municipalidades provinciales aún se está bastante lejos, pues Chiclayo también está en el puesto 134 del devengado respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de proyectos al 31 de diciembre de 2024.
Los indicadores en los que sí sobresale Chiclayo son en proyectos por administración directa y sobrecosto respecto al monto viable. El primero mide el costo de proyectos con administración directa respecto al costo total de proyectos al 31 de diciembre de 2024. Aquí se alcanza el 5.6 % y se ubica en el puesto 23; mientras que el segundo mide la variación porcentual del total del costo actualizado de los proyectos en ejecución física, respecto al total del monto viable declarado para estos proyectos. Aquí Chiclayo subió el año pasado 18 puestos y llegó a la casilla 47 con 19.9 %.
Gobierno Regional de Lambayeque
La situación del Gobierno Regional de Lambayeque tampoco es muy auspiciosa. En el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública – IREI, se posiciona en el lugar 18 entre los 25 gobiernos regionales. Entre los indicadores se resalta que pasó de tener 1377 días de retraso en la culminación de sus proyectos en el 2023 a 1522 en el 2024.
Además, está en la casilla 19 en cuanto a proyectos detenidos, 21 en el avance de ejecución y es el último lugar, 25 de 25, en cuanto a atomización de proyectos. Es decir, abundancia de proyectos minúsculos que no tienen un impacto real en el cierre de brechas sociales.
Economía regional
De otro lado, el estudio realizado por Videnza Instituto recoge datos de la situación económica regional. Por ejemplo, Lambayeque aporta el 2.4 % del Producto Bruto Interno – PBI nacional, por debajo de regiones vecinas como La Libertad y Piura. La composición de la Población Económicamente Activa - PEA, por sector, es de 21 % en comercio, 20 % agricultura, 12 % transportes y comunicaciones, 7 % turismo, 7 % construcción, 7 % manufactura, 4 % gobierno y 22 % otros sectores.
“Lambayeque es la undécima región de mayor aporte a la economía nacional y ha tenido un desempeño importante. El año pasado creció casi 5 % más que el promedio nacional. Otras regiones como Arequipa, por ejemplo, se están contrayendo (…) Acá hay dos sectores que son clave: comercio/servicios y el agrícola, que explican la producción agregada bruta y que emplean trabajo.
En cuanto a la agroexportación, destaca que el año pasado Lambayeque exportó 1013.7 millones de dólares, siendo el arándano el producto estrella con una aportación de 452 millones de dólares. Los principales destinos de la agroexportación en millones de dólares son Estados Unidos (400.7), Países Bajos (239), Reino Unido (51.2), España (40) y Hong Kong (33.7).
“La agroexportación ha ido creciendo. Esta región exporta más de mil millones de dólares, se ha duplicado en los últimos cinco años. El arándano es el producto estrella en agroexportación y Estados Unidos es el principal destino, pero esto hay que mirarlo con pinzas. Hay un factor clave en el crecimiento de la agroexportación y obviamente es el Proyecto Olmos, que ahora está en una fase de transición. Se torna fundamental continuar y aumentar esas 25 mil hectáreas que irriga Olmos porque el potencial es enorme, dado que somos una despensa de alimentos del mundo”, sostiene el economista.
Brechas sociales
Sin embargo, se mantiene una brecha importante de acceso a servicios básicos como el agua. En Lambayeque solo el 13.3 % de hogares tiene acceso al agua las 24 horas del día y, lo que es más alarmante, esa cifra se ha reducido incluso a comparación del 2023, donde había un 16.4 % de hogares.
“Hemos visto aumento en los presupuestos, pero seguimos observando brechas importantes. El 13 % de hogares con agua las 24 horas del día no es nada. El agua significa salubridad, acceso a condiciones mínimas, básicas. El estrés hídrico nos golpea. Puede que haya acceso al agua potable, pero no las 24 horas y uno lo necesita. En un país de ingreso medio tener agua las 24 horas es como la norma”, concluye Luis Miguel Castilla.
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Un caso de direccionamiento se habría dado en el Gobierno Regional de Lambayeque para adjudicar la buena pro del proceso convocado para la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del C.P. Salitral del distrito de Motupe”, valorizada en más de 4 millones de soles.
Con fecha 4 de abril del 2025 fue convocado el proceso de Adjudicación Simplificada N° 28-2025-GR. LAMB, el cual, luego de sendas postergaciones y demoras procesales por el lapso de dos meses, el día 5 de junio fue adjudicado al Consorcio Cajamarca, luego que el comité de selección descalificara al Consorcio Arenales, pese a que ocupó el primer lugar en el sorteo electrónico realizado vía la plataforma del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – Seace.
Evaluación
De acuerdo al acta del proceso, publicada en el Seace, se puede advertir que el comité de selección, presidido por Luis Alberto Neciosup Azan e integrado por los miembros Julio Cesar Jordán Saldaña y Guillermo Jeofre Michell Hernández Seminario, evaluaron y calificaron las ofertas presentadas por 25 postores, de las cuales 10 no fueron admitidas, determinando que las restantes pasaran a la etapa de evaluación y calificación, procedimiento que dio lugar para que 15 ofertas fueran llevadas al sorteo electrónico para determinar el orden de prelación respectivo, ocupando el primer lugar el Consorcio Arenales, el segundo el Consorcio Cajamarca y el tercero el Consorcio Perú.
Decisión controversial
Siguiendo los argumentos prescritos en el acta del procedimiento de selección, a los cuales tuvo acceso Expresión, se puede advertir la extremada acuciosidad evaluativa por parte del comité de selección, que dio lugar a tomar la decisión de descalificar al primer consorcio, arguyendo apreciaciones que serían forzadas para consumar el hecho de eliminar la oferta presentada por el Consorcio Arenales, como a otras ofertas más y así otorgarle la buena pro al Consorcio Cajamarca por haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación obtenido vía el sistema electrónico realizado, tal como lo establecía la norma que estuvo vigente hasta abril del 2025.
El sospechoso trato
Expresióntambién ha tenido acceso a la oferta del Consorcio Cajamarca, publicada en el portal del Seace, la cual fue sometida a una evaluación acuciosa por parte del equipo técnico de investigación especializado, que han podido advertir que en la oferta del postor ganador se encuentran documentos con los mismos supuestos errores invocados para descalificar las ofertas de otros participantes, lo que en buena cuenta permite establecer que se habría dado un trato diferente al postor ganador, en cuanto el comité de selección no advirtió – como en el caso de las ofertas descalificadas – la existencia de las supuestas incongruencias advertidas en los documentos que conforman la oferta del adjudicatario del proceso.
Por ejemplo, se ha identificado actas de recepción de obras para acreditar experiencia en contrataciones similares que tienen inconsistencias de información, caso que también se ha presentado en las ofertas descalificadas, así como contratos de obra para acreditar experiencia con folios ilegibles, aspecto que la norma señala que debe ser observado y da pie a la inadmisibilidad de oferta.
De 5000 a solo 900, así se ha reducido la cifra de jubilados, viudas y herederos con quienes la Azucarera Pomalca mantiene deuda. Esta acción fue posible gracias al pago de 245 millones de soles desde el 2004, cuando el Grupo Oviedo entró a gerenciar la empresa, según sostiene Fabricio Benavides Muñoz, gerente de Recursos Humanos de Azucarera Pomalca.
“Todos los meses cumplimos con el pago a jubilados. La empresa viene asumiendo el pago de deudas desde la época de cooperativa, que son bastante grandes, pero ya desde el 2004 la gestión ha pagado 245 millones de soles. De las 5000 personas con las que teníamos deuda, ahora solo quedan 900, a quienes venimos pagándoles las cuotas que van de 500 a 800 soles”, explica.
Convenios
Asimismo, Benavides Muñoz indica que en junio del año pasado se suscribió convenios con los jubilados, viudas y herederos, mediante los cuales se les pagó el 10 % de la deuda que se les tenía hasta ese entonces. Con esos convenios se han pagado 284 mil 500 soles hasta la fecha.
Además, también se ha hecho un programa de Lote Propio, mediante el cual se ha podido compensar una deuda de 11.5 millones de soles para cerca de 500 jubilados que se acogieron a esta iniciativa y fueron favorecidos con un terreno para la construcción de su vivienda.
Destaca que uno de los anhelos del área de Recursos Humanos que él dirige y de Azucarera Pomalca es terminar del saldar en el plazo más próxima toda la deuda social, con lo cual se tendrá más liquidez para otras inversiones que den mejores condiciones en campo y fábrica.
Trabajadores activos
De igual forma, indica que se viene cumpliendo con el pago puntual de las remuneraciones gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), utilidades y otros beneficios como el pago por escolaridad.
“Hemos cumplido con todos los compromisos y lo hacemos no solo en la fecha que la ley ordena, sino que los pagamos antes, a veces tres días antes, cuatro días antes, porque sabemos de la necesidad de nuestros trabajadores, por eso cumplimos con ellos pagándoles su remuneración con anticipación”, manifiesta.
Agrega que este tipo de acciones ayudan a generar confianza en los trabajadores y refuerza su compromiso con la empresa, así como las gerencias de línea, la gerencia general y la alta dirección.
“Esto genera la paz laboral que nos permite cumplir con todos estos compromisos pactados con ellos. Por eso los trabajadores y la alta dirección apuntamos a seguir por este camino de la paz laboral, del dialogo y el esfuerzo de todos para salir de estas deudas. A pesar de ello, nosotros estamos haciendo inversiones en campo y fábrica para que la empresa se mantenga en un nivel óptimo en Lambayeque. Somos la única azucarera que está produciendo”, señala.
Indica que ya tienen todo listo para el pago de las gratificaciones en julio y de la CTS en noviembre. Del sistema pensionario, la mayoría de trabajadores se encuentra en la Oficina de Normalización Previsional – ONP.
A todo esto suma que la empresa azucarera contempla la celebración de los días festivos como el Día del Trabajador, el Día de la Madre y el Día del Padre; así como el componente de responsabilidad social con la realización de jornadas médicas gratuitas no solo para los trabajadores, sino para toda la comunidad; el sostenimiento de la academia preuniversitaria y eventos recreacionales.
“Para mí fue un reto asumir esta responsabilidad, pero la llevo con mucha pasión. El tema de recursos humanos me apasiona, no es un área de fácil manejo, pero la experiencia que tengo me ha ayudado a que esto camine y logremos la paz laboral que siempre hemos buscado”, indica.
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En abril pasado, el gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel, José Alejandría Bravo, informó a Expresión que la entidad estaba presta a la culminación del expediente de saldo de la obra de agua y desagüe de los 12 pueblos jóvenes ubicados carretera a Pomalca. Han pasado seis años desde que los trabajos iniciaron y las familias de la zona siguen sin acceder a los servicios básicos.
Las gestiones para que se habiliten los servicios saneamiento en los pueblos jóvenes carretera de Pomalca se iniciaron hace poco más de 20 años. Fueron los vecinos quienes se organizaron para emprender la lucha por el proyecto, primero ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo y luego ante Epsel, que en marzo del 2017 finalmente suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la cristalización del mismo, con un presupuesto superior a los 63 millones de soles.
El objetivo es dotar de agua y desagüe a las poblaciones de pueblos jóvenes como Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé II, que pertenecen a la jurisdicción del distrito de Chiclayo.
Contratación y desenlace
Las obras fueron adjudicadas en el 2018 al Consorcio Progreso, iniciándose en el 2019. Sin embargo, de todo ha pasado en este período, hasta que el proyecto quedó paralizado de manera definitiva.
La primera paralización fue en el 2020, debido a la pandemia del Covid-19, quedando el proyecto en suspenso entre junio de ese año y marzo del 2021. Los trabajos se retomaron, pero para julio del 2021 volvieron a suspenderse, debido a que empresa entró en controversia con Epsel por el pago de valorizaciones.
Entre las acciones tomadas por la contratista estuvieron el envío de cartas notariales entre octubre y noviembre del 2021 exigiendo los desembolsos, las mismas que nunca fueron atendidas por la empresa de saneamiento, hasta que a fines de año el consorcio invocó el silencio administrativo positivo, resolviendo nuevamente por la paralización.
En enero del 2022 se buscó la manera conciliar para evitar que el contrato se resuelva, pero el proceso fue infructuoso. Luego, vinieron dos arbitrajes, uno con la ejecutora y otro con la segunda supervisora, pues la primera fue subrogada por la presentación de documentación falsa.
Para abril del 2023, la obra quedó paralizada de manera definitiva. En total, hubo siete paralizaciones del proyecto hasta ese desenlace.
El consorcio acusó a Epsel de haber aprobado un expediente técnico deficiente, lo que generó adicionales que no querían ser reconocidos por la empresa de saneamiento, y luego hubo acusaciones de ambas partes por los montos de las valorizaciones. En el 2022, por ejemplo, mientras Epsel señalaba que había desembolsado a favor de la contratista 44 millones de soles, esta afirmaba que solo eran 32 millones.
Intervención de la Defensoría
Ante esta situación por demás alarmante, que perjudica a 45 mil pobladores con un proyecto inconcluso, que quedó al 80 %, la Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Defensorial en Lambayeque, ha solicitado al Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la urgente atención del expediente técnico de saldo de obra.
“En seguimiento a este tema, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque instó a la empresa prestadora de servicios EPSEL a culminar el expediente técnico de saldo de obra. Es así que este documento ha sido remitido al PNSU y se encuentra pendiente de evaluación para su aprobación y financiamiento por un costo estimado de 35 millones de soles”, informa la defensoría.
Al respecto, Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, señaló que es inaceptable que una obra tan vital esté detenida por más de seis años, debido a que esto afecta el derecho fundamental al agua potable. Asimismo, indicó que la sede defensorial ha solicitado al PNSU que, en un plazo no mayor a 10 días, informe sobre la evaluación técnica al mencionado expediente, así como las medidas concretas que adoptará para retomar la ejecución del proyecto.
El representante de la Defensoría del Pueblo informó también que, a través de diversas supervisiones, se ha podido constatar las condiciones de prestación de los servicios de agua y alcantarillado, verificándose la grave afectación a la salud pública por la presencia de malos olores y roedores en la zona.
De acuerdo a información dada por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, hasta octubre de año pasado este había solicitado en tres oportunidades que Epsel eleve el expediente del saldo de obra, a fin de habilitar el financiamiento, pues se trata de un proyecto con un avance significativo y que involucra a 12 pueblos jóvenes, uno de ellos con más de 100 años de existencia como es Samán.
El expediente fue culminado en abril y lo que se conoce que es Epsel ya remitió el mismo para la evaluación correspondiente, por lo que se espera que sea el sector Vivienda el que dé atención prioritaria al mismo.
La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - Epsel, adjudicó la obra de reparación de la red de alcantarillado en Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, por más de nueve millones de soles a la firma colombiana Ingecol Sucursal de Perú. Sin embargo, la empresa presentó documentos en su oferta con los que no acreditó su experiencia en contrataciones similares, tal como lo exigen las bases del proceso, cuyo cumplimiento es obligatorio.
Al proceso, convocado el año pasado, se presentaron nueve postores. Sin embargo, la oferta presentada por la constructora no debió ser admitida y calificada por el comité de selección responsable del proceso, pues se ha detectado que la propuesta incumplió con las bases integradas, lo cual contraviene lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por ejemplo, no especificó la experiencia para la postulación en el proceso, la misma que debía ascender a un monto igual o superior al valor referencial de la contratación (11 millones 60 mil 547.54 soles). La oferta contiene tres contratos con los que Ingecol Sucursal de Perú buscó acreditar su experiencia, pero sin especificar qué obligaciones tuvo en la ejecución de los mismos, esto al formar parte de consorcios.
Exigencia no cumplida
Las Bases Administrativas Integradas, en su página 31, establecen claramente lo siguiente: “En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que asumió en el contrato presentado, de lo contrario no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato”.
Lo concreto en este procedimiento de selección es que el postor Ingecol Sucursal del Perú, de los folios 67 al 69, acreditó el Formato n.° 02 - Documento de Conformación de Unión Temporal (promesa de consorcio), donde no señala de manera fehaciente las obligaciones de los consorciados (términos y extensiones de participación en la ejecución del contrato).
Sin embargo, el comité de selección ha validó la experiencia en la especialidad de la empresa Ingecol Sucursal del Perú, cuando incumple claramente con lo exigido en las Bases Administrativas Integradas.
A ello se suma, los contratos presentados como experiencia tienen un objetivo distinto al señalado en la oferta alcanzada a Epsel.
Por tales inconsistencias, la oferta no debió ser admitida, calificada ni mucho menos adjudicada, pues con ello se validaría la vulneración de las bases del proceso y lo señalado en la norma de contrataciones públicas vigente. El comité estuvo presidido por Eduardo Díaz Orbegoso e integrado por José Yafac Risco y Shadia Salazar Dávila.
La empresa se adjudicó el proceso el 8 de mayo, según consta en acta, ofertando 9 millones 954 mil 492.79 soles.
La Victoria es el distrito con mejores condiciones de habitabilidad de la provincia de Chiclayo. Los indicadores siguen mejorando debido a las inversiones logradas por su gobierno local, que en dos años y medio ha alcanzado gestionar más de S/200 millones para proyectos. Así lo destaca el alcalde Edwin Vásquez Sánchez, quien anuncia que en dos meses se iniciará la construcción de un nuevo centro de salud, con un presupuesto para obra y equipamiento superior a los S/70 millones.
“Somos conscientes que hay mucho que hacer aún en el distrito, pero la evaluación de estos dos años y medio de gestión, de haber asumido la responsabilidad que el pueblo nos otorgó, es favorable. Estamos cumpliendo con las expectativas de la población, porque hemos logrado una inversión de S/200 millones. Esto es resultado del esfuerzo realizado por todo el equipo municipal, gastando con eficiencia los recursos propios y gestionando ante el gobierno provincial, gobierno regional y gobierno central”, menciona la autoridad.
Vásquez Sánchez explica que la inversión mencionada se refleja en varios sectores, como seguridad ciudadana, con un proyecto de S/19 millones para la construcción y equipamiento de la central de monitoreo, cuyo avance es superior al 35 %; así como obras de pistas y veredas para la UPIS San Martín (S/5.6 millones); Los Nogales y Los Pinos (S/9 millones); Los Rosales (S/3 millones), e inversiones gestionada para el sector Víctor Raúl, con la construcción de pavimentos por cinco millones de soles; tres millones para la pavimentación de la Habilitación Urbana Municipal; tres millones para el recapeo de la avenida Grau, y seis millones para la compra de maquinaria a través del Gobierno Regional de Lambayeque.
“Incluso, hemos logrado presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo no por un favorecimiento, sino porque concursamos con un proyecto al Presupuesto Participativo y conseguimos el financiamiento con más de un millón 200 mil soles para mejoramiento de parques y jardines”, destaca el alcalde.
En el centro del distrito se ha invertido S/1.4 millones en la recuperación de la transitabilidad en calles y avenidas, así como el mejoramiento de sardineles, y S/300 mil en veredas. También se han comprado cisternas por S/1.4 millones y, del mismo modo, mejorado el saneamiento básico rural en sectores como Chacupe Alto y Chacupe Bajo.
“Puedo decir con satisfacción que en lo que va de la gestión hemos implementado cinco Puestos de Auxilio Rápido, dotados de motocicletas para el patrullaje, destinando para ello S/200 mil, procedentes de los recursos propios del municipio. En educación también hemos invertido, mejorando los techos de los patios de los colegios José María Arguedas, Andrés Avelino Cáceres, Javier Pérez de Cuéllar, así como instituciones del nivel inicial”, resalta.
Proyecto de salud
Uno de los proyectos que considera como históricos es el que permitirá la construcción de un moderno centro de salud para el distrito, puesto que, pese a su crecimiento y avance, La Victoria no cuenta con un establecimiento que reúna condiciones de calidad para la atención de la población.
“Junto al gobierno regional gestionamos el expediente técnico que demandó más de un millón de soles en su formulación y ahora hemos logrado que, a través del Ministerio de Salud se desembolse más de S/70 millones para el nuevo centro de salud en dos etapas: la primera, construcción de la infraestructura, equivalente a S/37 millones, y la segunda, que es el equipamiento con la diferencia del presupuesto”, menciona.
Indica que en dos meses se tiene prevista la colocación de la primera piedra del proyecto. Para ello, la Municipalidad Distrital de La Victoria ha cedido 5000 metros cuadrados en la UPIS San Martín, donde se trasladará el Centro de Salud de El Bosque, con moderna infraestructura.
Recursos recibidos
Hasta el 2024, la comuna de La Victoria recibía por el Fondo de Compensación Municipal – Foncomun, S/11.5 millones al año. Sin embargo, para este ejercicio fiscal el presupuesto se ha reducido en S/2.5 millones.
¿Cómo se compensa la disminución del presupuesto? El alcalde explica que ha sido posible por el incremento de recaudación municipal, que ha registrado récords históricos.
“Agradezco a la ciudadanía por su compromiso. La Victoria tenía un tope de recaudación anual, que era S/10 millones, que fue lo máximo a lo que llegaron las gestiones anteriores. Nosotros ingresamos en el 2023 y como resultado de la confianza y la mejora de los servicios públicos logramos que la recaudación crezca en 40 %. Este año cerramos con S/14 millones, el año pasado igual y para este año tenemos una meta de S/16 millones. La Victoria debe ser uno de los pocos distritos de la región que lejos de decrecer en pago de impuestos, va en aumento”, relieva.
Edwin Vásquez considera que, por el momento, no sería necesaria la implementación de un Sistema de Administración Tributaria – SAT, como sí lo tienen Chiclayo y José Leonardo Ortiz, más aún porque ello – dice – implicaría destinar un porcentaje de lo recaudado para el sostenimiento de la entidad.
“Lo que sí hemos hecho es retirar la Oficina de Rentas, que estaba hacinada, en un espacio inadecuado, y la hemos trasladado a un ambiente idóneo, en la avenida Los Incas, para que los vecinos puedan pagar sus tributos en condiciones idóneas”, señala.
La Municipalidad Distrital de La Victoria cuenta en la actualidad con 300 trabajadores entre empleados, obreros, CAS, locadores y funcionarios de confianza. La planilla municipal representa el 30 % del Foncomun.
Progreso real
Vásquez Sánchez anota que durante décadas se ha tenido una visión equivocada del desarrollo urbano en el distrito de La Victoria, pues si se consideraba que el 100 % de sus calles contaba con servicios básicos, pistas y veredas, había un error.
Dice esto porque hoy en día varias arterias del centro del distrito siguen sin pavimentar, lo que ha obligado a la gestión a desplegar esfuerzos para conseguir la construcción de pistas y veredas en estos sectores.
“Se tenía la falsa imagen de que La Victoria estaba pavimentada al 100 %. Eso no era verdad. Nosotros hemos logrado la pavimentación de la Habilitación Urbana Municipal, donde había 300 viviendas cuyas calles no tenían pistas ni veredas. Veinte años han pasado desde que se instalaron allí y recién ahora esas familias, que se ubican en las primeras cuadras de la avenida Antenor Orrego, cuentan con pistas y veredas. El proyecto ya está al 95 %. En la conocida pampa de Orrego construimos la central de seguridad ciudadana”, comenta.
Obras similares se han iniciado en el Tercer Sector, desde la intersección de la avenida Pachacutec y la Vía de Evitamiento hacia la Panamericana. Las obras se ejecutan después de 50 años.
“Pero nuestra mirada no está únicamente en el casco central y las urbanizaciones. En Chosica del Norte hemos logrado después de un largo proceso inscribir a nombre del municipio un terreno de más de 3500 metros cuadrados donde construiremos, con S/2.3 millones, el primer polideportivo del distrito. Tenemos el presupuesto, esto no es una promesa. Nos da gusto descentralizar nuestro presupuesto. Del mismo modo estamos mirando a Chacupe, donde se van a construir puentes y mejoras de accesibilidad”, manifiesta.
Especial es el caso de la avenida Las Ñustas, que no puede ser pavimentada hasta que no se renueve el emisor Sur, que forma parte del sistema integral de alcantarillado de Chiclayo conurbado, por el que discurren las aguas residuales de la zona sur. Se espera que en agosto se ejecute el proyecto de renovación de emisores a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con ello se añaden S/40 millones más de inversión para el distrito.
Parque zonal y otras propiedades
El alcalde comenta que uno de los proyectos más anhelados de su gestión es la recuperación para los vecinos del Parque Zonal de La Victoria, sobre el cual se ha formulado un proyecto que demanda una inversión de más de 52 millones de soles.
Empero, conseguir los recursos no es el único reto. La gestión encontró que el área estaba inscrita en registros públicos a nombre de la Municipalidad Distrital de Reque, pese a los años transcurridos desde que se creó el distrito de La Victoria.
“Increíblemente, pasó gestión tras gestión y nunca quisieron sanear el parque zonal. Bien se sabe que no se puede invertir dinero público en áreas que no estén saneadas. Si la municipalidad de Reque hubiera querido accionar hubiera tomado posesión del parque zonal y nos hubiera forzado a negociar la propiedad. Hoy, después de un año de intensos trámites, puedo decir con absoluta certeza que las 6.2 hectáreas del parque son propiedad de La Victoria y ya está inscrito así en registros públicos”, destaca.
Edwin Vásquez añade que se ha presentado el proyecto al Gobierno Regional de Lambayeque para que sea este el que financie la propuesta integral de mejoramiento y modernización del parque zonal.
Lo de las 6.2 hectáreas del parque zonal no es el único caso de propiedad no saneada a nombre de la comuna de La Victoria. Por inaudito que parezca, en la misma condición está el local de la municipalidad y el único mercado público del distrito, el Antenor Orrego, que aparecen registrados a nombre de Cofopri, en tanto parte del cementerio municipal está a nombre de un privado.
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