El Índice de Competitividad Regional, utiliza metodología utilizada en el Foro Económico Mundial; en el cálculo del Índice Global de Competitividad (Instituto Peruano de Economía, 2021). La metodología del INCORE comprende indicadores agrupados en seis pilares: Entorno Económico, Laboral, Educación, Salud, Infraestructura, Instituciones; la medición consiste en otorgar valores entre cero y diez a cada región según su desempeño en cada indicador, luego se calcula el promedio de los indicadores por cada pilar, y se promedian los puntajes de los pilares para el resultado final.
Los resultados por región son clasificados en tercios: tercio superior, tercio medio y tercio inferior (Instituto Peruano de Economía, 2016). En tal sentido, desde el 2010, se ha realizado mediciones del INCORE, procurando analizar los avances de desarrollo económico y social en las regiones del Perú, comparándolos en su competitividad (Instituto Peruano de Economía, 2020). Lambayeque se ubicó en el puesto 7 por segundo año consecutivo. Lambayeque “cayó tres ubicaciones en el pilar Laboral ante un estancamiento o retroceso en los indicadores de ingreso mensual por trabajo, fuerza laboral educada y formalidad laboral. Esto fue parcialmente compensando por la mejora de dos posiciones en el pilar Instituciones y de una posición en Entorno Económico e Infraestructura”. Lambayeque mantiene una media superior en los últimos 3 años destacando su mejor posición en los componentes de Infraestructura y Salud, optados por continuar la sostenibilidad en proyectos de inversión públicos que estén en proceso de ejecución.
Para Michael Porter, el único concepto significativo de competitividad a nivel nacional es la productividad. El objetivo principal de una nación es producir un alto nivel de vida para sus ciudadanos. La capacidad de hacerlo se basa en la productividad de la mano de obra y el capital que emplea una nación (Porter, 1990).
Regiones más competitivas
A pesar de los desafíos, la mejora general en el índice de competitividad desde 2016 indica un potencial significativo para el desarrollo económico y social en el país. La identificación de las regiones más competitivas, como Callao, Arequipa y Moquegua, ofrece oportunidades para aprender de las mejores prácticas y replicar estrategias exitosas en otras áreas. La evolución del índice de competitividad regional 2016-2022 refleja la complejidad y adaptabilidad de las regiones frente a eventos significativos como la pandemia de la COVID-19. La tendencia general al alza desde 2018 sugiere una resiliencia y capacidad de recuperación, pero la interrupción en 2020 resalta la vulnerabilidad de las regiones a crisis externas, como crisis sanitaria, conflictividad social, entre otros.
Asimismo, desde el año 2016 los estudios científicos basados en generar un impacto macro, adquiere importancia como generadora de políticas públicas a través de la elaboración del Índice de Progreso Social (IPS), con la publicación del primer Informe del Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, considerado como una “herramienta imprescindible para poner en marcha la revolución social que necesita el país” (CENTRUM - Católica, Fundación Avina, & Social Progress Imperative, 2016, p.10).
El Índice de Progreso Social, surgió a nivel mundial en el año 2009 y en el año 2012 se funda Social Progress Imperative (Velázquez, 2017), una organización sin fines de lucro que brinda información de calidad sobre temas de salud social y ambiental a los tomadores de decisiones y a los ciudadanos, para que de esta forma se puedan priorizar acciones orientadas al progreso social (Social Progress Imperative, 2018). Incluye principalmente tres criterios metodológicos: enfoque en los indicadores de resultados; marco holístico y; cálculo de cada componente, considerando la suma ponderada de medidas. Asimismo, su metodología comprende tres elementos: tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de Bienestar y Oportunidades; doce componentes (cuatro componentes por cada dimensión) e indicadores (Stern, Wares, & Epner, 2017).
El desarrollo de este índice está relacionado con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales representan el deseo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. En esa línea, en los resultados del Índice del Progreso Social Mundial 2023, elaborado por el Social Progress Imperative (SPI), se revela que el avance es cada vez más lento, en comparación con años anteriores, lo cual pone en riesgo lograr las metas trazadas en 2030.
La evolución viene siendo positiva para varias regiones. En los últimos tres años se tiene nueve regiones en el nivel medio alto, no obstante, es relevante subrayar que el ritmo de crecimiento ha sido moderado. Excluyendo a Moquegua, no se registra ningún otro caso en el que una región haya avanzado de un nivel medio bajo a uno medio alto. Esta tendencia subraya la necesidad de adoptar enfoques más estratégicos y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, con el propósito de impulsar un progreso más sólido y generalizado en todas las regiones. Lambayeque ha mantenido su ubicación entre las 10 regiones con mayor Índice de Progreso Social (IPS); mientras tanto las regiones que se encuentran ubicadas en la zona de sierra son los que en los últimos tres años no han despegado y han mantenido sus ubicaciones inferiores.
Perfil regional
En resumen, el Perfil Regional de Lambayeque involucra 3 pilares detallados párrafos anteriores, el cual en el Pilar de Fundamentos de Bienestar podemos observar que contamos con puestos en la media inferior, aunque en el último año 2023 decreció en el puesto 12.
A manera de conclusión analizar los tres índices más significativos que miden la relación de bienestar en el Perú mantienen un grado de correlación que se tendría que incentivar a evaluarlo científicamente mediante métodos estadísticos y económicos significativos, en ese sentido, el Índice de Progreso Social y el Índice de Desarrollo Humano, pretenden medir el desarrollo o progreso más allá del PBI, es normal que tengan una relación directa, mientras incrementa el Progreso Social también incrementa el Desarrollo Humano, sin embargo, por más que su grado de correlación sea fuerte, se debería a la diferencia en las características en su diseño.
El Índice de Progreso Social e Índice de Competitividad Regional posee un grado de correlación mayor. Ambos índices tienen aspectos coincidentes: educación y salud, y no coincidentes: entorno económico, laboral. Razón por la cual esta relación fuerte se justificaría en la influencia de los aspectos: educación y salud, además de que factores como: entorno económico y laboral favorables, influirían positivamente para que generar un posterior escenario de progreso social.
El Índice de Desarrollo Humano e Índice de Competitividad Regional, también miden criterios relativamente diferentes, pero en este caso se aprecia que el grado de correlación es mucho mayor que las relaciones anteriores, por lo tanto, se considera también que esta relación se justificaría en la fuerte influencia de educación y salud; además de que el índice de Desarrollo Humano integra el Índice del Ingreso Nacional Bruto que mide la capacidad de lograr un nivel de vida digno (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018b), esto guarda relación con uno de los pilares del Índice de Competitividad Regional: entorno económico; asimismo los pilares: laboral, Infraestructura, Instituciones, influirían positivamente para generar un contexto de desarrollo humano, considerando los fundamentos conceptuales del índice de Desarrollo Humano.
Los tres Índices estudiados, “son los más resaltantes en el Perú y como se aprecia, tienen un grado de relación fuerte entre ellos, a pesar de que el Índice de Competitividad Regional considere criterios que se alejen en cierta medida de la concepción de progreso y desarrollo del Índice de Progreso Social y del Índice de Desarrollo Humano, respectivamente”.
El exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones le han aflorado las ganas de llegar a la presidencia de la república y, en ese afán, anunció ha anunciado la formación de su propio partido político, al que ha denominado “Justicia Perú”, el mismo que busca inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, de cara a los comicios del 2026.
Si bien las intenciones de Carrasco Millones de ser presidente del Perú son manifiestamente nuevas, no lo es su interés por la política y lo mediático.
Como operador del Ministerio Público tuvo siempre un apego especial por la exposición en los medios de comunicación nacional exponiendo sobre avances y resultados que – irónicamente – sus investigaciones no tenían en lo real.
Siendo fiscal aceptó ser ministro del gobierno de Pedro Castillo Terrones y luego postuló al Gobierno Regional de Lambayeque, aunque su candidatura no maduró porque presentó una inscripción incorrecta por parte de la organización política en la que militó hasta septiembre del año pasado: Juntos por el Perú.
ACTUACIÓN FISCAL
Carrasco Millones estudió Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ejerció como abogado libre hasta el 2004 y allí pasó a trabajar en la Intendencia de la SUNAT en Lambayeque, para luego ingresar en el 2010 al Ministerio Público como fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
Uno de los primeros casos sonados que tuvo como fiscal fue el de José Luis Torres Saavedra, alias “Burro”, líder de una banda dedicada a las extorsiones, principalmente en el sector transportes. A éste y los otros coinvestigados les imputó los delitos de extorsión, asociación ilícita para delinquir, robo agravado y lavado de activos. Si bien el caso empezó en el 2010, la condena contra Torres Saavedra se logró recién en el 2019, siendo otro el fiscal a cargo.
En septiembre del 2014, Carrasco Millones se convirtió en el centro de la noticia como supuesto artífice de la caída de la presunta organización liderada por el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales. Siendo adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal suscribió el requerimiento de captura contra Torres Gonzales y sus colaboradores, el mismo que amparado por el Poder Judicial, específicamente por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.
Tiempo después se conoció que uno de los documentos incluido por Carrasco Millones como elemento de su requerimiento había sido supuestamente emitido por la unidad de inteligencia de la Policía Nacional en Lambayeque, empero las firmas no correspondían al responsable, sino a otros dos agentes que no pertenecían a dicha dependencia.
También se probó que en la fiscalía no recibió informes de la SUNARP, Inteligencia Financiera y la CONABI para respaldar su requerimiento, tal como el fiscal Carrasco informó al juzgado.
Dicho caso, denominado “Los limpios de la corrupción” cumplirá 10 años en septiembre de este año y hasta el momento no se ha formulado acusación sobre los delitos que Carrasco Millones señaló como móviles para su operativo de captura: asociación ilícita y lavado de activos.
Otro caso impulsado por Carrasco Millones como fiscal fue el de “Wachiturros de Tumán”, actualmente en proceso de juzgamiento en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y sobre el cual se ha declarado absolución y sobreseimiento sobre parte de las imputaciones ante la falta de carga probatoria.
El fiscal también habría interferido en el caso “Hermandad del norte”, concretamente en la gestión de un beneficio premial como colaborador eficaz a favor de David Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, quien en audiencia judicial señaló a Carrasco Millones de haberlo presionado para incriminar a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
CONTROVERSIAS
En junio del 2016 asumió la coordinación de la recientemente creada Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, ellos tras su amplia exposición mediática, varias veces de la mano del jefe de la organización Pro Justicia, Fernando O”phelan Pérez, que después pasó a investigado por la fiscalía.
No es un hecho menor que en algunas de las entrevistas en medios nacionales en la que participó junto a O”Phelan Pérez, este señaló que el operativo para el caso “Limpios de la corrupción” se hizo gracias al apoyo de la cooperación internacional. Sin embargo, el Ministerio Público negó la exigencia de algún convenio de cooperación o apoyo dado por ente extranjero alguno para dicho caso. El fiscal Carrasco Millones nunca negó ni aclaró sobre el particular.
En 2016, Expresión denunció que el fiscal había plagiado un recurso de nulidad de la defensa de dos procesados por el caso Úcupe, hecho que fue asumido por la Fiscalía de Control Interno, pero que prescribió por la actuación de la fiscal responsable Mariana Vásquez Zagaceta, quien, según la Fiscalía Suprema de Control Interno, en la Resolución 346-2018, dilató de manera injustificada la actuación contra Carrasco Millones.
Otro hecho vinculado al exfiscal es la intención que tuvo un personaje cercano a él, el primo de su esposa, identificado como Frank Guevara Díaz, quien fue designado como administrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán por un juzgado de Utcubamba, gracias al amparo que firmó como abogado el cuñado de Carrasco Millones, identificado Franklin Díaz Idrogo. Guevara Díaz fue sentenciado en agosto del 2021 por un caso de organización criminal en proceso de terminación anticipada.
SALTO A LA POLÍTICA
Siendo fiscal de crimen organizado, en julio del 2021 Juan Manuel Carrasco pretendió dar un salto político y al mismo tiempo mantener su puesto en el Ministerio Público.
Inaugurado el gobierno de Pedro Castillo, el fiscal aceptó ser ministro del Interior en su primer gabinete, para lo cual solicitó convenientemente licencia “por motivos personales” por 90 días.
Carrasco Millones tuvo que renunciar a la carrera fiscal ante incompatibilidad entre su cargo político y la permanencia en el Ministerio Público. Resultado de ello fue denunciado constitucionalmente.
Su paso como ministro tampoco estuvo libre de controversias. Visitó la casa del jirón Sarratea, donde despachaba asuntos de gobierno Pedro Castillo. Cuando fue abordado por la prensa dijo que acudió para hablar temas de Estado con el presidente, pero luego afirmó que lo hizo por asuntos personales.
Fue ministro del Interior hasta el 6 de octubre del 2021, luego viceministro de Justicia y el 17 de noviembre juró como ministro de Defensa.
CANDIDATO TRUNCO
El 1 de febrero del 2022, Juan Manuel Carrasco renunció al portafolio de Defensa, pues como actor político daría otro paso en su carrera: postular al gobierno regional de Lambayeque.
Se aupó como candidato de Juntos por el Perú, con el aval de su colega ministro Roberto Sánchez Palomino, a la sazón presidente del partido que antes lideró Yehude Simon Munaro.
Empero, las aspiraciones de Carrasco Millones no prosperaron, pues la personería del partido cometió un grave error en la interpretación del principio de paridad de la ley electoral.
Carrasco Millones no logró su inscripción como candidato, pero hasta horas antes de las votaciones de octubre del 2022 difundió mensajes asegurando que seguía en carrera. Para la segunda vuelta apoyó al candidato de Somos Perú, el hoy gobernador Jorge Pérez Flores.
La presencia de Carrasco Millones no fue de total agrado en Juntos por el Perú. Militantes fundadores de dicho partido, antes Partido Humanista Peruano, renunciaron en señal de protesta. Así, en septiembre del año pasado el exfiscal y exministro abandonó la organización política en busca de nuevos vientos.
Nuevos vientos han significado la búsqueda de un partido propio, cuya recolección de firmas ha iniciado para presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones.
“Aquí no importan las ideologías, las ideologías de izquierda o de derecha. Las ideologías le hicieron mucho daño a nuestro país”, declaró a inicios de marzo.
En junio del 2023, el Congreso archivó la acusación constitucional contra Carrasco Millones, iniciada a partir de su aceptación al cargo de ministro siendo fiscal. Sin embargo, mediante la Resolución N° 021-2022-2023-CR, se declaró haber lugar a la formación de causa penal por la presunta comisión de los delitos de aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica, tipificados en los artículos 381 y 438 del Código Penal, en agravio del Estado. El procesamiento está en manos del Ministerio Público.
A fines de diciembre del 2023 el fiscal Javier Idrogo Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, dispuso el inicio de la investigación preliminar contra el alcalde distrital de Jayanca, Hermes Carrillo Mori, y los que resulten responsables por el presunto delito de colusión simple.
La decisión fiscal se dio en atención a la denuncia presentada el 11 de diciembre por el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, comprendiendo a los funcionarios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, Laura Gutiérrez Gonzales, Alberto Egoavil Cornejo, Eliot Cruz San Miguel y Daniel Alanya Casquero, por el presunto delito de omisión de actos funcionales, y contra el alcalde de Jayanca, Hermes Carrillo, el gerente municipal y un representante de consorcio por colusión simple.
El caso
Chávez Pita denunció irregularidades en la suscripción del contrato suscrito entre la comuna de Jayanca y el consorcio El Salvador, ganador de la buena pro para la ejecución de la obra: “Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en el sector Este de la localidad de Jayanca”.
Dicho contrato habría sido celebrado pese a los cuestionamientos advertidos en el Dictamen n.° D000898-2023, emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, a través del cual demandó la adopción de medidas correctivas ante las observaciones presentadas en el proceso, lo que debió originar la nulidad del procedimiento de selección.
El proceso fue convocado el 27 de septiembre del 2023 con la publicación de las bases administrativas y el expediente de la obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
Algunas de las observaciones planteadas fueron las referidas a los componentes para el requisito de calificación “experiencia del postor en la especialidad”, aspecto que se mantuvo en las Bases Integradas pese a que fue cuestionado.
Debido a que la comuna no realizó las correcciones correspondientes, el 23 de octubre la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos emitió el Dictamen n.° D000898-2023, mediante el cual ejerció las acciones coercitivas para impedir que la municipalidad continúe con el procedimiento, recomendando que se adopten las medidas correctivas, que para el caso significaba la nulidad del proceso de selección.
Empero, según denunció Jorge Chavez, la dependencia del OSCE no realizó el monitoreo respetivo para impedir que el municipio de Jayanca siga con el proceso, siendo esta una obligación contenida en el Artículo 52 de la Ley n.° 30225 y su modificatoria.
Presunta colusión
De acuerdo a la denuncia, tanto el alcalde, Hermes Carrillo, como le gerente municipal, Nasar Vásquez Díaz, tenían conocimiento de lo dispuesto por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos de OSCE.
Sin embargo, el 9 de noviembre el gerente municipal suscribió el Contrato de Ejecución de Obra n.° 002-2023-MD/GM, con el representante del consorcio El Salvador, Luis Alberto García Moreno. El contrato se firmó por un valor de un millón 334 mil 59.46 soles.
El consorcio está conformado por las empresas ISUM Contratistas EIRL y Corporación MMJ EIRL. Es decir, se habría desacatado la disposición del ente supervisor.
La firma del contrato fue puesta de conocimiento al alcalde a través de una carta.
Decisión fiscal
Ante lo expuesto, el fiscal Idrogo Rodríguez dispuso el inicio de la investigación preliminar por un plazo de 120 días calendario.
La investigación comprende al alcalde, al gerente municipal y al representante legal del consorcio El Salvador.
Asimismo, ha dispuso que remitan copias de la carpeta fiscal a la fiscalía penal de Chiclayo para que proceda según sus atribuciones contra la presidenta del OSCE, Laura Gutiérrez Gonzales; el sub director de Procedimiento de Riesgos del OSCE, Albergo Egoavil Cornejo, y el supervisor del Dictamen n.° D000898-2023, Eliot Cruz San Miguel y Daniel Alanya Casquero, por la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales.
En ese sentido, mediante Providencia Fiscal n.° 01, del 4 de marzo, la fiscal Luz Rimarachín Vásquez, dispuso recabar la declaración de la presidenta del OSCE el próximo 16 de abril, en tanto los otros funcionarios del organismo deberán declarar entre el 16 y el 17 de abril.
Para el 18 de abril se ha programado la declaración del alcalde Hermes Carrillo, día en el que también deberá declarar el gerente municipal y el representante del consorcio.
El 11 de marzo se inició el juicio oral contra Edwin Oviedo Picchotito y otros por el denominado caso “Wachiturros de Tumán”, investigación iniciada en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, en los tiempos del exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones, y sobre el cual se ha dicho una serie de imprecisiones, como, por ejemplo, que el Ministerio Público pide 52 años de cárcel para el empresario.
A fin de esclarecer el panorama en relación a este sonado caso, por el cual se acusa a Edwin Oviedo como autor mediato de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vitte, Expresión conversó con el abogado César Nakazaki Servigón, quien dio precisiones en relación al proceso y cómo este se conduce en la Corte de Justicia de La Libertad.
El caso fue trasladado a La Libertad, por una decisión de la Corte Suprema de la República, ante la falta de garantías para un juzgamiento imparcial y sin presiones en Lambayeque.
En los últimos días se ha visto en medios nacionales y regionales la noticia respecto al pedido de prisión formulado por el Ministerio Público contra el empresario Edwin Oviedo, enfatizándose en que se trata de un pedido de cárcel por 52 años. ¿Cómo toma la defensa la manera en la que se aborda el caso con tal imprecisión, sobre todo porque el requerimiento se conoce hace más de dos años?
Seguramente por el inicio del juicio oral. El caso de Edwin Oviedo Picchotito ha tenido para la defensa distintos momentos. Un primer momento fue recuperar su libertad, arbitrariamente privada, lo cual se logró después de mucho esfuerzo en la Corte de Lambayeque; luego al apreciar que por diversas razones no se podía garantizar un juicio imparcial por este caso, principalmente por los fraudes procesales en los que incurrió el exfiscal Juan Manuel Carrasco Millon, tuvimos que acudir a la Corte Suprema para que se traslade la carpeta a la Corte de la Libertad.
Respecto de los homicidios de Manuel Rimarachín, que era trabajador de la empresa Tumán, y Percy Farro, que no tenía ninguna relación con dicha azucarera, se ha iniciado el juicio oral. Entiendo que, por esa razón, por haber iniciado esta etapa importante del proceso, es que se ha vuelto a levantar una noticia ya conocida.
Usted ha mencionado que en Lambayeque no había garantías para un juicio imparcial dada la interferencia y presión ejercida por algunos actores sociales y mediáticos sobre los administradores de justicia. Ahora que el juicio se desarrolla en la Libertad, ¿cree la defensa que existe la posibilidad de una condena contra Edwin Oviedo?
No existe una sola prueba de cargo que pudiera sustentar una sentencia condenatoria y pongo dos ejemplos bien concretos para demostrarlo: la colaboración eficaz que utilizó el exfiscal Carrasco fue fruto de un fraude procesal. Hizo diversos intentos por llegar a acuerdos de colaboración eficaz sin información corroborada. La otra demostración de que no hay prueba de cargo es que para condenar a alguien hay que demostrar el motivo, ¿por qué se ordenaría los asesinatos?
Según la fiscalía, el móvil era el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. El fiscal decía que la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata en la Empresa Agroindustrial Tumán beneficia indebidamente con ventas de azúcar a bajo precio a empresas del Grupo Oviedo. Sin embargo, se ha demostrado que en esa administración todas las compra-ventas de azúcar fueron controladas por peritos – veedores y por el juez, y que luego de verificada la legalidad de las operaciones se autorizaron los pagos a Edwin Oviedo, determinándose el cumplimiento de la deuda que Tumán le tenía.
Por esa razón, la Corte de La Libertad, actuando con imparcialidad, ha sobreseido, lo cual es sinónimo de sentencia absolutoria, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas a favor de Edwin Oviedo. O sea, nunca hubo ventas de azúcar indebidas en Tumán y al no existir el móvil ya no hay delito, ese es un principio en materia penal.
Si no hubo móvil para la defraudación a la empresa, no tenía por qué existir la orden de matar a las dos personas por las cuales se acusa a Edwin Oviedo.
¿El sobreseimiento en términos procesales significa que el Ministerio Público no pudo probar la imputación del delito móvil; es decir, del fraude en la administración de personas jurídicas?
Es correcto. El sobreseimiento se dio porque la fiscalía en La Libertad, que fue la que recibió la investigación hecha por el exfiscal Carrasco, reconoció ante los jueces que no había pruebas de cargo para el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
Lo que se ha demostrado es que la administración judicial de Segundo Ordinola de manera trimestral informaba al juzgado a quienes le vendía azúcar, a que precio y todo lo relacionado a los procesos. Cuando la información era verificada por el juez y constataba que era correcta, recién autorizaba el pago de la acreencia al señor Edwin Oviedo.
Fue esa verificación la que ha hecho que la fiscalía de La Libertad pida el sobreseimiento.
Respecto a la colaboración eficaz con la que el exfiscal Carrasco sustentó su investigación, ha dicho que fue fraudulenta. ¿Se refiere al caso concreto de Gregorio Leguía Cerna?
Sí, porque en ese caso se presentó una situación absurda: el testigo colaborador, que es el que sostiene todo el caso de la fiscalía, dice que Gregorio Leguía fue el protagonista o tuvo un rol muy importante en la supuesta organización “Los Wachiturrros”. El colaborador dice que Gregorio Leguía ejecuta la supuesta orden de matar y elige a los autores materiales para matar a Rimarachín y a Farro.
Sin embargo, a pesar que el fiscal Carrasco dijo que su testigo decía la verdad, él mismo sobreseyó el caso a Gregorio Leguía y pidió que se le declare inocente. ¿Cómo era posible que por un lado el fiscal afirmara que Gregorio Leguía era culpable, según su colaborador, y por otro el archive el caso y lo señale inocente? ¿Qué pasó?
No olvidemos que el acuerdo de colaboración eficaz presentado por el exfiscal Carrasco fue presentado a tres jueces y ninguno lo aceptó, hasta que lo presentó al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, donde el juez Carlos Chanamé Chumán, lo aprobó.
¿Por qué el exfiscal Carrasco formuló dos requerimientos acusatorios con 26 años de cárcel para Edwin Oviedo por cada uno si se trata de una misma investigación?
Lo que pasa es que las acusaciones se formularon antes que los juicios se acumulen y como eran casos separados hubo acusaciones diversas, con pedidos de 26 años de cárcel por cada caso. Cuando se acumularon los juicios ya no podía haber dos penas, sino una sola. Es verdad que las penas se suman en el derecho penal peruano, pero hasta un máximo de 35 años. No hay más, salvo la cadena perpetua, que no es el caso.
La misma fiscal de la FECOR La Libertad ha corregido esta situación y el día que oralizó su acusación en Trujillo aclaró que lo que se solicita es una condena de 35 años de cárcel y no 52, como se ha difundido en algunos medios. Claro, la noticia sólo recoge la parte inicial del proceso.
¿Existe diferencia entre autoría mediata y autoría intelectual? ¿Por qué a Edwin Oviedo se le imputa la autoría mediata de los asesinatos?
La autoría intelectual es un término que antiguamente se aplicaba en el derecho. ¿Quién es el autor intelectual? El que planifica, pero en términos jurídicos quien planifica un delito no es autor, sino cómplice. Por eso es que no se aplica el término.
En cambio, el autor mediato es el que dentro de un aparato organizado de poder ordena la comisión de un delito. Ese es el supuesto, lo cual también hace imposible este caso, porque la supuesta organización Wachiturros habría perseguido la administración judicial de Tumán para dársela a Edwin Oviedo.
Sin embargo, legalmente Edwin Oviedo no podía formar parte de la administración judicial porque era acreedor. Nunca tuvo una relación directa en los órganos de gobierno de Tumán, no era el administrador. La administración judicial que existía, liderada por Segundo Ordinola, dependía del juez.
¿Cree que existe convencimiento en la FECOR La Libertad sobre la solidez del caso como para lograr una sentencia condenatoria contra Edwin Oviedo?
El caso “Wachiturros de Tumán” se conformó de cinco procesos: el primero relacionado a un robo a una señora, en el que los acusados fueron declarados inocentes; en los otros, que están en la Corte de La Libertad, la fiscal en plena audiencia es muy crítica del trabajo del exfiscal Carrasco y ha reconocido que existen acusaciones mal hechos, que se han tenido que corregir, incluso pidiendo el sobreseimiento de uno de los delitos.
Edwin Oviedo está participando en todas las audiencias que son semanales y existe plena confianza en que la justicia se aplicará y declarará su inocencia. Se estima que en seis meses pueda concluir el juicio.
Es muy importante reflexionar sobre el accionar indebido de grupos económicos que se han dedicado al manejo de las excooperativas azucareras con administraciones truchas, generadas todas fuera de Lambayeque. Eso ha llevado a que Tumán, que tuvo su mejor momento durante la administración de Segundo Ordinola, hoy ya no tenga caña y sólo tenga tierra. Ojalá no se terminen de llevar la tierra.
El presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE, y decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, cuestionó con severidad la manera en la que se conforma el equipo técnico en la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores, con una alta rotación que – asegura – genera atrasos y desconfianza.
¿Cuál es su evaluación de la gestión de 14 meses realizada hasta el momento por el Gobierno Regional de Lambayeque y los municipios provinciales y distritales? ¿Cree que existen resultados alentadores?
El primer año, como ya lo he dicho, creo que fue para que ellos asienten sus bases y miren justamente sobre sus debilidades. Por eso mismo señalo que para este año las autoridades deben mostrar eficacia, haber planificado el año anterior cómo van a ejecutar sus recursos.
En ese sentido, creo que hay pequeños resultados como los que se están logrando en La Victoria, José Leonardo Ortiz, Pimentel, Íllimo y Pacora, que han solicitado en su momento el apoyo del Colegio de Ingenieros. Creo que en estas localidades es donde se ve una labor más dedicada para lograr el bienestar de los vecinos.
El año pasado el Gobierno Regional de Lambayeque dejó de invertir más de 250 millones de soles para obras, fue el tercero con peor ejecución a nivel nacional y aún no está claro cuánto de esos recursos fue finalmente comprometido para este año. Situación similar se dio en la comuna provincial de Chiclayo. ¿No le parece que ni el gobierno regional ni los municipios provinciales están mostrando la capacidad deseada para administrar los recursos públicos?
Coincido. Al gobernador regional, Jorge Pérez, se le ha pedido que ponga énfasis en la ejecución de presupuestos y él ha explicado que no encontró proyectos dejados para ejecutar por la anterior gestión, teniendo en cuenta que en el primer año se trabaja con el presupuesto aprobado por quienes se fueron en diciembre del 2022. Según ha informado, para evitar que el dinero revierta es que lo ha distribuido en pequeñas obras para los distritos.
Sin embargo, soy claro en señalar que este año ya no se le puede perdonar otra justificación. Él se ha comprometido a ejecutar la bimodal, vía concesión, desde Mocce hasta el ingreso a Puerto Eten, lo que significa generar las condiciones para hacer atractiva una obra de tal envergadura como es el Terminal Portuario Regional.
Otra obra que también se ha comprometido a ejecutar es el nuevo trazo de la vía Mochumí – Olmos, porque ya no es posible que el tránsito pesado siga pasando por las calles principales o las plazas de todos esos distritos de Lambayeque.
También tengo entendido que se están gestionando proyectos del Plan Hidráulico y otro aspecto que debe ser de preocupación es que ya vence el plazo de concesión del Trasvase Olmos.
Sobre el Trasvase Olmos está claro que la operación y mantenimiento no puede ser asumida por el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, porque este tiene la función supervisora…
Así es, y es por eso que ya se debería empezar a ver cómo se va a manejar ese tema, en el cual ni siquiera se debería esperar una transición, pues las entidades públicas no están preparadas para manejar una obra de esa envergadura.
Se debe evaluar qué otras alternativas hay y que todo sea transparente, pues ya sabemos que el actual concesionario estuvo involucrado en el caso Lava Jato donde hay actos que comprometen la moral y la ética.
En 14 meses de gobierno ha habido seis gerentes de Salud, tres de ellos este año en plena emergencia por el dengue. En la sede central van tres gerentes, habiendo el actual mostrado incapacidad para mejorar el gasto de inversiones. ¿Creo que existe una seria debilidad en la gestión regional respecto a su equipo técnico?
Desde CONREDE se le dijo oportunamente al gobernador que el equipo técnico es la base para hacer más ágil al gobierno regional. Se necesita un equipo técnico conformado por profesionales que conozcan la realidad y problemática de Lambayeque, que guarden el perfil coherente, pero hemos visto que empezó con el pie izquierdo, poniendo a una abogada cuestionada como gerente regional de Agricultura.
Todas esas decisiones juegan en contra de los lambayecanos. Por mucho que se esfuerce en explicar el gobernador, las malas designaciones generan atrasos, desconfianza y hasta problemas sociales. Habiendo profesionales idóneos, comprometidos con Lambayeque, se ha empeñado en traer a gente de otras regiones.
El gobierno regional en la gestión del gobernador Jorge Pérez negó los recursos para la actualización de los estudios económicos del proyecto del Terminal Portuario Regional, requisito indispensable para que Proinversión continúe en la promoción del mismo. ¿Cree que con la consolidación del megapuerto de Chancay se desvanecen las posibilidades de un puerto para Lambayeque?
Es cierto que se necesita actualizar los estudios económicos, porque en las condiciones actuales ningún inversor va a apostar por Lambayeque. Sin embargo, hay que entender que los ojos del mundo no están sujetos al puerto de Chancay. Si bien es un puerto emblemático, este no va a desarrollar a las regiones del país, será sobre todo de tránsito para los países vecinos.
Desde Lambayeque lo que debemos promover es el desarrollo portuario con fines de cabojate, que los altos volúmenes de mercancía del nororiente deben ir de manera directa al Asia y nuestro puerto es la salida natural, pero hay que generar condiciones.
Por otro lado, es necesario avanzar en otros proyectos como el parque industrial, hay cinco mil hectáreas disponibles que permitirán darle valor agregado a las materias primas para exportarlas y tener así mayores beneficios.
Ante la presencia del puerto de Chancay, ¿no sería más estratégico fortalecer a Lambayeque como un núcleo logístico en la zona del nororiente, con el afianzamiento del aeropuerto internacional de Chiclayo con su segunda etapa?
Por supuesto, tenemos que rescatar que la conexión debe ser por cielo, mar y tierra. El aeropuerto de Chiclayo es importante y la segunda etapa es un hecho, pero se necesita generar condiciones para ello.
El gobernador ha ofrecido, por ejemplo, mejorar las condiciones viales en el cruce de las avenidas Haya de la Torre y Chinchaysuyo, porque construyéndose el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto, con la situación actual de esas vías, se generará un caos mayor al existente.
El nuevo aeropuerto es necesario, atraerá a más turistas, pero ¿cómo está la ciudad? La alcaldesa provincial de Chiclayo cuenta con un papel importante y debe trabajar en ese sentido.
La semana anterior el CONREDE realizó un primer panel fórum sobre la problemática de la azucarera Tumán, que tiene características de ser un problema social. ¿Seguirán los colegios profesionales con esa dinámica, ya que usted anunció actividades sobre salud, educación y seguridad ciudadana?
Como parte de la agenda de los colegios profesionales está generar aportes técnicos y académicos sobre los problemas de Lambayeque. Hemos descendido en competitividad y eso hace necesario atacar los diferentes frentes. No podemos pensar en el desarrollo sin atender la problemática social.
En Tumán hay más de 40 mil familias afectadas directa e indirectamente por los problemas de la azucarera y ante ello los colegios profesionales no pueden ser indiferentes. Hemos cumplido nuestro rol de ofrecer una visión desde lo técnico y académico para que se solucione el problema empresarial y social.
Los colegios profesionales estamos para apoyar y poner el hombro, porque es nuestro rol como parte de la sociedad civil. Continuaremos con actividades de este tipo.
