Iniciativa pretende orientar a los ciudadanos sobre las instituciones competentes para denunciar un caso.

El Consejo Nacional de Protección al Consumidor presidido por el INDECOPI puso a disposición de la ciudadanía el Mapa de Consumo, herramienta que informa de manera simple y gráfica acerca de las competencias de las siete entidades públicas encargadas de atender casos de protección al consumidor, a fin de que los usuarios conozca cuál de ellas es la encargada de atender sus denuncias y/o reclamos.

Según la representante del INDECOPI, Ana Leyva Wong, la iniciativa nació a raíz de las denuncias recibidas en entidades a las que nos les corresponde monitorear ciertos casos. Eso significa falta de acceso a la información por parte de los usuarios sobre las competencias directas de cada de toda entidad pública.

El Mapa de Consumo tiene por objetivo empoderar al ciudadano acerca del conocimiento y ejercicio de sus derechos como consumidor, de modo que se dirija a la entidad pertinente y presente su consulta o denuncia. Este se encuentra en versión impresa y digital. Además es una herramienta inclusiva, pues se emite en sistema braille, en quechua, aimara y a través del lenguaje de señas.

SIETE ENTIDADES

El Mapa de Consumo canaliza información sobre el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERMIN, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP - SBS, la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

IMPORTANCIA

Esta herramienta permite a los usuarios actuar con mayor rapidez en sus procedimientos. Asimismo, estable funciones de cada entidad, qué problemas se buscan solucionar y cuáles son los mecanismos de atención de cada una.

“Indecopi tiene por función conocer la deficiencia en la compra de un producto o adquisición de un servicio en condiciones deficientes, o cuando el consumidor no recibe la información completa, veraz o apropiada. Lo relevante para nosotros es definir ante los consumidores en qué casos nuestra institución es competente. En el portal de denuncias recibimos a muchos ciudadanos presentando denuncias o reclamos relacionados a otras entidades”, dijo.

El representante de OSIPTEL, Luis Zambrano, manifestó que con la herramienta se brindará información correcta a las personas y así sabrán a dónde acudir y qué institución asume la responsabilidad en cada situación.

“OSIPTEL tiene la función de supervisar y regular los servicios de telecomunicación. Por ejemplo, telefonía fija, Internet, televisión por cable y telefonía móvil. Para ello contamos con distintos canales de atención: por teléfono, por página web o de manera presencial”, señaló.

Por su parte, el jefe regional de OSINERMIN, Heraclio Prada Martínez, señaló que su función es supervisar a Electronorte y garantizar mayor seguridad en las instalaciones eléctricas.

“OSINERMIN ha incorporado dos aplicaciones dentro de sus canales de atención: Tukuy Rikuy, la cual llega a zonas más alejadas de nuestra región, en dónde los celulares no son inteligentes. Esta permite reportar denuncias a través de mensajes de mensajes de texto. La otra aplicación se llama Facilito Electricidad, implementada en el último trimestre del 2017. Esta permite registrar denuncias sobre deficiencias de alumbrado público, cortes de servicio o facturación excesiva”, comentó.

Contó que con “Facilito” detectaron en más de 20 sectores quema de artefactos. “Estamos haciendo seguimiento de esos casos para tomar medidas correctivas”, agregó.

A su turno, el coordinador de SUSALUD, Miguel Vela, explicó que a partir del 14 de agosto del 2015 la entidad es responsable de ver todos los problemas relacionados con la afectación o vulneración de los derechos al acceso de los servicios de salud en los establecimientos públicos y privados.

“Tenemos un espacio que se llama servicio de conciliación y arbitraje que tiene el mismo valor y competencia que pueda tener una conciliación a nivel del Poder Judicial. El año pasado se presentaron más de 100 procesos, de los cuales 20 de ellos han llegado a un acuerdo. En lo que va del año, dos casos que se han puesto de acuerdo y solucionaron sus diferencias”, comentó.

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