En un acto totalmente insólito, el Gobierno Regional de Lambayeque pagó por el envío de una carta notarial a Expresión, suscrita por el jefe regional de Administración, Ciro Delgado Sánchez, con la cual se amenaza a este medio de comunicación con el inicio de acciones legales por la publicación de un informe en la Edición 1315, en la cual dimos cuenta de presuntas irregularidades en la evaluación y calificación de la oferta ganadora para la compra de 123 patrulleros.
La Carta Notarial N° 000021-2023-GR.LAMB/ORAD, fue enviada el 7 de septiembre a nuestra redacción y en ella Delgado Sánchez pide que se indique los “elementos de convicción (entiéndase elementos de prueba)” que motivaron la publicación del informe relacionado al proceso de adjudicación para la compra de 123 camionetas por parte del Gobierno Regional de Lambayeque.
Según el funcionario de confianza, Expresión pone en tela de juicio la honorabilidad de los servidores y funcionarios públicos que han participado como miembros del comité de selección y la “institucionalidad del Gobierno Regional de Lambayeque”, arrogándose la representación de la entidad que, de acuerdo a norma, le corresponde al titular del pliego, en este caso el gobernador Jorge Pérez Flores.
Caso en investigación
A partir de la publicación realizada en la Edición 1315, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino las oficinas de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, iniciándose las diligencias que permitirán determinar al despacho de la fiscal Karim Ninaquispe Gil si inicia o no una investigación preliminar y si la información y documentación recabada es suficiente para formalizar la etapa preparatoria.
Es menester remarcar esto porque como medio de comunicación Expresión no afirma el direccionamiento de la adjudicación a favor de la empresa Autoespar S.A., pone el escenario en condicional porque son precisamente los entes de control y fiscalización quienes deberán establecer la comisión del hecho irregular y, de resultar posible, la aplicación de las sanciones correspondientes en el Poder Judicial.
De ahí que este medio tampoco mencionó a funcionario alguno, ni siquiera a los integrantes del Comité Especial encargado de la evaluación, calificación y adjudicación del procedimiento. La información publicada se desprende de la oferta que la misma empresa presentó y que está registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, a partir del folio 35.
En tal sentido, si lo que el jefe regional de Administración busca son “elementos de convicción”, como señala en la carta notarial que suscribe, deberá esperar al pronunciamiento del Ministerio Público o, en todo caso, revisar la documentación consignada en la oferta.
Constancias de servicios
Autoespar S.A. presentó en su oferta cuatro constancias de servicios con sus respectivos contratos para acreditar su experiencia y poder participar del proceso de adjudicación.
A folios 35 de la oferta se presenta el Anexo N° 8 “Experiencia del postor en la especialidad”, en el cual la empresa da cuenta de cuatro contratos por un monto total de 30 millones 364 mil 158.20 soles, por la venta de vehículos a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, la Policía Nacional de Perú, el INGEMMET y el Ministerio Público.
Adjuntó constancias de prestación, documentos que de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sí son válidos para la acreditación de experiencia.
Dichas constancias están suscritas por funcionarios de las citadas entidades pertenecientes a las áreas de administración o las que hacen sus veces.
Sin embargo, el Artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que “otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad registra en el SEACE la constancia que precisa”.
Corresponderá a los organismos pertinentes determinar si registrar es igual que emitir o firmar, pues, como se ha explicado, las constancias están firmadas por los funcionarios de dichas áreas.
Ahora bien, el cuestionamiento de Expresión se centra en que las firmas en las constancias difieren a las que se exigen según los contratos, lo que se puede apreciar en las respectivas cláusulas.
¿Disculpas?
En 30 años de labor periodística este medio se ha caracterizado por informar e investigar de manera documentada, demostrando responsabilidad en el ejercicio del periodismo. En ese sentido, ha cumplido con el deber de poner en auto de los entes de control hechos que ameritan la revisión del procedimiento, mas no ha afirmado la existencia de hechos irregulares o de corrupción que pudiesen afectar el honor de las personas.
Quien sí incurrió en frases ofensivas, generalizadas y sin mostrar prueba alguna fue el gobernador regional Jorge Pérez Flores, a través de dos videos publicados en redes sociales, en los que sin reparo alguno califica a la prensa que hace trabajo de investigación de “mermelera”, “corrupta” y “gansteril”.
Dichos términos resultan impropios de una autoridad que debe mostrar no sólo respeto por los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos, sino también apertura a todo tipo de cuestionamiento que en aras de la transparencia, idoneidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos pudiese existir.
En consecuencia, Expresión rechaza las amenazas contenidas en la carta suscrita por el jefe regional de Administración, así como los agravios del gobernador regional contra el gremio periodístico. Asimismo, respalda la capacidad técnica de nuestro consultor en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, cuya experiencia está probada y ha permitido llevar a los tribunales y sancionar penalmente a varios funcionarios que han defraudado al Estado con procedimientos irregulares, al punto que en más de una ocasión ha sido convocado como testigo especializado por el Ministerio Público.
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Asociación Nacional de Periodistas respalda trabajo de Expresión
A través de un pronunciamiento, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP rechazó el proceder de los altos funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, quienes “vienen hostigando y amenazan al Semanario Expresión por difundir información de interés público sustentada en documentos de acceso público”.
“Este gremio les recuerda al gobernador regional y al jefe de la oficina de Administración Regional que si la molestia ha sido generada por la opinión de un externo al medio, este no se hace responsable de sus afirmaciones, por lo que solicitarle ‘que proceda a emitir la correspondiente disculpa” constituye un acto de intimidación y amedrentamiento’”, indica el comunicado.
Asimismo, el Colegio de Periodistas de Lambayeque se pronunció rechazando los adjetivos del gobernador contra los medios de comunicación regional, considerando que estos atentan contra la libertad de expresión.
“Lanzar aseveraciones generalizadas y sin mostrar pruebas evidencian un comportamiento poco responsable, más si se recurre a ello para evitar responder sobre el fondo de las informaciones publicadas por los medios de comunicación. Atrás deberían quedar las prácticas vedadas de malos políticos que ha tenido Lambayeque, acostumbrados a ‘atacar al mensajero, pero no responder al mensaje’”, señaló la orden profesional.
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