Nadie se salva. Los cinco congresistas que representan a la región Lambayeque están registrados en carpetas fiscales y/o denuncias constitucionales. Así se reveló mientras se discutía la inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública de la exfiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.
Y otra situación que se observó en el proceso, calificado como inconstitucional en contra de Delia Espinoza es que, mientras tres de los lambayecanos: María Grimaneza Acuña Peralta (Alianza para el Progreso-APP), Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular-FP) y María Jessica Córdova Lobatón (Renovación Popular-RP), votaban a favor de la inhabilitación en todas las convocatorias, otro, José María Balcázar Zelada (Perú Libre-PL), que se abstuvo en la primera votación, fue llamado al orden, cambiando su parecer y sumándose a favor, tanto en la reconsideración como en la segunda votación. La quinta de las representantes por Lambayeque, Hilda Marleny Portero López (Acción Popular-AP), se encontraba de licencia. Suponemos que también habría votado a favor, por las denuncias que, junto con sus colegas parlamentarios, lleva encima.
Los denunciados
En octubre de este año la Municipalidad de Santiago de Surco, Lima, presentó una denuncia penal contra la congresista María Grimaneza Acuña, su empresa familiar y varios allegados, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y tentativa de homicidio. La acusación se sustenta en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2025, durante un operativo de recuperación de un espacio público en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Se incluyen testimonios, videos y registros oficiales. Los trabajadores municipales habrían sido agredidos con ladrillos y fierros lanzados desde un inmueble vinculado a la parlamentaria. Según la acusación, personas desde un predio colindante impidieron violentamente la labor edil. El inmueble pertenece a la empresa Inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L., cuya titular es María Acuña.
También la congresista Acuña fue denunciada por concusión. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida Lady Camones (APP), inició la audiencia de la denuncia 364 contra María Acuña (APP), a quien se le acusó por presuntamente haber obligado a sus trabajadores a recortarse el sueldo para pagar la remuneración de otro de sus empleados. Ello implicaría la presunta infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución, y el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal. La denuncia constitucional 364 fue formulada por el ciudadano José Briones Trujillo y hecha suya por la congresista Kira Alcarraz Agüero (PP).
La denuncia contra Alejandro Aguinaga fue por Asociación ilícita para delinquir. Aguinaga estaba denunciado por las esterilizaciones forzadas y votó a favor de la ley de impunidad. En marzo de 2024 Fuerza Popular y sus satélites aceleraron la ley para limitar aplicación de los tratados internacionales sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Alejandro Aguinaga, legislador de Fuerza Popular y procesado judicialmente por el caso de las esterilizaciones forzadas, votó a favor de un dictamen que podría beneficiarlo directamente para evadir a la justicia. Se trata del dictamen que prohíbe considerar como delitos de lesa humanidad a los hechos cometidos con anterioridad al 2002, año en que entra en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En abril de 2025 se presentó denuncia contra José María Balcázar por Cohecho pasivo. Fue en la misma denuncia constitucional presentada contra la entonces exfiscal Liz Patricia Benavides Vargas por intercambio de favores ilícitos, en perjuicio del Estado peruano. Según el Ministerio Público, el acuerdo se basó en blindarse mutuamente.
La acusación señala que durante su gestión al frente del Ministerio Público, Benavides llegó un acuerdo con el legislador Balcázar, a través de sus asesores, para realizar un intercambio de favores de carácter ilícito. Este presunto pacto tenía como objetivo inicial blindarse mutuamente. Mientras Benavides se encargaba del sobreseimiento del proceso penal que enfrentaba Bálcázar ante la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque, él, como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, votaría a favor de archivar las denuncias constitucionales presentadas contra Benavides.
En enero de 2023, la Fiscalía pidió un año de cárcel para la congresista María Jessica Córdova, de Avanza País. El Ministerio Público presentó requerimiento acusatorio por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones-JNE y el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el inicio del juicio oral.
Conforme al requerimiento acusatorio subsanado que comprende la Carpeta Fiscal n.° 4502-2021, María Jessica Córdova, quien el 2021 postuló al Congreso por Renovación Popular, efectuó una falsa declaración en su hoja de vida. La parlamentaria no informó los cargos desempeñados en la empresa LOT Internacional SAC y LOT PLUS SAC desde el 2018 al 2020. Es decir, su actividad privada antes de su postulación, a pesar de que el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que la declaración jurada debe consignar la experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido en el sector público y privado.
En junio del 2022 también se pidió investigar a la congresista Jessica Córdova debido a la contratación de una trabajadora de su despacho en la empresa que dirige su pareja sentimental Horacio Vergara Arancibia. Tras el escándalo, Córdova anunció que la trabajadora Shirley Martínez Paredes fue separada del Congreso.
Entrevistada entonces por el programa Panorama, Córdova dijo que desconocía las actividades que realiza su excoordinadora, evitando así responder por el trabajo que ejercía en paralelo para el Congreso, así como para Lot Internacional. “No sé de esas cosas porque yo vivo acá (en Lima) y solo voy a Lambayeque para la semana de representación. ¿Cómo voy a saber? (...) Tendrías que preguntarle a ella. Yo no estoy detrás de ella para saber lo que hace”, expresó.
En diciembre del 2024 la Fiscalía presentó denuncia constitucional contra la congresista Hilda Marleny Portero López, por presuntamente ser autora del delito de concusión en agravio del Estado (presunto recorte de sueldo a sus trabajadores). De acuerdo con el Ministerio Público la parlamentaria de Acción Popular habría abusado de su cargo para que un total de ocho colaboradores entreguen diversas sumas de dinero a través de su asesora, Liliana Analinda Bances Farro.
Los casos de María Grimaneza Acuña (78-2025), por homicidio y (198-2025), por concusión, fueron archivados el 2 de junio y 18 de setiembre de 2025, respectivamente. El de Alejandro Aguinaga (48-2025), por asociación ilícita para delinquir, fue enviado al archivo el 9 de junio de este año. También fueron archivados los casos de María Jessica Córdova (328-2024), por falsa declaración en procedimientos administrativos y la registrada por cohecho y enriquecimiento ilícito (28-2024). Y se encuentra en diligencias preliminares el caso de Marleny Portero (22-2025), por cohecho propio.
En cuanto a denuncias constitucionales, tres de los congresistas lambayecanos todavía figuran con cuatro de ellas: José María Balcázar (1228-2024), por cohecho pasivo, presentada el 15 de abril de 2024; Jessica Córdova (172-2022), por peculado doloso, presentada el 16 de setiembre del 2024 y Marleny Portero, que tiene dos: la N° 540 (88-2024), por concusión, presentada el 15 de diciembre de 2024 y la N° 620 (204-2022), por asociación ilícita para delinquir, presentada el 25 de julio de 2025.
El total de Denuncias Constitucionales
En lo que concierne a las demás denuncias constitucionales, tanto la bancada de congresistas de Acción Popular, como la de Alianza para el Progreso, tienen 12 cada una; Podemos Perú 11; Fuerza Popular 4; Renovación Popular 4; Perú Libre, 4; Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial 3; Somos Perú 3. Y tanto la Bancada Socialista, como Bloque Democrático Popular registran una denuncia cada una. Por su parte, Honor y Democracia tiene dos denuncias constitucionales, que fueron declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales;
El congresista Alejandro Aguinaga, quien aún representa a Lambayeque, se encuentra entre los 19 parlamentarios de Fuerza Popular, de los más de 80 del actual Congreso que pretenden reelegirse como senadores o diputados. En el caso de Aguinaga, como senador. En tanto, Jessica Córdova, también aún de Lambayeque, quiere volver al Parlamento como diputada.
Según el periodista Wilber Huacasi, del portal Congrezoo, en el pleno del Congreso fueron 71 los congresistas que emitieron su voto a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza. Pero estos no fueron los únicos que respaldaron tal decisión. En general, durante todo el proceso, hubo hasta cinco votaciones, lo cual conlleva a establecer que fueron, en realidad, 94 los legisladores de turno que apoyaron con sus votos esta medida arbitraria e inconstitucional.
Huacasi explica en su portal Congrezoo, cada una de las cinco votaciones:
Voto 1: Fue la primera votación del pleno del miércoles 3 de diciembre, cuando solo llegaron a 63 votos y no alcanzaron los 68 necesarios para aprobar la inhabilitación.
Reconsideración: Tras la primera derrota en el Voto 1, Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron reconsideraciones. Fue así que la tarde del mismo miércoles Rospigliosi sometió a votación y 91 congresistas votaron a favor. Es decir, todos ellos apoyaron para que en el pleno se vuelva a votar la sanción arbitraria contra Delia Espinoza.
El periodista Wacasi presenta una tabla donde se puede encontrar esos 91 votos en la segunda columna: Recons. (Aquí podrán encontrar el apoyo camuflado de Gladys Echaíz y Roberto Chiabra, entre otros).
Voto 2: Luego de que la reconsideración fuera aprobada con 91 votos, el pleno volvió a someter a votación el tema de fondo y fue así que lograron, ahora sí, los 71 votos a favor de la sanción. Uno de ellos fue Guido Bellido.
CP: Pero antes de que el informe final para la sanción contra Delia Espinoza llegue al pleno, el tema fue votado en una instancia previa: la Comisión Permanente (CP). Aquí hubo 16 votos a favor de la sanción. Estos ya no podían volver a votar en el pleno, según el reglamento. Patricia Juárez o Martha Moyano, por ejemplo, votaron a favor en la CP y estaban impedidas de votar en el pleno. Por eso les costó alcanzar los votos. Con todo, queda para el registro también estos 16 votos a favor de la decisión inconstitucional.
SAC: Y antes de que el caso llegue a la Comisión Permanente, la primera instancia donde se vota la propuesta de sanción es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside Lady Camones.
Resumen: Si sumamos los 71 votos del pleno, más los 16 de la SAC y otros 7 que únicamente se pronunciaron a favor de la reconsideración, tendremos un total de 94 congresistas de turno que respaldaron este golpe institucional contra el Ministerio Público, a través de la inhabilitación inconstitucional de Delia Espinoza.
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* Periodista. Director del Portal de Noticias www.miraporellos.pe
Nos encontramos en un escenario sociopolítico bastante convulsionado y más allá de replantear políticas de seguridad y lucha contra la delincuencia, se requiere de una urgente recomposición institucional en donde el equilibrio de poderes se comporte como verdadero sistema de pesos y contrapesos, y que los mismo gocen de autonomía, independencia y cumplan las funciones que constitucionalmente están descritas en la ley fundamental como una garantía a la seguridad jurídica y democrática de una nación libre y soberana.
Los retos y desafíos que nos plantea tal escenario de cara al proceso de Elecciones Generales 2026 es complejo, y trataré de esbozar como necesarios planteamientos que aseguren por lo menos el desarrollo normal del proceso electoral del 12 de abril próximo.
En primer término, el Congreso tendrá que atender la solicitud del sistema electoral referente al marco presupuestario, toda vez que a la fecha no se han entregado los recursos necesarios para garantizar una correcta ejecución y fiscalización del proceso, es por ello que el presidente del máximo organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, solicitó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República una demanda adicional de 372.51 millones de soles para la institución, con el fin de atender el déficit presupuestal para los procesos electorales de 2026. Y en efecto hablamos en “plural” porque la polarización política vigente y la dispersión electoral en el Perú con una variada “oferta electoral” nos conduciría inexorablemente a una segunda vuelta o ballotage en lo que se refiere a las Elecciones Generales, en donde además elegiremos senadores, diputados y parlamentarios andinos.
Asimismo, tendremos elecciones de centros poblados y además las elecciones regionales y municipales en octubre del 2026, y eventualmente una segunda elección regional en aquellas circunscripciones departamentales donde los candidatos no superen el 30 % de los votos válidamente emitidos en primera vuelta, tal como lo exige la Ley de Elecciones Regionales n.º 27683.
Limitaciones presupuestales
De no atenderse esta brecha presupuestaria se comprometería la transparencia de los procesos electorales antes descritos y con ello la confianza y credibilidad ciudadana en un sistema electoral que pretende mostrar su mejor rostro ante una población bastante cansada, insatisfecha y divorciada de las autoridades políticas y gobernantes, no por iniciativa ni culpa del ciudadano, sino por la misma exclusión que el gobernante toma desde el día 1 de su gestión. Esas malas prácticas, deben desaparecer para integrar a la ciudadanía en los asuntos públicos de su comuna o circunscripción territorial.
Por otro lado, deberá tenerse en cuenta que el número de organizaciones políticas se ha incrementado a más del doble, se ha quintuplicado el número de candidatos, hay más cargos de elección popular en juego (de 148 subió a 208) y el padrón electoral creció de 22 millones de electores a 27 millones, lo que supone una mayor demanda de servicios y procesamiento de información al organismo electoral.
En este escenario, se ha planteado poner en marcha tres ejes obligatorios: innovación y transformación digital; fortalecimiento de la justicia electoral; voto informado; transparencia y participación ciudadana, que podrían limitar su aplicación si no se cuenta con los recursos solicitados. Contar con los mismos, permitirá el fortalecimiento institucional del sistema electoral, consolidándolo como un organismo constitucional autónomo renovado, imparcial y fortalecido mediante el uso de tecnologías de vanguardia, orientado a recuperar la confianza ciudadana y garantizar procesos electorales transparentes, inclusivos y seguros, en beneficio de la democracia y la gobernabilidad del país.
Elecciones seguras
En segundo lugar, la inseguridad ciudadana y el alto índice de criminalidad desatado en el país y que eventualmente podría extenderse contra los candidatos (ya ocurrieron atentados en la ciudad de Lima y un asesinato en Piura) haría compararnos con otros Estados de la región como México, Colombia y Ecuador en los últimos procesos electorales desarrollados en dichas naciones. Se necesita una actuación comprometida y decisiva por parte del Ejecutivo de promover y fortalecer políticas de seguridad frente a la delincuencia común, el sicariato, el terrorismo urbano, la corrupción y todo tipo de delitos que genera miedo y zozobra en la población. Un escenario social como el que estamos atravesando, refleja una incapacidad e inoperatividad de un Estado fallido que se ocupó de ignorar y desatender a los ciudadanos más agobiados, carentes de oportunidades y posibilidades, de salir de la miseria, el desempleo, el hambre y la desnutrición.
En tercer lugar, ¿cómo generar credibilidad y confianza en la población nacional harta de “políticos mentirosos” que muchas veces terminan encarcelados por comisión de delitos de corrupción. En realidad, la administración pública en el Perú y, sobre todo, los cargos de elección popular se han convertido en los últimos años un trampolín o una “visa segura” para el ingreso a un centro penitenciario.
Ejemplos cercanos
Chiclayo, es de las ciudades del interior del país un pésimo ejemplo, de ostentar una característica peculiar con autoridades elegidas por voto popular en situación de carcelería, exalcaldes, gobernadores regionales, consejeros, regidores y funcionarios municipales en similar condición o acusados por el Ministerio Público por la comisión de delitos. Un panorama desolador en el rol que juegan los funcionarios y servidores públicos en la administración de los gobiernos subnacionales, que se traduce en el rechazo y repudio de los ciudadanos por promesas incumplidas.
Demás está señalar lo que ocurre en el gobierno nacional, donde los porcentajes de descrédito y desaprobación del Poder Legislativo y Ejecutivo superan históricamente en toda la etapa de vida republicana, simplemente una catástrofe institucional, mucho desaliento y casi nula las esperanzas de una población que solo quiere y exige una vida sin miedo, sin violencia y con alguna fuente de trabajo digna.
Es necesario generar y fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y las instituciones de toda índole. Acercar puentes en donde la participación ciudadana sea más efectiva e inclusiva. Por ejemplo, una mayor concurrencia de los ciudadanos a los presupuestos participativos, una dinámica distinta en la integración y conformación de las juntas vecinales, una intervención y conocimiento de la población respecto a los planes de desarrollo concertado y los comités de vigilancia.
Ciudadanía informada
Todo ello podría mejorar desde la función educativa electoral a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, ya sea en las universidades, institutos superiores de educación, comités de vaso de leche, juntas vecinales, asociaciones, y todo tipo de organización social donde el ciudadano de a pie se pueda informar y conocer cuáles son sus derechos y deberes ciudadanos.
Por ejemplo, en estas próximas elecciones, es menester señalar que el Jurado Nacional de Elecciones ofrece plataformas electorales virtuales de información como la del Voto Informado, Infogob, Ventanilla Única del Candidato y otras a las que la ciudadanía debería acceder, y en aquellas circunscripciones donde es difícil el acceso a internet, tendrían que organizar charlas educativas y “in situ” orientar e informar a la población.
Se trata pues de una tarea bastante compleja, atendiendo la diversidad cultural, geográfica y sociológica, pero si no existe la voluntad política de realizarlo, difícilmente se podría encontrar resultados inclusivos.
Ahora más que nunca que el Registro de Organizaciones Políticas de la nación ha confirmado la participación de casi 40 organizaciones políticas, en donde el diseño de la cédula electoral ha sufrido cambios significativos (ahora llamado “cedulón electoral por sus medidas peculiares), así como el retorno a la bicameralidad, la elección de representantes ante el Parlamento Andino, ameritan un trabajo disciplinado y un compromiso efectivo no solo involucre al Jurado Nacional de Elecciones, sino a todo el sistema electoral a fin de que la población esté debidamente informada, que los miembros de mesa sepan lo importante y transcendente que es cumplir su función, que no solo se entienda que si no cumple su deber se le impondrá una multa, sino que su ausencia el día de la jornada electoral, tiene un impacto negativo para el fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad y la institucionalidad en el país.
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(*) Abogado, experto en Derecho Electoral y docente universitario.
El año 2025 en el Perú quedará marcado por un conjunto de hechos que pusieron a prueba la estabilidad democrática, la seguridad ciudadana y la cohesión social. Desde la vacancia de una presidenta hasta tragedias que conmocionaron a la opinión pública, el año dejó lecciones y desafíos que repercutirán en el futuro inmediato del país. A continuación, presentamos las noticias nacionales más relevantes del año, explicadas con contexto, cifras y los hechos que las convirtieron en hitos informativos.
Vacancia de Dina Boluarte y nuevo ciclo político con José Jerí
El acontecimiento político del año fue sin duda la vacancia presidencial de Dina Boluarte, quien fue removida por el Congreso de la República tras una crisis de legitimidad y un aumento de la violencia criminal. El 10 de octubre, el parlamento aprobó la vacancia por “incapacidad moral permanente” con 122 votos a favor, y el congresista José Jerí, presidente del legislativo, fue juramentado como nuevo presidente del país. La destitución se produjo en medio de una ola de críticas por la incapacidad del gobierno para enfrentar una creciente inseguridad, con miles de denuncias de extorsión y violencia en diversas regiones del país, y descontento ciudadano generalizado.
La salida de Boluarte también estuvo precedida de protestas en varias regiones, particularmente en zonas como Cajamarca y Huancavelica, donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales bloquearon carreteras y paralizaron actividades exigiendo no solo la salida de la mandataria, sino acciones concretas contra la minería ilegal, la inseguridad y la ausencia de políticas públicas que atiendan las necesidades básicas. Tras la vacancia, algunos sectores levantaron temporalmente las medidas, mientras que otros continuaron evaluando acciones de protesta.
Protestas y muerte el 15 de octubre
El 15 de octubre de 2025 se registraron protestas simultáneas en Lima y diversas regiones del país, convocadas por organizaciones sociales, gremios sindicales y colectivos ciudadanos en rechazo a la crisis política, el alza del costo de vida y la inseguridad ciudadana. Las movilizaciones incluyeron marchas, bloqueos de vías y concentraciones frente a sedes del Estado.
En la capital, las protestas derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional, uso de gases lacrimógenos y restricciones al tránsito en el centro histórico. Resultado de la represión fue asesinado Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años. El Ejecutivo defendió la intervención policial argumentando la necesidad de preservar el orden público, mientras organismos de derechos humanos pidieron investigar posibles excesos en el uso de la fuerza.
Tragedia en el Real Plaza Trujillo
El 21 de febrero de 2025, la ciudad de Trujillo vivió un momento trágico cuando el techo del centro comercial Real Plaza se desplomó, dejando como saldo al menos ocho muertos y más de 80 heridos. La caída ocurrió de forma inesperada ante centenares de visitantes, y rápidamente se convirtió en símbolo de las deficiencias en supervisión de obras civiles y en la criticada laxitud en el control de infraestructura.
Investigaciones preliminares apuntaron a fallas estructurales y a una supervisión estatal insuficiente, lo que provocó que esta tragedia sea interpretada como resultado de décadas de abandono de políticas de control y fiscalización en construcciones privadas y comerciales. El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad social de las grandes empresas y las presiones políticas que a menudo frenan sanciones reguladoras, especialmente cuando se trata de poderosos grupos empresariales con intereses territoriales y políticos.
Asesinato de mineros en Pataz
El asesinato de 13 de mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, estremeció al país y volvió a poner en evidencia la grave crisis de seguridad que afecta a las zonas de actividad minera, especialmente aquellas vinculadas a la minería informal e ilegal. Las víctimas fueron atacadas de manera violenta en un contexto marcado por disputas territoriales, presencia de organizaciones criminales y débil control del Estado en áreas de difícil acceso.
El crimen generó una inmediata reacción de las autoridades, que anunciaron operativos policiales y el despliegue de fuerzas del orden para identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, el hecho reavivó el debate nacional sobre la expansión del crimen organizado en corredores mineros, la falta de protección a los trabajadores y la urgencia de una estrategia integral que combine seguridad, formalización minera y desarrollo social para evitar que tragedias como la de Pataz se repitan.
Restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, al dejar sin efecto la medida que la separó del cargo. La decisión se sustentó en la revisión del procedimiento disciplinario seguido en su contra, al considerar vulneraciones al debido proceso y a las garantías mínimas en la tramitación del caso. Con ello, Benavides retomó formalmente la conducción del Ministerio Público, en un contexto de alta tensión institucional.
La restitución generó reacciones inmediatas en el ámbito político y judicial. Mientras sectores afines a la exfiscal saludaron la resolución como una corrección jurídica necesaria, críticos advirtieron que el retorno de Benavides podría profundizar la polarización y afectar la credibilidad del sistema de justicia. Organizaciones civiles y especialistas en derecho constitucional señalaron que el fallo reabría el debate sobre los límites de las competencias de la JNJ y la estabilidad de las máximas autoridades del Ministerio Público.
Anulación del juicio contra Keiko Fujimori
El Tribunal Constitucional declaró la nulidad del proceso penal seguido contra Keiko Fujimori en el denominado “Caso Cócteles”, al advertir vulneraciones al debido proceso y cuestionar la tipificación penal utilizada por la fiscalía.
La decisión dejó sin efecto una de las investigaciones más emblemáticas de los últimos años y reavivó el debate sobre los límites del derecho penal en el financiamiento político, así como el rol del TC en casos de alto impacto nacional.
Ollanta Humala condenado a 15 años de cárcel
El Poder Judicial sentenció al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, tras considerar probada la recepción de aportes ilícitos para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. El fallo también alcanzó a la ex primera dama Nadine Heredia, quien recibió la misma pena.
La sentencia marcó un hito en la lucha contra la corrupción de alto nivel en el país. No obstante, el cumplimiento de la condena quedó parcialmente frustrado tras conocerse que Nadine Heredia solicitó y obtuvo asilo político en Brasil, situación que abrió un nuevo debate sobre cooperación judicial internacional.
Martín Vizcarra condenado a 14 años por corrupción
El expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, en relación con la adjudicación de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
El fallo estableció que Vizcarra solicitó y recibió sobornos para favorecer a empresas constructoras en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Además, se le impuso una reparación civil y una inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Poder Judicial sentenció a Pedro Castillo
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El tribunal consideró probado que Castillo vulneró el orden constitucional, aunque descartó otros delitos más graves. La sentencia cerró uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la reciente crisis política peruana.
En la misma sentencia se condenó a la ex primera ministra Betsy Chávez, quien obtuvo asilo político en México.
Chiclayo: “Cuna Espiritual del Papa León XIV”
Chiclayo fue declarada oficialmente Cuna Espiritual del papa León XIV, en reconocimiento al profundo vínculo pastoral, humano y misionero que el entonces obispo Robert Francis Prevost mantuvo con esta ciudad del norte del Perú durante los años de su ministerio episcopal. La declaratoria, impulsada por el Congreso.
El reconocimiento ha sido recibido con orgullo por la comunidad chiclayana, que considera al papa León XIV como un pastor formado en la realidad social, cultural y espiritual de Lambayeque. Para la iglesia local, esta distinción no solo tiene un valor simbólico, sino también histórico y pastoral, al situar a Chiclayo en el mapa espiritual del catolicismo mundial. Diversas actividades litúrgicas, culturales y académicas han sido anunciadas para poner en valor este legado y fortalecer la identidad religiosa de la región.
‘Pol Deportes’ y su impacto nacional
En 2025, la historia de Cliver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes, se convirtió en uno de los fenómenos mediáticos más inspiradores para la juventud peruana. Originario de Andahuaylas y con solo 15 años, Pol Deportes se hizo viral tras narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima, utilizando su smartphone y su pasión como herramientas para transmitir el partido en vivo.
Su proyección no se limitó a una anécdota viral: luego de narrar encuentros de alto nivel en Europa, el joven anunció que estudiará periodismo deportivo en España tras terminar el colegio y planea crear una fundación para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, denominada Pol Deportes Sueños. Su relato y proyectos consiguieron amplio respaldo nacional e internacional, marcando un hito de superación y esperanza en medio de un año cargado de noticias dramáticas.
Acción Popular queda fuera del proceso 2026
Otro tema trascendental del año fue la exclusión del partido Acción Popular del proceso electoral 2026 tras la anulación de sus primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a “vicios sustanciales” en el proceso interno. La decisión dejó a la agrupación sin la posibilidad de inscribir candidatos en la plancha presidencial, al Congreso y al Parlamento Andino.
La medida generó una fuerte controversia política y acusaciones cruzadas entre dirigentes, entre ellos el excandidato Alfredo Barnechea, quien calificó la decisión como “ilegal” y anunció que se apelaría ante las instancias correspondientes. La exclusión de uno de los partidos tradicionales del espectro político peruano reflejó las tensiones institucionales existentes en el contexto de las próximas elecciones generales.
El 2025 quedará registrado como un año de quiebres históricos y conmoción global, marcado por hechos que reconfiguraron el escenario político, religioso, cultural y humanitario del planeta. La muerte del papa Francisco y la posterior elección del papa León XIV, el reconocimiento por parte de la ONU de un genocidio en Gaza, la insurgencia armada en Nepal, la declaratoria internacional contra el Cártel de los Soles, así como terremotos devastadores, accidentes aéreos de gran impacto, el encuentro estratégico entre Donald Trump y Xi Jinping, el robo de piezas históricas en el Museo del Louvre, la muerte de Mario Vargas Llosa y la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, configuran un mosaico de crisis, transiciones y hitos que evidencian un mundo en tensión, atravesado por disputas de poder, reclamos de justicia, pérdidas irreparables y decisiones que marcarán el rumbo de las próximas décadas
Terremoto de 7.9 en Myanmar
El 28 de marzo, un potente terremoto de entre 7.7 y 7.9 de magnitud sacudió la región de Sagaing en Myanmar, siendo uno de los más destructivos en décadas en la región. El sismo dejó miles de víctimas, con más de 5000 muertos y más de 11 000 heridos, y causó daños extensos en construcciones civiles, infraestructuras críticas y lugares de culto histórico. Las labores de rescate y ayuda se vieron seriamente complicadas por el conflicto armado en el país, lo que retrasó la llegada de asistencia internacional y exacerbó la crisis humanitaria.
Además de la devastación humana y material, el terremoto provocó alarmas sobre la necesidad de reforzar protocolos de respuesta ante desastres naturales en Asia sudoriental, una región con alta actividad sísmica. Países vecinos como Tailandia, Vietnam y China también sintieron el temblor y reportaron daños menores, lo que convirtió el evento en un recordatorio de los riesgos geológicos que enfrenta gran parte de la población mundial que habita zonas vulnerables a movimientos tectónicos.
La muerte de Mario Vargas Llosa
El 13 de abril, el mundo de las letras y la cultura global recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más influyentes de la literatura en español del siglo XX y XXI. Vargas Llosa, nacido en Arequipa en 1936, murió a los 89 años en Lima, Perú, rodeado de su familia, según confirmaron sus hijos a través de un comunicado familiar, que también destacó que el autor había vivido “una vida larga, múltiple y fructífera” y que su obra “lo sobrevivirá”. Las autoridades peruanas decretaron un Día Nacional de Duelo, y la presidenta Dina Boluarte rindió homenaje a su legado describiéndolo como un “autor de estatura universal” cuyas contribuciones a la narrativa y al pensamiento democrático trascendieron fronteras y generaciones.
Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, reconocimiento que consolidó su lugar entre los grandes novelistas del mundo. Sus novelas emblemáticas —como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del chivo— exploraron con una mirada crítica y profunda temas de poder, corrupción, identidad y moral en el contexto latinoamericano y global. Su muerte significó no solo la pérdida de una voz literaria formidable, sino también la partida de un intelectual que, hasta sus últimos años, participó activamente en debates culturales y políticos a través de columnas y ensayos, dejando una marca indeleble en la tradición literaria mundial.
Fallecimiento del papa Francisco
El 20 de abril, el mundo recibió con consternación la noticia del fallecimiento del papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), a los 88 años, tras complicaciones derivadas de una larga lucha contra problemas de salud. El pontífice argentino, cuya elección revolucionó la imagen y el enfoque pastoral de la Iglesia Católica desde 2013, murió en el Vaticano rodeado de miembros de la Curia y residentes de la Casa Santa Marta, donde vivía. Su partida generó una avalancha de homenajes internacionales, con líderes religiosos y civiles de todo el mundo destacando su compromiso con los pobres, su defensa de la justicia social y su papel en los debates globales sobre migración, cambio climático y reconciliación interreligiosa.
Durante su papado, Francisco transformó significativamente el perfil de la Iglesia, promoviendo una cercanía con las comunidades marginadas y adoptando posturas firmes en temas como el medio ambiente, la reforma de la curia y el diálogo ecuménico.
En sus palabras finales a la Iglesia y al mundo, Francisco instó a mantener la fe, la esperanza y la caridad como pilares centrales de la vida cristiana, dejando un legado que continuará influyendo en la comunidad católica global durante décadas.
Megaterremoto de 8.8 en la península de Kamchatka
El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8.8 —uno de los más fuertes registrados en el siglo XXI— sacudió la región del extremo oriental ruso de Kamchatka, con epicentro en la trinchera de Kuril–Kamchatka. Este tipo de sismos, clasificados como megaterremotos, tienen el potencial de desencadenar tsunamis y alterar profundamente las zonas costeras. Afortunadamente, en este caso las pérdidas humanas directas fueron limitadas, aunque sí se reportaron heridas y daños materiales considerables en la región.
El fenómeno también generó alertas de tsunami a nivel internacional, afectando potencialmente regiones tan distantes como Japón y Hawái, donde se monitoreaban posibles olas generadas por la enorme descarga energética sísmica. Este evento recordó la importancia de los sistemas de alerta temprana y la cooperación transnacional para mitigar los efectos de desastres naturales de gran escala en zonas pobladas alrededor del océano Pacífico.
Insurgencia juvenil en Nepal
En septiembre, Nepal vivió una de las insurrecciones internas más significativas en décadas cuando protestas masivas lideradas principalmente por jóvenes de la llamada Generación Z se convirtieron en un movimiento antigubernamental que llevó a la caída del primer ministro K.P. Sharma Oli y al colapso temporal del Gobierno federal. El estallido comenzó tras una prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales, diseñada supuestamente para frenar la desinformación, que desencadenó una ola de indignación entre estudiantes, activistas y jóvenes desempleados que acusaban al Ejecutivo de corrupción, falta de transparencia y falta de oportunidades. Las manifestaciones pronto se extendieron por todo el país y escalaron en violencia, con incendios en edificios gubernamentales —incluido el Parlamento, la Corte Suprema y las oficinas del primer ministro— y enfrentamientos con fuerza letal en varias ciudades, especialmente en Katmandú.
El costo humano y material fue profundo: más de 70 personas murieron y más de 2000 resultaron heridas durante los enfrentamientos, y las protestas causaron pérdidas económicas por cientos de millones de dólares en destrucción de infraestructura pública y privada, lo que afectó significativamente la economía de un país con un PBI cercano a los 42 000 millones de dólares. El ejército nepalí fue desplegado en las calles bajo toque de queda para intentar restaurar el orden y se formó un gobierno interino liderado por la exjueza Sushila Karki, marcando la primera vez que una mujer asumió ese cargo. La violencia y la insurrección han generado preocupaciones sobre la estabilidad democrática y la gobernabilidad de Nepal, con elecciones generales programadas para marzo de 2026 en medio de un ambiente de tensión social persistente.
ONU confirma genocidio en Gaza
En septiembre, una Comisión Internacional Independiente de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Israel ha estado cometiendo genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, en un informe que ha generado impacto global y controversia diplomática. El documento señala que las autoridades y fuerzas israelíes han realizado actos genocidas conforme a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, entre ellos la muerte de miembros del grupo, causar graves daños físicos y mentales, imposición de condiciones de vida que buscan la destrucción física y medidas encaminadas a impedir nacimientos dentro del grupo palestino en Gaza. Esta conclusión fue respaldada por el análisis de patrones de conducta y declaraciones de altos mandos, lo que, según la comisión, indica un “intento de destruir, total o parcialmente, al pueblo palestino en Gaza”.
La repercusión internacional fue inmediata. Organizaciones de derechos humanos —incluidas Amnistía Internacional y grupos académicos de expertos en genocidio— respaldaron las conclusiones y pidieron acciones urgentes para detener la violencia y asegurar la rendición de cuentas. En contraste, el Gobierno de Israel rechazó categóricamente el informe, calificándolo de “distorsionado y falso”, y acusó a la comisión de actuar con sesgos y dependencias de narrativas vinculadas a actores como Hamás. A nivel diplomático, la decisión ha avivado debates sobre la aplicación del derecho internacional, la responsabilidad de los Estados ante crímenes graves y el papel de Naciones Unidas en conflictos prolongados.
Robo histórico en el Museo del Louvre
El 19 de octubre, el Museo del Louvre en París sufrió uno de los robos más audaces de su historia cuando ladrones disfrazados de trabajadores ingresaron y se llevaron ocho piezas de las Joyas de la Corona de Francia, valoradas en más de $100 millones, desde la Galería de Apollon. Este hurto se realizó en pleno día, con alarmas activadas y personas presentes en la sala, y tomó apenas unos minutos, lo que dejó en evidencia fallas de seguridad en la institución.
El impacto del hecho no se limitó al robo en sí, sino a las consecuencias políticas y culturales. La ministra de Cultura francesa reconoció la infraestructura de seguridad insuficiente en el recinto y anunció refuerzos, mientras que las autoridades arrestaron a varios sospechosos aunque la mayoría de las joyas siguen desaparecidas. El acontecimiento ha avivado el debate global sobre la protección de bienes culturales y patrimonio histórico frente a delitos sofisticados, y ha tenido repercusiones diplomáticas, incluso con organismos como Interpol añadiendo los objetos al registro internacional de obras robadas.
Encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping
El 30 de octubre, los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, sostuvieron una reunión bilateral en Busan, Corea del Sur, en el marco de la Cumbre de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). Fue la reunión presencial de más alto nivel entre ambos líderes desde 2019 y constituyó un intento de aliviar tensiones comerciales y estratégicas que han marcado las relaciones entre ambas potencias.
Durante la cumbre se abordaron temas clave como el comercio internacional, tecnología y rutas de suministro críticas para la economía global. Aunque los detalles finales del acuerdo no se hicieron públicos de inmediato, analistas señalaron que el encuentro fue un “paso importante” hacia la estabilización de relaciones económicas y políticas, que tienen un impacto directo en mercados globales, inversiones y la diplomacia internacional en un momento de tensión geoestratégica sostenida.
ONU designa formalmente al “Cártel de los Soles”
En noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que reconoce al llamado “Cártel de los Soles” —una red de presunta organización criminal vinculada a altos mandos militares venezolanos, incluyendo al dictador Nicolás Maduro— como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la corrupción sistémica y la evasión de sanciones internacionales. La decisión, respaldada por una amplia mayoría de Estados miembros, se apoyó en informes de agencias de la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y varios organismos multilaterales que documentan cómo esta red ha infiltrado estructuras estatales, facilitado el tráfico de drogas y lavado de activos a escala hemisférica, y obstaculizado los esfuerzos globales contra el crimen organizado y la corrupción. La resolución insta a los Estados a cooperar en sanciones, congelación de activos y asistencia penal mutua para desarticular las rutas financieras y logísticas de la supuesta organización.
La medida fue a la vez aplaudida y criticada en el plano internacional. Gobiernos de países afectados por el narcotráfico destacaron la importancia de una acción común para combatir organizaciones criminales que socavan la estabilidad, la justicia y la seguridad regional. En contraste, representantes de algunos Estados aliados de Venezuela cuestionaron la imparcialidad de la resolución, argumentando que podría ser utilizada con fines políticos y que se necesita mayor evidencia judicial antes de calificar formalmente a una entidad como organización criminal transnacional. La declaración de la ONU marca un hito en la lucha global contra el crimen organizado y plantea desafíos importantes para la cooperación internacional en materia de justicia, seguridad y derechos humanos.
María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025
El 10 de diciembre, el Comité Noruego del Premio Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, destacada líder opositora venezolana, por su labor en la defensa de los derechos democráticos y su incansable lucha por una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. El anuncio, hecho en octubre y celebrado a nivel internacional, describió a Machado como «uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en los últimos tiempos», subrayando su compromiso con la libertad y los derechos humanos en un contexto político marcado por la represión y la crisis institucional en su país.
La entrega del galardón se realizó en Oslo el 10 de diciembre, aunque Machado no pudo asistir a la ceremonia principal por razones de seguridad y logística, por lo que su hija recibió el premio en su nombre ante la comunidad internacional reunida. El Instituto Nobel informó que ella estaba a salvo y en camino a Noruega, pero no alcanzó a llegar a tiempo para la ceremonia. Este reconocimiento generó tanto celebraciones como debates globales sobre el significado del premio en un contexto geopolítico tenso, reflejando la complejidad de otorgar un galardón de paz a figuras profundamente comprometidas con movimientos de resistencia democrática y con apertura a controversias internacionales.
Hace algunos meses, una empresa local publicó una “encuesta de intención de voto” en la que más de 8 candidatos tenían exactamente el mismo porcentaje y un nombre se repetía dos veces. Y es que en el período electoral ocurren varios fenómenos, entre ellos la proliferación de encuestas de intención de voto y sondeos que permitirían visibilizar cómo se ubican los candidatos de cara a los comicios generales del 2026. Sin embargo, existen publicaciones y resultados que no reúnen el mínimo criterio técnico, la mayoría obra de empresas que ni siquiera tienen autorización del Jurado Nacional de Elecciones – JNE.
De acuerdo al Registro Electoral de Encuestadoras – REE, en el Perú existen 74 empresas que tienen autorización plena para la publicación de estudios relacionados a la intención de voto. Debe tenerse en cuenta que una vez convocado el proceso electoral, hecho que ocurrió en marzo de este año, todas las encuestadoras deben cumplir con lo establecido por el JNE a través de sus normativas. No hacerlo, las hace pasibles de sanciones e incluso la cancelación del registro.
Hernán Chaparro Melo, catedrático de la Pontifica Universidad Católica del Perú – PUCP, y experto en estudios de opinión pública, señala a Expresión que esto último es determinante, pues “las encuestas electorales (de intención de voto), tienen un tratamiento diferente de las encuestas de opinión regulares”. No es lo mismo que una empresa realice una encuesta para saber si el producto que ha lanzado al mercado tiene resultados a que un medio de comunicación o un partido político quiera conocer cómo van las candidaturas en el marco de un proceso eleccionario.
Por ello – precisa – las encuestas periódicas que se realizan fuera del calendario electoral no están reguladas.
El reglamento
“La difusión de encuestas de intención de voto, dentro del calendario electoral, está regulada por el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones”, indica. Dicho reglamento está vigente desde el 11 de marzo de este año con la emisión de la Resolución n.° 0107-2025-JNE, con la cual se establecen las disposiciones para la fiscalización de la difusión del resultado de las encuestas electorales sobre intención de voto y simulacro de votación, así como las acciones que determinan el resultado de los estudios. El reglamento aplica tanto para encuestadoras como para medios de comunicación.
Una de las exigencias es que la encuestadora que publica un estudio de intención de voto tenga, como mínimo, la participación de un profesional en Estadística, que, además, debe ser colegiado y estar habilitado por su orden.
Otro requisito es tener registro ante el JNE. Como se ha explicado, en el Perú hay 74 encuestadoras con registro vigente, 20 de las cuales se ubican en Lima, 11 en Tacna, 10 en Puno, 8 en Loreto, 4 en Cusco, 4 en Ica y 4 en Lambayeque. En el resto de departamentos hay entre 3 y una encuestadora.
Encuestadoras vigentes y canceladas
Para el caso de Lambayeque, las encuestadoras autorizadas son: Global Data Consulting EIRL, cuyo estadístico es Branco Arana Cerna; Consultora Quantum Muchick SAC, que tiene como profesional a Luis Lora León; Klambp EIRL, que comprarte estadístico con Global Data, y Medios y Corporación Visual SAC, cuyo profesional es Tomy Torres Ruidias.
Arana Cerna, inscrito en el Colegio de Estadísticos del Perú, no está habilitado por su orden profesional. Esto contraviene lo señalado en el artículo 11 del reglamento, que señala: “El informe sobre encuestas electorales sobre intención de voto y simulacro de votación debe estar visado por el profesional estadístico habilitado para el ejercicio de la profesión”.
En el registro del JNE aparece la encuestadora Vox Populi EIRL, cuyo representante es José Solís Cornejo y el estadístico Branco Arana Cerna (el mismo de otras dos encuestadoras). Sin embargo, la empresa tiene registro cancelado por el ente electoral de acuerdo a la Resolución n.° 051-2025-GG/JNE, del 13 de agosto de este año, debido a que no renovó su vigencia ante el vencimiento de la autorización dada, la misma que fue por tres años.
La misma suerte corrió la encuestadora Empresa Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública – Opina Perú SAC, que tiene como representante a Julio Merino Acha y como estadístico a Grimaldo Benavides Campos; Tentativa SAC, representada por Wilver Rodríguez López (es a la vez el estadístico); Empresa de Opinión Ciudadana Decide Tú SAC, representada por Kathia Cerdán Córdova y cuyo estadístico es Víctor Albañil Santisteban; Milenium Data SAC, de Mario Ruiz Fernández; Imágenes y Letras SRL, de Carlos Díaz Cruz; Prospectiva SAC, de Alfonso Tesen Arroyo; Markedata, de Víctor Chung Alva; Empresa Grupo Tendencias SAC, de Ricardo Ueki Torres; Chiclayo Inn EIRL, de Mirko Merino Núñez; Factor Q, de Juan Míñope Mío, y Consultora Cuantika SAC, de Cruz Vilcamango Paredes. La Universidad Señor de Sipán tuvo un registro como encuestadora y también aparece cancelado.
Sancionadas por el JNE
Otro grupo es el de las encuestadoras sancionadas. Allí aparecen, por ejemplo, Medios y Corporación Visual SAC, de Alicia Herrera Timaná. La sanción fue aplicada el 12 de noviembre de este año, en el marco de las Elecciones Generales 2026, con la Resolución n.° 01900-2025-JEE-CHYO/JEE, por difundir una encuesta de intención de voto sin cumplir con todos los extremos de lo dispuesto en los artículos 20 al 23 del reglamento. Si bien la empresa tiene registro vigente ante el JNE, este quedó suspendido por la sanción por 30 días calendario.
La encuestadora Empresa de Opinión Ciudadana Decide Tú SAC, fue sancionada en las elecciones regionales y municipales 2022, por infracción grave lo que motivó a la cancelación de su registro.
Diferencia de fondo
Hernán Chaparro es claro al precisar que no es posible medir la intención de voto con un sondeo, que no es lo mismo que una encuesta. La diferencia radica en que la encuesta electoral se aplica tomando como base una muestra representativa, mientras que el sondeo utiliza una muestra no representativa. El rigor técnico, es determinante.
Según la norma, todas las encuestadoras autorizadas deben presentar un informe dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de sus resultados ante el Jurado Electoral Especial – JEE de su jurisdicción. Dicho informe también debe ser publicado en la página web de la encuestadora.
¿Qué debe tener la ficha técnica que acompaña a cada encuesta publicada? Como señala el reglamento: el número de registro de la encuestadora en el REE del JNE; el nombre de la encuestadora, la fuente de financiamiento del estudio, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, la fecha de la realización del trabajo de campo, los puntos de muestreo, la dirección web de la empresa y, según corresponda, el cuestionario para el estudio de intención de voto o la cédula para simulacro de votación. Si alguno de estos elementos falta, el estudio debe ser observado por la autoridad electoral. Si no se subsana, corresponde la sanción.
“Las encuestadoras deben informar con qué marco muestral están trabajando, sus criterios de muestreo y de supervisión, que son criterios básicos para saber la calidad de la encuesta. Lo fundamental para una encuesta es que use una muestra representativa y para eso tiene que hacerse un método de selección al azar y ese es el problema con las encuestas en línea o digitales, que no permiten una selección al azar. Una encuesta enviada por medios digitales (WhatsApp, Facebook u otras aplicaciones), o en las que se ingresa a una página web, no tiene muestra representativa por más que arrojen números”, explica Hernán Chaparro.
Pero como en todo, hay un problema. El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, supervisa las encuestas publicadas en medios impresos, radio y televisión. No considera la supervisión sobre medios digitales, como las redes sociales, por ejemplo.
“La publicación de una encuesta solo en redes sociales no podría ser supervisada, porque, de acuerdo a lo que he podido revisar, en el reglamento no se habla de este tipo de canales. Mi recomendación a los electores es ver la trayectoria de las encuestadoras, los años de experiencia y sus estudios previos con los resultados de las elecciones pasadas. A los políticos, si quieren contratar a una encuestadora, pues exijan que les alcancen su marco muestral, el mismo que debe estar actualizado”, afirma.
Para las Elecciones Generales del 2026, a realizarse el domingo 12 de abril, será posible la publicación de encuestas de intención de voto hasta el miércoles 8 de abril. El plazo de una semana de prohibición, vigente hasta los comicios regionales y municipales del 2022, fue modificado.
La información publicada en los registros de las encuestadoras es de acceso público.
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(*) Periodista especializado en bases de datos abiertos y contrataciones públicas. Becario del Laboratorio de Cobertura y Verificaciones en Elecciones, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, la Fundación Gustavo Mohme Llona, IDEA Internacional - Perú y la Unión Europea.
Con el retorno del congreso bicameral, más de un político de experiencia se ha viso tentado en postular al Senado. La cámara alta les permitirá a los sesenta senadores que resulten electos revisar las leyes aprobadas por los diputados, autorizar los viajes al extranjero del presidente y designar a los altos funcionarios del Estado como el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, los directores del Banco Central de Reserva del Perú, el contralor general de la República y el superintendente de Banca y Seguros.
De esos sesenta senadores, treinta serán elegidos como representantes directos de las regiones. A Lambayeque le corresponde un cupo y será disputado, en teoría, por 76 candidatos de 38 organizaciones políticas (Acción Popular no participará debido a la anulación de sus elecciones internas). Entre este mar de candidatos resaltan tres políticos de larga data, todos ellos con el número 1 para el Senado: Alejandro Aguinaga Recuenco por Fuerza Popular, Javier Velásquez Quesquén por el Partido Aprista Peruano y Humberto Acuña Peralta por Alianza Para el Progreso.
Alejandro Aguinaga: ¿la carta ‘albertista’?
Las pintas de Alejandro Aguinaga ya han empezado a inundar las calles de diferentes distritos de Chiclayo y la mayoría tienen un mensaje en común: ‘el médico de Fujimori’. Tal parece que el hoy congresista sigue apelando a esa carta para conquistar el corazón del electorado fujimorista, que en Lambayeque ha demostrado serle fiel en gran proporción al legado del expresidente, manifestado hoy en su hija.
Aunque es trujillano, Aguinaga Recuenco se ha identificado con Lambayeque desde la primera vez que salió electo como congresista, allá por el 2006. Es médico por la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha seguido cursos de especialización en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Unidad de Strasburgo (Francia).
El médico de cabecera de Alberto Fujimori arrancó su carrera política en 1994 cuando fue designado viceministro de Salud durante el primer gobierno naranja. Permaneció en el cargo durante las gestiones de los ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Carlos Romaña García. Fue precisamente durante la gestión del ministro Yong que se aprobó el ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’, donde se incluyó la gratuidad de métodos anticonceptivos e intervenciones quirúrgicas de esterilización, lo que a la postre devino en la investigación por las esterilizaciones forzadas que se practicaron a mujeres indígenas.
Hacia finales del segundo gobierno fujimorista fue nombrado como ministro de Salud y permaneció en el cargo hasta que estalló el escándalo de los ‘Vladivideos’, que detonó la caída del régimen dictatorial.
Ya en el presente milenio, Alejandro Aguinaga ha sido elegido congresista en tres períodos: del 2006 al 2011, del 2011 al 2016 y del 2021 al 2026. En julio próximo, precisamente, sumará 15 años como parlamentario. Sin embargo, en esta cuarta postulación parece que no todo va viento en popa para el médico a la interna de Fuerza Popular. Es bien sabido que la relación de Aguinaga no es la mejor con Marvin Palma Mendoza, candidato con el número 1 en la lista de diputados. En recientes declaraciones de Milagros Takayama Jiménez (candidata con el número 2 a la Cámara de Diputados), al programa Conversando con Noblecilla, confirmó que Marvin Palma hace campaña con Violeta Fanzo Niquen (candidata con el número 2 al Senado), esto en detrimento del médico de Fujimori.
¿Cuánto le complicará a Alejandro Aguinaga que el número a 1 a Diputados se alíe con la número 2 a Senadores? Solo el tiempo lo dirá.
Javier Velásquez: una vida en el Congreso
Ha sido congresista por nada más que veintitrés años, de los cuales estuvo dieciocho de forma ininterrumpida. Javier Velásquez Quesquén es sin duda el representante más importante (a nivel electoral) del Partido Aprista Peruano en Lambayeque, aunque su presencia no siempre es la más grata en la región.
Es natural del distrito de Ciudad Eten. Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuenta con estudios de posgrado por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Se desempeñaba como jefe Regional de Registros Públicos, allá por 1994, cuando decidió incursionar en política y, desde entonces, ha permanecido activo en los diferentes estamentos del Partido Aprista.
Fue electo congresista en las elecciones de 1995; luego postuló sin éxito en el 2000, año en que el partido de la estrella alcanzaría seis representantes; pero lo volvería a intentar en el 2001, resultando nuevamente electo. Desde entonces, postuló en el 2006, 2011 y 2016, siendo elegido en las tres ocasiones.
Uno de los mayores cuestionamientos que se le hace a Javier Velásquez es haber impedido el surgimiento de nuevos cuadros del Partido Aprista en Lambayeque, donde -no es un secreto- muchos militantes cuestionan su accionar. Además, no ha estado exento de que el ‘Caso Odebrecht’ le salpique. El exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró ante los fiscales del equipo especial Lava Jato que financió la campaña de varios políticos, entre ellos la de Javier Velásquez, de quien incluso deslizó la posibilidad de que su codinome sería ‘Sipán’, aunque nada de esto ha podido ser comprobado.
Recientemente, encabezó la plancha ‘Popular y provinciana’ que compitió en las elecciones internas del Partido Aprista, la misma que perdió frente a Enrique Valderrama. Aunque Velásquez hizo un llamado luego a aceptar los resultados y trabajar por la unidad del partido, no se le vio en la última visita que hizo el candidato presidencial de su partido a Chiclayo, donde compartió mesa con los candidatos al Congreso.
Humberto Acuña: ¿le alcanzará con el apellido?
Aunque se habló mucho sobre un posible interés de postular a la gobernación de Lambayeque, finalmente Humberto Acuña es el candidato al senado regional con el número 1 por Alianza Para el Progreso. Es, de los tres candidatos, el que menor experiencia tiene en el parlamento: solo estuvo durante un año cuatro meses, en el periodo comprendido del 2020 al 2021. Sin embargo, cuenta con una experiencia de la que no pueden hacer gala sus oponentes: ha sido dos veces gobernador regional.
Natural de Tacabamba (Chota – Cajamarca) al igual que sus hermanos, Humberto Acuña es ingeniero civil por la extinta Universidad Privada San Pedro de Chimbote, magíster en docencia universitaria por la Universidad César Vallejo y doctor en gestión universitaria por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Su incursión en política se inicia a los pocos años de fundado Alianza Para el Progreso. Ocupó diversos cargos al interior de su organización y en el 2010 postuló a las elecciones regionales, donde venció en segunda vuelta al candidato del Partido Aprista, Manuel Valverde. Para el 2014, Acuña volvió a postular, siendo reelegido con 203 mil 536 votos, más de 50 mil votos que en su primer período.
Sin embargo, tampoco ha estado libre de que le salpique el ‘Caso Odebrecht’. El Equipo Especial Lava Jato lo incluyó en su investigación preparatoria por el tema de Olmos, al considerar que habría favorecido a Odebrecht con el proyecto del Trasvase cuando fue gobernador. Incluso, fue condenado por el delito de cohecho activo genérico en el 2019, sentencia que le fue confirmada en el 2020 y cuyo recurso de casación fue rechazado por la Corte Suprema en el 2021, hasta que en el 2024 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia.
Así con todo, Humberto Acuña participó de las elecciones congresales extraordinarias del 2020, donde alcanzó un cupo al Congreso, siendo el tercero más votado de los cinco que ingresaron al parlamento.
¿Le alcanzará a Humberto Acuña el apellido para vencer en las elecciones al Senado? ¿O será más bien el apellido el que lo condene?
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(*) Periodista.
Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de Videnza Instituto, sostiene que el Perú enfrenta un escenario económico hacia el 2026 que combina señales de recuperación con riesgos estructurales que podrían comprometer su sostenibilidad. Así lo expuso en Chiclayo, invitado por Expresión, durante la presentación del estudio La economía al 2026: oportunidades y desafíos, un análisis que sitúa al país en un contexto global marcado por la incertidumbre comercial, el deterioro fiscal y una creciente crisis de inseguridad ciudadana
Castilla Rubio sostuvo que el escenario internacional ha cambiado de manera significativa respecto a los años previos a la pandemia. La economía global se desenvuelve hoy en un entorno de mayor volatilidad, con tensiones comerciales persistentes, desaceleración en las principales economías y un reordenamiento de los flujos financieros. “Nos hemos alejado, por ahora, de una recesión global, pero la incertidumbre seguirá siendo una constante”, señaló al referirse a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el periodo 2025–2030.
Uno de los factores centrales de este nuevo entorno es la errática política comercial de Estados Unidos, que ha incrementado aranceles efectivos a diversos países y ha generado picos en los índices de incertidumbre económica y comercial. Explicó que este escenario afecta las decisiones de inversión y el crecimiento mundial, aun cuando la reciente tregua comercial entre Estados Unidos y China ha reducido el riesgo de una recesión inmediata. “La probabilidad de una recesión global se ha descartado por ahora, pero eso no significa estabilidad”, precisó.
Recuperación económica con bases frágiles
En el plano interno, el exministro indicó que el 2025 ha sido un año de crecimiento moderado para el Perú, con una expansión promedio del PBI de alrededor de 3,3 %, impulsada por la demanda interna, el sector externo y la recuperación de actividades primarias y de la construcción. A este desempeño se suma una inflación baja y expectativas inflacionarias bien ancladas, factores que han contribuido a estabilizar el consumo privado y el crédito al sector privado.
Castilla Rubio destacó que el empleo muestra señales de recuperación, especialmente en los sectores agropecuario, comercio y servicios, y que la inversión privada comienza a repuntar, sobre todo en su componente no residencial no minero. Sin embargo, advirtió que estos avances no son suficientes para garantizar un crecimiento sostenido. “El crecimiento proyectado para 2026 se mantiene en torno al 2,7 %, pero el mayor riesgo es una desaceleración asociada al contexto preelectoral”, alertó.
Según el análisis presentado, el Perú ha mostrado una notable resiliencia macroeconómica pese a la inestabilidad política crónica de los últimos años. No obstante, remarcó que esta resiliencia tiene límites. “La economía ha logrado mantenerse a flote, pero está cada vez más condicionada por factores políticos e institucionales que no se están resolviendo”, afirmó.
Lambayeque: crecimiento regional con potencial estratégico
Un capítulo especial del estudio estuvo dedicado a Lambayeque, región que, según cifras del INEI, ha registrado un crecimiento superior al promedio nacional y cuya contribución al PBI del país se ha fortalecido en los últimos años. Castilla Rubio subrayó que la agroexportación continúa siendo el principal motor regional, con mercados de destino diversificados y una demanda externa sostenida.
No obstante, advirtió que el futuro de proyectos estratégicos como Olmos resulta clave para consolidar este crecimiento. “Lambayeque tiene un enorme potencial productivo, pero necesita certidumbre institucional y continuidad en sus proyectos de infraestructura hídrica y agrícola”, señaló de manera indirecta al analizar los escenarios regionales.
El deterioro fiscal como amenaza estructural
Uno de los puntos más críticos del diagnóstico de Videnza es el deterioro de las finanzas públicas. Luis Miguel Castilla recordó que el Perú acumula tres años consecutivos de incumplimiento de las reglas fiscales, una situación que, según el Consejo Fiscal, podría derivar en un escenario de insostenibilidad de la deuda si no se corrige a tiempo.
La deuda pública global, explicó, se ha estabilizado en torno al 235 % del PBI mundial en 2024, mientras que en el Perú el déficit fiscal y la pérdida de disciplina presupuestal generan señales de alerta. “El problema no es solo el nivel de deuda, sino la falta de una hoja de ruta clara para corregir el desequilibrio fiscal”, enfatizó.
Sostuvo que el populismo legislativo, intensificado en un contexto electoral, dificulta cualquier intento de ordenamiento fiscal. “El Congreso seguirá promoviendo medidas de corto plazo con alto costo fiscal, lo que compromete la sostenibilidad de las cuentas públicas”, advirtió.
Inseguridad y economías ilegales
El estudio identifica a la inseguridad ciudadana como el principal problema percibido por la población y como uno de los factores que más impacto tiene sobre la economía. Castilla Rubio reveló que en 2024 se superaron los 2000 homicidios, un 30 % más que en 2023, y que al tercer trimestre de 2025 ya se habían registrado 1689 asesinatos, lo que representa un incremento adicional del 13 %.
El impacto económico de esta situación es significativo. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el costo de la inseguridad asciende a S/19 mil 800 millones, equivalente al 1,7 % del PBI. De ese total, S/13 mil 900 millones corresponden al gasto del sector privado en seguridad y S/5900 millones al gasto público destinado a la reducción del delito.
Luis Miguel Castilla advirtió que el aumento de la tasa de homicidios entre 2019 y 2024 habría restado entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual del PBI. “La inseguridad no solo es un problema social, es un freno directo al crecimiento económico”, sostuvo.
A ello se suma el avance de las economías ilegales, cuyo tamaño anual se estima en al menos US$ 9 mil 805 millones. Actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y la extorsión han extendido su influencia territorial y política. “Estas economías ilícitas ya no son marginales; están infiltrando la política y debilitando al Estado”, alertó el director de Videnza.
Economía resiliente, gobernabilidad frágil
En sus conclusiones, Castilla remarcó que el Perú llega al 2026 con una economía que aún muestra capacidad de recuperación, apoyada en la estabilidad monetaria, los buenos términos de intercambio y el impulso de sectores como la minería y las asociaciones público-privadas. Sin embargo, el escenario base está severamente condicionado por la fragilidad institucional y la incertidumbre política.
“El gran desafío no es económico, es político”, afirmó de manera directa. Según explicó, la sucesión de gobiernos, la alta rotación ministerial y la dependencia del Ejecutivo respecto al Congreso han afectado la continuidad de la gestión pública, especialmente en carteras clave como Economía e Interior.
Castilla concluyó que, de cara a las elecciones generales de 2026, el país enfrenta un riesgo elevado de mayor fragmentación y polarización política, lo que podría exacerbar los problemas de gobernabilidad. “La economía peruana ha demostrado resiliencia, pero no es inmune. Sin reformas institucionales y sin un acuerdo mínimo por la estabilidad, ese capital acumulado puede agotarse rápidamente”, sentenció.
Con una trayectoria de más de doce años como funcionaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, la abogada tributarista Yanina Barboza Fernández es una voz autorizada para hablar sobre la relación de los contribuyentes con la entidad encargada de administrar los tributos. En diálogo con Expresión, la especialista habla sobre la lógica de la fiscalización, los procedimientos de cobranza, la aplicación de sanciones y los mecanismos de orientación que el Estado despliega frente a los contribuyentes.
“Tributamos por el beneficio de nuestra sociedad. Hay que tributar porque tenemos que abonar a la satisfacción de las necesidades que tiene esta sociedad. Pero ese tributo debe hacerse en el marco de un debido procedimiento y siempre que se respete el derecho a la defensa del contribuyente”, refiere la abogada que hoy se encuentra desde la otra acera: la de la defensa de los derechos del contribuyente.
La tributación y la informalidad
Barboza Fernández sostiene que la obligación de tributar es parte del pacto social que sostiene al Estado, pero advierte que dicho pacto se debilita cuando el contribuyente siente que sus derechos no son respetados. Para ella, la recaudación no puede sostenerse únicamente en la coerción, sino más bien en la confianza que se genera cuando el ciudadano percibe justicia y razonabilidad en la actuación administrativa.
“Desde el lado de los contribuyentes lo que solicitamos es que la administración tributaria, en el marco de sus facultades, ejerza esa potestad respetando al contribuyente. La esencia del tributo nace de contribuir con la sociedad, pero siempre que se nos respete también como contribuyentes”, apunta.
Precisamente, debido a esa mirada que se tiene de la administración tributaria como un ente complejo y de asedio al contribuyente, es que emana gran parte de la informalidad. Para Yanina Barboza, un error recurrente es reducir el problema de la informalidad a una supuesta falta de voluntad para tributar, sin considerar los múltiples factores que inciden en el incumplimiento.
“Hablar de informalidad es un concepto amplio y generalizado. No es solo una realidad de Lambayeque, sino una realidad a nivel país e incluso de otros Estados que enfrentan la misma problemática”, indica.
Según Barboza Fernández, los procedimientos engorrosos, la complejidad normativa, los constantes cambios en las reglas del sistema y el desconocimiento de las obligaciones tributarias generan un escenario de temor. Ese miedo -explica- termina alejando al contribuyente del sistema formal, incluso cuando existe voluntad de cumplir.
“La complejidad de las obligaciones puede generar miedo y el contribuyente, lejos de cumplir, prefiere no hacerlo. No necesariamente se trata de no querer tributar”, señala la abogada, quien ha podido constatar del asesoramiento que brinda a diferentes emprendedores que la mayoría no busca evadir impuestos, sino evitar contingencias que puedan poner en riesgo su patrimonio o la continuidad de sus actividades económicas.
“Los empresarios no están pensando en evadir impuestos. Por el contrario, están preocupados por cumplir con sus obligaciones, pero uno de sus mayores temores son las fiscalizaciones reiterativas a las que son sometidos”.
Labor orientadora
Pese a su postura crítica frente a determinadas prácticas, Barboza Fernández reconoce que la Sunat ha hecho esfuerzos para avanzar en la simplificación de procedimientos y en la ampliación de canales de orientación al contribuyente, lo que ha permitido mejorar la percepción ciudadana en comparación con otras entidades públicas.
“A la Sunat le guardo un gran cariño porque ha sido mi casa laboral por más de diez años. Es una de las entidades que genera confianza por la simplificación de sus procedimientos y por la preocupación de atender al contribuyente en plazos razonables”, opina.
Agrega que es importante separar a la institución de las personas, pues muchas veces los conflictos no se generan por una política de la institución, sino por la actuación de determinadas personas que, al aplicar la norma, no consideran el contexto del contribuyente ni el impacto de sus decisiones.
“Muchas veces no es la institución, sino el trato de determinadas personas. Allí la administración debe garantizar que el contribuyente reciba un mensaje adecuado y claro. La falta de empatía, se evidencia con mayor fuerza cuando el contribuyente cumple con pagos relevantes o accede a fraccionamientos, pero no percibe una respuesta oportuna de la administración, generándose una sensación de indefensión o abuso”, expone.
Señala que si, por ejemplo, un contribuyente ya efectuó un pago importante o se le aprobó un fraccionamiento, lo correcto sería comunicar oportunamente el levantamiento de medidas como los embargos, sin hacerle sentir que se le está haciendo un favor.
El miedo a la fiscalización
De otro lado, refiere que uno de los efectos más preocupantes del actual modelo de control es el temor generalizado de los contribuyentes a ejercer derechos reconocidos por la ley. Solicitar devoluciones, presentar reclamos o cuestionar actuaciones administrativas se ha convertido, para muchos, en una decisión riesgosa.
“Muchos dicen: no hay que pedir devoluciones, no hay que reclamar nada porque me van a quitar mis bienes. Esa mentalidad existe y la vemos todos los días”, indica.
A ello se suma el temor a la fiscalización reiterativa sobre empresas formales y con historial de cumplimiento. La abogada advierte que esta práctica termina desarticulando la actividad empresarial, obligando a destinar recursos humanos y económicos únicamente para responder a la administración tributaria.
“No podemos tener a una empresa formal, posicionada, sometida permanentemente a fiscalizaciones y verificaciones en paralelo, porque se desarticula de su verdadero objeto empresarial”, alerta.
Desde su perspectiva, la administración tributaria debería focalizar sus recursos en ampliar la base tributaria y llegar a los sectores donde realmente existe incumplimiento, evitando saturar al contribuyente que ya cumple y que sostiene gran parte de la recaudación.
“Tuve la oportunidad de conocer el caso de un contribuyente a quien le notificaron en años anteriores al 2005 en asientos de notificación que no correspondían a los datos de su DNI, eran datos inexistentes. Accionamos, incluso en el Tribunal Fiscal, sin embargo, la respuesta que nos dieron es que en el 2018 se presentó un recurso de apelación en el que se verificó la legalidad de los acuses de notificación. Yo me preguntaba: ¿cómo se pudo haber verificado esto si nosotros, con los mismos acuses que nos entrega la Administración, estamos verificando que no corresponden al DNI de nuestro patrocinado? No puede haber resoluciones que validen este tipo de situaciones”, relata.
Educación tributaria
Para Barboza Fernández, la solución de fondo pasa por fortalecer la educación tributaria desde etapas tempranas. Considera que un ciudadano informado comprende mejor el sentido del tributo y asume sus obligaciones de manera responsable.
“Estoy convencida de que, si las personas desde niños conocen efectivamente cuáles son sus obligaciones, en un futuro vamos a tener a ciudadanos que cumplan con sus compromisos tributarios. No estamos lejos de soñar con ese escenario si empezamos desde ya a fortalecer la parte educativa”, precisa.
Asimismo, subraya que la formalidad no solo beneficia al Estado, sino también al propio empresario, al permitirle acceder al sistema financiero, deducir gastos, mejorar el clima laboral y proyectar crecimiento sostenible.
“Estar en la informalidad es permanecer en un espacio negro donde no se puede crecer. Lo que esperamos del Estado es que facilite los procedimientos y fomente una orientación empática. Si el Estado demuestra que los tributos se traducen en obras y mejoras para la sociedad, el contribuyente cumplirá convencido. El respeto genera cumplimiento”, afirma.
Finalmente, plantea una exigencia clara: que el contribuyente vea reflejado su esfuerzo en obras y servicios públicos. Solo así -afirma- se fortalecerá la confianza en el sistema tributario.
Pese a la presión a la que constantemente están sometidas, las enfermeras, las buenas enfermeras, saben hacer gala de su carisma y vocación para atender con amabilidad a cada uno de sus pacientes. De esa conexión humana sabe bien Rosío Mesta Delgado, reconocida enfermera lambayecana, formada en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quien a lo largo de casi cuatro décadas de servicio ha transitado por todas las áreas de las esferas de una enfermera: el servicio asistencial, la labor gerencial (administrativa), la docencia y ahora último la investigación.
Reconocida por su alta especialización en la atención de pacientes en situación crítica y de emergencia, Rosío Mesta ha sido testigo —y protagonista— de los cambios en el sector salud, particularmente con la Seguridad Social, donde incluso llegó a gerenciar la Red de Tumbes, cuando Luis Castañeda Lossio fue en la Presidencia Ejecutiva de EsSalud.
La verdadera vocación
Rosío Mesta señala que su decisión de estudiar Enfermería no fue producto del azar ni de una elección tardía. Por el contrario, la vocación nació cuando aún cursaba la secundaria, a partir de una experiencia familiar que marcaría su vida para siempre.
“Lo que me llevó a mí a estudiar esta profesión tan noble es el querer ayudar a mi prójimo y realmente el servir. Creo que nadie puede ser indiferente al dolor y hoy, más que nunca, tenemos que ser más sensibles, humanos y tolerantes con la gente que realmente lo necesita”, cuenta.
Indica que el episodio que selló su vocación ocurrió cuando uno de sus hermanos sufrió un accidente. Ella fue la primera en reaccionar, consciente de la urgencia de actuar sin dilaciones.
“Prácticamente desde la secundaria nació esta vocación, cuando uno de mis hermanos tuvo un accidente. Fui la primera que reaccioné en querer salvarlo y llevarlo de inmediato al Hospital Belén de Lambayeque. Necesitaba que se hagan las cosas ya”, recuerda.
Desde entonces, la Enfermería se convirtió en un camino que no solo implicaba conocimientos técnicos, sino un don de desprendimiento, empatía y servicio constante. Para ella, tan importante como cualquier procedimiento clínico, es saber acompañar y escuchar al paciente.
Labor asistencial y gerencial
Asimismo, destaca de sus 37 años de trayectoria profesional lo que es trabajar en Emergencia, unidad que implica convivir con la adrenalina, la toma de decisiones rápidas y el contacto permanente con situaciones límite.
“La emergencia te da toda esa fuerza, pero también te enfrenta a momentos muy duros. Si no te pones en los zapatos de la gente, jamás vas a saber lo que se puede sentir. Es allí donde se afianza la empatía y la sensibilidad”, explica.
Rosío Mesta señala que su incursión en la gestión administrativa fue uno de los grandes retos de su vida profesional. Hace quince años, tras una pasantía en la Universidad del Pacífico impulsada por EsSalud, fue designada gerente departamental en Tumbes, convirtiéndose en la primera mujer en asumir ese cargo.
“Luis Castañeda pidió que vayamos representantes de todo el Perú a hacer una pasantía a la Universidad del Pacífico y dijo que los diez primeros puestos irían a gerenciar los hospitales del Perú. Quedé en el sexto lugar y me mandaron a Tumbes. Fue uno de los primeros retos de incursionar en la parte administrativa y gerencial. Estuve un año y tres meses, y fue una experiencia inolvidable”, señala.
Brecha de enfermeras
Desde su experiencia gremial, Rosío Mesta Delgado también ha sido una voz firme en la defensa del personal de enfermería, especialmente en contextos de precariedad laboral y déficit de recursos humanos. Recuerda con claridad su paso por la secretaría general del Sindicato de Enfermeras y los conflictos derivados de recortes presupuestales.
“Hubo momentos en los que retiraban colegas del servicio por problemas presupuestales. Tuvimos que ir a hablar con la gerencia y decir: o paralizamos el servicio o nos dejan continuar trabajando, porque primero están los pacientes”, relata.
Ella indica que la falta de personal sigue siendo uno de los problemas más críticos en los hospitales de Lambayeque. En su propio servicio del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, la brecha es significativa.
“En mi hospital necesitamos 16 técnicos de enfermería y 11 enfermeras más. Cuando el personal sale de vacaciones y no se cubren los turnos, aumenta el riesgo de eventos adversos. Tenemos que estarles pidiendo a las compañeras que hagan horas extras, pero la gente también se agota”, advierte.
Rosío Mesta señala que estas deficiencias no solo afectan al personal, sino directamente a la seguridad del paciente. Por ello, insiste en la necesidad de sustentos técnicos, planificación y decisiones responsables desde la gestión pública.
Pandemia y la salud mental
De otro lado, comenta que la pandemia por la Covid-19 dejó huellas profundas no solo a nivel profesional, sino en su vida personal.
“Era peor que una guerra. Estábamos en la misma emergencia con todos estos pacientes. Nos recogían horas antes del turno porque no había cómo llegar al hospital. Nuestra familia también estaba como paciente”, recuerda.
Uno de los episodios más difíciles, precisamente, fue la pérdida de su esposo, a quien no pudo acompañar en sus últimos momentos, debido a las restricciones propias de la pandemia.
“No pude estar cerca de Walter cuando falleció. Solo pudimos despedirnos por teléfono. Él siempre me decía que me cuide y les decía a mis hijos que me cuiden (…) Fue una experiencia muy dura que marcó mi vida personal, profesional y familiar, pero agradezco mucho a Dios que siempre tuve a mi alrededor a mis hijos y a mis amigas enfermeras, que se la pasaban conmigo conversando toda la noche para no dejarme sola”, apunta.
En virtud de ello, la enfermera destaca la importancia del soporte emocional entre colegas y la necesidad urgente de atender la salud mental del personal de enfermería, a la que considera un “talón de Aquiles” del sistema.
“Si tienes paz, vas a dar paz. La enfermera necesita estar bien por dentro para poder cuidar a otros”, destaca Rosío Mesta.
Labor educativa
En paralelo, Rosío Mesta también ejerce la función docente. Allí no solo enseña procedimientos, sino valores, comunicación efectiva y respeto al paciente y su familia. “Hay valores que no pueden perderse: saber cómo saludar a tu paciente, a su familia, cómo pedir las cosas por favor. La familia es un nexo fundamental en el proceso de recuperación”, enfatiza.
Mesta Delgado sostiene que uno de los grandes desafíos pendientes es la educación sanitaria de la población, especialmente en el uso adecuado de los servicios de Emergencia.
“Tenemos la percepción de que todo es emergencia y no es así. Hay que educar a la población para saber qué es una prioridad uno y qué puede atenderse en un establecimiento de menor complejidad”, explica.
Asimismo, destaca la creciente acogida de la carrera de enfermería en Lambayeque y la responsabilidad de formar profesionales con sólidas competencias técnicas y humanas.
“Quiero que mis alumnas sean mejores que la profesora. Ellas algún día me van a atender a mí y tienen que superarnos. No hay mejor pago que un paciente o un familiar regrese para darte gracias por la atención recibida”, concluye.
En un contexto donde el comercio internacional se vuelve cada vez más competitivo y exigente, el nombre de Christian Fernando Echeandía Stechmann, comienza a consolidarse como uno de los referentes jóvenes del empresariado peruano con proyección global. Su reciente distinción con el Reconocimiento a la Excelencia Exportadora, marca un hito en una trayectoria que, pese a su juventud, ya evidencia resultados sólidos y una visión estratégica orientada al crecimiento sostenible.
El reconocimiento fue otorgado por la Asociación Peruana de Agencias de Viajes de Lambayeque (APAVIT Lambayeque) y la Cámara Gastronómica Turística del Perú, durante una ceremonia que destacó el aporte de nuevos liderazgos al desarrollo económico nacional. El galardón resalta su desempeño como Joven Empresario y su capacidad para expandir operaciones de comercio internacional hacia mercados internacionales de alta demanda.
Desde el inicio de su carrera, Echeandía Stechmann comprendió que el éxito en el comercio exterior no se limita a la transacción de productos, sino a la construcción de confianza y relaciones comerciales duraderas.
Los gremios organizadores del reconocimiento destacaron su habilidad para identificar nichos emergentes y responder con agilidad a los desafíos logísticos del comercio global. “Christian Echeandía no solo importa productos; genera confianza y un modelo de gestión que prioriza la calidad y la sostenibilidad”, señaló Jorge Gasco Azcárate, presidente de APAVIT Lambayeque, durante el acto protocolar.
La versatilidad de su propuesta empresarial se refleja en una cartera de productos que abarca bienes de consumo especializados, permitiéndole adaptarse a las demandas de distintos mercados nacionales e internacionales. Este enfoque ha sido reforzado por la implementación de soluciones logísticas innovadoras que optimizan tiempos, reducen costos y garantizan la trazabilidad de los productos.
El liderazgo de Echeandía Stechmann también se manifiesta en su gestión interna. Su equipo lo describe como un líder inclusivo, orientado a resultados y comprometido con el desarrollo del talento humano. La inversión constante en capacitación y tecnología de punta ha sido fundamental para fortalecer cada etapa del proceso de comercio exterior.
Durante una entrevista telefónica, realizada mientras se encontraba fuera del país, el joven empresario expresó su agradecimiento por la distinción recibida. “Este reconocimiento es el resultado del trabajo de un equipo que cree firmemente en el potencial del comercio exterior de Perú. La clave está en la adaptabilidad, la calidad sin concesiones y la voluntad de construir relaciones comerciales a largo plazo basadas en la confianza”, afirmó.
La estrategia que impulsa su expansión internacional se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la diversificación geográfica de mercados, la innovación logística en la cadena de suministro y un firme compromiso con la calidad, respaldado por certificaciones internacionales que posicionan sus productos en segmentos premium.
Más allá de los logros comerciales, la expansión de sus negocios ha generado empleo formal y ha contribuido al fortalecimiento y desarrollo de su personal creando un impacto positivo que trasciende lo económico.
Con este reconocimiento, Christian Fernando Echeandía Stechmann consolida su posición como una figura emergente del comercio exterior peruano. Su proyección internacional y su apuesta por posicionar la marca Perú en el mundo, lo perfilan como un referente para las nuevas generaciones de emprendedores que buscan competir, con éxito, en el mercado global.
Con una mirada puesta en el mérito, el compromiso y el impacto social, Los Mejores del Año 2025 reúnen a personalidades, profesionales, instituciones, organizaciones y empresas que, a lo largo del último año, han marcado una diferencia tangible en el desarrollo de Lambayeque y del Perú. Su liderazgo, innovación y vocación de servicio los hacen acreedores del Premio Expresión de Oro, un reconocimiento que distingue a quienes, desde diversos ámbitos, han contribuido a fortalecer la sociedad, impulsar el progreso y dejar huella en el país.
HOMBRE DEL AÑO EN EL MUNDO
Papa León XIV
Cardenal Robert Prevost Martínez
El papa León XIV es reconocido como Hombre del Año en el Mundo por el significado histórico y moral de su elección y por el mensaje que ha imprimido a la Iglesia y a la comunidad internacional desde el inicio de su pontificado. Elegido el 8 de mayo de 2025, su liderazgo se ha caracterizado por un firme llamado a la paz, la justicia social y el diálogo entre los pueblos, en un contexto global marcado por conflictos, crisis humanitarias y profundas desigualdades. Su voz, serena pero contundente, ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un referente ético mundial, promoviendo la reconciliación, la defensa de la vida y la dignidad humana, y renovando la esperanza de millones de personas más allá de credos y fronteras.
ACONTECIMIENTO DEL AÑO
Elección del papa León XIV
8 de mayo de 2025
HOMBRE DEL AÑO EN EL PERÚ
Mención póstuma al Nobel peruano, cuya obra lo convirtió en un personaje inmortal.
Presidente del Banco Central de Reserva del Perú
DIRIGENTE INSTITUCIONAL EN EL PERÚ
Decana del Colegio de Periodistas del Perú – 2024-2025
Decano del Colegio Médico del Perú y presidente del Consejo Nacional de Decanos
Vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú
HOMBRE DEL AÑO EN LAMBAYEQUE
Obispo de la Diócesis de Chiclayo
MUJER DEL AÑO EN LAMBAYEQUE
Directora del CEBE San Pedro – Lambayeque
ALCALDE DEL AÑO
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz
INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL AÑO
FUNCIONARIO DEL AÑO
Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque
General EP, comandante de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército
Gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones
Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque
INSTITUCIÓN GREMIAL
DIRIGENTE GREMIAL
Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
Presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores - ADEX
DIRIGENTE INSTITUCIONAL
Comité Gremial de Turismo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
Asociación de Empresarios Industriales de Lambayeque
COLEGIO PROFESIONAL DEL AÑO
MEJOR DECANO DEL AÑO
Colegio Médico de Chiclayo
Colegio de Biólogos de Lambayeque
Colegio de Enfermeros de Lambayeque
Colegio de Licenciados en Turismo
Colegio de Tecnólogos Médicos de Lambayeque
Colegio de Nutricionistas de Lambayeque
UNIVERSIDAD DEL AÑO EN EL PERÚ
16. MEJOR UNIVERSIDAD DEL AÑO
UNIVERSIDADES DESTACADAS
FACULTAD DEL AÑO
19. RECTOR DEL AÑO
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
AUTORIDAD UNIVERSITARIA DEL AÑO
Director de UTP Chiclayo
Coordinador de la USMP Filial Norte
Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
VICERRECTOR DEL AÑO
Vicerrectora Académica – USAT
Vicerrector Académico – UNPRG
Vicerrector de Investigación – UNPRG
FISCAL DEL AÑO
JUEZ DEL AÑO
EMPRESA DEL AÑO
25.EMPRESARIO DEL AÑO
26.GERENTE DEL AÑO
CEO de Agrícola Cerro Prieto
27.PRODUCTO DEL AÑO
28.PRODUCTO BANDERA DE LAMBAYEQUE
29. MEJOR INMOBILIARIA
30.EVENTO DEL AÑO
31.MEJOR RESTAURANTE
32.MEJOR CAFETERÍA
33.MEJOR CENTRO COMERCIAL
34.MEJOR PASTALERÍA
35.PROFESIONAL DEL AÑO
36.JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL AÑO
37.INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL AÑO
38.INSTITUCIÓN SUPERIOR DEL AÑO
39.INSTITUCIÓN DE SERVICIO DEL AÑO
40.MEJOR ARTISTA DEL AÑO
41.CREACIÓN ARTÍSTICA DEL AÑO
42. ORGANIZACIÓN CULTURAL DEL AÑO
43. DOCENTE UNIVERSITARIO DEL AÑO
44. PREMIO PERIODÍSTICO SANDRO CHAMBERGO MONTEJO
Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú
RPP Chiclayo
Latina Televisión – Corresponsalía Chiclayo
45.SACERDOTE DEL AÑO
Con una mirada puesta en el mérito, el compromiso y el impacto social, Los Mejores del Año 2025 reúnen a personalidades, profesionales, instituciones, organizaciones y empresas que, a lo largo del último año, han marcado una diferencia tangible en el desarrollo de Lambayeque y del Perú. Su liderazgo, innovación y vocación de servicio los hacen acreedores del Premio Expresión de Oro, un reconocimiento que distingue a quienes, desde diversos ámbitos, han contribuido a fortalecer la sociedad, impulsar el progreso y dejar huella en el país.
HOMBRE DEL AÑO EN EL MUNDO
Papa León XIV
Cardenal Robert Prevost Martínez
El papa León XIV es reconocido como Hombre del Año en el Mundo por el significado histórico y moral de su elección y por el mensaje que ha imprimido a la Iglesia y a la comunidad internacional desde el inicio de su pontificado. Elegido el 8 de mayo de 2025, su liderazgo se ha caracterizado por un firme llamado a la paz, la justicia social y el diálogo entre los pueblos, en un contexto global marcado por conflictos, crisis humanitarias y profundas desigualdades. Su voz, serena pero contundente, ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un referente ético mundial, promoviendo la reconciliación, la defensa de la vida y la dignidad humana, y renovando la esperanza de millones de personas más allá de credos y fronteras.
ACONTECIMIENTO DEL AÑO
Elección del papa León XIV
8 de mayo de 2025
HOMBRE DEL AÑO EN EL PERÚ
Mención póstuma al Nobel peruano, cuya obra lo convirtió en un personaje inmortal.
Presidente del Banco Central de Reserva del Perú
DIRIGENTE INSTITUCIONAL EN EL PERÚ
Decana del Colegio de Periodistas del Perú – 2024-2025
Decano del Colegio Médico del Perú y presidente del Consejo Nacional de Decanos
Vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú
HOMBRE DEL AÑO EN LAMBAYEQUE
Obispo de la Diócesis de Chiclayo
MUJER DEL AÑO EN LAMBAYEQUE
Directora del CEBE San Pedro – Lambayeque
ALCALDE DEL AÑO
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz
INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL AÑO
FUNCIONARIO DEL AÑO
Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque
General EP, comandante de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército
Gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones
Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque
INSTITUCIÓN GREMIAL
DIRIGENTE GREMIAL
Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
Presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores - ADEX
DIRIGENTE INSTITUCIONAL
Comité Gremial de Turismo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
Asociación de Empresarios Industriales de Lambayeque
COLEGIO PROFESIONAL DEL AÑO
MEJOR DECANO DEL AÑO
Colegio Médico de Chiclayo
Colegio de Biólogos de Lambayeque
Colegio de Enfermeros de Lambayeque
Colegio de Licenciados en Turismo
Colegio de Tecnólogos Médicos de Lambayeque
Colegio de Nutricionistas de Lambayeque
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16. MEJOR UNIVERSIDAD DEL AÑO
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19. RECTOR DEL AÑO
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VICERRECTOR DEL AÑO
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Vicerrector Académico – UNPRG
Vicerrector de Investigación – UNPRG
FISCAL DEL AÑO
JUEZ DEL AÑO
EMPRESA DEL AÑO
25.EMPRESARIO DEL AÑO
26.GERENTE DEL AÑO
CEO de Agrícola Cerro Prieto
27.PRODUCTO DEL AÑO
28.PRODUCTO BANDERA DE LAMBAYEQUE
29. MEJOR INMOBILIARIA
30.EVENTO DEL AÑO
31.MEJOR RESTAURANTE
32.MEJOR CAFETERÍA
33.MEJOR CENTRO COMERCIAL
34.MEJOR PASTALERÍA
35.PROFESIONAL DEL AÑO
36.JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL AÑO
37.INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL AÑO
38.INSTITUCIÓN SUPERIOR DEL AÑO
39.INSTITUCIÓN DE SERVICIO DEL AÑO
40.MEJOR ARTISTA DEL AÑO
41.CREACIÓN ARTÍSTICA DEL AÑO
42. ORGANIZACIÓN CULTURAL DEL AÑO
43. DOCENTE UNIVERSITARIO DEL AÑO
44. PREMIO PERIODÍSTICO SANDRO CHAMBERGO MONTEJO
Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú
RPP Chiclayo
Latina Televisión – Corresponsalía Chiclayo
45.SACERDOTE DEL AÑO
Esta es una Navidad diferente en José Leonardo Ortiz. El populoso distrito vive un ambiente de familiaridad, reflexión y espera del nacimiento del niño Jesús. Para ello, la gestión que encabeza el alcalde Elber Requejo Sánchez ha emprendido la tarea de decorar la Plaza Cívica acorde a la fecha que se vive. Y así, después de 25 años, se reactivaron las piletas que habían quedado abandonadas por sendas administraciones anteriores.
Como parte de toda esta dinámica navideña, el 16 de diciembre la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz realizó una multitudinaria chocolatada que congregó a 10 mil niños, quienes se fueron contentos con el show que se armó para ellos y los regalos que recibieron.
“Fue una tarde inolvidable, pensada especialmente para nuestra niñez, con un espectacular show navideño, la participación de diversos artistas en escena, una gran chocolatada y entrega de regalos. Como municipalidad estamos reafirmando nuestro compromiso con el bienestar, la felicidad y la ilusión de los más pequeños del hogar”, resaltó el burgomaestre leonardino.
Navidad en la Plaza Cívica
La fiesta navideña contó con la participación de la agrupación ‘Hakuna Matata’, el coro infantil de la Azucarera Pomalca y la presentación del musical ‘Una Navidad con dos barbas’. De esta forma se marcó el inicio de las fiestas navideñas en el distrito.
“Me parece excelente que disfruten los niños, no como en Chiclayo que pusieron a bailar a la gente adulta”, señaló uno de los vecinos identificado como Manuel Vásquez. “Gracias, señor alcalde, por cada sonrisa que les regaló a los niños de nuestro distrito. Dios lo bendiga y acompañe en cada uno de sus proyectos a favor de los más necesitados”, indicó la vecina Gladys Arrascue.
Sumado a ello, en la Plaza Cívica se instalaron más de 13 metros de luces que dieron color y vida al gran árbol navideño que se instaló en el centro, el cual tiene una altura de 13 metros.
“Quiero que esta Navidad, queridos niños, la pasen en familia. Que abracen al papá, a la mamá, al abuelo, al tío, y así como tantas luces vean en el árbol les digan ‘te quiero’, ‘perdóname’”, les dijo el alcalde a los miles de menores reunidos en la Plaza Cívica, a quienes también aconsejó a no jugar con pirotécnicos
El 17 de diciembre, en las instalaciones del palacio municipal, también se presentó un musical navideño a cargo de un coro estudiantil que entonó villancicos ante la atenta mirada de los servidores municipales.
Pavimentación
A la par del decorado navideño, la gestión edil trabaja en las obras de pavimentación. Una de estas se ejecuta en la urbanización Latina, donde se ha puesto ya la carpeta asfáltica en diferentes calles, lo cual mejorará por completo la transitabilidad vehicular y peatonal, entregando vías seguras, modernas y de calidad a los vecinos.
“La gente de Latina está super contenta con el imprimado que les han puesto a todas sus calles”, indicó el vecino Wilson Cabrejos. “La urbanización Latina está quedando muy bonita, así hicieran otros alcaldes”, indicó la vecina Silvia Diaz.
Lo mismo sucede con la avenida España, donde se ejecuta la obra de mejoramiento de la transitabilidad con la instalación de 13 mil metros de pavimento rígido, nuevas veredas y accesos seguros. Esta obra supone una inversión superior a los seis millones de soles y beneficiará directamente a más de mil familias de los sectores upis 1 de Mayo y los pueblos jóvenes Jorge Chávez, Garcés y Urrunaga.
Más obras
Asimismo, continúa el avance en la obra del colegio Mater Admirabilis, la cual ya no se ha visto perjudicada por ningún tipo de paralización.
“Hemos hecho una visita técnica junto a docentes, representantes del Congreso, la Contraloría y el equipo técnico municipal y se ha observado el avance sostenido de la obra sin paralizaciones, tal como lo establece el expediente técnico. La articulación entre la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la empresa ejecutora, los supervisores, la maquinaria y cada obrero en campo representa el verdadero motor del cambio que impulsará el desarrollo y la educación de miles de niños leonardinos”, estacó Requejo Sánchez.
Además, se avanza en el cambio de las redes de agua y desagüe en el distrito. Gracias al financiamiento de más de 11 millones de soles por parte del Gobierno Regional de Lambayeque, se van realizando 1390 conexiones domiciliarias e instalado 7282 metros de alcantarillado, con lo cual se ha beneficiado a más de ocho mil habitantes en el cuadrante comprendido entre las avenidas Balta, México, San Martín y Chiclayo.
Seguridad ciudadana
De otro lado, la gestión continúa fortaleciendo la seguridad ciudadana en el distrito. Se mantiene activa la central telefónica de serenazgo con tres números que atienden llamadas las 24 horas y un número de WhatsApp.
Además, se ha fortalecido el patrullaje integrado entre las juntas vecinales, serenazgo, rondas urbanas y la Policía. Precisamente, en uno de estos últimos patrullajes se intervino un bar clandestino ubicado en la cuadra ocho de la calle América, el cual fue clausurado temporalmente por no contar con licencia de funcionamiento, certificado de salubridad ni de Defensa Civil. Asimismo, se intervino a varias personas que consumían licor en la vía pública.
Además, a través de la subgerencia de Seguridad Ciudadana se realizó la entrega oficial de diez paneles solares y tres alarmas vecinales en el pueblo joven Campo Verde, sumándose a los ya instalados semanas atrás, todo ello con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana.
También se ha emprendido el despliegue de personal de serenazgo en el mercado Los Pathos y Moshoqueque para garantizar la seguridad de comerciantes y usuarios, promoviendo un entorno adecuado para las actividades comerciales y mejorando el tránsito vehicular y peatonal dentro y en los alrededores de ambos centros de abasto mayorista.
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