Para el procurador anticorrupción de Lambayeque, Carlos Lazo Gutiérrez, la justicia debe ser aplicada sin preferencia alguna, distingo de cargos, nombres y estatus social y económico. Mejor aún, una vez aplicada, la población debiera tomar nota de ello para impedir que sujetos sentenciados, más si agraviaron al Estado, deban tener una segunda oportunidad para retornar a la administración pública, sea por cargo de confianza o elección popular. Si esto ya ocurría ´ pero con otra connotación ´ con maestros sentenciados por violación y eran impedidos de retornar más a aulas, ¿por qué? - se pregunta- no ha venido ocurriendo lo mismo con servidores públicos sentenciados y autoridades en uso de sus funciones, que habiéndoseles comprobado el delito de corrupción continuaban en la función pública; en el peor de los casos esperando que la lenta justicia se aplique para con ellos. El jurista Lazo refiere que en estos casos el Estado no ha sabido reaccionar adecuadamente y asumir una correcta defensa, pues todos estos años han venido presentándose casos de esta naturaleza sin que medida alguna se adopte hasta ahora con la aparición de proyectos de ley como la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción y la "muerte civil" de los deshonestos sentenciados que no cumplan con la reparación a favor del Estado, ahora en manos del Congreso de la República para su aprobación. "¿Cómo se permitió esto?, pues lamentablemente nuestra legislación en la actualidad permite que, por ejemplo, cualquier sentenciado por corrupción pueda postular en el futuro a un cargo público, pese a la condena que tuvo, y además pueda entablarse nuevamente una relación con el sistema económico", expresa. Aclara que precisamente la ausencia de estas leyes en el ordenamiento legal peruano ha dado lugar a que las cosas sigan igual, estas personas se conviertan hasta en reincidentes y continúen agraviando al Estado con la irregular administración de los recursos. Muestra de ello ´ afirma ´, solo en Lambayeque, bajo este tipo de conductas se habrían invertido de manera irregular más de 195 millones de nuevos soles, situación que ha motivado el inmediato apersonamiento a cada uno de los procesos que se le sigue a estos servidores públicos y autoridades, tanto a nivel de investigación preliminar, preparatoria y juicio oral; en su mayoría por delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, peculado y negociación incompatible. Es así que previendo la pronta aprobación de estas dos propuestas en el parlamento, y proceder a aplicar este tipo de sanciones, la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque elaboró un detalle pormenorizado de los procesos investigatorios - 540 en total ´ para establecer a cuál o qué servidor público o autoridad le alcanzaría la medida, y vaya que hubo ciertas sorpresas. Pues bien, precisa que en Lambayeque, siguiendo la propuesta de la "muerte civil", hoy, ello debiera alcanzarle fácilmente a muchos servidores públicos y autoridades municipales y regionales en condición de procesadas en estos momentos por la justicia, a nivel de Ministerio Público como Poder Judicial; agravando su situación legal y, por ende, perjudicándolos políticamente. Las 20 autoridades más cuestionadas Proyectándose a lo que sucederá más adelante y conociendo al detalle cada uno de los casos donde le toca asumir la defensa de los intereses del Estado en su calidad de Procurador Anticorrupción, Carlos Lazo enfatiza que es solo cuestión de tiempo para que la justicia caiga sobre ellos y recién allí entrar a operar con la "muerte civil". Más de una veintena ya están en la mira, y es aquí donde empieza la confección de la lista, que ´ advierte ´ estará compuesta por quienes la justicia está a punto de comprobar su accionar corrupto, enriqueciéndose ilícitamente, y sacando provecho de que las sanciones para los funcionarios son muy blandas. "Es hora que la administración de justicia muestre interés en esto y no permita más este tipo de hechos, y que los parlamentarios legislen para endurecer las sanciones penales y civiles, pues los corruptos deben tener cero oportunidades a un crédito, no deben volver a la administración pública y mucho defraudar al Estado", acotó Carlos Lazo. El jurista, quien es natural de Huancayo y se muestra orgulloso de abanderar la práctica de los valores morales, no acusa directamente, sin embargo, deja abierta la posibilidad que sobre estas personas la justicia será aplicada ejemplarmente, y particularmente opina no deberían volver a la administración de justicia. El primero es Javier Castro Cruz, investigado por presuntas irregularidades en la ejecución de 17 obras ejecutadas durante su gestión como burgomaestre de José Leonardo Ortiz. Un grupo aún están a nivel de investigación fiscal; otras, han motivado a que sea - sin éxito aún - procesado por el Poder Judicial. Raúl Cieza Vásquez, alcalde de José Leonardo Ortiz, no se escapa a las críticas y de comprobarse las irregularidades denunciadas en su contra, sería uno más a pasar a integrar esta lista. Según el procurador, en esta lista también se le debería incluir a Carlos Enrique Morales Sosa, otrora alcalde del populoso distrito leonardino, procesado junto a Castro Cruz por irregularidades en ejecución de obras de pavimentación. La lista empieza a extenderse por «personajes’ que se han visto envueltos en aparentes irregularidades en la adjudicación de recursos económicos del Programa "Agua para Todos", programa estrella del gobierno de Alan García que terminó perjudicando a miles de pobladores en Lambayeque. Fue aquí donde se creó la figura de desabastecimiento inminente y supuestas emergencias. Procedimientos que según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) los tipifica como procedimientos ilegales y que han permitido abrir investigaciones a nivel de Ministerio Público a muchos exalcaldes y algunos de ellos en ejercicio de funciones, como Manuel Valverde Ancajima (exburgomaestre de Pítipo), cuya ejecución de millonaria obra de saneamiento fue deficiente y está inoperativa. La misma situación se presenta con Carlos Arbañil Saldaña (exalcalde de Cayaltí), cuya obra de agua y alcantarillado, por un monto de 14 millones de soles también se ha visto afectadas por la deficiente ejecución. Y aunque inicialmente no es investigado por lo ocurrido en el distrito de Santa Rosa, por las irregularidades señaladas en la obra de saneamiento, el también aprista Andrés Palma Gordillo (exalcalde de esta localidad y actual consejero regional), también sería sentado en el banquillo de los acusados para que responda sobre la cuestionada entrega de la buena pro de 20 millones de soles para proyecto de saneamiento al consorcio San Pedro, cuando inicialmente estaba presupuestada en 10 millones, y cuya ejecución ha sido deficiente, según se denunció. Ello, le ameritaría ingresar a la lista de los que no deben volver a la administración pública. Seguirían en la lista los actuales alcaldes de Pucalá (el aprista José Estela Campos), Picsi (aprista Alfredo Díaz Barturén), San José (aprista José Paiva Llenque), Pacora (Jaime Urbina Urbina), entre otros, que vienen siendo investigados por proceder a realizar exoneraciones de los procesos de buena pro cuando el gobierno de Alan García se encontraba de salida. Hecho que motivó a que se congele la transferencia de recursos y se paralice la ejecución de las obras, debido a los procesos investigatorios en curso. La lista también tendría el nombre del aprista Marco Hernández Briones, exalcalde de Zaña, a quien la Contraloría General de la República detectó durante su gobierno presuntas irregularidades cometidas por exfuncionarios ediles, en la obra de mejoramiento de los servicios de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales de su distrito; situación que representó para el municipio un perjuicio económico de más de medio millón de soles y, por lo cual, la Procuraduría Pública de la Contraloría presentó la demanda ante el Primer Juzgado Civil de Chiclayo. En el caso de la provincia de Lambayeque, el alcalde Percy Ramos Puelles también pasaría a integrar esta lista. El mérito: ser investigado por un aparente delito contra la administración pública por no haber entregado la obra de saneamiento que está presupuestada en 60 millones de nuevos soles, cuyo proyecto debió ser entregado en octubre del 2012 y hasta la fecha tampoco terminan los trabajos. Otro es el caso del alcalde de la provincia de Ferreñafe, Jacinto Muro Távara y un grupo de sus funcionarios, investigados por los delitos de colusión y negociación incompatible y que, al parecer, recibirían 15 y 6 años de cárcel, respectivamente. Se les investiga por la compra de dos buses, que asciende a 680 mil nuevos soles y que estarían sobrevalorados. Ello, sin mencionar que esta autoridad municipal viene siendo procesada por el delito de peculado, al haber girado 30 cheques por un monto superior a los 100 mil soles a nombre de terceras personas que no tendrían ningún vínculo contractual con la Municipalidad Distrital de Pítipo en 1999, año en que se desempeñaba como alcalde de esa localidad. En esta lista no podía faltar Roberto Torres Gonzáles, alcalde provincial de Chiclayo, para quien el Ministerio Público ha solicitado 30 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado por apropiación y colusión desleal agravada., por la investigación de casi una decena de obras de pavimentación ejecutadas por administración directa entre los años 2008 y 2010. Los cuestionamientos del Procurador Anticorrupción de Lambayeque también alcanzan al alcalde del distrito de Jayanca, José Tapia Olazábal, a quien denunció por los presuntos delitos de colusión desleal y negociación incompatible. Aquí también aparecen los nombres de los alcaldes de íÂ�llimo (Juan Pablo Santamaría Baldera), Pomalca (Luis Orbegoso Navarro), Ciudad Eten (Alejandro í‘íquen Sandoval), a quienes el procurador también centra su atención por investigaciones y procesos en curso. A este último, por el delito de colusión en el marco de presuntas deficiencias en la obra de saneamiento que habría originado un perjuicio económico de dos millones de soles. Por colusión y quien sería integrado a esta lista está investigado el titular de la municipalidad de Pátapo, Carlos Salvador Cayotopa; mientras el alcalde revocado de Oyotún, Segundo Vargas Pérez está inmerso en un proceso investigativo por el delito de peculado. De yapa, el burgomaestre de Chongoyape, Agustín Lozano Saavedra por la comisión ilícita de incumplimiento de funciones; y el burgomaestre de Santa Rosa, Roberto Sipión Sono, investigado por el ilícito de nombramiento ilegal del cargo y otros. En resumen, de aplicarse la "muerte civil", enjuiciados y sentenciados estos personajes, no podrían volver definitivamente a la administración pública. Finalmente, Carlos Lazo Gutiérrez advierte como aspecto más que importante, el hecho de haber solicitado como pagos de reparaciones civiles hasta un monto de 11 millones de soles, por concepto de las investigaciones en curso contra algunas de las autoridades mencionadas líneas arriba y que están relacionadas a la ejecución deficiente de obras de saneamiento consideradas emblemáticas y que se encuentran bajo la lupa de la justicia. "En el caso de Pítipo, por su obra de saneamiento, para Valverde y demás implicados, la Procuraduría ha pedido una reparación civil de 5 millones aproximadamente. En el caso del alcalde de Pacora, se ha solicitado el pago de dos millones de soles; al alcalde de Pátapo, 1 millón de soles; al alcalde de Chiclayo, por las obras de APEC, poco más de 2 millones; mientras que al alcalde de Picsi, también por concepto de reparación civil, la cifra bordea los dos millones de soles", puntualizó Lazo Gutiérrez. + NOTICIAS ● Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, dada la magnitud de los actos de corrupción, asoma la figura de los procuradores anticorrupción.