“Enfermedad” o “viaje”, esos han sido los dos argumentos más empleados por el locutor de radio Javier Castro Cruz para justificar su ausencia en más de diez oportunidades a las audiencias programadas por el Décimo Primer Juzgado Penal Supraprovincial Chiclayo – Ferreñafe, en el proceso que se le sigue por la comisión de los presuntos delitos de concusión, colusión desleal y usurpación de funciones en agravio del Estado cuando fue alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, durante su segundo período, entre los años 2007 – 2010. El evidente afán de la ex autoridad edil es que el inicio del juicio oral continúe dilatándose, debido a que el Ministerio Público, con la denuncia penal presentada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de José Leonardo Ortiz, habría reunido los medios probatorios suficientes para lograr que Castro Cruz sea sentenciado a 13 años de prisión y los demás involucrados en el caso también reciban sanción penal. El cuento del alquiler La acusación realizada por el fiscal Reynerio Díaz Tarrillo y comprendida en el expediente 4665-2009, responde a la denuncia que formularon hace cuatro años los entonces regidores de la comuna leonardina Epifanio Cubas Coronado, Juan Gonzales Reyes, Etel Mego Ortiz, Luis Cabrera Sandoval y Arcenio Coronel Calderón, dando cuenta de un irregular proceso de selección para el alquiler de maquinaria. Según ha quedado demostrado, la Municipalidad de José Leonardo Ortiz convocó, a través del Comité Especial Permanente, conformado por Leander Hiram López Linares, José Ángel Cortez Morales y Manuel Elías Vílchez, al proceso de selección denominado “Adjudicación Directa Selectiva N° 0016-2009-MDJL/CE, para el alquiler de una excavadora CAT 320”, consentido el 11 de junio del 2009, a fin de “continuar” la construcción parcial de la red de alcantarillado de agua potable y conexiones domiciliarias de la calle Nicaragua, cuadras 6 a la 13, del pueblo joven Luján, con un valor referencial de 39 mil 664.50 soles. La obra en mención formaba parte del Convenio N° 010-2008 entre la comuna y EPSEL, por lo que el propósito del alquiler de maquinaria era, presuntamente, excavar las zanjas para que la entidad de saneamiento cumpla con colocar la tubería nueva de la red de alcantarillado en dicha vía, suponiendo que las conexiones antiguas no habían sido removidas. Sin embargo, mientras la gestión de Castro Cruz convocaba al proceso de selección, EPSEL había cumplido, en marzo del 2009, con realizar las excavaciones y renovación de tuberías en el marco del proceso de menor cuantía N° 92-2008-EPSEL-SA/GG que convocó en septiembre del 2008, por lo que la contratación de la maquinaria ya no era necesaria. Empresa predilecta Aún así, la adjudicación se dio, sin que en el acta de evaluación y otorgamiento de la buena pro se especificara a cuánto ascendía la propuesta económica de la empresa ganadora SCAM Contratistas Generales E.I.R.L, representada por Bernardo Rubén Castro Bravo, también incluido en la acusación penal, por el alquiler de la hora máquina (H/M), procediéndose a la contratación por el monto total que la comuna había tomado como valor referencial. Castro Bravo se benefició como persona natural con tres procesos de selección entre agosto y octubre del 2008, pasando este último mes a registrar a la empresa ante la SUNAT, convirtiéndose en su representante. Asimismo, se corroboró, según información del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, que Bernardo Castro Bravo era el mismo que en noviembre del 2008 se hizo de la buena pro en un proceso selectivo para alquilar una motoniveladora de 128 HP para la pavimentación de la avenida Panamá a un valor de 48 mil 100 soles, igualmente por el monto total que la comuna leonardina había establecido como cifra referencial. También se le dio preferencia con la adjudicación directa N° 0027-2008, consistente en el alquiler de la motoniveladora de 125 HP y un rodillo liso vibratorio para la pavimentación con adoquines de la calles Venezuela, Incanato, Ayacucho y Junín, por un monto ascendente a 77 mil 727.54 soles, nuevamente por el valor referencial sin que exista propuesta económica de parte de SCAM Contratistas Generales E.I.R.L. La investigación fiscal ha determinó que entre el 22 de octubre del 2008 y el 11 de junio del 2009, la empresa representada por Bernardo Castro Bravo se benefició con otros nueve procesos de selección por alquiler de maquinaria a un monto total de 617 mil 30 soles, confirmándose que cuando SCAM Contratistas Generales E.I.R.L. ganó la primera buena pro carecía de la experiencia exigida en las bases de la convocatoria. Tremendo Comité Asimismo, el entonces regidor Epifanio Cubas Coronado demostró que de cinco actas de evaluación y otorgamiento de las buena pro a favor de dicha empresa, cuatro se suscribieron el 24 de noviembre del 2008 entre la 1:00 pm y 3:35 pm, resaltando de sobre manera que en una se calificó a SCAM Contratistas Generales E.I.R.L. con 50 puntos en el ítem de experiencia en una contratación por un monto de 48 mil soles, en tanto en otra, por el mismo valor, se le asignó en dicho ítem 20 puntos de calificación. “Esto demuestra que la experiencia del postor en cada uno de los procesos era considerada a discreción del comité especial”, reza el documento fiscal. Otro aspecto relevante es que Leander López Linares, quien fungió de presidente del Comité Especial, era ajeno a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, toda vez que laboraba en el Gobierno Regional de Lambayeque, de cuyas instalaciones no se retiró el día que se otorgó la buena pro para el alquiler de maquinaria para los trabajos supuestamente necesarios en la calle Nicaragua, razón por la que el proceso habría tomado carácter de fraudulento. Además, se ha establecido que las bases de dos procesos ganados por la empresa de Castro Bravo eran copia fiel de documentos de la Municipalidad Distrital de Achoma – Arequipa, y de la Sub Región Chincheros – Cuzco. Más perlitas El Ministerio Público ha establecido también que el tractor oruga de propiedad de la comuna leonardina ejecutó, entre el 20 de febrero y el 10 de marzo del 2009, en cinco cuadras de la calle Incanato, trabajos que debió ejecutar SCAM Contratistas Generales E.I.R.L con una motoniveladora de 125 HP. Además que el 15 de agosto del 2008 se licitó la adjudicación de MC-83-2008-MDJLO/CE para alquilar una motoniveladora de 125 HP a fin de utilizarla en la obra “Construcción del pavimento flexible en frío de la Avenida Panamá, entre la Avenida América y la calle Nicaragua – Alquiler de Maquinaria”, por el monto de 23 mil 669 soles, ganando el mismo proveedor sin que las bases señalaran la cantidad de horas máquina necesarias. Sin embargo, al momento de la licitación, la obra tenía ya un 83% de avance, faltando únicamente ejecutar las veredas y áreas de estacionamiento, por lo que la maquinaria alquilada ya no era necesaria. La responsabilidad de Javier Castro Cruz partiría por ser él quien designó a los integrantes de los comités especiales y permanentes con sus miembros titulares y suplentes, aprobó con resolución los expedientes técnicos y las bases administrativas de cada proceso y por ser el titular de la comuna en el momento en que se dieron las adjudicaciones de manera irregular. Otro de los implicados en la acusación fiscal es Enrique Ramos Chimpén, ingeniero que elaboró el expediente de la calle Nicaragua y fue el mismo que se encargó de la ejecución como residente de obra, contraviniendo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, realizando requerimientos adiciones que significaron un incremento de los costos de 17 mil a 37 mil 500 soles. En el proceso también están comprendidos el ex gerente general de la comuna Beder Leonardo Monteza; la ex administradora María Celis de Santa Cruz y la ex jefa de Abastecimiento, Rosario Oliva Porro. + NOTICIAS • Como reacción a las evidentes irregularidades, Javier Castro Cruz procedió a emitir la Resolución de Alcaldía N° 402 del 17 de junio del 2009 con la que declaró la nulidad del otorgamiento de buena pro a favor de SCAM Contratistas Generales E.I.R.L., con el propósito de zanjar de manera administrativa un asunto que ya tenía connotación penal. • Se ha confirmado que EPSEL comunicó de manera oportuna al ex alcalde leonardino de los trabajos ejecutados en la calle Nicaragua. Aún así, este dio luz verde a la adjudicación irregular. • La investigación fiscal concluye además que en la comuna leonardina, de acuerdo a las pericias contables practicadas por la perito judicial Alicia Reyna Montoya, existiría un perjuicio económico de 170 mil 709.87 nuevos soles en dos procesos de obras adjudicados al proveedor Bernardo Castro Bravo, al existir presunta sobre valoración en el alquiler de maquinaría. CIFRA • El Ministerio Público solicita que Castro Cruz sea sentenciado a 9 años de prisión por la comisión de los presuntos delitos de Concusión y Colusión Desleal y 4 años por Usurpación de Funciones en agravio del Estado, así como su inhabilitación por cuatros años para ejercer función pública y el pago de reparación civil ascendente a 200 mil soles. El magistrado Pedro Delgado Ramírez, juez del Décimo Primer Juzgado Penal Supraprovincial Chiclayo – Ferreñafe, es quien deberá juzgar a Castro Cruz y compañía, teniendo en sus manos la enorme responsabilidad de sancionar de manera ejemplar a quienes osaron festinar los recursos del Estado.

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