En el Perú, el ejercicio del poder no siempre ocurre en los espacios oficiales ni bajo los principios de transparencia que exige la democracia. Decisiones clave se adoptan lejos del escrutinio público, entre interferencias políticas, blindajes y redes informales de influencia que debilitan la integridad de las instituciones. Esta práctica, cada vez más recurrente, ha profundizado la crisis de confianza ciudadana y evidencia una grave crisis de integridad pública en el país.
Durante el gobierno de Pedro Castillo, la casa de Sarratea operó como un espacio informal de poder. Bajo la apariencia de una vivienda privada, se habrían coordinado nombramientos de altos funcionarios, tráfico de influencias y reparto de contratos al margen de los canales institucionales. De acuerdo con el Ministerio Público, en este lugar se acordaron transferencias millonarias a gobiernos subnacionales y se articuló lo que se conoció como el “gabinete en la sombra”, vulnerando abiertamente los principios de integridad y transparencia en la gestión pública.
La gestión de Dina Boluarte también enfrentó serios cuestionamientos éticos tras revelarse prácticas contrarias a la transparencia. Un informe de Ojo Público identificó al menos 18 reuniones no registradas en la agenda oficial con gobernadores regionales entre 2022 y 2024. Entre ellos figuraron Wilfredo Oscorima, Zósimo Cárdenas y César Acuña, cuyas regiones recibieron posteriormente asignaciones extraordinarias que superaron los 82 millones y los 548 millones de soles.
A ello se suma el caso Jerí-Yang, junto con el denominado chifagate, que ha intensificado las denuncias sobre una grave vulneración de la integridad pública. Investigaciones periodísticas revelan la existencia de reuniones no registradas en Palacio de Gobierno, así como encuentros informales fuera de los canales oficiales, que coincidieron con decisiones estatales de alto impacto. Yang habría ingresado al menos tres veces entre diciembre y enero, periodo en el que se discutían proyectos para exonerar impuestos a importaciones tecnológicas y avanzaba una licitación de videovigilancia superior a los 112 millones de soles, en la que sus empresas contaban con antecedentes de contratación con el Estado.
Los casos de Castillo, Boluarte y Jerí evidencian una vulneración persistente de los principios de integridad pública que deberían regir el ejercicio del poder. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica recurrente en la que la transparencia y la rendición de cuentas quedan relegadas. Reuniones privadas sin sustento institucional, registros oficiales ausentes o manipulados y rectificaciones tardías ante la presión pública revelan una brecha constante entre el discurso y la conducta de las autoridades.
Blindajes e interferencias: la integridad en crisis
La falta de integridad pública se manifiesta con mayor crudeza cuando las instituciones llamadas a fiscalizar y sancionar al poder terminan sometidas a él. Las constantes denuncias de interferencias políticas, presiones internas y blindajes a funcionarios investigados revelan un sistema en el que la ética pública cede ante intereses particulares.
El Congreso de la República ha ejercido un control político desigual, guiado más por intereses partidarios que por un compromiso con el interés general. Esta conducta ha sido especialmente evidente en su relación con el Ejecutivo. Mientras que durante el gobierno de Castillo se desplegó una ofensiva constante para debilitar y finalmente derribar su gestión impulsada principalmente por el fujimorismo y sus aliados, el trato hacia Boluarte fue marcadamente distinto. El blindaje político resultó evidente: acusaciones minimizadas, investigaciones desacreditadas y un control ejercido con notable indulgencia.
Este patrón parece repetirse hoy en el caso de Jerí, donde el Congreso recurre al mismo libreto aplicado con Boluarte: dilación, relativización de los hechos y protección desde mayorías circunstanciales. Así, el Parlamento se ha convertido en un escenario recurrente de blindajes políticos, bloqueando acusaciones constitucionales o neutralizando investigaciones incómodas cuando estas afectan a figuras cercanas a determinados sectores de poder. Estas prácticas no solo protegen a personajes cuestionados, sino que envían un mensaje alarmante: en la política peruana, la cercanía al poder puede pesar más que la ley y la integridad pública.
La integridad como demanda social, no solo legal
En el Perú, la integridad pública ha dejado de ser una exigencia meramente legal para convertirse en un requisito ineludible del ejercicio del poder. Frente a la reiteración de escándalos de corrupción, reuniones ocultas y blindajes políticos, se demanda una actuación íntegra y coherente en todas las decisiones de gobierno. No bastan sanciones: se requieren señales claras de rendición de cuentas, decisiones transparentes y un compromiso real con el interés público. Cuando la legalidad se aplica de manera selectiva, persiguiendo a unos y protegiendo a otros, pierde legitimidad y vacía de contenido al Estado de derecho. Entonces, la integridad se convierte en un límite ético que debe guiar a las instituciones donde han fallado los mecanismos formales. Ignorar esta exigencia profundiza la desconfianza y erosiona las bases mismas de la democracia.
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(*) Politólogo.
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El Congreso de la República ha ejercido un control político desigual, guiado más por intereses partidarios que por un compromiso con el interés general.
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El pilar macroeconómico sigue siendo prioridad para casi todos los partidos políticos, Fuerza Popular (FP) se comprometía a consolidar las finanzas públicas reduciendo el gasto superfluo, reasignando recursos y reformando el sistema tributario. Ese énfasis continúa en su plan 2026-2031 al prometer “alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas y reducir el déficit hasta el 1 %” del PBI mediante eficiencia en el gasto y reorientación presupuestal, y restituir la regla fiscal del BCRP. De manera similar, Alianza para el Progreso (APP) plantea una consolidación gradual del déficit, llevándolo alrededor de 2.8 % en 2026 a cero en 2031.
También Perú Primero insiste en la solidez fiscal al proponer fortalecer la regla fiscal y el colchón de reservas sin frenar la inversión pública, con objetivo de un “equilibrio estructural cercano al 2 %” del PBI hacia 2031. Mientras Ahora Nación (AN), por su parte, critica el gasto excesivo reciente y declara como estrategia central “mantener la estabilidad macroeconómica y reducir el déficit fiscal”, reorientando fondos hacia proyectos productivos.
Apertura comercial y de inversiones
En este pilar los partidos retoman en su mayoría la visión de promover el comercio exterior y atraer inversión. FP resaltaba la apertura comercial histórica y proponía un Plan Nacional de Desarrollo Logístico para impulsar exportaciones, especialmente de Pymes, aunque no detallaba nuevos tratados ni estímulos a inversión extranjera. El plan 2026-2031, sigue esa línea al hablar de promover el crecimiento del comercio exterior y dar valor agregado a las exportaciones. APP, por su parte, propone reactivar acuerdos pendientes y flexibilizar restricciones a la inversión en zonas fronterizas. Por su parte Ahora Nación impulsa la diversificación de mercados internacionales y la promoción del turismo destacando aprovechar los tratados existentes y posicionar al Perú en nuevos destinos. Perú Primero enfatiza la inversión público-privada: crea “mesas ejecutivas” mensuales para destrabar grandes proyectos y promete una Ventanilla Única de APP, que agilice licitaciones.
Somos Perú resalta la necesidad de simplificar trámites para grandes obras, cita un potencial de inversión de USD 21.906 millones en mega-proyectos que podría aprovecharse “mediante simplificación regulatoria y eliminación de barreras burocráticas”. Las diferencias están en el énfasis que mientras APP busca nuevos TLC y liberalizar propiedad en la Amazonía, FP y AN apuestan a valor agregado y turismo, y Somos Perú pone el foco en el destrabe de proyectos gigantes reduciendo trámites.
Libertad económica
En materia de regulaciones y mercado interno, todos los planes resaltan la necesidad de reducir la informalidad y facilitar la actividad privada. FP incorpora un “shock desregulatorio” sin precedentes: se compromete a eliminar más de 500 trámites superfluos y a recortar en al menos 40 % el tiempo de aprobación de proyectos de inversión (actualmente >18 meses en sectores claves). Para ello propone digitalizar completamente los procesos mediante una Ventanilla Única Nacional con inteligencia artificial. Por su parte APP, concuerda en formalizar sin asfixiar; su reforma tributaria integral fusiona regímenes especiales en un sistema progresivo y crea un “régimen simplificado de formalización” para microempresarios y trabajadores informales. Además, promueve incentivos en agricultura y minería para incorporar pequeños productores a la economía formal. Perú Primero también plantea un régimen simplificado y otras medidas de desregulación: adopta un “Régimen Simplificado Progresivo para MYPE” y moderniza las compras públicas con transparencia total.
Ahora Nación enfatiza la tecnología y el Estado digital, pero incorpora pocas medidas específicas de mercado aparte de mantener un esquema estable para la inversión privada y un tipo de cambio competitivo. Somos Perú propone un régimen único para PYMEs (similar al brasileño MEI) que unifique IGV, renta y aportes en un solo pago periódico; también planea incentivos como crédito tributario por contratación formal, para reducir los costos de pasaje al sector formal.
Democracia e instituciones
En su mayoría, los planes defienden la democracia liberal, la transparencia y la descentralización. Fuerza Popular, habla en términos generales de recuperar la confianza ciudadana y promover igualdad ante la ley, pero su plan 2026-2031 no detalla reformas institucionales específicas aparte de reforzar la meritocracia en el sector público. Ahora Nación propone una “transformación integral” del sistema de seguridad y justicia: reforma policial y ministerio del Interior, juzgados unificados, lucha anticorrupción y fortalecimiento de derechos humanos. También promete derechos civiles plenos y modernizar las Fuerzas Armadas con doctrina democrática. Somos Perú dedica un eje completo a “Perú Íntegro” con tolerancia cero a la corrupción: plantea una Contraloría 4.0 con inteligencia artificial para detectar sobreprecios, compra pública 100 % electrónica, alertas automáticas y eliminación de la inmunidad parlamentaria en casos de corrupción.
Perú Primero, alineado con el estado de derecho, propone fortalecer el Servicio Civil (SERVIR) y ampliar el gasto focalizado en educación y salud, asumiendo un Estado “democrático, humano y transparente”.
El análisis de los planes de gobierno 2026-2031 revela una importante continuidad con respecto a los lineamientos identificados en las elecciones del año 2021, especialmente en cuanto al respeto a la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la libertad económica. Sin embargo, también se identifican avances cualitativos en la profundidad técnica de algunas propuestas, así como una creciente preocupación por modernizar el rol del Estado en áreas sociales e institucionales.
No obstante, persisten debilidades comunes como carecen de consistencia interna entre objetivos y medios, metas cuantificables, o claridad en la sostenibilidad fiscal de sus propuestas.
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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
Una de las preguntas que muchos analistas económicos a nivel internacional se realizan es por qué el Perú pese a tener grandes avatares políticos negativos en los últimos 26 años de historia republicana, con 12 presidentes sentados en el sillón de Pizarro, elegidos democráticamente, vacados y reemplazados por vicepresidentes o por presidentes del Congreso, aún muestra una estabilidad macroeconómica con un crecimiento económico de 4.2 % en términos reales según los datos del Banco Central de Reserva del Perú.
Como reconocen muchas personas bien informadas, una de las principales acciones políticas que se adopta en los 90 —identificada como prioritaria porque, de otro modo, el crecimiento económico sostenido no es más que un sueño fallido— consiste en poner freno a ciertas funciones de instituciones clave del país, como es el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros. Sin embargo, esta forma de política no se extiende a otras entidades públicas, haciendo que sus decisiones finales sigan otro rumbo.
Para entender la pregunta central, primero resolvamos cuáles son las principales políticas económicas con que cuenta un país.
Para hacerlo, voy a reflejar alguna similitud muy básica para que pueda entenderse. Por ejemplo, los brazos que nosotros tenemos se interaccionan de manera que no podríamos ser muy eficientes de faltar alguna de estas. Lo mismo pasa con las piernas, los ojos, las orejas, etc. Nuestro cuerpo entonces funciona con dos lados parecidos, uno con más habilidades que otra posiblemente, pero nunca de manera totalmente independiente. Lo mismo sucede con las políticas fiscal y monetaria. Ambas tienen distintas funciones y objetivos, pero no pueden aislarse una con otra, porque sin presupuesto público no existe un funcionamiento del aparato público; mientras que sin control en la emisión monetaria se generaría mucha inflación.
Vamos a analizar brevemente la política monetaria. Comentarles que su accionar, y también voy a utilizar un ejemplo muy básico, es que esta es como una lancha cuyo viraje es de manera muy rápida y muy efectiva; mientras que la política fiscal es como un buque de guerra, lento en su viraje y pero muy poderoso en alcanzar su objetivo.
¿Y por qué funciona tan bien? Dos factores: Independencia y educación
Independencia
La Constitución Política del Perú, en el Título III sobre el Régimen Económico y en el Capítulo de la Moneda y de la Banca, dice expresamente en el artículo 84.° que “el Banco Central es una persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de la Ley Orgánica”. Candado de lujo para muchos países. Además, el directorio tiene 7 miembros, 4 nombrados por el Poder Ejecutivo (entre ellos el presidente) y 3 por el Poder Legislativo.
Mientras que, al observar a sus pares latinoamericanos, Chile tiene un Directorio constituido por 5 consejeros, todos nombrados por el Poder Ejecutivo. Argentina tiene 10 directores, todos nombrados también por el Poder Ejecutivo. Una sola cosa que señalar aquí es que en el artículo 3.° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República de Argentina, dice de manera muy clara: “El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el Banco”. A buen entendedor, pocas palabras.
Así también, en Brasil el Poder Ejecutivo nombra a los directores y al presidente del Directorio; del mismo modo en Colombia, que también tiene esa potestad. Lo particular de este nombramiento es que uno de sus miembros es el ministro de Hacienda y Crédito y que también preside la junta, por lo que nos preguntamos: ¿y dónde está la independencia que debe tener la política monetaria y la política fiscal? No la tiene. Por último, el presidente de la República de México también nombra al Directorio.
Claramente uno de los principales factores para generar una buena política monetaria, confiable y eficaz, es darle no solo independencia orgánica al Banco Central, sino también que los miembros del Directorio sean nombrados por el Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo.
Educación a sus colaboradores
Con cursos de extensión universitaria que permiten elegir a los mejores por desempeño y habilidades para trabajar en áreas estratégicas se logra un fuerte impacto en el engranaje de la política monetaria.
Estos cursos nacen con el Banco Central, que luego replica a muchas instituciones públicas con derecho público o privado. Entonces, presidentes del Directorio, directores y/o consejeros nombrados por políticos, que normalmente también son políticos, son frenados por estos técnicos ante cualquier barrabasada que pueden cometer ante una decisión política. Pero no solamente eso, el Banco Central desde hace varias décadas, cuenta con presidentes que egresan por las aulas de estos cursos y que comprenden notablemente cómo funciona la economía, las finanzas, etc.
Hoy el Banco Central de Reserva del Perú es una institución sólida gracias a su independencia y a sus trabajadores. No todos los países latinoamericanos tienen ese lujo.
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(*) Economista.
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Claramente uno de los principales factores para generar una buena política monetaria, confiable y eficaz, es darle no solo independencia orgánica al Banco Central, sino también que los miembros sean nombrados por el Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo.
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Sabemos que cada año la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) incrementa. Para este 2026, el monto es de cinco mil quinientos soles. Al ser el valor de medición que se emplea para el cálculo de los tributos en nuestro país, automáticamente todos los impuestos se modifican afectando a personas naturales que ejercen una actividad laboral y a las empresas.
Es necesario que todo ciudadano conozca sobre los diferentes tributos que existen en el Perú y cuales tendrá que pagar cada mes o año por ser parte de la Población Económicamente Activa (PEA). De lo contrario, estará sujeto a multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Pongamos como ejemplo que un trabajador se atrasa en declarar y pagar sus impuestos en el presente año. La multa que pagará es media UIT (S/2750). Sin embargo, a raíz de la Resolución de Superintendencia N° 355-2025, tiene la posibilidad de rebajar hasta el 100 % de la penalidad económica por no presentar declaraciones. Para lograrlo, debe subsanar antes que surta efecto la notificación de la Sunat en la que indica la infracción cometida.
Por lo tanto, un profesional no puede ser ajeno a sus responsabilidades tributarias, debido a que le puede generar pagos innecesario los cuales pueden ser evitables. Para conocer qué tipo de impuesto está obligado a pagar un ciudadano, es precio aclarar las dos modalidades de trabajo que existen: trabajador independiente y dependiente.
El independiente
El trabajador independiente, es una persona natural que emite recibos por honorarios por los servicios que realice (asesorías, capacitaciones, consultoría, salud, etc.), por una profesión (abogado, contador, ingeniero, etc.), arte, ciencia u oficio (gasfitería, pintor, electricista, mecánica, etc.).
Una de sus características tributarias, es la retención del 8 % del importe total del comprobante de pago cuando el recibo emitido supera los S/1500. Además, que los ingresos proyectados para este año superen los S/48 125. De lo contrario, no estará obligado a la retención.
Por consiguiente, recomiendo a quienes realizan trabajos de forma independiente, que elaboren una evaluación de sus ingresos del 2025 y determine cuánto podría incrementar para este nuevo año. De ser menor a S/48 125, ya puede solicitar la suspensión de impuesto a la renta.
Para hacer efecto la anulación, se debe presentar la solicitud de suspensión de retenciones de cuarta categoría (formulario n.° 1609) de manera online ingresando al portal “Sunat operaciones en línea” y colocar la clave SOL.
Trabajador dependiente
El trabajador dependiente es un profesional que labora para una empresa pública o privada bajo modalidad de contrato, el cual puede ser por un tiempo específico o indeterminado. La peculiaridad que posee es la subordinación al empleador, la cual implica: cumplir con un horario de ingreso y salida; recepción de órdenes directas o por medio de políticas; estar sujeto a supervisión por el jefe inmediato; uso de uniformes o herramientas o equipos proporcionadas por la organización, entre otros elementos.
Todo colaborador cuyos ingresos anuales superen las siete UIT (S/38 500), se le deberá retener el impuesto a la renta de quinta categoría. La empresa, será responsable de descontarlo de manera mensual, el cual se verá reflejado en la boleta de pago.
Si el profesional trabaja para una empresa que se encuentre en el régimen general, cada año recibe catorce sueldos: doce salarios más dos gratificaciones (meses de julio y diciembre). Por ende, para determinar si este año le corresponde pagar impuesto a la renta, simplemente deberá dividir S/38 500 entre 14, y si el monto es mayor a S/2750 sabrá que su sueldo estará sujeto a descuento cada mes.
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(*) MBA, asesor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
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“Todo colaborador cuyos ingresos anuales superen las siete UIT (S/38 500), se le deberá retener el impuesto a la renta de quinta categoría. La empresa, será responsable de descontarlo de manera mensual, el cual se verá reflejado en la boleta de pago”.
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Las elecciones bolivianas de 2025, con un proceso impecable que desafía el habitual desdén hacia el país "por todo y nada", representan una lección magistral para las Américas que aún no recibe el reconocimiento que merece.
En un continente azotado por tiempos de impugnaciones infundadas, golpes institucionales y ciclos de ingobernabilidad -desde las tres denuncias de fraude de Keiko Fujimori en Perú hasta las crisis recurrentes en Ecuador y Venezuela-, la madurez cívica y patriótica de los actores políticos bolivianos en 2025 representa un oasis de institucionalidad que, lamentablemente, ya casi no se ve en las Américas.
El proceso boliviano se llevó a cabo de manera íntegra, bajo la conducción incuestionable del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). A pesar de las mil presiones políticas, mediáticas y externas que enfrentaron, el organismo cumplió su rol con transparencia y eficiencia, demostrando una institucionalidad sólida que merece reconocimiento. Esta ejecución sin fisuras no fue un azar, sino el resultado de un sistema que prioriza la voluntad popular por encima de intereses personales o partidistas.
Uno de los aspectos más destacados fue el comportamiento cívico y patriótico de todos los contendores. Sin excepciones, los candidatos y partidos aceptaron y reconocieron los resultados oficiales, evitando los berrinches y acusaciones infundadas que han envenenado procesos en otros países. Primó la madurez política, consolidando la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Antes y después
Este no fue un proceso electoral cualquiera. Marcó una transición histórica del poder del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó Bolivia durante los últimos 20 años -salvo la breve sucesión de Jeanine Áñez-. En un contexto de polarización extrema, la alternancia pacífica demostraría que Bolivia estaría superando ciclos de confrontación para priorizar la estabilidad. Esta transición no solo fortaleció la democracia interna, sino que envió un mensaje potente a la región que muchos -que muestran al país como de violentos e intransigentes- deliberadamente prefieren ignorar.
A diferencia de aquellos procesos en Latinoamérica y el Caribe, expuestos a cuestionamientos de la comunidad internacional -como observadores de la OEA u otros foros-, las elecciones bolivianas de 2025 transcurrieron sin controversias externas. No hubo informes de irregularidades ni presiones diplomáticas que empañaran su legitimidad. Bolivia dio así una lección al mundo, a menos de tres meses de finalizado el proceso, y corresponde reconocer su éxito como modelo de institucionalidad electoral y defensa del derecho al voto en las Américas.
Este hecho subraya la importancia vital de los líderes democráticos en la política. No un afán desmedido por el poder, donde la corrupción y la impunidad reinan en grado sumo, erosionando la fe en las urnas. La responsabilidad colectiva puede prevalecer sobre el personalismo destructivo.
Quienes han secuestrado las instituciones y la democracia con posturas extremas deben mirar este ejemplo: la transición pacífica no es utopía, sino realidad posible. Bolivia 2025, en el año de su Bicentenario, no solo honró su historia, sino que iluminó el camino para un continente urgido de madurez cívica y paz.
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(*) Abogado, analista y consultor internacional.
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A diferencia de aquellos procesos en Latinoamérica y el Caribe, expuestos a cuestionamientos de la comunidad internacional -como observadores de la OEA u otros foros-, las elecciones bolivianas de 2025 transcurrieron sin controversias externas.
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