Desde el 8 de mayo del 2018, la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, a través del Decreto Supremo Nº 047-2018-PCM, declaró el estado de emergencia en 10 localidades de Mórrope por la contaminación de su agua con arsénico. Desde entonces, la declaratoria ha sido ampliada en siete oportunidades. Ante la inacción de las autoridades para darle una respuesta a este problema, la red Soy Voluntario Lambayeque tomó la iniciativa de brindar ayuda a los pobladores del distrito llevando purificadores para hacer que el recurso hídrico sea apto para el consumo humano.
El coordinador de Soy Voluntario Lambayeque, Franklin Varillas Salazar, explica que este problema no tiene un origen claro. Por un lado, un estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos arroja como una de las posibles causas la sobreexplotación de los acuíferos; es decir, los pozos tubulares.
No obstante, Varillas Salazar señala que en su momento la gerente regional de Salud, María Esther Collantes Santisteban, ensayó como explicación el hecho de que la actividad minera en Cajamarca podría producir la concentración de arsénico.
Afirma que la propuesta del Estado es hacer pozos tubulares con una profundidad superior a los 150 metros, pues a partir de ese nivel el agua del distrito ya no tiene dicho mineral.
CONSECUENCIAS
Varillas Salazar explica que el consumo de agua contaminada con arsénico afecta principalmente a las madres gestantes y los niños, siendo su consecuencia directa la anemia, afección en la que Mórrope es uno de los distritos de Lambayeque con más alto índice.
“En Mórrope, de cada 10 niños, cinco o seis padecen esta afección. A la larga, eso produce que la esperanza de vida sea menor en los pobladores, mientras que en el día a día se originan otras enfermedades como las diarreicas o el cáncer a la piel”, sostiene.
Señala que si hay agua contaminada, por más que el Estado reparta las ‘chispitas’ (micronutrientes), la anemia no se reducirá.
Según el Reporte Regional de Indicadores Sociales del 2018 que elabora el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, el porcentaje de anemia en niños de seis a 35 meses es del 41 % (creció 3.4 % respecto al 2017), mientras que en jóvenes de 15 a 19 años alcanza el 18 % (disminuyó 0.7 %). En tanto, Mórrope es el cuarto distrito más pobre del departamento con un índice de pobreza de 41.4 %, siendo solo superado por Salas (66.7 %), Incahuasi (81.7 %) y Cañaris (90.3 %).
DONACIONES
Mientras el Estado busca una solución, Varillas Salazar comenta que, de la mano con el Banco de Alimentos, su organización ya entregó la primera donación de ocho mil purificadores caseros de agua en tres comunidades: Las Pampas, Santa Rosa y Quemazón, donde atienden a mil 800, 900 y 400 personas, respectivamente.
Explica que con los purificadores se puede potabilizar entre 40 a 50 litros de agua en forma inmediata, quedando apta para que pueda consumirse directamente o sea usada para cocinar.
Sumado a eso, también han entregado otro tipo de ayuda consistente en cuatro mil frascos de champú para niños, gel antibacterial, jabón líquido y kits de aseo que contienen pastas de dientes, cepillos y cremas para que se protejan de la contaminación del arsénico en su piel.
Para orientar a los pobladores de dichas comunidades respecto al uso de los purificadores, así como otras medidas de higiene, señala que trabajan de la mano con estudiantes de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, quienes capacitan a los habitantes y a cambio reciben un certificado de proyección social por parte de Soy Voluntario Lambayeque, el mismo que les sirve como requisito para obtener su bachiller.
Asimismo, entregaron alrededor de cinco toneladas de bebidas entre jugos en caja y yogurts, así como biberones de vidrio.
Indica que tienen proyectado realizar una segunda entrega, para lo cual están elaborando un informe que les autorice a sacar un segundo conjunto de donaciones, aunque para eso también dependen de las empresas que estén disponibles en ese momento para donar.
“Si hoy me autorizan dos empresas de leche para sacar donaciones de su almacén, será eso lo que podremos entregar. Es por eso que estamos haciendo un trabajo bastante dedicado con la comunidad. Se han formado comités en cada una de estas de modo tal que la entrega sea transparente y las empresas sepan que la ayuda está llegando a los destinos que previstos”, asevera.
ALIANZAS
Varillas Salazar afirma que esto no hubiera sido posible si no se hubiese firmado una alianza con el Banco de Alimentos, institución sin fines de lucro que se encarga de recibir comestibles en buen estado de empresas y fábricas que por distintos motivos ya no pudieron sacarlos al mercado. Una vez entregados, la entidad se encarga de distribuirlos entre las organizaciones civiles aliadas.
“Somos la primera organización fuera de Lima que ha hecho una alianza directamente con el Banco de Alimentos, para lo cual los voluntarios hemos estado cerca de un mes en Mórrope empadronando a las familias y concientizando a la comunidad porque este es un proyecto en el que participamos los tres entes. Estamos atendiendo a poco más de tres mil beneficiarios, pero la idea es expandir la ayuda a más personas y con más productos hasta que el Estado pueda dar una solución integral a esta problemática”, sostiene.
VOLUNTARIADO
Por otro lado, cuenta que Soy Voluntario Lambayeque surgió en el 2015 gracias al ímpetu de diferentes jóvenes de entre 15 y 20 años que querían hacer algo por el departamento.
Desde entonces, relata que han realizado diversas actividades, entre las que destaca una cruzada con motivo del Fenómeno El Niño Costero, donde capacitaron a 50 jóvenes de la organización para ser brigadistas de Defensa Civil y llevaron cerca de 200 toneladas de ayuda social que recabaron en carpas que instalaron en la Plazuela Elías Aguirre, para luego repartir esa ayuda entre los 38 distritos de Lambayeque.
Afirma que actualmente congregan a 35 voluntarios, todos ellos jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes dedican su tiempo libre al trabajo social enfocándose en programas de reforestación que trabajan con el Estado y otros en defensa del agua.
Sobre este último, refiere que actualmente trabajan en un proyecto para fortalecer la participación juvenil en el Perú en materia ambiental, aprovechando que él como cabeza de la organización es delegado ante el Consejo Mundial del Agua.
“Cada cierto tiempo viajo fuera del país representando a los jóvenes del continente, siendo la misión promover que los jóvenes de América, pero sobre todo de las zonas rurales, puedan dar sus aportes y sean escuchados en el Foro Mundial del Agua, espacio donde se toman las decisiones de políticas públicas referentes al recurso hídrico que luego son adoptadas como lineamientos generales en todos los países. La red de voluntarios en Lambayeque trabaja bajo la misma premisa”, afirma.
Asimismo, comenta que trabajan en proyectos que promueven el empoderamiento de las niñas en comunidades vulnerables y tienen planificado uno nuevo en Olmos referente a prevenir el embarazo adolescente.
En tanto, todos los fines de año realizan intervenciones navideñas en las que hacen importantes entregas a diferentes comunidades de la zona rural del departamento, beneficiando entre cinco mil y siete mil niños.
Explica que para ser parte del voluntariado, ellos abren una convocatoria anual en julio, aunque se puede ayudar en cualquier época del año bajo la modalidad de aspirante y luego regular su participación en la fecha del llamamiento y a partir de allí trabajar de manera articulada, donando todo el tiempo que tenga disponible.
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República emitió la Casación Laboral N° 4741-2017, del 5 de junio del 2019, ordenando a la Segunda Sala Laboral de Lambayeque que emita un nuevo pronunciamiento en el caso iniciado por Salvador Burga Alcarazo contra la Financiera CrediScotia, tras confirmar que los magistrados locales no valoraron de manera adecuada las pruebas presentadas por la parte demandante.
Se trata del recurso de casación interpuesto por Burga Alcarazo el 3 de febrero del 2017 contra la sentencia que el 16 de noviembre del 2016 emitió la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, revocando la sentencia que en abril de ese año había declarado fundada en parte su demanda contra CrediScotia sobre reintegro de beneficios económicos y otros.
La casación fue declarada procedente el 21 de septiembre del año pasado, debido a que se acreditó la infracción normativa del inciso 3 del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referido a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
CONSIDERACIONES DE LA SUPREMA
En su sentencia casatoria, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, toma en consideración que la pretensión de Burga Alcarazo es que se le reconozca el reintegro de comisiones por el período comprendido entre el 4 de enero del 2010 al 17 de mayo del 2012, además de los reintegros de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones, por la suma total de 66 mil 600 soles, más intereses legales, costas y costos del proceso.
El Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo, con la sentencia del 25 de abril del 2016, declaró fundada en parte la demanda de Salvador Burga, ordenando a CrediScotia pagar a favor de este la suma de 63 mil 412.99 soles, más intereses legales, costas y costos del proceso. Dicha decisión fue revocada por la Segunda Sala Laboral de Lambayeque en noviembre del 2016, declarando infundada en todos sus extremos la demanda.
Como argumento, la sala sustentó que el cuadro “Detalle de Resultados – Negocio Microempresa”, presentado como prueba por el demandante carecía de membrete o logo de la financiera, así como firma y sello de los funcionarios que lo autorizaron, no existiendo – según los magistrados – ningún otro documento que acredite esa pretensión.
INFRACCIÓN DE LA SALA
Para la suprema, los jueces que emitieron la sentencia en segunda instancia incurrieron en infracción normativa, originando con ello que la parte afectada pueda interponer el recurso de casación.
Los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidos en las mismas causales que contempla el Artículo 56 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27021, referidos a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de normas de derecho material, además de otro tipo de normas como son las de carácter objetivo.
La Corte Suprema estableció que se había configurado la infracción en los alcances del inciso 3 del Artículo 139 de la Constitucional, específicamente en lo relacionado a “derecho a una resolución debidamente motivada”.
CONCLUSIONES
“Este Supremo Tribunal, al revisar la causal procesal planteada, determina que existen vicios de motivación insuficiente que afectan el derecho a la debida motivación de las resoluciones judicial y, por ende, al debido proceso, a partir del examen de la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia”, señala la resolución casatoria.
Para la Corte Suprema, la Segunda Sala Laboral de Lambayeque revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundada la demanda en todos sus extremos, por considerar que el documento denominado “Cuadro Detalle de Resultados – Negocio Microempresa”, presentado por Burga Alcarazo crecía de membretes y firmas.
“La sentencia no evalúa, razona ni motiva en correlación a lo que posteriormente resuelve las alegaciones de la demandada efectuadas en su escrito de apelación, cuyo numera cuarto señala: ‘es más nuestra parte reconoce de manera categórica que los indicadores de variables que corren a folio 36 (en alusión al cuadro) son los montos reales y correctos en el que el demandante produjo durante la relación laboral’, limitándose a restarle eficacia probatoria sin analizar la implicancia que sobre el mismo puede tener las propias afirmaciones de la accionada, incurriendo la recurrida (sala laboral) en una clara motivación insuficiente”, precisa el fallo de la suprema.
El 26 de agosto, la Segunda Sala Laboral de Lambayeque deberá emitir su nuevo pronunciamiento.
Si bien es cierto la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, trabaja hace siete años temas de emprendimiento e innovación a través del Instituto Empresa y Sociedad – IES, desde el 2017, con la implementación de la primera incubadora de negocios en Lambayeque, ‘Impulsat’, la casa de estudios superiores ha logrado incubar exitosas startups (empresas tecnológicas emergentes), que han dado la vuelta al mundo ganando en importantes concursos.
El coordinador general de Impulsat, César Olivos Villasís, cuenta que, debido a las constantes asesorías que el Instituto Empresa y Sociedad de la USAT daba a los emprendedores de Lambayeque, muchos de los cuales fueron hasta el extranjero y volvieron al departamento a poner sus negocios, es que decidieron en el 2017 presentar la propuesta de una incubadora de negocios, pionera en su momento, al Consejo Universitario, la misma que fue aprobada y lanzada a fines de ese año, siendo apadrinada por la Embajada de los Estados Unidos.
“Desde entonces hemos tenido un amplio impacto en los emprendedores que apoyamos de las diversas instituciones, lo cual ha permitido que muchos jóvenes y también algunos adultos puedan capacitarse en temas de innovación, metodologías y herramientas aplicables a sus modelos de negocios, muchos de los cuales ya han despegado y se encuentran ahora en el mercado”, sostiene.
Actualmente la incubadora de negocios Impulsat está alojada en el Instituto Empresa y Sociedad, junto a otras dos unidades: el programa Tu Empresa y el Servicio de Desarrollo Empresarial.
MODO DE ACCIÓN
Olivos Villasís explica que la incubadora trabaja en tres procesos: preincubación, donde se valida la idea de negocio; incubación, en la cual se trabaja el proceso de inserción al mercado; y postincubación, donde se le da seguimiento a la evolución del emprendimiento.
Señala que el proceso en la incubadora empieza con el reforzamiento de las habilidades blandas del emprendedor, las cuales le serán útiles para afrontar el difícil camino por el que transita una startup. Luego, conforme avanza la idea de negocio, se trabajan metodologías como Design Thinking y Lean Startup, y herramientas como el Business Model Canvas, Lean Canvas, entre otras, las cuales ayudan a fortalecer la propuesta.
Apunta que las ideas de negocio con mayor entrenamiento en la incubadora son trabajadas para postular a certámenes nacionales como el Open Future de Telefónica, a fin de que las startup maduren e incursionen en el mercado.
“El trabajo que hacemos con ellos es con la finalidad de que no dependan todo el tiempo de nosotros, sino que tengan autonomía y puedan seguir creciendo por sí solas. Eso se evidencia más en la fase de postincubación, donde ayudamos a que las startups se formalicen y empiecen a operar ya con toda la logística empresarial”, asevera.
IDEAS INCUBADAS
Olivos Villasís revela que actualmente en la incubadora hay un promedio de diez empresas, las cuales van alineadas a los objetivos regionales, nacionales y los impulsados por la Organización de las Naciones Unidas – ONU.
Indica que por ahora Impulsat orienta su trabajo a temas agroindustriales, de pesca y ambientales, siendo una de sus startups bandera ‘Yaquachik’, de los emprendedores Ana Fernández Millones, Hans Vera Almonte, Ana Aldaz Flores y Liliana Estela Mendoza.
Este emprendimiento, ganador del Concurso Reto Bio 2017, consiste en la reducción de la sal y la regulación del PH del agua proveniente del subsuelo de las zonas salinas, a fin de mejorar las condiciones de vida de los agricultores que padecen la escasez del recurso hídrico.
Con esta idea sus artífices ganaron el Premio BizCamp 2018 Silicon Valley, el cual fue organizado por la embajada de Estados Unidos y la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC, y les permitió disfrutar de una pasantía en Silicon Valley, la ciudad que alberga a gigantes tecnológicos de la talla de Google, Apple, Facebook, entre otros.
Junto a esta startup se encuentran otros proyectos tales como el de reciclaje de plástico, una alarma personalizada para autos, una revista educativa, calzado para varones, entre otros, siendo estas dos últimos los finalistas del Open Future de Telefónica, celebrado en Piura.
Indica que antes de que surgiera Impulsat, como Instituto Empresa y Sociedad ya han asesorado a otras empresas que se encuentran en el mercado como el café – pastelería, ‘Tostao’.
ALIANZAS
Por otro lado, el coordinador de Impulsat afirma que tienen una red de 40 mentores tanto a nivel regional, nacional e internacional, siendo estos últimos especialistas de países como Noruega y de centros tecnológicos como Silicom Valley, lo cual ayuda a que los emprendimientos albergados en la incubadora tengan una óptica internacional.
“El año pasado estuvimos en un encuentro de universidad y empresa en Colombia, lo cual es importante porque nos ayuda a expandir nuestra red”, apunta.
Menciona que también trabajan con otras incubadoras para impulsar y promover los emprendimientos en Lambayeque, tales como ‘Bioincuba’, de la Universidad Cayetano Heredia; ‘HUB UDEP’, de la Universidad de Piura; y ‘TUFELIS’, de la Universidad Nacional de Trujillo.
“No podemos trabajar con centros de emprendimiento e innovación que no están alineados a las actividades que hacemos. Eso es muy importante para que construyamos lo que denominamos un ecosistema de emprendimiento e innovación a nivel nacional”, sostiene.
Añade a otras incubadoras como Future Sturtup Hero e instituciones como la Embajada de Australia, Wayra (centro de innovación tecnológica de Telefónica), CERTUS, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, la Sociedad Nacional de Industrias - SNI, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, el Ministerio de la Producción a través del programa Innóvate Perú, la Cooperación Canadiense mediante EQWIP HUBs, entre otras.
De igual forma, resalta que el equipo de facilitadores de Impulsat está en constante capacitación, por lo cual el año pasado participaron del V Foro de Jóvenes de las Américas y en el II Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa en Colombia; mientras que este año estuvieron presentes en el III Bootcamp de incubadoras en Lima y en la India graduándose de un programa de emprendimiento.
CREA USAT
Asimismo, Olivos Villasís comenta que uno de los proyectos más ambiciosos que tienen ahora como Instituto Empresa y Sociedad en coordinación con Impulsat es el Crea USAT, un concurso de emprendimiento dirigido para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, quienes deben presentar una idea innovadora.
Señala que esta iniciativa surge debido a la necesidad de que la innovación se trabaje desde la educación básica regular, sobre todo ahora que muchos colegios tienen ya cursos de emprendimiento, lo cual ha permitido que la red de facilitadores de Future Sturtup Hero y SYSA Cultura Emprendedora se interesen en el proyecto.
Afirma que en esta primera edición del Crea USAT se presentaron 60 colegios, de los cuales pasaron 40 el primer filtro y hoy hay 10 finalistas, entre quienes se escogerá a las dos mejores ideas de negocio, cuyos emprendedores, así como los profesores asesores, irán a una pasantía en Lima donde seguirán reforzando los temas relacionados a la cultura emprendedora. Además, pasarán a formar parte de la comunidad Impulsat.
“Nosotros en la USAT trabajamos seriamente los temas de emprendimiento en las diversas facultades. Todas las escuelas, al menos en Ciencias Empresariales, tienen estos cursos desde el primer ciclo, lo cual ayuda a que los jóvenes que vienen con muchas ideas interesantes, pero un poco dispersas, puedan ordenarlas y trabajar un proyecto serio a través de las herramientas y metodologías que les enseñamos, a fin de que las cristalicen todo esto en un producto entregable como una startup. Para eso tienen todo el soporte académico y humano que les brindamos”, sentencia.
El consultor Jorge Chávez Pita conversó con Expresión sobre la urgencia de cambiar íntegramente la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que contiene vacíos que permiten su aplicación discrecional por parte de los comités de selección, muchas veces coludidos con empresas que no cumplen los requisitos mínimos para adjudicarse obras o servicios financiados con recursos públicos.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, presentó hace poco la agenda país que le entregó al presidente de la República, donde plantea recomendaciones respecto a las contrataciones del Estado, pues ha advertido algunas deficiencias en el marco normativo. ¿Son estas muy graves?
Definitivamente. Hay que tener en cuenta que el mayor énfasis de la corrupción está en la ejecución de obras. Hay unos caminos muy abiertos, con vacíos legales que permiten que transiten cada vez con mayor facilidad. A pesar que se cambian normas, se dictan directivas y decretos supremos, pero eso no sirve para que haya una lucha frontal, porque hecha la ley hecha la trampa.
En ese sentido, CONFIEP da algunas recomendaciones, por ejemplo, que habría que cambiar toda la Ley de Contrataciones y sus directivas, porque con esta ley lo que hacemos es que la corrupción crezca y está creciendo. Decimos que es el año contra la corrupción y la impunidad y eso no es verdad.
¿Es lo que se ha advertido, por ejemplo, en los recientes procesos realizados por el Gobierno Regional de Lambayeque, con la licitación de dos paquetes de cuatro colegios cada uno, sobre los que incluso Contraloría ya se ha pronunciado?
Documentos falsos que no se advierten y si se advierte se hace caso omiso. Todas las licitaciones que se hacen en el gobierno regional tienen serios problemas y estos se denuncian, salen en Expresión, pero en la región bien gracias.
La Contraloría interviene, pero esta tiene un sistema que demora, en tanto se consuman los hechos, se firman contratos, se ejecutan las obras y se cobran los adelantos. Esa no es forma de luchar contra la corrupción, por eso es que la corrupción ha crecido. Por la situación misma del país, el control no funciona definitivamente.
Yo vengo diciendo que los entes de control no están cumpliendo su rol oportunamente, porque lo que hay que hacer es estar en la oportunidad el hecho. Entonces si en eso estamos, esto se va a desbordar, hay que poner un freno, por eso CONFIEP dice: cambiemos todo el régimen legal. Ley de Contrataciones del Estado debe cambiarse en su totalidad.
¿Considera que hay intereses creados en los ministerios, que es donde se van gestando las obras, por consorcios y empresas interesadas en manejar este sistema mal hecho para aparecer como ganadoras de contratos millonarios?
Sí, eso es evidente. Un ejemplo es que en Jayanca una obra ha sido adjudicada a una empresa del Club de la Construcción. ¿Cuánto le debe a la SUNAT? Diez millones de soles.
¿Por qué los comités de licitación en los municipios o el gobierno regional no tienen capacidad para investigar o cruzar la información?
Los controles posteriores deben ser preponderantes, ser contundentes, pero más importante es el control antes que se firmen los contratos.
¿Es posible entonces que haya gente sembrada en los comités de selección y que se encarga de direccionar todo?
Yo creo que sí, contundentemente digo que sí. Todo está direccionado, las autoridades ordenan, dan las pautas: “Esto es así y esto se hace es así”, y a raja tabla se eliminan a todos los postores y se deja a uno ¿Por qué? Porque como lo dice la CONFIEP, dependemos de la discrecionalidad de tres personas que conforman el comité de selección. Los integrantes de un comité son funcionarios de un nivel intermedio, pero son ellos los que deciden quién va a hacer las obras. Imagínese en manos de quiénes estamos…
Y por eso con justa razón empresas que son honestas, que cumplen con todos los documentos, tienen que luego observar las adjudicaciones.
No solamente eso, digamos que tienen que tomar acciones, que hay que poner una serie de garantías y todas esas cosas para presentar los recursos de apelación. Lo más graves es que se ahuyentan, se van. Dicen: “No, no puedo trabajar acá, hay mucha ilegalidad”. Hay municipalidades que ya están identificadas, donde la corrupción cunde, entonces los postores no van. Los postores formales, serios, legales, que tienen capacidad económica no participan en esos procesos. ¿Qué está pasando? ¿Estamos luchando contra la corrupción o estamos dando la facilidad para que la corrupción crezca?
La Agenda País y las recomendaciones hechas en este tema tienen que ser realmente abrazadas y ejecutadas. No pueden quedar como simple letra muerta en el papel y no tomarlas en cuenta, ¿verdad?
Eso es lo que pasa, todo el tiempo se dictan leyes, directivas, hay pronunciamientos de las diferentes entidades, pero no se ejecutan. No se plasman en la realidad, entonces, yo creo que así estamos yendo al descalabro total.
La Ley 30225, que está en vigencia todavía, ha sido modificada por un decreto supremo en algunos aspectos y ha implicado abrir y generar vacíos. Entonces, ahora los comités se amparan en eso y es fácil darse cuenta cómo se direccionan las obras.
Hemos tenido un caso tremendo en Mochumí, flagrante, escandaloso, donde eliminan a nueve postores y dejan a uno. Eliminan a los nueve por un documento y cuando le pedimos que nos muestren el documento del ganador y este no lo tenía tampoco. Había incurrido en lo mismo y lo dejan por creer que era el que iba a ganar. Miren lo que ha pasado en Mochumí donde está el alcalde Rodríguez Alvarado, cuestionado por el caso “Temerarios del crimen”.
Se va a iniciar un proceso de queja, se van a dar las evidencias, está grabado todo. Yo, la verdad, en los años que tengo de experiencia nunca vi un caso de estos. Ya son gente atrevida con la situación de direccionar las obras, no creo por opinión propia, sino porque están digitados.
Es necesario un nuevo marco normativo…
Lo dije y lo voy a repetir: la Ley de Contratación del Estado tiene que cambiar radicalmente. Las directivas tienen que ser derogadas, la jurisprudencia que se ha generado en función a todos los procedimientos que se han realizado tiene que ser desvinculada de la norma legal y luego de eso un equipo de personas que conozca el tema debe proceder a elaborar una nueva ley, con bases estandarizadas, que no diga que necesitan a un profesional que haya viajado a la luna.
La ley como está ahora, ¿frena realmente la lucha contra la corrupción?
No, y por eso tiene que ser cambiada, más aún por la sentencia al Tribunal Constitucional. Esta aberrante decisión, dice que la Contraloría no tiene la capacidad sancionadora y lo peor del caso es que los procesos que están en curso de sanción quedan también sin efecto.
La Contraloría podría haber sancionado a alcaldes y suspenderlos en el ejercicio, porque ya tenía esa atribución, pero ahora sale el Tribunal Constitucional y dice todo lo contrario. Entonces, ¿cómo luchamos contra la corrupción? Estamos entre nosotros poniéndonos trabas y ese es el tema, por eso es que yo soy muy persistente, muy incisivo en eso.
¿Cómo se forman los comités de selección? ¿Quiénes designan a sus integrantes?
Los comités son nombrados por el titular de la entidad. En algunos casos, no en todos, se trae gente. ¿Pero gente para qué? ¿Para que haga un buen trabajo? No, sino para que opere bien el hecho corrupto, que se logre consumar en función a lo que el titular determina.
Eso es lo que pasa y vemos miembros comités reciclándose de municipalidad en municipalidad. Sabemos nosotros quiénes son ellos, los que conocemos y estamos en este medio, sabemos quiénes son y ahí están, no podemos luchar contra esto.
A diferencia del 2016 y el 2017 en los que el Producto Bruto Interno – PBI, de Lambayeque alcanzó apenas el 2.5 %, el año pasado la actividad económica creció en un 4.2 %, cifra que podría ser aún muchísimo mayor si se ejecutaran algunos proyectos sustanciales para el departamento.
Estos son: el Terminal Portuario de Lambayeque, el Plan Hidráulico Regional, el Proyecto Educativo Regional, el drenaje pluvial de Chiclayo, el Proyecto de Modernización del Aeropuerto José Quiñones Gonzales y el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021.
TERMINAL PORTUARIO DE LAMBAYEQUE
Es el anhelo más grande de los lambayecanos. El terminal portuario que se proyecta construir a seis kilómetros al sur de Puerto Eten busca abrir un punto de salida que conecte a los departamentos que componen el Corredor Noramazónico con todo el mundo, a través del Océano Pacífico, permitiendo el comercio de los productos agrícolas y manufactureros.
Según el Plan Maestro, el proyecto contempla dos fases. En la primera deberá realizarse la construcción del puente de acceso (la plataforma portuaria se ubicará dos kilómetros mar adentro para evitar los problemas de arenamiento), el pantalán, las instalaciones en el mar, en tierra, las obras civiles y el rompeolas, indispensable para proteger la infraestructura portuaria.
En tanto, la segunda fase contempla la instalación de multiboyas, el incremento del puente de acceso, el rompeolas, las motas de cierre, el muelle de contenedores, el relleno de la explanada, y las obras civiles de instalación y el equipamiento.
La inversión total del proyecto es de 577 millones 250 mil dólares (215 millones 450 mil la primera fase y 361 millones 800 mil la segunda). Actualmente se ha realizado el saneamiento físico y legal de las tierras que son parte de la zona de influencia del terminal y desde el 22 de enero de este año se autorizó el proceso de promoción de la inversión privada.
PLAN HIDRÁULICO REGIONAL
Con la intención de evitar la pérdida de agua por falta de infraestructura de captación y almacenamiento, así como garantizar la prevención ante fenómenos climatológicos como El Niño, la realización del Plan Hidráulico Regional es también otro de los proyectos emblemáticos de Lambayeque, el cual fue entregado formalmente en octubre del 2011 por el gobierno regional al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, en lo que fue la primera herramienta técnica de este corte que se elaboró en el país.
Además, el plan busca incrementar la cobertura del servicio de agua potable entre la población, así como ampliar la frontera agrícola de Lambayeque, a fin de recuperar las tierras que hoy se mantienen improductivas por la salinización.
Para eso, el plan considera una serie de proyectos de ingeniería para el aprovechamiento eficiente del agua en las siete cuencas de Lambayeque: Zaña, Chancay, La Leche, Motupe, Salas, Olmos y Cascajales, en los cuales se contempla la construcción de 19 presas con el objetivo de regular aproximadamente 400 millones de metros cúbicos de agua que hoy se pierden en el mar.
Por lo pronto, se ha avanzado en la formulación de los estudios de preinversión de cinco proyectos: las presas La Montería, en el valle Chancay – Lambayeque; Las Delicias, en el valle Zaña, Chóchope, en la cuenca Salas; Cruz de Colaya, en el valle Motupe, y el hidráulico Sicán, que beneficiaría tanto al Valle Chancay como al de La Leche.
PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL
Vigente desde el 2006, a través de la Ordenanza Regional Nº 021-2006-GR.LAMB/CR, el Proyecto Educativo Regional – PER, es un documento que surge con la finalidad de promover un proceso social de amplia reflexión, discusión y concertación, respecto a la generación de políticas educativas que respondan a los principales problemas del departamento, sobre la base de la participación social.
En ese sentido, se inspira en cuatro ideas fuerza: lograr una educación centrada en la persona, que vaya acorde a la realidad de Lambayeque, que sea de calidad para todos y que efectivamente sea asumida como un derecho donde no solo se asegure la promoción de su cobertura, sino que los niños accedan, permanezcan y obtengan buenos resultados de aprendizaje.
Así, se busca que al 2021 todas las personas desarrollen capacidades para enfrentar un mundo globalizado donde participen de una educación integral, de calidad innovadora con equidad e interculturalidad en el marco de la ética y el compromiso entre el Estado y la sociedad civil
El proyecto plantea políticas y medidas para lograr sus seis objetivos: calidad de aprendizajes (seis políticas y 19 medidas), equidad educativa (siete y 23), interculturalidad (cinco y 14), desarrollo magisterial (cuatro y 13), gestión educativa y descentralizada (siete y 22), y educación superior articulada al desarrollo regional (cinco y 23).
La iniciativa va de la mano con otra herramienta: el modelo educativo. Este documento fue entregado oficialmente en mayo del 2014 al gobierno regional y busca beneficiar a más de 300 mil escolares, once mil maestros nombrados y tres mil docentes contratados, quienes representan aproximadamente al 30 % de la población regional.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2021
Esta hoja de ruta busca que al 2021 Lambayeque sea el “nodo articulador del nororiente peruano con un territorio ordenado, competitivo y sostenible, con alto nivel de institucionalidad, en un marco de equidad y justicia social”, donde todos tengan “acceso universal a servicios sociales básicos de calidad y con una gestión pública regional y local eficiente, eficaz, descentralizada, participativa y concertada”.
Se busca que para el bicentenario los procesos políticos, socioculturales económicos y medioambientales del departamento consoliden su rol de eje articulador de la macroregión norte con actividades económicas productivas de servicios diversificados y sostenibles con énfasis en el turismo, comercio y la agroindustria, a fin de que los pobladores alcancen una vida digna.
Para eso es necesario el mejoramiento cualitativo del sistema educativo (calidad de enseñanza e infraestructura), elevar el acceso a la salud (la desnutrición afecta al 14.1 % de la población menor de cinco años), priorizar el capital social (capacidad de la persona de construir redes con otros individuos), garantizar los derechos fundamentales de la persona (libre pensamiento, dignidad, igualdad de oportunidades) y el aprovechamiento de los recursos naturales, financieros, informativos y humanos, así como mejorar la gobernabilidad, fiscalización y la participación ciudadana.
DRENAJE PLUVIAL DE CHICLAYO
Esta es otra obra de suma urgencia que lleva esperando por lo menos 22 años que se concretice. En 1997 fue la primera vez que se presentó una iniciativa de este tipo. Previo al Fenómeno El Niño que ocurriría al año siguiente, el Colegio de Ingenieros del Perú – CIP Consejo Departamental Lambayeque, presentó los Términos de Referencia – TDR, para la construcción del drenaje pluvial.
Este proyecto pronto pasó al olvido como otras iniciativas que surgieron después, tales como el proyecto de drenaje pluvial que presentase en febrero del 2017 la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, y el que propuso en agosto del 2017 el entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.
El drenaje pluvial servirá para evacuar las aguas de lluvias de las veredas, de las pistas, de las zonas bajas y de alta inundación de manera rápida, evitando aniegos, pero debe ir acompañado de la renovación integral del sistema de alcantarillado, cuyo colapso es permanente en época de lluvia, como las ocurridas en febrero del 2014 cuando sobrepasó los 40 milímetros.
Lo cierto es que mientras no exista un Plan de Desarrollo Urbano vigente será imposible proyectar cómo se debería ejecutar el drenaje, porque no se tienen definidas las zonas de la ciudad hacia las que debe extenderse el crecimiento urbano, haciendo incierta la conducción del drenaje y su sistema de colectores.
MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICLAYO
Este proyecto contempla la construcción de un moderno terminal de pasajeros, uno de carga aérea, plataformas para la aviación regular, general y de carga, el aumento de dos a ocho posiciones para las aeronaves, así como una nueva estación de bomberos, todo por una inversión mayor a 300 millones de dólares.
La meta es que el aeropuerto, que actualmente recibe 600 mil pasajeros al año, duplique esta cifra para el 2021, lo cual generará un impacto económico positivo para Lambayeque.
A la par de este proyecto, Aeropuertos del Perú – ADP, trabaja en la rehabilitación y fortalecimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chiclayo, cuya inversión es de 50 millones.
El inicio del juicio oral al exalcalde de Pítipo Manuel Valverde Ancajima, quien para el Ministerio Público es responsable, junto a exfuncionarios y el representante de un consorcio ejecutor, de los delitos de peculado, colusión y omisión de funciones, luego que se hallaran una serie de irregularidades en el proyecto de saneamiento básico que debió beneficiar a diferentes sectores del distrito, con un presupuesto de 10 millones de soles del Programa Agua Para Todos, sigue paralizado. ¿La razón? La demora del Tribunal Constitucional para resolver un hábeas corpus.
La obra debió concluir en el 2010, cuando Valverde Ancajima estaba en el último tramo de su gestión como burgomaestre. Ese mismo año el Partido Aprista Peruano, entonces en el gobierno nacional, lo convirtió en su candidato a la presidencia regional de Lambayeque y el edil se alejó de su municipio dejando la obra inconclusa, pese a que la totalidad del presupuesto se había gastado.
Como resultado de la paralización del proyecto que debió dotar de agua y alcantarillado a la capital del distrito, y a caseríos y centros poblados como La Libertad, La U, Cachinche y El Algarrobito, más de ocho mil vecinos se quedaron sin servicio, pese a los permanentes ofrecimientos de que la obra se culminaría.
De lo investigado, se determinó que los trabajados físicos avanzaron solo hasta el 75 %, en tanto el presupuesto de 10 millones de soles se agotó en su totalidad. Lo grave, es que la municipalidad de Pítipo pagó hasta 17 valorizaciones a favor del Consorcio Perú II, encargado de la ejecución del proyecto, por trabajos que no fueron realizados. Además, la obra fue aplazada hasta cuatro veces y a la empresa se le aceptó cartas fianzas vencidas.
CONSORCIO EJECUTOR
Los trabajos de saneamiento básico en Pítipo fueron encargados al Consorcio Perú II, que tuvo como representante legal a Manuel Cajilima Velásquez, a quien durante este tiempo se ha vinculado al congresista Javier Velásquez Quesquén, muy cercano también al exalcalde Manuel Valverde. Para la supervisión fue contratada la empresa Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados.
Ambas empresas recibieron el pago total del presupuesto asignado para el proyecto, aun cuando las cartas fianzas que debían servir de garantía para el municipio se encontraban vencidas.
DENUNCIA FISCAL
El Consorcio Perú II estuvo conformado por las empresas Power Producción SAC, Constructora Minka SRL, Pérez y Castro Ingenieros y Constructora Aro Contratistas Generales SRL. Las dos últimas empresas con domicilio fiscal en Piura y Ucayali, respectivamente.
Las primeras denuncias por las irregularidades en la obra de Pítipo las presentó el ciudadano Riquelme Verona, quien en el 2010 se desempeñó como presidente del Frente de Defensa del distrito. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, a cargo del fiscal David Caballero Velezmoro, decidió abrir la investigación preliminar para determinar responsabilidades en la negligente ejecución de los trabajos.
Caballero Velezmoro ha pedido al Poder Judicial 18 años de prisión contra Valverde Ancajima, acusado por los delitos contra la administración pública en su modalidad de incumplimiento de deberes funcionales, colusión, peculado doloso y apropiación agravada en perjuicio del Estado.
La denuncia fiscal comprende también a Rodolfo Sandoval Santamaría, exgerente de la comuna; Óscar Barreda Bulnes, exjefe de Infraestructura; Dirma Huamán Campos, exjefa de Tesorería, y Víctor Hugo Chevez Villegas, exjefe del SIAF.
También han sido comprendidos Óscar Torres Labrín, ingeniero residente; Ana Cisneros Ibana, supervisora de la obra; Vanessa Borja Izquierdo, gerente general del Consorcio Perú II y Manuel Cajilima Velásquez, representante legal de la empresa ejecutora.
LA OPERACIÓN
Para el fiscal Caballero Velezmoro, la actuación de Cajilima Velásquez en la obra de Pítipo responde a un procedimiento de encubrimiento, que le habría permitido beneficiarse directamente de los cobros efectuados por el consorcio ejecutor sin aparecer en los documentos suscritos entre la municipalidad y la empresa.
Cajilima Velásquez es acusado de colusión y peculado doloso, pues de acuerdo al Ministerio Público este y Vanesa Borja Izquierdo, quien fungía como gerente de la empresa, “procedieron a elaborar valorizaciones de la obra conteniendo partidas y frentes de trabajo que en realidad no se habían ejecutado, contando para ello con la participación del residente, Segundo Torres Alabrín, para de esta manera agotar todo el presupuesto de la obra, perjudicando los intereses del municipio de Pítipo”.
Caballero Velezmoro sostiene la tesis de que Cajilima Velásquez actuaba como representante encubierto del Consorcio Perú II y “en todo momento utilizó a terceras personas para que ostenten documentariamente la gerencia”. “Está demostrado que en realidad era él quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del consorcio”, se señala en la acusación.
Asimismo, el Ministerio Público halló un acta suscrita el 15 de enero del 2010, antes el juez de Paz de Pítipo, en la que el empresario se compromete a cancelar las remuneraciones adeudadas a los trabajadores de la obra. También, existe una carta del 5 de febrero del 2011, dirigida a la Cooperativa Financorp, en la que Cajilima Velásquez devuelve una carta fianza por adelanto de materiales para la obra de saneamiento.
A esto se suma que en el 2010 el entonces gerente administrativo del municipio distrital, Luis Osiris Tarrillo, declaró haber visto al empresario en las reuniones de coordinación de la obra; lo mismo que Torres Alabrín, residente del proyecto, quien declaró que fue este quien lo contrató para trabajar.
Otro hecho probatorio recabado por el Ministerio Público es que Manuel Cajilima compró un inmueble en la Urbanización Santa Victoria, inscrito con Partida Registral N° 02226071, con dinero de una cuenta bancaria a nombre del Consorcio Perú II. El empresario y su esposa, Gina Pozo Condezo, admitieron la adquisición ante la fiscalía.
DILACIÓN DEL PROCESO
Formulada la acusación contra Valverde Ancajima y los demás coimputados por la obra de saneamiento de Pítipo, hasta en cinco oportunidades se frustró la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
La ausencia de los abogados impedía que la magistrada Yolanda Gil Ludeña, titular de dicho órgano jurisdiccional, desarrolle la audiencia en la que debía determinarse si el exalcalde de Pítipo, los exfuncionarios y los técnicos y representantes del Consorcio Perú II, debían ir o no a juicio oral.
La incertidumbre acabó, luego de un año de idas y vueltas, en septiembre del 2016, cuando Gil Ludeña ordenó que Manuel Valverde y compañía comparezcan ante los tribunales.
El 5 de enero del 2017 debió realizarse la instalación del juicio oral, pero fue materialmente imposible debido a la huelga que mantenían los trabajadores del Poder Judicial. La audiencia se reprogramó para el 22 de marzo, pero tampoco se concretó el acto por la audiencia de parte de los abogados y procesados.
Uno de los ausentes fue Manuel Valverde, quien aseguró que no podía asistir por el boqueo de carreteras debido a los huaycos. La audiencia fue reprogramada para el 17 de julio de ese año, pero tampoco se concretó, fijándose el 29 de mayo del 2018 como fecha de inicio. Empero, no acudieron dos de los imputados, uno de ellos Manuel Cajilima Velásquez, quien fue declarado reo contumaz.
Meses después, el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Anticorrupción de Lambayeque, declaró que era imposible instalar el juicio oral debido a que el Tribunal Constitucional tiene en curso la resolución de un hábeas corpus presentado contra la jueza Yolanda Gil Ludeña por haber admitido la acusación fiscal.
DEMORA EN EL TC
El magistrado resolvió reservar la programación de la audiencia de juicio oral hasta que el Tribunal Constitucional emita su pronunciamiento. El hábeas corpus se sustenta en que supuestamente la acusación de la fiscalía no se realizó de manera correcta y eso vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.
El recurso, presentado por el exgerente de la municipalidad de Pítipo, Rodolfo Sandoval Santamaría, se encuentra pendiente de resolución desde abril del 2018 en la Sala 2 del Tribunal Constitucional y en tanto no se determine cuál será el pronunciamiento del colegiado no se fijará una nueva fecha para el inicio del juicio oral contra Manuel Valverde y compañía.
En mayo de este año el Poder Judicial solicitó al Tribunal Constitucional que informe el estado del hábeas corpus, considerando que la programación de la audiencia de juicio oral había quedado en suspenso.
Ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil - Constitucional de Chiclayo, el abogado Eder Yanil Medina Zelada interpuso la medida cautelar de no innovar a fin que se restablezca el anillo vial y se mantenga la situación de hecho y derecho de la Ordenanza Municipal N° 2012 MPCH/A, del 22 de marzo del 2012, emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que solo permitía el ingreso de vehículos de transporte de mercancías al centro de la ciudad hasta de 3.5 toneladas de peso, vehículos que por su poco peso no generan mucho peligro para la sociedad. El objetivo es que quede suspendida la Ordenanza Municipal N° 07-2019-MPCH/A, hasta que el proceso de amparo concluya.
Entre los fundamentos de hecho el hombre de leyes manifiesta que el 24 de mayo del presente año el Concejo Municipal de Chiclayo aprobó el acceso de transporte público de carga y descarga pesada dentro del centro de la ciudad en vehículos de más de 42 toneladas de peso, siendo publicada la Ordenanza Municipal 07 -2019-MPCH/ A, en el portal municipal, dejando sin efecto la ordenanza municipal anterior, N° 006 -2012 –MPCH/A, que solo autorizaba el ingreso de vehículos de carga de no más de3 3.5 toneladas de carga.
Esta ordenanza - conforme el fundamento de la medida cautelar- está afectando la salud física y psicológica de la ciudadanía en general, exponiendo la integridad física y la vida de los niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores a cada momento en que cruzan las calles a ser atropellados por los camiones y trailers de más de 42 toneladas de peso. También refiere, que “vienen aumentado las enfermedades respiratorias, caos vehicular, deterioro de la capa asfáltica y pavimentos, que no están preparados para dicho fin, colapso de la red de alcantarillado y del abastecimiento de agua potable, además de la contaminación visual y acústica”.
Señala el recurso de medida cautelar que el Concejo Municipal ha emitido un acuerdo con la única finalidad de favorecer a empresas de transportes de carga pesada de la familia del alcalde, regidores y allegados al grupo empresarial de los denunciados, quienes brindan servicios a las grandes empresas de supermercados de la ciudad, tal como lo ha afirmado el ciudadano Luis Vigil Urdiales, quien es cuñado del alcalde Marcos Gasco Arrobas.
El abogado Eder Medina refiere que la Ordenanza Municipal N° 07-2019 es una norma autoaplicativa, que por su sola entrada en vigor causa una afectación directa en la esfera jurídica, afectando muchos derechos constitucionales los que son vulnerados y amenazados como el derecho a la vida, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre al descanso, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
RAZONES DE PESO
Para el demandante, la Ordenanza Municipal N° 07-2019, de fecha 24 de mayo del presente año, no tiene motivación conforme a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Como se sabe no existe un estudio ni informe técnico del área especializada de la demandada donde se certifique si las pistas están adaptadas para soportar más de 45 toneladas de peso las 24 horas del día.
Señala también que no existe un estudio ni informe técnico del área especializada de los daños que se van a ocasionar al sistema de alcantarillado de la ciudad y del sistema de agua potable, tampoco existen informes o estudios técnicos de cuántos vehículos de transporte de carga pesada van a ingresar y salir de la ciudad y quién lo va a controlar, no se sabe nada respecto al mecanismo de control de daños contra el medioambiente, contaminación sonora.
Además, el municipio tampoco ha mostrado informes técnicos o estudios respecto al desarrollo emocional de los ciudadanos ante los inminentes peligros que se puedan ocasionar por esta ordenanza. No hay tampoco nada respecto a estudios sobre estructura urbana de la ciudad, no tiene informes técnicos de EPSEL en la que se conozca la real situación de las redes de alcantarillado instaladas bajo la pavimentación por donde están transitando los vehículos de carga y descarga y se evite el colapso de las redes de agua y desagüe.
El juez constitucional deberá evaluar que la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Municipal Provincial de Chiclayo dejar sin efecto esta ordenanza, que a todas luces vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos chiclayanos.
FRENAR EL DAÑO
La medida cautelar de no Innovar cumple los requisitos de verosimilitud del derecho que están consagrados en la Constitución Política del Perú y ha sido planteada ante el peligro de demora que en la práctica existe por la llamada carga procesal, tiempo que pone en riesgo la integridad física, la vida de los miembros de la sociedad chiclayana, los que se podrían convertir en irreparables.
En virtud de ello, solicita restituir las cosas al estado anterior; es decir lo que estaba plasmado en la Ordenanza Municipal N° 006-2012 MPCH/A, del 22 de marzo del 2012, que solo permitía el ingreso de vehículos de transporte de mercancías al centro de la ciudad hasta de 3.5 toneladas de peso, vehículos que por su poco peso no generan mucho peligro para la sociedad.
