El Fondo Regional para el Desarrollo en Transición para América Latina y el Caribe, liderado por la Unión Europea e implementado conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ – OCDE, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, presentó el informe ‘Perspectivas económicas de América Latina 2020: Transformación digital para una mejor reconstrucción’, mediante el cual abordan la contribución de las tecnologías digitales para mejorar la productividad. En el caso del Perú, una de las estadísticas que se resalta es que hasta antes del inicio de la pandemia menos del 40 % de las empresas utilizaba la banca electrónica.
Asimismo, solo entre el 10 % y 20 % de las empresas usaban plataformas digitales para adquirir insumos, pese a que cerca del 100 % de las organizaciones contaban con alguna conexión a Internet. De los ocho países consultados en la estadística (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México y Uruguay), Perú era el país que menor uso hacía de la banca electrónica.
En virtud de ello, se señala en el informe que la economía posterior a la pandemia se caracterizará por un incremento de la digitalización en el sector empresarial, lo cual será clave para los nuevos modelos de explotación, toda vez que las empresas tendrán que adoptar tecnología para procesar una mayor cantidad de información, a fin de mejorar los procesos de decisión. Ergo, esto incidiría en la reingeniería de los modelos de negocio, principalmente en la forma de la venta y entrega de bienes y servicios.
Hogares
El informe revela que existe una diferencia de casi el 40 % en cuanto al acceso a Internet de los hogares en Latinoamérica y el Caribe que pertenecen al quintil más rico (75 %), respecto a los del quintil más pobre (37 %). Entre los países miembros de la OCDE esta diferencia se sitúa por debajo del 25 %.
Al respecto, el uso de Internet supera el 60 % en la población, cuya edad oscila entre los 15 y 34 años, a comparación de quienes tienen entre 65 y 74 años, que mantienen un registro de conectividad del 18 %. Superada esa edad, el índice disminuye al 8 %. Si se compara la proporción entre usuarios de la zona urbana y rural, los primeros hasta cuadriplican en algunos países la conectividad.
Trabajo
Por otro lado, el informe menciona que – según la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos, de la OCDE - menos de la mitad de los latinoamericanos de entre 15 y 65 años ha usado una computadora o tiene la experiencia suficiente para poder usarla en la realización de tareas profesionales básicas, ya que sus tareas se limitan a recabar información (73 %) y usar el correo electrónico (69 %). Además, menos del 10 % utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, para tareas más avanzadas.
Según las estimaciones del análisis ocupacional de la CEPAL, el 16 % de los empleos en América Latina y el Caribe presentan un alto riesgo de automatización; es decir, que dichas actividades realizadas por personas pasen a ser desarrolladas por dispositivos tecnológicos. Esta estadística va desde el 5 % en Bolivia hasta el 29 % en Uruguay.
En tanto, el 25 % de puestos de trabajo en promedio corre el riesgo de automatización en Chile, Ecuador, México y Perú, y un 35 % podría experimentar cambios importantes en la forma de desarrollar sus tareas. Por lo mencionado, el informe refiere que los sistemas de protección social deberán reinventarse para garantizar una mejor cobertura, que incluya a trabajadores atípicos, como los de la economía bajo demanda. A comparación de Europa, donde la mitad de trabajadores utiliza las TIC, en Latinoamérica solo es un tercio.
“La crisis del Covid‑19 también pone de manifiesto que la brecha digital de la región es un tema urgente, ya que los trabajadores pobres y vulnerables que no disponen del acceso ni de las competencias para beneficiarse de las herramientas digitales se están quedando atrás. Los que permanezcan al margen de estas nuevas herramientas digitales posiblemente se verán más afectados por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis, lo cual acrecentará las desigualdades socioeconómicas”, explica el informe.
Educación
Por otro lado, el uso de herramientas digitales está ligado al rendimiento académico, ya que – según la OCDE – los alumnos con mejores puntuaciones en las pruebas del Programme for International Student Assessment- PISA, por sus siglas en inglés, son aquellos que empezaron a utiliza las TIC antes de los nueve años, a comparación de aquellos que recién las usaron desde los doce.
Del mismo modo, el informe indica que en las escuelas de América Latina y el Caribe el uso de Internet creció más del doble entre el 2012 y el 2018, sobre todo en los estudiantes de 15 años, cuya aplicación llegó a más de una hora al día. No obstante, la brecha persiste según la ubicación geográfica, pues los estudiantes de entornos urbanos tienen casi un 25 % más de probabilidades de utilizar redes sociales que sus compañeros de entornos rurales.
Asimismo, menos del 14 % de estudiantes de primaria considerados como pobres contaban en el 2018 con una computadora en casa con conexión a Internet, cifra mucho más baja que la de sus homólogos de condición acomodada (80 %). En cuanto a centros educativos, el 95 % de las escuelas de los países miembros de la OCDE cuenta con computadoras conectadas a la red, pero el global en América Latina y el Caribe es del 74 %.
Además, en Latinoamérica, solo el 58 % de alumnos asistían a escuelas con profesores capacitados en herramientas tecnológicas antes de la pandemia.
Instituciones públicas
Según el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, elaborado en el 2018, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay están entre los primeros 50 países que han avanzado hacia la transformación digital de sus gobiernos. El Perú está por debajo de estos países, además de Colombia y México, pero arriba de Ecuador, Panamá, Bolivia y Venezuela. En contraparte, los países de América Latina con menor avance son Nicaragua, Belice, Cuba y Haití.
Una de las principales dificultades para caminar hacia la digitalización de las instituciones públicas es la escasa confianza de la población en sus gobiernos. Según la empresa estadounidense de análisis y asesoría ‘Gallup’, en el 2008 la confianza de los latinos en sus gobiernos era del 45 %, pero para el 2018 bajó al 26 %. El principal factor que originaba esto era la percepción de la corrupción que asciende al 79 %.
El informe señala que la transformación digital puede ayudar a los gobiernos a recuperar la confianza, aprovechando las oportunidades que brindan los datos gubernamentales abiertos que crean una cultura de transparencia, integridad y responsabilidad social. Dos ejemplos de esto son Colombia y Brasil. En el caso del primero, el Estado ha creado la plataforma ‘MapaRegalías’ que muestra el origen y el destino de los recursos financieros obtenidos con la explotación de los recursos naturales, con lo cual se han identificado numerosas irregularidades; mientras que el segundo cuenta con el Observatorio de Gasto Público que realiza el seguimiento de los datos sobre gasto en adquisiciones y contrataciones y los contrasta con los de otras bases de datos gubernamentales para identificar situaciones atípicas.
Del mismo modo, se considera valiosa la elaboración de la ‘Agenda Digital’ como documento de políticas públicas. En el caso de Perú, el informe apunta que esta cuenta con objetivos explícitos, con una comisión intergubernamental definida y en menor medida pone énfasis a la creación de un ministerio especializado en las TIC y en a consulta pública.
Sin embargo, hay tres características en las que la ‘Agenda Digital’ del Perú no pone énfasis: la coordinación con los grupos de interés para hacerle seguimiento, contar con metas o indicadores de monitoreo y un presupuesto explícito para su ejecución.
En el 2008, una crisis financiera internacional conocida como la ‘Gran Recesión’ azotó a todo el mundo. La causa, según el consenso de diversas especialistas, fue los elevados niveles de endeudamiento que derivaron en el colapso de la burbuja inmobiliaria y financiera en los Estados Unidos. Este año, una nueva crisis económica internacional está en curso, teniendo esta vez como origen a la pandemia del Covid-19. Según un estudio del Banco de Crédito del Perú - BCP, esta última tendría un impacto financiero más grande que la ocurrida hace doce años.
El estudio señala que a diferencia de la crisis del 2008, en la que los canales de transmisión fueron el sistema financiero y el sector real, esta vez son el sector real, los bancos y el sistema sanitario. Si bien la crisis de hace 12 años produjo la quiebra de compañías como la estadounidense ‘Lehman Brothers’, la absorción de ‘Bear Stearns’ por la ‘JP Morgan’ y la fusión del ‘Bank of America’ con ‘Merrill Lynch’, no se descarta que entre el 2021 y el 2022 también se origine la quiebra y fusiones de bancos sistémicos.
Asimismo, el estudio señala que, mientras la velocidad de choque de la crisis financiera del 2008 fue gradual entre marzo y diciembre de dicho año, la del Covid-19 ha sido sincronizada y de golpe. En la primera, los ‘commodities’ tocaron piso en diciembre, mientras que en la actual la caída más honda fue entre marzo y abril.
En tanto, el número de trimestres con caída del PBI durante la Gran Recesión, en el caso de los Estados Unidos, fue cuatro (del 2008 al 2009), mientras que la crisis del Covid-19 lleva por ahora dos trimestres con pérdida. Por su parte, la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos – FED, cayó en 175 puntos básicos en la crisis del 2008 y por ahora va en 150.
Además, el estudio señala que la Gran Recesión tardó siete años hasta la primera subida de la tasa del FED, en diciembre del 2015. Aún no se sabe cuánto tardará en esta nueva crisis, pero el estudio señala que gran parte dependerá del hallazgo de una vacuna o tratamiento efectivo contra el Covid-19.
Pandemias en el mundo
Por otro lado, el estudio señala que a las pandemias ocurridas en el pasado como la Peste Negra (1331), la Gran Plaga de Londres (1655), la Gran Plaga de Marsella (1720), las del Cólera (1816, 1829, 1852, 1863, 1899), la Gripe Rusa (1889), la Pandemia de Encefalitis Letárgica (1915), la Gripe Española (1918) y la Gripe Asiática (1957), le siguieron períodos de varias décadas de baja inversión, mayor ahorro, menores tasas y aumento de salarios.
Las proyecciones indican que esta pandemia tendrá un impacto menor a las antes citadas, pues la tasa de mortalidad del Covid-19 sería mucho menor, además que los principales afectados son los adultos mayores y no la fuerza laboral. Sin embargo, por ahora el estímulo fiscal aumenta la deuda pública, lo cual reduce el ahorro nacional y presiona al alza la tasa de interés.
Realidad peruana
Respecto a la realidad peruana, el estudio señala que, si bien los indicadores muestran una clara reactivación económica en cuanto al PBI descentralizado, el consumo interno de cemento, las ventas con boletas y facturas económicas, la demanda de electricidad y el índice de consumo familiar, la velocidad de recuperación es cada vez más gradual.
Sobre el mercado laboral, el empleo formal del sector privado pasó de 3.8 millones de compatriotas en el 2019 a 3.3 este año. La estimación es que para el 2021 alcance a 3.4, 3.6 el 2022 y 3.7 el 2023. En tanto, en Lima Metropolitana el empleo cayó de 5.1 millones en diciembre del año pasado a 1.5 en abril de este año. Su recuperación empezó en junio que alcanzó el pico de 3.5, subió a 3.7 en julio, pero para agosto descendió a 3.6.
Asimismo, los aportes al Seguro Social de Salud – EsSalud, cayeron hasta cerca de 20 % entre abril y junio de este año. Actualmente, la caída es del 7.7 %.
En tanto, la dinámica sectorial es heterogénea. Así, se tiene que los rubros “ganadores” con la pandemia han sido ventas en línea, pagos digitales, supermercados, farmacias, limpieza, servicios de tecnologías de la información y venta de productos tecnológicos para el trabajo remoto.
Del mismo modo, los sectores en franca recuperación son minería, pesca, agroexportaciones, venta de motos y mejoramiento del hogar. Al contrario, los sectores, cuya recuperación será entre el 2022 y el 2023, son centros comerciales y afines, restaurantes, inmobiliario, automotriz, universidades y turismo.
Además, el rendimiento de la moneda nacional hasta la fecha es de -8.4 %. Los únicos países con números positivos en este indicador son Hong Kong, Rumania, China, Japón, Bulgaria, Filipinas y los que conforman la Eurozona.
Populismo
El estudio apunta que la crisis económica del Perú también se ve marcada, además del aspecto sanitario, por la crisis política y el populismo. Sobre este último punto revela que un proyecto de ley en épocas regulares tarda entre 12 y 14 meses en convertirse en ley, pero en esta coyuntura tardan hasta menos de un mes.
El estudio considera a siete proyectos de ley como populistas: el referido a la devolución de aportes a los afiliados de la Oficina de Normalización Provisional – ONP, el de la devolución del 100 % de los aportes a los afiliados de las AFP, el que otorga derechos específicos a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones y el referente a los límites a las pensiones escolares en época de emergencia sanitaria o catástrofe.
Asimismo, considera populista al proyecto de ley sobre transparencia de costos en las instituciones prestadoras de salud privadas, públicas y mixtas; el de la reprogramación de pagos; y el que estableces topes de tasas de interés a los bancos.
Escenarios 2021
Por otro lado, el estudio proyecta tres escenarios (base, optimista y pesimista), respecto a ocho indicadores que afectan la reactivación económica. Sobre el PBI, apunta que en el escenario base crecerá entre 6 % y 10 %, en el optimista entre 10 % y 15 %, y en el pesimista menos del 6 %.
En cuanto al precio de la libra de cobre, en el escenario base este alcanzaría 2.9 dólares, en el optimista 3.2 y en el pesimista menos de 2.5, esto último en el supuesto de una guerra comercial. Asimismo, considera que las anclas de estabilidad económica estarán debilitadas en el escenario regular, podría fortalecerse en el mejor de los casos, pero también alcanzar picos negativos en el peor.
En tanto, en el peor de lo escenarios la calificación crediticia del Perú bajaría dos puntos en su clasificación, mientras que en el mejor tendría un indicador estable y en el escenario base una perspectiva negativa. El tipo de cambio del dólar sería de 3.45, 3.25 y 3.7 en los escenarios base, optimista y pesimista, respectivamente.
Sobre los estímulos locales, estos solo mitigarán el choque de la demanda en un escenario base, serán muy efectivos en un supuesto optimista y poco efectivos en el pesimista. En cuanto a los problemas de insolvencia económica, estos serían de consideración en el peor de los casos.
Medidas
Por último, el estudio enfoca cinco medidas para reactivar la economía: la reapertura de los negocios, reglas claras y menos populismo, incentivar el ambiente de negocios e inversión, pues hay más del 10 % del PBI en proyectos parados, el establecimiento de políticas públicas en aras del crecimiento de mediano plazo para atacar los problemas de fondo, y el estímulo fiscal con prudencia macroeconómica.
Sobre el último punto, señala que deben incluirse medidas como elaborar un plan en pro del empleo formal, establecer un programa grande de compras a pequeñas y medianas empresas, no consumir todos los ahorros líquidos entre el 2020-2021 y que el Consejo Fiscal proyecte de manera independiente los ingresos fiscales a usar en el presupuesto público 2022.
Cinco funcionarios de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, en la provincia de Ferreñafe, entre ellos el alcalde José Ramírez Huamán, son señalados por la Contraloría General de la República como responsables penales de una serie de irregularidades en la contratación de una obra de camino vecinal valorizada en más de 976 mil soles.
El Informe de Control Posterior N° 029-2020-2-0426, elaborado por el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, con competencia sobre el mencionado distrito, aborda los detalles relacionados a la Contratación Pública Especial PEC-PROC-003-2019-MDMAMM7CS-Primera Convocatoria, financiada con recursos de la Reconstrucción con Cambios.
El proyecto recibió como presupuesto total 976 mil 849.69 soles.
Acciones
Tras las acciones de control, OCI determinó que la municipalidad de Mesones Muro modificó sin sustento el plantel profesional comprendido en el expediente técnico aprobado, sin publicar dicha modificación, ocasionando observaciones que no fueron acogidas, admitiendo una oferta sin motivar las rechazadas y perfeccionando el contrato con un postor que no acreditó la experiencia solicitada.
Con ello – señala el informe – se afectó la libertad de concurrencia, transparencia, publicidad, competencia y legalidad del proceso de contratación, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.
OCI Ferreñafe ha dispuesto el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que corresponden entre los funcionarios y servidores públicos de la comuna de Mesones Muro comprendidos en los hechos irregulares.
Asimismo, ha ordenado que se ponga en conocimiento del Concejo Municipal los resultados del informe de control específico, a fin que el colegiado disponga el inicio de las acciones que correspondan, dado que se ha identificado la presunta responsabilidad administrativa del alcalde, José Ramírez Huamán.
Del mismo modo, se ha pedido a la Procuraduría Pública Anticorrupción el inicio de las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.
Involucrados
OCI señala como pasible de responsabilidad penal y administrativa al alcalde del distrito José Ramírez Huamán; al presidente del Comité de Selección, Pablo Segura Huamán, a la jefe del Área de Abastecimiento e integrante del Comité de Selección, Shirley Salcedo Espinoza; al subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y también integrante del comité, Daniel Pisfil Simpalo, así como al encarado del Área de Asesoría Jurídica, César Vásquez Merino.
En tanto, José Luis Mendoza Siancas, quien ocupó la subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ha sido hallado con responsabilidad administrativa.
Procedimiento
La Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, en el marco del procedimiento de Contratación Pública, convocó el 28 de diciembre del 2018 el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2018-MDMAMM/CS, por ítem paquete, para la ejecución de la obra: “Reparación de vías vecinales en el desvío al caserío Huanaba, en el desvío al caserío Luzfaque – Nerio, y en el desvío Choloque”, el mismo que fue declarado nulo, retrotrayéndolo a la etapa de convocatoria.
Ante ello, la comuna procedió a separar el procedimiento por caserío, convocando así al Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2019-MDMAMM/CS, el 6 de mayo del año pasado, para la ejecución de la obra: “Reparación de vías vecinales en el servicio de transitabilidad vehicular en el desvío al caserío Huanaba”.
Es en este procedimiento que el órgano de control ha identificado las irregularidades que acarrean responsabilidad administrativa y penal.
Como se ha indicado, el proceso fue convocado el 6 de mayo del 2019 y diez días después, el 16, se realizó la calificación y evaluación de propuestas, así como el otorgamiento de la buena pro.
Contratación
Se registraron, en total, 37 participantes, otorgándose la buena pro a la Empresa Corporación DWAR SAC, la misma que quedó consentida el 23 de mayo.
Con ello, la empresa tenía hasta el 29 de mayo para presentar la documentación correspondiente para la suscripción del contrato, hecho que se materializó con la presentación de la Carta N° 001-2019-CDSAC/GG, de ese día.
Con la Carta N° 002-2019-CDSAC/GG, del 30 de mayo, el gerente general de la contratista, Walter Agip Alarcón, presentó la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; es decir, un día después de vencido el plazo establecido para que la ganadora de la buena pro alcance la documentación completa a la entidad.
Sin embargo, OCI ha identificado que al momento de la presentación documentaria, la empresa no cumplió con acreditar la experiencia de todo el personal propuesto para la contratación, conforme exigían las bases del proceso.
“Se observa que la garantía fue entregada un día después del plazo legal. Sin embargo, no fue motivo de cuestionamiento por parte de la entidad al contratista. Así también se observa que en relación al personal señalado en las bases de cuatro años de Ingeniero Topógrafo y Agrimensor, acreditándose únicamente tres años y 173 días, conforme se advierte de la constancia emitida (…)”, indica el OCI.
Otro profesional que no acreditó la experiencia exigida fue el Especialista de Mecánica de Suelos.
Observaciones
“La situación expuesta se ha generado por el accionar de los funcionarios de área usuaria al modificar el plantel profesional sin sustento técnico, sin el procedimiento legal y sin estar comprendido en el desagregado de gastos del presupuesto del expediente técnico aprobado en el 2018, así como convalidad dicha inconsistencia pese a haber sido materia de observación, permitiendo que en las bases integradas se consigne profesionales no establecidos en dicho expediente”, indica el informe.
En ese sentido, OCI afirma que por el accionar del Comité de Selección, responsable de conducir el procedimiento de contratación pública especial, de elaborar e ingresar las bases, no resolvió las observaciones pese a ser advertido por los postores, procediendo a adjudicar la buena pro sin describir los motivos de la no admisión de 10 ofertas.
En total se presentaron 32 consultas y observaciones, de las cuales 12 eran técnicas y 20 administrativas.
Se añade que el alcalde del distrito tampoco atendió las recomendaciones planteadas oportunamente por el Órgano de Control Institucional y la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del Órgano Superior de Contrataciones del Estado.
“Los hechos expuestos han originado la trasgresión de la libertad de concurrencia, transparencia, publicidad, competencia, legalidad del proceso de contratación y el correcto funcionamiento de la administración pública, generando que diversos postores incurrieran en inconsistencias, así como la limitación del acceso a la información a los postores y que finalmente originó que la obra se ejecute con un postor que no acreditó la experiencia de dos de sus profesionales, solicitada en las bases integradas”, se indica.
El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha detectado que varios regidores, funcionarios de confianza y servidores no cumplieron con los procesos establecidos para presentar sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, lo que afecta los principios de legalidad y transparencia en la administración pública, omitiendo lo señalado por la normativa vigente.
El Informe de Orientación de Oficio N° 020-2020-OCI/0425-SOO, ‘Registro y presentación de declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado’, señala que en el 2019 y 2020 algunos regidores, funcionarios o servidores no cumplieron con registrar dentro del plazo establecido (15 días hábiles al inicio del año), ni presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas su declaración de ingresos, bienes y rentas.
Regidores
Entre estos se encuentran la regidora oficialista María Berna Cleghorn, quien presentó su declaración jurada recién el 12 de febrero del 2019, el regidor Andrés Calderón Purihuamán, que hizo lo mismo el 6 de febrero del año pasado y los concejales Junior Vásquez Torres (primer regidor), y Felipa Orosco Nunton. Estos últimos presentaron la declaración 20 y 16 días después de vencido el plazo establecido por ley. Se suman a la lista los regidores Randy Vegas Díaz y Karina Villegas Campos.
Los antes mencionados faltaron al procedimiento en relación al 2019, mientras que al inicio de este año no han presentado oportunamente la declaración exigida por ley los concejales Percy Espinoza Gonzales, Pedro Ubillús Falla y Andrés Puell Varas. Los dos primeros lo hicieron 244 días fuera del plazo, mientras el tercero 14 días después de la fecha permitida.
Funcionarios
De los funcionarios, se tiene como infractores a la normativa al jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; al subgerente de Programación de Inversiones y al subgerente de Sanidad. También al jefe del Centro Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catrastal, a personas que ocuparon la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Subgerencia de Asistencia Social y Alimentos y la Subgerencia de Desarrollo Vial y Tránsito.
Asimismo, a funcionarios designados en la Gerencia de Recursos Humanos, en la Gerencia de Administración y Finanzas y en la Subgerencia de Guardianía Municipal Urbana y Serenazgo; en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Subgerencia de Tesorería y Finanzas.
Se suman ex procuradores, gerentes de Desarrollo Vial y Transportes, de Infraestructura Pública y de Desarrollo Urbano.
Ex funcionarios
Entre los ex funcionarios que incumplieron los plazos para la presentación de las declaraciones, según el Órgano de Control Institucional – OCI, aparecen: Óscar Ahumada Ramos, ex gerente del Centro de Gestión Ambiental; Marco Alvites Vitela, ex jefe de la Unidad de Gestión del Proyecto Chiclayo Limpio y del Instituto Vial Provincial, así como Segundo Bocanegra Campos, ex gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Melissa Campos Díaz, ex subgerente de Tránsito y Seguridad Vial; Jorge Cruzalegui Guadiamos, ex subgerente de Promoción de la Familia; Lilian Díaz Carrillo, ex jefa del Centro Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral; Roberto Enríquez Calderón, ex subgerente de Presupuesto; Luis Farro Mori, ex gerente de Desarrollo Vial y Tránsito, y Cinthya Flores Huamanquispe, ex subgerente de Secretaría General.
Juan Ibáñez Álvarez, ex gerente de Administración y Finanzas; Víctor Luna Victoria Menacho, ex asesor técnico (durante la gestión de Guillermo Segura Díaz como alcalde); Juver Pérez Pachanasi, ex gerente de Planeamiento y Presupuesto; José Perleche Ramos, ex subgerente de Programación de Inversiones; José Perleche Ramos, ex subgerente de Presupuesto; Aldo Piccini Solís, ex Procurador Público; Walter Ríos Huerta, ex subgerente de Contabilidad y Costos; Sttanley Rodas Fuentes, ex subgerente de Obras Públicas y Convenios, y Leidy Sánchez Campos, ex gerente de Infraestructura Pública.
Aparecen en la lista Edgardo Sladen Ortega, ex subgerente de Logística; Segundo Soraluz Pïñella, ex Asesor Técnico; Eleazar Torres Ybáñez, ex Asesor Técnico; José Uriarte Díaz; ex subgerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, y Jesús Revilla Jibaja, ex subgerente de Secretaría General.
Marco legal
El Artículo 40 de la Constitución Política señala que “la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidad de los servicios públicos. No están comprendidos en dicha carrera funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente (…)
Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos”.
Además, el Artículo 41 de la carta constitucional refiere que los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos.
Otros dispositivos legales que regulan la presentación de la declaración jurada en la administración pública son: la Ley N° 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado; su reglamento y la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD: “Presentación, procesamiento y archivo de las declaraciones juradas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”.
Conclusión
“La situación adversa descarta e identificada afecta el principio de legalidad, la transparencia y correcta gestión pública en la entidad”, señala el informe del Órgano de Control Institucional, advirtiendo que las situaciones identificadas se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control.
OCI ha pedido que el titular de la entidad, alcalde Marcos Gasco Arrobas, adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la contratación de personal.
“Hacer de conocimiento al titular de la entidad que el incumplimiento de presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado, en el plazo establecido debe ser puesto de conocimiento a la Contraloría por el Gerente de Administración y Finanzas, en un plazo máximo de 7 días hábiles de notificación”, refiere el informe de OCI.
El Órgano de Control advierte que el titular de la entidad debe comunicar las sanciones impuestas en un plazo de cinco días hábiles ante el incumplimiento de la presentación de las declaraciones en el plazo establecido.
Desde hace más de un año los pobladores del caserío Las Canteras en Pátapo mantienen una tensa relación con Edilberto Vallejos Coronado, ciudadano identificado con el código de Registro Integral de Formalización Minera – REINFO, Nº 010296219, quien se dedica a la extracción minera en dicho sector. Sin embargo, hace un mes la situación alcanzó su punto álgido, tras la ocurrencia de enfrentamientos, cuyo saldo ha sido ya varias personas heridas.
Yanet Vásquez Medina, una de las pobladoras afectadas, denuncia que el paso de los volquetes de propiedad de Vallejos Coronado por las calles del caserío vienen generan un perjuicio a los vecinos, pues hasta la fecha han chocado con la casa de una moradora, derrumbado un poste de alumbrado público y ocasionado malestar por la polvareda que dejan los vehículos a su paso, además del temor ante la ocurrencia de algún accidente.
Actividad minera
La población del caserío Las Canteras se dedica desde hace 40 años a la extracción minera. Germaín Tapia Sánchez, gerente de la empresa Cantera Pátapo La Victoria S.A., cuenta que antes dicha organización era una asociación de trabajadores posesionarios de las tierras, quienes se dedicaban a la minera no metálica artesanal. Tras trabajar 30 años de forma informal, en el 2012 iniciaron su proceso de formalización ante el Ministerio de Energía y Minas, al amparo Decreto Legislativo N° 1105.
Cinco años después, la empresa recibió su autorización para la práctica extractiva de manera formal. Tapia Sánchez manifiesta que para ello debieron tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ante el Ministerio de Cultura, documentos ante el Ministerio del Ambiente, obtener la licencia social por parte de los pobladores de la zona de influencia, sacar una autorización por parte de la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe (propietaria de las tierras), entre otros documentos.
La empresa Cantera Pátapo La Victoria S.A. cuenta actualmente con 412 trabajadores, de los cuales 40 trabajan de manera formal (todos los días de la semana). El resto lo hace seis días al mes de forma rotativa, debido a que desde el 2016 la organización se mecanizó y adquirió vehículos pesados para la extracción minera, con lo cual la demanda de personal disminuyó. Sin embargo, en aras de no dejar sin empleo a los pobladores del caserío Las Canteras es que se acordó con la comunidad esta mecánica de trabajo.
Conflicto
No obstante, en el 2017 se aprobó el Decreto Legislativo Nº 1293, mediante el cual se abrieron las inscripciones en el REINFO para las personas dedicadas a la actividad minera, cuya antigüedad sea mayor a cinco años. Bajo ese contexto – refiere Tapia Sánchez – habría obtenido Edilberto Vallejos Coronado la autorización para desarrollar su actividad extractiva en Las Canteras.
“Con el Decreto Legislativo Nº 1293 se inscribió mucha gente para el REINFO. El gobierno delegó la inscripción a la SUNAT, en vez de a la Gerencia de Energía y Minas, con lo cual no se realizó ningún filtro para constatar si lo postulantes se dedicaban o no a la actividad minera. Incluso, en el 2019 se retiró la condición de los años de antigüedad, con lo cual se dio carta abierta para que cualquiera que se inscriba pueda explotar al día siguiente, pero no han tenido en cuenta que la minería genera un impacto en la población”, manifiesta.
Apunta que Vallejos Coronado cuenta con un terreno de dos hectáreas contiguo al caserío Las Canteras. Para llegar a su predio debe pasar necesariamente por donde habita la población, en virtud de lo cual él ha abierto una nueva vía de acceso para los vehículos pesados. Esta situación ha motivado el reclamo de la población por los perjuicios antes descritos.
Por su parte, Yanet Vásquez señala que el jueves 8 de octubre la población del caserío Las Canteras estaba grabando el tránsito de los volquetes para tener evidencia de las denuncias cuando un grupo de personas foráneas, que serían trabajadores de Edilberto Vallejos, llegaron con piedras y armas blancas a agredirlos. En medio de la trifulca ella fue herida y – según afirma - los agentes de la Policía que estuvieron presentes no intervinieron.
Según el certificado del médico legista al que tuvo acceso Expresión, Yanet Vásquez presentaba “signos de lesiones traumáticas recientes ocasionadas por un agente contuso duro y con filo”.
Asimismo, Yanet Vásquez menciona a miembros de la familia Mera Sánchez como socios de Edilberto Vallejos y partícipes también de los presuntos actos de hostigamiento y del enfrentamiento ocasionado aquel día.
Del mismo modo, refiere que Edilberto Vallejos tampoco se ha acercado a la población para comentarles acerca de los protocolos de bioseguridad que mantienen para la actividad minera ni tampoco conocen si sus trabajadores han pasado por las pruebas de descarte del Covid-19.
Por su parte, Ana María Soberón Rupay, pobladora también del citado caserío, señala que Edilberto Vallejos intenta deslegitimar sus reclamos, aduciendo que ellos son enviados por Germaín Tapia, ante la eventual competencia que generaría la extracción minera de ambos.
“El señor Ángel Mera Sánchez ha ido a una radioemisora diciendo que los pobladores apoyan a Edilberto Vallejos, pero eso no es cierto. Son solo seis o siete los vecinos que están de su lado, el resto nos oponemos por el perjuicio que nos genera”, denuncia Soberón Rupay, quien además añade que Edilberto Vallejos no vive en el caserío Las Canteras.
Sostiene que la Policía del sector estaría parcializada a favor de Edilberto Vallejos, toda vez que no intervienen cuando ocurren disputas entre sus trabajadores y la población.
Acción estatal
Debido a los continuos enfrentamientos, se desarrolló una mesa de diálogo virtual entre Edilberto Vallejos, Germaín Tapia como representante de la empresa Cantera Pátapo La Victoria S.A., la Prefectura, la Gerencia de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Comisaría de Pósope Alto, en la cual se arribó a la conclusión de solicitar al Ministerio de Energía y Minas la suspensión de las actividades extractivas en el sector Las Cánteras.
A juicio de Germaín Tapia, la solución no pasa por la suspensión de las actividades extractivas, sino por convocar a la población, que es la principal involucrada y afectada con la situación.
“He sido claro al señalar que el conflicto no es conmigo ni con mi empresa, sino con la población. El señor (Edilberto Vallejos) debe acercarse y explicarles cuales son las bondades de su proyecto, qué beneficios traerá. Los vecinos tienen todo el derecho a reclamar cuando ven que se vulneran sus derechos. La responsabilidad ambiental es fundamental en la actividad minera”, indica.
Por último, refiere que volquetes del gobierno regional estarían trasladando la maquinaria de Edilberto Vallejos a su terreno, hecho en el que concuerda también Yanet Vásquez. “Desde el 16 de septiembre vemos volquetes del gobierno regional respaldando su actividad minera”, denuncia la agraviada.
Diversas irregularidades fueron detectadas por el Órgano de Control Institucional – OCI, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la elaboración del expediente técnico y ejecución de una obra de agua en el distrito de Salas.
El proyecto, denominado ‘Renovación de captación superficial de agua, línea de conducción y colector secundario, construcción de cerco en la Municipalidad Distrital de Salas’, representó una inversión de tres millones 62 mil 908.62 soles.
Sobre este, OCI del Ministerio de Vivienda elaboró el Informe de Hito de Control N° 045-2020, a fin determinar que los trabajos se realizaron conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, estipulaciones contractuales u otras análogas que sean aplicables, así como para identificar la existencia de situaciones adversas.
Contratación
Los trabajos fueron contratados al Consorcio 4, conformado por las empresas Jagui SAC, Corporación CUPHER SAC y Néstor Esquivel Escobar, con el cual el Ministerio de Vivienda suscribió el Contrato N° 18-2918/Vivienda/VMCS/PNSU, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, el 6 de febrero del año pasado.
Entre las obligaciones contractuales, el consorcio asumió la responsabilidad de elaborar el expediente técnico en 30 días y ejecutar la obra en 150 días calendario, siendo el inspector encargado Wilson Ccalli Gutiérrez y el supervisor Daniel Romero Sipión.
Las actividades, de acuerdo a las anotaciones en el cuaderno de obra concluyeron el 12 de marzo de este año, estando la obra aún por recepcionar.
Expediente técnico
El informe evidencia que en el expediente técnico aprobado para el componente captación, con relación a los trabajos propuestos, la fuente de abastecimiento empleada difiere de la prevista en el Estudio de Ingeniería Básica, no evidenciándose el análisis técnico y económico comparativo de las alternativas de solución evaluadas, lo que podría generar el pago de mayores costos al tener que ejecutar obras de mayor envergadura.
“En la elaboración del expediente técnico se advierte que no se ha determinado la calidad del agua superficial del río Salas, a través de un análisis físico, químico y bacteriológico, situación que no garantiza que el agua sea apta para el consumo humano”, advierte el OCI.
Del mismo modo, se precisa que el expediente técnico aprobado contiene especificaciones técnicas y metrados inadecuadamente formulados, lo que afectó la correcta ejecución de los trabajos, ocasionado retrasos en la ejecución de la obra, así como la posibilidad de incurrir en el pago de mayores costos.
Quedaron evidenciadas incompatibilidades entre el expediente y otros documentos de la obra, que el presupuesto del expediente técnico aprobado fue elaborado incumpliendo las condiciones contractuales establecidas y que el contratista incumplió sus obligaciones, sobre todo en lo referido a la participación del residente de obra y el plantel técnico.
Primeros hallazgos
De la revisión selectiva a la documentación relacionada con el Hito de Control N° 4, OCI del Ministerio de Vivienda identificó situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra.
Así, por ejemplo, se estableció que en el componente de captación se valorizaron trabajos que no se ejecutaron de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas del expediente y tampoco se ejecutaron en su totalidad.
Este hecho – señala el informe del órgano de control – “puede afectar la calidad y vida útil de la obra y genera la posibilidad de que se reconozca el pago por trabajos que no cumplen los estándares técnicos requeridos o no fueron ejecutados”.
Por las incongruencias entre lo presupuestado, los trabajos físicos y las valorizaciones, OCI señala que se revelan deficiencias en el control técnico y económico por parte de los responsables de la dirección y supervisión de la obra, así como de los responsables del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
Malos trabajos
En las visitas de inspección realizadas por los fiscalizadores de Contraloría se detectó que se han adicionado dos tuberías de 3 y 6 pulgadas que conducen aguas provenientes de zonas que no forman parte del proyecto y las vierten a la cámara húmeda que alimenta a la línea de conducción.
De acuerdo a los especialistas de control, esto puede generar que el sistema diseñado para el proyecto no asegure el abastecimiento mínimo de agua en época de estiaje, el logro del objetivo del proyecto y la finalidad pública.
“La situación descrita revela que el caudal que ingresa en la captación del proyecto, a la fecha de la visita de control, no sería suficiente, teniendo la necesidad de adicionar un mayor caudal mediante dos tuberías de PVC que conducen aguas provenientes de zonas que no forman parte del proyecto, situación que puede implicar que el sistema diseñado para el proyecto no asegure el abastecimiento mínimo en época de estiaje”, advierte el OCI.
Deficiente supervisión
Como se ha mencionado, el deficiente control y supervisión de la obra ha permitido la ejecución de acabados no establecidos en los planos y de trabajos defectuosos o incompletos, lo que ha conllevado a la aparición de grietas, fisuras y cangrejeras, así como otros inconvenientes en varios componentes del proyecto.
Asimismo, se ha establecido que dos muros de contención de concreto armado de la planta de tratamiento de agua potable han sufrido desplazamientos, revelado deficiencias técnicas vinculadas con dichas estructuras.
“Esta situación puede afectar la calidad y vida útil de la obra. Asimismo, genera el riesgo de que se reconozca el pago de trabajos que no cumplen los estándares técnicos requeridos”, indica el informe de control.
También, la deficiente control y supervisión de la obra ha permitido la ejecución del relleno compactado con material propio en la planta de tratamiento de agua potable con un material no apropiado.
Cuaderno de obra
OCI señala que la información registrada en el cuaderno de obra, certificados con datos inexactos y resultados de prueba de calidad indicarían la posibilidad que la resistencia de un muro de concreto armado en la planta de tratamiento de agua potable no cumpla con lo solicitado.
“Esta situación que puede afectar la calidad y vida útil de la obra y genera el riesgo de que se reconozca el pago de trabajos que no cumplen los estándares técnicos requeridos”, se precisa.
Control Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento concluye que la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 4 ha advertido seis situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra.
Contraloría hizo de conocimiento del ministro del sector de los hallazgos encontrados en la obra de Salas, a fin de que se adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
Según los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que desarrolla el Seguro Social de Salud – EsSalud, cerca del 40 % de la población en Lambayeque ya se habría contagiado del Covid-19, cifra que se constituye como una de las más altas en el mundo. Al respecto, Cristian Díaz Vélez, médico epidemiólogo y jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, señaló que las proyecciones indican que se seguirán registrando fallecidos y nuevos casos positivos de Covid-19 que requieran hospitalización en lo que resta del año y posiblemente los primeros meses del próximo.
“El comportamiento de la población no fue el mejor, ni durante la cuarentena obligatoria, ni ahora que se levantó. La transmisión se sigue dando y se seguirá dando, es inevitable. Quizá cuando lleguemos al final de la pandemia ya no contemos los casos positivos, sino la gran cantidad de fallecidos”, manifestó.
Manifestó que la eventual llegada de la vacuna contra el Covid-19 es importante, pero será necesario contar con la capacidad logística suficiente para poder aplicarla a toda la población y con los estudios de seroprevalencia para saber en qué lugares se encuentran las personas más susceptibles al contagio y de mayor prioridad.
“Las vacunas no se van a colocar solas, debemos tener la capacidad logística necesaria para ponerlas a buen resguardo y usarlas de forma adecuada. Por ejemplo, si no tenemos una cadena de frío, se van a malograr. No se trata solo de esperar a que lleguen, sino de estar preparados. Tampoco es que llegue hoy y mañana ya todos van a estar vacunados. Pasarán varias semanas para que la cobertura esté por encima del 80 % de la población”, aseguró.
Descenso
Sin embargo, ratificó que el descenso de las defunciones y casos del nuevo coronavirus sí se viene dando. En el caso de la Red Asistencial de Lambayeque – RAL, desde hace varias semanas la cantidad de fallecidos diarios está por debajo de diez. El reporte de muertes de la seguridad social en Lambayeque a causa del Covid-19 es de mil 574, cifra que incluye a cien casos de Chepén y Jaén, provincias que forman parte de la cobertura de la RAL.
Del mismo modo, se pasó de 300 atenciones diarias en toda la red a entre 100 y 150. De estos pacientes, aproximadamente el 40 % arroja positivo al virus.
Asimismo, refirió que en toda la RAL se han atendido a 80 mil pacientes, incluidos los que fueron vistos en triaje diferenciado y por las brigadas médicas. De estas, 31 mil han sido atenciones a domicilio por los equipos de respuesta rápida y se han tomado cerca de 37 mil pruebas serológicas.
Del mismo modo, señaló que la RAL ha otorgado el alta hospitalaria a un promedio de tres mil pacientes, de los cuales alrededor de mil se encontraban en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.
“Quisiéramos que llegue el día en que ya no haya ningún fallecido, pero hasta ahora no sucede. Si bien ya no tenemos el riesgo de antes, aún no podemos bajar la guardia, porque es probable que más del 50 % de la población aún no se haya infectado. Mientras no tengamos una vacuna eficaz no podemos decir que la pandemia está controlada”, refirió.
Pruebas
Por otro lado, explicó que – si bien la RAL sí dispone de pruebas moleculares – su aplicación es más compleja, sobre todo para el trabajo de campo, por lo cual prefieren usar las rápidas o también llamadas serológicas.
“Tenemos pruebas moleculares, pero no en la misma cantidad que las serológicas. El problema con las primeras es que los resultados no son inmediatos, en cambio para el trabajo de campo diario con una prueba rápida se puede saber en 15 minutos si el paciente está o no infectado, a diferencia de las pruebas moleculares que requieren de un hisopado, conllevan muchas más medias de bioseguridad, además del transporte de la muestra y el tiempo de espera de los resultados que puede ser de tres a cinco días”, detalló.
Explicó que existen dos tipos de pacientes con prueba positiva: aquellos con anticuerpos IgG, es decir, aquellos que ya no están en etapa de contagio del virus, que son la mayoría; y los que tienen anticuerpos IgM, que sí están en fase activa de transmisión.
No obstante, puntualizó que para realizar seguir la cadena de transmisión del Covid-19 sí es necesaria la utilización de pruebas moleculares, pues el período de incubación del virus va desde los siete días.
En tanto, advirtió que las camas UCI de la RAL están ocupadas al 100 %, lo que genera que haya pacientes en lista de espera por acceder a una de estas. Asimismo, apuntó que ya se superaron los problemas con los Equipos de Protección Personal – EPP, y actualmente utilizan las mascarillas elastoméricas, cuyo uso es más prolongado.
Sintomatología
Por otro lado, resaltó que hay pacientes que son captados como asintomáticos, pero en los siguientes 14 días desarrollan síntomas. A ellos se les considera como “presintomáticos”. El reto – indicó - está en identificar quiénes se mantendrán sin síntomas durante todo el período de la enfermedad y quienes sí los desarrollarán posteriormente.
Resaltó que es notable la cantidad de fallecidos diabéticos, obesos, hipertensos y adultos mayores. En virtud de ello, están identificando a los pacientes, cuyo nivel de saturación está por debajo del 94 %, en vez de esperar a que lleguen a menos del 85 %, pues a ese nivel hay cuatro veces más probabilidades de fallecer.
Según el reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones – SINADEF, el 85.5 % de fallecidos a causa del Covid-19 padecía de obesidad.
“El problema está en convencer a los pacientes de ser hospitalizados, pues si ya de por sí es complicado hacerlo cuando presentan dificultad respiratoria, lo es mucho más cuando su saturación es de 94 % y no presentan síntomas. Sin embargo, son ellos los que tienen grandes chances de presentar un cuadro complicado en los próximos días”, subrayó.
En virtud de lo expuesto, afirmó que ahora la RAL cuenta con un equipo de siete psicólogos que visitan a los pacientes en sus domicilios para persuadirlos de que sean hospitalizados a tiempo.
Equipos de respuesta rápida
Graficó que actualmente hay 30 médicos que conforman los equipos de respuesta rápida de la RAL, quienes llegan hasta Chepén y Guadalupe, incluidos. Además, hay 15 biólogos que realizan trabajo de campo.
Indicó que los equipos de respuesta rápida evalúan al paciente sospechoso y, en caso de tener más de siete días con síntomas, se le toma la prueba serológica, pero – si son menos de siete – acude el biólogo a tomar la prueba molecular. Una vez confirmado el contagio, se determina si el paciente puede recibir tratamiento ambulatorio (leve y moderado) o amerita hospitalización (grave).
“La mitad de los pacientes que hemos atendido no han sido asegurados. El único criterio que tenemos para brindarle el servicio es que sea sospechoso de padecer Covid-19”, afirmó.
Del mismo modo, señaló que la RAL trabaja junto a las municipalidades un programa denominado ‘Lucha contra el Covid silencioso’, que incluye no solo el descarte con pruebas serológicas, sino el seguimiento diario de los pacientes a través de promotores de salud que son miembros de los comedores populares, vasos de leche y serenazgo. A cada uno de ellos se les asigna una manzana cerca a su domicilio y entrega un oxímetro de pulso para que en dicha área monitoreen a sus vecinos. Así pueden notificar de forma rápida a EsSalud cuando la saturación de alguno de ellos desciende de forma peligrosa.
“Desde la quincena de abril hasta fines de mayo salía del hospital a las 2:00 de la madrugada con mi equipo y a las 6:00 de la mañana ya estábamos de vuelta. Era el tiempo de mayor cantidad de pacientes, cuando no había camas, y si las había, no había oxígeno o puntos de oxígeno. Tampoco había empresas que realizaran la instalación de este elemento o el transporte para los balones. Hasta nosotros mismos no teníamos movilidad para los equipos de respuesta rápida. La gente fallecía frente a nosotros. No podemos bajar la guardia”, exhortó.
La situación en la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, es más que alarmante. De acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Fianzas - MEF, al 13 de octubre, de los 193 millones 569 mil 45 soles que tiene la comuna como Presupuesto Institucional Modificado - PIM, solo se ha ejecutado el 37.4 %.
Dentro de esta partida se encuentran recursos destinados, por ejemplo, para los programas de asistencia a las personas con TBC, VIH-SIDA, con un presupuesto de un millón 140 mil 390 soles, de los cuales el municipio ha gastado solo el 8.9 %; es decir, 26 mil 904 soles; en tanto en el rubro de Programa Articulado Nutricional, con un presupuesto de 543 mil 108 soles, lo gastado a la fecha es del 37.4 %.
La emergencia sanitaria por el Covid-19 no puede constituir en excusa para justiciar la no ejecución de los recursos para programas sociales, toda vez que estos tuvieron prioridad de no paralización de acuerdo a los dispositivos emitidos por el gobierno nacional.
A cuenta gotas
Por otro lado, de la partida ‘Gestión integral de residuos sólidos’, de los 28 millones 446 mil 68 soles destinados para este año, la administración de Marcos Gasco presenta un avance en el gasto del 34.5 %, mientras que de los 10 millones 233 mil soles de la partida ‘Programa Nacional de Saneamiento Urbano’, la ejecución es del 17.4 %; es decir, un millón 658 mil 978 soles.
En la partida del ‘Programa de Saneamiento Rural’, que asciende a 373 mil 587 soles este año, lo gastado a la fecha es 16 %, lo que representa apenas 49 mil 414 soles; en tanto en la partida ‘Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular’, con un presupuesto de 12 millones 802 mil 993 soles, lo gastado llega solo al 1 %.
Asimismo, en la categoría presupuestal ‘Nuestras Ciudades’, con un millón 116 mil 940 soles, solo se ha ejecutado el 1.7 %; en la categoría ‘Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte’, con un millón 271 mil 319 soles de presupuesto, lo gastado representa el 12 % (143 mil 704 soles), mientras que en la categoría ‘Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado’, con siete millones 389 mil soles de recursos, el gasto es de 18.8 %.
En tanto, en la categoría ‘Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano’, que tiene 10 millones 374 mil 957 soles de presupuesto, lo gastado llega solo al 7.7 %; es decir, 790 mil 436 soles.
Plata de obras
Otro indicador negativo de la gestión de Marcos Gasco Arrobas como alcalde provincial es el avance en la ejecución del Presupuesto de Proyectos de Inversión; recurso destinado para obras públicas. En este rubro, la comuna de Chiclayo tiene una partida total de 60 millones 38 mil 768 soles, habiendo ejecutado hasta el momento el 7.2 %. Quiere decir que a mediados de octubre, iniciado el último trimestre del año, la comuna provincial ha ejecutado solo cuatro millones 330 mil 358 soles de lo que ha recibido para obras. Restan por ejecutar prácticamente 56 millones.
"Es lamentable, estamos en el último trimestre de la ejecución del año fiscal y sería bueno saber qué medidas se están implementando para revertir esta situación", señala el regidor Percy Espinoza Gonzales.
El concejal advierte que esta situación también se presentó el año pasado, por lo que no se alcanzaron las metas presupuestales.
"En la Municipalidad Provincial de Chiclayo no se tiene capacidad para la ejecución del presupuesto, y es necesario señalar que el próximo año no habrá continuidad de inversiones, por lo que hay en riesgo de que se reviertan millones de soles al erario nacional. Hay poco más de 45 proyectos que se debieron ejecutar este año, pero al revertirse el dinero ya no habrá forma de realizarlos", manifiesta.
Responsabiliza directamente a los funcionarios de la administración que lidera Gasco Arrobas, añadiendo que la proyección es que el municipio llegue apenas al 15 % de la ejecución del gasto del presupuesto de inversiones.
“El alcalde ha tomado el hábito de ausentarse la ciudad sin fecha de retorno cada cierto tiempo y suponemos que lo hace para buscar mayores recursos para la municipalidad, pero a la luz de lo que sucede con el presupuesto lo que debe hacer es quedarse a gestionar el gasto, porque hay recursos, hay dineros que en lo que resta del año no se podrán ejecutar y lo que sucederá es que toda esa plata se perderá, en perjuicio de la ciudad y de la población que necesita de obras tan elementales como el mejoramiento del agua y alcantarillado o las pistas y veredas”, manifiesta Espinoza Gonzales.
Sin avance presupuestal
¿Qué proyectos están pendientes de ejecución en la municipalidad de Chiclayo? De acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, están pendientes de ejecución las siguientes obras:
‘Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del pueblo joven Santa Teresita’, que hasta el momento tiene 0 % de avance presupuestal; el ‘Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de las veredas de las calles del pueblo joven Jorge Chávez’, con un millón 671 mil 564 soles de presupuesto y 0 % de avance, situación que se repite con el ‘Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana’, con una partida de 242 mil 225 soles.
Otros proyectos con 0 % de ejecución son: ‘Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de la Urbanización El Ingeniero I’, con dos millones 462 mil 448 soles de presupuesto; la ‘Rehabilitación de la avenida Angamos, desde San José hasta Leguía’, con un millón 24 mil 368 soles; la ‘Rehabilitación de la avenida Chinchaysuyo, desde la Panamericana Sur hasta la calle Amarantos’, con 744 mil 228 soles de partida; el ‘Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle 8 de Octubre y la calle Manco Capac’; el ‘Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la urbanización Villa El Salvador’, con un millón 337 mil 902 soles de recursos, y el ‘Mejoramiento de la transibilidad vehicular y peatonal del pueblo joven San Sebastián’.
En la misma situación están obras de pistas y veredas en la urbanización El Paraíso; la reparación de pavimentos en calles como Manuel Arteaga, Manuel María Ízaga, Miguel Grau, Sarmiento, Tarata, Leoncio Prado, Vicente de la Vega, Arizola, Raymondi, Lora y Cordero, Diego Ferré y Arica, con un presupuesto de un millón 38 mil 415 soles; el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del pueblo joven Ricardo Palma, de la UPIS Los Olivos y del pueblo joven Santa Rosa.
Proyectos educativos
Con 0 % de avance también están obras como la rehabilitación de la infraestructura educativa de la Institución Inicial N° 044 ‘Capullitos de Rosa’ (dos millones 645 mil 859 soles), de la Institución Inicial N° 037 ‘Virgen de la Luz’ (dos millones 390 mil 687 soles), de la Institución Inicial N° 003 ‘Los Pastorcitos de la Virgen de Fátima’ (tres millones 77 mil 689 soles); el mejoramiento del agua potable y alcantarillado de la Urbanización El Amauta, de la Urbanización La Florida, del pueblo joven Jorge Basadre y el mejoramiento de pistas y veredas en la Avenida Agricultura, entre la Avenida Jorge Chávez y la Avenida Leguía.
También la rehabilitación de la Institución Educativa N° 10002 – Urbanización El Paraíso (tres millones 214 mil 825 soles); la reparación del pavimento en las avenidas Angamos, José Balta, El Carmen, José Eufemio Lora y Lora, Luis González, Nacionalismo, Pedro Ruiz, Víctor Raúl Haya de la Torre y El Progreso (757 mil 377 soles), así como de las calles Arica, 7 de Enero, Los tumbos, Juan Fanning, Tarapacá y Las Diamelas (575 mil soles), y la recuperación de la infraestructura en la Institución Inicial N° 015 ‘Santa María de los Niños’ (908 mil 820 soles).
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El 10 de septiembre, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, en proceso de terminación anticipada, sentenció a los sicarios Jonathan Márquez Villegas y Frank Siccha Rodríguez como ejecutores del asesinato del auditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015.
Ambos sicarios, procedentes de Trujillo, reconocieron ante la magistrada haber ultimado a Cieza Herrera en las proximidades de su vivienda, ubicada en la Urbanización Santa Victoria de Chiclayo.
A Márquez Villegas se le condenó a 23 años y cuatro meses de prisión. El procesado, que actualmente purga condena por homicidio calificado, deberá esperar hasta el 18 de diciembre del 2044 para que se inicie la contabilización de la sentencia por el caso Cieza Herrera, la misma que se proyecta hasta el 17 de abril del 2098.
En tanto, Siccha Rodríguez fue sentenciado a 19 años de cárcel. Esta condena se contabilizará desde el 9 de marzo del 2029 hasta el 8 de marzo del 2048. Actualmente, este cumple condena por robo agravado.
Ambos sicarios se encuentran recluidos en Trujillo.
Con la decisión judicial, el caso Cieza Herrera da un giro de 180°, pues la tesis que inicialmente postuló la fiscalía era que el funcionario de la SUNAT había sido asesinado por otras personas, esto en base a las testimoniales que dieron el aspirante a colaborador eficaz David Ángel Guerrero Rodríguez, alias ‘Ñoño’, así como el testigo clave 03-2016, conocido como ‘El Perro’, en función de las cuales la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, inició el caso ‘Hermandad del norte’.
El caso
En noviembre del 2016, la FECOR, junto a la Policía Nacional, realizó un operativo en Chiclayo con el objetivo de ubicar y detener a los presuntos integrantes de la supuesta organización denominada ‘Hermandad del norte’, liderada aparentemente por los hermanos Sánchez Coronel, cuyos integrantes – según la fiscalía - habían participado en la muerte de Cieza Herrera, sindicándose a los hermanos y empresarios Carlos y Samuel Roncal Miñano como autores intelectuales.
La tesis fiscal señaló desde el inicio que los empresarios habían encomendado al fallecido Alexander Siesquén Sampén, alias ‘Cojo’, la contratación de los sicarios de la organización criminal, identificados como Jack Salazar Silva, alias ‘Periquito’, y Fulgencio Rivera Maza, alías ‘Zurdo’, indicados por el aspirante a colaborador eficaz David Ángel Guerrero Rodríguez y el testigo clave 03-2016 como ejecutores del crimen.
Cambio de actores
La fiscalía logró el mandato de prisión preventiva hasta por 36 meses contra los imputados, venciéndose el plazo de la medida coercitiva sin que se arribe a la certeza que los señalados como ejecutores del crimen lo eran en efecto. Es decir; los investigados iniciales fueron enviados a prisión en base a testimonios falsos.
Así, meses antes que se cumplan los tres años de iniciado el caso ‘Hermandad del norte’, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron en junio del 2019 la diligencia de reconstrucción de los hechos relacionados a la muerte de Cieza Herrera. Sin embargo, sorpresivamente presentó como ejecutores del crimen no a Salazar Silva y Rivera Mazza, sino a dos personas que en Trujillo habían aceptado la autoría del asesinato. Estos eran: Márquez Villegas y Siccha Rodríguez.
El cambio de tesis en la FECOR Lambayeque tomó por sorpresa incluso a los abogados de los imputados desde el principio en la investigación, pues no fueron notificados de la realización de la diligencia desarrollada en el lugar donde fue ultimado Cieza Herrera.
Para entonces, el fiscal Germán Montero Ugaz, cabeza de la investigación, señaló que los sicarios trujillanos habían sido contratados por Alexander Siesquén Sampén como supuesto intermediario de los hermanos Roncal Miñano, declaración que estos no han realizado.
Hechos falsos
La génesis de la investigación se sustentó, principalmente, en las declaraciones que dio a la fiscalía el aspirante a colaborador eficaz David Ángel Guerrero Rodríguez, a quien en un acto aún no esclarecido la fiscalía le otorgó también la condición de testigo clave e incluso buscó su excarcelación, porque presuntamente su vida corría peligro.
Guerrero Rodríguez, actualmente en prisión por otros crímenes, apuntaba a ser beneficiado con la excarcelación al supuestamente haber dado insumos valiosos para la investigación, los que han sido desvirtuados al emitirse la sentencia contra los sicarios trujillanos, la misma que fue declarada consentida el 5 de octubre pasado.
Esto se desprende de la resolución de sentencia emitida por la jueza Grandez Rojas, en cuyos considerandos no se incluye las versiones que durante más de tres años expuso Guerrero Rodríguez al Ministerio Público.
Empero, se considera que los sicarios señalan como intermediario a Siesquén Sampén, fallecido el 28 de julio del 2018, bajo mandato de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, hecho confirmado con el Acta de Defunción N° 500815045.
Por su parte, el testigo clave 03-2016 aseguró a la fiscalía que Siesquén Sampén se había reunido con Samuel Roncal Miñano para coordinar el asesinato de Cieza Herrera y que para ello se había contratado a ‘Periquito’ y ‘Zurdo’. Tales aseveraciones – siguiendo la lógica de la sentencia reciente – son falsas.
Es de mencionar que Márquez Villegas y Siccha Rodríguez no identifican a los empresarios Roncal Miñano como las personas que ordenaron el asesinato de Cieza Herrera, señalamiento que sí ha realizado, en reiteradas veces, David Ángel Guerrero, cuyo testimonio a la luz de los hechos carece de veracidad. Lo mismo sucede con el testigo clave 03-2016.
Sobreseimientos
El 2 de junio se realizó la audiencia virtual en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria en la que el fiscal Montero Ugaz presentó el pedido de sobreseimiento a favor de los procesados por la muerte de Cieza Herrera.
En un acto sin precedentes, el representante del Ministerio Público logró que la autoridad jurisdiccional apruebe el archivamiento o sobreseimiento de la investigación contra los supuestos cabecillas de la organización ‘Hermandad del Norte’, Epifanio Justo Sánchez Coronel, Santos Hermes Sánchez Coronel y Yelisthin Juan Sánchez Tello por el delito de sicariato con agravantes.
Asimismo, la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Criminal declaró fundado el pedido de sobreseimiento a favor de Alexander Siesquén por el presunto delito contra la tranquilidad pública en su figura de organización criminal, marcaje y reglaje en agravio del Estado y por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su figura de sicariato, en agravio de Luis Cieza Herrera. El sobreseimiento se dio dos años después de la muerte de Siesquén Sampén.
La fiscalía también presentó el pedido de sobreseimiento a favor de los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano por el presunto delito contra la tranquilidad pública en su figura de organización criminal.
Del mismo modo se archivó la investigación judicial contra los presuntos ejecutores directos del homicidio, Joseph Salazar Silva, alias ‘Periquito,’ y Fulgencio Rivera Masa, alias ‘Zurdo’, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de sicariato con agravantes en perjuicio de Luis Cieza.
El fiscal Germán Montero explicó al despacho judicial que “si bien es cierto en un primer momento se efectuó la imputación en contra de los investigados Joseph Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza, posteriormente se ha determinado científicamente la identidad dactilar de las huellas encontradas en la escena del crimen (Avenida Grau N° 952 Chiclayo) y las de la moto lineal abandonada, las cuales pertenecerían a dos personas distintas de las que la fiscalía había formulado imputación en la formalización y continuación de la etapa preparatoria”.
Lo extraño es que tan pronto la defensa de los inicialmente imputados observó que la tesis fiscal había variado, respecto a los ejecutores del crimen, la fiscalía presentó la pericia dactilar, prueba que se había realizado al día siguiente de la muerte de Luis Cieza; es decir, el 24 de diciembre del 2015. Lo que no queda claro es por qué si la pericia existía recién se dio a conocer tres años después de iniciadas las investigaciones.
