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El gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, Ranjiro Nakano Osores, habría incurrido en falsa declaración al omitir que figura como gerente general de la empresa Consultia SAC, cuyas operaciones, según SUNAT y Registro Públicos, inició en noviembre del 2019. Dicha información no fue consignada en su declaración jurada de intereses, documento exigido para ocupar cargos públicos y que es supervisado por la Contraloría General de la República.
La cercanía entre el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, y Nakano Osores, no es nueva. Cuando el primero fue congresista por Lambayeque, para el período 2020-2021, Ranjiro Nakano fue asesor de su despacho y luego ambos trabajaron en EsSalud.
Tras el triunfo de Pérez Flores en la contienda regional del 2022, el 5 de diciembre el electo gobernador declaró a los medios de comunicación que su otrora asesor no formaría parte de su equipo de gobierno.
Sin embargo, en abril de este año lo convocó como gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, siendo el tercero en ocupar dicho puesto en lo que va de la administración de Jorge Pérez.
Declaración jurada
La Declaración Jurada de Intereses, regulada por Ley 31227, de junio del 2021, es un documento de carácter público y que contiene información de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos en el que estos deben consignar sus vínculos en el ámbito personal, familiar, laboral y financiero.
La competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto al contenido u omisión de las declaraciones juradas es la Contraloría General de la República.
Todo aquel que ocupa un cargo público debe presentarla al inicio, al término del ejercicio anual y al término de su período de elección o designación.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley 31227, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG, del 11 de agosto del 2021, se considera que una Declaración Jurada de Intereses tiene información falsa o inexacta cuando los datos consignados son contrarios a la verdad y al principio de presunción de veracidad.
El Título VIII de dicho cuerpo normativo, referido a Infracciones y Sanciones, señala que es de aplicación el Artículo 46 de la Ley 27785, Ley de Control, donde se considera que “constituyen conductas infractoras graves o muy graves en materia de responsabilidad administrativa funcional (…) Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público”, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar de ser el caso.
Documento presentado
Ranjiro Nakano presentó la Declaración Jurada de Intereses al asumir la gerencia general del Gobierno Regional de Lambayeque por designación del gobernador Jorge Pérez Flores.
En dicho documento, declaró bajo juramento no tener información por detallar sobre empresas, sociedades u otras entidades en las que él y/o su cónyuge o conviviente posean alguna clase de participación patrimonial o similar, constituidas en el país o en el exterior.
También declaró no tener información a detallar sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados a él, su cónyuge o conviviente por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Lo mismo en relación a participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o no, en el país o en el exterior.
Empero, Nakano Osores mintió al suscribir dicho documento, pues sí tiene vínculos empresariales y poderes vigentes que debió informar en el formulario de la Declaración Jurada de Intereses.
Consultia S.A.C.
El 26 de noviembre del 2019, ante el notario público de Chiclayo, Alfredo Santa Cruz Vera, se constituyó con Escritura Pública N° 1784, a sociedad anónima cerrada denominada Consultia S.A.C., con una duración indeterminada e iniciando sus operaciones en la fecha dicho pacto social, adquiriendo personería jurídica.
En la Partida N° 11329972, que obra en la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, se designa como gerente general de la empresa a Ranjiro Nakano Osores, a quien se le atribuyen las facultades contenidas en el artículo 7 del estatuto, con un período de vigencia de un año. Empero, ante SUNARP no se han registrado cambios en la gerencia general.
El artículo 7 de la partida, señala que “la gerencia, no habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la ley para este órgano societario serán ejercidas por el gerente general”.
Así, se señala que el gerente general está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo, realizar los siguientes actos: dirigir las operaciones de la empresa; representarla ante autoridades y toda la clase de personas jurídicas, públicas y privadas; representarla ante entidades de control; organizar la administración externa y demás prerrogativas.
Del registro vigente en SUNARP, al que Expresión tuvo acceso, se tiene que Ranjiro Nakano Osores sigue siendo gerente general de Consultia S.A.C.
Esto se confirma también en la ficha RUC emitida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, donde se indica que las actividades de la empresa iniciaron el 11 de febrero del 2020, su estado de contribuyente está “activo” y la condición es de “habido”.
Siendo la actividad principal de la empresa el tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos.
Otras entidades
La Declaración Jurada de Intereses con información omitida sobre su vínculo con Consultia S.A.C., no es la única en el historial de Nakano Osores como funcionario público.
Como es sabido, cuando Jorge Pérez Flores fue elegido congresista por Lambayeque, Nakano Osores fue su asesor de su despacho congresal en el 2020.
En su declaración de inicio, declaró también no tener vínculos con ninguna empresa ni poderes o facultades otorgadas. Lo mismo declaró al cesar en el cargo como asesor de grupo parlamentario.
De igual manera, omitió dicha información cuando asumió la jefatura de la Oficina de Cooperación Internacional de EsSalud, en el 2022, puesto en el que cesó a inicios de este año.
Cuando todo hacía presagiar que las obras de pavimentación de pistas y veredas en el pueblo joven Santa Rosa, del distrito de Lambayeque, y el mejoramiento del canal de riego Jarrín, ubicado en el centro poblado de Capote, jurisdicción del distrito de Picsi, no se harían realidad, las gestiones ediles de ambos municipios distritales han logrado el financiamiento respectivo para que dichos proyectos se ejecuten.
Con fecha 6 de setiembre del año en curso, la gestión edil liderada por el alcalde Percy Ramos Puelles, publicó en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, el proceso bajo la normativa de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios – ARCC, denominado Procedimiento Especial de Contratación N° 3 -2023-MPL, cuyo objeto consiste en el “Mejoramiento de pista y vereda; en el Pueblo Joven Santa Rosa – A.H. El Rosario – A.H. Santo Toribio de Mogrovejo y A.H. Nazareno Cautivo del distrito de Lambayeque”, para el cual se ha asignado un presupuesto que supera los 26 millones de soles, incluyendo la supervisión.
Las metas
De acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, los objetivos considerados se circunscriben a ejecutar las metas para garantizar la reparación de la infraestructura pública dañada de las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero, como así también promover una fuente de trabajo eventual en la zona mientras dure la ejecución del proyecto.
Asimismo, el proyecto está diseñado para elevar el nivel de vida de los pobladores, puesto que se va a reparar la infraestructura vial, con la finalidad de evitar el deterioro de la salud por la disminución de polvo, como así también la mejora del ornato de la ciudad y a la vez permitir el ahorro del tiempo en movilizase por vía que estén bien adecuadas, limpias y seguras.
El proceso de selección primigenio fue convocado durante los últimos meses de la anterior gestión liderada por el exalcalde Antonio Eneque Soraluz, el cual sufrió sendas postergaciones e incluso fue motivo de nulidad por la actual gestión edil, debido a ciertos vicios encontrados en las bases del proceso que impidieron su adjudicación y la ejecución misma del proyecto.
El comité
De acuerdo a la información obrante en el SEACE, se advierte que el comité de selección tiene a cargo el proceso selectivo desde los actos preparatorios, admisión, evaluación y calificación de ofertas, incluyendo el otorgamiento de la buena pro, está conformado por Óscar Enrique Alvarado Antón como presidente e integrado por los miembros Román Arturo Gil Reaño y Mario Cruzado Reaño
En Picsi
El SEACE también muestra que el 6 de septiembre del presente año, la Municipalidad Distrital de Picsi ha convocado el proceso de selección bajo los alcances de la Ley N° 31722, denominado Adjudicación Simplificada N° 01-2022-MDP que, bajo otra normativa venía siendo postergado desde el inicio de la actual gestión edil, incluso en algún momento anulado por ciertas inconsistencias contenidas en las bases del procedimiento, las cuales indujeron al actual alcalde a tomar dicha decisión, lo que conllevó a dejar en suspenso el procedimiento selectivo, el cual después de varios meses ha vuelto a ser convocado programando su adjudicación para el 19 de septiembre de este año.
El objeto
El proyecto de inversión pública tiene como finalidad el “Mejoramiento del sistema de riego del Canal Jarrín y sus laterales Castillo y Collocsi, de la localidad de Capote”, valorizado en cinco millones 539 mil soles, presupuesto que servirá para mejorar su reducida eficiencia en el manejo, distribución y gestión del recurso hídrico que discurre por dicho canal con fines agrícolas, ya que las estructuras de conducción, control y medición existentes, en su mayoría no operan adecuadamente por encontrarse deterioradas y otras por falta de mantenimiento, trayendo como consecuencia la agudización de la problemática desde un punto de vista social, puesto que existe la necesidad urgente de mejorar la capacidad de manejo por parte de los usuarios en función a las necesidades de agua de los cultivos que permita mejorar su productividad y rentabilidad.
Los integrantes del comité de selección nombrados para conducir el procedimiento selectivo está presidido por Jharly Mundaca Cigüeñas, teniendo como miembros a Javier Humberto Colchado Rojas y Fidel Manayay Vilcabana, quienes tendrán la función de absolver las consultas y observaciones que pudieran formular los postores, como así también evaluar y calificar las ofertas que fueran presentadas por los participantes y, por ende, adjudicar la buena pro al postor que al final obtenga el primer lugar en el orden de prelación.
En un acto totalmente insólito, el Gobierno Regional de Lambayeque pagó por el envío de una carta notarial a Expresión, suscrita por el jefe regional de Administración, Ciro Delgado Sánchez, con la cual se amenaza a este medio de comunicación con el inicio de acciones legales por la publicación de un informe en la Edición 1315, en la cual dimos cuenta de presuntas irregularidades en la evaluación y calificación de la oferta ganadora para la compra de 123 patrulleros.
La Carta Notarial N° 000021-2023-GR.LAMB/ORAD, fue enviada el 7 de septiembre a nuestra redacción y en ella Delgado Sánchez pide que se indique los “elementos de convicción (entiéndase elementos de prueba)” que motivaron la publicación del informe relacionado al proceso de adjudicación para la compra de 123 camionetas por parte del Gobierno Regional de Lambayeque.
Según el funcionario de confianza, Expresión pone en tela de juicio la honorabilidad de los servidores y funcionarios públicos que han participado como miembros del comité de selección y la “institucionalidad del Gobierno Regional de Lambayeque”, arrogándose la representación de la entidad que, de acuerdo a norma, le corresponde al titular del pliego, en este caso el gobernador Jorge Pérez Flores.
Caso en investigación
A partir de la publicación realizada en la Edición 1315, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino las oficinas de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, iniciándose las diligencias que permitirán determinar al despacho de la fiscal Karim Ninaquispe Gil si inicia o no una investigación preliminar y si la información y documentación recabada es suficiente para formalizar la etapa preparatoria.
Es menester remarcar esto porque como medio de comunicación Expresión no afirma el direccionamiento de la adjudicación a favor de la empresa Autoespar S.A., pone el escenario en condicional porque son precisamente los entes de control y fiscalización quienes deberán establecer la comisión del hecho irregular y, de resultar posible, la aplicación de las sanciones correspondientes en el Poder Judicial.
De ahí que este medio tampoco mencionó a funcionario alguno, ni siquiera a los integrantes del Comité Especial encargado de la evaluación, calificación y adjudicación del procedimiento. La información publicada se desprende de la oferta que la misma empresa presentó y que está registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, a partir del folio 35.
En tal sentido, si lo que el jefe regional de Administración busca son “elementos de convicción”, como señala en la carta notarial que suscribe, deberá esperar al pronunciamiento del Ministerio Público o, en todo caso, revisar la documentación consignada en la oferta.
Constancias de servicios
Autoespar S.A. presentó en su oferta cuatro constancias de servicios con sus respectivos contratos para acreditar su experiencia y poder participar del proceso de adjudicación.
A folios 35 de la oferta se presenta el Anexo N° 8 “Experiencia del postor en la especialidad”, en el cual la empresa da cuenta de cuatro contratos por un monto total de 30 millones 364 mil 158.20 soles, por la venta de vehículos a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, la Policía Nacional de Perú, el INGEMMET y el Ministerio Público.
Adjuntó constancias de prestación, documentos que de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sí son válidos para la acreditación de experiencia.
Dichas constancias están suscritas por funcionarios de las citadas entidades pertenecientes a las áreas de administración o las que hacen sus veces.
Sin embargo, el Artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que “otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad registra en el SEACE la constancia que precisa”.
Corresponderá a los organismos pertinentes determinar si registrar es igual que emitir o firmar, pues, como se ha explicado, las constancias están firmadas por los funcionarios de dichas áreas.
Ahora bien, el cuestionamiento de Expresión se centra en que las firmas en las constancias difieren a las que se exigen según los contratos, lo que se puede apreciar en las respectivas cláusulas.
¿Disculpas?
En 30 años de labor periodística este medio se ha caracterizado por informar e investigar de manera documentada, demostrando responsabilidad en el ejercicio del periodismo. En ese sentido, ha cumplido con el deber de poner en auto de los entes de control hechos que ameritan la revisión del procedimiento, mas no ha afirmado la existencia de hechos irregulares o de corrupción que pudiesen afectar el honor de las personas.
Quien sí incurrió en frases ofensivas, generalizadas y sin mostrar prueba alguna fue el gobernador regional Jorge Pérez Flores, a través de dos videos publicados en redes sociales, en los que sin reparo alguno califica a la prensa que hace trabajo de investigación de “mermelera”, “corrupta” y “gansteril”.
Dichos términos resultan impropios de una autoridad que debe mostrar no sólo respeto por los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos, sino también apertura a todo tipo de cuestionamiento que en aras de la transparencia, idoneidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos pudiese existir.
En consecuencia, Expresión rechaza las amenazas contenidas en la carta suscrita por el jefe regional de Administración, así como los agravios del gobernador regional contra el gremio periodístico. Asimismo, respalda la capacidad técnica de nuestro consultor en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, cuya experiencia está probada y ha permitido llevar a los tribunales y sancionar penalmente a varios funcionarios que han defraudado al Estado con procedimientos irregulares, al punto que en más de una ocasión ha sido convocado como testigo especializado por el Ministerio Público.
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Asociación Nacional de Periodistas respalda trabajo de Expresión
A través de un pronunciamiento, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP rechazó el proceder de los altos funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, quienes “vienen hostigando y amenazan al Semanario Expresión por difundir información de interés público sustentada en documentos de acceso público”.
“Este gremio les recuerda al gobernador regional y al jefe de la oficina de Administración Regional que si la molestia ha sido generada por la opinión de un externo al medio, este no se hace responsable de sus afirmaciones, por lo que solicitarle ‘que proceda a emitir la correspondiente disculpa” constituye un acto de intimidación y amedrentamiento’”, indica el comunicado.
Asimismo, el Colegio de Periodistas de Lambayeque se pronunció rechazando los adjetivos del gobernador contra los medios de comunicación regional, considerando que estos atentan contra la libertad de expresión.
“Lanzar aseveraciones generalizadas y sin mostrar pruebas evidencian un comportamiento poco responsable, más si se recurre a ello para evitar responder sobre el fondo de las informaciones publicadas por los medios de comunicación. Atrás deberían quedar las prácticas vedadas de malos políticos que ha tenido Lambayeque, acostumbrados a ‘atacar al mensajero, pero no responder al mensaje’”, señaló la orden profesional.
Más de 200 egresados de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, de Lambayeque, han conformado una comisión que los representa, a través de la cual gestionan hace varios meses la prolongación del plazo para presentar sus proyectos de investigación y tesis a fin de obtener los grados de maestros y doctores. La casa de estudios aún no da una respuesta definitiva.
Según explica Hugo Saavedra, presidente de la Comisión de Coordinación de Egresados de la EPG de la UNPRG, se trata de más de 200 maestrantes y doctorandos, quienes habiendo culminado sus estudios hasta antes del 2017, no han logrado hasta el momento presentar sus trabajos de investigación y tesis para obtener los grados académicos correspondientes.
Posibilidad de prórroga
Esta situación los llevó a agruparse y solicitar a las autoridades de la universidad la ampliación del plazo para la presentación correspondiente, considerando que ni la Ley Universitaria ni las directivas de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, establecen plazos perentorios.
“El plazo existe en el estatuto de la universidad, pero está subordinado a normas de mayor jerarquía, por lo que hemos solicitado al rector de la universidad que se lleve ante el Consejo Universitario la propuesta de ampliar el plazo y de esta manera permitir que se presenten los trabajos correspondientes”, señala.
El 5 de septiembre pasado, los integrantes de la comisión se reunieron con el rector, Enrique Cárpena Velásquez, quien atendiendo el pedido de los egresados informó que la problemática no ha sido expuesta aún en el Consejo Universitario, debido a que en el proyecto de resolución existen aún aspectos legales pendientes de analizar.
Ofrecimiento de rector
El ofrecimiento de llevar un proyecto de resolución ante el Consejo Universitario fue coordinado entre el rector y el director de la Escuela de Postgrado hace tres semanas, aproximadamente, pero no se ha materializado.
“El rector nos ha comunicado que existe una salida a nuestro reclamo a través de unas disposiciones entregadas por la SUNEDU, de modo que la resolución sea planteada convenientemente y beneficiosa para todos en el Consejo Universitario que debe sesionar este mes”, indica Saavedra.
Respecto al plazo, establecido para el 31 de diciembre, se ha planteado la posibilidad de ampliarlo dado el corto tiempo que resta del año.
“Hay además otra situación que es la referente al pago de mil soles por concepto de habilitación, el cual se ha pedido que sea confirmado en concordancia con las normas respectivas que rigen al régimen económico de la universidad. Confiamos en que este mes el rector canalizará nuestra exigencia al Consejo Universitario y se dará solución a ello”, manifiesta.
Los egresados están a espera de la respuesta final de las autoridades de la universidad, pues argumentan que la no obtención de los grados académicos los perjudica en el aspecto laboral, por lo que demandan se dé prioridad a su pedido.
