El exministro de Economía y Finanzas y actual director ejecutivo de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla Rubio, señala que la cercanía de las elecciones generales, a celebrarse en abril del 2026, empieza a generar incertidumbre económica, fenómeno que se repite de manera cíclica en el Perú.

“La cercanía de elecciones altera expectativas y genera mayor incertidumbre económica”, precisa, añadiendo que esto se evidencia en el Índice de Incertidumbre Económica – IIE, elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP, y que muestra repuntes sistemáticos en ciclos electorales, sobre todo en los años 2006, 2011 y 2021.

Cuatro factores

Castilla Rubio precisa que existen cuatro favores que agravan la incertidumbre política en este año preelectoral.

En primer lugar, menciona a la fragmentación política creciente.

“Tenemos 43 partidos inscritos para las elecciones del 2026, el doble de los que tuvimos en el 2021. Eso se debe a falta de alianzas, liderazgos débiles, una marcada atención en el Congreso y el deterioro de los partidos tradicionales. Las consecuencias que esto genera son la atomización, el surgimiento de recursos extremos y la infiltración de intereses ilegales”, explica.

Entre los intereses ilegales están actividades vinculadas a la pesca, tala y minería, narcotráfico, lavado de activos e incluso trata de personas.

Señala que la segunda razón de la incertidumbre es el populismo y la debilidad del Ejecutivo, pues “avanzan propuestas sin análisis técnico”, como los retiros de fondos de las AFP o CTS, la aplicación de beneficios tributarios y otras decisiones. A ello suma que – en su análisis – el gobierno carece de capacidad para frenar iniciativas con riesgo fiscal o conducir una agenda común.

El tercer factor es lo que denomina como la “parálisis para la toma de decisiones”, pues considera que entre los servidores y funcionarios públicos existe temor a recibir sanciones, lo que los inhibe para la toma de decisiones técnicas.

“Tenemos nueva Alianzas Público Privadas que representan una inversión de 9465 millones de dólares y requieren de coordinación interinstitucional. Además, un shock desregulador anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas con 402 medidas, cuya aplicación depende de múltiples sectores y niveles de gobierno. Sin embargo, es poco lo que se puede avanzar mientras exista temor de acción entre quienes deben tomar decisiones”, afirma.

Finalmente, menciona que el cuarto factor sería el desconocimiento y desinterés ciudadano. Castilla Rubio explica que el 50 % de los ciudadanos desconoce que en las votaciones del 2026 se elegirá a un congreso bicameral.

“Más complejo es saber que 8 de cada 10 ciudadanos no deciden su voto, lo que anticipa un voto fragmentado, con consecuencias para la gobernabilidad”, enfatiza.

 Entorno político y amenaza

El exministro de Estado refiere que además el mayor riesgo en el país es institucional, con el consecuente debilitamiento de los consensos, presión fiscal y erosión de la legitimidad, lo que genera un entorno político disfuncional que amenaza la recuperación económica del país.

Indica que el bloqueo de reformas estructurales en el Estado se debe a la inercia institucional y la falta de voluntad policía, impidiendo cualquier avance en competitividad e inversión.

“Proteger la institucionalidad y resistir el cortoplacismo es clave en este ciclo”, sostiene Castilla Rubio.

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