Al 100 % de actas contabilizadas, los resultados de las elecciones en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, confirman que habrá segunda vuelta. El candidato de la Lista 4 "Movimiento de Concertación Universitaria", Carlos Loayza Rivas, obtuvo el 34.98 % de votos, en tanto el candidato de la Lista 2, "Integración Institucional", Percy Morante Gamarra, alcanzó el 30.33 %.
El proceso electoral recibió la asistencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE. La segunda vuelta está programada para el miércoles 26 de agosto.
Primera vuelta
Para la primera vuelta fueron convocados 9030 electores, entre 8359 estudiantes y 671 docentes. De estos, acudieron este miércoles 7556 estudiantes (90.39 %) y 641 docentes (95.53 %).
Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de los comicios, se instalaron 39 mesas de sufragio en la Ciudad Universitaria, ubicada en Lambayeque. De este total, 34 mesas estuvieron destinadas a los estudiantes y cinco a los docentes.
La asistencia técnica de la ONPE al Comité Electoral Universitario – CEU, de la UNPRG se inició el 10 de febrero de 2026. Desde entonces, el organismo electoral acompaña al comité en las diferentes etapas del proceso, de acuerdo con el cronograma electoral aprobado.
Resultados
El nivel de participación fue del 90.78 % de electores. De estos, Carlos Loayza Rivas, obtuvo 199 votos docentes y 2970 votos de estudiantes, sumando el 34.98 %, en tanto Percy Morante Gamarro alcanzó 196 votos docentes y 2041 votos de estudiantes, representando el 30.33 %.
Los candidatos Jaime Collante Santisteban, de la Lista 1 “Cambio UNPRG, tuvo 163 votos docentes y 1276 votos de estudiantes (23.25 %), mientras César Monteza Arbulú, de la Lista 3 “Movimiento Alternativa Universitaria”, 70 votos docentes y 800 de estudiantes (11.44 %).
CUN
La lista de Loayza Rivas está integrada por Jorge Sosa Flores, como candidato a vicerrector Académico y César Ahumada Abanto, quien postula como vicerrector de Investigación.
El Movimiento Concertación Universitaria – CUN, señala que busca orientar la gestión institucional hacia la recuperación académica, ética y administrativa de la casa de estudios mediante un enfoque participativo.
Entre sus principios fundamentales, el movimiento prioriza el diálogo intersectorial entre docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo, así como el respeto irrestricto a la autonomía universitaria. Asimismo, la propuesta contempla el fortalecimiento de la transparencia en la rendición de cuentas, la evaluación continua de los estándares de calidad académica e investigativa, y el alineamiento de los programas universitarios con las necesidades de desarrollo de la región Lambayeque y del país.
INTI
Asimismo, la Lista 2, “Integración Institucional” – INTI, liderada por Percy Morante Gamarra, como candidato a rector de la UNPRG, quien va acompañado de Luis Campos Contreras, candidato a vicerrector Académico y Jessie Bravo Jaico, candidata a vicerrectora de Investigación.
El agrupamiento universitario INTI dio a conocer su propuesta de gestión institucional para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, fundamentada en el principio de servicio, la calidad humana y el fortalecimiento de la comunidad académica. La candidatura plantea una administración abierta a las propuestas de docentes, estudiantes y trabajadores para convertirlas en soluciones efectivas.
El Plan de Gobierno 2026–2031 formulado por la lista se estructura sobre seis ejes de acción. Entre las prioridades institucionales se contempla la modernización administrativa mediante la transformación digital, la transparencia financiera y la simplificación de trámites. En el ámbito académico y científico, la propuesta apuesta por la actualización curricular, el fortalecimiento de la plana docente, el apoyo a la empleabilidad y el impulso a la investigación a través de semilleros, fondos concursables y el desarrollo de laboratorios especializados.
Asimismo, la agrupación propone dinamizar la relación de la universidad con el sector productivo mediante la iniciativa “UNPRG Produce” y el reactivamiento de sus centros de producción. En materia de bienestar, el plan abarca la mejora de la infraestructura física y tecnológica, la expansión del comedor universitario, la optimización del transporte institucional y la adecuación de espacios deportivos y de salud, además de promover convenios de internacionalización, responsabilidad social e inclusión.
En las celebraciones por las más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida del semanario Expresión, el reconocido periodista y expresidente del Instituto Prensa y Sociedad - IPYS, Augusto Álvarez Rodrich, ofreció un emotivo y reflexivo discurso conmemorativo. Durante su intervención, el analista destacó la resiliencia de este medio lambayecano, repasó los desafíos que enfrenta la prensa independiente y abordó el papel crucial que cumple la fiscalización del poder frente a la arbitrariedad de las instituciones en el Perú contemporáneo.
Álvarez Rodrich inició su intervención recordando los orígenes del medio de comunicación en el norte del país y la rigurosidad de su labor desde su fundación. El semanario nació en la ciudad de Chiclayo tras la iniciativa directiva de la periodista Rosa Amelia Chambergo Montejo.
"El 13 de agosto de 1993 vio la luz el semanario Expresión, un tabloide en cuché de cuatro páginas a todo color que condensó una serie de noticias y publicó su primer ejemplar, inspirado en un periódico de noticias de Taiwán cuyo modelo Rosa Amelia Chambergo hizo circular. Hace 33 años, un día jueves, Expresión estuvo en la mano de periodistas, comunicadores, autoridades, representantes de colegios profesionales, empresarios y universidades, con la decisión de salir semanalmente", expresó Álvarez Rodrich.
El periodista subrayó la dinámica exigente del trabajo editorial que ha caracterizado al medio desde sus inicios, manteniendo la misma mística a lo largo de más de mil cuatrocientas ediciones.
"Cada miércoles, el día de cierre de la edición —el día antes de la publicación desde el primer número hasta el que se ha publicado el día de ayer, la edición 1462— sigue siendo un día agitado, como son todos los cierres de edición: entre redactar los artículos, corregirlos y afinar todos los detalles que implica el cierre con material periodístico exclusivo. Del tabloide de cuatro páginas en agosto de 1993 se han impreso semanalmente ediciones de hasta 100 páginas en fechas trascendentales como el aniversario de Chiclayo, las Fiestas Patrias, el mes de aniversario y su esperada presentación de fin de año", detalló.
La falibilidad del periodismo
En otro momento de su discurso, el expresidente del IPYS reflexionó sobre el ejercicio de la profesión periodística, diferenciando entre la rectificación honesta ante el error involuntario y la mala praxis orientada a tergiversar la verdad.
"A diferencia de lo que creen muchos periodistas que se sienten dueños de la verdad y que consideran que su palabra es sagrada con una arrogancia absolutamente injustificada, el periodismo puede cometer errores. Hasta los mejores medios del mundo lo reconocen; The New York Times, por ejemplo, tiene todos los días en la página dos los errores que cometieron el día anterior y se prestigian por eso, porque identifican cuáles son las fallas y están muy preocupados por corregir las cosas que no se pudieron trabajar correctamente. Por supuesto que el periodismo no es infalible y en su práctica cotidiana se pueden cometer muchos desaciertos, algunos por no haber contado con la información completa en el momento de cerrar la edición, algo que es frecuente en este oficio", afirmó.
Álvarez Rodrich explicó que las condiciones de producción periodística obligan a salir a la luz en horarios inflexibles, lo que a veces impide constatar absolutamente todos los matices antes de la imprenta o la emisión, pero resaltó la importancia de la corrección explícita.
"Los cierres de edición o la aparición de un noticiero nunca esperan a que toda la información esté lista; salen a la hora que tienen que salir. Por eso, cuando ocurre un error, lo correcto es rectificarse sin adornar el asunto y decir: Me equivoqué, no tomé en cuenta estos elementos que hubiera querido considerar y me comprometo a que en el futuro seré más diligente. Pero también hay otros errores que en realidad son horrores para el periodismo, pues se orientan a mentir a propósito, por encargo o por fines subalternos. De eso lamentablemente también está lleno el periodismo en el mundo y en el Perú, con personas que hacen de este oficio una máquina de cometer delitos, pues mentir o acomodar la realidad tergiversándola para demostrar lo que quiero que se crea, aunque no sea la verdad, es un acto reprochable", aseveró.
El acoso judicial y el trabajo bien hecho
Al referirse a las investigaciones y denuncias impulsadas por Expresión, Álvarez Rodrich abordó las consecuencias legales que suelen enfrentar los medios independientes cuando incomodan a las esferas del poder. En ese sentido, compartió una anécdota personal sobre sus inicios en la dirección de diarios de tiraje nacional.
"Como medio independiente, ha desarrollado desde sus inicios trabajos de investigación en diversos temas, muchos de los cuales incomodaron a algunos poderosos quienes, negando la verdad, denunciaron a su directora Rosa por difamación. Mediante procesos judiciales y gracias a su buena defensa legal, pudo revertir esas demandas porque se confirmó que cada informe estaba bien documentado. Cuando yo pasé de trabajar en un medio económico a dirigir periodismo diario y de batalla como Perú21, aprendí algo de eso. Al final de mi primera semana, vino el abogado del grupo editor con un montón de cartas de reclamo y amenazas de juicio. Luego de revisarlas, me dijo: Te veo preocupado, pero si no tienes bastantes cartas y amenazas de juicio, es porque no estás haciendo un buen trabajo. Preocúpate si estas cosas no llegan. Tenía mucha razón: los procesos judiciales suelen constituir una expresión de que a veces se están haciendo bien las cosas", sostuvo.
El exdirigente del IPYS enfatizó que la libertad de prensa ha requerido en múltiples ocasiones el respaldo de instituciones tutelares y gremiales para garantizar la circulación de la información frente a actos de censura gubernamental o regional.
"Para hacer valer el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, el semanario Expresión medio tuvo que acudir a la Defensoría del Pueblo o al Congreso de la República y recibir el respaldo de entidades como el Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas o el propio Instituto Prensa y Sociedad, que tuve el honor de presidir varios años. Estas instituciones exigieron que se restituyera el derecho de circulación libre en dependencias públicas donde algunos funcionarios habían censurado a Expresión por las denuncias publicadas", recordó.
Institucionalidad en el Perú
Durante su alocución, Álvarez Rodrich extendió su análisis hacia la coyuntura institucional del país, denunciando el uso desmedido de la prisión preventiva y la persecución contra ciudadanos por parte de ciertos operadores del aparato judicial.
"El periodismo felizmente está lleno de personas que buscan acercarse a la verdad, y a veces esto requiere enfrentarse a gente con poder, como autoridades que hacen gestión pública o incluso las encargadas de impartir justicia. En el Perú reciente hemos estado llenos de autoridades —fiscales o jueces— que han hecho del ejercicio de la justicia una chaira delincuencial o una pata de cabra política, perjudicando a mucha gente inocente. Afortunadamente, el tiempo está poniendo las cosas en su sitio, identificando a quienes hicieron eso; personas que hoy deben recibir todo el peso de la ley para dar cuenta de las persecuciones e injusticias que promovieron", aseveró.
Para ilustrar los excesos de la administración de justicia y la desproporción penal, el periodista relató un caso real que conoció de primera mano durante sus entrevistas televisivas.
"Entrevisté a un periodista que estuvo preso un año y medio porque le hizo unos trabajos de filmación al entonces gobernador de Áncash. Cada trabajo costaba 400 soles, cobraba con factura y al final fueron diez trabajos por cuatro mil soles. El fiscal pidió y el juez aceptó que eso configuraba lavado de activos. Lo metieron preso y pasó un año y medio viendo cómo superar esa situación absolutamente injustificada. El periodismo es un buen espacio para luchar contra esas injusticias y desnudar los problemas graves del país, aunque esto pueda costar grandes complicaciones", enfatizó.
Aporte al desarrollo integral y cultural de Lambayeque
Más allá de la cobertura política, Álvarez Rodrich elogió el impacto social, económico y editorial que Expresión ha mantenido en la región norteña, destacando su compromiso con proyectos de infraestructura decisivos para la comunidad local.
"Año a año, Expresión ha sido un referente periodístico desde el norte del país por la estructura de sus temas, en particular en casos judiciales, periodismo de datos, contrataciones públicas y la defensa de proyectos como el terminal portuario regional de Lambayeque, el terrapuerto de Chiclayo, la segunda etapa de Tinajones, la presa Limón del proyecto Olmos, el sistema integral de saneamiento o La Calzada. Asimismo, es un referente del empresariado, la academia y las instituciones centenarias, siendo además el único medio de la región que cuenta con un fondo editorial propio mediante el cual ha publicado a connotados escritores e investigadores", remarcó.
Del mismo modo, valoró la capacidad tecnológica del semanario para adaptarse a la transformación digital sin perder su identidad periodística de análisis profundo.
"Fue el primer medio en Lambayeque que tuvo una página web en el año 2005 y hoy mantiene una comunidad activa en redes sociales, formando parte de la Red de Medios Regionales del Perú para desarrollar proyectos colaborativos. A diferencia del diario de masa, el semanario tiene tiempo para explicar mejor las noticias, publicar notas de fondo, entrevistas y crónicas con mayor amplitud. Expresión ha dado muestras de resiliencia: venció la crisis del papel, la imprenta y el desafío digital, manteniéndose como el espejo fiel de los ciudadanos que confían en que sus problemas pueden canalizarse para encontrar una solución. Felices 33 años de circulación", concluyó Álvarez Rodrich.
En agosto del 2020, mientras los peruanos se mantenían en su mayoría confinados en sus casas y luchaban contra la propagación del Covid-19, el concejo municipal de Chiclayo aprobó la Ordenanza Municipal N.° 016-2020-MPCH/A, la cual consentía el Reglamento Municipal de Administración de Mercados y Centros de Abastos en la Provincia de Chiclayo. Debido a la emergencia sanitaria que se vivía, los regidores acordaron que los artículos 66 y 67 de ese reglamento, referentes a la determinación del costo de la merced conductiva, quedaran suspendidos hasta que terminase la pandemia. El fin de la emergencia sanitaria ocurrió el 2023, sin embargo, hasta la fecha el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH, no ha hecho efectiva la recaudación de la merced conductiva.
Teobaldo Reque Neciosup, secretario del Sindicato de Comerciantes del Mercado Modelo, explica que la Ordenanza Municipal N.° 016-2020-MPCH/A, aprobada durante la gestión del exalcalde Marcos Gasco, suponía un incremento sustancial al pago de S/52 que realizaban los comerciantes de este centro de abastos con la anterior norma del 2005, la Ordenanza N.° 017-2005-GPCH.
“Esta ordenanza del gobierno de Gasco fue totalmente arbitraria y abusiva, pues imponía un incremento de 800 % a 1000 % (…) Nosotros como dirigentes de este mercado invocamos a los comerciantes de este centro de abastos y de todos los de Chiclayo a no cancelar esta merced conductiva. No era posible que se generara este incremento justo en el 2020, cuando nos encontrábamos en plena pandemia. Muchos de nuestros compañeros no podían trabajar, estaban cuidando a sus enfermos en sus casas y a su propia vida”, sostiene.
Consenso y derogación
Agrega que la intención de los dirigentes del Mercado Modelo y de los otros diez mercados municipales fue no cancelar al SATCH la deuda que se acumulase por concepto de merced conductiva hasta que no se llegara a un acuerdo con las autoridades de la municipalidad de Chiclayo respecto al cálculo del monto a pagar.
Con el ingreso de la nueva gestión municipal liderada por la alcaldesa Janet Cubas Carranza, los comerciantes emprendieron sendas mesas de diálogo y finalmente llegaron a un consenso en abril de este año, el cual se materializó con una nueva ordenanza, la 000006-2026-MPCH/A, publicada en junio, la cual derogaba a la 016-2020-MPCH/A.
Deuda acumulada
Sin embargo, quedaba en el tintero aún cómo y cuándo se iba a cancelar la deuda acumulada de los años 2023, 2024, 2025 y los cinco meses del 2026. Esa situación parece haberse dilucidado a través de un informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el 000858-2026-MPCH/GAJ, del pasado 31 de julio, mediante el cual se determinó que la OM N.° 016-2020-MPCH/A adolecía de vigencia al no haberse procedido con su correcta publicación, dado que se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ordenanza, mas no su reglamento. Este informe fue respaldado también por el Informe Técnico N.° 000035-2026-MPCH/GDEL, de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.
Precisamente, el gerente de Desarrollo Económico, Ángel López Castro, explica que ahora el SATCH deberá retrotraerse a la norma anterior a la 016-2020-MPCH/A, es decir, a la 017-2005-GPCH y hacer el cálculo de la deuda acumulada sobre la base de los criterios estimados en esta norma.
“Por alguna razón que desconocemos se publicó en El Peruano la ordenanza, pero sin el reglamento, que era el que contenía precisamente los artículos 66 y 67 que detallaban la fórmula a utilizar para determinar el cobro de la merced conductiva. Al no haberlos publicado, se volvió ineficaz jurídicamente. Lo que tendrá que hacer el SATCH es retrotraer y para eso hemos enviado los informes técnicos y legales para que apliquen la tarifa que se tenía antes de la 016 hasta empalmar con el nuevo tarifario a partir de junio”, explica.
Vigencia de la norma
Sin embargo, la regidora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Mercedes Quispe Alejandría, desconfía de que sea en esta gestión municipal que se haga el cobro de la deuda acumulada. Consultada para este informe, explica que -en su opinión- no ha existido interés de hacer efectivo este cobro.
“Con los ánimos que he visto a la Gerencia de Desarrollo Económico y a la alcaldesa de patear este tema para que sea la próxima gestión la que se haga cargo, me atrevería a decir que este año no va a iniciar el cobro de la merced conductiva acumulada del 2023 hasta parte del 2026. Han encontrado algo para entretener a los comerciantes. Así como durante todo el 2024 les dijeron que dependía de los regidores la no aplicación de la Ordenanza N.° 016 y luego se demostró que no era nuestra competencia, lo mismo se hizo en el 2025 cuando se les entretuvo diciéndoles que se iba a declarar una amnistía especial que debía ser aprobada por los regidores, lo cual también se demostró que no era nuestra facultad. Ahora también los están entreteniendo diciéndoles que la Ordenanza N.° 016 no ha estado vigente”, expresa.
Añade que incluso la no vigencia de la Ordenanza 016 está sujeta a una cuestión de interpretación, puesto que la norma y su reglamento sí fue publicada íntegramente en la web de la municipalidad. En su opinión, deberán ser otras instituciones como la Contraloría las que determinen si estuvo vigente o no la norma para hacer el cálculo del cobro de la deuda acumulada.
Cuestión de voluntades
Quispe Alejandría, quien ingresó al concejo municipal como parte de los regidores de la lista oficialista, revela que el compromiso político de la alcaldesa Janet Cubas desde un inicio con los comerciantes fue derogar la Ordenanza N.° 016-2020-MPCH/A y no hacer efectivo su cobro. Señala que en reiteradas oportunidades pidió en sesión de concejo a la titular del pliego la aplicación de la 016, que estaba en vigencia, a fin de no generar más deuda acumulada, pero no tuvo eco.
“Un grupo de regidores pedimos al SATCH que se nos indique cuáles son las acciones que se habían tomado para hacer efectivo el cobro de la merced conductiva porque -si bien un grupo se negaba a pagar- muchos otros nos buscaban a nosotros pidiéndonos pagar, ya que temían que suceda lo que finalmente ha ocurrido, que se acumule la deuda y se haga onerosa de pagar. Finalmente, el SATCH hizo un balance total de toda la deuda y empezó a notificar a los conductores. La deuda total ascendía a más de 50 millones de soles”, asegura.
No obstante, ahora que los informes legales de Asesoría Jurídica han determinado que la norma nunca estuvo vigente, corresponde realizar un nuevo cálculo de la deuda. Al respecto, el pasado 11 de agosto, el gerente general del SATCH, Roberto Enríquez Calderón, remitió el Oficio N.° 01-013-000000094-2026 al gerente municipal Carlos Paredes García, a fin de solicitarle información sobre los procedimientos administrativos correspondientes a la situación legal de la deuda por merced conductiva que se generará al dejar sin vigencia la Ordenanza N.° 016-2020-MPCH/.
Mientras tanto, Teobaldo Reque asegura que existe el compromiso de parte de los comerciantes de los once mercados municipales por honrar la deuda acumulada sobre la base de la Ordenanza N.° 017, del 2005. Ante la consulta de si entonces desde el 2023 la municipalidad de Chiclayo ha asumido íntegramente los gastos derivados generados del mercado, responde de esta forma: “Así es, pero se va a reponer con el pago de la merced conductiva. Eso es lo que estamos invocando a los comerciantes. Hemos llegado a un acuerdo con los señores del SATCH y la municipalidad para que aquí mismo, en este local del sindicato, se coloque una oficina del SATCH, a fin de que los comerciantes tengan la facilidad de venir a pagar (…) Estamos invocando a los comerciantes que se pongan al día de su deuda para que la municipalidad pueda recuperar los gastos operativos que ha hecho en este centro de abastos y los demás”.
Por lo pronto, no existe una fecha precisa de cuándo se empezará a hacer el pago de la deuda acumulada de los once centros de abasto. Lo que sí se tiene definido, según refiere López Castro, es que a inicios del próximo mes empezará a hacerse el cobro de la merced conductiva bajo el criterio de la flamante Ordenanza Municipal N° 000006-2026-MPCH/A, el cual -en el caso del Mercado Modelo- asciende a S/ 3.80 por día, es decir, S/ 114 al mes.
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(*) Periodista
Si hay un sambenito con el que carga la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, ese es sin duda el catastrófico estado en el que se encuentra la mayoría de calles de la ciudad. Basta caminar por la calle Vicente de la Vega, en el centro, o por urbanizaciones como Santa Victoria, para darse cuenta que el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal queda como una deuda pendiente de esta gestión municipal.
Al respecto, Expresión conversó con la primera vecina de Chiclayo para conocer por qué no se ha avanzado en este tema y si algo se podrá hacer ante la premura de la visita del papa León XIV. En palabras de la alcaldesa, la pelota se encuentra en cancha del Ejecutivo nacional.
“Lo que hemos dejado bien en claro es que nosotros desde el 2023 solicitamos la atención urgente a Chiclayo, cuya municipalidad está en una quiebra financiera con una deuda que supera largamente los 250 millones de soles. Hemos pedido de forma recurrente con la señora Boluarte, con el señor Jerí y el mismo Balcázar una mayor demanda de recursos para Chiclayo que permita poder intervenir en lo que significa el mantenimiento de las calles, el cual por muchos años no se dio, pero que, además, se agravó por la precariedad de las redes. Este requerimiento lo elevamos ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ante Vivienda y ante el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, pero -a pesar de los ofrecimientos y los compromisos asumidos en los períodos anteriores, nunca se cumplió”, explica la alcaldesa.
La visita del papa: una esperanza
Desde la confirmación oficial de la visita del papa León XIV al Perú, y a Chiclayo particularmente, la alcaldesa ha exigido con mayor urgencia la asignación de recursos, puesto que la comuna no cuenta ya con más recursos propios. Recientemente, mediante el Decreto Supremo 037-2026-RE, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori declaró de interés nacional la visita de su santidad para noviembre de este año, con lo cual se abren más posibilidades de materializar estas transferencias dinerarias.
Así, la semana pasada, la alcaldesa Janet Cubas fue convocada por la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros para instalar una mesa multisectorial con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde estuvieron presentes las autoridades regionales y locales de las ciudades que están enmarcas de ‘La Ruta de León’, así como representantes de cada sector.
“Esta una mesa multisectorial que tiene una mirada transversal. Con mucho respeto y cariño les digo que la bendición de la elección del papa León XIV se ha convertido en ese factor dinamizador de la inversión del Estado Peruano. Los representantes de los sectores involucrados como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Ministerio del Ambiente; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y Turismo; y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas han estado presentes y han acordado que se van a priorizar los proyectos de las regiones y provincias, de acuerdo a sus necesidades para acortar brechas”, asevera.
En opinión de la alcaldesa, esta mesa multisectorial alinea las responsabilidades, tareas, compromisos y recursos que se van a generar a partir de esta declaratoria de interés nacional. Eso sí, será importante -afirma- la participación de la Contraloría para realizar el control concurrente durante la ejecución de estos recursos.
Pistas y veredas
Cubas Carranza reconoce que durante la efímera gestión del expresidente José María Balcázar sí hubo una transferencia para el mantenimiento de calles, el cual ascendió a 15 millones 500 mil soles. Sin embargo, es enfática en precisar que ese dinero no fue asignado a las arcas de la municipalidad de Chiclayo, sino que fue directamente al Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de que este sea la entidad que ejecute los recursos.
“He vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que, en esta ocasión, se nos atienda con una mayor demanda de recursos para intervenir las calles céntricas de Chiclayo, junto al gobierno regional, con quien tenemos convenios. Necesitamos una atención prioritaria porque hasta ahora Chiclayo no ha recibido ni un sol. Ya antes hemos solicitado con fichas una asignación de 20 millones de soles. Ese dinero lo necesitamos para ya, ahorita, en un cortísimo plazo, pues debemos atender a los propios y a los visitantes”, sostiene.
Fenómeno El Niño
De otro lado, la alcaldesa enfatiza en que el pedido de recursos al gobierno central no surge de la elección del obispo emérito de Chiclayo, Robert Prevost, como papa de la Iglesia Católica, sino que viene desde el 2023, cuando inició la gestión. No se trata solo de mejorar las calles para embellecer la ciudad, sino también para hacer prevención ante las lluvias como las pronosticadas por el Fenómeno El Niño.
A ello se suma el pedido para la atención inmediata a la renovación de las redes de agua y alcantarillado del casco central, proyecto abandonado desde el 2012.
“Nosotros conseguimos un presupuesto del Ministerio de Vivienda para realizar el peritaje de esta obra paralizada. Este estudio técnico culminó el año pasado y en diciembre la cartera de Vivienda aprobó el informe final del peritaje. Estamos en la etapa de conseguir recursos para el financiamiento de la formulación del expediente técnico del saldo de obra de este proyecto tan importante que impactará en el bienestar de los transportistas, de los vecinos en general, de la imagen de la ciudad y, obviamente, en la llegada del santo padre”, describe la primera vecina de la ciudad.
No obstante, la alcaldesa es consciente de que esta obra no va a estar lista para la visita del papa ni para cuando culmine su gestión municipal, sino que será una obra que deberá concretizar la siguiente administración edil. En lo que a ella le compete, señala que empujará el tema ante el gobierno central, a fin de que quede lista la formulación del expediente técnico del saldo de obra, el cual arrojará cuánto dinero se necesitará para finalmente culminar la ejecución de esta obra.
“De acuerdo a los especialistas, se estima que el saldo de obra costará entre 80 a 100 millones de soles, pero eso ya lo verá la siguiente gestión. Dios mediante, vamos a dejar estos acuerdos en la mesa instalada con el expediente técnico del saldo de obra”, anhela.
Finalmente, señala que esta declaratoria de interés nacional por parte del Consejo de Ministros, es un elemento más que favorece a la concreción de la asignación de recursos, pues significaría que la presidenta Keiko Fujimori ha tomado la decisión de darle a Chiclayo el peso e interés que se merece por parte del gobierno central ante la visita del papa.
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Sara Alvarado Cabrera fue nombrada fiscal superior provisional en Lima Centro y, con ello, dejó de estar avocada a la Carpeta Fiscal 2447-2014, la del caso “Limpios de la Corrupción”. Se fue sin haber presentado el requerimiento acusatorio ni el de sobreseimiento que se le encargó en 2023, y ocho meses después de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo la apercibiera otorgándole cinco días para hacerlo. En los pasillos del Ministerio Público de Chiclayo se comenta que el caso podría volver a manos del fiscal que fue relevado hace tres años, justamente por no acusar.
Alvarado Cabrera fue nombrada fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y designada en la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con retención de su cargo de carrera, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2399-2026-MP-FN, del 13 de agosto de 2026, suscrita por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas y publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de agosto. La resolución se sustenta en el Informe N° 002-2026-MP-FN-FSCN-FEDLA, que propone continuar la reestructuración de las fiscalías de lavado de activos para “garantizar la probidad y eficacia” en la conducción de esas investigaciones.
La misma resolución dio por concluidos su destaque en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo y su avocación, en adición a funciones, a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 y sus derivados: el caso conocido como “Los Limpios de la Corrupción”, seguido contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, y más de 170 personas, por presuntos delitos contra la administración pública —colusión, entre otros— y lavado de activos en agravio del Estado. El expediente, abierto en 2014, deberá ser reasignado a un nuevo fiscal.
El que no acusó
Por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2905-2016-MP-FN, del 22 de junio de 2016, el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, quedó a cargo del caso a dedicación exclusiva, con apoyo fiscal y logístico, del caso “Limpios de la Corrupción”.
Dos años después, el 22 de octubre de 2018, mediante la Disposición N° 337, Zapata Orozco declaró concluida la investigación preparatoria. Desde esa fecha, el paso procesal siguiente era formular requerimiento de acusación, de sobreseimiento o ambos, para lo cual, dado que se trata de un caso complejo, el plazo era de 30 días hábiles, que vencieron el 4 de diciembre de 2018. Ese pronunciamiento nunca llegó.
El 22 de agosto de 2019, mediante el Oficio N° 003559-2019, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque exhortó a Zapata Orozco a emitir el requerimiento correspondiente. El 21 de febrero de 2020, el Oficio N° 000823-2020-MP-FN-PJFS-Lambayeque, se reiteró esa exhortación recordándole que el caso llevaba más de cinco años de investigación fiscal, que se le había asignado a dedicación exclusiva con apoyo fiscal y logístico y que desde 2018 las investigaciones preparatorias estaban concluidas, por lo que debía pronunciarse “evitando aplazamientos innecesarios”.
El 5 de mayo de 2021, el entonces presidente de la junta, Alejandro Lamadrid Ubillús, le solicitó informar sobre el estado del caso y le recordó que en enero de ese año la Junta de Fiscales Superiores había acordado otorgarle plazo hasta fines de mayo de 2021 para culminar los requerimientos acusatorios pendientes. En su Informe del 10 de diciembre de 2021, Zapata Orozco atribuyó el retraso a la reducción del personal fiscal —sostuvo ser el único fiscal avocado a un caso con más de 170 imputados, sin apoyo de fiscales adjuntos ni provinciales— y a su condición de integrante del grupo de riesgo por la COVID-19, que lo obligaba a realizar trabajo remoto.
El acta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque del 4 de julio de ese año consigna que “pese al tiempo transcurrido (desde el año 2014) y a la condición de exclusividad” del fiscal Zapata Orozco, “no se ha logrado concluir con este proceso penal”, y que se acordó por unanimidad solicitar que se diera por concluido su avocamiento exclusivo, con retorno a sus funciones habituales, para lograr en el plazo más corto posible la redacción de los requerimientos pendientes. La misma resolución que recoge ese acuerdo añade que el propio Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo había solicitado la exclusión del fiscal responsable y la designación de un nuevo fiscal.
Así, por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 398-2023-MP-FN, del 16 de febrero de 2023, la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, dejó sin efecto la exclusividad de Zapata Orozco y designó en su reemplazo a la fiscal Alvarado Cabrera, en adición a sus funciones y hasta la culminación del caso. El cambio se produjo porque, con siete años de dedicación exclusiva, el fiscal no había presentado ni acusación ni sobreseimiento.
Se repitió la historia
Alvarado Cabrera fue designada en febrero de 2023 con el encargo de hacer lo que su antecesor no hizo, esto es, acusar o sobreseer. Su designación fue prorrogada por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque mediante los oficios N° 2061-2022 y N° 119-2023, y la propia resolución de la Fiscalía de la Nación la mantuvo en el caso “hasta la culminación” del mismo. Empero, habiendo transcurrido más de tres años el requerimiento sigue sin ser presentado ante el Poder Judicial.
El 24 de diciembre de 2025, en audiencia pública correspondiente al Cuaderno Judicial N° 05207-2014-275-1706-JR-PE-04, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, declaró improcedente un pedido de control de plazo formulado por la defensa de uno de los encausados, pero le otorgó a la fiscal el plazo de cinco días para que presentara su requerimiento de sobreseimiento, de acusación o ambos, bajo advertencia expresa de que, en caso de incumplimiento, se pondría el hecho en conocimiento de la fiscalía penal competente a fin de que evalúe una investigación por el presunto delito de omisión de funciones.
Ocho meses después de aquel apercibimiento, y a la fecha de su ascenso, no consta que el requerimiento haya sido presentado en los extremos principales de la carpeta. Siendo así, caso vuelve a quedar a la deriva, a la espera de que la Fiscalía designe a un nuevo responsable que deberá empezar por leer cientos de tomos antes de decidir si acusa o pide el sobreseimiento.
Colaboración eficaz fuera de plazo
Lo que sí ingresó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque fue otra cosa. El 30 de junio de 2026 se registró el Expediente N° 09464-2026-24-1706-JR-PE-10, por requerimiento de colaboración eficaz del Cuaderno CE N° 22-2014, presentado por la fiscal Sara del Socorro Alvarado Cabrera por el delito de lavado de activos (Ley N° 27765). Al 7 de agosto de 2026 el incidente figuraba “en calificación”, y la sumilla judicial consigna que el colaborador adjuntó un sobre cerrado cuyo contenido reservado no fue comprobado.
Lo más grave es que ese mismo cuaderno ya había sido rechazado. El Informe del 10 de diciembre de 2021, suscrito por el propio Zapata Orozco, consigna respecto del CE N° 22-2014/05-2016 que “mediante Disposición N.° 08 de fecha 25 de octubre de 2018 se denegó el acuerdo de colaboración eficaz solicitado”. Es decir, un acuerdo denegado por el Ministerio Público en 2018 reaparece ocho años después como requerimiento ante el juez, fuera del plazo legal y sin que se haya comprobado el contenido de la información ofrecida.
En los pasillos del Ministerio Público de Chiclayo se comenta que la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 retornaría al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco. La versión no ha sido confirmada oficialmente, pero basta enunciarla para advertir el despropósito: se trataría de devolver el caso al mismo fiscal que lo tuvo a dedicación exclusiva desde 2016 y que fue relevado en 2023 por decisión unánime de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque precisamente por no haber formulado acusación ni sobreseimiento.
