El 19 de marzo se conmemoró el Día del Artesano Peruano. Según el Registro Nacional del Artesano-RNA, administrado por MINCETUR, en el Perú existen 65,201 artesanos. En la región Lambayeque se encuentran registrados 1973, el 87,5 % son mujeres cuyos productos poseen un valor agregado debido a que conservan técnicas ancestrales y difunden nuestro patrimonio cultural, por ejemplo, mediante el uso del algodón nativo, el telar de cintura, el bordado de punto cruz o la producción de mates burilados.
Por ello, marzo es un mes propicio para visibilizar el aporte artesanal a la economía e industria creativa nacional y regional e impulsar una agenda de trabajo que articule esfuerzos públicos y privados a nivel territorial dirigidos a dinamizar un sector que aún no logra recuperarse del impacto de la pandemia por COVID-19.
Tareas urgentes
En primer lugar, en Lambayeque es importante promover el rescate algunas líneas artesanales que están en extinción, como la cerámica, el laminado de metales y el mate burilado, incluyendo la producción de insumos escasos como tintes naturales utilizados en las zonas altoandinas o el cultivo de algodón nativo en el Valle La Leche.
En segundo lugar, no contamos con un centro de formación con reconocimiento oficial (Minedu) para brindar servicios a los artesanos y promover la innovación de sus productos. Cabe mencionar que el 25 % de los artesanos Lambayecanos no han concluido su formación básica, por lo que resulta pertinente que los Centros de Formación Básica Alternativa-CEBA y los CETPRO desarrollen una oferta dirigida a cerrar esta brecha. A su vez, el CITE Sipán, no cuenta con espacios apropiados de exposición y formación desde que las lluvias del FEN en 2017 inhabilitaron el complejo de “aldeas mochicas” al interior del Museo Tumbas Reales Señor de Sipán, infraestructura y equipamiento que hasta hoy no se recupera debido a barreras burocráticas principalmente en el Ministerio de Cultura y la Unidad Ejecutora Naylamp.
Comercialización y redes
En cuanto a comercialización, los artesanos necesitan la asignación de espacios permanentes de venta y exposición de sus productos. Los mercados públicos no cuentan con secciones de artesanía, tampoco encontramos áreas para estos fines en los principales lugares turísticos de la región, salvo honrosas excepciones (como Monsefú y el Museo de Sitio de Túcume). Las Beneficencias también podrían ayudar a satisfacer esta demanda asignando espacios a costos accesibles, priorizando a las mujeres productoras. Las ferias organizadas por los municipios son limitadas y carecen de una línea gráfica y expositiva que facilite la promoción y venta de los productos en fechas y lugares estratégicos. También debe considerarse la organización de ruedas de negocios y fomentar la asociatividad y el cooperativismo para abastecer el mercado nacional e internacional.
Los municipios y el gobierno regional también pueden alentar la labor de nuestros artesanos, promoviendo su participación en las escuelas mediante talleres a los estudiantes, aperturando servicios de orientación en el registro y patentes de marca y desarrollo de productos, realizando concursos y reconocimientos, elaborando catálogos físicos y virtuales e incluyéndolos en las guías turísticas de la ciudad.
En el ámbito privado, las asociaciones de hoteles y restaurantes, así como las empresas agrícolas e industriales pueden incluir productos artesanales en la presentación de sus productos y servicios o hacer uso de artesanía para promocionar sus marcas, esto les permitiría agregar cultura e identidad regional a su oferta.
Finalmente, todo lo anterior será posible y sostenible si desarrollamos la institucionalidad necesaria, con espacios de participación para los artesanos, que involucren actores del sector público y privado, en un Consejo Regional de Desarrollo Artesanal Lambayecano que surja de forma participativa. La agenda existe, la última palabra la tienen nuestras autoridades.
(*) Sociólogo, especialista en gestión y políticas públicas y ex Director General Nacional de Artesanía.
El hurto de energía eléctrica sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta Electronorte S.A. La compañía, encargada del suministro eléctrico en Lambayeque y la parte central de Cajamarca ha identificado hasta 30 lugares en los que se hurta energía sólo en este departamento. Resultado de estos hechos ilegales ya hay pérdidas humanas.
El 1 de febrero, dos niños, de 11 y 13 años, fallecieron electrocutados en jurisdicción del distrito de José Leonardo Ortiz, esto debido a que tuvieron contacto con instalaciones clandestinas de energía eléctrica.
Cuando el personal de ENSA llegó al lugar, junto a representantes del Ministerio Público, descubrieron que se trataba de un cable de más de tres kilómetros de extensión, que había sido instalado para brindar energía a una parte del sector Atusparias.
Zonas de hurto
Eduardo Piscoya Salazar, gerente regional de ENSA, señala que la empresa ha identificado más de 40 zonas en las que se realiza el hurto de energía eléctrica.
Algunas de ellas son los pueblos jóvenes Cruz de la Esperanza, Nadine Heredia, Jorge Chávez (Puente Blanco), La Ciudadela, Fanny Abanto, Cruz del Perdón, Vista Alegre, José Balta, Francisco Cabrera y Diego Ferré.
Asimismo, los asentamientos humanos: Viña del Mar y Nuevo Progreso, la invasión Los Mangos, la ampliación 19 de Septiembre, la invasión Nuevo Lurín y la ampliación 28 de julio en Ciudad Eten.
También en el distrito de Cayaltí, Lambayeque, Ferreñafe (urbano y rural); Íllimo (urbano y rural); La Viña (Jayana); Mórrope, Motupe, Olmos (urbano y rural); Oyotún; Pátapo (urbano y rural); Pomalca, Salas, Tumán y Zaña, ambos en la zona rural.
“El hurto de energía conlleva a denuncias penales y hechos lamentables, esa es la parte incómoda, que no quisiéramos que exista. Lamentablemente el desarrollo de las ciudades viene también con este tipo de acciones, a las que debemos hacer frente. La identificación de las zonas y el inicio de las acciones penales es parte de un plan de acción con las autoridades locales, quienes siempre nos están apoyando en los operativos”, mencionó Salazar Piscoya Salazar.
Denuncias y casos
El hurto de energía eléctrica se sanciona en función de lo señalado por el artículo 186 del Código de Penal, referido al delito de hurto agravado, el que señala que procesado será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido “sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, conforme a la legislación de la materia”.
En el 2018, Electronorte presentó 90 denuncias por hurto de energía eléctrica, por las cuales se han instaurado 21 carpetas fiscales en el Ministerio Público. Para el 2019 el número de denuncias fue de 187 y 43 carpetas fiscales, en tanto que en el 2021 se presentaron 21 denuncias y abrieron 14 carpetas.
Para el 2021, la empresa presentó 116 denuncias que motivaron seis carpetas en el Ministerio Público; 491 en el 2022, con tres carpetas, y 329 denuncias el año pasado, con cuatro carpetas. Hasta febrero de este año, ENSA ha formulado 143 denuncias, motivando cuatro carpetas.
Electronorte tiene en Lambayeque 342 mil 409 clientes, que sumados a los de la parte central de Cajamarca hacen un total de 465 mil 106. El coeficiente de electrificación de la empresa en el departamento es del 98.47 %, con un área de concesión que supera los cinco mil kilómetros cuadrados.
